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Evolución o Involución

Dr. Alejandro Muñoz Villalobos

 

¿Hacia dónde dirigimos los y las costarricenses nuestro país?

No pareciera haber una claridad en el rumbo que queremos y mucho menos hacia dónde vamos como sociedad. Nuestra democracia centenaria se tambalea o acaso estamos en un punto de inflexión como sociedad, algo que también nos pasó, aunque por razones muy diferentes, en la Costa Rica de mediados del siglo XX y que dio como resultado la fundación de la Segunda República.

El fenómeno político que vivimos se debe sin embargo, a factores y circunstancias totalmente distintos de los que provocaron la guerra civil de 1948. Hoy estamos enfrentando el colapso político de las dos tendencias ideológicas más importantes que dominaron la escena política de la Segunda República, la socialdemocracia y el liberalismo, la primera representada por el Partido Liberación Nacional, que a partir del gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), comienza a abrazar las ideas neoliberales estructuradas por Milton Friedman y las escuelas económicas de las universidades de Stanford y Chicago, introducidas por primera vez en Chile con el derrocamiento por golpe de Estado, del Presidente Salvador Allende, e institucionalizadas como políticas de orden mundial a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dando inicio de una manera vertiginosa al fenómeno de la globalización económica (internacionalización del capital).

El liberalismo histórico estuvo representado por los republicanos, que desde tiempos de don Ricardo Jiménez Oreamuno, le aportaron al país una visión política claramente desarrollista y en la década de los años 40, impactaba nuestra sociedad el arribo al poder político del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que influenciado por la doctrina social de la iglesia católica, desde su paso por la Universidad de Lovaina, implementó la que se conoce como la gran reforma social de Costa Rica, que le aportó al país un sistema de seguridad social que hoy es sostén y pilar de la democracia costarricense, así como, el Código de Trabajo, entre otros grandes logros.

Desde entonces, ha habido gobiernos que marcaron puntos de inflexión en la política, provocados éstos por el deterioro de las condiciones democráticas, de la institucionalidad y/o del orden constitucional del país. El cambio de la Primera a la Segunda República lo detona el gobierno de Teodoro Picado Michalski (1944-19 de abril de 1948), quien se retira y asume Santos León Herrera (19 de abril al 8 de mayo de 1948). El Partido Republicano Nacional no entrega la presidencia legítimamente ganada por don Otilio Ulate Blanco y se desata la guerra civil, luego de 44 días de lucha, asume las riendas del país la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por don José Figueres Ferrer, que le deja al país otra serie de reformas esenciales para la vida democrática, entre ellas la insigne abolición del ejército. El 8 de mayo de 1949, la Junta de Gobierno entrega el poder a don Otilio Ulate Blanco, iniciándose con él una nueva y más profunda democracia. Este período que alcanza hasta la década del 70 se caracterizó por un modelo económico de crecimiento hacia adentro o de sustitución de importaciones, es decir, del nacimiento de una nueva burguesía industrial, de una mayor clase media y del fortalecimiento de la educación pública como medio esencial para el desarrollo y el ascenso social.

Una nueva encrucijada en la vida democrática enfrentaría el país durante el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), quien ganó las elecciones mediante la conformación de una coalición política denominada Coalición Unidad, integrada por varios partidos políticos, entre ellos el Partido Republicano Calderonista y el propio partido político fundado por el Presidente Carazo, Partido Renovación Democrática. En esta coalición se fusionaron distintas corrientes de pensamiento ideológico pero, principalmente el socialcristianismo, el liberalismo y el Calderonismo. Este punto de inflexión en la política nacional se caracterizó por dos vertientes que ocasionaron los conflictos, la externa que nos impactó por una baja muy sensible en los precios internacionales del café, que era nuestro principal producto de exportación y el abrupto disparo de los precios del petróleo, que causó una espiral inflacionaria sin precedentes, trayendo consigo el empobrecimiento de miles de personas de la clase media, que solo un cuatrienio atrás era el orgullo del país. Esta crisis causó gravísimos problemas económicos y sociales, aparte de las presiones de organismos internacionales como el FMI, para implantar en Costa Rica la receta neoliberal que se aplicaba ya en América Latina y defendía intereses del gran capital transnacional y autóctono, manipulando regímenes políticos y defendiendo dictaduras que protegían estos intereses. El Presidente Carazo echó del país a la misión del FMI y esto repercutió en la serie de factores políticos internos que marcaron esta segunda vertiente de problemas. La Asamblea Legislativa prácticamente dio la espalda al Poder Ejecutivo y obligó al Presidente Carazo a gobernar por decreto. La inflación galopante, el empobrecimiento, el gigantesco desempleo y el bloqueo financiero acompañaron a la sociedad costarricense durante la mayor parte de este gobierno y más allá.

En 1982 asume la Presidencia de la República don Luis Alberto Monge Álvarez y marca el inicio de una nueva etapa en la vida política costarricense, se fortalece el bipartidismo, caracterizado por la alternancia en el poder de dos partidos políticos que abrazaron el neoliberalismo como bandera de acción gubernamental, apenas matizadas por sus ideologías originarias, la socialdemocracia en Liberación Nacional y el socialcristianismo en la Unidad Socialcristiana, pero que en la práctica gubernativa constituyó un cambio real, un viraje hacia la derecha con respecto de la democracia social que tuvimos antes, entonces la sombra de las privatizaciones y de la reducción del Estado y sus instituciones fueron el blanco de sus políticas, acompañadas por las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los llamados Programas de Ajuste Estructural.

En el año 2000, como presagio político del nuevo milenio, nace a la vida política el Partido Acción Ciudadana, fundado por exmilitantes del Partido Liberación Nacional y que atrajo rápidamente la atención de miles de costarricenses que hartos del bipartidismo imperante, veían en aquella nueva cara de la política, el renacer de la esperanza y la lucha ideológica. A pesar de que sus fundadores tenían un arraigo ideológico por la socialdemocracia, el PAC se debatía más bien en la esfera del eclecticismo político y aunque rompió con el bipartidismo, no habían lazos fuertes que amarraran una visión de país, más allá de la defensa de la ética en la función pública, bandera política de sus fundadores y que no logró ser el argumento suficiente aunque fuerte y seriamente defendido por sus partidarios y simpatizantes, no logró ser razón suficiente para ganar unas elecciones nacionales, sino hasta catorce años después, cuando triunfa otro exmilitante del PLN, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Este primer gobierno del Partido Acción Ciudadana nace en primer lugar del descontento popular por dos pésimos y consecutivos gobiernos del Partido Liberación Nacional, el segundo mandato de don Óscar Arias Sánchez (2006-2010) y de doña Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

Sin embargo, el gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), no ha logrado concretar un cambio político esencialmente diferente de lo que ha ofrecido el bipartidismo neoliberal durante tres décadas, los errores y actos de corrupción de propios y extraños, han dado al traste con las buenas obras y acciones, en las mentes y sentires de los ticos.

Esta seguidilla de tres gobiernos marcados por la crítica y la desazón, dejan a flor de piel la indignación pública por la corrupción que ha tocado a los tres poderes de la República y una estela de desempleo, pobreza por un lado y concentración de riqueza por el otro, promesas incumplidas e insatisfacción generalizada en la población.

En este nuevo proceso electoral que concluirá el próximo primero de abril, en mi opinión, estamos nuevamente ante otro punto de inflexión en la política costarricense, con características totalmente diferentes de los anteriores, cuya principal consecuencia podría ser otro viraje aún más extremo hacia la derecha pero esta vez con un elemento extraño como novedoso y peligroso, que es la presencia religiosa de una rama del cristianismo evangélico denominada neopentecostal, que se nutre ideológicamente de la teología de la prosperidad, también llamada evangelio de la prosperidad, que básicamente sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material propia.

Este nuevo punto de inflexión está marcado por la lucha política entre dos partidos políticos con líderes jóvenes, uno el Partido Restauración Nacional, fundado en el año 2005, de corte conservador y confesional cristiano evangélico. Sus logros en elecciones nacionales han sido muy discretos, casi imperceptibles, con participaciones en la Asamblea Legislativa de escasísimo aporte y relevancia. El otro partido es Acción Ciudadana, quien esta vez es liderado por un joven político, nacido y formado políticamente en el seno del partido, con lo cual, podríamos decir, que es la primera vez que el PAC participa en la vida política con una visión país propia y fundamentada en sus aspiraciones y propuestas.

Pero, ¿por qué este escenario es un nuevo punto de inflexión en la vida política del país? Porque en este escenario hacia el 1 de abril, no solo elegiremos un presidente sino que además, vamos a decidir el rumbo de la democracia centenaria, ya debilitada tras tres décadas de neoliberalismo, corrupción institucionalizada y una creciente delincuencia organizada y pobreza estructural, que de por sí, amenazan ya con deteriorar la paz social.

Si el pueblo opta por elegir a Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional, Costa Rica podría convertirse en la primera teocracia de América Latina, creencia fuertemente arraigada en el señor Ronny Chávez, pastor del candidato y con autoridad sobre él, según sus propias palabras. El candidato no lo ha manifestado así sin embargo, podríamos inferir que es fiel creyente de tal sistema, que tiene como una de sus características fundamentales minimizar o eliminar el control político y la acción de los otros poderes de la República, que en nuestro país son la Asamblea Legislativa y Poder Judicial, sometiéndolos al poder divino otorgado a la figura prominente y elegida del presidente y su alter ego. Las críticas más fuertes que se le hacen a este movimiento se deben a sus doctrinas no amparadas en la Biblia, como son la búsqueda del dinero y éxito en los negocios, a través de la ya mencionada teología de la prosperidad. Quizás esta ideología ha llamado la atención a grupos de empresarios, economistas y políticos representativos del neoliberalismo dominante y en decadencia y quizás también les ha motivado adherirse al movimiento de Fabricio Alvarado, por la oportunidad que representa el hecho de que ese partido político no cuenta con cuadros formados para ejercer gobierno. Ambos factores juntos representan un botín político que no pueden dejar escapar, aunque esto signifique el deterioro aún mayor de la democracia costarricense.

La vida de la sociedad costarricense hacia la Costa Rica del siglo XXI, con esta opción política no puede ser otra que la descomposición social, el mayor enriquecimiento de cierto sector empresarial, el sometimiento de las minorías, la exclusión y discriminación, el debilitamiento de los derechos humanos y la posibilidad de que un partido confesional, conservador, fundamentalista, y que privilegia el dinero y los negocios antes que la dignidad de las personas y la vida en democracia, se pueda perpetuar en el poder.

Por lo tanto, Costa Rica y la vida en democracia de todos y todas, sólo tiene una opción…Carlos Alvarado.

No será tarea sencilla rescatar la democracia, pero veo en Carlos Alvarado el empuje del líder joven, inteligente y preparado, y que además, comprendió inmediatamente desde los resultados del pasado 4 de febrero, que la única manera de realizar la tarea, es formando un gobierno nacional, con la participación consciente, propositiva y comprometida de todos los actores políticos y sectores diversos de la sociedad, para construir juntos la Costa Rica del siglo XXI.

