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De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

No se trata de defender el pasado, sino de construir una nueva democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.

No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.

Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:

La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.

No son la misma cosa.

El malestar social tiene razones

Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.

Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.

La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.

Son problemas acumulados durante décadas.

Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.

Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.

Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.

Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.

Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.

Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.

Pero comprender no es justificar.

Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.

Defender la democracia no es defender el statu quo

Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.

Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.

Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.

Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.

Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.

No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.

La democracia no es solo elecciones periódicas

Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.

Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.

Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.

Por eso, defensa y transformación no son opuestos.

No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.

La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente

La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.

La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.

Esa unidad es necesaria.

Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.

Pero hay un riesgo evidente.

Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué país queremos construir juntos?

Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.

Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.

Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.

No se trata de volver atrás

El chavismo no surgió en el vacío.

Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.

Tampoco basta con restaurar el orden anterior.

El desafío es mayor: construir algo mejor.

Necesitamos una nueva democracia

Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.

Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.

Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.

Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.

Una democracia que recupere la confianza ciudadana.

En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.

No convertir al ciudadano en enemigo

Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.

Eso sería un error histórico.

Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.

No para aceptar el autoritarismo.

No para renunciar a nuestras convicciones.

Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.

Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.

Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.

Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.

Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.

Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.

Esa es una tarea central del campo democrático.

La verdadera disputa

La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.

La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.

Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.

La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.

Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.

Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.

Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.

El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.

Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.

La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.

De mayor participación.

De mayor igualdad.

De mejores instituciones.

De mayor justicia social.

De más ciudadanía y menos concentración del poder.

Una decisión histórica

Costa Rica no está solo ante una elección.

Está ante una decisión histórica.

O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.

O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.

O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.

Debe ser un punto de partida.

Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.

Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:

defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.

Agosto de 2026.

 

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Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

El anuncio del retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI): reflexiones sobre algunas omisiones notables y el entusiasmo de Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 24 de julio Venezuela anunció su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto esta nota de la agencia alemana de noticias DW.

En las líneas que siguen presentaremos las justificaciones oficiales dadas por Venezuela y las pondremos en perspectiva al darse este anuncio hacia finales de un mes particularmente duro para la CPI, como lo fue el mes de julio del 2026: con una nueva arremetida del principal enemigo que tiene la justicia penal internacional desde sus primeros inicios en el 2002, Estados Unidos. En nuestras reflexiones referiremos también a las presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos en América Latina a partir del 2002 en aras de torpedear los esfuerzos de la comunidad internacional tendientes a dotarla de una justicia penal internacional: este pequeño recorrido histórico permitirá entender mejor que apenas 10 días después de que Estados Unidos anunciara una campaña contra la CPI en este mes de julio del 2026, Venezuela procediera al anuncio objeto de estas reflexiones.

La justificación oficial de Venezuela

En el «tweet» del actual jefe de su aparato diplomático, se pueden leer las únicas razones oficiales que invoca Venezuela para tomar su decisión, refiriéndose a un supuesto «sesgo geográfico» en la labor actual de la CPI «en detrimento del Sur Global» (sic.).

Al omitir convenientemente referirse a las recientes órdenes de captura emitidas contra altas autoridades en Rusia (2023) y en Israel (2024), la justificación resulta de pronto bastante débil y hasta … algo risible: ¿un «sesgo geográfico» cuando la CPI ha emprendido acciones contra los dirigentes del principal socio de Estados Unidos en Oriente Medio, apoyados de manera incondicional por las diversas administraciones norteamericanas? Vaya vaya… ¡que «argumento» más innovador!

Con relación a una labor de la CPI que iría supuestamente «en detrimento del Sur Global» en este año 2026, omitiremos precisar las longitudes y las latitudes del extenso territorio ruso con relación a uno de los dos polos del planeta Tierra, de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado.

Lo que podríamos calificar (con el sesgo nuestro de profesor universitario acostumbrado a evaluar a sus estudiantes) como una «justificación que padece de una pobreza extrema» en este 2026, resulta bastante notoria. Y más llamativo resulta el hecho que no haya sido mayormente detectada por analistas y comentaristas, así como por columnistas y «expertos«, usualmente siempre muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela.

Más aún tratándose, en el caso de los dirigentes de Israel, de un Estado como Venezuela que, históricamente, ha recibido a refugiados y a desplazados palestinos, así como a personas heridas en proveniencia de Gaza y de Cisjordania en los últimos años, y que ha apoyado la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. No está de más recordar que Venezuela mantiene hasta la fecha suspendidas sus relaciones diplomáticas con Israel, desde el mes de enero del 2009 (véase nota de ElPais/España), «ante la gravedad de las atrocidades contra el pueblo palestino«.

Salvo error de nuestra parte, este anuncio relacionado a la CPI de Venezuela no ha dado lugar a ningún comunicado oficial del aparato diplomático de Venezuela, que haya sido colgado en su sitio oficial (véase enlace). En este mismo sitio oficial sí se encuentra, en sentido opuesto, este comunicado oficial, del 7 de noviembre del 2021, en el que Venezuela reafirmaba ante la comunidad internacional, su firme y pleno compromiso con la justicia penal internacional de La Haya (véase enlace).

Es de tomar nota desde ya, de la poca formalidad del actual aparato diplomático venezolano, que posiblemente tenga algún tipo de explicación: enviar un primer mensaje, a modo de provocación y de paso, medir las diversas reacciones y los silencios.

Cabe precisar que esta decisión de Venezuela de este mes de julio se tomó unos pocos días después del 17 de julio, fecha aniversario de la justicia penal internacional, y que pasó en este 2026, prácticamente desapercibida (Nota 1).

El Estatuto de Roma en muy breve

Como bien se recordará, la CPI fue establecida en julio de 1998 mediante un instrumento conocido como el «Estatuto de Roma«: el texto completo del Estatuto de Roma de 1998 en español está disponible en este enlace.

Resulta oportuno recordar para quiénes no estén muy familiarizados con esta jurisdicción internacional ubicada en La Haya, que la CPI es competente para juzgar penalmente únicamente a título individual a personas (y no a Estados) que, en el ejercicio de sus funciones, cometieron, ordenaron o instigaron a la comisión de tres crímenes: el genocidio (cuya definición se encuentra en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).

La lectura completa de este último artículo 8 es particularmente recomendada a la luz de las imágenes de destrucción masiva e injustificada y de la muerte diaria de civiles en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022 así como a la luz de las imágenes de muertes de civiles palestinos y de destrucción a gran escala que provienen de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la lectura completa de este artículo 8 permite además entender mucho mejor las razones por las que tanto el Presidente de Rusia (desde marzo del 2023) como el actual Primer Ministro de Israel (y su ex Ministro de defensa) son objeto de una orden de captura emitida por la CPI desde el mes de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI).

En el caso de la franja de Gaza, al 25 de julio del 2026 se contabilizan casi 174.000 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y sin acceso a medicamentos, agua y alimentos en cantidad suficientes, y 73.305 víctimas identificadas en Gaza, la mayoría siendo mujeres (10.983), niños (21.283) y personas de la tercera edad (5.100): véase último informe de Naciones Unidas al 25 de julio del 2026. Cabe precisar que las autoridades sanitarias palestinas únicamente registran cuerpos identificados de personas fallecidas en Gaza, y no contabilizan los cuerpos de personas sin identificar, por lo que se estima que son muchas más las personas fallecidas en Gaza y que muchos son los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros.

La denuncia del Estatuto de Roma

Como todo instrumento internacional adoptado en el ámbito multilateral, el Estatuto de Roma contiene en su artículo 127, una disposición sobre la denuncia del mismo, y que se lee de la siguiente manera:

«Artículo 127 Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto».

Este artículo 127 precisa que, mientras la denuncia de Venezuela no surta efectos legales (con un plazo muy preciso de 12 meses contados a partir de la notificación de la denuncia a la Secretaría General de Naciones Unidas), la justicia penal internacional de La Haya puede continuar con sus investigaciones, recopilar información adicional a la que ya dispone, las organizaciones de derechos humanos pueden continuar enviando casos a la Fiscalía de la CPI, al tiempo que Venezuela sigue sometida a todas y cada una de las disposiciones del Estatuto de Roma como Estado Parte.

Con relación a la situación interna en Venezuela en materia de derechos humanos, este informe del 2021 de un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertaba de la posible comisión en Venezuela de crímenes de lesa humanidad susceptibles de interesar a la CPI, al concluir (p. 453) que:

«the Panel of Independent International Experts considers that there are reasonable grounds, that satisfy the standard of proof required by Article 53 of the Rome Statute, to believe that acts to which the civilian population of Venezuela was subjected to, dating back to at least February 12, 2014, constitute crimes against humanity, in accordance with Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court, including the crimes of murder, imprisonment, torture, rape and other forms of sexual violence, persecution, and enforced disappearances as said forth more fully in this report».

En buena lógica, la OEA debería de haberse pronunciado contra la decisión de Venezuela anunciada de retirarse de la CPI en este mes de julio del 2026. Al momento de redactar estas líneas (31 de julio del 2026), no pareciera ser el caso: una actitud que resulta oportuno contrastar con, por ejemplo, el comunicado de prensa de la misma OEA al notificar Venezuela, en el mes de septiembre del 2012, su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (véase comunicado oficial).

