La Escuela de Ciencias Políticas, el CIEP y el CIEM de la UCR invitan este jueves 22 de marzo a las 7 p.m. a la presentación del libro Política y matrimonio gay en América Latina, con el profesor Jordi Díez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Guelph, Canadá.
La actividad se llevará a cabo en el Instituto Cultural de México.
Moderador: Felipe Alpízar, director CIEP, UCR.
Comentaristas: Larissa Arroyo, directora ACCEDER y María José Cascante, sub-directora CIEP, UCR.
Enviado por Comunicación y Divulgación del CIEP, UCR.
Releo los artículos fundamentalistas, tanto con tintes políticos, electorales y religiosos, en relación con los Alvarado, y encuentro que, hay sectarismos, en todos los bandos. Esta carambada parece unas nuevas Cruzadas desde una pequeña Costa Rica, subjetivista y en la que parece que el sistema de instrucción ha servido más a la enajenación que a liberarnos como personas. Estas elecciones nos tienen enceguecidos a expertos y misceláneos en política y religión, porque nos empujan a que pensemos que éste o aquel va a ser mejor gobernante, ¿por cierto, quién gobierna en Costa Rica?, a ocultarnos que la democracia representativa, herida de muerte y agonizante para el pueblo de Costa Rica, es pasajera. Dicho esto, y que para que quede claro, reitero que, ni uno, con Biblia en mano, ni el otro, con una supuesta humildad aparente, resolverán al pueblo sus graves problemas y su más de 100 años de injusticia y exclusión, ya que el sectarismo religioso y el antirreligioso que vivimos estos días, unas veces disfrazados de intelectualismo, otras de forma chambona, nos llevará a auto excluirnos y en esta carrera en pos de justificar lo injustificable, hasta alteramos contextos históricos. Cuando atribuyen a Jesús haber dicho a “Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” olvidamos una máxima dialéctica: “Un texto sin contexto es un pretexto”. En este caso basta ir y analizar el contexto histórico, político y económico, así como a quién iba dirigido el mensaje de este líder, a fin de tener una idea del por qué Jesús fue tan categórico en materia de impuestos. Mientras pasemos de puntillas sobre todo este contexto, me parece, y lo digo con el mayor respeto, es un simple pretexto para defender una tesis, que se convierte en una falacia de autoridad, como suelen llamarla los juristas, que consiste en recurrir al conocimiento o trayectoria moral de alguien de peso para convencer con mis argumentos. Diez Picasso nos puede dar más luz en su libro sobre el Estado y el PODER.
II).- Yo supongo que nadie calificaría hoy a Francisco de intentar ponerle mecha a una MOLOTOV, anunciando, como lo hizo, la canonización de Monseñor Romero que hizo del contexto de la pobreza, los desaparecidos, los expatriados de El Salvador, una actualización del mensaje de Jesús que, por cierto no gustaba nada a la jerarquía conservadora, y especialmente, de quien después pasó a ser venerado como santo: Juan Pablo II. Este acto de Francisco, respecto a ROMERO, no puede calificarse de mero acto: Es una manifestación política de un religioso que está a la cabeza de la religión católica, apostólica y romana. Agrego algo más: NO HAY UN SOLO Estado en LATINOAMERICA, en el cual la religión católica, apostólica y romana no haya tenido que ver con la formación del mismo, desde el mismo momento que el europeo llegó a saquear estas tierras, hasta el día de hoy. POR EL DESARROLLO HISTÓRICO DE CADA UNO DE LOS Estados, en algunos de ellos, la presencia de los purpurados se disimula más que en otros, pero está presente en todos, la hipocresía de Occidente, que en casi todas las áreas ética y morales, tiene doble rasero, pues nos ha hecho creer que religión y estado deben ir separados, cuando eso no se cumple ni siquiera en la Federación Rusa, donde los ortodoxos tienen influencia directa en el KREMLIN; NO POR ESO PODEMOS DECIR QUE LOS RUSOS ESTÁN EN LA COLA DEL DESARROLLO POR LA RELIGIÓN. Lo traigo a colación para que veamos hasta donde llega la hipócrita moral religiosa de Occidente, donde sí la religión ha servido materialmente al poder que ellos mismos ayudaron a establecer, en detrimento de los oprimidos a quienes ofrecen un Reino lejano, ocultándoles que el verdadero Reino está acá y es que usted y yo levantamos con la lucha día a día.
III).- Con el desarrollo de los medios de comunicación en América Latina el monopolio del saber religioso, así como la interpretación de la Biblia, su sistematización y visión de otros grandes escritores que fueron excluidos arbitrariamente, amenazó seriamente el conservadurismo de la jerarquía de la iglesia. Para peores de males, para estos conservadores, se vino para América LATINA LA Revolución Cubana, y a millones de nosotros el marxismo y el materialismo histórico, nos abrió los ojos para ver que la opción por los pobres, las mujeres lanzadas a vender su sexo por falta de trabajo y falta de escolaridad (EUFENISTICAMENTE OCCIDENTE las llama trabajadoras del sexto y no prostitutas, como la MAGDALENA), POR EL CAMPESINO SIN TIERRA, POR EL OBRERO REPRIMIDO, NO SOLO TENÍA CABIDA EN EL DISCURSO DE JESUS, sino que era muy semejante a la bandera que levantaron revolucionarios como FIDEL, El Che, Camilo Torres, Cabañas, etc.. Después vino la teología de la liberación y enseño en América Latina que la religión de nuestros ancestros esclaviza; el cristianismo como conducta y ética, libera. Y todo iba muy bien, hasta que el enemigo número uno de la humanidad descubrió que las estructuras del catolicismo, del que se había servido históricamente, necesitaba ser reforzadas, con tal de que jamás naciera una IGLESIA latinoamericana con características propias, con un cristianismo que hiciera de JESÚS histórico su eje primordial. Financió y desarrolló por todos los medios la llamada iglesia electrónica, escogiendo como sus actores principales la denominación pentecostal, partiendo y haciendo suya una enseñanza que el catolicismo había repetido Y ATRIBUÍDA A Jesús, cuando dijo que debía de irse pero a ustedes dejo un ayudador. Se refería al espíritu santo. Fue cuando por todo América Latina las congregaciones pentecostales brincando, bulliciosas, hablando en lenguas, según ellas, curando enfermos etc, salieron de debajo de las piedras; la respuesta del catolicismo fue los carismáticos. Pero la CIA había logrado su cometido. Había puesto a pelear el catolicismo romano contra la teología de la liberación, y a los llamados “protestantes” o evangélicos los metió a todos en el mismo saco, habiendo distintas denominaciones cristianas como presbiterianos, anglicanos, bautistas etc- a fin de que la brecha histórica surgida a raíz de la reforma de Martín Lutero, se agrandara hasta nuestros días.
IV- Por eso veo con tristeza, como incluso, personas que se suponen tienen una capacidad analítica admirable, que un patas vueltas como este humano no les amarra los cordones de los zapatos, estén enfrascados en convencernos que éste es mejor, porque anda con una biblia debajo del brazo, es mejor el otro Alvarado, porque tenemos matrimonios homosexuales defiende las guías sexuales o el estado laico, hay que apoyarlo. Al 20% de la población se le está cayendo la casa, unos 500 mil costarricenses comen gracias a la tarjeta de crédito, los latifundistas de Guanacaste están dejando sin sus parcelas a los campesinos si no se apuntan a sembrar piña y melones, los salarios en el país están congelados en el sector privado, el sindicalismo en la industria es un sueño. PERO Fabricio ya escogió su equipo de gobierno.¨ ¡Ay….y qué equipo de neoliberales!, el otro Alvarado no se queda atrás. PROMETIÓ A LAS CÁMARAS PONERLES A DISPOSICIÓN UN MINISTRO SIN CARTERA. Y en la mira de ambos grupos está el negocio privado de la Electricidad, está el BANCO nacional que lo van a quebrar. PIDAN LA LISTA DE NOTARIOS EXTERNOS QUE DESIGNÓ ELPLN y el PAC EN EL Nacional y ustedes verán las mansas palomas que están cartulando; está RECOPE, está la educación pública, la salud…. En lugar de estar en esas babosadas deberíamos estar ya reuniéndonos para finiquitar una estrategia de lucha, buscando coincidencia para organizarnos, articularnos y movilizarnos.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Quizá muchas personas vean la cercana elección presidencial con indiferencia, como una más de las repetidas disputas electorales que se han dado en el país. Otras, decepcionadas por la política nacional, vuelven su mirada hacia otro lado, como si no fuera con ellas. Con todo respeto, quienes así proceden se equivocan. Esta elección nos coloca ante uno de los momentos más críticos en la historia política e institucional de Costa Rica.
La posibilidad de que llegue al poder ejecutivo un grupo con el planteamiento del Partido Restauración Nacional (PRN) tiene profundas implicaciones que remecen elementos esenciales de la convivencia democrática. Una sociedad compleja y diversa como la nuestra debe fundamentar su funcionamiento en valores de respeto a su heterogeneidad, de tolerancia y de debate racional que considere las perspectivas y las opiniones de todas las personas y colectivos.
En su historia, y en medio de variadas tensiones, el país ha logrado cimentar aspectos clave para la vida democrática, tales como la coexistencia de posiciones diversas, la valoración de los derechos humanos y de la dignidad de las personas más allá de sus creencias, el respeto al ámbito de la intimidad y de las opciones vitales de cada quien, y el apego al derecho nacional e internacional. Algunos de estos valores medulares han sido claramente cuestionados por la dirigencia del PRN. Es algo muy grave.
Pero además, las posiciones fundamentalistas que este grupo asume en temas de impacto en la vida nacional va contra la tendencia madura de la política basada en evidencias. Los planteamientos que se elaboren sobre asuntos diversos deben tener un sustento racional centrado en lo que la realidad nos muestra, en lugar de partir de posiciones basadas en la intolerancia, las verdades preconcebidas y los prejuicios.
Los informes del Programa Estado de La Nación y los de otros grupos que estudian nuestra sociedad ofrecen valiosos insumos para la toma de decisiones. Se requiere cultivar una cultura política centrada en el análisis riguroso de lo que ocurre en el país y en la discusión respetuosa de posiciones divergentes. Por ello, la posibilidad de que los complejos temas de la vida nacional sean abordados desde la óptica de quienes creen poseer la verdad de manera exclusiva tira por la borda cualquier intento de construir una convivencia basada en el debate constructivo. El respeto a la pluralidad debe prevalecer.
No menos importante en esta coyuntura es la necesidad de optar por un grupo de personas que hayan mostrado capacidad y experiencia en el manejo de los asuntos públicos, cuya formación y trayectoria garanticen que, una vez en el gobierno, se pondrán al servicio del bien común con una filosofía de análisis, diálogo y búsqueda de consensos. A la hora de hacerse cargo de la conducción del país, la improvisación es un pésimo insumo.
Estamos entonces ante una coyuntura electoral decisiva. No cabe la indiferencia ni el cinismo; tampoco es tiempo de adoptar posiciones oportunistas en el complejo ajedrez político nacional. Lo delicado de la situación invita a una clara toma de posición. Es fundamental colocar en el gobierno a un grupo que respete y cultive aspectos esenciales de la convivencia democrática. En este contexto tan crítico, se nos presenta una clara opción: votar por Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
(*) José María Gutiérrez, microbiólogo y profesor universitario.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Artículo publicado originalmente en www.elpais.cr y publicado por SURCOS a solicitud del autor.
Figura extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Carlos y Fabricio arrancan parejos la segunda ronda: CIEP».
La actual campaña electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. Uno de ellos, entre muchos más, tiene que ver con el hecho que esta campaña ha sido extremadamente profusa en referencias al derecho internacional. Algunas declaraciones de uno de los candidatos a la Presidencia fueron puestas a prueba en este interesante artículo publicado por el Semanario Universidad (véase texto del artículo titulado «Las ideas de Fabricio Alvarado sobre la Corte IDH, puestas a prueba«).
Al haber dedicado varios años a la enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el observar la percepción que tienen unos y otros de esta rama específica de la ciencia jurídica, tanto en los partidos políticos como en los medios de prensa, así como en otros espacios de debate, constituye una inédita coyuntura, que amerita algunas breves reflexiones.
Soberanía y derecho internacional
Para iniciar, podemos recordar que ningún Estado se ve sometido contra su voluntad a aplicar normas internacionales. La base de las obligaciones internacionales de un Estado la constituye el consentimiento en obligarse expresado por el mismo Estado. Por ejemplo, si Israel no ha ratificado la Convención para la Prohibición y Uso de Armas Químicas de 1997 (véase estado oficial de ratificación), sus disposiciones no le son aplicables. Para citar otro ejemplo más cercano a todos nosotros, si Costa Rica no ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los de sus Familiares de 1990 (véase estado oficial de ratificaciones), no hay cómo forzar a Costa Rica a someterse a este tratado y a los mecanismos de monitoreo y supervisión previstos.
El consentimiento en obligarse a un tratado internacional constituye un acto libre y soberano, mediante el cual el Estado acepta internacionalmente obligaciones contenidas en un tratado, cual sea el ámbito de este (comercio, transporte, desarme, salud, derechos humanos, ambiente, u otro). Cada Estado prevé en su ordenamiento jurídico los procedimientos legales para manifestar este consentimiento.
Si un tratado establece un órgano o un mecanismo para examinar el cumplimiento del Estado con respecto a las obligaciones internacionales que contempla, ello forma parte del conjunto de obligaciones suscritas contraídas. Por lo tanto, afirmar que una resolución de un órgano internacional, cual sea la denominación de esta, “atenta contra la soberanía” de un Estado, es desconocer uno de los basamentos fundacionales del derecho internacional contemporáneo: la voluntad soberana del Estado.
Al inaugurarse un valioso espacio de reflexión propiciado por la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI), habíamos tenido la oportunidad de referirnos a la contribución histórica de Costa Rica al desarrollo del derecho internacional, que va mucho más allá del campo específico de los derechos humanos (Nota 1).
En este inicio del 2018, insistentes cables nacionales e internacionales tienden ahora a teñir de gris esta imagen de Costa Rica en la defensa y en la confianza en el derecho internacional, iniciada hace más de 100 años, y reforzada con la abolición del ejército en 1948, que lleva con gran orgullo cada costarricense. Tal y como lo planteábamos en la precitada nota “defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que movilizando tropas”. Las actuales autoridades de Costa Rica acaban de celebrar, al iniciar este mes de febrero de 2018, decisiones del juez internacional de La Haya que confirman esta apuesta costarricense hecha hace 70 años.
La posibilidad de liberarse de obligaciones internacionales
Todo Estado que asume libre y soberanamente compromisos internacionales, cual sea el ámbito de estos, puede, si así lo consideran sus autoridades, optar por suspender los efectos jurídicos de estos, procediendo a retirarse del instrumento normativo que los establece, según los procedimientos internos previstos en su ordenamiento jurídico.
Como ejemplos recientes, podemos indicar que desde el referéndum del 23 de junio del 2016, el Reino Unido está procediendo a retirarse de los instrumentos legales que crean la Unión Europea y negocia las condiciones de su salida. Promesas de campaña del actual ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2017 han llevado a Estados Unidos a renegociar el acuerdo comercial vigente con Canadá y México, y a retirarse del proceso de negociación de otro instrumento (el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica más conocido como TPP). Otra promesa de campaña llevó a Estados Unidos a anunciar en agosto del 2017 su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, procediendo el Departamento de Estado a redactar una nota formal cercana a un verdadero malabarismo legal, incluyendo el uso del término «reengage» inexistente en el léxico del derecho internacional (Nota 2): para presentarlo de la forma más sencilla, Estados Unidos pretende retirarse de un tratado al que no es aún parte, lo cual plantea serias interrogantes para muchos especialistas en el derecho de los tratados.
En efecto, es cuando han suscrito y luego ratificado un tratado internacional que los Estados pueden proceder a denunciar el tratado (y no antes). La figura de la denuncia está expresamente contemplada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual dedica una cláusula a esta figura legal, ampliamente reconocida por el derecho internacional (Nota 3). La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, también suscrita en 1969, incluye una disposición (el Artículo 78) relativa a su denuncia (véase texto), al igual que muchos instrumentos multilaterales.
En América Latina, podemos referir al lector a algunas denuncias a diversos tratados multilaterales realizadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en los últimos años (Nota 4). En el caso de la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las reacciones registradas lamentando esta decisión fueron de tan solo cuatro Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos – OEA -, de los cuales uno (Estados Unidos) no es parte a dicho instrumento.
Considerada como una atribución soberana del Estado, tanto la jurisprudencia como la práctica internacionales validan la denuncia de un tratado internacional, sujetándola simplemente a algunas condiciones, en particular en cuanto a sus efectos, que no pueden ser inmediatos.
En un ámbito distinto (el retiro de una declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal hecha por un Estado), la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la argumentación de Perú en 1999 dictaminando que este retiro tampoco podría surtir efectos de forma inmediata (Nota 5).
Declaraciones de campaña que merecen una aclaración
Un gobernante puede como Jefe de Estado retirar a Costa Rica de las organizaciones internacionales a la que es parte y denunciar los tratados que considere que son lesivos para el Estado, o retirar la declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal.
Lo que debería de precisar quién sostiene esta posición siendo candidato a la Presidencia (y hacérselo ver sus contrincantes si no lo hace), es que ninguno de estos actos surte efectos inmediatos, y mucho menos de forma retroactiva: el ordenamiento jurídico internacional puede resultar a veces un tanto inacabado para el jurista, pero las reglas para liberar a un Estado de una obligación internacional son extremadamente precisas.
Dicho en otras palabras, ninguno de los temas de derechos humanos que han motivado tan peculiar postura durante esta inédita campaña electoral se vería afectado al retirarse Costa Rica de una organización internacional o bien al denunciar un tratado: estos actos, de materializarse algún día, no surtirían efectos sino después de un plazo de 12 meses contados a partir de la notificación hecha por Costa Rica al depositario del tratado (figura cuya función recae usualmente en la Secretaría General de alguna organización internacional).
Por lo tanto, ninguna obligación internacional derivada de un tratado internacional o de una decisión de un tribunal internacional relativa a la discriminación de la población sexualmente diversa podrá ser desconocida por el Estado costarricense si Costa Rica optase, en algún momento, por denunciar un tratado o retirarse de una organización internacional.
El efecto inmediato de declaraciones de esta naturaleza
En cambio, un candidato a la Presidencia puede estar seguro del impacto inmediato que puede tener esta postura, generando titulares que pueden debilitar la credibilidad de Costa Rica en el plano internacional, al poner en tela de duda la seriedad de los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional.
Tratándose de un ámbito tan sensible como el de los derechos humanos, estos titulares pueden incluso estar dando ideas a gobernantes de Estados con una tradición mucho menos respetuosa de los derechos humanos (y en particular de los derechos de las minorías) que la que ha prevalecido históricamente en Costa Rica.
Una reciente declaración pública sobre un futuro gabinete formado por personas «moralmente heterosexuales» (véase nota de La Nación) plantea interesantes preguntas, que confirman la percepción antes apuntada. Las disculpas públicas presentadas con posterioridad (véase nota de ElMundo.cr) constituyen una buena señal, en medio de la crispación de actitudes y discursos que ha provocado la actual campaña electoral. En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio (Nota 6).
En Chile, en setiembre del 2017, su Presidente firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación (véase nota de prensa de Cooperativa): remitimos al lector al texto del proyecto de ley como tal, disponible en este enlace.
Una peligrosa deriva discursiva
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había advertido sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio que parecía haberse apoderado de la campaña electoral costarricense, después de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero (véase nota de prensa de ElMundo.cr). Semanas después, se registra un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad).
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la Corte Europea de Derechos Humanos, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por esta y algunas otras entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla (Nota 7).
Recordemos que desde 1966, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas estipula que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley” (Artículo 20, párrafo 2).
Volviendo a la situación en Costa Rica, en materia de lucha contra la discriminación y contra la intolerancia, la tarea pendiente es aún laboriosa. En sus observaciones al informe oficial presentado por Costa Rica (pocamente divulgadas en medios de prensa), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en abril del 2016, entre muchos otros puntos preocupantes en materia de derechos humanos en Costa Rica, que:
“10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación» (Nota 8).
Hace más de 10 años, en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había examinado el caso de Natividad Canda Mairena, recordando la imperiosa necesidad de prevenir el clima de discriminación y de xenofobia contra la población migrante originaria de Nicaragua: véase texto del informe sobre admisibilidad, en el que se lee que (párrafos 222-223):
«Ante este tipo de fenómenos, es obligación de los Estados adoptar medidas positivas para revertir o cambiar cualquier situación discriminatoria existente en la sociedad y velar porque se garanticen los derechos reconocidos en la Convención a todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinción de nacionalidad.
223. A la luz de estas consideraciones, la Comisión considera que, prima facie, los hechos alegados de ser ciertos podrían caracterizar violaciones a la Convención Americana en sus artículos 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en cuanto se refieren a la eventual existencia de una práctica sistemática de discriminación hacia los migrantes nicaragüenses en Costa Rica«.
Pese a haber sido adoptada esta decisión de la Comisión hace más de 10 años, este doloroso episodio en Costa Rica no ha dado lugar a programas educativos sostenidos en el tiempo tendientes a prevenir la discriminación y la xenofobia, las cuales se manifiestan a menudo en el seno de la sociedad costarricense (Nota 9).
A modo de conclusión
Las reglas imperantes en derecho internacional son bastante claras en cuanto a las obligaciones jurídicas de los Estados, en particular cuando estas últimas derivan de un instrumento normativo como un tratado multilateral.
El principio de irretroactividad de la norma es bien conocido en la ciencia jurídica. El mismo principio aplica a la hora de liberar a un Estado de sus obligaciones internacionales.
Esperamos, con esta modesta precisión, contribuir a un mejor conocimiento de esta peculiar rama de la ciencia jurídica como la es el derecho internacional, que tanto le debe a Costa Rica.
-Notas-
Nota 1: Véase nuestra nota BOEGLIN N., “Costa Rica y el Derecho Internacional. Una introducción”, ACODI, Blog, enero del 2017. Texto disponible en el siguiente enlace.
Nota 2: Véase nuestra nota al respecto, BOEGLIN N., «Formalizando lo prohibido: la carta de denuncia de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de París«, Debate Global, 2017. Texto disponible en este enlace. Nótese que la propuesta de «reengage» a Costa Rica luego de retirarse de un tratado también fue escuchada en los últimos meses por parte de uno de los aspirantes a la Presidencia.
Nota 3: Véase el artículo 56 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969. Texto disponible en este enlace.
Nota 4: Sobre la denuncia realizada por Bolivia, Ecuador y Venezuela de la Convención de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjero y Estado (CIADI), referimos a nuestros estimables lectores a la siguiente nota: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America: Criticisms, withdrawals and regional alternatives”, ISDS Platform, 2013, texto disponible en este enlace. Sobre la denuncia por parte de Colombia en el 2012 de un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital suscrito en 1948, véase BOEGLIN N., “Le retrait de la Colombie du Pacte de Bogotá de 1948”, Universidad de Laval, CEI, 2012, disponible en este enlace . Sobre la denuncia en el 2012 por parte de Venezuela de la Convención Americana de derechos Humanos suscrita en 1969, véase BOEGLIN N., “Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos”, Derechointernacionalcr, 2012, disponible en el siguiente enlace.
Nota 5: Véase párrafo 53 de la sentencia sobre competencia de la Corte IDH de 1999 contra Perú (caso Tribunal Constitucional vs Perú, texto disponible aquí ) que se lee de la siguiente manera: “Por las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta irrelevante”. De igual forma, en el caso Ingabire Victoire Umuhoza vs Ruandá, la Corte Africana de Derechos Humanos validó el retiro de la declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la CorteADH por parte de Ruanda, estableciendo que surte efectos jurídico 12 meses después de notificada (véase texto de la sentencia del 2016, párrafo 69).
Nota 6: Desde el 2014, una iniciativa de ley (Expediente Legislativo 19.062 titulado «Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación«) pretende tipificar este delito en el Código Penal. Véase referencia en el punto 3 de este enlace del 2016 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Tanto el expediente 19.062 como el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa están disponibles en la red. Manifestarse de forma pública contra un grupo determinado de personas constituye una incitación al odio: es una materia que ha interesado desde muchos años el derecho penal en otras partes de América Latina, en aras precisamente de prevenir esta conducta social y sancionarla cuando necesario de forma ejemplarizante: véase por ejemplo estudio titulado «Estudio sobre la prohibición de la incitación al odio en las Américas«, disponible aquí y documento muy completo preparado en el marco de un taller realizado en el 2011 por Naciones Unidas sobre la prohibición de la incitación al odio, disponible en este enlace.
A modo de ejemplo sobre formas de tipificar la incitación al odio, encontramos en el Código Penal del Uruguay el siguiente artículo:
«TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión».
ARTICULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión».
Nota 7: Sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, remitimos al reciente artículo publicado en México, que resume también el estado de la discusión a nivel internacional: ESQUIVEL ALONSO Y., «El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, UNAM, Cuestiones Constitucionales, 2016, disponible en este enlace.
Nota 8: Véase al respecto nuestro breve análisis, que contrapone lo indicado por el Comité de Derechos Humanos con el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, DerechoalDia, abril del 2016, disponible aquí.
Nota 9: Cabe precisar que la Comisión Interamericana rechazó en el 2007 en su informe sobre admisibilidad la petición de Nicaragua en el caso de Natividad Canda Mairena, al no haberse agotada la vía interna en los tribunales de justicia de Costa Rica. Por lo tanto, no entró a examinar todos los aspectos de fondo. En el 2012, los tribunales de Costa Rica absolvieron a todos los imputados aduciendo falta de pruebas (véase nota de prensa de La Nación). Sobre pendientes de Costa Rica en la materia, véase BARRANTES CECILIANO A., «Caso Natividad Canda: Pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia«, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Este viernes 2 de marzo se llevará a cabo a las 4 p.m. en el Museo Regional de San Ramón la charla-foro: Religión y Política Electoral: un Camino para perder el rumbo, a cargo del profesor Alberto Rojas Rojas.
Esta actividad la organizar Articulando Occidente por Costa Rica.
Para más informes comuníquese al número 8382 8792 o al correo hanniaf@gmail.com
La Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica invita este próximo 14 de marzo a las 6 p.m. a la Conferencia Inaugural “Religión y Política en Costa Rica”, con la conferencista Laura Fuentes Belgrave y el moderador MSc. Roberto Fragomeno, en el Auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras, UCR.
En continuidad con los procesos de convergencia, reflexión y cambio que se han venido impulsando en años anteriores en nuestra Universidad Nacional, en los ámbitos de la investigación (2016) y la extensión (2017), este año 2018 vamos a realizar el congreso universitario: *Transformado la docencia en la UNA*.
Con este congreso universitario buscamos generar un proceso reflexivo en torno al quehacer universitario, que permita generar acuerdos institucionales en relación con el rumbo de la docencia en la UNA.
Asimismo, se pretende impulsar y consolidar los procesos de transformación educativa que permitan dar el paso de una “entrega de la docencia” centrada en los docentes y en los contenidos a una docencia centrada en los procesos y experiencias de aprendizaje y en los sujetos aprendientes.
El próximo 28 de febrero, a partir de las 9:00 a.m., en el Auditorio Clodomiro Picado Twight, tendremos la inauguración del congreso, cuyas actividades se prolongarán durante todo el año.
En las diversas actividades del congreso esperamos la participación del mayor número de personas miembros de la comunidad universitaria; su presencia en ellas será de gran relevancia.
Por favor, confirmar asistencia antes del 21 de febrero al correo
Conforme pasan los días, después de haberse efectuado las elecciones generales del pasado domingo 4 de febrero, hemos visto aflorar en las llamadas redes sociales, y hasta en las páginas de algunos medios de comunicación digitales, una serie de expresiones que revelan un estado de desasosiego colectivo, por un lado, y por el otro, una falta de contacto entre su reiterado uso arbitrario y la realidad propiamente dicha, la que se ha tornado inalcanzable, dada su carencia de algún sentido unívoco, o al menos general, que nos oriente para poder decir algo coherente. Quienes las emplean viven en mundos fantásticos, en quiméricos reinados como los de las mil y una noches, del Bagdad medieval del califa Harum Al Raschid, o en los recovecos del país de las maravillas-pesadillas de una jovencita llamada Alicia, lo peor de todo esto es que estas gentes pretenden que nosotros también nos instalemos allí, a pesar de que los tercos hechos nos dicen otra cosa, llevándonos a desconfiar de las manifestaciones que exteriorizan esos estados del ánimo colectivo.
Los resultados electorales de ese día elevaron a la categoría de realidad a una serie de quimeras, las que habitan en la cabeza de una gran cantidad de gentes, la mayoría de cuáles carecen del hábito del pensamiento riguroso y sistemático, además de que ni siquiera han tomado conciencia del cuidado con el que debemos tratar a nuestra más valiosa herramienta para construir conocimiento: el lenguaje y la significación precisa de las palabras de que hagamos uso para expresarnos.
Como en el universo totalitario que se nos muestra en aquella novela titulada “1984”, del escritor inglés George Orwell (1903-1950), publicada hace ya setenta años, una neolengua (newspeak) cada vez más empobrecida se ha instalado entre nosotros, en medio de una atmósfera de odio e intolerancia brutales, facilitada por las pantallas electrónicas de los llamados medios de comunicación social, pero sobre todo por la vía de las redes sociales que son los mejores vehículos para que las bajas pasiones de algunas gentes se amplifiquen y puedan conducirnos, de manera eventual, a verdaderos estados de histeria colectiva, dentro de la creciente atmósfera de irrealidad y odio que se ha instalado.
Al ambiente, cargado de tensiones y delirios, que se fue generando, en medio de una campaña electoral, caracterizada por el desencanto previo de grandes sectores de la población, como resultado de varias décadas de políticas neoliberales y el desmantelamiento del estado de bienestar, se unió el impacto de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca del matrimonio entre las parejas homosexuales y otras reivindicaciones de la llamada comunidad LGTBI, un factor que fue aprovechado por los oportunistas, presuntos apóstoles del integrismo religioso, anidado en las numerosas iglesias pentecostales o neopentecostales que han proliferado en este país centroamericano, a lo largo de las últimas tres décadas, un sector religioso que tiene ya veinte años de haber incursionado, con cierto éxito, dentro de la política electoral y que ha mantenido una presencia constante dentro del parlamento o Asamblea Legislativa de Costa Rica. De repente, en media campaña electoral, con la fuerza y la temible sorpresa ocasionada por un trueno en la noche, el fallo de la CIDH hizo crecer exponencialmente la candidatura presidencial del principal candidato de los pentecostales, el periodista y animador Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, dejando atrás a los aspirantes de los partidos políticos tradicionales, dentro de lo que se convirtió en un verdadero terremoto político, de cuyas consecuencias más visibles sus líderes no logran reaccionar todavía.
No muy lejos, y segundo lugar se ubicó el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana(PAC), la fuerza política que había irrumpido con gran empuje en la escena política, cuatro años atrás, para llevar a la presidencia de la república, al historiador y politólogo, Luis Guillermo Solís, quien suscitó enormes expectativas en un conglomerado de sectores sociales y políticos que se ubicaban dentro de una especie de centro izquierda, la que a lo largo de su gestión gubernamental, resultó estar más a la derecha de lo que se pensaba, además de caracterizarse por una constante indefinición, lo que permitió a la larga a las fuerzas de derecha retomar la iniciativa política, reconquistando el parlamento o Asamblea Legislativa, donde tanto el PAC, como el llamado Frente Amplio –presuntamente de izquierda y su aliado, al parecer incondicional- vieron reducida su representación parlamentaria, en el caso de este último de nueve a un solo diputado, como resultado de los comicios del domingo anterior. Los restantes once candidatos presidenciales quedaron fuera de la contienda del ballotage, que deberá realizarse al no obtener ninguno de ellos el cuarenta por ciento de los votos emitidos, lo que era una condición indispensable para triunfar en la primera vuelta.
En medio de los preparativos para esa segunda vuelta electoral, programada para el domingo 1 de abril, dos candidatos presidenciales se enfrentan en ella: el integrista religioso Fabricio Alvarado y el periodista, además de politólogo, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, quien ocupó la cartera de trabajo en el gobierno actual.
Así planteadas las cosas estalló, de una manera febril, la contienda entre los integristas religiosos y los llamados laicos progresistas, en medio de una ofensiva general de la derecha y de los sectores empresariales, quienes esperan más allá de quien sea el ganador de los comicios de ese día, imponer su agenda económica y social para hacer que los sectores laborales sean los que paguen las consecuencias de una recesión económica ya en curso, la que ha sido precipitada por el crecimiento de la deuda externa y el déficit fiscal, acelerado por los gobiernos del otrora dominante Partido Liberación Nacional, entre los años de 2006 y 2014.
Mientras los viejos partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se debaten en una especie de agonía que los ha llevado a experimentar, hacia lo interno, serios problemas de identidad, una parte de electorado ha dado rienda suelta a su integrismo religioso o a sus odios más profundos, hablando de actores sociales y políticos inexistentes, exteriorizando sus viejos temores anticomunistas, tan propios del período de la guerra fría, y sus obsesiones acerca de un inexistente socialismo del siglo XXI, el que no ha pasado de ser un mero enunciado que se mencionó, durante la primera década del siglo que corre, en otros países de la región. Como en aquel grabado de Francisco de Goya, donde el pintor nos decía que el sueño de la razón produce monstruos, en estos días ventosos días de febrero de 2018, cada uno ha perfilado y dimensionado los suyos, dando rienda suelta a sus odios y pasiones dirigidos incluso hacia meros fantasmas, sin ningún asidero en la realidad, como la satanización de los programas de educación sexual, impulsada por los gobiernos liberacionistas y la actual administración del PAC, llegándose a la ocupación de algunas instituciones educativas, por parte de algunos padres de familia, fanatizados y desinformados por los integristas religiosos.
Después de una puesta en escena electoral, donde como bien sabemos no se toman las decisiones más importantes, pues esta no pasa de ser una fiesta o carnaval para entretener a los incautos, la política verdadera ha irrumpido sólo que en los peores términos que hubiéramos podido imaginar, hace apenas unos meses en esta Costa Rica, donde muchas gentes, hábilmente manipuladas por los medios de comunicación social, piensan que somos una democracia excepcional por el sólo hecho de votar cada cuatro años.
¿Cómo nacen las expresiones fundamentalistas en las iglesias evangélicas? ¿Cuál es su vínculo con la política? En el programa Desayunos, en Radio UCR del viernes 23 de febrero, el teólogo, sociólogo y profesor de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, Alberto Rojas, lo explica.
Invitado por el especialista en relaciones internacionales y teoría política, Constantino Urcuyo, y el economista Ronulfo Jiménez, -conductores del programa-, Alberto Rojas expuso sobre el tema Religión y Política.
Le ofrecemos el vínculo para escuchar el programa; la conversación se inicia en el minuto 18.
Había mucho contenido en aquello dicho por Jesús dos mil años atrás, según Mateo 22: “Dad al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios, lo que es de Dios”. Pero los fundamentalistas religiosos actuales necesitan volver a escucharlo, recordar la diferencia entre el poder político con el religioso. Aun cuando en Costa Rica, esos religiosos, se han declarado más interesados en el poder político terrenal y lo mezclan, porque sus pastores ven así multiplicar sus fortunas.
Durante este período electoral, de una segunda ronda al primero de abril, un foráneo se puede sorprender de los niveles emotivos con los que aborda el costarricense de la calle el tema político. Al igual que el futbol, los taxistas, los vendedores de la calle, en las tiendas, en los restaurantes, los autobuses, la gente se presta a abordar el tema político. Solamente que el visitante debe estar listo a esa mezcla de lo político con lo religioso. A la vez que le dicen el nombre de los dos candidatos para presidente, aun cuando Fabricio Alvarado Muñoz, es su líder, le pueden mencionar el de Lucifer, el Demonio, el Diablo, etc. Después de develar el otro candidato: Carlos Andrés Alvarado Quesada, como opositor, insinuando que él es amigo con esos personajes de la farándula religiosa. Su explicación sobre el contexto político es que el país va de mal en peor, el PAC, partido de Carlos Alvarado, es responsable de todos los males de Costa Rica, incluso de los causados por el Partido Liberación.
Le recuerdan de la existencia que hubo miles de años atrás de las dos ciudades: Sodoma y Gomorra, para actualizarlo sobre la política, en la que se pretende dar educación sexual en las escuelas (inaudito para el religioso fanático). Es para ese fanático, convertir a la niñez en homosexual, en mostrar sus intimidades en público y pervertir a la juventud, que de por sí, “ya está por el mal camino de la droga y la destrucción de la familia”. Para ese tico o tica, es la integración familiar el camino a la felicidad, la honradez, el decoro, la honestidad, y el desarrollo de Costa Rica. Ni se le ocurra al interlocutor decir que eso es religión y no política, la cual establece la institucionalidad que construye una nación hacia su propio desarrollo. De inmediato, le sugieren que usted no cree en Dios, es usted un ateo, seguramente admirador de Chávez, de Maduro, de Evo Morales, de Daniel y de Correa, para finalmente ubicarle en la categoría utilizada propiamente en la guerra fría: usted seguramente es comunista.
Ese razonamiento simplista que gira en el entorno de la familia, es el que ahora trata de imponerse por el partido Renovación Nacional, en menos dos meses, como si llegar a gobernar es asunto de tomar cursos de una a dos semanas. Desde luego, para contar con personas capaces profesionalmente, se tendrá que unir con los otros partidos conservadores, como el PUSC que tiene su doctrina social cristiana. Para ilustración, en la primera semana de esta segunda vuelta electoral, Fabricio prohibió a su bancada dar entrevistas en los medios, puesto que sus feligreses que ocupan las curules de la Asamblea Legislativa, aun no tienen capacidad para saber reaccionar ante la prensa, según su propia expresión.
En un país de casi cinco millones de habitantes, con una clase media de aproximadamente un 40%, con un promedio educativo del noveno año, cuando utiliza un 7.2% del PIB en educación, y sus universidades se codean con las mejores de América Latina, no deja de ser raro este fenómeno del bajo grado de conciencia crítica y alto grado de conciencia mágica en una proporción considerable que está eligiendo a un pastor fundamentalista como presidente.
El costarricense es alegre, con la costumbre de salir de su medio ambiente lo más que puede para distraerse en fines de semana y vacaciones. Tiene un significativo turismo interno, también le gusta salir a divertirse en familia y ha sido reconocida como una población más liberal al resto de Centroamérica. Tiene uno de los mejores sistemas de salud en el continente, fue el primer país en declarar la educación pública gratuita y lo difícil es justificar los motivos por los cuales una persona no haya cursado su educación básica, al menos.
Esto nos lleva a pensar que han sido los medios informales de la educación lo que han alienado la mentalidad tica. Su juventud cada vez más está alimentando su cerebro de programas televisivos hechos en Hollywood o con telenovelas colombianas y mexicanas; los noticieros que dan información sesgada; los medios electrónicos de comunicación se utilizan para cualquier otra cosa menos para educarse o informarse. Desde luego, todo esto es acompañado por las agresivas religiones y sectas fundamentalistas que ingresan en los barrios pobres y hasta de clase media.
Los pastores religiosos inician su promoción con un discurso de culpabilidad por haber nacido en este mundo. La culpa de ser seres humanos pecadores, que debemos someternos al Dios Todopoderoso. Aceptada la culpa, viene la necesaria redención y limpieza del espíritu pecaminoso. Esto se logra rezando y donando. Lo segundo es indispensable “para el perdón de los pecados y haber nacido impuro”. Se da un adoctrinamiento en el cual se induce a elegir a un pastor, como lo hace ahora Costa Rica, simplemente porque el Tribunal Supremo de Elecciones permitió violar el artículo 28 de la Constitución.
No cabe duda que las corrientes conservadoras y ultraderechistas están dispuestas a violar cualquier precepto y cualquier norma jurídica, con tal de tomarse el poder de las naciones latinoamericanas. Tampoco debemos dudar de que sus capitales internacionales y sus baterías apuntan hacia esta pequeña nación con una democracia ejemplar, en riesgo de sucumbir.