En esta hora el país demanda de las fuerzas políticas ceder y conceder, también demanda hacer a un lado ciertas posiciones ideológicas para construir acuerdos y devolverle a la sociedad costarricense la confianza y gobernabilidad del país. Demanda también fortalecer, modernizar y hacer eficiente la institucionalidad; demanda de todos los ciudadanos el compromiso de participar y ejercer el poder ciudadano para el control político, demanda de nuestras autoridades la transparencia y probidad. Demanda de los sindicatos contribuir con eficiencia y eficacia. Demanda de los empresarios y de las clases sociales económicamente poderosas contribuir con la equidad, solidaridad y sin mezquindad. El país nos demanda a todos los que habitamos en esta bella tierra, el cuido de la Naturaleza, ser humano incluido, que es nuestro tesoro y la que sustenta la vida.

 

*Imagen tomada de conozcasucanton.com

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Movimientos sociales ante las elecciones 2018 – mesa redonda

El curso Desarrollo de Movimientos Sociales en Costa Rica de la Universidad Nacional está organizando para este jueves 22 de marzo de 6 a 9 p.m. la mesa redonda “Movimientos sociales ante las elecciones 2018”, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA.

Movimientos sociales ante las elecciones 2018

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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La cantante y sonante afirmación del fraude electoral presidencial en Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

 

El domingo 11 de marzo de 2018, se dispuso en Colombia para elegir la conformación del Congreso Nacional (Cámara de Representantes y Senado) y definida legalmente un ejercicio de democracia de una consulta para escoger candidato presidencial por dos partidos de inscripción electoral: una representada para escoger candidato presidencial de la derecha en la que competían tres aspirantes y otra para escoger el candidato presidencial de un sector progresista y de izquierda con dos aspirantes. Dos eventos de hondo calado para la suerte y vida política del país. Me dedicaré a conceptuar sobre la llamada consulta pública para que el elector colombiano escogiera sobre cuál sería el candidato a la presidencia de la República, bien fuere por la izquierda o por la derecha.

En horas de la mañana, en plena competición y desarrollo de las elecciones, se alteró la tranquilidad, se produjo ruido y desorden, generándose confusión por grupos cada vez más grandes de personas que hacían fila para votar, gritando a su vez que querían votar, que les dieran los tarjetones para decidir por quién votar, con relación a la escogencia del candidato presidencial de preferencia. Hablaban, gritaban y se movían exigiendo a los jurados de las mesas de votación que les dieran los tarjetones para escoger pues querían votar, en particular, por el candidato de la derecha, recibiendo como respuesta que se habían agotado los tarjetones, precisamente de la lista de la derecha. Esta situación se dio en varios puntos de concentración o centros de votaciones en la zona Norte del Distrito Capital Bogotá. En la odiosa distribución territorial por la inequidad reinante, el sector Norte de Bogotá, es clasificado como de estrato 4, 5 y 6, de las clases adineradas y sectores de la clase media arribista. El sector sur, occidental y cerros sur orientales corresponde a los estratos de miseria 0, 1, 2, 3, aglutinando a la Bogotá del “tercer mundo”. Pronto fue noticia nacional que, en otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, en varios centros de votación, se presentaba la misma u otra situación. El Registrador Nacional del Estado Civil, encargado de la logística, producción, distribución de tarjetones y material electoral ordenó que se supliera esa falta de tarjetones reproduciéndolos-sobre la marcha- mediante fotocopias. Se le entregara la fotocopia al elector que lo solicitara y que en el anverso de la fotocopia llevara la firma del jurado de dicha mesa. Así con esa medida perrata (expresión del Caribe colombiano de cualidad negativa que tiene o se le ocurre a cualquier persona) del funcionario público, toda la comunidad fue agraviada, ofendida. Con las declaraciones de ese funcionario se entronizó la infamia y resumió el oprobio que pesa sobre la dignidad del electorado colombiano. Ni la Tecnología de Punta CI3E, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, bajo la protección del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, trabajando en forma coordinada con 15 agencias del Estado colombiano para la protección de datos, archivos y material electoral, evitó la catástrofe de orden público nacional registrada. ¿Será posible superar ese oprobio de tantos más que se dan contra el pueblo colombiano?

Personalmente me correspondió sufragar en una de esas mesas donde faltaba el Tarjetón del candidato de la derecha. Al ver el montón de “tarjetones” burdos, toscos, mal impresos, casi ilegibles y con imágenes y nombres borrosos, exigí explicación y la del Jurado dijo: – “están firmados por mí”, con tan buena suerte que ese precisamente no tenía firma y en el acto plasmó su garabato o rayón. Le repliqué: – “! Se da cuenta. ¿Quién la ungió de autoridad para crear ese documento público de tanta importancia?”. Ya en el cubículo tardé en votar. Estaba indignado, por asistir a un Estado fallido, hasta en lo electoral.

LAS IMPLICACIONES DE LA FALTA DE TARJETONES

Se puede ventilar serie de argumentaciones de tipo legal y de tipo político. Valga desde ya he de aclarar, que, dada la naturaleza de esa consulta por escogencia de candidato presidencial, por más ilegitima que resulte, de por sí constituye un hecho político de relevancia para la derecha. Se dan tipificaciones de carácter penal, obvio; pero también derrotero y análisis de tipo político.

SITUACIONES PENALES

La Ley 599 de 2000 y Ley 184 de 2017, reseña los mecanismos de participación democrática electoral. El tipo penal se da al violarse el artículo 385, sobre perturbación del certamen electoral (democrático). Artículo 387, sobre constreñimiento al ciudadano al impedirle el libre ejercicio al derecho al sufragio. Artículo 387, el fraude al sufragante al darse la maniobra engañosa con votación parcializada, al momento de la elección, al candidato de derecha, en relación con de la contraparte de izquierda. Está dirigida la votación en “determinado sentido”. Artículo 393. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. Artículo 394. Alteración de resultados. “El que…o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión…”.

De otro lado se puede accionar en lo contencioso administrativo y tardarán cuatro años en resolverlo.

Los sujetos activos de este delito electoral, va desde la responsabilidad directa del Registrador Nacional del Estado Civil- Juan Carlos Galindo Vácha- hasta los Jurados de las mesas implicadas. Entre las mínimo treinta y dos formas de delinquir electoralmente en el espurio sistema electoral colombiano, está la designación, por tráfico de influencias, de Jurados y si no logran instalar sus fichas, acuden al mercadeo cual géneros vendibles en dinero. Y quienes firmaron “El Acta” entre el Registrador del Estado Civil y los delegados de los partidos, previendo que en caso de faltar material electoral se podría fotocopiar, pues decir que es a todas luces un documento espurio, sin garantía de fecha cierta anterior a las elecciones, sobre todo, monumental asociación para delinquir.

LOS EFECTOS POLITICOS

Sintomático que se diera esa situación de falta de tarjetones del aspirante presidencial de la derecha, en el Sector Norte de Bogotá. Se constituyó en verdadero proselitismo en pleno escenario de votación. El mensaje subliminal se cumplió, causó efecto y rompió las reglas del ejercicio democrático. Dejó al descubierto ante el mundo lo falsario del sistema electoral colombiano. Coloca en desventaja al candidato de la izquierda en relación con la primera vuelta. Consolida al Bloque de Poder Oligárquico en el que se incluyen los candidatos Iván Duque, Sergio Fajardo, De la Calle, Vargas Lleras. Todos aliados del Imperio y enfocados contra la República Bolivariana de Venezuela.

CASOS PUNTUALES DE SITUACIONES IRREGULARES EN LAS ELECCIONES DEL 11 DE MARZO 2018

1.- Denuncia Nacional e Internacional.

KEVIN CASAS ZAMORA- costarricense- Vocero Delegado de la OEA como Observador Internacional a las elecciones al Congreso (Senado y Cámara de Representantes) del 11 de marzo de 2018 en Colombia, y consulta electoral para candidatos presidenciales de izquierda y de derecha, es un compañero de curso en Oxford, del innombrable ex presidente colombiano con interés en imponer al candidato de la derecha a presidencia de la República. Generó escándalo mayúsculo en Costa Rica cuando el Referéndum en torno a firmar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y USA. Siendo vicepresidente durante el mandato de Oscar Arias, junto con el Diputado Fernando Sánchez, suscribió un Memorándum dirigido al presidente Oscas Arias Sánchez, de la rancia oligarquía cipaya costarricense. Se conoce cómo el Memorándum del Miedo; impulsando una estrategia del miedo en el electorado costarricense mediante una circular que logró filtrarse y hacerse pública, en la cual disponía que la única manera de lograr el triunfo del SÍ al TLC era infundiendo miedo al electorado; propagando mentiras sobre la tragedia y desgracias cernida sobre los y las costarricenses, que significaría un triunfo del NO contra el TLC y con el “coco” del rompimiento de relaciones con EEUU y la pérdida de empleos, etc. También con el ofrecimiento de dadivas salariales al mínimo y escogiendo las compañías norteamericanas, mayoritariamente asentadas en Costa Rica, sobre el prurito de perder el empleo si votaban por el No al Referéndum por el TLC. En efecto triunfó el SÍ con un 1% de diferencia con los del NO.

Sin autoridad moral es un exponente de la pos verdad. Esas denuncias contra Kevin Casas fueron de conocimiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), organismo de la OEA y le costaron el cargo a Kevin Casas Zamora.

Sorprende que hoy sea el delegado emblemático de Almagro en Colombia, para “supervisar” el desarrollo de unas elecciones regidas por un sistema electoral corrupto y que no permitió la implementación de una Reforma Electoral de Fondo, para las actuales elecciones de 2018. Kevin Casas representa los intereses de la CIA, los de los gobiernos neoliberales asentados en la OEA. Su iniciativa macabra constituyó inspiración intelectual para la campaña mentirosa, falsaria y espuria del NO en el plebiscitó contra el fin del conflicto armado interno con las Farc-ep.

La presencia de Kevin Casas Zamora, en Bogotá, obedeció a todo un despliegue publicitario y paralelo presentando las elecciones de 2018 coma las más pacificas en un país tan polarizado; apropiándose de un ambiente auspiciado por la OEA, a la cabeza de Almagro, y la difusión por la dictadura mediática imperante en Colombia, de estar dadas las condiciones para que en el mes de abril, es decir, antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018, reñidas y competidas, el presidente Trump visite a Colombia y a verificar el funcionamiento de sus bases militares instaladas en la segunda patria de Bolívar. Esa visita anunciada no es más que la desestabilización para Venezuela y Colombia. Significa la consolidación del fraude electoral en términos prácticos, ante unas elecciones presidenciales reñidas y competidas. Nada mas inconveniente para la convivencia colombiana que la anunciada visita de Trump; que pudiere generar un rechazo de masas populares a semejanza del rechazo que inspiró la visita de David Rockefeller en 1968.

2.- EL VIDEO VIRAL de la entrega de dinero, en un Coliseo, luego de una reunión política de aspirantes al Senado y Cámara en la que se ve y escucha la promesa venal y que hay más dinero para la próxima reunión. El hecho ocurrió al cierre de la campaña electoral, es decir, una semana antes de los comicios, en un Barrio del Municipio de Tumaco, Nariño. Tan notoria situación no fue ventilada por el flamante delegado de la OEA, de Almagro. Ni mu.