Estados Partes al Estatuto de Roma y criminales de guerra buscados por la CPI

Con relación a las modificaciones de las relaciones jurídicas de un Estado Parte al Estatuto de Roma, en lo que va de este año 2026 únicamente se registra por el momento (al 31 de julio del 2026) la siguiente: se trata de una nota de la Secretaría General de Naciones Unidas con fecha del 29 de mayo del 2026 (véase nota) en la que las nuevas autoridades húngaras notifican dejar sin efecto la denuncia del Estatuto de Roma realizada por Hungría en junio del 2025 (véase documento). Esta reciente decisión de Hungría del 2026 fue, por cierto, saludada por la CPI (véase comunicado oficial): de haberse materializado jurídicamente la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Hungría se hubiese convertido Hungría en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en tomar sus distancias con la justicia penal internacional.

¿Algunos sectores políticos ocupaban, habiendo fracasado con Hungría en Europa, encontrar a otro Estado en otra región del mundo, dispuesto a denunciar el Estatuto de Roma?

Cabe recordar que, en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por invitar al Primer Ministro israelí y no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023: la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto). Con relación a la no captura y entrega a la CPI del presidente de Rusia, Tajikistan también ha sido objeto de una condena por parte de la CPI, en el mes de marzo del 2026 (véase decisión).

Por cierto, estas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior.

Pese a la claridad meridiana de estas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel) que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia (incluyendo los que gravitan alrededor de la embajada de Israel en Costa Rica), debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del presidente de Rusia y del primer ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos?

Nótese que el nuevo alcalde de Nueva York tiene la firme intención de capturar al Primer Ministro israelí si llegara a poner un pie en la ciudad (véase nota de The Guardian del 19 de julio del 2026): desde el punto de vista estrictamente jurídico, su posición abre un interesante debate sobre las competencias que en materia policial poseen en Estados Unidos las autoridades locales, con respecto a las autoridades federales.

América Latina y el Estatuto de Roma

En este enlace figura el estado oficial de las firmas y de las ratificaciones, que registra 125 Estados Partes al Estatuto de Roma: cabe precisar que Senegal fue el primer Estado en ratificarlo en febrero de 1999, siendo Ucrania el último en haber ratificado el Estatuto de Roma, en el mes de octubre del 2024.

No resulta de más recordar que en América Latina, el primer Estado en ratificarlo fue precisamente Venezuela en el mes de junio del 2000: por lo que el anuncio de la denuncia del Estatuto de Roma por parte de sus autoridades el pasado 24 de julio mediante el precitado «tweet» cobra mucha mayor relevancia, y debiera de haber provocado un repudio mucho mayor al observado, tanto en el seno de agrupaciones de profesionales en derecho y jueces como en organizaciones latinoamericanas de derechos humanos.

En América Latina, resulta oportuno indicar que los tres últimos Estados en ratificar el Estatuto de Roma fueron Chile (2009), Guatemala (2012) y El Salvador (2016). Siempre en la región latinoamericana, son tres los Estados que, hasta la fecha, persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma: Cuba, Haití y Nicaragua.

El último informe de labores de la Oficina del Fiscal de la CPI (diciembre del 2025) se puede leer en inglés y en francés.

Con relación a América Latina, en estos momentos la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018 (véase enlace), al tiempo que desestimó otra (siempre sobre Venezuela) iniciada a solicitud de las mismas autoridades venezolanas (véase enlace); y cerró una que tenía abierta sobre Colombia en el 2021 (véase enlace).

Con respecto a Venezuela, cabe precisar que la investigación abierta en el 2018 fue objeto de una solicitud formal a la Oficina del Fiscal presentada conjuntamente por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay (véase carta conjunta) a la que se unieron posteriormente Uruguay (véase carta) y Ecuador (véase carta) en el 2024. Aquí también, en buena lógica, estos mismos Estados debieron de haber repudiado el anuncio de Venezuela de retirarse de la CPI del 24 de julio del 2026 y veremos que … no ha sido el caso.

En este enlace de la organización en derechos humanos Human Rights Watch se explica en detalle la importancia para las víctimas en Venezuela de la labor realizada por la justicia penal internacional de La Haya.

Recientemente en El Salvador, varios expertos y organizaciones han solicitado que la CPI investigue las exacciones que sufren muchos salvadoreños, y el manto de impunidad campante que las acompaña, tratándose de exacciones que califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad (Nota 2). La lectura de su informe es particularmente recomendada a diversos sectores políticos en América Latina, partidarios de una «política de mano dura» contra la delincuencia organizada inspirada en la experiencia salvadoreña.

Han sido muchas las críticas hechas a la labor de la CPI, y como toda institución internacional, su funcionamiento es perfectible. Ahora bien, la posibilidad (aún remota) que se establece, en los Estados Partes al Estatuto de Roma, para que algún día las víctimas de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de un genocidio y sus familiares vean a sus responsables enjuiciados en La Haya, constituye una manera de mermar la sed de venganza y de revancha de muchos en el mundo: mientras que la impunidad genera ineludiblemente más violencia, la existencia de una jurisdicción como la CPI puede contribuir a frenarla.

Estados Unidos y la justicia penal internacional

Desde este punto de vista, el Estatuto de Roma constituye un valioso instrumento internacional para intentar poner fin a la impunidad campante que persiste cuando ocurren crímenes particularmente graves como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Resulta oportuno recordar que este tratado multilateral a vocación universal logró entrar en vigor en abril del 2002, pese a una fuerte resistencia de algunos Estados, uno en particular empecinado en torpedear a como diera lugar los alcances del Estatuto de Roma: Estados Unidos. Tuvimos la ocasión de señalar en el 2012, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que:

“Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán” (Nota 3).

Parte de las hostilidades contra la CPI en el 2002 consistieron en dedicar intensos esfuerzos de todo el aparato diplomático de Estados Unidos para suscribir “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad” (ABI), tendientes a resguardar al personal militar y civil norteamericano de cualquier eventual captura y envío a La Haya a solicitud de la justicia penal internacional.

En el caso específico de Costa Rica, este muy completo artículo de su excanciller en el período (2006-2010) detalla de manera muy completa el tipo de presiones recibidas para que Costa Rica suscribiera a como diera lugar, bajo amenazas comerciales incluso, un ABI con Estados Unidos (Nota 4).

Se recomienda la lectura del precitado artículo en su totalidad, tratándose además de un texto que merece una mención muy destacada: en efecto, salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un ejercicio similar de acceso público por parte de ex jefes de aparatos diplomáticos con relación a las presiones muy similares que sufrieron los demás Estados de América Latina en aquella época. Cabe además recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un ABI en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos en todo el mundo (véase el listado de los ABI suscritos por Estados Unidos), siendo el primero de ellos el ABI suscrito con Israel en agosto del 2002 (véase texto). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones dentro del aparato estatal costarricense pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1 , cable 2 y cable 3 ) que fueron dados a conocer por WikiLeaks. En el segundo de estos cables confidenciales (que ameritarían una investigación profundizada no solamente limitada a Costa Rica), se puede leer que:

«After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.

El acento puesto de nuestra parte en el caso de Costa Rica y en el hecho de que no sucumbiera a las presiones norteamericanas para firmar un ABI responde a que se considera ejemplar que la diplomacia de Costa Rica mantuviera intacta su fidelidad a los principios enunciados en el Estatuto de Roma, a diferencia, en el continente americano, de Belice, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios Estados anglófonos en el Caribe.

Con respecto al pasado 10 de abril del 2026, fecha en la que se recuerda ya no la adopción sino la entrada en vigor del Estatuto de Roma (en abril del 2002), remitimos a nuestra nota escrita con relación a lo que ocurre en el Líbano y que debería interesar a la CPI, siempre y cuando las autoridades libanesas accedieran a ello, y titulada: «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, disponible en este enlace.

Un presidente de Estados Unidos sumamente hacendoso combatiendo de manera desvergonzada a la CPI

A penas instalado en la Casa Blanca a finales de enero del 2025, el actual ocupante de la Casa Blanca emitió sanciones contra el personal de la CPI: véase nota oficial de la Casa Blanca del 6 de febrero del 2025. Estas sanciones norteamericanas contra la CPI son insólitas, y recuerdan las viejas técnicas mafiosas tendientes a intimidar a operadores de justicia, jueces y fiscales para que no hagan su trabajo.

Se trata de un detalle en la línea de tiempo que confirma la máxima prioridad dada por la actual administración norteamericana para intentar resguardar a las autoridades israelíes de la justicia penal de La Haya.

En aquella ocasión, la máxima autoridad norteamericana no tuvo reparo alguno en mencionar directamente a Israel como principal motivo de estas sanciones. Estas sanciones de febrero del 2025 dieron origen a una reacción de repudio de 79 Estados Partes al Estatuto de Roma (de 124): véase declaración colgada en el sitio de la diplomacia de Eslovenia. Por parte de América Latina no suscribieron el texto Argentina, El Salvador, Paraguay y Venezuela.

