Tablero de votación de la resolución adoptada en el año 2014, extraída de esta nota de prensa.
El pasado 26 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución solicitando el levantamiento del embargo a Cuba decretado desde 1962 por Estados Unidos. A diferencia de ocasiones anteriores, en esta se logró un total de 191 votos a favor, ninguno en contra. Tampoco se registra el «no show» de algunas de las 193 delegaciones. El último Estado de América Latina en votar contra el levantamiento del embargo a Cuba fue Paraguay en 1993. Los últimos en América Latina que se mantuvieron entre las abstenciones fueron El Salvador y Nicaragua, en el 2000 y en el 2001 (ver nota). Un informe de la ONG Amnistía Internacional publicado en el 2009 y titulado El embargo estadounidense contra Cuba Su impacto en los derechos económicos y sociales (disponible en la red) permite conocer los graves impactos desde la perspectiva de los derechos humanos de esta decisión unilateral de Estados Unidos contra Cuba.
La ausencia de algún voto en contra en la votación del 2016 se debió a que Estados Unidos e Israel optaron esta vez por abstenerse, por vez primera en la historia. En años anteriores, ambos Estados votaban siempre en contra, logrando por lo demás reunir unas pocas abstenciones o votos en contra como las de Islas Marshall, Micronesia, Palau o Nauru:
– en el 2006, por ejemplo, se registraron 183 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall, Palau), y tan solo uno (Micronesia) se abstuvo durante la votación de esta misma resolución (ver nota de prensa);
– en el 2007, fueron 184 votos a favor acompañado del mismo padrón de los demás Estados antes citados (ver nota de prensa);
– en el 2008, fueron 185 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Palau), y 2 abstenciones (Micronesia e Islas Marshall) (ver nota);
– en el 2009, fueron 187 votos a favor, y el mismo padrón de votos de los demás Estados citados para el ejercicio del 2008 (ver nota).
En esta nota se detalla cómo Cuba ha ido paulatinamente aumentando el apoyo a esta resolución anualmente votada en Naciones Unidas, dejando a Estados Unidos y a su fiel e incondicional aliado israelí en un aislamiento casi total que se materializó en este año 2016.
La abstención de Estados Unidos plantea algunas interrogantes (ver nota de la BBC). Para la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas » “After more than 50 years of pursuing the path of isolation, we have chosen to take the path of engagement» (ver nota de prensa de Naciones Unidas). Algunos observadores coinciden en que la administración del Presidente Obama hubiese podido despedirse de la comunidad internacional con un voto en contra, en vez de optar por una simple abstención. Ello en aras de ser más consistente con el discurso del Ejecutivo de Estados Unidos sobre la necesidad de poner fin al embargo, y las dificultades encontradas en el Congreso norteamericano para derogar la ley Helms-Burton. Tal y como se puede apreciar en esta notade Naciones Unidas, además de Cuba, por parte de América Latina, tomaron la palabra los siguientes Estados: República Dominicana, Venezuela, México, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y El Salvador.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Imagen con fines ilustrativos tomada de World Affairs Council.
El hecho que 22.620 costarricenses hayan salido de la pobreza en el último año no puede pasar desapercibido. Más allá de las cifras, es un logro profundamente humano pues implica que unos 10.400 hogares han dejado de padecer carencia de recursos para satisfacer sus necesidades más importantes. Es la primera vez que una cosa así sucede desde que el instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realiza la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Según dicho estudio, se mire por donde se mire, el avance es significativo. Si la pobreza se mide en términos de ingreso (línea de pobreza) la reducción fue de 1,2 puntos porcentuales (p.p.), si se calcula en torno a un conjunto de indicadores más amplios, como pobreza multidimensional, la reducción fue mayor, 1,3 p.p. En ambos casos el resultado es estadísticamente significativo, según el INEC.
Las razones de la reducción están claras, el ingreso medio de los hogares registró un aumento del 2,4%, explicado en mayor medida por la subida en un 14% de las transferencias estatales y las becas, un aumento de 8,5% en otras transferencias, la reducción en la línea de pobreza gracias a una inflación negativa y un aumento del empleo en algunas zonas rurales.
Uno de los méritos del avance en pobreza es haberlo logrado en un contexto económico difícil, donde el crecimiento económico nacional, si bien es más alto que el promedio de la región, es apenas acorde con el potencial de la economía, y la tasa de desempleo es alta. No es la primera vez que algo así ocurre, como ha documentado el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, países como Costa Rica y algunas regiones de la India, han mostrado que es posible mejorar las condiciones de vida de las personas en contextos de bajo crecimiento económico, a través de una buena política social. Si bien muchos economistas consideran que la única forma de reducir la pobreza es con tasas de crecimiento económico altas, por la vía de la “teoría del goteo”, el acontecimiento sucedido es señal de que existen otras maneras para distribuir mejor los recursos que genera la sociedad.
El otro gran logro es la reducción de la pobreza en la zona rural, donde en promedio fue mayor (2,2 p.p.), destacándose regiones como la Brunca, donde la pobreza cayó 4,4 p.p. y la Chorotega que lleva dos años consecutivos de fuerte merma. Regiones donde además el desempleo se encuentra históricamente por encima del promedio nacional.
El secreto de lo acontecido parece ser una política estatal de atención a la pobreza que se mantiene a través de los distintos gobiernos y se perfecciona. El apoyo a programas de larga data como las pensiones no contributivas, las becas para educación y las ayudas en especie, han sido articuladas y combinadas en una batería de programas que reduce las filtraciones y las ineficiencias. El cambio más importante en años recientes, parece ser una identificación más precisa de los beneficiarios, y la reorientación en la asignación de las ayudas por la vía de la oferta, más que la demanda. La creación de los cogestores sociales, los mapas sociales, el Sistema Nacional de información y Registro Único de Beneficiarios, todos ellos parte del programa Puente al Desarrollo que ya atiende a más 27 mil nuevas familias, parecen estar dando resultados.
No obstante, el logro más importante en materia social este año no está exento de retos, el primero quizás sea su sostenibilidad; mientras no se resuelva el asunto fiscal, la disponibilidad de recursos para financiar el conjunto de programas sociales que tiene el Estado costarricense no está garantizado. En los últimos años la inversión social estatal ha venido recuperándose a expensas de un mayor nivel de deuda pública, y reduciendo el gasto de capital, esta ruta no es sostenible.
El reto fundamental es lograr que los recursos de los programas de asistencia social creen y potencien las capacidades de las personas. En el mediano plazo, la meta es que los beneficiarios de los programas sean capaces de independizarse de ellos; aquí la responsabilidad es compartida.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.eldeber.com.bo
Enviado a SURCOS Digital por Oficina Comunicación UNA.
Caso Baulas contra Costa Rica: CIADI se declara incompetente para algunos terrenos objeto de supuesta expropiación y se reserva estudio para indemnización de otros
El pasado viernes 28 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (más conocido por sus siglas CIADI o en inglés ICSID) dio a conocer su decisión provisional con relación a la supuesta expropiación de varios terrenos ubicados cerca del Parque Nacional Las Baulas, Guanacaste, en Costa Rica en el caso Spence International Investments, LLC, Berkowitz, et Al (Demandantes) c. Costa Rica (Demandada), Caso CIADI No. UNCT/13/2. En su decisión, el tribunal arbitral del CIADI descarta 18 terrenos del examen y se reserva la posibilidad de declararse competente para los 8 restantes (ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
Esta primera decisión del CIADI no hace sino establecer una primera etapa procesal y reservar la eventual declaratoria de competencia del CIADI para 8 de los 26 terrenos inicialmente objeto de la demanda para otro momento procesal. El procedimiento continúa para estos 8 terrenos y la próxima decisión del CIADI resolverá, luego de oir a ambas partes (y examinar documentación aportada por ambas), si es o no competente. Algunos titulares de medios de prensa tales como «Costa Rica gana demanda sobre propiedades expropiadas para desarrollar Parque Nacional Marino las Baulas» utilizado en Elpais.cr, o bien «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC» publicado en La Nación son incorrectos y arrojan una lectura errada de la decisión, cuyo texto está disponible de manera integral en el sitio oficial del CIADI. La agencia china de noticias Xinhua se hizo igualmente eco de este pretendido «gane» de Costa Rica en el título escogido por sus corresponsales (ver nota).
Sobre el término de «expropiación» usado por los demandantes y por algunos medios de prensa y analistas, es muy probable que algunos de estos terrenos no fueron «expropiados» (término usado cuando un terreno privado pasa a ser propiedad estatal) en la medida en que el Estado siempre permaneció como titular y propietario de estos según la legislación en vigor. La limitación de uso de suelo de un terreno a veces suele ser considerada ante el CIADI como equivalente a una expropiación. Se debe advertir al lector que, ante el CIADI así como ante otros órganos arbitrales, varios términos suelen usarse de manera impropia: por ejemplo, el rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a una minera canadiense por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2005 dió lugar a una demanda ante el CIADI por parte de la empresa Vanessa Ventures aduciendo una «nacionalización» de su proyecto minero. Notemos que esta demanda fue retirada por la empresa canadiense en octubre del 2005, sin que a la fecha de hoy se tenga mayor claridad sobre las «negociaciones» a las que se refirieron sus abogados al notificar el retiro de la demanda a la Secretaría del CIADI, en una carta con copia al entonces Ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sánz y al entonces Embajador Tomás Dueñas Leiva (Nota 1).
En Guanacaste, así como en algunas otras partes de Costa Rica, inversionistas nacionales y extranjeros son a veces llevados a comprar terrenos que, por su ubicación, no pueden sino pertenecer al Estado (en su totalidad o de forma parcial); también se puede tratar de terrenos colindantes con la playa que cuentan con una serie de limitaciones con relación al uso de suelo, según la legislación vigente. Paralelamente a ello, presiones políticas dentro de las entidades públicas del Estado costarricense tendientes a favorecer a un determinado proyecto y a hacer a un lado la legislación ambiental vigente, culminan con actos administrativos del mismo Estado contradictorios con su propia reglamentación. Recordemos que en el 2007, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) fue «intervenida» por el titular de la cartera de Competitividad, para aplicar un «bisturí» a dicha entidad técnica ambiental (ver nota de El Financiero de noviembre del 2007). En un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar para el Estado de la Nación sobre la extraña tendencia del Estado de desacatar sentencias ordenadas por sus propios tribunales en materia de recurso hídrico, se citaba a uno de los integrantes de la Comisión Plenaria de la SETENA de aquella época, quién afirmó públicamente a un medio de prensa uiversitario lo siguiente: “Entonces en nombre de la inversión extranjera ha habido presiones para que aceleremos los análisis, para que en esa “competitividad” saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los análisis debidamente, y por estas presiones creo que ahí pudimos haber tenido debilidades (sic.)” (p.18, nota 58).
Durante esta misma época en la que se promocionó una muy publicitada «Paz con la Naturaleza» (2006-2010), merece también mención un caso llevado al conocimiento del juez constitucional: el del Proyecto turístico Punta Cacique, declarado «de conveniencia nacional e interés público» por el Poder Ejecutivo. El juez constitucional, en el 2009, pareció aceptar la idea (a todas luces original) de galardonar proyectos privados con esta calidad con base en los estudios técnicos presentados por las entidades recurridas (Nota 2). Una decisión del tribunal contencioso administrativo (TCA) de noviembre del 2010 relacionada con un proyecto minero galardonado de igual forma por el Ejecutivo permitiría apreciar la seriedad de los estudios técnicos antes referidos (y la facilidad con la que la Sala Constitucional se deja a veces convencer).Remitimos al lector al texto completo de la decisión del TCA sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas: por ejemplo en el punto IXX se lee que «Como se ve, el ex Ministro Dobles Mora aportó, para ser presentado ante la Sala Constitucional (que fue inducida a error sobre el punto), un documento aparentemente científico en el que se expone como viable la intercepción del acuífero inferior, en el que se utiliza equivocadamente la noción de profundidad y una medida en metros bajo el nivel del suelo, cuando lo correcto científicamente, según lo narró el propio profesional que elaboró el documento (en lo cual coincide con el criterio expuesto por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y por el geólogo José Francisco Castro Muñoz), era indicar la elevación en metros sobre el nivel del mar».
Con relación al Parque Marino Las Baulas, en este número de la Revista Ambientico dedicado a la problemática de este parque nacional, uno de los articulistas expresa que: «…en el área de playa Grande, donde se ubica prácticamente la totalidad del Parque Baulas, la Universidad de Costa Rica estableció lo que luego confirmó el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara): la vulnerabilidad extrema del acuífero costero, lo que implica, conforme a la “Matriz de criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”, que el uso recomendado del suelo es únicamente la conservación absoluta. Ante esta realidad, y para evitar las consecuencias de la aplicación de esta herramienta de planificación y protección del agua subterránea, la Junta Directiva de Senara publicó –el último día hábil del año pasado- un aviso en un periódico de circulación nacional en el que niega la aplicación de tal Matriz al territorio nacional. Ante esto, la Sala Constitucional, como máximo fiscalizador de los abusos del poder, ordenó a dicha Junta el mantener los criterios de protección de aguas subterráneas que dicha Matriz contiene. A esta fecha, en Senara, pasando por encima de lo dicho por la Sala y al mejor estilo de las dictaduras modernas, está en ejecución una iniciativa de modificación de las reglas de protección de las aguas subterráneas. Por su parte, los peritos valuadores del Ministerio de Hacienda y los nombrados por los Tribunales de Justicia se niegan a considerar estos elementos condicionantes del uso del suelo que, me atrevo a afirmar, cambiarían radicalmente la conclusión económica de sus valuaciones y permitirían obtener, con menor esfuerzo, los fondos para la expropiación de la totalidad del territorio» (p. 6)
En este otro número especial de la Revista Ambientico dedicado de igual formal al Parque Marino de las Baulas, uno de los articulistas concluye su análisis indicando que: «Los antecedentes demuestran que el control, el seguimiento y la aplicación de planes de prevención ambiental en el país no son el fuerte de las autoridades y que más se actúa para corregir que para prevenir, de manera que si se continúa aplicando criterios errados para evaluar la importancia del Parque y si se permite el desarrollo a costa de impactar los ecosistemas naturales y la biodiversidad, estaremos en el preámbulo de una tendencia peligrosa, donde lo que la ciencia y la técnica no permiten cambiar la conveniencia política si lo hará» (p. 6).
LOS PRINCIPALES ALEGATOS DE CADA UNA DE LAS PARTES ANTE EL CIADI EN EL CASO «BAULAS 2»
A diferencia de un nacional descontento con el actuar del Estado (y que solamente puede optar por recurrir a tribunales nacionales), un propietario extranjero tiene a su disposición la posibilidad de demandar a Costa Rica ante un ente internacional como el CIADI. Para los especialistas en la materia, el caso de estos 26 terrenos aledaños al Parque Las Baulas es denominado «Baulas 2». En efecto, en el 2012, Costa Rica fue condenada por el CIADI a pagar más de 4 millones de US$ a una pareja alemana por una demanda planteada en el 2008 referente a un terreno ubicado cerca de este mismo Parque Nacional, a raíz de diversas limitaciones para desarrollar un complejo eco-turístico. La demanda se amparó en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Costa Rica y Alemania, el cual contiene una cláusula muy favorable para el inversionista extranjero, al igual que los TBI de Costa Rica con Suiza, Paises Bajos y España, entre otros.
En esta segunda demanda, los inversionistas norteamericanos, invocando la letra del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR), alegaron ante los tres árbitros del CIADI la privación ilícita de sus inversiones inmobiliarias residenciales en 26 terrenos adyacentes a dos playas ubicadas en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste: Playa Grande y Playa Ventanas, localizadas ambas en la costa del Océano Pacífico. Según se lee en la decisión provisional del CIADI, «La cuestión objeto de debate consiste en determinar si, al momento de su compra, los terrenos se ubicaban total o parcialmente dentro del Parque Nacional Las Baulas (“el Parque”), establecido en aras de proteger no sólo la tortuga marina baula, sino también otras especies y recursos naturales, y si las Demandantes tenían conocimiento de las consecuencias expropiatorias de que las propiedades se encontraran dentro de los límites del Parque o deberían haberlo tenido. No es objeto de debate que las privaciones invocadas surgen del desarrollo del Parque. Las Demandantes no cuestionan el derecho soberano de Costa Rica de expropiar tierras por causa de un propósito público. Sin embargo, primero, alegan que Costa Rica no “proporcion[ó] una indemnización pronta y adecuada por sus expropiaciones de facto y de jure”, contrariamente al Artículo 10.7 del CAFTA3 . [Traducción del Tribunal] Segundo, argumentan que Costa Rica no brindó “acceso a los medios administrativos y/o judiciales necesarios para la revisión inmediata de su expropiación de facto de ciertos segmentos de los lotes” en cuestión».