3.- VALIENTE DENUNCIA EN CARTAGENA. En vídeo que circula prolíficamente, una activista popular anónima, se dio a la tarea de escarbar durante las horas de la noche del domingo 11 de marzo de 2018, la basura que acumulaban del Centro de Votaciones en Cartagena de Indias. Abriendo las bolsas de basura encontró que cientos de tarjetones marcados durante la Consulta Electoral a favor del candidato Gustavo Petro Urrego estaban rotos y arrojados. Cuidadosamente recogió todo ese material electoral que había sido marcado por los electores y lo llevó a su residencia. Todos tarjetones rasgados con la marca de selección de Petro. Además, tarjetones para mercar al Senado. La diligente activista encontró en medio de los tarjetones marcados a favor del candidato Petro, al menos la identificación de dos Mesas y actas de los jurados de esas mesas. Esto causa asombro, extrañeza, sorpresa. Es Inadmisible e inaceptable. Que tome nota el mundo de la verdadera situación de terror y de corrupción que asola al país. La comunidad internacional debe rodear de seguridad la integridad física personal, de esa activista, de su familiares y vecinos del y barrio popular donde vive. Que no la toque el Terrorismo de Estado, contrainsurgente y paramilitar imperante en Colombia. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, asuma gestiones oficiosas por decretarle medidas preventivas a su favor. Ya Basta. ¡Ni un líder social ni activista más asesinado en Colombia!

 

Enviado por el autor.

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Tratado sobre prohibición de armas nucleares: breve balance

Nicolas Boeglin (*)

Tratado sobre prohibicion de armas nucleares
Foto de la mesa que dirigió las negociaciones extraida de entrevista radial del Programa Hablando Claro titulada «El papel de Costa Rica en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, con Elaine White».

En julio del 2017, se celebró la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de un nuevo instrumento internacional en materia de desarme, tendiente a prohibir la fabricación y uso de armas nucleares: se trata de un texto (véase versión en español) de 20 artículos que busca prohibir este tipo de armas, y que fue objeto de todo tipo de intentos para frenar su adopción por parte de las potencias nucleares y sus aliados. Constituye el primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional.

De algunos intentos previos

Los intentos pasados fueron varios, sin lograr mayor éxito: para producir bombas nucleares, se requiere proceder a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado (véase texto) sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2.

El destacado papel de Costa Rica

La adopción en julio del 2017 de este nuevo instrumento fue celebrada con júbilo en Costa Rica: véase, entre muchas otras, nota del programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda que recoge las reacciones de profunda satisfacción de las autoridades costarricenses.

En efecto, la delegación de Costa Rica fue la llamada, en febrero del 2017, a presidir la recta final de estas arduas negociaciones. ¿Un Estado que abolió el ejército en 1948 y que se ha destacado en el plano internacional por limitar el comercio de armas y por abogar en favor de la desmilitarización? Efectivamente, Costa Rica cuya tradición en este ámbito es ampliamente reconocida – y poco conocido un insólito episodio provocado por algunos entusiastas funcionarios a cargo de su comercio exterior, resuelto por su justicia constitucional (Nota 1) – fue la designada por los demás integrantes de la comunidad internacional para proceder a ultimar estas delicadas negociaciones multilaterales y llevarlas a feliz puerto.

Una férrea oposición del «club nuclear» y de sus aliados

Estas últimas concluyeron formalmente el 7 de julio del 2017, con una extraña maniobra por parte de Países Bajos: la solicitud expresa a la mesa de la puesta a votación del texto por parte del delegado de Países Bajos, cuando todas las demás se disponían a adoptarlo por consenso. La votación (véase tablero oficial) registró un solo voto en contra (Países Bajos), una abstención (Singapur) y 122 votos a favor (véase breve nota nuestra al respecto del 7/7/2017). Raramente un Estado como Países Bajos solicita exhibir su aislamiento de esta manera y no se tiene claridad sobre los créditos obtenidos a raíz de semejante resultado.

Este mismo 7 de julio del 2017, Estados Unidos, Francia y Reino Unido circularon un comunicado conjunto en el que expresaron las razones por las que se oponían a esta iniciativa (Nota 2). Sobre la pertinencia de algunos de los argumentos de los Estados poseedores de arsenal nuclear, referimos a una interesante opinión elaborada por el representante de México ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Lomónaco, titulada «Hacia la prohibición de las armas nucleares» y publicada en la Revista Mexicana de Política Exterior.

La sensibilidad de los Estados nucleares en sí puede también ser capitalizada por la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares: como se puede leer en las conclusiones de este estudio del UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) sobre la prohibición de las armas nucleares, «… the degree of sensitivity of the nuclear-armed states and some of their allies about the prohibition approach is itself cause for some optimism. It indicates that like-minded processes are able to re-capture the attention and imagination of policy makers and public alike as a catalyst for more concerted international efforts towards the shared goal of a nuclear-weapon free world» (p. 58).

Un tratado abierto a la firma y ratificación de todos los Estados

El texto del tratado adoptado el 7 de julio fue abierto a la firma y posterior ratificación por parte de los Estados Miembros de Naciones Unidas, en el mes de setiembre del 2017, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General que se celebra en Nueva York. Durante la ceremonia de la firma del tratado, el Presidente de Costa Rica señaló que:

«Lamentamos que los países nucleares y aquellos miembros de alianzas de seguridad, hayan decidido desvincularse de este proceso. En desarme nuclear la inacción no es una opción. El mantenimiento del status quo solo lleva a una situación cada vez más peligrosa de seguridad internacional y a la humanidad más cerca de la aniquilación. Sabemos que es falsa la premisa de que la seguridad surge de la fuerza de las armas. Por ello, ahora les exhorto vehementemente a dar pasos concretos para dar vida al imperativo humano, político y jurídico del desarme nuclear, establecido desde 1946 con la primera resolución aprobada por la Asamblea General, reforzado por el Artículo VI del Tratado de no proliferación nuclear, por la Corte Internacional de Justicia y ahora por el Tratado de Prohibición de las armas nucleares» (véase texto de su alocución).

El estado actual de firmas y ratificaciones

A seis meses de la ceremonia de firma de este instrumento, el estado de firma y ratificación arroja el siguiente dato: 57 firmas y 5 ratificaciones, de las cuales 3 se registran en el hemisferio americano: Cuba, Guyana y México (véase estado oficial de firma y ratificaciones).

La ratificación el 16 de enero del 2018 por parte de México constituye la primera ratificación en América Latina, seguida por Cuba, dos semanas después (30 de enero del 2018).

Nótese que, en América Latina, Argentina, Bolivia, y Colombia han optado por no firmar, al momento de redactar estas breves líneas, este tratado multilateral: estos tres Estados votaron en favor del texto el 7 de julio del 2017 en Nueva York (véase registro de votos). En el caso de Argentina, esta omisión difiere de lo expuesto por su delegación en un segmento de alto nivel al que participó en Naciones Unidas (Nota 3).

Cabe recordar que la ONG ICANW (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) recibió en diciembre del 2017 el Premio Nobel de la Paz (véase sitio oficial de ICANW).

 

A modo de conclusión

Es de esperar que, pese a presiones de diversa índole que puedan estar recibiendo algunos Estados en aras de no firmar (ni ratificar) este texto, se logre reunir un número mayor de adhesiones en setiembre próximo, al cumplirse un año desde que fue abierto a la firma y ratificación de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas. Para ello, la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares debe redoblar sus esfuerzos.

—Notas—

Nota 1: Cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado en junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto del Ministerio de Salud, que promovía la extracción y producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que: “Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004 obligar al Ejecutivo a retirar a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 cuya lectura se recomienda).

 

Nota 2: El comunicado conjunto circulado se lee así (véase enlace):

«Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons

July 7, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE

France, the United Kingdom and the United States have not taken part in the negotiation of the treaty on the prohibition of nuclear weapons. We do not intend to sign, ratify or ever become party to it. Therefore, there will be no change in the legal obligations on our countries with respect to nuclear weapons. For example, we would not accept any claim that this treaty reflects or in any way contributes to the development of customary international law. Importantly, other states possessing nuclear weapons and almost all other states relying on nuclear deterrence have also not taken part in the negotiations.

This initiative clearly disregards the realities of the international security environment. Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for over 70 years. A purported ban on nuclear weapons that does not address the security concerns that continue to make nuclear deterrence necessary cannot result in the elimination of a single nuclear weapon and will not enhance any country’s security, nor international peace and security. It will do the exact opposite by creating even more divisions at a time when the world needs to remain united in the face of growing threats, including those from the DPRK’s ongoing proliferation efforts. This treaty offers no solution to the grave threat posed by North Korea’s nuclear program, nor does it address other security challenges that make nuclear deterrence necessary. A ban treaty also risks undermining the existing international security architecture which contributes to the maintenance of international peace and security.

We reiterate in this regard our continued commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and reaffirm our determination to safeguard and further promote its authority, universality and effectiveness. Working towards the shared goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament must be done in a way that promotes international peace and security, and strategic stability, based on the principle of increased and undiminished security for all.

We all share a common responsibility to protect and strengthen our collective security system in order to further promote international peace, stability and security«.

 

Nota 3: Se lee en este discurso que para Argentina,

«The Delegation of Argentina would like to align itself with the statement delivered by Cuba on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States. At the same time we would like to add some remarks in our national capacity.

Argentina considers that the total elimination of weapons of mass destruction should constitute the main priority of the international community, since their consequences reach beyond the field of disarmament and seriously impact in the international peace and security area«.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado por el autor.

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“Vía rápida” para la irresponsabilidad fiscal

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

(CICDE-UNED)

 

El gobierno presentó recientemente a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 20.580) llamado “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, alrededor del cual hay una alianza entre varios partidos, incluidos PLN, PUSC y PAC y evangélicos, los cuales, en conjunto, decidieron darle “vía rápida”. Los componentes principales de esta propuesta los resumo en un pequeño anexo al final de este artículo. Mi interés es tratar de explicar por qué esta no es, en absoluto, una propuesta seria, cuando, en realidad, simplemente “patea la bola pa’lante” como se dice popularmente.

¿Cuánto se recaudaría a partir de esta reforma impositiva?

Los datos que se han hecho públicos no son claros, cuando, de hecho, el propio proyecto de ley es omiso, puesto que no incluye ninguna estimación de los posibles ingresos esperables. En La Nación algunas notas publicadas (Con 39 votos a favor, diputados aprueban vía rápida para reforma a impuestos) especulan con montos de hasta 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, un 1,9% del valor total de la producción nacional de bienes y servicios en un año, lo cual equivaldría a unos 620 mil millones de colones en este año 2018. Pero esto último es harto dudoso. Enseguida explico por qué.

La parte principal de la reforma es la transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), pero manteniendo la tasa actual del 13%. Ese cambio implicaría generalizar el impuesto a muchos servicios que hoy están exentos. De ahí vendría el incremento en la recaudación proveniente de este tributo. Pero lo cierto que las estimaciones del Proyecto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional (véase: UNA: El IVA es necesario, pero aumentará la desigualdad y es insuficiente ante el déficit fiscal) indican que esto último tan solo rendiría el 0,5% del PIB (unos 163 mil millones). Esta estimación es coincidente con la que formula la OCDE en la página 6 de un documento titulado “Costa Rica: aprobar las reformas fiscales es clave para sanear las finanzas públicas”. Es completamente imposible que el otro impuesto contemplado en esta ley (15% sobre ganancias y rentas de capital), pueda aportar una cifra cercana a los 460 mil millones de colones, a fin de completar el monto de 620 mil millones que La Nación mencionaba en la nota que referencié más arriba. Simplemente disparatado.

Pero, en todo caso, pongamos las cosas en contexto.