Como ya viene siendo costumbre con las «Executive Orders» del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, estas sanciones fueron declaradas ilegales. En efecto, el 18 de julio del 2025, a modo de mensaje nada subliminal de la justicia norteamericana a los jueces de la CPI, se anunció que una jueza en Estados Unidos suspendió la aplicación del Executive Order del Presidente de Estados Unidos contra el personal de la CPI y sus colaboradores (véase nota del New York Post): se trató de una nueva decisión de la justicia norteamericana, que vino a añadirse a varias otras anteriores, declarando ilegales las diversas ocurrencias de su mandatario desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025.

En su decisión del 18 de julio del 2025 (véase texto integral), se lee que la jueza no quedó mayormente convencida por las motivaciones brindadas por el Poder Ejecutivo norteamericano:

«The Government says that the Executive Order advances an “ ‘important’ and ‘compelling’” government interest in “protecting the personnel of the United States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without the consent of the United States or its allies.” Opp’n 20.5 Even assuming the importance of that government interest, the Executive Order appears to restrict substantially more speech than necessary to further that end. The Executive Order broadly prohibits any speech-based services that benefit the Prosecutor, regardless of whether those beneficial services relate to an ICC investigation of the United States, Israel, or another U.S. ally

/…/

Here too, the Executive Order appears to burden substantially more speech than necessary.

Accordingly, the Plaintiffs have established likely success on the merits of their First Amendment challenge to Section 3(a) of the Executive Order».

Algunos apuntes adicionales son relación a la decisión de Venezuela

La decisión dada a conocer por Venezuela en un «tweet» de su máximo representante diplomático debió de haber generado protestas por parte de las principales organizaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como fuera de ella, al buscar con esta decisión garantizar una futura impunidad a muchos responsables venezolanos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en el territorio venezolano.

En el caso de América Latina, se trata del primer Estado Parte de la región en anunciar su intención de denunciar el Estatuto de Roma, lo cual debería de ser firmemente condenado y repudiado: invitamos desde ya a nuestros estimables lectores en América Latina revisar lo que han dicho sus autoridades diplomáticas desde el 24 de julio sobre Venezuela. Si no encontraron mayor comunicado de repudio, ello puede plantear interrogantes muy válidas sobre el grado de compromiso con la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, en particular de sectores políticos abanderados en los últimos años con la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

A nivel de Naciones Unidas, este comunicado oficial del 27 de julio difundido desde el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas merece una particular mención, que contrasta con el silencio persistente de la OEA: en efecto, los diversos informes del Mecanismo de Investigación sobre Venezuela, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2019, están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas y detallan uno tras uno, la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, que no ha ido sino empeorando con el paso del tiempo. El documental “De Macedonia, con amor“, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025.

Sí es de notar, en América Latina, la ausencia de reacciones oficiales por parte de otros Estados Partes al Estatuto de Roma, al anuncio de Venezuela del pasado 24 de julio.

Como si, desde la intervención militar ilegal de Estados Unidos en Venezuela en enero del 2026 y desde la captura de su mandatario – no menos ilegal – por parte de Estados Unidos (Nota 5), los derechos humanos de los venezolanos y la impunidad campante por los crímenes cometidos en el pasado reciente, hubiesen pasado a un segundo plano. Sobre la operación norteamericana realizada en Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero, resulta notoria la extrema celeridad con la que la diplomacia de Israel la saludó y la celebró (véase nota del TimesofIsrael del mismo 3 de enero del 2026) y el hecho que esta primera intervención norteamericana en América Latina en lo que va del siglo XXI, únicamente fue saludada por Argentina y Paraguay (Nota 6).

Nótese que además de Argentina y de Paraguay, en los próximos días Colombia podría sumarse a este pequeño grupo de entusiastas Estados que aplauden y celebran las ilegalidades cometidas en el plano internacional por el actual ocupante de la Casa Blanca: su Presidente electo ya ha anunciado en este mes de julio que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 (Nota 7) sobre el estatuto internacional específico de Jerusalén (véase nota de la DW del 16 de julio del 2026).

A modo de conclusión

El único Estado en el hemisferio americano (y posiblemente en todo el mundo…) en saludar y en congratularse por la decisión de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma, fue Estados Unidos: al respecto, la lectura del comunicado oficial del Departamento de Estado (véase enlace) merece particular mención y permite entender un poco mejor las razones (no dichas) en el precitado «tweet» de la diplomacia venezolana citado al inicio de estas reflexiones. Un entusiasmo tan grande como solitario por parte de Estados Unidos delata de manera bastante clara la maniobra norteamericana, que ha encontrado en Venezuela algo que aún no ha logrado obtener de otros Estados.

Estas razones se explican aún mejor al recordarse que este «tweet» de Venezuela fue precedido de nuevas sanciones contra la CPI anunciadas por parte de Estados Unidos el pasado 13 de julio, sosteniendo sus máximas autoridades diplomáticas de manera bastante creativa (Nota 8) que se trata de una jurisdicción que «amenaza la soberanía de Estados Unidos» (sic): véase al respecto esta nota oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos el que se precisa que el objetivo consiste en «desmantelar» (sic.) a la CPI y que instrucciones muy precisas serán enviadas por Estados Unidos a los Estados Partes al Estatuto de Roma para que lo denuncien.

La línea de tiempo indica como detalle de interés, que el 10 de julio, autoridades militares de Israel que llegaron en apoyo a las tareas de rescate luego del doble sismo en Venezuela del pasado 24 de junio, se reunieron con las máximas autoridades venezolanas: la reunión sostenida fue inmediatamente celebrada por la máxima autoridad en Israel (véase nota del TimesofIsrael de esta misma fecha).

Sostener que la decisión de Venezuela de retirarse de la CPI es una decisión «libre y soberana» merecería ser matizado, en particular a la luz de todas las gestiones de diversa índole emprendidas por parte del aparato diplomático de Estados Unidos contra la justicia penal internacional en este mes de julio del 2026.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica ausente, apuntes con respecto al día conmemorativo de la justicia penal internacional«, 15 de julio del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: El Salvador ha desarrollado en estos últimos años una política represiva de «mano dura» que ha originado un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas, el cual recomienda realizar gestiones ante la CPI por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador: véanse al respecto esta nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y el texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SURCOS Digital). Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica, así como en algunas otras latitudes del continente americano.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., “A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana “ en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana. University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 1-16, p. 5. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008 “en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana, University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 304-331. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI «, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: El comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratuló de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante inusual. De igual manera se pronunció el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que, para estos dos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada en la noche del 2 al 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere (discretamente…) revisar y evaluar en qué medida la captura ilegal del general Noriega en 1989 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano.

Nota 7: Al respecto, no está de más remitir a nuestros estimables lectores en Colombia a lo que se lee en el capítulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv ocurrido en el 2007 y la gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas exigiendo el retiro de toda legación diplomática de Jerusalén, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010): véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Nota 8: La relectura de esta nota oficial del 13 de julio del 2026 del Departamento de Estado evidencia cuan creativos son sus actuales jerarcas, y de paso, un desconocimiento bastante extraño de los fundamentos del derecho internacional público: empezando por el hecho de que, si Estados Unidos no quiere ser Estado parte al Estatuto de Roma, la CPI no tiene cómo ejercer sus competencias en un territorio que no está sujeto a su jurisdicción. Este artículo publicado en The Guardian este 16 de julio por un reconocido experto en Estados Unidos detalla la serie de inconsistencias de Estados Unidos con respecto a la idea de «desmantelar» a la CPI y la total pérdida de credibilidad de su actual secretario de Estado, al sostener que Estados Unidos debe siempre estar en capacidad de «controlar» el derecho internacional. Más allá de la total pérdida de credibilidad de la actual administración norteamericana en este 2026, el no mencionar expresamente a Israel en la declaración del 13 de julio del 2026, claramente denota el grado de cinismo al que se puede llegar en aras de intentar resguardar a toda costa a los altos dirigentes israelíes de las acciones emprendidas en su contra por el Fiscal y por los jueces de la CPI.

Poder formal y poder real: cuando el liderazgo personal quiere imponerse sobre las instituciones democráticas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Las constituciones distribuyen el poder; la política, muchas veces, procura concentrarlo.

Introducción

Una de las distinciones más importantes de la ciencia política contemporánea es la que separa el poder formal, entendido como aquel que la Constitución y las leyes asignan a los cargos del Estado, del poder real, que corresponde a la capacidad efectiva de quienes ejercen el poder de influir en las decisiones políticas más allá de la posición institucional que se ocupe. Esta diferencia, ampliamente desarrollada en la teoría del Estado moderno, permite comprender una tesis central de este artículo: cuando ambas dimensiones del poder comienzan a separarse de forma sostenida, la democracia deja de estar plenamente gobernada por sus instituciones y pasa a depender crecientemente de liderazgos personales o estructuras informales de autoridad.

