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«¿Por qué no dejan a las niñas, niños y adolescentes serlo plenamente?

Luis Angel Salazar Oses

Luis Ángel Salazar Oses*

 

La Educación es el proceso mediante el cual se forman seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y, como es obvio, configura todas las dimensiones que integran la persona como por ejemplo la física, la biológica, la psíquica, la social y la espiritual, a la vez que la va dotando de conocimientos fundamentales que se convierten en especializados, cuando este ser humano decide asumirse como profesional en una o varias carreras universitarias o, como practicante de uno o varios oficios. Profesiones y oficios que, los escogerá, se preparará y los ejecutará como trabajador, el ser humano libremente y cuando el o ella, se sienta integralmente preparado para hacerlo.

Indudablemente estas tesis chocan frontalmente con las definiciones que, en materia educativa, se han impuesto en las últimas décadas en nuestra Patria, en especial mi planteamiento referido al énfasis que pongo en darle toda la libertad al educando para que decida sus profesiones y oficios y, el momento de prepararse para ellos y de ponerlos en práctica. Particularmente en las últimas décadas en las cuales, en nuestras esferas políticas, económicas, sociales y culturales, se ha implantado el sistema capitalista neoliberal, a la educación la han ido convirtiendo en un método cada vez más frío y deshumanizado, para fabricar mano de obra cada vez más sumisa, domesticada y mecanizada a fin de realizar labores muy específicas en los campos de la producción en que aún la automatización no ha podido sustituir el trabajo humano. La gran mayoría de la clase trabajadora mundial es convertida así en un conjunto de títeres manejados por reducidas minorías que le dictan, muy verticalmente y casi siempre en Inglés, cual reducida operación debe realizar en la línea de producción de una gran transnacional.

Esta concepción de la élite capitalista neoliberal imperante, define al resto de los mortales solamente como simples fuentes de producción de riquezas desde la cuna a la tumba, sin capacidad ni derecho para analizar, comprender, rebelarse ni, mucho menos, oponerse o arrebatarle su hegemonía. Para lograr ese propósito, a su poder económico y político agregan el ideológico, destacando como instrumentos fundamentales en ese campo, la Educación formal e informal, que se recibe fuera de las instituciones educativas tradicionales y los medios de comunicación. En Costa Rica, a estos últimos los manejan a su antojo, con lo que se adjuntan una gran hegemonía en la educación no formal. Respecto a la formal y, gracias a la actitud vigilante y combativa de las y los educadores más conscientes y organizados, la manipulación ha sido contenida pero, como lo demuestra este proyecto nefasto de la «educación» dual, la aristocrática argolla no cesa en sus intentos por instrumentalizarla por completo y, convertirla en un recurso más de su proceso de sometimiento y esclavización del Pueblo honesto y trabajador.

El proceso para someter a sus disciplinas a las nuevas generaciones y de paso explotar más a sus padres, lo empiezan casi desde el momento mismo en que estas se independizan del seno materno pues, de una u otra forma, obligan a sus progenitores a meterlos en cursos de todo tipo como deportes, diversos instrumentos musicales, idiomas, pintura, escultura, ballet, teatro, preparatorios para la escuela, manualidades, etc, etc. Todo esto aparte de las cada vez más sofisticadas «chupetas electrónicas» como la televisión y la infinita gama de juegos y demás artilugios electrónicos. Cuando ingresan a la educación formal, muchas de las actividades «informales» que traían de su infancia se les siguen recetando por las tardes e, incluso, noches y en sus vacaciones y así, la antes maravillosa infancia en la que, con creciente libertad explorábamos el mudo y, a prueba y error, aprendíamos a comprenderlo, enfrentarlo y manejarlo bajo la protectora pero permisiva vigilancia de nuestros padres y madres, es violentamente sustituido por las sutiles -y no tan sutiles- indicaciones y órdenes de todo tipo de instructores, que han convertido nuestra natural rebeldía en sumisa disciplina.