¿Cuánto significan estos montos comparativamente al déficit fiscal del Gobierno Central de Costa Rica?

Veamos:

– Al concluir el año 2017, el déficit fiscal sumaba la enorme cifra de 2.012.102 millones o, en números redondos, un poco más de 2 millones de millones (dos billones), equivalente a un 6,2% como proporción del PIB.

– Para 2018 hay estimaciones –que posiblemente exageran un poco a fin de presionar para que se apruebe la reforma tributaria– que lo ubican en montos por encima de los 2,4 millones de millones (incluso cercano a los 2,5 millones de millones).

– Supongamos que fuera cierto que la reforma tributaria en discusión en la Asamblea efectivamente rinde los 620 mil millones de que nos hablaban en La Nación en la nota a que hice referencia.

– Aun así tendríamos un déficit fiscal en los alrededores de 1,8 millones de millones (1,8 billones).

– Lo cual equivaldría a aproximadamente un 5,1% del PIB, muy similar a lo registrado en 2016, cuando ese porcentaje fue del 5,3%. O sea: seguimos exactamente donde estábamos.

– Pero, en todo caso, como ya indique, lo de los 620 mil millones es un desatino. Lo que uno puede imaginar es una cifra mucho menor, seguramente inferior a los 300 mil millones, acaso de unos 250 mil.

– Si así fuere, seguiríamos con un déficit superior a los 2 billones, en los alrededores del 6% del PIB. O sea, casi idéntico al registrado en el recientemente concluido año 2017.

Obviamente esto no resuelve absolutamente nada. Y, en fin, estoy persuadido que ni al gobierno de Luis Guillermo Solís, ni a sus aliados del PLN, PUSC y otros partidos, les interesa resolver nada. Andan detrás de otra cosa.

Via rapida para la irresponsabilidad fiscal ministro fallas

¿Qué es lo que realmente se pretende lograr?

Para entenderlo, propongo poner juntas algunas cifras que han venido circulando:

– En declaraciones a la prensa (Aprobación del IVA permitiría a Hacienda negociar crédito de $800 millones con Banco Mundial y BID) el ministro de Hacienda, don Helio Fallas, aseguró que, de aprobarse este proyecto de ley (expediente 20.580), ello le permitiría al gobierno tener acceso a un crédito por $800 millones, por parte del BID y del Banco Mundial, “a tasas de interés relativamente bajas”.

– En esa misma nota, el ministro Fallas indicaba que ello asimismo facilitaría la colocación de bonos de deuda interna, por hasta $2.000 millones. Nótese un importante detalle: colocar bonos de deuda interna en dólares. Para todo efecto práctico relevante eso esdeuda externa, por la sencilla razón de que Costa Rica no puede emitir dólares. Es una moneda extranjera, totalmente fuera de nuestro control.

– En total, pues, se habla de unos $2.800 millones, algo así como 1.600 millones de millones de colones. Vale decir, algo más del 4,5% del PIB.

¿Qué significa lo anterior?

Simple: que se cambia deuda interna por deuda externa, para seguir financiando, con tasas de interés un poco más bajas, un déficit fiscal que sigue siendo grande. La deuda del Gobierno Central, que ahorita anda en un poco más del 46% del PIB, pasaría a superar el 50%. Pero con un inconveniente: se crea lo que usualmente se llama un “riesgo cambiario”, para el país en general, y para el gobierno en particular. Ello esa así ya que, si por alguna razón se diera una devaluación considerable del colón, ello incrementaría de forma abrupta y significativa el peso de esa deuda externa en términos de colones. Y recordemos que, a fin de cuentas, el gobierno “gana” en colones, que es la moneda en que pagamos los impuestos y los servicios públicos.

¿Y si la economía pierde impulso a causa del IVA?

No he visto que nadie, a la hora de lanzar estimaciones sobre la posible recaudación esperada de los impuestos aprobados en este proyecto de ley, haga referencia a sus posibles impactos sobre el desempeño de la economía. Y, sin embargo, esos impactos inevitablemente se darán y serán negativos, sobre todo por lo que corresponde al IVA.

Trataré de explicar a qué me refiero.

Los impuestos adicionales que se cobren, en especial el IVA que, sin la menor duda, sería el de mayor efecto, lo que hacen es trasladar gasto del sector privado al sector público. En términos más precisos: obliga a un recorte del gasto privado, mientras el gasto público continuaría básicamente igual. Y no solo hay traslado de ese poder adquisitivo del sector privado al público, es que ello saldría principalmente de los sectores pobres y de los de la clase media-baja, que son los grupos en mayor medida afectados por el IVA.

Esto obligaría a un recorte del consumo de esos sectores. Dada la limitación de sus ingresos, el monto de más que paguen por el IVA será un monto de menos en el total de sus compras de consumo. Pero esta reducción del consumo privado no se compensará con ningún aumento del consumo público. Este último seguirá igual, con la única salvedad de que una parte del financiamiento que antes se hacía vía deuda (colocación de bonos), ahora se hará vía impuestos.

En el total, el gasto o consumo en la economía se reducirá en el monto de más que el sector privado –y en especial los grupos pobres y de clase media baja– tendrá que pagar de impuestos. Y ello lo resentirá el sector productivo privado, cuyas ventas se reducirán en el monto en que se reduzca el consumo privado. Lo cual afectará negativamente a la economía y al empleo.

Teniendo en cuenta que el dinamismo de la economía viene bastante anémico (apenas levemente por encima del 3% anual) esto podría recortarle medio punto, quizá un punto completo a ese índice de crecimiento. Lo cual siendo bastante inconveniente, es en realidad algo secundario. Lo principal es que ello impactaría negativamente sobre el empleo –que ya de por sí anda muy mal– y, paradójicamente, sobre las finanzas públicas, por la sencilla razón de que una economía más débil y menos dinámica, genera menos ingresos para el gobierno. De donde podría resultar que las cifras que di más arriba, para mostrar que, en realidad, nada está siendo resuelto, podrían incluso ser peores de lo que ahí indico.

Y sí, sin la menor duda, es una reforma muy injusta.

El IVA lo es en gran medida, incluso aunque exista una canasta de consumo popular exenta. Pero acontece que el impuesto sobre rentas y ganancias de capital es en realidad mucho menos progresivo de lo que se dice, porque igual gravará al 15% a la señora mayor que vive de alquilar una casita, que al magnate dueño de grandes complejos inmobiliarios de oficinas y apartamentos. Para ella ese 15% será un verdadero garrotazo. Para el otro sujeto, es una tasa de tributación muy conveniente.

ANEXO

Breve resumen del proyecto expediente 20580

Sus contenidos principales

 

– El impuesto al valor agregado (IVA), manteniendo la tasa actual del 13%, propia del impuesto de ventas. El aspecto principal de este cambio es que con ello el cobro del impuesto se generaliza a los servicios (desde peluquería y gimnasio a espectáculos artísticos o deportivos). Eso sí, se aplicarán tasas reducidas del 4% para libros, servicios privados de salud y educación y algunos otros. Los alquileres, el agua y la electricidad estarán exentos hasta un cierto máximo. Las zonas francas seguirán exentas y, cosa que creo muy sintomática, también los servicios financieros.

– Una reforma al impuesto sobre la renta que establece una tasa del 15% sobre rentas y ganancias de capital. Renta de capital es, por ejemplo, los pagos por alquileres que reciben el propietario de un edificio de apartamentos. Ganancias de capital podría ser la ganancia que derive de la venta de ese edificio, resultante de un incremento de los precios de las propiedades en la zona donde está ubicado.

– Se incluyen disposiciones que afectan regímenes de contratación y remuneración en los tres poderes de la república, el TSE, instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipalidades. Ello incluye límites superiores o techos (o sea, límites que no podrían ser excedidos) en los sueldos que se paguen.

– Finalmente hay un apartado dedicado al establecimiento de una regla fiscal, la que he llamado “regla fiscal parte II”, teniendo en cuenta que fue antecedida por otra propuesta (en este caso una reforma constitucional) formulada por el PUSC. Sobre ambas he escrito varios artículos cuya referencia aparece más abajo.

 

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

Enviado a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

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La profunda crisis en la que navegamos

(“Que no se diga que no se dijo…”)

La gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se fía ni de los mismos hechos. Hay quienes le llaman populismo pero en realidad es descrédito de las instituciones”.

Noam Chomsky

 

Hace años, demasiados, navegamos en una crisis profunda. Tantos que parece que nos hemos acostumbrado a ella. No me refiero al saqueo de las arcas públicas, ni al tráfico de influencias, que están con nosotros desde tiempos inmemoriales, aunque se han hecho más notorios últimamente. Tampoco al anunciado colapso fiscal que es, más bien, una de las consecuencias de aquella.

En realidad, todo eso, y más, es síntoma de una crisis que subyace en el fondo, cuyas causas se hunden en las falencias de nuestra cultura política y cuyas consecuencias se extenderán más allá de los próximos cuatro años. Me refiero a la crisis de la democracia representativa; la que hace más de 40 años fue vislumbrada por Rodolfo Cerdas en términos de una crisis de la democracia liberal. A la que, hace unos 13 años, fue explícitamente advertida por Jorge Vargas Cullel, en términos de un riesgo de colapso democrático por dificultades de eficacia, representación y polarización.

UN TORTUOSO CAMINO HACIA EL ABISMO

Si la representatividad democrática falla, si los gobernantes electos no representan a todos, sino que sólo a la mayoría, una y otra vez; sin rendir cuentas y sin más consecuencia que perder las siguientes elecciones, entonces, el grupo de los inconformes, de los indignados, de los incrédulos, de los que se abstienen, de los excluidos, crece y crece como la espuma, como un mal presagio.

Pero si, peor aún, los presuntos representantes deciden sólo a favor de una pequeña élite, si gobiernan sólo para su pequeño grupo, después de haber prometido lo contrario para alcanzar los votos necesarios, entonces, la democracia representativa se corrompe y el pueblo soberano cae en la apatía y la anomia más evidente y peligrosa. La política misma se convierte en una estafa para los representados, frustración que se torna en furia, la que puede dar lugar a cualquier otro tipo de aberración.

Toda vez que el representante no representa al representado y que éste no puede exigirle que cumpla, el sistema de representación y la democracia electoral, que es su mecanismo, entran en crisis, naufragan en su propia contradicción. La democracia se niega a si misma.

UN TRISTE Y LAMENTABLE EJEMPLO

Tenemos ahora un ejemplo en esta elección, porque, tras el cuento de un gobierno de “unidad nacional”, un grupo de expertos del PLN, del PUSC y hasta del PAC, se aprestan para capitalizar un posible triunfo del PRN, o por lo menos eso quieren creer. Sin hablar de los objetivos, sin un acuerdo público, sin programa que quieran debatir. El partido Restauración parece ahora un cascarón vacío, una franquicia sin dueño que se pone en manos del mejor postor. Sin duda otra falsa promesa, una trampa para oportunistas. Pero, entonces ¿por quién, por qué y para qué votarán sus adeptos? Antes de la elección ya se ha burlado así el sistema de representación, siempre confiando en la ingenuidad del prójimo.

En tales circunstancias, los mercaderes de la publicidad también sucumben, porque sólo logran responder con lemas vacíos, golpes efectistas y encuestas dudosas y fallidas. La política desfallece en brazos del más descarado oportunismo, disfrazado de pragmatismo, en manos de la mercadotecnia y el show mediático.