En democracias estables, poder formal y poder real tienden a coincidir. Sin embargo, cuando esa correspondencia se debilita, emerge uno de los fenómenos más relevantes —y más delicados— de la ciencia política contemporánea: la consolidación de centros de decisión que operan fuera del marco institucional, pero que condicionan o incluso desplazan la autoridad constitucional.

La autoridad carismática y la personalización del poder

Max Weber, en su tipología clásica de la dominación, identificó la autoridad carismática como aquella basada en la devoción hacia las cualidades excepcionales de un líder. Este tipo de legitimidad, aunque puede ser transformador en contextos de crisis, tiende a debilitar la institucionalidad cuando no se racionaliza dentro de estructuras legales permanentes.

Weber advirtió que la estabilidad de la democracia moderna depende de la transformación del carisma en autoridad legal-racional, es decir, en instituciones impersonales. Cuando ocurre lo contrario —cuando las instituciones se subordinan al liderazgo personal— se produce un proceso de personalización del poder que erosiona el Estado de derecho.

Este fenómeno no implica necesariamente la ruptura formal del orden constitucional, sino su progresiva subordinación a la voluntad de un actor político central.

Presidencialismo y límites constitucionales

Juan J. Linz, el influyente politólogo alemán del siglo XX, en su connotado análisis sobre los sistemas presidenciales, advirtió que estos pueden generar tensiones estructurales cuando el presidente interpreta su mandato como una autorización ilimitada derivada del voto popular.

Para Linz, uno de los riesgos centrales del presidencialismo es la tendencia a la identificación entre el líder y la nación, lo que puede llevar a considerar los controles institucionales como obstáculos y no como garantías democráticas.

En este contexto, la prohibición de la reelección inmediata no es una sanción política, sino un mecanismo de protección institucional. Su objetivo es evitar la concentración prolongada del poder y asegurar la alternancia como principio estructural de la democracia.

El caso costarricense: continuidad política y poder informal

Durante los últimos meses de su mandato, el entonces presidente Rodrigo Chaves expresó públicamente su interés en mantener un rol activo en la vida política nacional más allá del término constitucional de su gobierno.

En ese contexto se discutieron diversas alternativas políticas:

  • Una eventual renuncia anticipada para habilitar una nueva candidatura presidencial
  • La posibilidad de integrar una fórmula electoral como vicepresidente
  • Y posteriormente su incorporación al gabinete del nuevo gobierno como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

Desde el punto de vista jurídico, cada una de estas opciones puede ser analizada de forma independiente. Sin embargo, desde la perspectiva de la ciencia política, lo relevante es el patrón que revelan: la búsqueda de mecanismos de continuidad del liderazgo político más allá del ejercicio formal de la Presidencia.

Es aquí donde adquiere relevancia la distinción entre poder formal y poder real.

Mientras el poder formal reside en la nueva administración electa, diversos analistas han planteado la posibilidad de que el poder real —entendido como capacidad de influencia política efectiva— continúe concentrándose en el liderazgo del expresidente.

Democracia delegativa y debilitamiento institucional

Guillermo O’Donnell, uno de los más destacados politólogos del siglo XX en América Latina, desarrolló el concepto de democracia delegativa para describir sistemas en los que los presidentes electos interpretan su mandato como una delegación casi ilimitada de poder por parte del electorado; para O’Donnell, en estos casos, aún presidentes elegidos legítimamente, gobiernan con escasos controles institucionales.

En estos contextos, las instituciones de control —legislativas, judiciales o administrativas— tienden a ser percibidas como obstáculos a la voluntad popular encarnada en el Ejecutivo.

El resultado no es necesariamente la desaparición de la democracia, sino su transformación en un sistema donde el liderazgo personal adquiere un peso desproporcionado frente a las instituciones. Recordemos el episodio cuando Chaves aún presidente, llamó a Laura Fernández, ya presidenta electa a que asumiera como ministra de la presidencia en los últimos días de la anterior administración. Fue imposible para los analistas políticos, no asociar aquel evento con la idea de que Chaves intentaba continuar superponiendo su autoridad personal por encima de la de Laura Fernández inclusive en el actual gobierno. Fue un anuncio de quién ejercería el poder real por encima del mandato constitucional.

El Ministerio de la Presidencia y la concentración del poder político

El Ministerio de la Presidencia cumple una función clave en los sistemas presidenciales: articular la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, facilitando la gobernabilidad mediante la negociación política.

En el caso analizado, la percepción pública ha sido que esta cartera ha adquirido un protagonismo político inusual, asociado no solo a la coordinación institucional, sino también a la conducción estratégica del gobierno. No obstante que, Chaves ha dado muestras de no querer inmiscuirse en el quehacer cotidiano de las principales obligaciones que el cargo ministerial le impone, tal es el caso de la obligación de ejercer el mando ministerial para coordinar con las fracciones opositoras en la Asamblea Legislativa. Es notoria la delegación que Chaves ha hecho de esta crucial responsabilidad en favor del viceministro del cargo. Este hecho y otros, ha llevado a muchos analistas y sectores opositores, a preguntarse ¿para qué realmente quería el cargo Rodrigo Chaves?

Queda flotando en el ambiente la suspicacia de que para Chaves y sus adláteres políticos, lo más relevante es que pretende usar su investidura, revestida de inmunidad, para evitar que se le juzgue de los cargos que la fiscalía ha presentado contra él, algunos de los cuales comportan, si fuese juzgado y declarado culpable, la comisión de mayúsculos delitos penales.

Este fenómeno ha sido interpretado por diversos analistas como un indicio de desplazamiento del centro de decisión política hacia figuras que no necesariamente coinciden con la titularidad formal de la Presidencia.

Legalidad, legitimidad y poder detrás del trono

Carl J. Friedrich, versado constitucionalista y de política comparada, alemán también del siglo XX, distinguió entre legalidad y legitimidad, señalando que un sistema político puede ser legal sin ser plenamente legítimo si pierde la confianza ciudadana en la distribución efectiva del poder. Fueron notables sus estudios en defensa de la democracia constitucional, como garantía frente a la concentración del poder. Véase al efecto, su obra: “Constitutional Government and Democracy” de 1937, un clásico precisamente sobre el tema del gobierno constitucional y la democracia. Friederich sostuvo al respecto en forma lúcida la defensa de la democracia como garantía frente a la concentración del poder y, dijo también que, una constitución solo puede preservar la libertad si existen instituciones capaces de limitar el poder y una cultura política comprometida con el Estado de derecho.

Por su parte, el filósofo del derecho de origen italiano, recientemente fallecido, Norberto Bobbio advirtió sobre la existencia nociva para las democracias de formas de poder que operan “detrás del trono”, es decir, estructuras informales que influyen decisivamente en la toma de decisiones sin ocupar posiciones visibles de autoridad. Muy pertinente en el actual momento que vive Costa Rica, resaltar lo dicho por Bobbio, parafraseo, la democracia no se define únicamente por la voluntad de la mayoría, sino por el respeto a las reglas, la división de poderes, la protección de las minorías y la garantía de los derechos fundamentales. De ahí se deriva que el verdadero desafío de las democracias modernas no es solo conquistar el poder, sino ejercerlo dentro de límites jurídicos e institucionales que impidan su concentración y arbitrariedad. Considero esta manera de razonar como una explicación rigurosa que nos permite entender la diferencia entre poder formal y real y, por consiguiente, comprender también la importancia de preservar las instituciones democráticas frente a las tendencias personalistas y autoritarias. Cualquier parecido de este pensamiento con nuestra realidad no creo que sea mera coincidencia.

En este marco, la pregunta relevante no es únicamente quién ocupa los cargos, sino quién ejerce efectivamente la capacidad de decisión política.

Democracias que se erosionan sin colapsar

En este repaso de pensadores del siglo XX y XXI, solo nos resta traer a colación, por un lado, a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos contemporáneos, ambos estadounidenses, quienes han demostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta. Su deterioro suele ser gradual, mediante la erosión progresiva de los contrapesos institucionales. Célebres por la obra: “¿Cómo mueren las democracias?”, escrito en 2018. Una obra, crucial para ilustrarnos acerca de los desafíos de las democracias justamente contra el populismo, el autoritarismo y la concentración del poder político.

Las instituciones continúan existiendo formalmente, pero pierden capacidad real de limitar el poder ejecutivo. Este proceso no requiere la abolición de la Constitución, sino su vaciamiento progresivo en la práctica política. He aquí una advertencia oportuna por lo que a nuestro sistema político compete.

Poliarquía y calidad democrática

Por otra parte, acudo a Robert A. Dahl, estadounidense también, muy influyente en el siglo XX; definió la democracia moderna como una poliarquía, es decir, un sistema caracterizado no solo por elecciones libres, sino también por la existencia de múltiples centros de poder, competencia política efectiva y controles institucionales reales.

Desde esta perspectiva, la democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones, sino por la dispersión efectiva del poder.