Al ingresar a la educación secundaria la situación empeora pues, además de que la disciplina de las instituciones formales se hace -bajo el pretexto de contener la natural energía adolescente- más férrea y, en las no formales, se endurece más buscando sonados triunfos aparece, ahora si descaradamente, la «casta» hegemónica y sus secuaces especialistas en el tema, desplegando un variadísimomenú de planteamientos y proyectos para aprisionar cada día más a las nuevas generaciones pues, además de presionarles creciente y sistemáticamente para que destaquen, y obtengan premios y altos rendimientos en las especialidades que han tenido que desarrollar extraclases, antes de la primaria y en ella -artes, deportes, etc.- ahora les empiezan a coaccionar cada vez más enérgicamentepara que se integren al mundo laboral, con sólo obtener un título básico en tareas de oficina o en alguna tecnología, desanimándolos incluso para que cursen estudios universitarios. Por cierto que en este proceso incorporador de mano de obra barata al mercado laboral se inscribe hoy, reiteramos, el tristemente célebre programa de Educación Dual.

Esta antinatural y precoz conversión en dócil mano de obra de nuestros adolescente, la excusan las argollas dominantes con el falso argumento de que, las grandes crisis económicas de los últimos cincuenta años, han empobrecido tanto a la humanidad, que no le queda más a las nuevas generaciones que incorporarse lo antes posible al sector laboral que, por la misma e ineludible austeridad general, debe aceptar el salario y las pensiones mínimas, la movilidad laboral, renunciar a las convenciones colectivas y reducir a su más elemental expresión la legislación laboral y las garantías sociales que le protegieron. En fin, vivir resignadamente en medio de la austeridad, al borde o en la pobreza extrema mientras, las élites que esto predican y sus descendientes, se dan la gran vida satisfaciendo toda clase de caprichos y ostentando sus excesos orgiástica e impúdicamente.

Este argumento que está a la base de tanta injusticia, desigualdad y del empobrecimiento creciente de las grandes mayorías populares es, como advertíamos, totalmente falso por al menos un par de contundentes razones, primero, durante las crisis, los ricos se han hecho más ricos a tal punto que, en 2015 «el 1% de la población mundial posee tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial» (1) y, segundo, en estas mismas etapas esos grandes ricos tienen tanto dinero que ni siquiera lo invierten pues, simplemente, lo envían a bancos de paraísos fiscales a ganar intereses y dejar que crezcan con el cobro de las patentes que poseen, como lo afirma el siguiente artículo que les recomiendo leer en una publicación particularmente autorizada: «Compañías estadounidenses almacenan sus ganancias en el extranjero por 2.1 billones de dólares» (2).

Así las cosas queda claro que existe suficiente dinero acumulado en el mundo como para que vuelvan a permitirle a las niñas, niños y adolescentes disfrutar tranquila y plenamente de esas etapas, dejándoles hacer lo que les pida su imaginación, siempre y cuando no sea en contra de la Humanidad ni de la Naturaleza y, cuando las superen, permitirles LIBREMENTE que escojan las profesiones y oficios que les salga de su libre albedrío, pues ambos son necesarios para el bienestar humano en inteligente convivencia con su ambiente. Los únicos cuatro requisitos que debemos cumplir como Pueblo trabajador, honesto y, como real productor, dueño legítimo de todas esas riquezas que hoy disfruta la argolla son: despertar, unirnos, movilizarnos y obligarlos a devolvérnoslas, tanto a nivel mundial como nacional, guiados por las dos infalibles premisas que nos indican que «somos mucho más, más fuertes e indispensables» y que «el Pueblo unido jamás será vencido».

(1) Alfredo Serrano Mancilla, Doctor en Economía y Director CELAG, en «La ineficiencia neoliberal», Rebelión, 23/06/ 2016.

(2) Pedro Goncalvez en MundoOffshore.net 10/03/2015.

*Correo electrónico: panga07@gmail.com

 

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PIAAG – ¿Para quién?

Confraternidad Guanacasteca comparte mediante SURCOS la siguiente reflexión:

Nos inundan- no con agua- sólo con publicidad.

“Vamos a traer agua para todo Guanacaste”

En televisión, periódicos, radio y bla…bla.

El discurso es “la prioridad es agua para uso humano”.

¡¡MENTIRA!!

La mayoría del agua se le regala a unos pocos, grandes finqueros.

Según Decreto N* 32.868-MINAE “el uso de agua para riego… pagará 12 centavos de colón por metros cúbico si es de fuente superficial y 16 centavos por colón por m3 si es de pozo.”

El riego usa el 60% del agua y sólo el 5% es para consumo humano.

¡Por eso falta el agua en Guanacaste!!!

Esto, ¡¡PUEDE Y DEBE CAMBIAR!!

Bastaría un Decreto del señor Presidente.

¿USTED qué opina?

¿Podrá Luis Guillermo cambiar eso?

 

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

COP 21 será tema de conversación entre Alberto Salom, rector de la UNA y Christiana Figueres

CANAL UCR Encuentro Christ Figueres

Este jueves 7 de julio a las 7:30 p.m, el programa “Encuentro” TV-UNA (www.canalucr.ac.cr) transmitirá la conversación entre el doctor Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional y la doctora Christiana Figueres Olsen, Secretaria Ejecutiva de la ONU sobre Cambio Climático, para tratar el tema de “Experiencia en la COP 21”.

Repetición del programa el día sábado 9 de julio, 7:30 p.m.

*Canal UCR (15 UHF, Canal 5 Tigo, canal 67.7 Tigo Digital, canal 61 Cabletica).

Entrevis Chritiana Figueres2

Entrevis Chritiana Figueres

Información enviada a SURCOS Digital por Rectoría, Universidad Nacional.

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Rector de la UNA, Alberto Salom, conversa con Christiana Figueres sobre la COP 21

El próximo jueves 7 de julio a las 7:30 p.m, el programa «Encuentro» del Canal UCR (15 UHF, Canal 5 Tigo, canal 67.7 Tigo Digital, canal 61 Cabletica), nos presentará la conversación de Alberto Salom, rector de la UNA, con la doctora Christiana Figueres, alrededor de la «Experiencia de la COP 21”.

Repetición del programa el día sábado 9 de julio, 7:30 p.m.

http://www.canalucr.ucr.ac.cr/

 

Información enviada a SURCOS Digital por Rectoría, Universidad Nacional.

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Hablar del fin del conflicto y las guerrillas

Carlos Meneses Reyes

 

El anuncio y luego la ceremoniosa firma del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades y Definitivo, en La Habana, por parte del Comandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo y el Presidente de la República de Colombia, colmó de alegría y exultante satisfacción a muchos colombianos. A quienes convencidos del trascendental paso dado, asientan en considerar los retos que a futuro corresponde afrontar; en contraposición a quienes se enfrentan a la realidad palpable que un conflicto interno armado como el colombiano, llegue a su fin, optando por el simple rechazo a todo lo nuevo.

En Colombia no se ha firmado “la paz”; ni un “acuerdo de paz” se ha firmado un Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral de Hostilidades y Definitivo, entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y la fuerza beligerante e insurgente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. Ese Acuerdo se logró, gracias al esfuerzo denodado de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedando plasmado en un documento de generación y valía a la luz del Derecho Internacional, con pleno carácter vinculante, para las Altas partes signatarias. Tras la plasmada firma y rúbrica del Acuerdo, en verdadero efecto de coadyuvancia al contenido de lo mismo, lo hicieron los representantes de sendos países, con presencia de varios de sus presidentes y delegados oficiales participantes como países garantes, incluido el país anfitrión y soberano de la República Socialista de Cuba. La ausencia de la OEA, por andar en los trajines conspirativos del Secretario Alamagro contra la República Bolivariana de Venezuela, fue suplida con creces con la presencia y firma, en el mismo, del Presidente General de Las Naciones Unidas. Todo ello redunda en la legitimidad internacional de ese valioso documento, ratificando lo valioso del acto. Se ha logrado la efectividad de la consigna: “cese bilateral al Fuego. Ya!”

Tras la firma histórica de ese Acuerdo, no repicaron las campanas al aire. No se paralizaron las calles y carreteras al son de pitos y sirenas. Tampoco era necesario. Ha primado lo riguroso de la solemnidad del acto. Fue una noticia que cubrió- como pocas- todo el ámbito de conocimiento de la opinión pública nacional. Pareciere que un país acostumbrado durante décadas a padecer los rigores de la guerra, no despertara. Asume una actitud colectiva de expectativa, ante la explicación y posterior desarrollo de sus efectos. En resumen, el acumulado de los efectos políticos aún no se manifiesta. Se circunscribe a toda una carga de responsabilidad por parte de la fuerza insurgente. Alude a un simple ejercicio de contraprestación, por la contraparte estatal. Cómo si la contraparte estatal también fuere un espectador que va a observar la inmensa fila de combatientes farianos, atravesando selvas y montañas para llegar a los 23 sitios veredales de concentración en el país y a los 8 campamentos especiales de mandos insurgentes y que así cumplida esa etapa de concentración de fuerzas, sobreviniere la otra fase de dejación de las armas, de conteo y de arrume de las mismas en contenedores para luego- siempre bajo la supervisión de Naciones Unidas- fundirlas y erigir tres monumentos: uno en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y un tercero en Colombia.

De la lectura del texto del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades, no se decanta un universo de efectos políticos del mismo.

Entendemos que un cese de fuego, implica el silencio de los fusiles para ambas partes contendientes. Un cese de hostilidades bilateral, aplica a toda acción directa y de efecto inmediato. El elemento tiempo es determinable en ese sentido. Por ejemplo, a la hora tal, del día tal, del año tal, comience el cese de fuego. También expresamente el cese de hostilidades, que no es un numerus apertus, sino atinente a conductas tipificadas que quedan proscritas, precisamente, desde ese momento, tiempo lugar y ámbito de aplicación.

Por técnica de redacción, afortunadamente en el texto del Acuerdo no se consignó que a la firma del presente…cesa el fuego y las hostilidades… pero tampoco se dice, cuándo?. Cómo comenzar a contabilizar los 180 días que fija el Acuerdo. Ello es esencial. Nos devanamos los sesos para entender el que las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras sean para la verificación del cese bilateral del fuego. Pero mientras y durante la concentración de esas fuerzas insurgentes ¿cómo opera esa verificación?. Y si el establecimiento estatal se cuida tanto que la población civil campesina no se contamine con los alzados en armas, será que solo de noche y a luz de las sombras lo harán o será en helicópteros Hércules y con fuerzas aerotransportadas del Estado colombiano, para garantizarles su llegada?. Porque de ser así, sobra tanto celo de la dirigencia fariana en que hubo “una lectura precipitada” de las zonas veredales de ubicación y sus coordenadas.

La dejación de las armas constituye el contenido político de lo acordado. Pero pesa en la atmosfera de información y comprensión si también se concibe una fase mecánica lo de la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, para la seguridad de los combatientes y de la población civil durante los desplazamientos de la guerrilleada a sus sitios o zonas veredales escogidas.

Valga resaltar la expresión de tantas inquietudes sin menoscabar lo trascendental histórico de la inminencia de la terminación del conflicto armado interno en Colombia con un sector de la insurgencia armada. Comprender que no hay terminación del conflicto armado, sino parcialmente, en tanto no se agreguen a ese esfuerzo nacional las insurgencias del ELN en todo el territorio nacional y del EPL en sus ubicaciones tópicas. También alentar que no se siga engañando a la opinión pública con lo de la consecución de la paz, cuando apenas estamos logrando es la terminación de un aspecto, el militar, del conflicto colombiano; siendo que el conflicto social, económico, político, ecológico, continúa latentes en este país de tragedias.

La Paz no es una paloma, ni puede ser herida. La Paz es la más noble bandera del pueblo colombiano!

 

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La Violencia como Negocio

Marlin Avila

 

La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.

Terror

En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.

Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.

Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.

Negocio

Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.

Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.

La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.

En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.

Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.

Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.

Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.

Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.

Balance

Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.

Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.

Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.

Giro a Prevención

Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.

 

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¿Y la banca nacionalizada?

Luis Alberto Salas Sarkís

El Sacrificio que hizo nuestro país para nacionalizar la banca fue enorme. Todos tuvimos que pagar el costo de esa nacionalización al tener que indemnizar a los pocos bancos privados que se fueron y que solo servían a los ricos. Los bancos del estado cumplieron un papel muy importante en el bienestar de los costarricenses. Los obreros y campesinos tuvieron acceso a préstamos para poder desarrollar sus actividades y buscaron una superación en sus aspiraciones. Pero como siempre, llegó el Partido Liberación Nacional y hecho todo a perder. Rompió el monopolio bancario y nuevamente regresaron los bancos privados, pero esta vez protegidos por superintendencias y entidades gubernamentales que obligaron a nuestra Banca Nacionalizada a convertirse en vulgares bancos privados con planilla estatal.

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó una licitación para colocar en algún banco 243 mil millones de colones (450 millones de dólares) provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para que el Ministerio lo utilizara en la ejecución de obras viales y portuarias. La entidad bancaria escogida administrará esos dineros y realizará inspecciones, supervisiones, gestión de riesgo organizativo, administración de bienes, entre otros.

Inexplicablemente un banco privado (Scotiabanck) resultó electo para depositarle esa cantidad enorme de fondos públicos.

Surgen varias interrogantes con esta situación que deben ser aclaradas por las autoridades del Gobierno: ¿Por qué cuatro bancos del estado, que suponemos deben haber participado en la licitación, no resultaron electos? Hay que tomar en cuenta que dichos bancos tienen el respaldo del Estado y eso tiene que pesar a su favor en cualquier licitación.

¿Por qué teniendo la oportunidad de beneficiar económicamente las finanzas públicas si se hubieran colocados los dineros de ese préstamo en cualquier banco estatal, el MOPT decide colocarlos en un banco privado?

¿Por qué ese Ministerio se atreve a correr riesgos con fondos públicos, pudiendo haber garantizado su manejo y destino al tenerlos en la misma estructura estatal?

¿A quién quieren beneficiar o se trata de un “rescate bancario” solapado por parte del BID? Porque nadie en su sano juicio permitiría arriesgar dineros en manos privadas teniendo la oportunidad de garantizar su destino con el respaldo de un Estado.

Los bancos del Estado tienen que explicar por qué no ganaron esa licitación. Deben decir qué fue lo que le dio oportunidad al MOPT para darle esos dineros a la banca privada. El MOPT debe aclarar las interrogantes lanzadas y aclarar por qué no tomó en cuenta el respaldo del Estado.

También el Gobierno es responsable de toda esta situación al solicitar estos dineros y no darles seguimiento de la forma en que se administran y donde se colocan. Es una situación de descuido parecido al de la trocha. Dios quiera que no, pero si en este momento ese banco se declara en quiebra o se va del país: ¿quién va a recuperar esos dineros? Y lo peor es que se trata de un préstamo que tendremos que pagar todos los costarricenses.

Cualquier corporación que tenga dentro de sus empresas un banco, jamás le daría a otro banco su dinero. Eso sería una estupidez administrativa. Lo lógico es colocar sus dineros en sus propias entidades financieras para beneficiarse con los intereses de su propio dinero. Hoy los costarricenses nuevamente estamos beneficiando a los ricos con los dineros del Pueblo. Grandioso cambio nos recetó este Gobierno inútil e irresponsable.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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Cronología de la Protesta Social Mayo 2016

IIS-UCR

 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR nos comparte su producción Cronología de la Protesta Social Mayo 2016, el cual puede ser descargado en el siguiente enlace:

Cronología de la Protesta Social

Recientemente IIS ha habilitado la descarga de los mapas de distribución de la protesta a nivel provincial y cantonal para los meses de abril y mayo de 2016, ingresando en el siguiente enlace:

protestas.iis.ucr.ac.cr

IIS UCR Costa Rica Infograma

Información enviada a SURCOS Digital por IIS-UCR.

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Del paro nacional y la insurgencia

Carlos Meneses Reyes

Del paro nacional y la insurgencia
Puesto de policía rural en Colombia.

Por la víspera se ve el día. El movimiento de masas en Colombia copa los espacios que por años le han sido vedados. La exclusión política que impuso el llamado frente nacional liberal-conservador, que perdura hasta nuestros días, anestesió el impulso del movimiento popular en sus contenidos de organización, liderazgo, propuestas, no ya de reivindicaciones por justos reclamos de cotidianidad de diferentes sectores de la población; como de superación de programas mínimos y máximos de expresión, para lograr alcances de verdaderas proclamas de conquistas económicas y sociales, atinentes a esculcar el fondo de las causales de una brecha social abismal entre poseedores y desposeídos, entre los que tienen y quienes nada tienen; entre los usufructuarios perennes del andamiaje estatal al servicio de sus intereses de clase y económicos y los que invocan la atención a tantas necesidades insatisfechas.

Indiscutiblemente estamos transitando por el desenvolvimiento dialectico entre lo que significa la influyente etapa de conversaciones en La Habana, entre una parte de la Insurgencia colombiana y el Estado representativo de la tradicional casta politiquera empotrada en el poder y manejo estatal. El paro Agrario Nacional, sumado el paro de ciento cincuenta mil camioneros, se explican por el desborde de tanta injusticia social plasmada. Es tan solo una muestra del potencial a expresarse y manifestarse ante las múltiples esclusas de expresión y manifestación popular que avizora la terminación del conflicto armado interno en Colombia.

La insurgencia y el paro nacional

Sin mayor escitación, en el convulsionado escenario de expresiones de lucha de clases por el que transita la nación colombiana; resalta, no la atipicidad en lo comparativo con el escenario de las luchas populares en Latinoamérica, por no reseñar en el mundo; cómo quiera que en Colombia haya convivido la expresión de la lucha popular armada (ejércitos del pueblo), junto con la lucha popular reivindicativa aupada de inspiración ideológica y políticamente revolucionaria. Esto en el escenario de la protesta popular, en un país en Estado de Sitio permanente (hasta la Constitución de 1991), corolario de la negación de un estado de derecho y violatorio de los derechos humanos. Más ese marco de convivencia política que hubiera de aplicar la excluyente Constitución de 1991 (no solo en su conformación, sino también en su inspiración antipopular), no cumplió la misma expectativa funcional, al permitir, en sus múltiples “adecuaciones” la aplicación de un método de contrainsurgencia armada expresada en la atroz convivencia del experimento paramilitar; la aplicación de un Plan doblemente contrainsurgente como lo ha sido el Plan Colombia; la reformitis de la imposición de la reelección presidencial; la imposición de los TLC´s; la denigrante instalación de siete base militares del Imperio en la tierra de los padres comuneros!. Todo ello avalado por una cortesana judicial, que permite el mentís de la presentación- ante nacionales y el mundo- de una Constitución Política impolume, y “soberana”, que tras veinticinco años de vigencia la presentan como una virgen santísima “sin romperse ni mancharse”.

Por eso ante el furor mediático y esquizofrénico de ver en toda forma de manifestación y de protesta de masas la mano interventora de la insurgencia; no decantará la vocinglería oficial y la “inteligencia” del estamento armado estatal en aceptar, todo cuanto ya es de asimilación de la sabiduría popular: que en Colombia la protesta popular, como expresión de hecho de democracia directa popular, desplaza el uso de las armas en esa protesta. Al alzarse la voz popular, callan los fusiles insurgentes. Al expresarse la soberanía popular en las calles y campos colombianos, con el grito de la protesta, el escenario de la confrontación armada es suplido por el potencial creativo de los espacios que le han sido vedados al movimiento social. Aplican presupuestos- por ejemplo- que ante la ineficacia de las bombas y metrallas para evitar la fuga del oro negro nacional por las venas de las redes de oleoductos, la decisión soberana de dos mil manifestantes y obreros petroleros en cerrar las válvulas del precioso recurso natural, garantizaran el cambio de las políticas anti soberanas.

El manido discurso de la infiltración de las guerrillas; ya no solo en las protestas ciudadanas y populares, sino en la colectividades que representan la movilización de indígenas, campesinos, camioneros, explican la judicialización de la protesta social en Colombia y la criminalización de las mismas. Al no asimilar la institucionalidad o establecimiento colombiano está realidad, continuarán de espaldas ante lo imperativo de las reformas de fondo que se requieren en Colombia. Una cosa es afirmar que el fin del conflicto armado interno en Colombia, se logre sin afectar el modelo económico y la doctrina militar vigentes en Colombia, conforme a un Acuerdo de Agenda pactada y seguramente de garantizada aplicabilidad e implementación sobre tópicos discutidos; y otro los logros que en periodos subsiguientes a ese conflicto armado, conquiste y arrebate, a las clases dominantes y usufructuarias internacionales del Estado colombiano, el movimiento subversivo popular al actual estado de cosas imperante. Sí. Porque la realidad política nacional e internacional impone que toda expresión de lucha armada insurgente cese en Colombia. Pero de allí a imponer y fragmentar las aspiraciones, alcances y banderas de lucha del movimiento popular colombiano, circunscribiéndoles a que cualquier manifestación de protesta afecta los derechos (en abstracto) de la gente que no protesta, confluye en desconocer la deuda histórica social por la imposición de la maquinaria de guerra estatal contra el sentir de la protesta popular. No es que con la terminación del conflicto armado interno surjan ahora “nuevos espacios” para el movimiento social. La experiencia histórica enseña lo contrario: es la vigencia de los estadios alcanzados la que va permitiendo la cualificación del movimiento popular a tono con una representatividad propia y de suficiente legalidad representativa. El sofisma de distracción y desconocimiento que son las minorías las que protestan y que las grandes mayorías domesticadas, son la prioridad para atascar la dialéctica del desarrollo revolucionario de las masas, carece de asidero. El principio universal que el derecho mío va hasta dónde va el derecho del otro, si bien vigente, no aplica en el escenario de la lucha política por las profundas transformaciones en Colombia. Puesto que esas luchas superan el aspecto de la cotidianidad. También modifican los paradigmas de las reivindicaciones particularizadas y de contenido gremialista, por espectros de alcances nacionales. Tampoco se podrán circunscribir a las tesis de la “seguridad democrática” impuestas a sangre, fuego, motosierra, durante el lapso genocida de los dos periodos presidenciales de Uribe.

En un escrito de mi autoría, al analizar las protestas en El Catatumbo durante el año de 2013, expresaba la conveniencia de asimilar el contenido de expresiones como insurgencia y subversión. La una como de tipificación penal por la rebelión contra el Estado constituido y la otra como practica no penalizada de subvertir, cambiar un estado actual de cosas. Expresaba: lo subversivo como pensar.

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo.

Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…); como también de la respuesta de los detentadores del poder (…).

Del camino emprendido por la insurgencia Elena

Si bien hace tres años, al inicio de las Conversaciones en La Habana, las condiciones objetivas internacionales de cambios alternativos al modelo del capitalismo salvaje neoliberal eran otras, a las actuales y ad portas de la fase pública de negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ello no ha sido óbice para que se haya acordado una temática a tratarse entre los plenipotenciarios de ambas partes contrincantes: la insurgencia del ELN y el Estado colombiano. Pero plaga de expectativas el que no se haya pasado a la fase pública de esas conversaciones. Digamos que existan recriminaciones mutuas entre las Altas partes contratantes. El tema del secuestro o retención de civiles parece ser el nudo gordiano. En lo académico-político se ha ventilado lo del secuestro, como violación a una norma penal interna, que no califica en la doctrina del derecho internacional humanitario (DIH) como delito atroz y/o de lesa humanidad. Así es, por más aberrante que sea tal delito y las mismas contrapartes lo asimilen y acepten. Pese a los acumulados de distinción existentes, entre comparaciones chocantes, del uso de la cárcel para recluir presos políticos y del destino de los secuestrados o retenidos en la facultad de locomoción; esa es una realidad de la crudeza de la guerra. Como premisa elemental en abordar la solución de un conflicto, lo improcedente es la postura unilateral al respecto.

Modestamente veo la solución a ese impasse en el Acuerdo por el cese bilateral y definitivo de las acciones militares por las partes en Conversación. No es concebible en el panorama nacional que el ingente esfuerzo de la representación armada del Estado colombiano- con generales de alta calificación sobre el tema- y de quienes conforman la parte insurgente fariana en La Habana, se torne iluso al no apropiarse del momento histórico en que la definición del cese bilateral y definitivo de acciones armadas, abarque- en un solo acto- tanto a la insurgencia de las Farc-ep como a la del ELN. Las implicaciones políticas de ello saltan a la vista: 1. El cese de secuestros por motivos económicos y de retenciones por móviles políticos. 2. La inmediatez de efecto para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) declare un cese unilateral de acciones armadas en zonas de su influencia y en especial en el Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y El Catatumbo. 3. También la carencia de motivación mediática de la extrema derecha uribeña en el descabellado llamado de una “resistencia civil” para oponerse al fin del conflicto armado interno y en obtusa contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz; lo cual los coloca en clara disidencia (no oposición), dentro del núcleo de poder imperante, oligárquico y antipopular, en Colombia.

 

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