EL FACTOR PRINCIPAL

En ese sentido, una serie de causas y efectos convergen y se acumulan en forma de espiral, con resultados cada vez más alarmantes. Podemos insistir por ejemplo, para sólo aludirlas, en las ilusiones propias de los procesos electorales que redundan una y otra vez en las mismas decepciones. Podemos señalar la eficacia coyuntural de la demagogia que pareciera pervivir, hasta hoy en día, sin aparente consecuencia. Podemos referir a la complejidad creciente de la gestión pública que dificulta la obtención de logros, o tan siquiera su simple divulgación. Etcétera.

Pero hay un factor central y crítico, en medio de esa tendencia caótica, que se llama partido político. En una democracia representativa, como la

nuestra, los partidos políticos juegan un papel indispensable, ya que son los llamados a cumplir con una serie de funciones clave. Voy a mencionar solamente cuatro, pero hay más.

La principal es la educación política. La política no se puede aprender en las aulas, sólo se la aprende haciéndola, por tanto, a partir de la práctica los partidos tienen que convertir las experiencias de las personas en reflexión y doctrina para mejorar continuamente la acción colectiva y conducir así a que la gente enriquezca su propia cultura. Ejercer el poder con responsabilidad es para esto indispensable. Un pueblo políticamente mal educado y mal informado, ya se sabe, puede elegir de cualquier manera y errar repetidas veces.

El partido debe ser también el mayor elaborador de ideas, es decir, debe proponer estrategias y programas a partir de lo que la gente dice y opina; debe desarrollar la habilidad de plantear problemas y ofrecer soluciones realistas pero ambiciosas. Otra función estratégica sería la generación, captación y selección de líderes. Cada integrante de partido debe actuar con ética, visión, estrategia y método para movilizar a otros hacia metas superiores. Nadie duda, hoy en día, del importante papel del liderazgo en las organizaciones sociales modernas. Por eso es tan importante elegir bien, quien no elige al mejor se traiciona a sí mismo; elegir por conveniencia, con mezquino interés, es la forma más eficaz de defraudar a la democracia. Asimismo, nada más corrupto que aceptar un puesto para el que no se está preparado.

Los partidos debieran ser también los principales fiscalizadores de la acción gubernamental, tanto si ganan las elecciones como si las pierden. Si las ganaron tendrían que ser los primeros en exigir cuentas a sus propios representantes electos popularmente.

Partidos así serían, entonces, organizaciones permanentes, articuladoras de la acción política organizada y de los mejores líderes de nuestra sociedad, serían nuestra principal instancia educativa, nuestra más contundente herramienta civilizadora.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Ahora bien ¿han estado nuestros partidos políticos a la altura? Desdichadamente, no. Daniel Oduber dijo, hace muchos años, que el PLN era poco menos que un partido y poco más que una maquinaria electoral. Hacía entonces una profunda autocrítica. Cuando uno lee, hoy en día, que el Directorio político de ese importante e histórico partido considera que su labor terminó el pasado 4 de febrero, confirma que ha quedado reducido a algo menos que una maquinaria electoral; puesto que el proceso electoral ni siquiera ha terminado (tanto que se criticó a Jhonny Araya)

Cuando se lava las manos, como Poncio Pilato, y se inclina por no tomar partido en la presente elección (al decir también del Comité ejecutivo del PUSC) a la vez que llama a sus votantes a votar según su conciencia, se confirma que ya es un cascarón ideológicamente hueco, sin principios que defender, sin responsabilidades que asumir ¿Qué pasaría si todos su votantes asumieran la misma actitud? Esto sin sospechar que esto favorece, por debajo, a uno de los dos contendientes; aunque sin dar la cara, sin jugársela; en apariencia, sin correr riesgos. Pero, si la política no es correr riesgos entonces quién sabe qué será.

En paralelo, un grupo del PUSC declara su adhesión a ese mismo partido que no tiene nada que ver con su programa, ni con su supuesta ideología y trayectoria; al margen y en contra del líder que hace todo lo posible por hacerlo renacer de las cenizas. Asimismo, hace un grupo del PAC, el cual no es otra cosa que otra plataforma electoral (ver el artículo de Carlos Cruz Meléndez, “Ni chicha ni limonada”) porque si no lo fuera esas cosas no pasarían con tanta facilidad; pareciera bastante difícil, para una organización así, sostener una ética sólida. Para mi tengo, y para nadie más, que Carlos Alvarado sólo ha declarado dos tonterías en esta segunda ronda; una es que esto lo tiene sin cuidado. La otra es que las pintas en las iglesias no son de recibo; más allá de lo reprochable que pueda ser su acto ¿cómo no va a ser de recibo que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se sientan tan desesperados e indignados? La respuesta de Fabricio al respecto, como se dice en fútbol, es para el olvido; aunque una vez más nos revela el autoritarismo que intenta disimular. Patética la intervención de otro candidato que parece que no ha entendido que lo queremos fuera de las elecciones.

En realidad, el PAC ha usufructado, para bien y para mal, de la cara búsqueda del pueblo costarricense de una tercera alternativa frente al PLUSC (coalición de hecho que ahora intenta gobernar otra vez por interpósita persona, después de un rechazo contundente el pasado febrero) Ya no importa que sea, cada día más evidente, que el candidato del PRN no sabe ni lo que dice; aunque parece haber aprendido muy rápido lo peor de los políticos tradicionales.

Ni qué hablar de otros partidos que se alquilan, que se inventan para obstaculizar a alguien, o que sustentan las ambiciones de una persona o una familia. La crisis de los partidos ha quedado al desnudo con el triunfo de un movimiento religioso que se convierte, a conveniencia, de la noche a la mañana, en una teocracia electoral. Un partido que, como sabemos, no tenía programa para gobernar, no tenía equipo, ni un candidato preparado para ser presidente. Ahora tampoco los tiene, pero hace su mejor esfuerzo por engañarnos al respecto ¿Lo logrará?

Con partidos así, que no educan, que no lideran ni generan liderazgos, que se arman y desarman cada cuatro años, que no generan ideologías ni actúan en consecuencia, las catástrofes de la democracia representativa sólo son cuestión de coyuntura y detonante. De ahí lo que se ha llamado elecciones volátiles y “vuelos de gallina”, entre otros curiosos fenómenos. La pregunta es más bien ¿cómo es que las cosas no están peor?

SÓLO TENEMOS UNA SOLUCIÓN

Esta crisis en la que navegamos sólo tiene una solución, una que es tan honda como sus efectos, tan larga como su formación, tan necesaria como su inevitabilidad: la democracia participativa. A los representados, después de delegar su poder a cuántos se han presentado a engañarlos, no les está quedando más que un remedio: tomar la escena política con su presencia activa. Hubiera sido hermoso poder decirlo con el PAC: no les queda más que el camino de la participación y la acción ciudadana. Pero, en este terreno, más que en ningún otro, su nombre le ha quedado demasiado grande.

El próximo 1 de abril, se abre una gran oportunidad para empezar, porque los votantes de todos los partidos tendrán la oportunidad de votar incluso contra sus propios dirigentes. Sólo uno de los cuáles tomó el toro por los cuernos y se atrevió a firmar un acuerdo público y transparente, bien por Rodolfo Piza. Aunque, ciertamente, es por lo menos extraño todo esto de la “unidad nacional” antes del resultado del 1 de abril, pues huele a truco electoral. Más extraño en el caso del PRN, que se ha convertido en el gran divisor de la familia costarricense pero pretende que le creamos que ha venido a unirnos y a defender la familia.

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

Pero no todo está perdido. En el 2003 se abrió una esperanza, una puerta enorme por la que pueden pasar muchas y nuevas soluciones, se reformó el artículo 9 que ahora reza así: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (…)” (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)

A simple vista, parece que la reforma consistió sólo en agregar la palabra “participativo”. Pero es mucho más que eso, porque ningún gobierno puede ser popular sin participación de los gobernados; ninguno puede ser responsable sin tener que rendirles cuenta; ninguno puede ser representativo sin que los ciudadanos puedan intervenir en sus decisiones, incluso sin que puedan removerlo, más allá de elegirlo; ni hay gobiernos que puedan ser alternativos si la participación no genera nuevos liderazgos, cada vez mejores. Esa quinta característica es, por tanto, lo que le da sentido a todas las demás.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Ahora bien, ¿estamos caminando en esa dirección? A duras penas, tímidamente, con participaciones manipuladas y espurias, demasiado despacio, con retrocesos. Avanzamos, pero todavía sin la cultura y sin las capacidades que tal revolución democrática demanda y, sobre todo, sin partidos que se hayan reformado y reestructurado para responder al gran desafío estratégico, programático y metodológico que implica la democracia participativa. Siete años después de la más importante reforma política de la historia del país, ninguno ha mostrado consecuencia alguna, que sea visible y se pueda evaluar. Esto si que no es de recibo. Como se diría en pachuco: manda…

A veces, me parece que ni siquiera estamos en el punto de partida; que estamos más atrás, ni siquiera en la fase de debate; porque no se puede iniciar el camino de la democracia participativa sino en la fase de diálogo, que implica estar más allá del debate franco y sincero. Pero uno no ve que exista la condición básica, que es la voluntad de dialogar, pues los que gobiernan y dominan son los que ganan en río revuelto y a ellos les conviene que todo siga igual o peor; ya lo había dicho hace años el “Sup”: para el neoliberalismo la crisis es un modus operandi. Los privilegiados no dialogarán mientras tengan otra alternativa. Ni siquiera debaten, si creen que van a ganar.

Encima, el odio y la intolerancia que ha introducido el PRN en esta campaña, al capitalizar, electoralmente, la que ya se venía fraguando contra ese invento diabólico llamado por sus propios gestores “ideología de género”, nos ha puesto ya varios años atrás de ese punto. Desdichadamente, el daño ya está hecho, la confianza se ha perdido, y ahora sólo cabe tratar de mitigarlo. Esto ha sido así porque el odio causa odio, como el fuego causa fuego, aquí y en la China.

EN SUMA

Esta elección no nos sacará de la profunda crisis de la democracia representativa, pero uno de los candidatos sólo la empeoraría, ya que ni siquiera sospecha que existe y su política perversa no puede ser más ajena a esa perspectiva. El otro tal vez nos ayudaría a buscar el camino, porque es el único de los dos que por lo menos comprende el tema y puede crear las condiciones para que volvamos a debatir, aunque sea sólo debatir.

Para mi es obvio que sólo Carlos Alvarado podría ser un interlocutor válido y preparado para discutir este asunto, por lo demás ignorado por todos los medios y sus periodistas. Al otro Alvarado no le interesa, ni siquiera entiende de qué se trata, porque su partido-iglesia ni siquiera es democrático, es teocrático. Hasta ahora, este candidato no ha hecho más que mentir y desdecirse sin pudor alguno, con tal de llegar al poder ejecutivo, porque entiende, como todo político tradicional, que después gobernará según su antojo. Total ¿no es también una enorme mentira que Dios quiera que sus profetas, apóstoles y pastores concentren riqueza y poder en este mundo? Por ejemplo, él dice estar en contra del aborto, pero al mismo tiempo está en contra de la educación sexual, quizá porque no sabe, o se hace el ignorante, que es en los países donde hay mejor educación sexual donde la tasa de abortos es más baja, en buena medida porque se reducen los embarazos indeseados. Entonces, una vez más ¿en qué quedamos, está favor o en contra del aborto? Vaya usted a saber.