Cuando el poder se concentra en un solo liderazgo —formal o informal— la calidad democrática se debilita, incluso si las instituciones formales permanecen intactas. Sus ideas devienen complementarias de las de los demás autores aquí citados.

Conclusión: instituciones o liderazgo

La experiencia comparada de la ciencia política sugiere una advertencia constante: las democracias no se erosionan únicamente cuando se violan las leyes, sino también cuando se reinterpretan de manera sistemática para concentrar el poder.

La distinción entre poder formal y poder real no es un ejercicio académico abstracto. Es una herramienta esencial para comprender cómo funcionan realmente los sistemas políticos.

Cuando ambas dimensiones se separan de forma persistente, la democracia deja de ser un gobierno de instituciones y comienza a transformarse en un gobierno de personas.

Y en ese tránsito —a menudo silencioso— reside uno de los mayores desafíos del constitucionalismo contemporáneo.

“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.

Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.

Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.

Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.

Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.

Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.

La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.

I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.

Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!

Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.

La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.

El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.

Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.

La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.

La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.

Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.

II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?

Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.

Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.

Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).

En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.

Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.

El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.

Año

Hueco Fiscal (%del PIB)

Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)

Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)

2018

2.25%

5.6%

6.0% (Déficit financiero anual)

Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).

El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.

De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.

En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.

Carta abierta a Pilar Cisneros – Honrar la memoria, defender la justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

San José, 5 de agosto de 2026

Estimada doña Pilar:

Le escribe una jueza costarricense preocupada por el rumbo nacional y por el debate público alimentado con narrativas inadecuadas. Lo hago no para negar yerros en la institución en la que laboro, que los tiene y muchos. Mucho menos para pedir silencio ante sus errores; toda entidad pública debe aceptar el escrutinio ciudadano, corregirse y rendir cuentas. Le escribo porque la crítica pierde fuerza argumentativa —que es la única fuerza válida para el Derecho— cuando se sustituyen las razones por palabras elegidas para dividir, incluso a quienes se sientan cada noche en torno a la misma mesa.

Rosaura CHinchilla-Calderón.

Usted y yo, doña Pilar, seguramente coincidimos en que Costa Rica necesita mejorar su justicia. Pero si en vez de reparar la casa la incendiamos nos quedaremos sin techo común. Presentar cada decisión adversa al proyecto político que usted lidera como una conspiración contra “el pueblo” o contra quienes gobiernan y, a partir de ello, lanzar calificativos inadecuados deteriora el debate público y fomenta todo tipo de violencia. De allí la motivación de esta misiva. En nuestra América Latina expresiones como «golpe-de-Estado» o «dictadura» evocan desaparecidos, muerte, exilio y terror. Usarlas consciente y repetidamente en un contexto inadecuado no solo desplaza la atención de los temas urgentes sino que reabre heridas de quienes aún tienen marcadas en su piel las cicatrices de la tortura.

Dado que las formas y las palabras importan, me permito, con profundo respeto, apelar a su historia familiar, no con afán de mortificarla —nada más lejos de mis pretensiones—, sino porque esta contiene lecciones que pertenecen también a nuestra historia latinoamericana y que conviene que repasemos.

Poco se sabe por acá que su abuelo, Máximo Cisneros Valle, desarrolló una larga carrera en la docencia y la magistratura en Perú: fue juez de primera instancia en Tarma, relator de la Corte Superior de Justicia de Lima desde 1899, juez interino del Crimen entre 1906 y 1912 y, posteriormente, vocal de esa Corte Superior.[1] No puedo atribuirle opiniones que no conozco sobre los conflictos de su tiempo, pero sí infiero que si su vida estuvo ligada al oficio de juzgar y a la tradición jurídica de una República que buscaba ordenar el poder por medio del Derecho, tuvo que atravesar el dilema de toda persona dedicada a la justicia penal: apegarse a la prueba y a las normas y decidir con valentía, aunque su decisión no fuera popular y eso implicara linchamientos como los que hoy son frecuentes sin siquiera analizar las decisiones.  

Máximo Cisneros Sánchez.

En ese ambiente de respeto por la legalidad creció también su padre, doña Pilar: el honorable Máximo Cisneros Sánchez, abogado, profesor de Derecho Comercial y Derecho Aeronáutico, integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina de Guerra del Perú y magistrado de la justicia militar. Su carrera también fue prolífica en el ámbito judicial: desde secretario de juzgado, relator, fiscal y auditor del Consejo de Guerra Permanente hasta procurador general para los asuntos de Marina y primer contralmirante de su Cuerpo Jurídico. Al retirarse en enero de 1972, el Estado peruano le reconoció más de 35 al servicio de la justicia[2] y lo hizo porque la estabilidad judicial es un derecho ya recogido, en beneficio de la ciudadanía, en casi todos los tratados de derechos humanos tanto como el derecho a la jubilación y porque ninguna persona debe ser denostada por ajustar su vida a las normas cuando actúa con probidad, como lo hizo su padre y lo han hecho tantas magistraturas costarricenses, como don Orlando Aguirre y don Fernando Cruz, a las que hoy se les vilipendia mediante generalizaciones apresuradas.

Su papá unió la defensa del derecho y de la soberanía de su país con su propia actividad empresarial como fundador de una aerolínea peruana. Desde la asesoría jurídica naval, participó en el desarrollo de la argumentación peruana relativa a las 200 millas marítimas[3] y en 1954 era auditor letrado de la Zona Judicial de Marina cuando se tramitó el célebre caso de la flota ballenera vinculada con Aristóteles Onassis: un proceso que terminó con una multa millonaria y el decomiso de productos obtenidos en aguas reivindicadas por el Perú. Fue un fallo histórico para toda la región, precursor en materia de derecho ambiental y que nos inspira para seguir defendiendo la soberanía de nuestros países y sus recursos naturales contra quienes pretenden enriquecerse a costa de nuestro patrimonio común.

Tales episodios dibujan a un jurista que creyó en la capacidad del derecho para defender al Estado sin renunciar a reglas jurídicas. Un jurista que hizo su carrera para fortalecer la independencia judicial.

La prueba más dolorosa llegó el 3 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, disolvió el Congreso, concentró el poder, afectó las garantías individuales, expropió los periódicos y restringió el pluralismo al instalar el “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, régimen que gobernó hasta 1975, siete años suficientes para sembrar división y dolor por doquier.[4] El posterior derrocamiento de Velasco, mediante otro golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, anticipaba la inestabilidad política que, hasta nuestros días, ha vivido el noble pueblo peruano. Para evitar episodios similares, Costa Rica abolió el ejército y hasta los grados militares en las fuerzas policiales, aunque ahora se pretendan restaurar. La sustitución del gobierno elegido por un poder de facto que incide arbitrariamente en los derechos de las personas es el signo inequívoco del autoritarismo que hay que combatir y es todo lo contrario de resoluciones que protegen derechos y obligan a la Asamblea Legislativa a cumplir con un mandato constitucional expreso.

Su propio testimonio, doña Pilar,[5] da cuenta de que el golpista Velasco[6] no perdonó a su padre cuando este se negó a utilizar un vuelo comercial de su empresa APSA para sacar a Belaúnde fuera del itinerario regular y eso generó una persecución contra él, usando el aparato estatal: a su padre se le abrió un juicio por obligaciones tributarias de la empresa y, aunque obtuvo decisiones favorables de los tribunales, usted cuenta que el régimen sustituyó a los jueces por unos complacientes generando el temor de que finalmente apareciera uno dispuesto a condenarlo. Eso llevó a don Máximo a salir con la familia del Perú en 1972. ¡Miserable todo aquel que, como Velasco, use el poder contra sus adversarios políticos! ¡Repudiable Velasco por manipular el aparato de justicia a su antojo para proteger sus intereses! Precisamente para evitar actos como esos es que la estabilidad en la judicatura y la independencia judicial son tan preciadas y emergen como un horizonte, siempre mejorable, al que nunca hay que renunciar.

Solo conociendo esa historia se entiende la profundidad y el valor del discurso que don Máximo Cisneros Sánchez pronunció ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en San José el 4 de septiembre de 1979, al ser recibido como vicepresidente de la naciente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí afirmó que el Poder Judicial costarricense administraba una “justicia ejemplar”; recordó el proceso de extradición seguido en su contra y resumió su experiencia con una frase conmovedora:

“No fui nunca fugitivo hacia la libertad, sino un fugitivo hacia la justicia.” [7]

Periódico La República, 8 de enero de 1974 (referencias al proceso de extradición de Máximo Cisneros).

Costa Rica no fue para él únicamente un lugar seguro. Fue la demostración concreta de que la independencia judicial puede proteger a una persona cuando el poder político de su país ha dejado de ofrecerle confianza y extiende su brazo allende fronteras. En aquel discurso don Máximo explicó que escogió Costa Rica por el prestigio de su Poder Judicial y celebró que el país hubiera aceptado tempranamente la jurisdicción interamericana, esa que hoy se considera “alcahuetería de la agenda 2030”. Su gratitud no fue una cortesía vacía: habiendo comparecido en condición de acusado, algo que puede ocurrirle a cualquier persona, encontró respeto a sus derechos (¡esas garantías tan atacadas!) y una respuesta jurídica a su conflicto en vez de una orden dictada desde el poder de turno o un acto de humillación pública. ¡Jueces valientes aquellos que, pese al asedio internacional, tutelaron sus derechos y dignidad!

