Y en este territorio hay … algo mágico y especial; donde Las Musas arrullan a las madres para parir hijos e hijas brillantes, únicos. Inteligentes, virtuosos, hombres y mujeres de bien, que han de destacar por lo bueno, lo bello, sus valores. Mal haríamos en reducir a San Ramón como un terruño donde sólo han destacado políticos educadores, poetas, artistas, músicos, pensadores y deportistas. No. San Ramón es más que eso. Aquí también ha florecido el amor a la ciencia, investigación y la medicina.
Hoy les hablo de un niño como ustedes, que creció albergando en su pecho grandes sueños. Pero que para alcanzarlos establa claro que se requería disciplina, estudio y fuertes convicciones. Chapotéo en quebradas, persiguió sapos y renacuajos. Transito senderos y horadó montañas desconocidas Escuchó el trinar de las avecillas y miró absorto muchos tipos de insectos y bichos. Nunca dejó de ser curioso y mirar que las plantas, que si bien la mayoría son verdes, eran muy distintas, de variados tamaños, formas, fragancias, así como muchos colores multicolores.
Cursó estudios primarios en su natal San Ramón. Hizo la mayor parte de su secundaria en el colegio Horacio Mann, creado bajo la égida de don Julián Volio Llorente. Combina sus estudios secundarios con trabajar en las diferentes boticas que ya había en San Ramón. Con una aguda inteligencia aprende muy rápido de todo lo que ve. A los 16 años logra inscribirse en el prestigioso Liceo de Costa Rica, en San José, antes de que despuntara el nuevo siglo.
Poco después gracias a su tenacidad, esfuerzo y dedicación que ya muchos veían en él, le es otorgada una beca y parte a estudiar a Europa.
A los 20 años ya es un alumno destacado en París donde luego pasa a la famosa Universidad de Lausana en Suiza; y posteriormente a la universidad de Ginebra. Ávido de nuevos conocimientos también adquiere dominio sobre otras lenguas: francés, inglés, italiano, alemán y latín. Allí va forjando sus inclinaciones e inquietudes científicas. Mostrando un fuerte interés por las ciencias naturales. Particularmente la botánica.
Probablemente en Suiza, muchos de sus frecuentes viajes por veredas y travesías por picos montañosos, en los Alpes, sirvieron para ponerle en contacto con la flora de aquellas latitudes. Así como perfeccionar sus dotes de gran observador. Efectúa varias crónicas de viajes y es un gran traductor de artículos en alemán y en inglés.
De regreso a Costa Rica se destaca por su gran trabajo al lado del gran naturalista y científico Henry Pittier, quien fuese fundador del Instituto Geográfico Nacional (1889) y del Instituto Meteorológico Nacional (abril, 1888) y pionero de la cartografía nacional. También se desempeña como profesor de Ciencias Naturales y profesor universitario en la Facultad de Farmacia y en la Escuela Normal.
Durante esa época ante el autoritarismo y afrentas a la democracia propiciadas por los hermanos Tinoco, se opone a la dictadura y a sus excesos, por lo que es perseguido y cesado de su trabajo.
Tras la caída de la infame dictadura. Empieza a trabajar en el Museo Nacional (fundado en 1887) donde se constituirá como jefe de la sección de Botánica. Para ese entonces, la presidencia de la república ha sido asumida por el ramonense Julio Acosta García, quien depuso a los Tinoco, a los usurpadores del poder.
Durante toda su etapa en docencia destacó por efectuar constantes y frecuentes excursiones. Siempre impulsó en sus estudiantes el espíritu de observación. Tras mirar árboles, tallos, hojas, flores; luego plasmaban lo visto en fieles dibujos.
En esta etapa de su vida, la belleza, misterio y color de las orquídeas, capturan su interés y lo enamoran cada vez más.
Desde la Sección de Botánica del Museo Nacional, siempre que podía hacerlo visita San Ramón y se adentra en las profundidades de sus selvas: vírgenes, húmedas y solitarias. Allí el graznido del pájaro campana era su acompañante y testigo mudo. Conoció Zapotal, El Socorro, La Calera, como pocos, hacía trabajos de campo, desde las riberas del Tárcoles en su desembocadura hasta las fincas de Nicolas Orlich en Piedades Sur.
Cuando se jubila, deja una colección de poco más de 22 000 especímenes en el Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica, en 1944.
Sus estudios botánicos son más conocidos en otros lares que en nuestro propio país. Muchos de ellos dieron origen a diversos medicamentos que salvaron miles de vidas. Su obra sólida y fecunda le han hecho merecedor de múltiples homenajes en diversas partes el mundo.
Los científicos en el mundo siguen investigando en sus colecciones; esta se encuentra en diversos herbarios y jardines del mundo. Penoso es recordar que una de las mayores colecciones de orquídeas recolectadas por don Alberto Manuel Benes se encontraba en el Jardín Botánico de Berlín, que desafortunadamente fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, un pueblo agradecido le erige este monumento, donde aparece una de las plantas estudiadas (cinchona) y que abundaban en las cercanías de Berlín y Llano Brenes. Don Alberto Manuel fallece 18 de mayo 1948.
Hoy en día su nombre y diversas investigaciones suyas aparecen en prestigiosas revistas científicas del mundo.
“Fue enterrado en su pueblo natal en una humilde fosa. Ante sus restos mortales desfilaron en apretadas filas de niños de las escuelas, que cubrían el camino con flores, como el último tributo que rendía la inocencia al máximo investigador de la flora costarricense. Tras el féretro caminaban cabizbajos José Figueres Ferrer, Fracisco J. Orlich, Fernando Valver Vega.” Los dos primeros, beneméritos de la patria.
En 1970, merecidamente fue declarado Benemérito de la Patria.
En 1975 se crea en San Ramón la Reserva Forestal que lleva su nombre. En 1993, con una extensión de 7 800 hectáreas es transformada en Reserva Biológica.
Actualmente dos escuelas llevan su nombre.
Hay un género de orquídeas que lleva su nombre Brennesias
Hay gente que nunca muere. Sólo aquellas como don Alberto Manuel Brenes, que son capaces de dejar una huella profunda, imborrable, imperecedera en su paso por esta tierra, pueden alcanzar la gloria de la inmortalidad y encontrar el camino hacia las estrellas”.
La grandeza de su admirable obra sólo es posible de ser dimensionada por ejemplos como el siguiente: En 1945 gracias a las características geofísicas y ambientales las de San Ramón, que lo convertían en un territorio único, semejante a una especie de Dorado, mítico poblado precolombino, añorado por los conquistadores ibéricos; dos afamados botánicos como Schlechter y Pupulin, encontraron en un solo árbol caído, 504 plantas de orquídeas de 39 especies.
Durante su vida también experimento la envidia y malicia de otros. No se doblegó ante la maledicencia de almas malvadas. Más bien escribió en setiembre de 1922 “Considero a las orquídeas lejos de las perversidades humanas, … mis amigas, tan inofensivas como bellas”.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.
No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque ha sido claro, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró. Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con e claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.
Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves. Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina!
La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.
Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.
El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia. Ahí encaja Chaves.
Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara, sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.
En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este Gobierno de Laura Fernández Delgado.
¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?
Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensarse, y pensarse que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando?
Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.
También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre… remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses.
Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección.
Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a 6 años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa al presidente o no sus otros tres años.
También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar.
Veremos que leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.
En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…
En esa mezcla parlamentaria político religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus Serafines, sus Querubines, a los ángeles que gobiernan universo político de ese movimiento, y a los Ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los Príncipes, Arcángeles y Ángeles que en esta batalla hará su labor de troleros…
La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.
Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.
Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).
Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.
¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.
Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.
Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.
El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.
Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.
Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.
Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.
¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!
Estas breves líneas constituyen una invitación a reflexionar, sobre algunos temas de nuestro acontecer político cotidiano, que posibilita nuestro el enriquecimiento interpretativo y el diálogo sobre los dilemas y perspectivas sociales que nos comprometen a todos. La democracia implica compartir nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales y el poder con otros en la sociedad. La intolerancia, el odio y la violencia en comunidad, destruyen democracia, diálogo y futuro común.
La democracia en Costa Rica tantas veces alabada y defendida, atraviesa por una profunda crisis que no llegamos a comprender ni analizar integralmente, luego no actuamos consecuentemente. Los sucesos recientes son ejemplos de los resquicios de una democracia que aparecen en determinadas y vitales circunstancias, mientras están permanentemente presentes las decisiones cosificadas en leyes y decretos, inspirados y condicionados por intereses e influencias ajenas de las demandas colectivas, así como con prácticas autocráticas que actúan contra de los intereses ciudadanos y el nacional.
Hemos defendido al poder judicial ante las acciones gubernamentales que pretendían controlarlo y subordinarlo a las decisiones e intereses del ejecutivo, no obstante, ha sido una movilización ciudadana que en su defensa logró descongelar las arbitrarias retenciones de miles de millones de colones del poder judicial, sin duda un logro democrático, además de patentizar las libertades y derechos ciudadanos.
Asimismo, habría que observar que cuando los universitarios realizan justas protestas por las arbitrarias, ilegitimas y anticonstitucionales restricciones presupuestales a las universidades públicas por decisiones fiscalistas del gobierno, nada ocurre, “brillan por su ausencia” las entidades que deben velar por el respeto y resguardo de la democracia y la Constitución. Asimismo, como cuando las operadoras de pensiones se apropian de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que pertenecen a los trabajadores, que al ser manipuladas por dichos entes en los mercados financieros, ocasionaron pérdidas millonarias a los recursos de los trabajadores que nutren los mercados con recursos de décadas de esfuerzo laboral, sacrificios en la salud personal y familiar de miles de asalariados y la de privarlos de su capacidad decisora de sus propios recursos, son prácticas crueles e ilegitimas de disposiciones legales inmorales e indignas.
No devolver los dineros a sus legítimos dueños por parte de las entidades que los parasitan, ni ser autorizado por los diputados, que tienen la obligación de legislar en favor de quienes representan, es una práctica cruel y antidemocrática, que degrada la situación de vida a los miles de trabajadores jubilados de hoy y los millones del mañana. Es paradójico que un Estado que está obligado de proteger y amparar la democracia sea el protagonista de su deterioro y de su destrucción dictatorial.
El Estado costarricense no es un observador de la inequidad y desigualdad en las relaciones sociales, es protagonista directo, porque regula parcial y parcializadamente las relaciones sociales y jurídicas de la sociedad, que no son neutras ni representan a todos igualitariamente, porque representan a empresarios globales y los intereses imperiales, que se han arrogado ideológica, política y económicamente ser quienes disponen de vidas y sociedades. El estatal costarricense se ha convertido en “furgón de cola” de intereses ajenos que atentan contra nuestros derechos y sociedad.
La democracia no es una creación estatal, es la actuación de la totalidad social, que no solo la crea, defiende y enriquece la democracia con sus protestas y demandas para superar las imperfecciones que todo sistema hereda y reproduce, como un proceso en constante transformación, inserto en un contexto inequitativo, desigual y contradictorio. No obstante, nuestra democracia está siendo privatizada por el Estado, para convertirla en una tiranía que nos silencia y empobrece, donde la igualdad formal es “papel mojado”. La pretensión de ridiculizar las voces disidentes desde el poder estatal revela la intolerancia, ignorancia y violencia del discurso de odio, contra las justas demandas ciudadanas.
[1] Catedrático, docente e investigador. Pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.
“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.
En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.
Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.
Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.
En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”
La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.
La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.
Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.
Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.
Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.
Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.
En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Académico Universitario. Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina) 📧 luis.martinez.sandoval@gmail.com 📱 Cel. 62764133
Vivimos en un momento en que la humanidad observa cambios profundos en el clima, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, deforestación, sequías, incendios y deterioro de los ecosistemas. Frente a esta realidad surge una pregunta que no es solamente científica o económica: ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la creación que habitamos?
La Biblia no utiliza el concepto moderno de calentamiento global ni ofrece una explicación científica del cambio climático. Sin embargo, contiene una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano, la Tierra y Dios. En sus páginas – desde el Génesis al Apocalipsis- encontramos tres ideas que adquieren especial significado en nuestro tiempo: cuidado, responsabilidad y consecuencias.
La Tierra no nos pertenece absolutamente
El Salmo 24 comienza con una afirmación fundamental:
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. — Salmo 24:1
Desde esta perspectiva, el ser humano no es dueño absoluto de la creación; es parte de ella y tiene una administración delegada sobre ella. Esta idea cambia nuestra manera de entender los recursos naturales. El agua, los bosques, los animales, los mares y la tierra no deberían ser considerados únicamente como mercancías disponibles para ser explotadas al extremo.
La pregunta deja de ser solamente “¿cuánto podemos obtener de la Tierra?” y comienza a ser: “¿Qué estamos dejando para quienes vienen después de nosotros?”
El mandato de cuidar
Uno de los textos fundacionales aparece en el Génesis:
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. — Génesis 2:15
Aquí coexisten dos acciones fundamentales: labrar y guardar. Labrar significa utilizar, transformar y producir. Guardar significa proteger, conservar y custodiar. La Biblia, por tanto, no presenta al ser humano como un agente alienado que deba abandonar la naturaleza, sino como su administrador.
El problema contemporáneo aparece cuando la capacidad de transformar se separa de la responsabilidad de conservar. La humanidad ha desarrollado una extraordinaria capacidad tecnológica: podemos modificar ríos, extraer minerales, talar bosques y producir energía a gran escala. Pero una pregunta crucial permanece: ¿Tenemos la misma capacidad para reparar aquello que destruimos?
Autoridad no significa destrucción
Génesis 1:28 expresa un mandato históricamente malentendido:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla…” — Génesis 1:28
Una interpretación irresponsable ha convertido el «dominio» sobre la Tierra en una autorización para la explotación ilimitada. Sin embargo, este pasaje debe leerse en estricta correlación con Génesis 2:15. Si el ser humano recibe autoridad, también recibe una rendición de cuentas. Dominar no es sinónimo de destruir; una autoridad legítima y responsable administra pensando no solamente en la ganancia presente, sino en la viabilidad del futuro.
La Tierra puede enfermar
Uno de los textos más sorprendentes y vigentes para una reflexión ambiental se encuentra en el libro de Isaías:
“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo… La tierra se contaminó bajo sus moradores”. — Isaías 24:4-5
Sin pretender convertir este texto en una predicción científica anticipada, la imagen analógica resulta profundamente actual. Una sociedad puede enfermar sus ríos, sus mares, sus suelos y sus bosques hasta alterar ecosistemas enteros. Al final, la humanidad termina afectándose a sí misma, pues no vivimos fuera de la naturaleza: somos parte indisociable de ella.
Las consecuencias de destruir
El libro de Apocalipsis plantea una advertencia ética severa:
“…y de destruir a los que destruyen la tierra”. — Apocalipsis 11:18
Más allá de interpretaciones escatológicas literales, el texto plantea una seria cuestión moral: ¿Qué ocurre cuando la humanidad utiliza su poder para sabotear los sistemas que sostienen su propia existencia? La contaminación, la deforestación y la explotación irresponsable tienen consecuencias sistémicas observables. La reflexión bíblica añade una dimensión ética insoslayable: no todo lo que tecnológicamente podemos hacer significa que debamos hacerlo.
La creación también sufre
El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento:
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”. — Romanos 8:22
Es una metáfora profundamente conmovedora: la creación “gime”. Al trasladar esta profundidad espiritual a indicadores actuales, cabe preguntarnos:
¿Puede llamarse progreso a un modelo económico que consume más de lo que la biosfera puede regenerar?
¿Puede llamarse desarrollo a una dinámica que deja una estela irreversible de contaminación detrás de sí?
La verdadera prosperidad debe incluir, obligatoriamente, la capacidad de preservar la vida.
La Tierra también tiene un límite
En el Levítico se establece otra premisa de propiedad absoluta:
“La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es…” — Levítico 25:23
En el antiguo Israel existían normas estrictas sobre el descanso de la tierra (el año sabático agrícola). Nuestra época necesita recuperar urgentemente una palabra que el mercado global tiende a olvidar: límite. El planeta tiene límites físicos, los recursos son finitos, los ecosistemas tienen un umbral de absorción de contaminantes y la capacidad humana para reparar daños severos también es limitada.
Una teología de la restauración
La visión bíblica no es una narrativa de desolación fatalista; concluye en la restauración.
“Plantaré en el desierto cedro, acacia, arrayán y olivo…” — Isaías 41:19
Donde había aridez y destrucción, el texto proyecta vida y recuperación forestal. Esto nos convoca a una ecología proactiva. La lucha ambiental no debe limitarse a la denuncia legal o económica; debe reparar. Reforestar, recuperar cuencas hidrográficas, reducir drásticamente los residuos y transformar los patrones de consumo son imperativos de una responsabilidad que no solo evita dañar, sino que se ocupa activamente de reconstruir.
Sanación integral
Isaías ofrece una imagen extraordinaria de restauración cósmica:
“Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor… el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga…” — Isaías 30:26
La creación participa activamente de los ciclos de sufrimiento y sanación en la narrativa bíblica. La herida del entorno es también nuestra herida. Si como civilización hemos sido capaces de vulnerar nuestro planeta, debemos asumir la corresponsabilidad histórica de sanarlo.
El valor intrínseco de la biodiversidad
En los Evangelios, Jesús diluye el antropocentrismo radical al señalar:
“Mirad las aves del cielo… ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre”. — Mateo 6:26, 10:29
En estas líneas, la vida no humana posee un valor inherente ante los ojos del Creador, independiente de su utilidad económica para el ser humano. Cuando destruimos hábitats y provocamos la pérdida de biodiversidad, no estamos perdiendo un mero «recurso básico», sino una expresión irrepetible de la vida silvestre.
Un dilema ético antes que climático
El cambio climático se mide con precisión en grados Celsius, partes por millón de CO₂ o elevación del nivel del mar. Pero detrás de la métrica subyace una encrucijada estrictamente humana: ¿Qué clase de civilización queremos construir?
Una economía cimentada de forma exclusiva en el hiperconsumo y en la cultura del descarte enfrentará inevitablemente las consecuencias físicas de sus premisas operativas. La crisis ambiental no es solo un desafío de ingeniería o de sustitución tecnológica; es un asunto ético, político, cultural y, para miles de millones de personas, profundamente espiritual.
Hacia un desarrollo responsable
Nuestra generación tiene el imperativo de actualizar el principio de «labrar y guardar».
Producir, pero conservar.
Construir, pero proteger.
Consumir, pero moderar.
No se trata de renunciar a la tecnología ni de detener el bienestar económico, sino de redefinir qué significa un progreso real. El éxito del desarrollo futuro no debería medirse por los volúmenes de extracción y desecho, sino por nuestra eficiencia para sostener y conservar los sistemas vivos.
Conclusión: La Tierra como legado y fideicomiso
La Biblia no nos legó un manual de ciencias climáticas, sino algo mucho más exigente: una responsabilidad moral. Nos recuerda que la Tierra es un préstamo, un fideicomiso sagrado puesto en nuestras manos.
“Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a los hijos de los hombres”. —
Salmo 115:16
Tener algo bajo nuestro cuidado no nos otorga el derecho de desmantelarlo; nos impone la obligación de entregarlo en condiciones dignas. La pregunta final que definirá nuestra época no es “¿cuánto más podemos extraer de la Tierra?”, sino: “¿En qué condiciones vamos a heredar la casa común de la vida a las próximas generaciones?”
A propósito del Día de los Parques Nacionales, honramos la memoria de los tres costarricenses y un estadounidense que quizá más se han destacado por su forja, creación y mantenimiento. En tiempos del gobierno de don León Cortés (1936 – 1940) destaca el Dr. José María Orozco, quien sembrara la semilla. Luego vendrían con sus papeles más visibles, el expresidente don Pepe Figueres seguido por don Daniel Oduber. Estadistas separados varias décadas en su vida pública del trabajo pionero del Dr. Orozco Casorla y, aunque coincidente con la administración Oduber, de la forja silenciosa que tras bambalinas ejecutaba el joven estadounidense Christopher Vaughan.
Los cuatro, desde diferentes escenarios, se adelantaron a lo que eventualmente sería un movimiento mundial por el ambiente gestado en la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo impacto planetario principalmente a partir de la exitosa Cumbre de Río de Janeiro en 1992, adonde Costa Rica no podía estar ausente.
Al trasladarnos a la década de los años 30, encontramos la figura del Dr. Orozco, poseedor de un gran conocimiento de la riqueza biológica de este país bendecido con su extraordinaria diversidad de zonas de vidas, ejerciendo como gran naturalista con un sitial merecido en la historia del conservadurismo costarricense, por sus aportes e iniciativas y por ser el indisputable “Padre de los Parques Nacionales de Costa Rica”.
Entre otros, don José María fue reconocido como «Pionero de la Biología» por sus colegas del Colegio de Biólogos de Costa Rica, asimismo honrado al bautizarse con su nombre el Jardín Botánico de la Universidad de Costa Rica en el campus Rodrigo Facio y declarado merecidamente Benemérito de la Patria, durante la administración Oduber.
Dentro de sus notables legados, algo poco conocido, aunque de singular importancia, fue que, en 1937, ante una petición presidencial urgente para atender un compromiso internacional, seleccionara muy acertadamente la guaria morada como la Flor Nacional de Costa Rica; ese «lucero» de los «pétalos suaves» que tanto orgullece al pueblo tico.
Pese a que la lista de logros de don José María son inestimables, uno de los que permite vislumbrar su sapiencia, su visión de futuro, en momentos en que ni se hablaba siquiera de ecología, fue la para entonces insólita idea de crear un parque nacional. Sucedió en 1939 (¡hace 87 años), cuando en Costa Rica los bosques eran vistos como áreas «desaprovechadas» que había que “mejorar”, o sea, talar, para «usar ese suelo en algo productivo», decían. Pero frente a ese dominante sentimiento, rompiendo paradigmas, don José María vislumbró el que sería el primer parque nacional costarricense en el macizo del volcán Poás, por la necesidad de conservar su riqueza biológica, su agua, su belleza escénica. ¡Y nos puso a pensar! pues no fue un acto aislado, sino parte de un proceso que ya él venía desarrollando en pro de la conservación ambiental.
Pasó el tiempo y con los años, se fueron creando los parques nacionales que hoy valoramos, pero que no significaban casi nada para el costarricense común, y es aquí donde, por justicia, hay que destacar la extraordinaria dedicación del que consideramos es el «forjador de los parques nacionales». Se trata de un joven estadounidense quien, desde su llegada a Costa Rica como miembro del Cuerpo de Paz en 1971, acogió nuestro suelo como su Patria. Sin más recursos que sus sueños e inagotable energía, Christopher Vaughan, cumplió la tarea encomendada desde unos escritorios del entonces Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) en el gobierno de don Pepe, de recorrer explorando hasta 1974, los sitios más alejados del país, con la tarea de buscar «áreas que pudieran convertirse en parques o reservas», narra en su libro «Parques Nacionales de Costa Rica: su búsqueda en los 70», de la Editorial Tecnológicade Costa Rica, de obligatoria lectura para los ambientalistas genuinos, como usted.
Resultado de ese inmenso esfuerzo, a finales de 1985, 19 de los 26 sitios visitados por Christopher en cerca de cuatro años, estaban legalmente creados: nueve parques nacionales, un monumento nacional, cinco reservas biológicas, una reserva privada, una zona protectora y dos refugios nacionales de vida silvestre. De 33.000 ha se pasó a 1.300.000 ha de áreas de conservación.
Santuarios naturales que, con sus notas, vivencias y fotografías, al regresar a San José, eran luego evaluadas conjuntamente por los también destacados Leslie Holdridge, Joseph Tosi y Alexander Skutch, en el «Tropical Science Center» en San José. Así que, amigos, no fue por casualidad ni producto de ocurrencias, que la atrevida semilla virtual fertilizada por el Dr. Orozco, tuviera eventualmente sus retoños, que prosperan hasta el día de hoy, habiendo jugado un papel indiscutible la entrega desinteresada de Christopher, quien quizá, mientras trataba de descansar en rincones boscosos, hambriento, atacado por insectos y otros bichos, jamás se imaginó la trascendencia que tendría su esfuerzo voluntario.
Pero, como las buenas obras no han de detenerse, para dicha del pueblo costarricense y el planeta, hubo quienes con buen tino y bien aprovechado poder político siguieron decididamente el sendero marcado alguna vez por el Dr. Orozco, como fueron don Pepe y don Daniel. A partir del “puente conservacionista” construido principalmente por don José Figueres Ferrer y doña Karen Olsen, don Daniel Oduber también tuvo el coraje necesario para terminar de edificar físicamente lo que iniciara el Dr. Orozco y otros pioneros conservacionistas trabajando en diversos campos, que no citamos en este breve artículo, para no cometer injustas omisiones. Cabe destacar también que don Pepe, durante su tercer gobierno vio nacer los magníficos parques nacionales de Cahuita, Santa Rosa, Manuel Antonio, Rincón de la Vieja, y, cual formalización legal, la creación del Parque Nacional Volcán Poás, que debería llevar el nombre del Dr. Orozco.
Aquella criatura gestada por don José María Orozco, dichosamente encontró en don Pepe un gobernante visionario y en don Daniel un padrino que velaría amorosamente por ella. De esa formidable relación, surgieron de mano del presidente Oduber, parques nacionales tan extraordinarios como Corcovado, Chirripó, Tortuguero, Barra Honda, Braulio Carrillo, Carara, y reservas biológicas y forestales, que hoy constituyen el muy valorado patrimonio natural de todos los costarricenses. «Los Parques Nacionales a los que mi Gobierno ha dado prioridad, serán vivos santuarios de la vida de ayer y del mañana», escribió una vez Oduber.
Pocos países en el planeta pueden compartir con la humanidad, tan extraordinarios templos protectores de la maravillosa flora y fauna que los sustenta. La riqueza más grande de Costa Rica, inobjetablemente, está resguardada en ese 25% del territorio nacional. Bien demanial que, por cierto, hace unos 20 años, un señor que ayudó a modificar la burocracia administrativa de los parques nacionales, desde el ámbito de las fundaciones y ciertas organizaciones no gubernamentales, propuso en el año 2006, que los parques nacionales de Costa Rica fueren administrados en forma privada como una «sociedad anónima». Propuesta que provocó tanto revuelo, que hasta fue motivo de denuncias penales presentadas por su proponente, quien pretendió estructurar una mala copia del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos, mediante un proyecto de ley felizmente no acogido en la Asamblea Legislativa.
Pero bueno, aunque situaciones no deseables como esa se han presentado alrededor de esa inmensa riqueza, lo bueno es que los parques nacionales de Costa Rica son orgullo de un pueblo que habrá de agradecer a los que, desde hace cerca de 90 años, tuvieron la visión de resguardar ese gran tesoro de Costa Rica. Gracias Dr. José María Orozco Casorla, gracias Christopher Vaughan, gracias don José Figueres Ferrer, gracias don Daniel Oduber Quirós, representantes insignes de los muchos compatriotas, y distinguidos inmigrantes, que construyeron y siguen resguardando esos santuarios biológicos que, aunque enfrentan amenazas diversas, se mantienen en pie con el apoyo de la gran mayoría de compatriotas como usted, estimable lector.
Hace unos días comenté una noticia sobre Ariel Robles. Llegó a un juicio acompañado por dos agentes del OIJ y utilizando un chaleco antibalas. Las burlas no tardaron en aparecer. Mi comentario, quizá demasiado visceral, comparaba aquella reacción con la naturalidad con la que estamos aceptando los enormes dispositivos de seguridad que acompañan cotidianamente a la presidenta de la República y a otros altos funcionarios del Gobierno.
También recibí críticas. Algunas podían resumirse en una pregunta aparentemente irrebatible: ¿qué tiene de malo que la presidenta tenga protección?
Nada.
Una presidenta amenazada debe ser protegida. Un ministro amenazado debe ser protegido. Ariel Robles, si existe una valoración institucional de riesgo que así lo determina, también debe ser protegido.
Pero precisamente por eso creo que estamos haciendo la pregunta equivocada.
La cuestión no es si la presidenta debe tener escolta. La cuestión es cuándo comenzamos a considerar normal determinada representación del poder político en Costa Rica y cómo llegamos hasta aquí.
Durante décadas construimos una imagen de nosotros mismos como una sociedad civilista. Presidentes, ministros, diputados y otras autoridades podían ser vistos en espacios públicos con dispositivos de seguridad relativamente discretos. Eso no significa idealizar el pasado ni afirmar que nunca existieron escoltas o amenazas. Existieron. La pregunta es otra: ¿estamos asistiendo a un cambio en la forma en que el poder se presenta ante nosotros y en la manera en que nosotros aprendemos a interpretarlo?
Escoltas numerosas. Vehículos. Agentes armados. Fuerzas élite. Inteligencia. Amenazas de muerte. Seguridad nacional. Información declarada secreto de Estado.
Cada uno de esos elementos, considerado aisladamente, puede tener una explicación perfectamente razonable. Mi preocupación comienza cuando dejamos de observarlos aisladamente y los colocamos uno junto al otro.
Antes de asumir la Presidencia, Laura Fernández denunció el hallazgo de un supuesto micrófono en su oficina. Posteriormente conocimos que el dispositivo encontrado no tenía capacidad para grabar ni transmitir audio. Ya como presidenta ocurrió el episodio de Crucitas: una detonación, una evacuación inmediata y un enorme despliegue de seguridad. Después hemos conocido reiteradamente informaciones sobre amenazas contra su vida. Rodrigo Chaves también ha sido objeto de amenazas y mantiene protección estatal.
No afirmo que esas amenazas sean falsas.
Tampoco afirmo que exista una conspiración diseñada desde alguna oficina gubernamental para engañar a la ciudadanía.
Propongo una hipótesis y, sobre todo, algunas preguntas.
¿Qué sucede cuando la amenaza se convierte en un componente permanente de la representación pública del poder?
¿Puede una amenaza real ser, al mismo tiempo, utilizada políticamente?
¿Dónde termina la necesidad objetiva de protección y dónde comienza la representación simbólica de esa protección?
¿Quién determina cuánto dispositivo es proporcional al riesgo?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto podemos conocer los ciudadanos sobre ese costo sin comprometer legítimos protocolos de seguridad?
¿Y qué aprendemos nosotros cuando vemos repetidamente esas imágenes?
Quizá estamos ante algo que podríamos llamar una pedagogía de la excepcionalidad.
Uso deliberadamente la palabra pedagogía, pero no porque pueda señalar a un pedagogo concreto. Precisamente esa es otra pregunta: ¿quién está enseñando?
¿El discurso gubernamental? ¿Los aparatos de comunicación? ¿Los dispositivos de seguridad? ¿Los medios? ¿Las redes sociales? ¿Nosotros mismos cuando reproducimos determinadas explicaciones hasta convertirlas en sentido común?
Gramsci comprendió muy bien que la hegemonía alcanza uno de sus mayores éxitos cuando una determinada interpretación del mundo deja de parecernos una interpretación y comienza simplemente a parecernos obvia.
Y quizá ahí radique lo que más me preocupa.
Cuando pregunté por los enormes dispositivos de protección presidencial, varias respuestas fueron esencialmente estas:
«¿Y qué tiene de malo? Es la presidenta. Tiene que estar protegida».
Otra vez: nada tiene de malo protegerla.
Pero observen el desplazamiento. Preguntar por la magnitud, proporcionalidad, costo y significado de un dispositivo de seguridad termina convertido en una supuesta discusión acerca de si debemos o no proteger a la presidenta.
Y entonces todas las demás preguntas desaparecen.
Tal vez allí la pedagogía comienza a producir resultados.
Lo excepcional se repite. La repetición produce familiaridad. La familiaridad disminuye nuestra extrañeza. Y finalmente aquello que alguna vez nos habría llamado poderosamente la atención termina provocando una respuesta sencillísima:
«¿Y qué tiene de raro?»
El episodio de Ariel Robles me resulta particularmente interesante por eso. No porque pretenda defender al exdiputado ni porque su situación sea necesariamente comparable en términos técnicos con la de la presidenta. Me interesa por la contradicción simbólica.
Si consideramos perfectamente razonable que una autoridad amenazada aparezca rodeada de un enorme dispositivo de protección, ¿por qué el chaleco antibalas y dos agentes que acompañan a otra persona amenazada pueden convertirse en objeto de burla?
Quizá no estamos juzgando solamente dispositivos de seguridad.
Quizá estamos decidiendo quién tiene derecho a representar públicamente su vulnerabilidad y quién no.
Y eso nos conduce nuevamente al problema del sentido común.
Una democracia no cambia necesariamente de un día para otro mediante un gran acontecimiento que todos podamos identificar. También puede cambiar mediante pequeñas habituaciones. Palabras que comenzamos a escuchar todos los días. Imágenes que dejamos de encontrar extrañas. Dispositivos excepcionales que empezamos a considerar necesarios.
Amenaza.
Inteligencia.
Fuerza élite.
Seguridad nacional.
Secreto.
Escoltas.
Protección.
Cada palabra puede estar perfectamente justificada. Pero una democracia también tiene derecho a preguntarse qué relato construyen cuando comienzan a aparecer juntas y repetidamente.
Esta publicación no pretende demostrar que exista una estrategia deliberadamente diseñada para producir ese resultado. Mucho menos afirmar que las amenazas contra las autoridades sean ficticias. Es apenas una hipótesis de trabajo que merecería una investigación mucho más profunda de la que permite una publicación como esta.
Mi intención es otra: provocar discusión.
Porque tal vez estemos asistiendo a la construcción progresiva de un nuevo sentido común político en Costa Rica: uno en el cual la autoridad debe aparecer protegida, amenazada y rodeada por dispositivos extraordinarios de seguridad para que esa imagen nos resulte coherente con el ejercicio del poder.
Tal vez esté equivocado.
Ojalá.
Pero justamente porque las democracias se construyen también mediante símbolos, lenguajes, imágenes y hábitos, creo que vale la pena hacernos estas preguntas antes de que dejemos de hacérnoslas.
Porque quizás el problema nunca fue que la presidenta tuviera escoltas.
Quizá el verdadero problema comenzará el día en que miremos todo ese despliegue y ya no sintamos necesidad alguna de preguntar:
Costa Rica tiene una fama bien ganada y un reconocimiento internacional como país democrático: la más sólida democracia del continente americano
Desde inicios de la vida independiente de España, desde el 29 de octubre de 1821, con las Juntas Superiores de Gobierno hasta 1823; durante la incorporación en la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, con la constitución del Estado de Costa Rica, 1824-1848 y la declaración de la República de Costa Rica desde el 31 de agosto de 1848 hasta hoy, los gobernantes de Costa Rica han sido predominantemente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción ha habido gobernantes militares. El primer Jefe de Estado, el educador Juan Mora Fernández, 1824-1833, marcó la ruta.
Desde 1821 establecimos una Constitución, llamada Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, reconociendo en ella la esencia del Pacto Político como elemento clave de la convivencia nacional.
La historia política del país ha sido resultado de gran cantidad de pactos políticos que han garantizado el desarrollo del régimen y del sistema democrático, de la evolución de los derechos ciudadanos y las libertades públicas, del Estado de Derecho y del Estado Social y Democrático de Derecho.
Implícitamente, por el título constitucional, desde la primera Constitución, se reconoce la esencia del llamado Estado de Derecho, de la existencia de los Poderes Públicos, sus nexos, equilibrios, pesos y contrapesos, sus funciones exclusivas, indelegables, propias, insubrogables, impidiéndose desde entonces que un Poder Político pudiera ser sustituido o intervenido bajo control por otro poder, con ánimo de cambiar su esencia jurídica o de trazarle desde ese otro poder, el Ejecutivo, sus directrices y acciones fundamentales, para de esa forma desarrollar un gobierno de características tiránicas, dictatoriales, autoritarias, antidemocráticas. De manera precisa, estos poderes, así establecidos, desde la Constitución Federal de Centroamérica de 1824 y de la Constitución Política del Estado de Costa Rica en 1825, a partir de los cuales evolucionan hasta nuestros días.
Desde 1821, se produjeron 13 constituciones políticas. Dos de ellas, la de 1871 y la actual de 1949, han tenido en la práctica larga vida. La de 1871 suspendida por otra Constitución, en el período 1917-1919, resultado de un gobierno tiránico que se estableció por esos dos años, a cuya caída también se restableció la Constitución de 1871, hasta 1949, cuando surgió la actual.
Los procesos electorales marcaron el camino de la escogencia de las autoridades políticas de gobierno, sin partidos políticos hasta 1890, y desde entonces con partidos políticos tal y como ahora los conocemos. Un poder legislativo unicameral ha sido la tradición. Bicameralmente de excepción ha funcionado por breves períodos. La última vez fue en 1917.
El sufragio, evolutivamente desde el siglo XIX, se ha dado desde los inicios de la Independencia. Se conocen prácticas electorales y de sufragio desde finales de la colonia. En el siglo XIX se dio el voto directo, público, con elecciones de segundo grado, para escogencia selectiva de electores, con restricciones electorales para mujeres, analfabetos y por motivos de capacidad económica.
A partir de 1890 hay elecciones con partidos políticos, como ahora existen. Desde 1914 se estableció el voto directo de los electores, eliminándose la elección indirecta, y a partir de 1924 se estableció el voto secreto. Igualmente, desde mediados del siglo XIX se estandarizó el período de gobierno a cuatro años, con posibilidad de reelección continua en el siglo XIX. Excepcionalmente hubo períodos de seis años. En términos generales, así ha sido desde 1847.
En 1949 se aprobó el voto de las mujeres, el voto universal, ejercido desde 1951. Desde entonces se ha mejorado el derecho al voto, el sufragio nacional, obligando a la mayor paridad posible en las listas de electores de hombres y mujeres, y en la composición de los Poderes Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde tiene que observarse esa paridad de género.
La edad de los votantes, de los ciudadanos, desde 1974 se bajó a los 18 años, dándole poder político a la juventud.
Corrientes políticas en el escenario político nacional se dieron desde el siglo XIX, predominando en ese tiempo las corrientes liberales más que las conservadoras. A finales de ese siglo se introducen las corrientes anarquistas, socialistas, reformistas, comunistas y socialcristianas.
Con los partidos políticos, a partir de 1890 dominan el escenario nacional los movimientos liberales hasta 1948, enfrentados a las manifestaciones partidarias obreras, 1886-1910, a las tendencias reformistas, 1923-1934, a las socialistas, 1919-1924, a las comunistas desde 1931 y a las socialdemócratas desde 1943.
Los partidos conservadores, como tales, poca expresión tuvieron. Actuaban desde las banderas “liberales”. Desde entonces, el espectro político se mueve en todas las posibilidades, con restricciones políticas de participación electoral para los católicos desde 1898 y para los comunistas durante los años 1948-1975.
En los últimos 50 años se abrieron espacios para partidos políticos identificados con corrientes cristianas no católicas, que han logrado escaños legislativos, manteniéndose todavía la restricción para partidos católicos. La prensa en Costa Rica, impresa desde 1833, surgió como un baluarte del pensamiento político liberal y democrático, exaltando la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y de publicación. Se desarrolló como un instrumento de control político público frente a los gobernantes de turno.
La crítica política ha sido una de las mejores manifestaciones del ejercicio de la libertad de prensa y pensamiento en Costa Rica.
En ausencia de partidos políticos opositores, o cuando los partidos han perdido esa condición de oposición política, la prensa y el periodismo han desempeñado ese papel de control político frente a los gobiernos, con respeto a los gobiernos a ese control público que se ha ejercido desde los medios de comunicación. Los gobiernos en general han carecido de prensa propia, aunque les incomode la crítica.
El ejército y el militarismo han existido en la historia costarricense. Pero los militares no han gobernado más que por excepción y por brevísimos períodos. El Ejército y los militares existieron sometidos al control político nacional.
El Ejército Nacional obtuvo su mayor gloria y papel en la defensa de la integridad, la Libertad, la Soberanía y la Independencia nacional, y centroamericana, cuando en el período 1856-1858, enfrentó a los filibusteros estadounidenses que se establecieron en Nicaragua desde 1855 hasta que se les derrotó en 1857, llevando el impulso de esa defensa el Ejército de Costa Rica, que impidió la penetración y el dominio filibustero en el país y, con colaboración de los ejércitos de Honduras, Guatemala y el Salvador, se evitó que toda la región fuera anexada a los Estados Unidos y se estableciera la esclavitud como lo clamaba William Walker desde Nicaragua, donde se había proclamado Presidente.
Desde 1869 hasta 1949 el Ejército fue debilitado institucionalmente. Se redujeron sus rentas, fortaleciéndose las de educación pública, salud y obras públicas. El 1 de diciembre de 1948 se abolió el Ejército Nacional, sustituyéndose por una policía nacional.
Los símbolos y elementos militares se eliminaron de los símbolos nacionales desde 1902. Los rangos militares se mantuvieron en la organización policial hasta el gobierno del Dr. Óscar Arias Sánchez en 1986-1990, que se sustituyeron por denominaciones civiles. Se fortaleció esto en la administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002.
En la Costa Rica actual, desde la llegada del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, y de la continuidad de su gobierno con la presidenta Laura Fernández, 2026-2030, se ha entronizado una nueva manera de hacer política, con un populismo autoritario, cuya característica fundamental ha sido la de debilitar y desarticular el Estado de Derecho, la de debilitar toda oposición política partidaria e institucional, la de denigrar dirigentes políticos, partidos políticos, de hablar contra “la política”, contra las instituciones constitucionales fiscalizadoras de la administración pública, contra los gestores de opinión, pensadores críticos y medios de comunicación que ha tratado de doblegarlos financieramente para someterles a informar solo lo que el gobierno quiere que se informe y diga.
Estos años han sido también de ataque a las universidades como centros de pensamiento, contra sus programas académicos señalando que deben eliminarse los estudios humanísticos y las ciencias sociales, que el presidente Chaves considera poco útiles para la formación de profesionales, contra la educación pública en general, incluida la escolar y colegial que ha debilitado eliminando los programas de becas, de comedores escolares y de transporte de estudiantes, quitando recursos para la reparación de instalaciones escolares con amenaza de cierre de más de 800 establecimientos en el país.
Han sido cuatro años prolongados a este primer año del actual gobierno orientados a mantener por otros cuatro años el congelamiento de salarios y pensiones, que ha habido durante estos últimos cuatro años, de tratar de imponer la jornada laboral de 12 horas sin reconocimiento de pagos extras por el exceso de 4 horas diarias de trabajo, con el efecto que eso tiene en el rebajo sustancial de salarios, de aguinaldos y de pensiones futuras. Además, con la amenaza de aumentar la edad del derecho de pensionarse en 5 años más de trabajo y de edad, y negándose el gobierno a entregar los ahorros de jubilación de los pensionados cuando se acogen a este derecho.
El gobierno de Chaves mantuvo públicamente la tesis de necesitar el control absoluto del Poder Legislativo y del Judicial para poder realmente gobernar. Solo tenía el Poder Ejecutivo de modo absoluto, porque así lo establece la Constitución Política. El Legislativo se elige proporcionalmente al resultado de las elecciones parlamentarias. En este período, 2026-2630, logró elegir 31 diputados de 57, sin que eso le dé el control mayoritario y absoluto de 38 diputados, con el cual podría cambiar la estructura de la Corte Suprema de Justicia y de nombrar, si quisiera, a todos los magistrados.
Con motivo del nombramiento que tiene la Asamblea Legislativa, obligadamente, por mandato constitucional, de los Magistrados Suplentes del Poder Judicial, por lista que el Poder Judicial envía al Poder Legislativo a su sometimiento a votación, los diputados de gobierno se niegan a votar, negativa o positivamente, dicha lista. Han planteado que la Corte haga otra lista interviniendo en la independencia de poderes públicos, ordenando y proponiendo otros candidatos, situación que se ha mantenido desde el 2025, desde el anterior gobierno, al gobierno actual.
La situación de la no elección de los Magistrados Suplentes se volvió inaguantable institucionalmente, provocando casi un paro técnico del Poder Judicial y de sus Salas Superiores, violentando los derechos de los ciudadanos y creando una sensación de anomia judicial, ambiente que ha querido crear el gobierno para impulsar un autogolpe de Estado.
Ante esta situación, la Sala Constitucional del Poder Judicial resolvió, en uso de su facultad de dirimir las contradicciones que puedan sucederse de conflictos entre Poderes del Estado, de nombrar a los Magistrados Suplentes, que lo eran, para resolver la integración de las Salas Superiores de la Corte Suprema de Justicia. Esta facultad de actuación se la da la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la misma Constitución Política. Es la facultad de integrar derecho, con la cual la Sala Constitucional puede llenar vacíos o lagunas legales en el ordenamiento jurídico, para resolver casos concretos, como ha sido el caso de rebeldía sediciosa que han tenido los diputados de gobierno por no querer recibir la propuesta de magistrados suplentes que ha enviado la Corte Suprema de Justicia y votarla.
Con esta Integración de Derecho que ha hecho la Sala Constitucional se constituye toda la Corte Suprema de Justicia, hasta que la propia Asamblea acate la propuesta que se le hizo de Magistrados Suplentes. Esta Integración de Derecho es la transposición de la norma jurídica, el Fallo de la Sala Constitucional, en el mecanismo y medida concreta que garantiza el cumplimiento, por la adopción del medio necesario para lograr este fin, del funcionamiento del Poder Judicial, amenazado sediciosamente por los 31 diputados de gobierno.
El Fallo de la Sala Constitucional garantizó y afirmó el Estado de Derecho y la Independencia de los Poderes Públicos, violentamente amenazados por los presidentes Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Se le ha puesto un freno, por ahora, a las intenciones de establecer un Estado autoritario, tiránico, dictatorial y plenamente autoritario en Costa Rica. En esta dirección ellos siguen atizando y clamando.
Su último discurso con motivo de este fallo judicial es que se dio un golpe de Estado en Costa Rica. Despotricaron sobre esto. Acudieron con una acción de prevaricato contra los Magistrados de la Sala Constitucional que impulsaron este Fallo, sin que técnicamente pueda tener efecto alguno sobre ellos ni ningún resultado positivo para los accionantes, más allá de afirmar que eso es parte del Golpe de Estado que se provocó.
El golpe de Estado no se ha dado contra el Poder Ejecutivo. La Presidenta, su copresidente, el Ministro de la Presidencia y de Hacienda, sus Vicepresidentes y el resto de sus ministros siguen en sus funciones ejecutivas. La Asamblea Legislativa no se ha suspendido por parte de un poder externo que la suspenda o paralice. Siguen funcionando sus comisiones de trabajo y sus sesiones legislativas.
El Poder Judicial sigue funcionando plenamente. El Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene rango de Poder Público, sigue funcionando y ha llamado a que se formen e inscriban partidos políticos, con plazo hasta enero próximo, para las elecciones municipales de 2027-2028.
La prensa nacional no tiene censura previa de organismos externos a la institucionalidad nacional. Al contrario, ha arreciado en sus editoriales en defensa de la democracia, de la institucionalidad del Estado de Derecho y de apoyo al Fallo de la Sala Constitucional.
La Fuerza Pública policial no ha tenido necesidad de movilizarse, por propia iniciativa ni por iniciativa de nadie, en función de la defensa de toda la institucionalidad democrática costarricense, que no está amenazada.
La estridencia de los discursos presidenciales de Laura Fernández y de Rodrigo Chaves, de gritos agudos, molestos, exagerados, con violentas expresiones físicas, y de retos a la población inquiriéndole de si aceptarían una dictadura, no han tenido eco nacional y tampoco ningún destello de apoyo internacional a favor del supuesto gobierno que cayó por el Golpe de Estado, o de condena del Golpe de Estado, o de suspensión de relaciones diplomáticas con el supuesto gobierno golpista.
El aliado más sólido de los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, por el servilismo, el felpudismo o la sumisión, con el que ellos se comportan con las políticas que les impone el gobierno estadounidense, en aranceles o en política exterior, ni siquiera ha dado su apoyo a estos gobernantes reconociéndolos como legítimos representantes populares que perdieron el poder por ese golpe de Estado.
El presidente Trump no se la peló, como se dice en la jerga costarricense, corriendo a darle apoyo al gobierno y a amenazar a los golpistas con una intervención al estilo Caracas para restaurar el gobierno democrático de Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Al gobierno de Trump ni un destello le sacó el anuncio de plaza pública que hicieron la pareja presidencial de Rodrigo y Laura del Golpe de Estado que se les había dado.
Pero, curiosamente, tampoco lograron ni chispas de apoyo de los gobiernos de derecha de América Latina como son los de Argentina, El Salvador, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Panamá y Bolivia. Sus amigos Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, Luis Abinader, Santiago Peña. José Raúl Moliño y Rodrigo Paz. Lo dejaron solo. No le tiene ni una gota de credibilidad a sus gritos desesperados de haber sufrido un golpe de Estado.
He llegado a la conclusión de que el autogolpe de Estado, que están planificando Rodrigo Chaves y Laura Fernández, lo practican con los juegos electrónicos de internet “Suzerain”, “Saga Trópico” y “Dictator: Gobierna tu nación”.
En estos juegos, desde la presidencia, se ven países en crisis donde se trata de modificar la constitución para obtener podres absolutos, encarcelar la oposición política, se ven situaciones de bloqueos parlamentarios y amenazas de perder elecciones, como lo advertían hablando contra el Tribunal Supremo del Elecciones Rodrigo y Laura, y donde el Dictador administra las distintas fracciones políticas del país, como Rodrigo advirtió que tendría los 7 u 8 diputados que le faltan para controlar plenamente al Poder Legislativo, con la meta de acumular el mayor poder absoluto y eliminar todos los pesos y contrapesos del sistema democrático, actuando por la fuerza con Decretos Leyes… sin Poder Legislativo y sin Poder Judicial.
Compartido con SURCOS por el autor.
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