Lo que está ocurriendo en estas elecciones es el mejor (peor) ejemplo, o quizá un punto culminante de la crisis de la democracia representativa. El candidato del PRN está donde está no por sus propios seguidores ni por sus propios méritos. No está por esos que pagan el diezmo (impuesto que no paga impuestos y hace crecer el negocio y los bolsillos privados de los vendedores de milagros; para mi, una simple y antiquísima estafa imperial, que se da a vista y paciencia de todo el mundo, contra los más necesitados de atención) sino que está de primero gracias a votantes católicos confundidos por su jerarquía, esa que ya ha sido condenada por nuestro tibio TSE. Esos votantes hicieron que ganara la primera ronda y serían los responsables de que gane la segunda.

Solo que, en tal caso, lograrían así, irónicamente, poner de presidente a su peor enemigo (que no es el estado laico, como bien sabe el Papa Francisco) porque el “neopentecostalismo” que profesa Fabricio, hay que decirlo sin ambages, es todo lo contrario del catolicismo; de hecho, le ha declarado la guerra a lo que considera la idolatría católica, nada menos que a la Virgen de Los Ángeles. Incluso es todo lo contrario del cristianismo, porque la “teología de la prosperidad” se basa en sustraer dinero a los más desamparados, o sea, todo lo contrario del mensaje y la práctica de Jesús de Nazaret y de Francisco de Asís. La revancha de los mercaderes del templo podría consumarse ahora en este país, para escándalo del mundo entero y con el silencio cómplice de nuestra Conferencia Episcopal ¡Qué vergüenza!

Si esto llegara a pasar, veríamos en la silla presidencial al menos representativo de todos los políticos que se presentaron a esta campaña, uno que habría engañado a todos los incautos y oportunistas necesarios para iniciar aquí, nada menos que en Costa Rica, el reino (¿o infierno?) de “Dios” en la tierra, es decir, el reinado de los más recientes falsos profetas, quienes combinan, en su propio beneficio, el poder de la palabra con el poder del dinero; contarían, además, con los impuestos de todos nosotros (ellos que no pagan impuestos) La democracia representativa costarricense conocería, así, su mayor naufragio, tal como se está viendo desde los medios internacionales.

Pero, nadie pierda la esperanza, queda todavía mucho por ver, aún no ha sonado el final del partido; sobre todo, queda por ver qué tan sabio o ingenuo es este pueblo laborioso y sencillo y qué tanto nuestra gente sigue amando los valores solidarios que heredamos de nuestros abuelos, frente a los valores egoístas que hoy reúnen a los nuevos fariseos religiosos con los trasnochados neoliberales fanáticos del mercado, alrededor de un negocio redondo que es solo para unos cuantos, para unos pocos elegidos, precisamente elegidos por ese dios que autoriza el comercio de lo espiritual, mediante el reinado triunfante del dios Dinero.

Entre ellos, puede tenerlo por seguro, no estaríamos ni usted ni yo, ni el pueblo trabajador; en particular, tampoco el más abandonado de todos los tiempos: el que vive fuera de la Gran Área Metropolitana, en este país que presenta unas fronteras y costas con gente cada vez más vulnerada, excluida y desesperada. Costa Rica, costa pobre ¡oh paradoja de paradojas!

 

Hernán Alvarado.

 

Enviado por el autor y compartido con SURCOS por Rogelio Cedeño Castro y Carlos Sáenz.

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Prospecto de un país en crisis política

Marlin Oscar Ávila

 

Honduras, en su última década ha pasado por experiencias políticas que ninguna sociedad madura puede envidiar. No solamente es un país que expulsa sus familias completas a buscar su futuro económico al Norte de América, como lo hacen los otros dos países del denominado “triángulo norte”, pero ahora tiene exiliados políticos en otros países, por la constante represión política, asesinatos de sus líderes sociales y políticos, etc. Desde las elecciones de noviembre del 2017, se cuentan más de doscientos exiliados políticos, declarados o no, en su gran mayoría estudiantes. Algunos han logrado salir con visas y medios adecuados, pero otros han tenido que escapar de la represión por cualquier medio que les permita salvaguardar sus vidas. Esto, sin contar con más de veinte prisioneros políticos encarcelados como los peores delincuentes y, lo peor, hay otras decenas de víctimas letales en manos de las fuerzas gubernamentales, regulares o irregulares, aun en la impunidad.

Uno de los logros nefastos del actual régimen dictatorial, con el apoyo de la derecha internacional, es envenenar la conciencia de la juventud para que ésta concluya despreciando la sola existencia de un Estado. Eventualmente puede llegar a desear, o un Estado neo fascista o la anarquía completa. Sin elegir a ningún gobernante por no creer en la real democracia. Podremos llegar a tener una juventud que no creerá posible un Estado democrático esencial para la vida de toda sociedad, pues no habrá llegado a vislumbrar, ni intelectualmente, la libertad, la equidad social y económica en toda su dimensión.

Con los dos últimos simulacros electorales, después del golpe de Estado por un grupo de liberales, aliados con nacionalistas, empresarios y jerarcas religiosos, en el 2009, esta ciudadanía no ha vuelto a vivir un estado democrático; es decir, que su población, ahora apenas en mayoría de edad (18), quien, en el golpe de Estado, apenas tenía cumplidos siete, ni siquiera ha vivido y conocido lo que es una elección política honrada y correcta. Conoce de golpes de Estado, de estados denominados “Democráticos” pero que son de-facto, de sobre-militarización y de violencia por expresar una opinión diferente. No ha vivido, con capacidad de discernimiento siquiera, los pocos años de democracia representativa anterior al 2009. Llegará a sus veintiunos (21) sin vivirlo, pero sí con esperanza de lograrlo, cuando alguien lo persuada de eso. Los gobernantes actuales saben eso, por lo que buscan consolidar un ejército de jóvenes neo-fascistas, que controle cualquier intento de Democracia real.

Los tres poderes de la república formal, junto a sus instituciones autónomas, no son otra cosa que un conglomerado institucional atado, desde sus bases hasta su vértice más elevado, como lo hace una enredadera-parásito sobre un árbol, hasta matarlo. Las redes corruptas, creadas por un grupo militante del Partido Nacional, cada una liderada por sus piezas más astutas, así como cínicas, controlan desde su base, hasta su parte superior, coordinando dentro de un circuito cuyo centro lidera su presidente Juan Orlando Hernández.

Pero este presidente no dirige sólo, este sistema corrupto, avasallador y degradante requiere de otros actores nacionales e internacionales. Él debe contar con las directrices de un grupo cerrado de los grandes empresarios y banqueros, además de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes participan de los mayores beneficios del botín. Éste poder también debe contar con el visto bueno y, generalmente, con las propuestas del poder estadounidense, como es usual. Esa última fuerza internacional ya se ha asegurado del sometimiento absoluto a sus directrices.

Pese a lo anterior, la ciudadanía sigue ejercitando algunas acciones democráticas en sus organizaciones locales, en sus barrios, escuelas, y demás espacios donde puede expresarse con algún grado de libertad. Lo que no deja de haber es la expresión de resistencia y protesta frente a los abusos y ofensas a los derechos ciudadanos por parte de las argollas del poder del PN. Ya se aprendió que no hay que estar inscrito en un partido político de oposición para expresar su repudio al sistema dictatorial, corrupto y narco que tiene el poder usurpado. Se aprendió que el problema atañe a toda la ciudadanía por igual.

No obstante, contradictoriamente, se está aprendiendo que el patriotismo y nacionalismo que expresan los grupos políticos mafiosos es parte de un simulacro construido desde el inicio de sus «carreras políticas» para ganar adeptos. Al momento mismo de acumular los primeros millones obtenidos por actos delincuenciales, abren sus cuentas en bancos internacionales, compran sus lujosas viviendas afuera de Honduras y en «paraísos urbanos» de la clase burgués que no habla el idioma español y menos el catracho. Buscan obtener membresía en clubs de la alta clase social extranjera y rosarse socialmente con grupos de “políticos” y empresarios dueños de fuertes capitales. Eso les hace felices, pues se asimilan cada vez más a otras “especies humanas, menos centroamericanas”.

Porque sus proyecciones familiares están afuera de Honduras, no les importa si dejan abismales deudas en el Estado, menos si dejan un pueblo más pobre y miserable, si las empresas extractivistas se llevan los recursos naturales, nada de eso importa. Más bien, gracias a esos daños irreversibles, esa clase gobernante, puede enriquecerse más rápido. Ojalá haya más pobres, sin casa, ropa ni zapatos, sin alimentación, etc., pues eso permite venderle proyectos a la comunidad internacional, quienes luego los sobre-financian. Así se lucha contra los pobres y a “favor del combate a la pobreza”.

Con esta pobreza institucionalizada y democracia dictatorial, Honduras confirma parte de lo que Trump llama “cloacas obscuras” y que la juventud catracha seguirá rechazando día a día, hasta transformar su institucionalidad en una democracia activa y participativa.

…./

 

Enviado por el autor.

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Presentación del informe de la investigación «La transformación agroecológica en la vertiente pacífica costarricense: Puriscal y Mora (1900-1955)”

Presentacion del informe de la investigacion La transformacion agroecologica en la vertiente pacifica costarricense Puriscal y Mora

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia invita este jueves 15 de marzo a las 10 a.m. a la presentación del informe de la investigación «La transformación agroecológica en la vertiente pacífica costarricense: Puriscal y Mora (1900-1955)”, en el aula 3 del Paraninfo Daniel Oduber de la UNED.

 

Expone:

MSc. Orlando Amaris Cervantes

Comenta:

Dr. Wilson Picado Umaña (UNA)

Licda. Eva Carazo Vargas (CICDE)

Modera:

Dr. Luis Paulino Vargas Solís.

 

Enviado por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo(CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).

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CEPAL: tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992).

Breve puesta en contexto

Se trata de la culminación de esta iniciativa regional, iniciada en mayo del 2015 en Chile y auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL. A la cita concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de América Latina y del Caribe, con el objetivo de poner un punto final a la incorporación, en un instrumento regional obligatorio, de algunos de los principios jurídicos mencionados en el Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, así como de nuevos principios jurídicos existentes, desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. Remitimos a nuestro estimable lector al comunicado oficial de la CEPAL, al comunicado oficial de Naciones Unidas, así como al comunicado oficial de las autoridades costarricenses, saludando la adopción de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones.

La culminación de un arduo proceso negociador

Con ocasión de la octava ronda de negociaciones celebrada en Chile en noviembre/diciembre del 2017, se habían dejado entrever algunos puntos en discusión no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San José de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos habían urgido a las delegaciones a no posponer más en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin más preludios: remitimos al lector a nuestra nota publicada en Debate Global en diciembre del 2017 titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente«.

Como aportes a la discusión, cabe mencionar, entre muchos otros:

– el documento preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor que configurará posiblemente el artículo 9 del futuro texto (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones);

– la propuesta de Argentina y de Perú sobre la participación ciudadana en materia ambiental, configurando lo que será probablemente el futuro artículo 8 (véase texto de la propuesta), con fecha de julio del 2017;

– la propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los artículos 13 a 25 circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobación del texto en Costa Rica (véase texto de la propuesta).

De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos también referir a la reciente Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (véase nota nuestra publicada en Debate Global titulada «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).

Una luz esperanzadora para activistas y defensores del ambiente

Con relación al artículo 9 antes mencionado, su formulación antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufrió mayores revisiones):

«Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso.
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo«.

Como bien es sabido, son innumerables los casos en América Latina de defensores del ambiente que son objeto de actos de violencia y de asesinatos no dilucidados por las autoridades estatales, y que se mantienen en una indignante impunidad.

De igual forma, son incontables los casos de líderes comunitarios y ecologistas llevados en América Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamación, resistencia a la autoridad, violencia en la vía pública, amenaza al orden público u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos: en el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias señaladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamación a publicar un artículo titulado: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» en el periódico La Nación (y que al parecer surtió algún efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).

De alguna manera este artículo 9 viene también a plantear a los Estados la adopción de medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el término de «Slapp Actions» («Slapp» – que significa «bofetada» en inglés – correspondiendo a las siglas de la expresión «Strategic Legal Actions Against Public Participation«): véase, entre muchos, este análisis publicado en Australia en el 2009 titulado «Quantum of strategic litigation — quashing public participation«, así como este estudio al respecto publicado en el caso de Ontario, Canadá en el 2010, titulado «Breaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario» y volante publicado en el 2010 sobre la legislación «Anti-Slapp» adoptada en Filipinas en el 2010.

Una valiosa iniciativa en espera de ser ampliamente difundida

Para quiénes se interesan por la génesis de cada uno de los artículos de este nuevo instrumento regional, el texto finalmente adoptado del futuro tratado consensuado en San José deberá ser comparado con el texto no consensuado correspondiente a la octava ronda de negociaciones (véase borrador del texto con corchetes, propuestas de enmiendas y modificaciones, que lleva la fecha del 22 de enero del 2018). El progreso logrado en las discusiones se puede apreciar con relación al documento de trabajo de abril del 2017, de cara a la séptima ronda de negociaciones realizada en Buenos Aires en julio/agosto del 2017 (véase documento).

Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la región latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretación restrictiva por parte del aparato estatal: es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio insólito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participación pública (véase breve nota nuestra al respecto). De igual manera, la adopción de este instrumento regional coincide con una reflexión doctrinal tendiente a recordar al Estado de Derecho sus obligaciones en materia ambiental: sobre el particular, referimos al artículo del Profesor Mario Peña Chacón (Costa Rica) titulado «Los derechos humanos ambientales en un Estado de Derecho ambiental», publicado en el sitio jurídico de Derechoaldia, y cuya lectura se recomienda.

No hace falta mencionar que la poca cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.

A modo de conclusión: una amplia divulgación requerida

El pasado 2 de marzo del 2018, se conmemoraron dos años del asesinato de la lider indígena Berta Cáceres en Honduras, un hecho que conmocionó a toda Honduras y al movimiento ecologista en su conjunto. Desde noviembre del 2017, el informe GAIPE recopiló toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Elpais.cr).

No cabe duda que la coincidencia de fechas de esta conmemoración con la sesión final en San José de cara a la adopción de este instrumento regional puede ser leída como una poderosa señal.

Nótese que a más de una semana de haber sido aprobada en Costa Rica, no se ha aún podido tener acceso a alguna versión digital definitiva del documento adoptado por las 24 delegaciones presentes en Costa Rica en su versión en español. ¿Cómo explicar este vacío? No se tiene respuesta sobre este punto, que ameritaría una breve explicación por parte de las entidades convocantes a esta cita.

A penas esté disponible en el sitio oficial de la CEPAL, de Naciones Unidas o en el de alguna entidad oficial costarricense, se procederá a remitir al lector al enlace respectivo, no sin antes sugerir, en el marco de este breve comentario, que las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información también debieran de ser aprovechadas por las entidades concernidas para dar a conocer en tiempo real un texto adoptado después de tres años de largas negociaciones.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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La era post santos y la estafa electoral presidencial

Por Carlos Meneses Reyes

 

Abordar el tema electoral a una semana de la fecha de elección de Senadores y Representantes a la Cámara del Congreso colombiano, es tarea atípica para un análisis desde la óptica de la izquierda desarmada en Colombia. ¿Existe esa izquierda?; o mejor aún, comenzar por explicar qué es la izquierda en Colombia.

No se puede descontextualizar el panorama colombiano del latinoamericano y mundial. Por izquierda se entendía una teoría propia para la acción en la lucha contra el sistema capitalista dado, a fin de cambiar esas estructuras, en la búsqueda del fin de la explotación del hombre por el hombre, propia del escenario de la lucha de clases y en la que una ideología: la del proletariado o clases explotadas, buscan la toma del poder por y para los trabajadores, mediante la creación de un partido, que tiene como brújula la toma de ese poder, con la finalidad de la construcción del socialismo. Esta es una concepción propia de la izquierda revolucionaria y guía para la acción de los cuadros revolucionarios. No ha finiquitado en el escenario de la lucha por las utopías. Pero hoy, en el sistema globalizado y el orden económico mundial imperante se habla de una izquierda enfocada en la consecución de las grandes transformaciones sociales, que tome las riendas de un gobierno y/o el manejo de las riendas del Estado, mediante la consolidación del poder político, bajo la fórmula de gobiernos alternativos ante la etapa más salvaje del capitalismo, conocido como el neo liberalismo privacionista o de privatizaciones.

Se concibe una izquierda como brújula dirigida a elevar el nivel de calidad de la población. El paso a los gobiernos alternativos se surte bajo prontuarios progresistas y socialdemócratas; operados o imbuidos bajo políticas frentistas o de frente. En esta concepción el salto cualitativo de la izquierda es la toma del gobierno, no la toma del poder. Esto es lo sucedido durante los últimos treinta años en Latinoamérica con la conformación de gobiernos alternativos o triunfos de gobiernos de izquierda (Venezuela, Brasil. Ecuador, Bolivia, Nicaragua). No han significado la toma del poder político. Así entendido, el Estado de la Revolución Bolivariana, es un Estado capitalista. Explicable, que las negociaciones del gobierno bolivariano con la oposición venezolana en Santo Domingo enmarcan dentro de las relaciones capitalistas. Cuando el hecho político de una negociación se da, en cualquier país del mundo, es para que lleguen a feliz término. Pueden sucederse varios intentos, pero el derrotero final será el acuerdo. Es propio del carácter imperativo de los pactos sociales. Si el Estado bolivariano fuera de y/o para los trabajadores, pues no hubiere conversaciones con la oposición; puesto que significaría que triunfó la revolución socialista; en la que no existe oposición sino unidad nacional en torno a la construcción del Socialismo. Otra cosa es que la injerencia del imperio haya dado al traste con las conversaciones en Santo Domingo entre el gobierno bolivariano y las fuerzas opositoras y se haya circunscrito un acuerdo, así explicado y comprendido, con un espectro menos amplio de la oposición venezolana, actualmente, en torno a las próximas elecciones en ese país.

Volviendo a la realidad colombiana, me acojo a que entiende por izquierda Boaventura de Sousa Santos: Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.(1). Véase Boaventura de Sousa Santos: «Una izquierda con futuro», en Rodríguez Garavito, C., et al., La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, pp. 437-457 (2005).

ANTECEDENTES PARA ABORDAR LA ERA POST SANTOS

Comencemos por rememorar por qué se da la conversación del fin del conflicto armado y su conclusión a feliz término entre el Establecimiento colombiano y la insurgencia de las Farc-ep. Ello obedeció a que los factores de poder predominante en Colombia, esencialmente oligárquicos y excluyentes, tornaron en una corriente de fuerza conjunta, ante el fracaso del experimento contrainsurgente paramilitar, representados en la política de “seguridad democrática” del duplo gubernamental de Uribe Vélez (conocido como el innombrable). Así entendido, se impuso una política de CENTRO. En doctrina política, lo de Centro corresponde a un espacio político esencialmente autónomo. A el confluye, no en forma mecánica, sino en un proceso dialéctico de historia, la capacidad de recibir todas las aspiraciones positivas, que en un momento dado sintetiza las aspiraciones de una sociedad. De tal manera que el Centro- en política- no es la identidad de un individuo, sino la síntesis de creatividad (política) de la organización política, expresada en partidos, que inducen su energía propulsora a encauzar las fuerzas que confluyan en proyectos comunes, en el escenario de las conquistas sociales de los pueblos. Ese sería el panorama predominante que podemos registrar durante el duplo gobernante del presidente Santos, hasta la firma del Acuerdo de La Habana y el Teatro Colón, que selló el fin del conflicto armado interno con la insurgencia de las fuerzas armadas de Colombia, farc-ep. Esa tendencia del bloque oligárquico de poder predominante cambió y sus variables se notaron en el debate de la implementación de los Acuerdos. No hubo necesidad de hacerlos “trizas” como pregonó el discurso de la derecha militarista. Los proyectos comunes y la filosofía de armonía y equilibrio de poderes se enfrentaron con el juego del poder legislativo y la enredadera del poder judicial, aunada la incidencia de un activismo de la Fiscalía, que no representa función de control constitucional; el asomo de la Procuraduría, como para no quedarse atrás y el desface de una Contraloría, a contrario del mandato constitucional de incidencia en la suerte de los fondos para la materialización de la implementación de lo Acordado. Por lo dado y así analizado, podemos concluir, que logrado el desarme de la insurgencia fariana, como fin primordial del Establecimiento y ya en las postrimerías del desgobierno del presidente Santos, la tendencia política de Centro, cesó, se extinguió, para dar paso a una política de derecha en consolidación al bloque de poder oligárquico imperante, con la sumatoria de réditos políticos que ha implicado la entrega de las armas de las antiguas farc-ep y su extinción como fuerza beligerante contra el Estado colombiano.

De manera que como faro de referencia tomaremos la era Post Santos como de una tendencia predominante de derecha.

SUSTENTACION DE LO ANTERIOR

Sin necesidad de acudir a un mayor esfuerzo del racionamiento expuesto y en lógica consecuencia del funcionamiento de la política, importa detenerse en los actores y/o espectadores que intervienen en el actual devenir histórico de la vida política nacional. Para ese escenario las fuerzas propulsoras que ejecutan proyectos comunes o de identidad partidaria giran – en la actualidad en Colombia- entre la Derecha y la Izquierda. No es dable hablar de Centro.

Partiendo de lo entendible que significa la Derecha en el ejercicio de la permanencia del Establecimiento, o estados de cosas actual; detengámonos en el ejercicio por comprender qué es la Izquierda en Colombia.

Tradicionalmente se identifica la izquierda revolucionaria la adepta a cambios revolucionarios a través de la lucha armada. Desde la teoría del foco guevarista no se concebía izquierda que no fuera revolucionaria y no fuera armada. Esta izquierda siempre permaneció dividida entre varias organizaciones político- militares armadas. Por cuenta del Frente Nacional, etapa en que los partidos tradicionales de interés oligárquico se repartieron el botín burocrático del Estado colombiano milimétricamente entre ellos dos, excluyendo cualquier expresión de izquierda opositora; turnándose la presidencia los dos partidos que originaron la Violencia y por ende actores y coautores del genocidio político, que costó la vida a más de trescientos mil colombianas y colombianos. Durante el llamado Frente Nacional (1958 a 1974, dieciséis años) surgieron las guerrillas insurgentes comunistas FARC-EP, ELN, EPL y surgió una guerrilla, el M-19, a raíz del robo de las elecciones al Partido Anapo, el 19 de abril de 1990; por el que la oligarquía instauró al último presidente del llamado Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Guerrilla que se alejó del marxismo-leninismo, de inspiración y postura nacionalista- militarista. Esa guerrilla de extracción pequeñoburguesa de las ciudades y también vinculada al trabajo campesino, en menor escala, actuó desde el año de 1974 a 1994, caracterizándose por sus acciones espectaculares en las ciudades. Se desmovilizó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1990-1994).

Luego del llamado Frente Nacional continuaron los mismos partidos oligárquicos tradicionales alternándose el poder. Periodo conocido como de las “dictaduras civiles” con estatutos de seguridad incluidos; violación a los derechos humanos y al Estado de Derecho e incremento de la guerra contrainsurgente con la aplicación de la doctrina militar, la del enemigo interno y saturación de la barbarie e ignominia de la crueldad de la guerra sucia con la asunción de la creación del experimento paramilitar y la conducción de un modelo estatal a una economía subterránea de subsistencia con el narcotráfico, que ha llevado a la configuración de un Narco-Estado, hoy en día.

El proyecto de terminación del conflicto armado con la insurgencia de las Farc-ep no se proponía alcances de reformas políticas y económicas de fondo. Alentaba en la aspiración de desarmar las fuerzas de esa guerrilla, para garantizar que el capitalismo nacional y extranjero, minero, energético y desbastador del patrimonio ecológico tuviera libre acceso a la tierra y a los territorios que les eran vedados. Lo de la implementación se enredaría. Esa es una verdadera victoria política cantada del bloque de poder oligárquico. Y al así resonar esa diana ensordecedora en la conciencia del movimiento popular y esas ondas sonoras hicieron saltar en añicos la tendencia de Centro en Colombia, para darle paso al predominio de la tendencia de Derecha, sin matices, ni asomos edulcorantes.

La tendencia de Centro comienza por superar la disputa existente entre Santos y el innombrable. Desde las alturas del poder dominante o bloque de poder oligárquico, se trata de proponer la llamada “tercera vía” de Santos, carente de autenticidad y trasplantada mecánicamente al escenario político colombiano. Pero la respuesta en el imaginario social y popular es la identificación de esos matices engañosos en la consideración que se trata de ambas caras de una misma moneda. No hay tal “centro derecha”, ni “extrema derecha uribista” (o “uribeña”). Utilizando un lenguaje especifico, por las características comunes que comparten, en el escenario político colombiano, ellos o ambos, se identifican con un criterio de clasificación único y por ende comparten una misma jerga, un discurso especifico idéntico. Con categorías identificables de intereses comunes, de reconocida identidad en lo retrogrado, violento, corrupto y regresivo. Asistimos a la consolidación del poder oligopólico, como el escenario de un mercado dominado por pocos vendedores, siendo el país movido por los grandes empresarios, como Carlos Ardila Lule, quien centra los monopolios de RCN, industrias de las gaseosas e ingenios azucareros y deportes masivos con el Atlético Nacional. Luis Carlos Sarmiento Angulo con el Grupo Aval, Fondo de Pensiones Porvenir, El Tiempo, Clubes de Futbol como Millonarios y América de Cali. El capital especulativo del Sindicato Antioqueño, con el usufructo de la Banca, conformado por Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, Grupo Sura, Fabricato. La industria de la construcción de la Costa Atlántica, con el cacique senador Fuad Char, dueño de la cadena Olímpica y del Junior de Barranquilla. Todos beneficiarios directos del fin del conflicto armado parcial, primando sus intereses sobre el de las víctimas del conflicto, orondos sobre el gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie.

ALGO SOBRE LA ESTAFA ELECTORAL QUE AVECINA

El espinoso tema electoral tiene dos vertientes: Una, la elección de Senadores y Representantes a la Cámara. Dos, la elección de presidente de la República. Competir con los analistas de derecha sobre el tejemaneje electorero es tarea ardua. Parten de presupuestos y de suposiciones. Toman el acumulado de lo ilegitimo histórico de los resultados pasados de un sistema electoral corrupto de entronización de la ilegitimidad y también de la ilegalidad. Proyectan sobre lo falsario; bajo la egida de la dictadura mediática y del conduccionismo de la opinión pública. Sin ningún reato de conciencia, no cumplen pena, luego de haberse absuelto el pecado del fraude. Estériles elucubraciones sobre cuantos podrán salir, con la seguridad absoluta que el uno sí, que el otro, no. Son verdaderos prestigiadores, ilusionistas, como expertos en la combinación de trucos y habilidosas verborreas, sorprendiendo con encuestas y entrevistas viciadas en el arte de hacer aparecer y desaparecer electores y descubrir lo inocultable. Al escucharlos y leerles rememoro la invocación del cuadro del pintor flamenco El Bosco “El prestidigitador y el ratero”, de la coloquial toma grafica del truco de la bolita: ¿Dónde está la bolita? Levanta la tapa y en esta otra tampoco. En esa labor de rateros y embolatadores de la opinión pública, ocultan, cohonestan y participan en el engaño, el mentís y la burla para el incauto que carece de malicia y se deja engañar. De cuando acá que el partido tal perderá un congresista y que el del innombrable crecerá en número de elegidos o que el palo de sorpresa va a ser tal. Confieso la imposibilidad para competir en tan inmoral juego.

Pero intentemos abordar un análisis de la situación electoral, sin los referentes de las encuestas, los programas manipuladores de opinión, las entrevistas preconcebidas en el tejemaneje impositivo de la dictadura de los medios, sin soporte probatorio fidedigno.

Partir de hechos concretos como ha de ser la política. Partiendo que en política se suma y no se resta; la perdida de oportunidad del candidato Sergio Fajardo de llegar a una coalición con el también aspirante De La Calle, los colocó – recíprocamente- en una situación de desventaja. La candidatura de Vargas Lleras reposa sobre el supuesto de los cuatro millones de firmas recogidas, que a la postre se redujeron en un cincuenta por ciento. La consulta del 11 de marzo no solo medirá el pulso del fraccionado Centro Democrático, para la escogencia de su candidato, avalando que el aspirante Iván Duque ha modificado el discurso agresivo de su mentor, acudido a soportes académicos e identidades de relaciones con sus contendores de clase e intereses, buscando apoyo en sectores de la derecha diferentes a su partido; lo cual causa escozor en su interior.

Pero el centro gravitacional de cara a la primera vuelta presidencial radica en el fenómeno Petro. En esto de las lides electorales también juega quien pega primero, pega dos veces y la campaña presidencial de Petro tomó ventaja, al menos con un mes de antelación, optando por el lleno de las plazas públicas (Sincelejo, Valledupar, Comuna 13 de Medellín, Ciudad Bolívar, etc.). Ello implica, indudablemente trabajo organizativo. El único que ha respondido ha sido Vargas Lleras, con la manifestación en Cúcuta, en un derroche costoso de dinero; colocando diez mil sillas plásticas en dos cuadras de la encerrada céntrica avenida quinta, doblando, visualmente, el efecto de sus asistentes. También con su presencia en la Plaza de Bolívar, al acudir a los fanáticos de una mega-iglesia de una tal Castellanos de elevados costos invertidos en el traslado de feligreses y la difusión, en la gran prensa de foto montajes del evento.

El sorprendente interés que ha desplegado la candidatura presidencial de Gustavo Petro ha colocado la encuesta partidaria a realizarse el próximo domingo 11 de marzo, en el mejor instrumento para medir el alcance de sus aspiraciones. La expresión que las bases del Polo y las del Partido Verde, pidieron pista a sus directivas para permitirles públicamente depositar voto a su favor en esa contienda, demuestra el peso específico de esa aspiración y la ratificación que la izquierda unida colombiana se identifica con su propuesta. Un factor material de análisis carentes de fementidas encuestas, que al tomarlas nos permite deducir la existencia de algo, es la disponibilidad del activismo socialdemócrata y liberal a no dejar pasar las expresiones de la extrema derecha fascista y militarista representada en un candidato del Centro Democrático. En tal sentido admite que un grueso de ellos participe en la consulta a favor de Gustavo Petro. Repito, la consulta del 11 de marzo se constituye en optimo barómetro, en el que, de manera explícita y clara, por no decir gráfica o virtualmente se va a definir la suerte entre el candidato Petro y el candidato Iván Duque. A ojo de buen cubero, a promisión para el interés del candidato Gustavo Petro, ha de superar el total de los votos emitidos en esa consulta, mínimo en un 50% a total de la votación de la consulta del Centro Democrático. Y cómo después de la quema se ve el humo quedará la figura del delfín Vargas Lleras, que tiene que ver directamente con los intereses de los grandes cacaos ya mencionados; puesto que ellos no arriesgan equivocarse en quien represente sus intereses, su proyección financiera especulativa y planes a futuro.

Analicé que la división entre la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria, adepta a cambios radicales a través de la lucha armada fue algo del pasado. Ello permite avalar que la imagen de la izquierda no requiere “purificarse” ante los ojos del establecimiento, ni retocarse ante los ojos de la dictadura mediática, con tintes de derecha, para ser bien vista. Aquí no opera- como insiste la mediática en imponérnoslo- el fenómeno relacionado con los candidatos “antisistema”, en los cuales opera como efecto de las redes sociales y de las denominadas “fake news” de propagación rápida, una repetición sobre el sorprendente resultado del plebiscito por el NO. Aquí no se puede injertar el resultado del “Brexit” en el Reino Unido; o, así como sucedió en las últimas elecciones en Guatemala; o del citado efecto “fake news” con relación a Trump, o el salto de un desconocido a la presidencia de Francia.

Siendo que objetivamente no ha concluido el conflicto armado interno en Colombia, es evidente la injerencia de la diplomacia de las cañoneras por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Es constante en el propósito del destino aciago que causa tristeza y dolor al pueblo colombiano, por defender, en nuestro territorio, los intereses económicos de sus empresas, los intereses geoestratégicos, por la ubicación de Colombia, para consolidar su dominio intervencionista continental, aunada a los intereses de las oligarquías colombianas, como sus aliadas incondicionales gracias a su docilidad y el poderoso despliegue de las fuerzas armadas colombianas, como si fueren el agente político mas próximo del imperio, dispuestos a jugar un papel crucial en los procesos políticos internos del país. Pero el Actual debate electoral va dejando en claro que el vértice no es la incidencia en la situación de la vecina Republica Bolivariana de Venezuela; ni el NO a los Acuerdos de La Habana; como tampoco el que se patee o no la Mesa de Conversaciones con el ELN en Quito.

Obviamente, corresponderá analizar los resultados electorales del 11 de marzo. Quede claro, por el momento, que tal como esta la equivalencia de juego de fuerzas e intereses conviene ubicar dentro del bloque de poder oligárquico las candidaturas de Vargas Lleras, la de Iván Duque, De La Calle y Sergio Fajardo. De ser así el indicativo, preparémonos para que la torcida de las encuestas contra Gustavo Petro sea adyacente a la hipótesis política que circula en portales y medios alternativos de información, en el sentido que “Petro podrá ganar las elecciones, pero será Vargas Lleras (Gé Vé Llé) con su mafia de Cambio Radical quien será el próximo presidente de Colombia. A Petro lo estafaran…Y es vox populi: “o lo asesinarán”.

 

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