El proyecto político que usted apoya, doña Pilar, con frecuencia afirma que Costa Rica “tiene una dictadura de 70 años” y que gran parte de esa supuesta dictadura proviene de un Poder Judicial que —se da a entender— desde siempre y generalizadamente ha sido corrupto. Eso no concuerda con la valoración expresada por su padre, cuyas apreciaciones se ubican en el mismo rango temporal. Es cierto que en la historia costarricense ha habido abusos de quienes ejercen el poder, corrupción y ello ha generado un deterioro importante en diversos indicadores, sobre todo sociales, como el incremento en la deuda del Estado hacia la CCSS y la violencia social. No obstante, en estos más de 70 años se forjó un sistema de educación pública que le permitió a una hija de campesinos, como yo, estudiar junto a quienes pertenecen a las élites locales en universidades del máximo prestigio mundial. En este lapso se universalizó la seguridad social, se aumentó la cobertura boscosa y se hizo del país un referente en materia ambiental. A diferencia de verdaderas dictaduras siempre se han celebrado elecciones con una amplia oferta de posiciones políticas, la prensa no fue expropiada y funcionó el Congreso. Es cierto que toda democracia formal debe siempre profundizarse, pero inclusive la omisión en tal sentido no la convierte en dictadura.  

En materia de justicia se fue ampliando la cantidad y calidad de los servicios y aunque hay discusiones en política pública, señaladas por el Estado de la Nación, que deben emprenderse, los indicadores comparativos con otros países siguen siendo ventajosos. Pero eso no permite hablar seriamente de un sistema fallido, ni generalizadamente inoperante, como ahora se hace ver mediante recursos retóricos populistas y demagógicos.

 Por tanto, no hay punto de comparación entre el sistema político que llevó a su familia al exilio y el de Costa Rica, que la acogió. En honor a la precisión conceptual no dudo que usted aclarará, públicamente, que el uso de las palabras “dictadura” y “golpe de Estado” desde el Ejecutivo y el Legislativo están absolutamente fuera de lugar, explicará a sus seguidores lo inapropiado de su uso e instará a que quienes las utilizaron brinden disculpas públicas no solo a la comunidad costarricense, sino también a quienes han sufrido los embates de verdaderos regímenes tiránicos.

Primera conformación de la Corte IDH
(con Máximo Cisneros y Rodolfo Piza).

Entre 1979 y 1985 su padre integró, como juez, la primera Corte Interamericana y fue su primer vicepresidente, período en el que coincidió con Rodolfo Piza Escalante,[8] ideólogo y fundador de nuestra Sala Constitucional que, por décadas, fue un referente latinoamericano. Si hoy ha perdido parte de ese reconocimiento no ha sido producto del diseño normativo de la jurisdicción constitucional sino de las decisiones en la selección de quienes ostentan algunas magistraturas, reglas que tampoco se cambiaron en la anterior legislatura. Don Máximo participó en el asunto Viviana Gallardo e intervino en las cinco primeras opiniones consultivas del tribunal regional.[9] Esa jurisprudencia estableció que los tratados de derechos humanos protegen a las personas frente a su propio Estado; que la pena de muerte no puede expandirse ni utilizarse contra delitos políticos pues aún los sentenciados no pierden su dignidad humana; que las diferencias legales no pueden perseguir fines arbitrarios o despóticos; y que la libertad de expresión es una condición de la democracia.[10] Dos de esas opiniones consultivas firmadas por su padre dialogan, de manera especial, con Costa Rica y con su justicia de hoy. VA IMAGEN 3

Esa herencia intelectual de dos ilustres juristas de su familia no la obliga a usted a pensar como ellos ni a defender tales ideas. Las biografías no son cadenas. Sin embargo, sí nos invitan a preguntarnos: ¿qué aprendemos de ellas? Don Máximo conoció un régimen que removía a su antojo las garantías y a quienes debían juzgar. No obstante, encontró refugio en un país donde los tribunales podían decidir sin recibir instrucciones del Ejecutivo. Cuando en los años 70 se detectaron vicios que podían afectar la objetividad, se trasladaron al Poder Judicial la investigación criminal y la acusación pública, con el propósito de alejarlas de la dirección inmediata del Ejecutivo (aunque manteniendo el porcentaje de presupuesto originalmente asignado en la Carta Magna solo para la judicatura).[11] Hoy, ese modelo se pretende revertir pese a las debilidades demostradas antes. Inclusive, el presupuesto aprobado legislativamente para sostener ese andamiaje se disminuye a partir de directrices ejecutivas.

Cisneros Sánchez ayudó a construir una Corte Interamericana destinada a limitar los abusos estatales. Su vida enseña que la justicia independiente incomoda precisamente porque no pertenece a ningún gobierno. ¿No son esa idea y esa lección lo suficientemente poderosas para que sigamos luchando por ellas? ¿No merece la justicia que encontró su padre que distingamos entre una reforma cuidadosa y la destrucción de aquello que todavía funciona?

En diciembre de 2023 usted calificó una decisión electoral como “golpe de Estado político-electoral” y habló de una “dictadura legal y constitucional”. En octubre de 2025 también aludió a una actuación del Tribunal Supremo de Elecciones como un “golpe de Estado institucional”.[12] Ahora las propias autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora utilizan la referencia a golpe de Estado. Duele, doña Pilar, escuchar esas expresiones aplicadas al quehacer de los órganos constitucionales creados para contener el poder, cuya actividad puede ser siempre mejorable, pero nunca prescindible. Al margen de que las decisiones se compartan o no, el recurso retórico es inadecuado y debe reconocerse, máxime si, además, se obvia cómo se generaron tales decisiones: por el incumplimiento de la letra expresa del artículo 164 de la Constitución Política en manos de las diputaciones afines a su proyecto político.[13] Duele que usted, habiendo intervenido como diputada en la Comisión que votó las nóminas de magistraturas suplentes, ahora guarde silencio ante la descalificación dirigida contra jueces y juezas de carrera que se encuentran en esas listas quienes, como su abuelo y padre, se someten de buena fe a las reglas del juego y sufren los embates de quienes opinan sin contar con información suficiente o contratados para tal fin.

Es legítimo considerar que una resolución sea errónea, excesiva o jurídicamente insostenible. También es legítimo pedir responsabilidades. Lo que resulta peligroso es borrar la frontera entre un desacuerdo sometido a procedimientos constitucionales y la ruptura del orden democrático. Usted, como asesora de comunicación de ese proyecto político, por respeto a la memoria de las víctimas de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica, ¿no cree prudente desaconsejar y condenar esta escalada narrativa? Su historia, doña Pilar, es parte de una experiencia latinoamericana mayor: la de quienes perdieron seguridad, trabajo, patria y hasta seres queridos cuando el poder dejó de aceptar límites.

Un golpe de Estado no es simplemente una resolución que disgusta al gobierno, a la oposición o a una mayoría legislativa. Supone la sustitución o anulación del orden constitucional por medios ajenos a él: fuerza, coerción, desconocimiento de los poderes legítimos o captura de las instituciones. Las democracias, en cambio, viven de conflictos regulados. Los poderes se controlan, se contradicen y a veces se frustran entre sí. Esa fricción puede ser incómoda, pero es justamente lo que impide que una sola voluntad se convierta en ley. Llamar golpe-de-Estado a la sentencia antes de debatir sus argumentos no fortalece a la Asamblea Legislativa ni debilita jurídicamente a la Sala Constitucional: solamente eleva la temperatura pública, convierte al adversario institucional en enemigo, puede afectar la confianza institucional y la imagen del país y, lo que es peor, banaliza las heridas de quienes sí sufrieron regímenes despóticos y que escogieron este terruño para encontrar paz y nutrirnos con su visión de mundo.

Doña Pilar, no le pido que abandone su crítica a ninguna institución. Le pido algo más fácil y valioso: que en honor a los Máximo Cisneros de su familia —que hoy se encarnan en jueces y juezas honestos que cumplen a diario con su labor aunque sean objeto de burla e incomprensión como seguramente pronto lo seré yo— esa crítica se realice con la fuerza de los hechos y del derecho, sin distorsiones, sin adulteraciones, sin violencia verbal, con disposición al diálogo y a la construcción conjunta, de tal forma que pueda diferenciarse la deficiencia de la conspiración y una divergencia interpretativa de una ruptura democrática. Recuerde que la independencia judicial real cobija a todas las personas, no solo a quienes comparten la decisión de un tribunal: protegió a su padre cuando era extranjero, exiliado, imputado y sometido a un proceso de extradición. Protege hoy a muchas personas víctimas de una furia alimentada con algoritmos y amañada con una amplia variedad de mecanismos de manipulación y aspiramos a que mañana todavía nos pueda resguardar si somos víctimas del abuso de poder que se vuelve cada vez más visible en el mundo actual.