Por su parte, se lee que para Costa Rica, según se desprende del mismo texto de la decisión del CIADI: «7. Costa Rica se opone a la jurisdicción del Tribunal sobre la base del fundamento de que las Demandantes no iniciaron el procedimiento dentro del plazo de prescripción de tres años del CAFTA en virtud del Artículo 10.18.1 del CAFTA y/o de que las presuntas violaciones tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del CAFTA entre Costa Rica y los Estados Unidos el 1 de enero de 2009. No se presentó solicitud de bifurcación alguna, y las cuestiones jurisdiccionales se plantearon junto con las cuestiones de fondo. 8. En materia de fondo, Costa Rica alega que las Demandantes “tenían conocimiento de que sus propiedades, o algunas de sus partes, estaban sujetas a expropiación, tal como disponía la ley que creaba el Parque, o deberían haberlo tenido” y que, en la medida en que alguna propiedad haya sido expropiada, “no se ha tratado de una expropiación sin indemnización”. [Traducción del Tribunal] Asimismo, Costa Rica rechaza la alegación de las Demandantes de que “no ha garantizado el debido proceso legal, mucho menos de manera de alcanzar el nivel de violación de la disposición de trato justo y equitativo [del CAFTA]”. [Traducción del Tribunal]».
Figura con ubicación del Parque Nacional Las Baulas, extraída de artículo de prensa de La Nación sobre esta decisión del CIADI, y titulado (de forma errónea) «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC».
DECISIÓN PROVISIONAL DADA A CONOCER POR EL CIADI
En su decisión provisional, los tres arbitros establecen, por unanimidad, que:
«1. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes B1, A39, C71, C96, SPG3, V30, V31, V32, V33, V38, V39, V40, V46, V47, V59, V61a, V61b y V61c.
El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes A40, B3, B8, SPG1 y SPG2 salvo en cuanto a las alegaciones de las Demandantes de que, por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses, el cálculo de la indemnización respecto de los Lotes B3, B8, A40, SPG1 y SPG2 constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta y/o injusticia evidente contrario al Artículo 10.5 del CAFTA.
El Tribunal concluye que las Partes deberían tener la oportunidad de ser escuchadas respecto de la cuestión que consiste en determinar si el Tribunal goza de jurisdicción para entender en las alegaciones por parte de las Demandantes de violación del Artículo 10.5 del CAFTA por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses dictadas con posterioridad al día 10 de junio de 2013 en cuanto a los Lotes B5, B6 y B7.
Las actuaciones aplicables a los procedimientos adicionales se reservan a la decisión oportuna del Tribunal, previa consulta a las Partes».
(ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
EL PRECEDENTE DEL CASO «BAULAS 1»
En el caso «Baulas 1» o caso Unglaube contra Costa Rica (ARB /09/1 y ARB 09/20), el reclamo de dos ciudadanos alemanes (Marion y Reinhard Unglaube) se basó en el hecho que, al verse imposibilitados de desarrollar en Playa Grande un proyecto de condominios de turismo ecológico debido a las restricciones de uso de suelo y limitaciones de carácter ambiental existentes, se les debía reconocer una indemnización, en particular en relación a los 75 m. de franja marítima. La finca fue adquirida por una sociedad panameña en 1987 de la que eran socios los esposos Unglaube, y los inversionistas alemanes consideraron ser objeto de una expropiación, reclamando el pago de una indemnización por parte de Costa Rica evaluada en 5.190.000 US$. En su decisión del 16 de mayo del 2012, el CIADI condenó a Costa Rica a pagar 3.100.000 US$, así como intereses sumando en total 4.085.900 US$ (ver nota de prensa de La Nación).
Es de notar que se lee en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) del año 2010 ( ver texto del Informe DFOE DFOE-PGAA-IF-3-2010 con fecha del 26 de febrero del 2010, p. 25) que: «Los valores asignados por la ATP a los terrenos que se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Marino Baulas, muestran un incremento significativo en los precios asignados a 31 propiedades que fueron valoradas en el año 2008, en contraste con el costo determinado a 24 terrenos de características semejantes, cuyos valores fueron estimados durante el período comprendido entre los años 2005 y 2007. Al respecto, se tiene que el valor por metro cuadrado de un terreno con un área aproximada de 1000 m 2 alcanzó en el año 2005 un monto promedio de ₡20.315,12/m2, mientras que en el año 2008 el valor para dicho terreno asciende a ₡187.354,55/m 2, lo cual representa un aumento del 822%». A raíz de este informe de la CGR, parte del proceso de expropiación fue suspendido por autoridades a cargo del ambiente (SINAC). No se ha oído, a la fecha, de alguna investigación interna ni de sanciones a funcionarios del Ministerio de Hacienda responsables de esta extraña manera de evaluar terrenos en esa zona.
Esta inusual sobrevaloración del precio del metro cuadrado del mismo Estado contraviene con indicaciones sobre restricciones al uso de suelo de todo tipo, varias de ellas debido a la presencia de un acuífero muy vulnerable en la zona aledaña al Parque Nacional de Las Baulas. Precisamente, en la página 31 de este mismo informe de la CGR del año 2010, se indica que. «Empero, es menester resaltar que la condición de vulnerabilidad de los terrenos del PNMB, no obedece a eventos ocurridos después de la fecha de las valoraciones efectuadas por la ATP, sino que se trata de circunstancias inherentes a esa zona, las cuales, si bien fueron retomadas por el SENARA en el oficio de previa cita, ya habían sido señaladas por esa misma entidad en documentos emitidos en años anteriores, como por ejemplo, en el estudio denominado “Evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en el acuífero costero Huacas – Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica”, de mayo de 2003, así como en el oficio No. ASUB-476-06 del 23 de Noviembre de 2006. Asimismo, se debe indicar que se conoce de informes emitidos por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y de la “Comisión Baulas”, de la Iniciativa Paz con la Naturaleza, los cuales también han concluido en señalamientos categóricos acerca de la situación de vulnerabilidad en la zona del PNMB. Así las cosas, no resulta aceptable lo indicado por el Área de Valoraciones de la DGT, siendo que desde el año 2003 se tienen estudios acerca de la vulnerabilidad de la zona, aunado a que las condiciones restrictivas que predominan en ese sector ya habían sido, en alguna medida, identificadas por los propios peritos de la ATP, al haber catalogado el uso del suelo como de categoría 7, sin que las variables respectivas se tomaran posteriormente en cuenta como parte de las estimaciones realizadas».
En un artículo en francés publicado en el 2009 por el jurista costarricense Edgar Fernández Fernández, titulado «Conflits d’usage des espaces naturels au Costa Rica» se lee, a propósito del Parque Marino de Las Baulas, que los diputados de la Asamblea Legislativa también se mostraron extremadamente sensibles a los intentos de algunos propietarios de evitar la adquisición por parte del Estado de sus terrenos. Nos situamos antes de la sobrevaloración detectada en el 2010 por la CGR, pero que puede explicar en parte lo que ocurriría luego con el valor del metro cuadrado en esa precisa zona de la costa Pacífica:«Dans le cas spécifique du Parc national marin Las Baulas de Guanacaste, les propriétaires ont essayé par tous les moyens d’éviter l’acquisition publique, car ils craignent de ne pas pouvoir obtenir de l’Etat le même prix qu’ils recevraient s’ils vendaient leurs terrains sur le marché à des personnes désirant construire des maisons de vacances à quelques pas de la mer. La discussion s´est donc vite réduite à la question concernant le prix des terrains : les projets de loi présentés se fondent sur l’argument selon lequel l’Etat n’a pas les moyens financiers pour payer les prix exorbitants qu’il faudrait payer aux propriétaires de terrains dans le parc, et ce malgré le fait qu’aucune procédure d’expropriation en cours n’a encore arrêté un prix pour l’un des terrains concernés. Parmi les trois projets de loi présentés pour exclure les terrains privés du Parc, ceux présentés en 2008 n’ont pas été approuvés par l’Assemblée législative, tandis que celui présenté en 2009 s’annonce comme un projet décisif pour le futur des parcs nationaux au Costa Rica compte tenu du dangereux précédent qu’il pourrait ainsi créer»(p.9).
En uno de los diversos peritajes aportados por Costa Rica a los árbitros del CIADI en este caso de «Baulas 2», el jurista costarricense Aldo Milano, especialista en derecho administrativo, precisa que la actuación del SINAC no debiera de ser cuestionada, desde la perspectiva del derecho público costarricense: «La decisión del SINAC de suspender algunos procedimientos administrativos durante el desarrollo de la investigación o auditoría que dió lugar al informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 es legítima, y puede inlcuso deducirse de ese informe vinculante a título de acto implícito» (ver texto completo de este peritaje aportado por Costa Rica, punto 63, p. 21). Por su parte, una funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), Gloria Solano Martínez, emitió ante los árbitros del CIADI un documento en el que defiende la legalidad de los actos de la PGR cuestionados por los demandantes (ver documento).
Con relación al tema más específico del valor de estos terrenos, resulta oportuno señalar que con en cuanto a los montos que adeuda Costa Rica de manera general por la creación de Parques Nacionales, se lee en este reportaje de junio del 2016 del Semanario Universidad que: «La mayoría de ese monto corresponde al pago de propiedad privada dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde el Sinac estima que debe pagar ¢859.000 millones por 305 hectáreas (aunque el Plan de Manejo del Parque señala que solo hay 242,38 hectáreas por comprar)».
Finalmente, vale la penar recordar que el caso Unglaube que se planteo en el 2008 ante el CIADI fue uno de muchos terrenos en la zona que no fueron elevados en su momento a conocimiento del CIADI. En esta nota del año 2009 sobre el reclamo inicial de los Unglaube ante el CIADI contra Costa Rica, se lee que: «As reported previously by ITN, a year ago Mr. Unglaube’s wife filed a similar arbitration against Costa Rica, which is also pending at ICSID. The two own 50% shares in the company Uni Rana which owns the hotel complex at Playa Grande. Mrs. Unglaube’s arbitration alleges similar breaches of the Costa Rica-Germany Bilateral Investment Treaty, in relation to property she owns in the area including her 50% share in the hotel complex. Last year, counsel for Mrs. Unglaube told ITN that she was not the only investor to have been affected by restrictions on property development in the area around the marine park. More than 50 other properties are alleged to have been affected; however it is unknown how many of these are foreign owned».
DE OTRAS DEMANDAS PENDIENTES CONTRA COSTA RICA ANTE EL CIADI
Además de esta nueva demanda relacionada a terrenos cercanos al Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica enfrenta en la actualidad otros cuatro procedimientos ante el CIADI que se mencionarán muy brevemente a continuación:
la demanda interpuesta por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ en el 2014 (ver ficha técnica), amparada en el TBI Costa Rica-Canadá; 2. la demanda presentada por Cervin Investissements et Alii (subsidiaria de Gas Z) por 30 millones de US$ en el 2013 (ver ficha técnica), usando como base de competencia el TBI Costa Rica-Suiza; 3. la demanda presentada por Supervisión y Control SA (subsidiaria de RITEVE) en el 2012 por 262 millones de US$ (ver ficha técnica), recurriendo al TBI COsta Rica-España; y 4. la demanda presentada por David Aven y otros en el 2014 por un proyecto residencial en Playa Esterillos frenado por las autoridades, en la que se reclama un monto de 70 millones de US$ (ver ficha técnica), utilizando esta vez el CAFTA-DR. Varios de estos casos encuentran su origen en actos administrativos adoptados por el aparato estatal costarricense en el período 2006-2010 (Nota 3). Al momento de redactar estas líneas (28 de octubre del 2016), después de Venezuela (con 26) y de Argentina (con 18), Costa Rica es el Estado de América Latina con más demandas pendientes de resolución ante el CIADI, seguido luego por Perú (4), México y Panamá (3), y Ecuador (2).
A nivel global, de los 217 casos pendientes registrados, España en la actualidad es el Estado con mayor cantidad de demandas en espera de ser resueltas: supera a Venezuela, acumulando un total de 27 demandas (ver recuadro oficial del CIADI). En su gran mayoría, estas demandas se originan en recortes al presupuesto estatal decididos en el 2015 en materia de ayudas estatales a proyectos de energías renovables. Como detalle un tanto curioso en la región centroamericana, de las tres demanas que enfrenta Panamá en estos momentos, una fue presentada por quién hoy ostenta el cargo de Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (caso Álvarez y Marín Corporación S.A. y otros c. Panamá, ver ficha técnica).
Como otro detalle un tanto inusual, al uso de términos impropios antes señalado por parte de algunos demandantes ante el CIADI, el caso David Aven y otros contra Costa Rica dio recientemente lugar a una contestación de los demandantes en los que se aprecia una serie de improperios dignos de citar por parte de los abogados contratados por los inversionistas extranjeros: «Quitando toda la alharaca del Escrito de defensa del Demandado, es incuestionable que los Demandantes obtuvieron de los diversos organismos competentes de Costa Rica todos los permisos relevantes para realizar este proyecto, y que dichos permisos fueron retirados poco después de iniciarse el proceso de construcción del proyecto. Los Demandantes están muy lejos de ser los necios irresponsables descritos en el Escrito de defensa: adoptaron todas las medidas para asegurarse de disponer todo lo necesario para el proyecto y, minuciosos y prudentes como son, contrataron a los mejores expertos para desarrollar el proyecto. 8. En su desesperación por evitar la responsabilidad por las demandas presentadas en este arbitraje, esencialmente el Demandado alega que estaba facultado para retirar los permisos sobre la base de que (a) el emplazamiento de Las Olas es ecológicamente importante y sensible debido a la presencia de humedales y bosques, y de que (b) los Demandantes omitieron cumplir sus obligaciones para con las leyes de Costa Rica. Analizándolos, la totalidad de los argumentos del Demandado son erróneos,y claramente erróneos. Los Demandantes han evaluado todos los puntos alegados por el Demandado y pueden afirmar que ninguno de ellos resiste una comprobación objetiva» (escrito de contestación, 5 de Agosto del 2016, p. 4, texto integral disponible aquí)
LOS GASTOS QUE ASUME UN ESTADO ANTE UNA DEMANDA DEL CIADI
A finales del año 2010, se pudo escuchar en la Asamblea Legislativa (veracta del 23/11/2010, p. 32, intervención del Diputado José María Villalta ) que dentro del presupuesto nacional de Costa Rica, un aumento significativo respondía a necesidades urgentes de los servicios jurídicos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): «Cuarenta y nueve coma tres por ciento creció la partida de Servicios jurídicos del Cómex, y dicen que son recursos necesarios para atender —oigan bien, señoras y señores— los procesos de arbitrajes internacionales que nuestro país debe afrontar en el marco de los diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes, y se incluye un presupuesto —oigan bien, es que esto es importante— de mil trescientos cuarenta y cuatro millones solo para el pago de asesorías en casos comerciales para enfrentar procesos de arbitraje ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones, siendo que actualmente hay tres casos, nada más tres casos, mil trescientos millones, tres casos ante el Ciadi, que es este organismo de arbitraje internacional que administra el Banco Mundial, donde se ha disparado el rubro para atender estos arbitrajes. Y se incluyen ciento cincuenta y siete millones para contratar asesores externos, abogados, porque estos juicios se llevan afuera, se dan fuera del territorio costarricense».
En un artículo del Semanario Universidad del 2013, se indicó que para COMEX, «Independientemente de que este arbitraje prospere o no, el proceso de defensa le costará al país entre 1 y 1.5 millones de dólares, informó la oficina de prensa del Comex». En una comparecencia realizada en setiembre del 2014, el actual titular del Comercio Exterior externó que: «Lo que sucede es que los procesos arbitrales tienen muchas etapas, para el 2015 sumamos cinco casos, antes los teníamos en etapas iniciales. Esta situación nos genera un aumento en lo que es la contratación de servicios jurídicos en un 100%» (ver nota de la Extra).
Estas y otras aseveraciones sobre montos invitan a la reflexión, en la medida en que para especialistas en materia de arbitraje de inversiones, cada demanda ante el CIADI significa para el erario público de un Estado un gasto de unos 8 millones de US$ para asegurar su defensa ante los árbitros del CIADI (el cual incluye, además de los honorarios de firmas de abogados, estudios, peritajes, viajes y per diem en Washington, gastos secretariales, traducciones, certificaciones, elaboración de mapas, salarios de funcionarios dedicados a tiempo completo o parcial a coordinar dicha defensa, etc…). Una demanda ante el CIADI dura, si no hay incidentes procesales mayores que atrasen el procedimiento, cuatro años como mínimo. En esta nota de CRHoy del 2014, se lee que: «El abogado especialista en derecho internacional Juan José Obando afirmó que los montos pagados por el Gobierno son bajos para parámetros internacionales. El experto mencionó que un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) determinó en $8 millones el costo de la defensa legal por un caso». No obstante, en el largo caso Pacific Rim que enfrentó El Salvador en el CIADI (demanda inicialmente planteada por 314 millones de US$ por una empresa minera canadiense, ahora en manos de un consorcio minero australiano), se leyó recientemente que el monto en honorarios de abogados superaba los 12 millones de US$ (vernota de prensa titulada “Arbitraje con Pacific Rim ha costado al Estado $12.6 millones”). En otro extenso caso de la empresa minera canadiense Crystallex contra Venezuela, cuya decisión se dio a conocer en abril del 2016 (ver texto del fallo en su versión española), Venezuela reconoció haber gastado en honorarios de abogados la suma de 14.322.826 US$ (punto 950 del fallo), mientras que la empresa minera indicó haber gastado 30.493.635 US$ (punto 949 del fallo). . En el caso de una demanda presentada ante el CIADI en el 2004 por la minera canadiense Vanessa Ventures contra Venezuela por 1.045 millones de US$ debido a la suspensión del proyecto minero Las Cristinas en 1999, se determinó (ver párrafo 235 del fallo del CIADI a favor de Venezuela con fecha de diciembre del 2012, texto en español) que Venezuela y la empresa gastaron ambos 20 millones de US$ en su defensa. Por estas (y por algunas otras razones) es que se puede tener algunas reservas con relación a los módicos montos de Costa Rica dados a conocer en documentos oficiales recientes sobre el costo que representan estas demandas que enfrenta ante el CIADI (Nota 4).
Una reciente tesis de grado de la Facultad de Derecho de la UCR (ver texto completo) titulada «El formato de defensa utilizado por Costa Rica en conflictos dirimidos ante el CIADI» señala algunas diferencias en los montos correspondientes a las contrataciones de firmas de abogados norteamericanas: «En los casos de Marion y Reinhard Hans Unglaube, expedientes 2008CD-001500- 79600 y 000204-79600, se contrató también a Sidley Austin LLP por la suma de $850.000,00 y $260.000,00, que podrían tomarse como precio unitario equivalente a la suma de ¢555.000.000 ya que la contratación del caso de Reinhard se realizó a través de un addendum en el cual se modificó el contrato original con Marion Unglaube. § En el caso Quadrant Pacific Growth Fund L.P. and Canasco Holdings Inc., expediente 2008CD-001500-79600, se contrató por tercera vez a Sidley Austin LLP por la suma de $750.000 equivalente a la suma de ¢375.000.000. § En el caso de Supervisión y Control S.A., expediente 2012CD-000006-79600, se contrató a la firma Arnold & Porter LLP, por la suma de $1.399.000,00, equivalente a la suma de ¢699.500.000. § Por último, en el caso de Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A., expediente 2013CD-000018-79600, se contrató a la firma Baker Botts (UK)LLP por la suma de $1.250.000,00 equivalente a la suma de ¢625.000.000″ (pp.141-142).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Tuvimos la oportunidad de analizar la solicitud de Costa Rica de poner fin al procedimiento ante el CIADI en el 2015 con relación a la demanda de la minera Infinito Gold (ver artículo publicado en el OPALC): se trata de una gestión que no surtió mayores efectos ya que el procedimiento se mantuvo por decisión del los árbitros. En el caso de la demanda presentada por una subisidiaria de RITEVE contra Costa Rica en el año 2012, las afirmaciones del Ejecutivo son dignas de mencionar: se pudo leer en el Diario La Extra (edición del 16/06/2012) que el viceministro del MOPT, Rodrigo Rivera, «explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje»: el contrato de concesión por 10 años más fue reconducido por Costa Rica en el 2012, y la demanda se mantiene pendiente de resolución en el registro oficial del CIADI al 2016.
Nota 1: Cuando la empresa antecesora a cargo del proyecto minero en Las Crucitas, Vanessa Ventures, demandó a Costa Rica en el año 2005 (debido a la no aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA) lo hizo por un monto de 276 millones de US$(ver nota de La Nación). En una carta con fecha del 3 de octubre del 2005 (ver texto completo), la empresa minera retiró formalmente su demanda aduciendo estar en negociaciones con el gobierno de Costa Rica de la época. Al haber la SETENA dos meses después (diciembre del 2005) aprobado el Estudio de Impacto Ambiental que había rechazado anteriormente, la expresión “reasonably optimistic” mencionada por la empresa en esta carta de octubre del 2005 adquiere particular significado. A la fecha, se desconoce quiénes en nombre del Estado «negociaron» con la empresa en el 2005 y cuál fue el objeto de dichas negociaciones.
Nota 2: En la decisión del 2009 en la que rechaza un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que declara de conveniencia nacional dicho proyecto, el juez constitucional precisa que: «En esa virtud, la Sala no puede levantarse como un contralor de legalidad, y venir a determinar la procedencia, veracidad y legalidad del contenido de los estudios técnicos agregados al expediente, ni tampoco, señalarle a las autoridades accionadas, cuáles eran los análisis o la investigación más adecuada para sostener la viabilidad de este tipo de declaratorias, pues eso tendría como consecuencia el que esta sede se inmiscuyera e interviniera en el seno de sus prerrogativas, y sobre todo, de su especialidad. Asimismo, se verificó que con la puesta en práctica de esta normativa, no se van a entorpecer las funciones que por ley le corresponden a las entidades municipales, o a los órganos que velan por la salud y el ambiente, pues la petición de permisos ante los trabajos que en ese proyecto se efectúen, deben contar con las autorizaciones correspondientes – ver artículo 3 del Decreto -. Agréguese a lo dicho que, como la consecuencia inmediata del reclamo del recurrente, derivó en la tan mencionada falta de fundamentación del acto, ello también es un tema que, si a bien lo tiene el petente, puede reclamar haciendo uso de los remedios ordinarios que existen al respecto».
Nota 3: Con relación a declarar de interés nacional proyectos privados, remitimos al lector a estas conclusiones de un foro académico realizado en la UCR en el 2009 titulado «Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET»: ver nota del Semanario Universidad.
Nota 4: Se lee en la solicitud de modificación presupuestaria para el 2013 presentada por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (ver texto) que: «Al Ministerio de Comercio Exterior se le asignan recursos para atender aspectos relacionados con la defensa de los intereses comerciales del Estado, por un monto de ¢332,4 millones para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), para la atención de los siguientes casos: · Supervisión y Control S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/12/4). · Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/13/2) y, · Spence Internacional Investments y Berkowitz vs República de Costa Rica, referente a la expropiación de las propiedades ubicadas en el Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande, Guanacaste» (p. 21).
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Del informe Situación del Mercado Laboral Costarricense al segundo trimestre 2016, elaborado por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, dado a conocer hace pocos días, se desprenden importantes resultados, entre ellos, las grandes brechas regionales y territoriales que persisten en el país y que urgen de políticas públicas para su atención.
Las brechas de género en el mercado laboral se amplían cuando se desagregan los datos a nivel regional: por un lado se observa que -en todas las regiones- el porcentaje de mujeres empleadas en ocupaciones de calificación alta es mayor que el porcentaje de hombres; y por otro, que las tasas de desempleo entre las mujeres son más altas que entre los hombres, situación que se agrava cuando se incluye dentro de los desempleados a aquellas personas disponibles para trabajar pero que se encuentran desalentadas. Esto quiere decir que muchas mujeres tienden a desempeñarse en puestos de calificación alta, pero el mercado laboral, en las distintas regiones, no está creando las oportunidades suficientes para ellas.
Por ejemplo, en la región Brunca el porcentaje de mujeres que realiza ocupaciones de calificación alta casi duplica al porcentaje de hombres (25,2% y 13,3% respectivamente), pero al mismo tiempo, el desempleo entre ellas alcanza el 14,9% y entre ellos el 10,8%. Un comportamiento muy similar se presenta en las demás regiones periféricas y, solo en la región Central las brechas de género, tanto en la calificación del empleo como en la tasa de desempleo, son ligeramente menores.
El comportamiento de los indicadores de empleo agregados a escala nacional reflejan, principalmente, el comportamiento de la Región Central: el 65,14% de la fuerza de trabajo costarricense se encuentra en dicha región, así como la mayoría de personas desempleadas (el 61.3%). Asimismo, a nivel nacional, la tasa de desempleo se mantuvo estable, a pesar de haber una menor cantidad de personas ocupadas, y esto se debe, principalmente, a una constante salida de personas del mercado de trabajo, en mayor medida de la región Central. Solo entre el primer y el segundo trimestre del 2016 la fuerza de trabajo a nivel nacional descendió en 44.638 personas, de las cuales 41.830 son de la región Central. Este comportamiento también se verifica en las regiones Chorotega y Huetar Norte, pero no así en las demás regiones. Es importante considerar que una parte de esta población que se sale del mercado de trabajo corresponde a jóvenes que no estudian ni trabajan.
A nivel territorial, la Encuesta Continua de Empleo (ECE) revela una tendencia hacia la baja en los indicadores de desempleo en la vertiente del Atlántico y la cuenca del Río San Juan: la región Huetar Norte presentó una tasa de desempleo de 8,67%, la más baja del territorio nacional en el II trimestre del 2016, aunque con la mayor brecha a nivel de género (un desempleo del 5,8% en hombres y un 14,2% en mujeres) mientras que en la región Huetar Atlántico se experimentan cuatro trimestres consecutivos de reducción de la tasa de desempleo ubicándose en 9,71%, ligeramente superior al promedio nacional.
También a nivel territorial, esta encuesta permite observar que los principales problemas de desempleo se encuentran en la costa pacífica. En la región Chorotega, si bien la tasa de desempleo ha tendido ligeramente hacia la baja en últimos tres trimestres, volvió a situarse por encima del 11% en el segundo trimestre de 2016. En la Región Pacífico Central se ha consolidado una tendencia de aumento en la tasa de desempleo que ya lleva cuatro trimestres consecutivos y se ubicó por encima del 11%. Finalmente, la región Brunca presenta la tasa de desempleo más alta del país por encima del 12% y se consolida como la región con los índices más altos del último año.
De esta manera, se concluye que las asimetrías entre hombres y mujeres en el mercado laboral son estructurales en la economía costarricense ya que son comunes en todo el territorio nacional, siendo las mujeres de la región Huetar Norte las más afectadas. Además, que el comportamiento de los indicadores de empleo agregados a nivel nacional no expresan necesariamente las desigualdades territoriales debido a la alta concentración de la fuerza de trabajo en la región Central y; finalmente, que las regiones de la Vertiente del Pacífico requieren de una mayor atención por parte de las políticas públicas, ya que se viene consolidando una exclusión en el mercado laboral que, de no revertirse, podría convertirse en una crisis de empleo en años venideros.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a Distancia.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.
Recuerdo que cuando era niño me decían en el colegio que una de las profesiones de servicio era la medicina; con el tiempo fui creciendo con ese concepto, aprendiendo que el servicio es brindarse a otros con lo que sabemos hacer para el beneficio espiritual de uno en la atención corporal y espiritual del otro.
Creía ciegamente que la medicina era así, por tanto, empecé a desarrollar una gran admiración por la medicina en general, casi una veneración por su capacidad de salvación, por más que hasta el día de hoy muchos términos llego a entender como entiendo el griego, o sea, nada…
En la actualidad, desde hace ya algún tiempo, en este tiempo moderno, se viene desarrollando una práctica médica contraria al principio de la medicina –el servicio al enfermo en pro de la vida-, a esa vocación de servicio, aun a costa de que hoy en día se han fundado nuevas ciencias para poder comprender mejor el funcionamiento del ser humano con la finalidad de poder curar sus heridas o carencias.
Esta vocación de servicio ya no es más de servicio sino de servirse del paciente que ya no es una persona sino un cliente, a pesar de los cambios modernos gracias a la bioética, razón por la cual la salud pública es despreciable, deplorable, irrazonable; pues no está enfocada al paciente como persona sino al paciente como cliente, como un medio de enriquecimiento, y esto lo podemos comprobar en cómo se encuentra el estado en salud pública, cuál es la atención por parte de las entidades del estado y cuál es la atención de las privadas, algo que lleva a preguntarme: ¿Qué tanto beneficio me puede dar un paciente como cliente y también como persona? Esta será una respuesta que me responderé al final.
Uno de los principales motores de esta tendencia médica es el propio estado, con sus políticas de poca inversión económica, con su viacrucis burrocrático, con su cuasiconvenio estratégico con las morgues para que el paciente sea atendido antes ahí que en los centros de salud pública, con todas esas prácticas deficientes demuestra su incapacidad. Pero ¿por qué razón sucede que el sistema está así? Simplemente porque tenemos una gran deficiencia en la razón sobre el compromiso con la propia humanidad y sobre todo con la representación social que realizan las autoridades del gobierno.
Yo, considero que uno de los principales problemas del mal estado en el que se encuentra la seguridad social o salud pública es la pésima administración de los recursos. Según las autoridades encargadas de la administración de la salud pública dicen que los recursos son insuficientes, que son muy pocos y, por ende, no se puede brindar un servicio de calidad. Algo que desde el análisis externo del sistema en sí, me lleva a pensar que esto es una falacia al 80%, ya que ellos sí cuentan con cierta derivación de recursos económicos para esos fines, recursos que la administración no sabe optimizar debido a que en las instituciones del estado no se administra con eficiencia y eficacia sino que es como la casa de la caridad, de oportunidades de trabajo, es decir, se crean puestos de trabajos innecesarios, llevando así a la burrocracia del servicio de atención al cliente, es decir, que el cliente tiene que pasar por una serie de instancias antes de ser atendido por el médico, no existe una línea de atención directa entre médico y paciente como suele existir en las instituciones de salud privada.
Esta creación de puestos de trabajos innecesarios hace que exista un menor reconocimiento salarial, poca motivación para los médicos modernos, para que mejoren sus servicio de atención, razón por la cual los médicos modernos –no en absoluto pero sí en mayoría- se han convertido en simples máquinas de atención al paciente, cumpliendo la función de atender a la “enfermedad” del paciente desde aquel conocimiento adquirido en la universidad según los síntomas que el paciente les manifiesta más los “resultados” de los “análisis” que realiza el laboratorio; realizando así una atención médica a los pacientes como masa y no como personas únicas e irrepetibles, por tanto, no se hace una historia del paciente, más allá del historial médico, el médico no llega a conocer al paciente en sí, sino a una masa que debe atender según las indicaciones médicas aprendidas como disco rayado.
Por eso, pienso yo, la realidad de la salud pública se ha convertido en un sistema de manipulación de la población, como un medio de ejercer el poder sobre los representados, una manera de someter al pueblo a la desesperación, a mantenerlos entretenidos en los problemas de la supervivencia personal o familiar para que no vean las carencias, los aprovechamientos, los abusos, los derechos sociales que son burlados o violentados por los gobernantes que se aprovechan del poder para enriquecerse de una forma tan descarada, tan improductiva, tan falsa y tan corrupta, hasta el punto de que la salud se ha convertido en uno de los negocios más rentables de la historia, dejando de ser un derecho para convirtiéndose en uno de los terrores más grandes de la canasta familiar del ser humano.
Pero ¿por qué digo que la salud pública pasó de ser un derecho a un terror de la canasta familiar? El derecho es aquel beneficio que tiene el ser humano por el hecho de ser persona, algo que se ha estipulado en la aceptación de las necesidades básicas que tiene el hombre para que pueda vivir dignamente como persona y no como un animal de supervivencia. Entonces, al existir deficiencia y burrocracia en la atención de la salud pública se pierde ese derecho y se crea la gran necesidad de la atención privada para poder conservar la salud según como requiera la enfermedad; pero ¿qué pasa si tu capacidad adquisitiva no es la suficiente como para recibir la atención privada para tu salud? Simplemente el ser humano pasa a sufrir las humillaciones de la salud pública, rebajando su dignidad a la supervivencia animal del sistema de salud pública, donde deja de ser una persona y se convierte en simplemente un paciente y nada más, una herramienta para la sustentación del sueldo de los médicos y trabajadores, en una materia de trabajo médico, en un útil producto médico para la sustentación de los ingresos económicos a la institución.
Entonces, ahora podríamos responder la diferencia del beneficio que te da el paciente-cliente y el paciente-persona. En el caso primero, el cliente-paciente te suele brindar el beneficio económico y también de ego, en lo económico no cabe duda de lo que se gana ni de cómo se gana; pero ¿cómo es que se logra lo segundo? El ego u orgullo o vanaglorización sucede debido al ejercimiento del poder y la veneración a uno mismo que tiene el médico ante sus pacientes, produciendo en él un sentido de superioridad humana y muchas veces un ego hasta el punto de sentirse dios –y vuelvo a decir que esto no es en todos sino en mayoría-. En cambio, cuando el paciente llega a ser para el médico una persona no recibe esta vanaglorización ni soberbia médica sino por contrario recibe la paz de la responsabilidad social de sí consigo mismo mediante sus semejantes al poner al servicio de las personas su conocimiento y sabiduría médica, para cuidar y conservar la vida de aquellas personas que son el reflejo de sí mismo solo por el hecho de ser personas, personas que cuentan con la misma dignidad humana que el médico y cualquier otro ser humano.
Entonces, en la realidad podemos observar y ver que la realidad de la seguridad social o salud pública es decadente, deficiente, razón por la cual existe una gran carencia en la atención gratuita de la salud; por tanto, ¿cómo es que podríamos optimizar el sistema de salud en el país? En primer lugar considero importante una restructuración del sistema de atención, es decir, hacer más eficiente y eficaz, más directa la atención al paciente, es decir quitar los medios burrocráticos para la obtención de una cita, ya que un paciente acude al médico –en su mayoría- cuando siente alguna molestia física o psicológica –aunque a esto último van muy poco, porque la mayoría de personas piensa que esas asistencias sólo es para los enfermos mentales, algo que es normal dentro de tanta ignorancia y mediocridad sobre la función del tratamiento médico de los diversos problemas que aborda cada rama de la medicina. Después, otra de las cosas que se podría hacer es el tema de investigación científica, impulsar a las distintas instituciones públicas y privadas como también a las universidades al desarrollo de nuevos medicamentos en beneficio de la población y no de los laboratorios, ya que en la actualidad y desde hace algún tiempo, desde que la medicina dejó de ser una vocación de servicio, la medicina es una de las grandes empresas de gran poder para el sometimiento de la humanidad. Y en tercer lugar, crear un impuesto para las instituciones privadas de la salud a favor de la salud pública para mejorar el servicio o contar con su colaboración para la mejor atención de los pacientes en beneficio del derecho constitucional y universal de la salud.
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El Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura invita a la presentación del libro «Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migración y trabajo doméstico», de autoría de la Dra. Roxana Hidalgo Xirinachs, Directora del DESC.
La actividad tendrá lugar este próximo martes 08 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación, UCR.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de fotos Archivo UCR, Luis Alvarado.
Enviado a SURCOS Digital por Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
La Comisión de Espiritualidad e Interreligiosidad del Centro de Amigos para la Paz tienen el agrado de invitarlos a su sétimo conversatorio sobre el concepto de paz y espiritualidad, a realizarse este próximo lunes 24 de octubre de 2016, a las 5:30 p.m. en dicho Centro.
Dirección: Avenida 6 Bis, Calle 15, entre Av. 6 y 8. Costado Oeste de los Tribunales de Justicia. 150 mts. Sur y 25 mts. Oeste de la esquina sur- oeste del Museo Nacional.
Después del don de la vida el ser humano necesita alimentarse para poder continuar con su desarrollo natural; por ello, en el conjunto de prioridades humanas para el desarrollo personal, se encuentra como prioridad la alimentación.
En los últimos tiempos, con la tendencia de modernidad que el ser humano y el sistema de gobierno ha adoptado, se puede observar que la agricultura ha ido perdiendo su valor, los jóvenes del campo ya no aspiran a seguir el ejemplo de sus padres por ese amor a la tierra, por ese cariño de tener la dedicación profesional de labrar la tierra para que puedan llegar los alimentos a otros hogares y así poder preservar la existencia humana, a través de la satisfacción de esta necesidad primaria y de forma tan natural y no científica.
De este modo es que pienso que con el tiempo, los jóvenes o próximas generaciones han perdido este amor por la tierra; y no porque sus padres no fueran grandes ejemplos de lo que es ser un agricultor sino porque el sistema financiero para un agricultor no es satisfactorio, es decir, no sabe valorar la importancia del trabajo agrícola para la existencia humana.
Esta falta de valorización del trabajo del agricultor ha conllevado a que con el pasar del tiempo y la modernidad el hombre vaya viendo nuevos campos de desarrollo, donde pueda ganar más dinero y ocupando menos tiempo que en la agricultura, sin siquiera caer en la cuenta que este abandono del trabajo agrícola ha conllevado a que las empresas dedicadas a ella empiecen a producir productos transgénicos o –para términos más sencillos- de laboratorios, algo que tarde o temprano termina atentando contra nuestra salud por aquellas composiciones químicas que alteran la naturaleza de los productos y por ende la biología del hombre.
Creo que no necesito una explicación científica de lo que implica comer un producto adulterado o alterado por el laboratorio, ya que su efecto es similar a la que producen los minerales cuando son extraídos de su habitad natural, es decir, simplemente es contaminante de por sí, con la única diferencia que los alimentos transgénicos se consumen, ingresan al interior del hombre como alimento para la subsistencia de su cuerpo y los minerales solo a través de un acto de vida, la respiración y su contacto directo con ellos en bruto.
Quien ha tenido la suficiente capacidad como para detener los procesos de su vida cotidiana para empezar a trascender del dejarse llevar, animal, al análisis o la observación de la vida a través de la contemplación de los sucesos por medio de la razón, humana, es capaz de darse cuenta aquella diferencia abismal que existe en la producción de los alimentos naturales y transgénicos, uno tienen un tiempo determinado de producción natural, porque su desarrollo depende de ciertos climas y ambientes, y el otro constante o continua, porque su producción se puede dar en cualquier momento del año o por todo el año sin interrupciones, gracias a que las alteraciones de laboratorio que sufren los productos para adecuarse a ambientes o climas que naturalmente no contribuyen para su desarrollo.
Para comprobar la diferencia entre un producto natural y un transgénico o de laboratorio, yo aconsejaría que busquen la forma de visitar a algún amigo, conocido o granjero y puedan probar un huevo de gallina y luego otro huevo del mercado, freírlo o cocinarlo y contemplar la diferencia de la textura y consistencia de uno y otro, para poder darse cuenta de la diferencia alimentaria que existen entre uno y otro. Aunque, si bien es cierto que con esta contemplación no podrían comprobar científicamente la deficiencia alimentaria del transgénico ni la consistencia alimentaria del natural, creo que el conocer la naturaleza de las cosas ayuda a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, por no decir, entre lo excelente y lo pésimo, entre lo que es en sí y lo que aparenta ser sin ser en sí mismo.
Por otro lado, me preocupa mucho la política de gobierno actual, aunque ni es tan actual, porque es un problema que se viene dando a lo largo de la historia, pues, el hombre con el pasar del tiempo ha ido restando a la importancia del cultivo de los alimentos debido a que las ambiciones sociales se han visto envuelto de los lujos de la modernidad, de las piedras preciosas, de los títulos, de las casas y cosas de última tendencia, minimizando cada vez más el valor de la alimentación, a tal punto que hemos llegado a la actualidad al boom de la comida chatarra y a la del juguete o bien llamada gourmet, y nos han infectado con tanta publicidad sobre cientos de miles de enfermedades que produce el comer, tanto que hemos cambiado nuestro sistema alimentario de tal forma que la hemos adecuado a los tiempos modernos de alimentación, al punto que cada día mueren cientos de personas infectadas de alguna enfermedad que se deriva de la mala alimentación actual.
Si bien es cierto que la duración de la vida suele ser muy relativa y por tanto no podemos saber cuándo se puede morir una persona, también es cierto que en la actualidad las personas mueren más jóvenes que en la antigüedad. Muchos dicen que el ciclo de vida en la actualidad se ha acortado debido a los cambios climáticos y demás cuestiones que hemos logrado alterar los hombres en la naturaleza gracias a nuestro afán de endiosamiento; pero esta no es la verdad en sí sobre el acorte de la vida en los seres humanos. Yo me atrevería a decir que la vida del ser humano se ha acortado gracias a la forma de alimentación que tenemos en la actualidad, porque nuestra comida hoy en día suele tener como uno de sus ingredientes de producción la alteración genética de laboratorio o de algún producto químico para su preservación, y todo esto es gracias a que se necesita cierto número de producción para poder abastecer los diferentes mercados para que el pueblo pueda alimentarse, y como la agricultura cada vez ha ido teniendo menos feligreses, ha sido necesitado la ayuda de algún instrumento de producción en masa “rentable” para abastecer el mercado. Pero esta producción “rentable” para abastecer el mercado no es lo que necesitamos en sí, porque la alimentación cumple un papel importante en el desarrollo de las defensas genéticas que hacen frente a las enfermedades que pueda desarrollar el organismo desde lo psicológico hasta lo biológico; y si no le damos o alteramos el alimento necesario al cuerpo, no le estamos permitiendo obtener el desarrollo de sus defensas para un buen funcionamiento orgánico o biológico; llevándole así a la vulneración ante el desarrollo de ciertas enfermedades antiguas como modernas, biológicas como químicas, razón por la cual el ciclo de vida de una persona se ve alterada con el pasar del tiempo; afectando no solo a la persona en sí sino también a su generación venidera porque su producción genética se alterará y reproducirá en otra vida con ciertas características obtenidas en este ahora, donde es que consume productos naturales alterados científicamente.
Una de las soluciones modernas ante la problemática de la mala alimentación no es la preocupación de la producción de alimento saludable sino, por contrario, de promover el aumento de los salarios para que las personas puedan tener más para la atención de sus necesidades primarias, pero esta promoción del aumento de los salarios es un bello acto de magia, porque produce cierta ilusión en las personas, una ilusión que se ve atentada, golpeada, saboteada, cuando en la realidad los precios de los productos sufre un aumento, a veces similar al de los sueldos y otras por encima de ellos, al punto que el poder adquisitivo actual es solo una mera ilusión, ya que se adquiere menos cosas que antes por los mismos ingresos, solo que maquillados con algunos números más.
Yo no sé cómo pensarán los economistas ni cómo lo verán los políticos, pero la cuestión alimentaria no es un problema de monedas, es un problema de producción, de valoración; por ende, el problema de la capacidad adquisitiva no se soluciona con un aumento de salario sino con la estabilidad de los productos y con el aumento de la capacidad adquisitiva, es decir, lo que se gana debe permitirnos adquirir lo necesario para vivir dignamente, y en esta vida digna intervienen la adquisición de productos de calidad, la calidad no es la manzana roja y brillante que te venden en los supermercados y a las cuales el gusano no es capaz de invadir mientras no ha llegado a su estado de descomposición… sino aquel producto que tiene corto tiempo de duración pero que no alterará la composición orgánica del ser sino que, por contrario, lo alimentará con los nutrientes necesarios para obtener las defensas y energías para el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente.
En resumen, una de las obligaciones de una buena política de gobierno, pensado en las personas, debe velar por la salud de su pueblo, esta salud debe ser atendida desde la alimentación hasta la seguridad social, caso contrario, estamos simplemente maquillando las necesidades del ser humano con los vacíos modernos que no son más que engaños, falsedades que no hacen otra cosa más que poner en riesgo la salud del ser humano, su supervivencia y su desarrollo saludable, razón por la cual el ciclo de vida se va alterando cada vez más y más, disminuyendo así la proyección de vida a lo largo del tiempo, creando así la proliferación de las enfermedades modernas y mortales. Razón por la cual es muy importante que se revalore la importancia de la producción de alimentos saludables y, por ende, se valore la agricultura como una de las más grandes e importantes actividades humanas.
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El Dr. Luko Hilje Quirós, biólogo, escritor, profesor emérito del CATIE, nos invita a asistir a la charla que estará realizando el día 21 de octubre del 2016 dentro de la Jornada “Las aguas ticas: nuestro patrimonio hídrico”, organizada por el Museo de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR) en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes.
La charla tendrá como título “Aguas de libertad: los ríos del norte del país en la Campaña Nacional de 1856-1857”, en la que “haré un recorrido evocativo e histórico, con abundantes fotos propias y alguna información inédita, por las llanuras y ríos del norte de nuestro país en los gloriosos días en que nuestros corajudos compatriotas supieron vencer a las huestes filibusteras comandadas por William Walker”, afirma Hilje en el comunicado enviado a SURCOS.
En el siguiente enlace puede acceder al programa completo de la Jornada:
Los datos de la Encuesta Continua de Empleo no dejan lugar a dudas, a pesar de que las mujeres, en promedio, tienen un nivel educativo más alto, perciben un menor salario, se les dificulta más encontrar empleo y trabajan en mayor medida en la informalidad y en condiciones de subempleo.
La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el segundo trimestre de 2016, indica que de las 378 176 personas ocupadas con título universitario, el 53% son mujeres y el resto hombres. Según nivel de educación, el de mayor peso relativo para las mujeres que trabajan, es el universitario con título, seguida por la secundaria incompleta. A diferencia de los hombres, para los que los rubros de mayor importancia son primaria completa, y secundaria incompleta.
No obstante lo anterior, las mujeres padecen con mayor intensidad del desempleo y el subempleo. La tasa de desempleo abierto es del 11.2% entre las mujeres y 8.3% entre los hombres, mientras que la tasa de subempleo (porcentaje de personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana, y que desean trabajar más horas pero no encuentran más trabajo), es más alta entre ellas (10.3%) que entre ellos (7.2%). Esto a pesar de que, en promedio, las mujeres desempleadas también tienen un mayor nivel de educación, 17% cuenta con algún título universitario, más del doble que los hombres (8%).
Asimismo, las condiciones de empleo son peores para las mujeres, a pesar de que la informalidad ha caído en los últimos trimestres y que la brecha de género se ha venido cerrando, esta afecta más a las mujeres (43.3%) que a los hombres (41%). De igual manera, el 73% de las mujeres asalariadas cuentan con seguro por trabajo, mientras que entre los hombres dicho porcentaje llega al 82%. En términos de estabilidad laboral, la balanza también es negativa para las mujeres.
Estas son algunas de las causas por las que los hombres participan más en el mercado laboral, y trabajan más horas. Las mujeres han venido reduciendo su oferta de trabajo (se salen del mercado laboral), situación que se ha extendido a las jóvenes, pues en promedio seis de cada diez personas entre 15 y 24 años, que no trabajan ni estudian, son mujeres.
La situación descrita tiene implicaciones importantes en varias dimensiones de la vida de las mujeres, de forma directa en su ingreso, pues en promedio, el de los hombres es 6% más alto, para el segundo trimestre de 2016. El promedio de ingreso mensual nacional en el empleo principal fue de 467 mil colones para los hombres, y 440 mil colones para las féminas. Adicionalmente, si bien la pobreza alcanza a poco más del 20% de los hogares, cuando la mujer es jefa de hogar, este dato más que se duplica. Asimismo, la violencia está afectando más a las mujeres, pues la tasa de robos y hurtos con y sin violencia y los delitos sexuales las afectan en mayor medida.
Resulta claro entonces, que no obstante los esfuerzos de varios gobiernos por atender las necesidades laborales de las mujeres, y a pesar de los avances de los últimos años, las políticas de equidad de género en el mercado laboral aún no han logrado solucionar el problema.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de Eldiario.es
