Este 2 de noviembre a las 5 p.m. se presentará la segunda impresión del libro “En el Hospital Psiquiátrico, el sexo como locura”, de Isabel Gamboa Barboza en la Sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica.
Introduce:
Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social
“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores” (Proverbio africano)
Un tema novedoso, controversial, en los procesos de calificación de huelga que están en curso en los tribunales de trabajo, contra el Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580, concierne a la causa, en el sentido jurídico, de este conflicto colectivo.
Hasta ahora, las sentencias se han partido en dos aguas: algunas determinaron que la huelga de carácter político-laboral, contra políticas públicas, no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, cuya consideración llevó a los juzgadores de la mano a declarar la ilegalidad de esos movimientos.
Otros pronunciamientos judiciales, por contrario, definieron que se trata de una especie de huelga atípica, admisible en nuestro ordenamiento, por la vía de la incorporación de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que en materia de huelga han definido los alcances del C. 87 OIT.
Esta controversia judicial, más allá de la crítica de dichos pronunciamientos, que no es objeto de esta reflexión, nos concita a visibilizar y revalorizar la función que los sindicatos deben cumplir en una sociedad democrática.
La Libertad Sindical es un componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas más reconocidos destacan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni), la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos (Verdier) y Lyon-Caen concluye que no existe democracia, sino existe libertad sindical.
Por nuestro lado, la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, representativa, participativa, multiétnica y pluricultural, cuya soberanía reside en el pueblo.
En el marco de esta definición programática, política, que no podemos olvidar la base de producción y apropiación capitalista en que se radica esta declaración constitucional, tenemos que circunscribir la función que le corresponde asumir a los sindicatos.
Los sindicatos son entidades de relevancia constitucional (art. 60), que les compete la representación colectiva de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras; es decir, los intereses profesionales, cuya consecución se materializa en la negociación colectiva (principio de autonomía colectiva) y también mediante el recurso a la huelga.
Pero la función de los sindicatos no se restringe exclusivamente a esta representación colectiva, de carácter gremial.
Quienes sostienen, por contrario, esta posición reduccionista de la función de los sindicatos -por cierto, con una doble moral, porque, por una parte, la tratan de constreñir a este papel, pero por otra parte, son los primeros que salen a defender las prácticas antisindicales de las empresas-, convenientemente enervan la proyección que se deriva de los postulados del Estado Social de Derecho, democrático y participativo.
Además de la promoción de los intereses profesionales, a los sindicatos no le es ajena la tutela de los intereses político-sociales de la población, en general, dentro de la cual quedan inmersos los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras.
Este reconocimiento, en una sociedad plural, democrática, implica admitir, sin más, que los sindicatos pueden confrontar los poderes públicos, en su carácter de tales, contra las políticas públicas, económicas y sociales, recurriendo legítimamente a los instrumentos de participación ciudadana y acciones de autotutela colectiva que comprende nuestro ordenamiento jurídico, incluida la huelga, Libertad de presión y expresión de la clase trabajadora.
La coyuntura nacional por la que atravesamos no podría ser más oportuna para rescatar y resaltar una extraordinaria disposición contenida en el Código de Trabajo, que desafortunadamente pasa por mucho inadvertida:
“Artículo 332.- Declárase de interés público la constitución de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
Esta bellísima norma, de gran calado político, debería estar esculpida en arco, a la entrada del Ministerio de Trabajo, que no obstante que el Código de Trabajo obliga a este despacho de Gobierno a “garantizar la efectividad del derecho de sindicación” (art. 361), las autoridades de turno, cada cuatro años, han quedado con tanta deuda con los trabajadores y defraudado el cumplimiento de esta obligación legal.
La acción política, de protesta social, de los sindicatos contra los poderes públicos que impulsan frenéticamente aquel funesto y regresivo proyecto de reforma fiscal, se ha materializado en los espacios públicos, calles, puentes, plazas públicas, en los paisajes urbanos, rurales y costeros del país, donde los trabajadores han recuperado sus derechos políticos de expresión, participación, movilización, reunión y resistencia, inherentes a la democracia, aunque fueron reprimidos por la acción policial y judicial, que no tienen acceso al lobby legislativo que las corporaciones y los rapaces intereses económicos se garantizan desde el financiamiento de las campañas electorales.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal
Rafael Angel Ugalde, Notario, Periodista y Abogado
Rodrigo Arias López, Actuario Matemático
Posteriormente a sendos artículos sobre la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publicados en las ediciones N° 2233 y 2234 del Semanario Universidad el Sr. Juan Antonio Casas critica lo que llama la “Judicialización de la salud” y propone una nueva instancia a todas luces para supeditar al Seguro a los intereses privados, bajo la novedosa premisa de que en el Reino Unido existe una entidad fiscalizadora de servicios (La Nación 21/07/18) que no compartimos. Los asegurados de la CCSS se ven obligados a presentar recursos de amparo por la violación de sus derechos en esa Institución. La otra opción, que sería maravillosa para una pequeña elite, es que el asegurado no “judicialice” la salud –como dice Casas- y muera ilusionado con que pronto tendrá respuesta a su mal.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional -creada entre otros para garantizar “los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica” (Art. 1)- dispone de un sencillo procedimiento para interponer un recurso de amparo contra “toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos” (Art. 29). No es cierto que hay que ser especialista en salacuartazos para que al asegurado se le devuelvan sus derechos socavados. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requiere autenticación de un abogado.
Se infiere del artículo del Sr. Casas, que los abogados y la Sala Constitucional se han convertido en rectores de la salud y en responsables de que la CCSS tenga que gastar más, pagar altos precios y desplazar a otros asegurados. Esta apreciación no es cierta; la Sala Constitucional solamente ha venido a declarar el derecho cuando en muchas ocasiones, algunos pocos médicos y autoridades, creían que estaban por encima de los asegurados. Vemos desde ya con alguna sospecha la propuesta del Sr. Casas de crear una “institución técnica para monitorear a los proveedores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para mejorar su desempeño y la calidad de la atención” en “vez de tener que recurrir a los jueces y tribunales”, supuestamente, para resolver el meollo del asunto. La Sala Constitucional no emite recetas médicas, ni interpreta ultrasonidos, etc., sino que devuelve derechos constitucionales socavados por unos pocos que, en el ejercicio del cargo o la profesión, miran las largas listas de espera o el encogido paciente durmiendo en una silla de ruedas, como algo normal. O con criterio mercantilista miran el costo de los tratamientos inaceptables para la CCSS, a pesar de que otros médicos, apegados al juramento hipocrático y sensible al dolor humano, los han ordenado. Es el Estado y no la Sala, el responsable de hacer que esos derechos fundamentales se respeten bajo los principios de eficacia y eficiencia contenidos en nuestra Constitución Política.
Criticando a la Sala Constitucional y a quienes acuden a ella para rescatar sus derechos menguados es muy cómodo ocultar que desde 1993 los gobiernos de turno y la jerarquía política de la CCSS cambiaron el modelo de atención en salud, elevando más los gastos a la CCSS, prometiéndole ingresos que nunca llegaron y convirtiendo así, según ellos, al Ministerio de Salud, en el “Ente Rector” encargado de “garantizar la calidad de los servicios de salud”. Pero este “no ejerce la rectoría que le corresponde en materia de salud pública” (En Universidad “Los vacíos de rectoría en Salud son enormes” 8/3/2017) ¿Quién entonces es el verdadero responsable de la situación de los asegurados y sus constantes reclamos por sus derechos y no favores como a veces parecen entender el dolor humano algunos funcionarios de la Caja?. Las listas de espera y la mala calidad en los servicios de salud son en algunas ocasiones una especie de eutanasia que reduce costos a la CCSS; o se trasladan a los asegurados, floreciendo así el negocio de la medicina privada, si la persona tiene dinero y quiere quedarse unos días más por estos lados.
Que un promedio anual de 3833 personas acudan a la sala constitucional en los últimos seis años en busca de salud, habla por sí de la realidad que vive la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y sus miles de asegurados. (Ver: crhoy.com 31/5/18: Magistrados vuelven a jalar las orejas a la Caja por listas de espera). Por otra parte, cientos de asegurados se consideran humillados, cuando solicitan atención en la CCSS (Ver: “Defensoría recibe 9 denuncias diarias de atrasos y maltratos en hospitales de la CCSS”; La Nación del 23/1/2017).
La realidad, sin embargo, es más compleja que estas quejas. Incluso, difícilmente, puede atribuirse a esta o aquella Junta Directiva de la Caja por el notable deterioro del Seguro. Cuando las decisiones financieras vienen diseñadas de una manera que dejan poco margen de maniobra al gobierno que hemos elegido, es ilusorio pensar que las autonomías de instituciones como la CCSS tendrán larga vida (véase La Nación 6/7/18; El Financiero 5/4/18; La Nación 15/6/18…) Lo cierto es que creímos en las proyecciones hechas desde afuera y desnaturalizamos nuestro patrimonio en materia de seguridad. Paradigmas como “modernizar” la Caja, a todos nos pareció “lógico” porque le agregaban “desarrollar el Sector”, establecer “sistemas de integración”, necesaria “descentralización”, impostergable “desconcentración”, la “sectorización”, la “regionalización” y “democratización” de los servicios; pero los asegurados nos vamos dando cuenta que ello fue como una película en la que sueltan un tigre para que se coma a un burro amarrado (consultar: Memoria Anual 1993 del Ministerio de Salud).
Quedaba a estas alturas plasmar en la ley la fortaleza del tigre. Y sucedió, precisamente, en 1993, cuando la normativa N° 7374 le dice a la CCSS hágase cargo de los servicios asistenciales y preventivos de la salud y el Ministerio de Salud (MS) se dedica a otros menesteres. Prometieron suficientes fondos a la Caja como suele suceder. Se trasladaron entonces 1.515 trabajadores del MS a la Caja y el Ministerio de Hacienda (MH) prometió trasladar mensualmente al Seguro recursos financieros necesarios. (Sic. Artículo 9 de esa ley). En contraste, la CCSS no le facturó al Estado el 20% de los salarios de esos 1.515 trabajadores, incluso en 2008 dejó de cobrar el costo de 350 de esas plazas porque “no estaban ocupadas por funcionarios originalmente trasladados” (Sic.ASF-321-2012, Auditoría Interna de la CCSS del 15/11/2012). La Caja tampoco cobró los costos en servicios no personales, ni los de inversión en construcción y mantenimiento de Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) y mucho menos el aumento en la planilla de trabajadores para atender las nuevas obligaciones. De esta manera el MS se “modernizó”, reduciendo la nómina de empleados de 6.465 en 1994 a 3.884 en 2000, mientras que la CCSS aumentó su planilla de 27.300 a 31.381 empleados en ese período. En los EBAIS y Áreas de Salud laboran más de 3.500 funcionarios; pero la CCSS, inexplicablemente, cobra al Estado solo por 1.515 asalariados, con los descuentos ya indicados. Esta promoción de varias décadas se traduce en que la Caja regaló al Estado a nombre de todos nosotros ₡163.000 millones en 2017 y aumentó los costos del seguro en 2,26% sobre el PIB. Sin embargo, el MH considera que estos regalos son insuficientes y quiere otra interpretación del artículo 9 de la ley 7374 (ver: Contraloría General de la República, Oficio PE-0506-2016/DM-0576-2016 del 30/03/2016).
Hay que decir que hubo un intento de hacerle justicia a la CCSS, cuando un Tribunal contencioso administrativo, por una demanda presentada por el legislador José María Villalta, ordenó al Estado pagarle al Seguro lo que sus autoridades no cobraban, que era el 15% de las utilidades de sus empresas públicas. ¿Pero adivinen qué pasó? Los magistrados anularon la condena porque la CCSS, la principal interesada, nunca figuró como codemandante. ¡Aunque usted no lo crea! (ver:https://www.nacion.com/el-pais/politica/magistrados-anulan-indemnizacion-del-estado-para-la-ccss/2OYBGXLYQJAATESQVNH7HFNGGA/story/).
Como una iniciativa socioeducativa y artística para informar sobre las implicaciones del Plan Fiscal, este jueves 25 de octubre se estará realizando la “Caravana del Fraude Fiscal” en San Ramón de Alajuela, Sede de Occidente, UCR:
10 a.m. Teatro y volanteo en Mercado y Parque de San Ramón
1 p.m. Taller de herramientas artísticas para informar sobre la Reforma Fiscal en la sede UCR
Considera el Sr. Presidente que debe de celebrar por la aprobación preliminar por parte de la Asamblea Legislativa, del Proyecto 20.580, y lo define como: “…un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable” (1).
¿Qué se entiende por “una economía sana y estable”? A mi parecer, debe de ser una que sea dinámica, próspera, auto suficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente, que no dependa de las deudas ni de ninguna moneda extranjera y que posibilite la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre los ciudadanos (art. 50 Constitución Política).
El Sr. Presidente, dice que “Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo”. Pero la verdad, lo que cabe decir es que ¡”cada empresa y cada persona que lucre y genere riqueza, cuenta!”. Es un hecho económico reconocido, que son las empresas, nacionales y extranjeras, las que generan los mayores ingresos y grandes capitales y no tanto las personas físicas o asalariadas. ¡Y también es un hecho económico, de claridad meridiana, que tanto la evasión como la elusión fiscal en Costa Rica, equivalen a miles y miles de millones de colones!
Una economía sana y estable, no se puede lograr cargando sobre el pueblo en general y las empresas que sí tributan, el pago de las obligaciones del Estado.
Dicho proyecto, aún no refleja, que como dice el Sr. Presidente: “estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”.
El sólo hecho de que las empresas generen empleo, no las exime de tributar, ni dentro, ni fuera de zona franca. El Estado costarricense es uno solo, y nuestro territorio, es uno solo. Nadie debería considerar que sus negocios, en Costa Rica, son extra-territoriales y “blindados” contra el ojo Fiscal y ello incluye al “portal” de importaciones en Golfito. Mucho menos, si se le exige a los ciudadanos asalariados el tributar sin falta y pagar hasta 101 tipos diferentes de impuestos (2). ¡Mucho menos con el nivel de DEUDA PUBLICA que tiene el Estado costarricense!
¿Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo, tiene que seguir pagando el Impuesto Único a los combustibles, para siempre? («Per omnia saecula seculorum.») ¡Y que el pueblo ama el subsidiar y aumentar con sus sacrificios las ganancias de los ya acaudalados!
¡Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo debe seguir cargando sobre sus hombros la gigantesca Deuda Pública, aprobando un Proyecto Fiscal como el 20.580 que de ninguna manera provee una solución responsable a la ya añeja falta de recursos propios del Estado! ¡Ponen “remiendos viejos”, en odres nuevos! ( Marcos 2:22).
Ingrese en el siguiente enlace para leer el texto completo:
Un sistema, con sus programas estratégicos para el desarrollo, se consideraría exitoso si los indicadores sociales y económicos generales mejoran, es decir, son superiores a los de años anteriores. Si su pueblo los tolera, fortalece y fomenta. De lo contrario, son un fracaso, demostrando el pueblo su disgusto con movilizaciones constantes.
Hasta donde podemos observar, en los países latinoamericanos, uno de los países que está presentando anualmente resultados positivos y significativos en lo social y económico, es Bolivia. No nos referimos al conocido índice de crecimiento general sobre el PIB, y los indicadores de inversiones industriales e intercambio comercial globales, pero a la calidad de vida de la ciudadanía.
Según el PNUD quien utiliza tres variables para definir el índice de desarrollo humano: 1) la esperanza de vida al nacer, 2) el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado; y, 3) el producto interno bruto por persona y su acceso a recursos económicos, calificando de 1 a 0, siendo éste 0 la más baja y 1 la más alta. PNUD clasifica así tres categorías de países: Los países con IDH muy alto; los países con IDH alto; los que tienen IDH medio y, los con IDH bajo. En grado muy alto, se enlista a Chile, Argentina y Uruguay. En grado alto, la lista está encabezada por Costa Rica, Panamá y Cuba; el grado medio lo encabeza Bolivia, El Salvador y Nicaragua, terminando la lista con Haití con la categoría de IDH bajo.[1]
Esta clasificación nos puede ayudar a comparar los países un tanto académicamente, pero debemos incluir una mirada sobre su desarrollo político también. No sorprendería a nadie prever una caída en el IDH en el caso de Argentina, por las políticas económicas implementadas últimamente por su gobierno, además de las permanentes movilizaciones de su ciudadanía protestando. El crecimiento sin precedentes de su deuda externa, los recortes de los servicios públicos y el creciente desempleo, hace ver esa probable caída.
El caso de Costa Rica, es menos grave, pero, su situación es de un alto riesgo. Ya está publicada la última encuesta de hogares de julio del presente año, se confirma un aumento de 1.1% en la pobreza y de la extrema pobreza en 0.6% entre el 2017 y 2018. Si las amenazas de implementar medidas impopulares, es decir, en contra de las mayorías sociales, se ejecutan, es muy probable que Costa Rica, caiga más debajo de la escala establecida por el PNUD, el próximo año.
Los demás países centroamericanos están en peores condiciones de vida, no solamente por las medidas neoliberales implementadas por sus gobernantes durante el último quinquenio, pero por el crecimiento de la corrupción y la impunidad de sus gobernantes. Es en el caso salvadoreño donde su actual gobierno se ha librado de acusaciones públicas de alta corrupción.
La imposición de círculos mafiosos dentro de los gobiernos, con altos niveles de nepotismo y corrupción, así como de sus vínculos con el crimen organizado, hacen que sus pueblos se dispongan a organizar caravanas masivas de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Son pueblos que dejaron de creer en los discursos vacíos de la clase política. Pueblos que están viviendo los resultados de políticas neoliberales donde si no hay negocio, no se invierte en los servicios públicos esenciales. Honduras encabeza a estos gobiernos del área centroamericana, donde queda muy poco por concesionar y licitar, como recursos y servicios que antes le servían al pueblo empobrecido. Durante los últimos ocho años, su pueblo ha aprendido a sobrevivir con miedo y terror. Los carteles de la droga, del tráfico humano, el negocio del sicariato, del soborno, la extorción, de las pandillas en complicidad con autoridades, etc., hicieron de este país un paraíso centroamericano para la delincuencia. No solamente han coexistido con las autoridades locales, pero con las agencias de los EUA, quienes, desde el golpe de Estado en 2009, han convertido a este país en su aliado estratégico, para experimentar todo tipo de negocio sin obedecer un marco jurídico alguno. Desde luego, históricamente Honduras ha cumplido los dictados de Washington, pero entre 2007 y 2009, ese pueblo tuvo la esperanza de ver una luz de su autonomía y soberanía. Algo intolerable para el imperio yanqui.
Después de ocho años de protestas, demandas y esperanzas, el pueblo catracho se ha dado por vencido. Con más de un 63% de pobreza (6 millones de personas), un 80% de empleo precario y sub empleo arriba del 50%, el pueblo está convencido que no hay medio lícito y “democrático” que permita rescatar un sistema de gobierno y de institucionalidad democrática que priorice a su pueblo. Dejando alrededor de 25 mil víctimas asesinadas, muchos presos políticos y muchas personas con daños laterales, dejando sus barrios abnegados de inseguridad social, de instituciones cadavéricas y altos niveles de desempleo formal, mejor se va. Su emigración es un hecho, aunque sea con pocos Lempiras en su bolsillo, dejando atrás a seres queridos y amistades, se ha dispuesto a tomar la última medida de salvación para cualquier ser humano: abandonar su propia patria, la tierra que le vio nacer y donde tuvo sembrada sus esperanzas de vida.
Por ahora se habla de 4 a 5 mil personas en caravanas, de todas las edades y en diferentes condiciones, pero con el común denominador: POBRES y MISERABLES. Su disposición voluntaria de llegar a cumplir su meta, les ha obligado a saltar obstáculos que pueden hacer temblar a los más valientes, pero siempre con esa voluntad férrea de seguir avanzando.
Este fenómeno es otra prueba más de que los sistemas políticos de libre mercado y desregulación impuestos por algunos gobiernos, agencias internacionales y multilaterales son un fracaso. Este fracaso, evidentemente no es de un gobierno izquierdista como el venezolano. Ese fracaso denunciado por la OEA (Almagro y Grupo de Lima) del cual se conocen sus causas, como las fabricadas por Ronald Regan en Nicaragua en los ochenta, pero con intereses mucho más económicos ahora con relación a Venezuela, esta demostrado por la voluntad de estos pueblos empobrecidos de Centro América.
Los nicaragüenses huyen hacia Costa Rica, los hondureños y guatemaltecos hacia México, Estados Unidos y Canadá, además de España. Los catrachos podrían hacer lo que hacen los nicaragüenses, huir hacia el Sur, pero su razonamiento es que en Nicaragua hay otra dictadura, con una pobreza igual o peor que en Honduras. Así que no se trata de ir a vivir a un contexto con ideología (dis que izquierdista) determinada, pero en mejores condiciones políticas y económicas. El mito de que EUA es el “sueño americano” sigue calando en las mentes de estos pueblos. Pero queda la esperanza de unas condiciones mejores en México con un nuevo gobierno más democrático. Es de esperar a diciembre próximo.
Este 18 de octubre fue dado a conocer el estudio denominado «Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018«, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Sus hallazgos eran esperados al permitir medir de mejor manera la realidad social costarricense, objeto de valoraciones diversas, en particular durante la reciente campaña electoral de este 2018: mientras que para unos el deterioro social heredado de las administraciones anteriores – correspondientes a los períodos (2006-2010) y (2010-2014) – se mantenía, para otros, Costa Rica estaba logrando desde el 2014 revertirlo y ello debería de verse reflejado en las mediciones a venir.
Foto extraída de artículo de prensa (Semanario Universidad) titulado «Centroamérica reduce pobreza del 53% al 49%», edición del 18/11/2015
Los principales hallazgos del INEC
En este documento oficial del Estado costarricense, se puede leer (véase texto completo), con relación a la pobreza, que:
«el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328 848 hogares, 23 617 hogares más que el año anterior, en términos porcentuales representa un incremento de 1,1 pp en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa» (p. 43).
Asimismo, se señala que:
«El porcentaje de hogares en pobreza extrema presenta un aumento de 0,6 pp, pasando de 5,7 % en el 2017 a 6,3 % en este año, en términos absolutos representa un aumento de 12 371 hogares, pasa de 86 663 hogares en el 2017 a 99 034 en el 2018» (p. 44).
Se sugiere al lector revisar los gráficos de las páginas 43-44 que ilustran de manera muy clara el aumento de la pobreza medida con relación a hogares (p. 43) y personas (p. 44).
Se detalla también la medición de la pobreza ya no de los hogares sino en número exactos de personas: el estudio no las distingue, pero se puede adelantar que gran parte de estas personas poseen un rostro femenino. Según los datos del INEC para el 2018,
«La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9 %, en términos absolutos representa 1 142 069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8 pp respecto al 2017, es decir, 49 666 personas más en condición de pobreza» (p. 44)
De igual forma, con relación a la pobreza extrema, se puede leer que:
«Por su parte, el porcentaje de la población en extrema pobreza se estima en 7,2 %, 1,0 pp más respecto al año anterior, lo que corresponde a 360 783 personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria en el 2018, 54 273 personas más que en 2017» (p. 44).
De manera a dimensionar estas cifras para el lector poco familiarizado con estadísticas poblaciones de Costa Rica, es de notar que la población total de Costa Rica asciende a unos cinco millones de habitantes para el 2018, según cables de noticias circuladas en setiembre del 2018 sobre el nacimiento del «tico 5.000.000.».
Cabe precisar que los datos aportados en julio del 2015 por el INEC en una encuesta similar (véase texto completo) indicaban que «el 21,7% de los hogares en el país se encuentran en situación de pobreza, esto equivale a 317 660 hogares en dicha condición» (p. 22) y que «En condición de pobreza extrema, la cantidad de hogares se incrementó respecto al año 2014, pasando de 94 810 a 104 712 hogares en el 2015, cifra que representa el 7,2% de los hogares en el 2015» (p. 23).
Hallazgos que… ¿confirman la creciente desigualdad en Costa Rica?
Con relación al coeficiente Gini que mide la desigualdad, se puede leer que:
«El coeficiente de Gini, es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los hogares. Para el 2018, el nivel de concentración del ingreso se mantuvo en 0,514 mismo valor observado el año anterior» (p. 41).
Mantener la cifra del coeficiente Gini en un 0,514 con relación al 2017 no es para nada halagüeño, si se considera que Costa Rica constituye, con Guatemala y República Dominicana, el único Estado en el que el coeficiente Gini ha progresado, a diferencia de la tendencia general observada en los últimos dos decenios en el resto de América Latina. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, es a partir del 2007 que la desigualdad social en Costa Rica que mide el coeficiente Gini progresa de manera significativa.
Gráfico extraído de artículo de prensa (La Nación) titulado: «Desigualdad baja en América Latina pero sube en Costa Rica», edición del 31/07/2017
La variación del coeficiente Gini en América Latina desde el 2002 hasta el 2016 en curva sostenidamente descendente se puede también apreciar en el gráfico I.5 (página 49) del Panorama Social de América Latina (2017) publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y disponible aquí.
Se lee en el reciente estudio del INEC cómo es que se reparte la desigualdad dentro del territorio costarricense, comparando datos del 2017 y del 2018:
«la Huetar Caribe presenta el menor nivel de desigualdad en el ingreso, esto a pesar de que aumentó respecto al 2017, por otra parte, en el 2018 la región Brunca pasa a ser la región con el mayor nivel de desigualdad (0,524). Además de la región Huetar Caribe, la Chorotega y la Brunca aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior, mientras en la Central, la Pacífico Central y la Huetar Norte la desigualdad disminuye. El aumento en el coeficiente de Gini de la Chorotega, así como la disminución en el de la Pacífico Central son estadísticamente significativos» (p. 41).
El declive de Costa Rica en materia de IDH
En el 2017, se dio a conocer la posición de Costa Rica con relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medición que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colocando a Costa Rica en el puesto 66 a nivel mundial: referimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota cuya versión final fue publicada en HablandoClaro y en el sitio de Pressenza, titulada «Indice de Desarrollo Humano 2016. Costa Rica en el puesto 66«, disponible en este enlace de HablandoClaro y en este otro de Pressenza.
En el mes de marzo del 2018, se indicó que Costa Rica pasó de la posición 66 (2016) a la posición 63 (véase clasificación oficial del PNUD para el 2017). El desglose de los rubros evaluados se encuentra en este enlace oficial del PNUD. De manera a poder apreciar mejor qué significa para Costa Rica estar en posiciones que oscilan entre los puestos 66 y 63, adjuntamos a continuación clasificación anterior en materia de IDH, a nivel mundial, en el que se puede destacar el verdadero desplome del IDH correspondiente al período (2006-2010):
Elaboración propia del autor, con base en los datos compilados hasta el 2012 por el Estado de la Nación.
Los recientes datos para el 2018 que arroja el INEC vienen a confirmar diversas advertencias hechas desde varios años por algunas entidades internacionales y nacionales a las autoridades de Costa Rica sobre la imperiosa necesidad de adecuar su denominado «modelo» de desarrollo de forma tal que redistribuya de manera mucho más equitativa la riqueza que genera.
A modo de conclusión: un «modelo» bastante cuestionable
En efecto, generar ganancias para algunos sectores privilegiados sin que ello incida en los índices sociales de un Estado o en una mejoría paulatina de otros sectores más desprotegidos arroja algunas interrogantes muy válidas sobre el tipo de «modelo» económico seguido. Un ejemplo, entre muchos otros, sobre la escaza o nula distribución de la riqueza generada lo constituye uno de los principales productos de exportación de Costa Rica, la piña exportada desde los años 2007 al mercado mundial denominada «Sweet Gold» o MD-2. Este producto ha contado a partir del 2007 con políticas del Estado para favorecer su vertiginosa expansión so pretexto del «desarrollo» que aporta a las comunidades y los «miles de empleos» que genera, según las autoridades públicas costarricenses.
En el 2007, Costa Rica exportaba piña por un valor de 487 millones de US$; según cifras oficiales, en el 2017 exportó piña por concepto de 940 millones de US$. La riqueza generada es innegable, pero… ¿qué pasa con el desarrollo? En esta precisa materia, en el 2007, Costa Rica se ubicaba en el puesto 48 a nivel global con relación al indicador del IDH; para el 2017, se ubica en el puesto 66. A nivel local, los cantones en los que se localizan extensas plantaciones de piña se mantienen entre los cantones con menor IDH con relación a los demás 81 cantones (véase clasificación del Atlas 2014 que posiblemente confirmaría una nueva clasificación al 2018).
Los datos arrojados por el INEC vienen ahora a interpelar a varios decisores políticos y a confirmar que diversas advertencias hechas en el pasado a sus antecesores persisten. Sería de sumo provecho que el INEC piense en pormenorizar sus datos a nivel cantonal, de manera a tener una lectura mucho más precisa de la realidad costarricense a nivel local, como sí la ofrece la medición IDH en el plano cantonal.
Documentos / artículos recientes de interés (breve selección)
CHAVERRI P.,»¿Por qué persiste el estancamiento de la pobreza en Costa Rica?«, 2015, artículo de opnión, Semanario Universidad, disponible aquí
INEC, Costa Rica Mapas de Pobreza 2011, Informe, San José, 2011, 63 páginas, disponible aquí.
La ciudadanía pide diálogo para lograr consenso por un plan fiscal progresivo, equitativo y justo. Cuarenta y una organizaciones sociales promueven una carta pública dirigida al Presidente de la República y a las fracciones legislativas a fin de propiciar “un diálogo sereno, transparente y propositivo” que permita obtener los recursos financieros que el país necesita para su desarrollo.
Para ver el documento, firmar y compartir, siga este vínculo:
Se extiende la invitación a la comunidad de San Ramón, Piedades Sur para asistir a la Asamblea Popular sobre el tema: “El Plan Fiscal y cómo afectará a su comunidad”, en el salón comunal de El Salvador, el próximo jueves 18 de octubre a las 4 p.m.