También le solicito que esa crítica no acalle la que requieren todos los movimientos políticos y los otros poderes del Estado, porque la coherencia la verdad y la ética exigen aplicar el mismo escrutinio a todos por igual.

El proyecto político en el que usted participa ha incumplido mandatos constitucionales en materia de nombramientos y presupuestos aprobados. Ello no aporta a una justicia eficaz y confiable. El Poder Judicial requiere ejercer sus funciones con autocrítica y ajustar los indicadores que fallan. Ningún poder está por encima de la Constitución ni puede borrar al otro mediante consignas. No es válido incrementar el volumen del ruido para distraernos de los gravísimos problemas que tenemos enfrente: en seguridad tanto como en educación, en corrupción pero también en salud pública, en finanzas públicas y generación de empleo pero también en ética pública.

Me he tomado el atrevimiento de invocar la memoria de su familia porque la trayectoria de hombres públicos de bien no pertenece solo a sus parientes. La vida de don Máximo Cisneros Sánchez —tanto por su experiencia como perseguido político como, sobre todo, por su trayectoria como juez— nos sigue inspirando y nos recuerda que la función pública implica educar. Honrar esa memoria no exige idealizar nuestras instituciones; exige impedir que el lenguaje de la democracia se vacíe hasta que cualquier contrapeso parezca una traición. Exige conciliar y aceptar el error cuando este se produce. Hagamos honor a quienes buscaron justicia aquí, cuando la justicia dejó de ser segura allá. No destruyamos con palabras de confrontación la institucionalidad que, hace más de medio siglo, abrió a su familia una puerta de refugio y de derecho. Costa Rica necesita reformas, firmeza y verdad. También necesita serenidad. Nuestros problemas no se solucionan inventando golpes de Estado o dictaduras por doquier ni gritando e insultando al adversario: se empiezan a desenredar cumpliendo la Constitución y las leyes (las que nos gustan y las que no), respetando los contrapesos y cuidando la casa común, incluso —y sobre todo— cuando disentimos.

Por ello, doña Pilar, parafraseo a Oscar Arnulfo Romero y le imploro que interponga sus buenos oficios ante las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora para que cada cual cumpla con los deberes constitucionales que le corresponden y que cese la violencia verbal y simbólica, alimento de otras formas de violencia social. Alce usted, doña Pilar, la voz para desescalar esta narrativa hostil que tanto divide a las familias. Que ese gesto de respeto a las normas sea el primer paso para emprender modificaciones de gran calado que honren la memoria de quienes, aquí y allá, han servido con rectitud a la justicia.

Atentamente,
Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza

[1] Fernando Ayllón Dulanto, “Manuel Benjamín Cisneros”, Museo del Congreso y de la Inquisición del Perú, pp. 4-6. La reseña documenta la formación y carrera de Máximo Cisneros Valle como juez, relator y vocal de la Corte Superior de Lima. Texto completo.

[2] Hernán Ponce Monge, “Semblanza del señor Contralmirante CJ. (f) Máximo Cisneros Sánchez”, Revista de Marina, núm. 2 (2014), pp. 191-197. Texto completo.

[3] La tesis de las 200 millas marinas fue una política peruana destinada a afirmar soberanía y proteger los recursos naturales del mar adyacente a sus costas. En 1947, Máximo Cisneros Sánchez participó, como auditor de la Zona Judicial de Marina y asesor del Ministerio de Marina, en el estudio jurídico del decreto que proclamó esa extensión marítima, junto con diplomáticos peruanos. La medida buscaba conservar los recursos pesqueros y se convirtió en antecedente del nuevo Derecho del Mar. Más tarde sirvió como fundamento histórico de la posición peruana en controversias de delimitación marítima, incluida la resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2014.

[4] Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura del Perú, reseña sobre el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada; véase también la bibliografía histórica sobre el golpe de 3 de octubre de 1968 y el gobierno de Velasco hasta 1975. LUM Perú.

[5] Ángel Hugo Pilares, “Pilar Cisneros, la peruana que es la mujer más influyente de Costa Rica”, El Comercio, 13 de junio de 2013. La entrevista recoge el relato de Pilar Cisneros sobre APSA, el proceso tributario y la sustitución de jueces. Entrevista.

[6] La historiadora Anna Cant, en un estudio sobre la propaganda política del velasquismo, señala que ese gobierno militar proclamó su propósito de derribar a la oligarquía y ejecutar grandes cambios sociales en beneficio de sectores populares. También subraya que fue una “revolución desde arriba por decreto”, apoyada en propaganda estatal y movilización simbólica y agrega “…el Gobierno utilizaba la comunicación de masas de una manera innovadora y extensa para generar el respaldo popular, por lo que acudieron a periodistas, artistas e intelectuales para promover sus reformas […] la propaganda política del Gobierno de Velasco tuvo un impacto acumulativo en el espacio público, es decir, hubo una “invasión” de mensajes políticos en las plazas, las calles y las paredes de los edificios públicos.” Ver: https://books.scielo.org/id/cw5zr/pdf/schuster-9789587389456-12.pdf

[7] Máximo Cisneros Sánchez, discurso pronunciado el 4 de septiembre de 1979 al ser recibida la Corte Interamericana por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en Memoria de la Instalación de la Corte IDH, pp. 48-50. Texto completo.

[8] Ambos juristas tienen sesudos estudios que aún hoy son consultados: Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986. Piza Escalante, Rodolfo, y Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunas ideas sobre la incorporación del Derecho de Asilo y de Refugio al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina, UNAM, México, 1982.

[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Historia. Máximo Cisneros Sánchez fue juez entre 1979 y 1985 y primer vicepresidente. También intervino en el asunto Viviana Gallardo y otras, Serie A núm. 101 (1981).

[10] Corte IDH, opiniones consultivas OC-1/82, OC-2/82 y OC-3/83. Estas decisiones trataron, respectivamente, el alcance de la función consultiva, las reservas a la Convención Americana y las restricciones a la pena de muerte. OC-1/82; OC-2/82; OC-3/83. En la OC-4/84, la Corte IDH examinó una reforma constitucional sobre naturalización y desarrolló un criterio temprano de igualdad y no discriminación. Años después, la Sala Constitucional (voto de la Sala Constitucional 3435-92) utilizó los instrumentos internacionales de derechos humanos para interpretar el artículo 14 de nuestra Constitución sin la discriminación de género que contenía su antigua redacción. Valga aclararle a uno de los comentaristas de los canales oficiales que ni el de la reelección presidencial fue el único pronunciamiento constitucional que modificó la propia Constitución, ni tal pronunciamiento es único en la región, pues ha sido un recurso frecuente en los tribunales constitucionales de cara a lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como se extrae con cualquier búsqueda de internet. En la OC-5/85 la Corte declaró incompatible con la Convención la colegiación obligatoria cuando impidiera a cualquier persona utilizar plenamente los medios para expresarse o transmitir información. La opinión sostuvo que la libertad de expresión es “piedra angular” de una sociedad democrática y que una sociedad mal informada no es plenamente libre. Máximo Cisneros firmó la opinión y agregó una declaración individual sobre el papel legítimo de los colegios profesionales cuando no restrinjan la libertad de expresión.

[11] Abusos de poder en la investigación y acusación condujeron a pasar la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) al Poder Judicial bajo el nombre de Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) y a excluir, de las potestades de la Procuraduría General de la República, el ejercicio de la acción penal pública creando el Ministerio Público, ambas con desconcentración máxima.

[12] Revista del TSE, núm. 38, sobre la reacción de diciembre de 2023; EFE, 7 de octubre de 2025, sobre la expresión “golpe de Estado institucional”.

[13] El artículo 164 de la Constitución encomienda a la Asamblea Legislativa su nombramiento a partir de una nómina propuesta por la Corte Suprema. La Sala Constitucional sostuvo desde 2013 (valga decir, decidió así contra un grupo político diferente al actualmente en el poder) que el Congreso debe escoger dentro de esa lista y que el procedimiento no contempla devolverla. En junio de 2026, la Presidencia de la Sala informó que la falta de designaciones ya incidía en decenas de expedientes con inhibitorias; semanas después, el Tribunal Constitucional resolvió un amparo interpuesto por un ciudadano directamente afectado por esa decisión. Todo ello ocurrió dentro del procedimiento previsto por el ordenamiento. El único punto discutible de la resolución puede ser el de la medida provisional destinada a conservar la integración necesaria para que el tribunal pudiera funcionar. Esa decisión puede y debe ser examinada críticamente: su fundamento, alcance, temporalidad y relación con las competencias legislativas son cuestiones constitucionales discutibles. Pero discutirlas exige razones que al 5 de agosto de 2026 no se conocen.

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

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Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

La agenda rotativa de confrontación: a propósito de la educación política en las aulas

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Maximiliano López López1

Esta reflexión no se centra en la labor del gobierno en tanto administrador de la cosa pública; lo que interesa es reflexionar sobre la estrategia de comunicación-confrontación que se ha puesto en ejecución desde 2022. La hipótesis que orienta esta reflexión es que los gobiernos de Rodrigo Chávez (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-) han recurrido a la confrontación con el fin de orientar la agenda mediática (de críticos y de medios pro-gobierno) hacia temas o conflictos de alta polarización. Es una estrategia de comunicación política que alimenta un ciclo de controversias públicas en las que figuran distintos actores. La lógica consiste en sustituir un conflicto por otro como respuesta a los mismos ciclos de interacción en las redes sociales, o como simple respuesta ante cuestionamientos en la esfera pública. Está claro que en democracia la controversia es legítima (y deseable) pero aquí de lo que se trata es de evidenciar un patrón que, por sus recurrencia y sistematicidad, lleva a plantear la hipótesis de una agenda rotativa de confrontación.

El fin de dicha estrategia parece orientado a mantener el papel protagónico de esa agenda mediática, la cual influye en la percepción de sus seguidores y crea la sensación de cohesión, haciéndolos “partícipes de la lucha” que ese conflicto esboza. Es decir, parte del objetivo de la agenda es administrar la atención pública. El uso de esta agenda mantiene alta la popularidad de las figuras que la abanderan y se evita entrar en temas polémicos. Para citar solo un ejemplo, la discusión sobre la economía jaguar versus la necesidad de ajustes fiscales con incremento a los impuestos de la canasta básica, fue sustituida con nuevos ataques al Poder Judicial. Esta estrategia ha sido efectiva por su misma dinámica, pues al “agotarse” la vida útil de un conflicto, otro lo sustituye casi de inmediato. En esto juega un papel central la complicidad del momento que ofrecen las redes sociales donde todo es relativamente efímero.

Esta categoría de análisis (la agenda rotativa de confrontación) no surge del vacío. Existen múltiples estudios sobre temas políticos y de comunicación política que señalan con claridad los mecanismos que aplican quienes recurren a ella. Veamos ejemplos puntuales:

  • Agenda-setting (establecimiento de la agenda). Autores como Maxwell McCombs y Donald Shaw aseguran que los actores políticos no pueden influir en qué piensa una persona (por ejemplo, cómo razona), pero sí influir sobre qué piensa (es decir, sobre qué temas).

  • Framing (encuadre interpretativo). Para Robert Entman, quienes están interesados en marcar líneas interpretativas usan un marco predeterminado. En el caso de Costa Rica la narrativa recurrente es la idea de un “pueblo” perjudicado por una élite corrupta que debe erradicarse.

  • Diversionary politics (desviar la atención a otro punto). Jack Levy advierte que, cuando empieza a manifestarse el costo político de determinadas acciones, los actores con poder instalan otro conflicto que atraiga la atención mediática.

  • La política del espectáculo o la política como entretenimiento. Murray Edelman, y Jeffrey Alexander (entre otros) sostienen que la política actual recurre a la producción de eventos “comunicables”. La conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo parece asumir este rol comunicativo que alimenta la agenda de controversias.

  • Populismo. El uso del populismo como estrategia mantiene la vigencia del movimiento político. Sin la confrontación permanente, y sin el culto al líder, el movimiento pierde peso, apoyo y legitimidad.

Esta agenda de confrontación se mueve en busca de antagonistas según la coyuntura y las necesidades de quienes requieren desviar la atención. Veamos ejemplos.

  • 2022. Gobierno versus “prensa canalla”. Este conflicto desvió la atención para no tener que hablar sobre la idoneidad y probidad de los nombramientos que se estaban realizando.

  • 2022. Gobierno versus la Contraloría General de la República. Con esta disputa se atacó a la Contraloría cuando el tema de fondo eran las limitaciones que ese órgano le recordó al Ejecutivo.

  • 2023. Gobierno contra los privilegios del poder judicial. Esta dinámica mediática se lanzó cuando la fiscalía reveló que se estaban realizando investigaciones penales que involucraban a figuras cercanas al gobierno.

  • 2024-2025. Retornaron los ataques contra la “prensa canalla” debido a investigaciones sobre aspectos como financiamiento de campaña.

  • 2025-2026. La campaña electoral. La polarización entre la continuidad y los “enemigos del cambio” ayudó a evitar las discusiones de fondo sobre las propuestas de gobierno.

  • 2026. Gobierno contra comunistas. La estrategia desvió la atención mediática del tema de armonización eléctrica.

  • 2026. “El golpe de Estado”. Este nuevo tema polarizante deja de lado que el Poder Legislativo no haya nombrado suplentes para la Corte, y lo traslada al Poder Judicial.

Como se aprecia de estos ejemplos, los enemigos van cambiando, pero la estrategia permanece. En muchos de estos casos, la personificación del “enemigo” resulta más fácil que exponer instituciones. De eso se obtienen las críticas a la contralora Marta Acosta, al poder Judicial en las figuras de Carlo Díaz en su calidad de fiscal general, Orlando Aguirre como jerarca de la Corte Suprema de Justicia y recientemente a la magistrada Patricia Solano de la sala tercera. Y es preciso decirlo, la estrategia de confrontación es exitosa porque logra que actores políticos de la oposición participen de ella. En este sentido, el funcionamiento y los espacios de control político en la pasada gestión del Congreso constituyó un verdadero escenario de difamaciones y acusaciones que no aportaron a los problemas de fondo que tiene el país. Recordemos que la lógica de esta agenda no es la negociación, sino mantener la confrontación vigente, siempre que se maneje en el terreno mediático y lejos de temas sensibles o de alto costo político.

El resultado más notorio de este proceso es un debilitamiento del debate público. Autores como Jürgen Habermas señalan que parte de la calidad democrática de una nación se valora a través de la calidad de su esfera pública deliberativa. Donde no existe el espacio ni las condiciones para esto, la democracia se estanca o involuciona. La falta de deliberación afecta igualmente la construcción de políticas públicas integrales y capaces de considerar puntos de vista y soluciones alternativas. Los grandes temas que deben administrarse como cosa pública no se resuelven en marcos deliberativos acotados y menos en contextos de polarización. El riesgo de esto es que temas prioritarios como salud, seguridad, educación e infraestructura (que deberían trascender gobiernos), no resulten atendidos. Además, la implementación y evaluación de las políticas queda bajo el aura de esa agenda de confrontación y con ello se debilita también la rendición de cuentas.

Esta dinámica conduce a lo que se denomina “fatiga democrática”. Este es un síntoma que puede presentarse por sobrecarga informativa (sin poder diferenciar entre información real y falsa), imposibilidad de llegar al desenlace de temas complejos, sensación de un conflicto permanente y, finalmente, la “certeza” de que los problemas de fondo no se resuelven. Esto se traduce en desinterés hacia la política, pérdida de confianza en la institucionalidad, mayor generalización del cinismo político (ideas como, todos son iguales), menor participación ciudadana en asuntos públicos y en procesos electorales, todo lo cual desemboca en una aceptación acrítica de “medidas fáciles”. Como resultado de esto, la sociedad empieza a cuestionar el funcionamiento de la democracia y (al menos una parte de ella) termina aceptando la posibilidad de que se ignore el marco jurídico e institucional del país con tal de que se resuelvan los problemas. La democracia costarricense lamentablemente entró en esta fase desde inicios del presente siglo, pero se intensificó en los últimos años. La pregunta es si ¿estamos a tiempo de corregir el rumbo y si existe voluntad para revertir ese fenómeno?

Desde el punto de vista educativo es claro que, si la agenda rotativa de confrontación lleva al debilitamiento sistemático de la deliberación democrática, entonces el problema deja de ser político y asume un carácter educativo fundamental. En otras palabras, el sistema educativo tiene ante sí un reto de proporciones inconmensurables y por ello es fundamental fortalecer el abordaje de temas socio políticos en las aulas. La educación política de los jóvenes es la piedra angular de ese sistema y las evidencias muestran la necesidad de fortalecerla de cara a un proceso de reafirmación democrática en medio de un contexto donde se le ataca desde diferentes ámbitos. La solución está en reconocer las debilidades del sistema democrático y en trabajar para fortalecerlo, teniendo siempre claro que este no es perfecto, pero sin duda es la esencia del “pura vida” que nos identifica en el mundo.

La educación política en las aulas es la herramienta para enseñar a los jóvenes a desarrollar criterio y a asumir una ciudadanía comprometida con el bienestar y la justicia en sentido amplio. Es preciso que los jóvenes puedan distinguir entre conflictos o controversias coyunturales de aquellos que pueden catalogarse como problemas estructurales del país. Y no menos importante, es mediante la educación que los jóvenes deben analizar los discursos públicos y posicionarse respecto a las mejores soluciones desde una perspectiva informada, democrática y respetuosa de la diversidad de pensamientos. Por último, es necesario recordar que la democracia no se debilita solo cuando se atacan las instituciones, sino cuando la ciudadanía deja de interesarse en ella.

1 Profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional.