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Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Primeros resultados del diagnóstico comunitario en el marco de la pandemia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Como una iniciativa del Programa Kioscos Socioambientales, el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y algunos Trabajos Comunales Universitarios para conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.

Compartimos los primeros resultados del diagnóstico:

De los desastres a las oportunidades… así aprendemos a gobernarnos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

Carlos Campos Rojas

“Pues la tecnología me hizo una mala jugada este sábado”, así sintetizó desde la solidaridad más humana, María Catarina Goldoni Ruiz, la experiencia de la reunión que sostuvimos este sábado 22 de agosto, para formular el proceso ciudadano: Un Nuevo Pacto de Concordia, Un Nuevo Pacto Social.

La reunión tecnológicamente, fue un caos desorganizado. No fue lo que habíamos planeado. A pesar de los simulacros y los esfuerzos preparatorios de un grupo de compañeras, para dar la talla en la tarea de envergadura que hemos asumido desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, los conflictos tecnológicos dieron al traste parcialmente con las metas establecidas. Los objetivos siguen intactos.

La asistencia al evento y el interés demostrado por la ciudadanía responsable, dejó claro que tenemos en este país, sobrado recurso humano para sacar la tarea encomendada.

Nos acompañó en la reunión, una destacada delegación panameña, que quieren aprender de nuestra experiencia, la forma en que nos construimos como El Soberano, para incidir en el proceso que su país lleva adelante en la formulación de una constituyente y la decisión de establecer –como así lo queremos en nuestra Costa Rica-, la probidad y la transparencia por encima de la corrupción y la impunidad. 

De ese caos desorganizado, sacamos oportunidades inmediatas.

La primera. No debemos tener vergüenza en reconocer que nos falta aprender. Aún con los mayores éxitos logrados, la humildad debe acompañarnos y reconocer que nos falta más por aprender.

La segunda. El mandato constitucional es que debemos asumir con responsabilidad la tarea de gobernar este país con los otros “tres poderes” y debemos hacerlo bien. Mejor de lo que lo han hecho a quienes designamos confiadamente para hacerlo.

La tercera. No derrotarnos ante nada. No desesperarnos. Mucho menos someternos al miedo, porque en momentos difíciles, es “la voz del amo” la que nos habla, paralizándonos, devolviéndonos al cautiverio de donde nos atrevimos a salir.

La cuarta. Tenemos en nuestras manos –hoy más que nunca-, el futuro de nuestro país. Debemos acrecentar y prosperar la riqueza que nos queda, a pesar del saqueo de la mafia política.

La quinta. En medio del caos de la situación, el temple de los participantes se hizo valer. Las mujeres especialmente, no echaron atrás. Además, voces inteligentes, llenas de sabiduría y decisión, propusieron convocar los siete Equipos de Trabajo para la Propuesta y Acción para esta semana, reuniéndose los siguientes días:

i- Lunes 24 a las 6:00 pm:
1. Auto Sostenimiento Nacional.

ii- Miércoles 26 a las 6:00 pm:
2. Transparencia y justicia en la Hacienda Pública.
3. Construcción de Entornos de Intervención Ciudadana para la apertura, la reconstrucción nacional y la paz.
4. Acciones y Transparencia en la atención de las medidas sanitarias para salir del cautiverio.
5. Reconstrucción económica, ambiental y financiera.
6. Capacitación y formación Constitucional y Ciudadana.

iii- Jueves 27 a las 6:00 pm:
7. Comunicación, divulgación y propaganda.

LOS ENLACES PARA CADA REUNIÓN SE PUBLICARÁN Y DEBEN AYUDARNOS A DIFUNDIRLOS.

TODA PERSONA QUE QUIERA ESTE PAÍS, PUEDE INGRESAR, LA TAREA ES DE TODOS.

Ayer demostramos que una ciudadanía se prepara para asumir su responsabilidad constitucional. Que se forja al calor de la responsabilidad y el deber, consciente de que debe nutrirse de conocimiento, venciendo el miedo, llena de solidaridad y humildad. Porque el Poder que debe ejercer El Soberano, es la tarea de una nueva ciudadanía, para construir la República Participativa y la institucionalidad pertinente, con transparencia, probidad y responsabilidad.

Yo digo ¡¡¡¡ Presente!!!!

Carlos Campos Rojas
23 de agosto de 2020

Nuevas acciones organizadas por personas no indígenas contra malekus, cabécares y brorán

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por FRENAPI:

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

En seguimiento a las ALERTAS TEMPRANAS lanzadas como Movimiento desde el FRENAPI desde el 12 de julio del 2020, informamos y denunciamos que el día de hoy domingo 23 de agosto 2020, en horas de la mañana, en Territorio Maleku, se presentó un grupo de No Indígenas (aproximadamente 40 personas, incluidas en el grupo personas mayores y menores de edad).

Los/as No Indígenas vinieron a cortar alambres para que el (su) ganado ingrese a las fincas recuperadas. Amenazaron de agresión a las/os malekus y pusieron en frente a personas mayores y menores de edad No Indígenas como estrategia para golpear y esconderse entre estas personas y culpar a los/as malekus de cualquier golpe o daño físico. La policía llegó, logró separar el «enfrentamiento» con una “tregua”. Una tensa calma se mantiene. Sin embargo, las personas No Indígenas avisaron que vienen refuerzos de camino y que «de hoy no pasan estos hijueputas indios».

ALERTAMOS que hay temor e incertidumbre por las acciones que las personas No Indígenas puedan emprender durante la noche en contra de nuestras hermanas/os maleku. El ganado que está ahí NO es de los/as malekus, las personas usurpadoras de las tierras indígenas quieren meterlo a pastar ilegalmente en las fincas recuperadas. Las leyes nacionales y Convenios, establecen que los Territorios son exclusivos de los/as indígenas que los habitan y solo ellos/as pueden hacer uso y aprovechar estas tierras, por lo que ese ganado está (ilegalmente) aprovechando los pastos y aguas malekus.

La policía levantó Acta y está en el lugar, con pocos agentes (dos), lo que pone en entredicho la capacidad de poder contener una agresión violenta multitudinaria de los/as personas No Indígenas contra los/as malekus.

ALERTAMOS al Gobierno, Instituciones de DDHH, Nacionales e Internacionales, de esta situación y llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a incidir y presionar al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, a detener esta nueva ola de violencia, en el Territorio maleku, fronterizo con Nicaragua ubicado en el Cantón (municipio) de Guatuso. Misma situación de asedio y amenaza, está ocurriendo en 2 Territorios del Sur, uno es el Territorio Cabécar de China Kichá, donde de usurpador No Indígena de apellido Fernández, empresario de Buses, en una «jugada» de «novela» introdujo unas 15 personas (peones) en un «camión de barandas altas, para ingresar a las fincas recuperadas con agresión y violencia para sacar a las familias recuperantes indígenas que viven allí. Esta “jugada” fue descubierta y repelido el intento por las/os Cabécares, sin embargo se mantiene una situación tensa y de mucho acoso y amenazas.

El otro Territorio, es el Territorio Brorán de Térraba, al Sur del país, específicamente en la Finca Recuperada de Crun Shurín, donde las personas No Indígenas, entre otras acciones ilegitimas y violentas de nuestros derechos, mantienen una patente otorgada por la propia Municipalidad de Buenos Aires, a favor de un Bar-Restaurante instalado dentro del Territorio, en contra de resoluciones judiciales, normas nacionales e instrumentos internacionales, burlando que la Ley Indígena N°6172 establece en su artículo 6 que están prohíbas las ventas de Licores en los Territorios Indígenas y que los negocios en estas tierras, solo pueden ser administrados por los/as habitantes indígenas del Territorio. Urge la intervención del Estado /Gobierno para evitar otros lamentables hechos como los ya conocidos.

Urge la solidaridad con nuestros Pueblos. Lo único que pedimos, es que se respeten los Territorios y se cumplan las Leyes y Convenios que protegen nuestros Derechos Humanos. Seguiremos adelante con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma. ¡Ni un paso atrás!

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
23 DE AGOSTO, 2020

Guía para el monitoreo comunitario del agua. Una propuesta metodológica para construcción de autonomías territoriales

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Autores: Maya Pinzón, Hoibyn Cardona y Diego Andrés Martínez Z.

Nuestro ejercicio pedagógico popular, en los últimos años, ha construido conocimiento e incentivado prácticas entorno a los derechos de los pueblos y las comunidades a participar y decidir sobre el uso de los bienes comunes, construyendo colectivamente controles democráticos para su manejo. Bajo este horizonte, el presente documento entrega renovadas reflexiones e instrumentos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en los territorios. La siguiente propuesta no habría tenido espacio para su maduración sin el diálogo abierto y honesto con compañeras y compañeros que durante años han participado en las escuelas del agua en diferentes departamentos de Colombia como el Meta, Cundinamarca, Santander, Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. A todos y todas ellas nuestro mayor agradecimiento.

Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios. En este sentido, compartimos las siguientes propuestas de prácticas con la certeza que su contenido sea utilizado creativamente por cada una de las comunidades y regiones donde sea leída.

Esperamos que esta guía para el monitoreo comunitario del agua incentive autonomías populares para la defensa de los bienes comunes y que aporte a las propuestas de un ordenamiento territorial alrededor del agua.

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Carta a Defensoría de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Salud.

Fecha: 12 de agosto de 2020

Un cordial saludo señores de la Defensoría de los Habitantes y departamento que corresponda.

Después de saludarles, somos las asociaciones de desarrollo integral, El Progreso, Juanito Mora, Los Almendros y Gloria Bejarano venimos pidiendo su colaboración en cuanto a alguna asesoría o alguna resolución que nos pueda brindar, ya que nuestra población presenta muchas necesidades básicas de alimento, pues tanto la Municipalidad de Puntarenas como la Comisión Nacional de Emergencias CNE, se habían comprometido en cuanto a los tres meses de Ayuda Humanitarias donde dan una canasta básica de alimentos para los más necesitados de dichas comunidades, cabe mencionar que se nos hizo efectiva la entrega el primer mes pero luego no han cumplido con los próximos meses.

Por otro lado, es importante aclarar que el 28 de abril del presente año nosotros los de las asociaciones nos hicimos presente en una reunión donde se nos comunicó este plan de tres meses y se tomó este compromiso, dicha reunión fue llevada a cabo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias asimismo estuvieron presentes otras entidades gubernamentales como Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, Municipalidad de Puntarenas, DINADECO, varias asociaciones de desarrollo entre otros.

Igualmente faltan varias comunidades que ni se les ha hecho efectiva la primer entrega, nos dimos cuenta que no es por falta de recursos ya que en la Universidad Estatal a Distancia UNED ubicada en el cocal de Puntarenas, tienen resguardados varios paquetes de estas canastas básicas de alimentos y aún no sabemos porque no se han entregado. Solicitamos se nos dé una explicación y por lo pronto una solución. Consideramos que con el hambre de las personas no se puede andar ‘jugando», como bien es sabido la pandemia, la crisis que vive el país actualmente ha provocado una disminución de los ingresos de las personas y nuestras comunidades no son la excepción.

En fin, solicitarnos audiencia con las entidades involucradas como la Municipalidad de Puntarenas, específicamente con el Consejo de Municipal, con la Comisión Nacional de Emergencias CNE, que cabe recalcar que ya anteriormente nos hemos comunicado con ellos pero que no nos han solucionado y dado una buena explicación del porqué no se cumple con lo establecido ese 28 de abril en dicha reunión ya antes mencionada, queremos que se les haga entrega de estas ayudas humanitarias a las comunidades primeramente que no han recibido nada y posteriormente las segundas entregas a las comunidades que ya antes recibieron.

Por último, reiteramos todo el agradecimiento hacia ustedes por todo en lo que nos puedan colaborar.

ADI Asociación de Los Almendros y Gloria Bejarano
ADI Asociación del Progreso
ADI Asociación Juanito Mora

 

*Imagen ilustrativa.

Presentación en línea del informe “Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

San José, 14 de agosto de 2020.- El pasado 5 de agosto de 2020, el think-tank de asuntos ambientales Oakland Institute presentó “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, una traducción al español del informe Nicaragua ‘s Failed Revolution.

Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.

Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.

Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.

Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.

Panelistas:

  • Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
  • Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)

Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica

Regístrate: https://bit.ly/30NwbJG
Hallazgos clave del informe:

  • Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu.
    • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras.
    • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas.
    • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo.
    • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo.
    —

El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.

CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.

CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

 

*Imagen destacada tomada de: https://www.dw.com/

Sétimo aniversario de RedESS

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

En este año 2020, la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica está celebrando su 7° aniversario, trabajando desde sus inicios por visibilizar la Economía Solidaria. La presencia de las múltiples formas de asociatividad es una realidad que se expresa en un conjunto de valores muy diferentes a los que sustentan el modelo capitalista actual. RedESS en estos 7 años se ha consolidado como un espacio de articulación y colaboración presentes en 6 redes territoriales, promoviendo una economía basada en valores éticos, solidarios, ecologistas y feministas.

En estos 7 años RedESS parte de que la economía solidaria deberá poner en su centro el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como medios para alcanzar tal fin. Reflexionamos, dialogamos y entendemos la economía solidaria como el conjunto de prácticas económicas diversas y transformadoras que están presentes en todos los territorios, que demuestran que se puede producir, distribuir, consumir y, muy especialmente, vivir con base a otros valores como la solidaridad, la equidad, el empoderamiento de las personas y organizaciones, la participación colectiva en la toma de decisiones, el cuidado del ambiente, la valoración de los procesos relacionados con la reproducción de la vida y de los cuidados, la cooperación y la no competitividad, basados en el apoyo mutuo.

“A estos 7 años reafirmamos seguir impulsando con fuerza e ilusión nuevos proyectos y retos, junto con otras organizaciones y expresiones de economías transformadoras, seguiremos generando iniciativas y pensamientos consecuentes que cuestionan y confrontan el actual sistema económico. Seguiremos construyendo red y sumando más iniciativas prácticas que resuelvan las necesidades de una parte significativa de la población. Entre nuestros retos está el lograr una mayor presencia y visibilidad, y que la Economía Solidaria sea una opción accesible, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables en los territorios.

¡Nos construimos como movimiento autónomo por los bienes comunes!”

RedESS

Comunicado de recuperadores finca Crun Shurin

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A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el jueves 13 de agosto del 2020 circula en redes sociales un video publicado por Ariel Alfonso Mora Fallas desde la cuenta Facebook “Profe Ariel C.R”. En el video se muestra a Hilda Valentina del Carmen Granados Solís, quien desde hace años ocupa ilegítimamente territorio indígena en Térraba. En dicho video, Hilda se representa desde un rol de víctima y emite una serie de afirmaciones FALSAS que buscan desacreditar nuestra causa y que incentivan el odio racista, ya de por si existente en contra de nosotros(as) como personas indígenas recuperantes y defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

En el video Hilda MIENTE A LA POBLACION indicando: “Me casé en el 73 y desde entonces vivo acá en este pedacito de tierra, aquí tuve a mis tres hijos… me casé con un indígena…” (Minuto 1:13). “Yo me siento una más de este Territorio, mis hijas son hijas de un indígena…” (Minuto 7:53). No obstante, y como puede ser verificado por cualquier persona, en el Registro Civil consta un único matrimonio de Hilda, mismo que se registró con Gerardo Enrique Duran Azofeifa hijo de Rafael Ángel Durán y Carmen Azofeifa Delgado; NINGUNA de estas personas es indígena Térraba/Brörán. Desde agosto del año 2019 se oficializó Decreto Ejecutivo N°41903 para uso de la Administración Pública, la Base de Datos de Personas Térraba/Brörán, esta Base la posee el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como mecanismo de consulta y verificación de las personas indígenas Térrabas/Brörán. La Base está compuesta por 12 troncos genealógicos, DE NINGUNO DE ELLOS es Hilda ni se deriva que con quien Hilda estuvo casada sea una persona indígena Térraba/Brörán. Por lo tanto, son FALSAS las afirmaciones que Hilda estuviera casada con un indígena de este Territorio.

También, aclaramos que no es “un pedacito de tierra” el que ilegítimamente ocupa Hilda, como lo dice en el video ella misma “hoy en día tengo este negocio que gracias a Dios es amplio con mucho espacio…” (Minuto 4:29). También hacemos notar y denunciamos que Hilda no sólo ocupa ilegítimamente esta tierra, sino que su negocio Bar-Restaurante cuenta con la autorización de la Municipalidad de Buenos Aires y según indica ella misma “…pago mis impuestos a la Municipalidad, a Tributación…” (Minuto 6:00). DENUNCIAMOS el cinismo de Hilda, pero también el de la Municipalidad de Buenos Aires al otorgar esta patente desconociendo abiertamente la Ley Indígena N°6172 que en su Artículo 6 establece que los establecimientos comerciales en Territorios Indígenas sólo podrán ser administrados por indígenas y PROHIBE la posesión y concesión de patentes para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los Territorios Indígenas. Denunciamos el actuar irregular, fuera de derecho de la Municipalidad de Buenos Aires y hacemos una solitud expresa para que este hecho sea debidamente investigado y sancionado por las autoridades correspondientes.

Según la Ley Indígena N°6172, en caso de que Hilda (persona no indígena) demuestre ser poseedora de buena fe, tiene derecho a la correspondiente indemnización. Desde diciembre del 2019, el Comité de Recuperantes de la Finca Crun Shurin, le entregó notificación informando que su ocupación en estas tierras es ilegal, y que acudiera a la vía judicial a reclamar una posible indemnización, sin embargo ha hecho caso omiso y más bien ha emprendido una cadena de acciones violentas en nuestros derechos. El hecho más reciente se dio el pasado 27 de Julio del 2020 cuando invadió la finca bajo posesión de Vinicio Navas, recuperador de Crun Shurin. Como es sabido, producto de esa invasión, Hilda en participación de otras personas usurpadoras no indígenas, introdujo maquinaria pesada en la finca causando grandes daños a un sitio arqueológico: una aldea precolombina, también uno de sus acompañantes amenazó de muerte a dos compañeros recuperantes incluso alardeando que por causar la muerte del compañero Pablo Sibar recibiría recompensa. En esa ocasión, la salida de Hilda y sus acompañantes de la finca invadida, solo fue posible ante el llamado de la policía. En ese momento, se le pidió el retiro de mangueras porque las mismas se encontraban conectadas a una naciente de la misma finca.

Denunciamos que el rol de “víctima” representado por Hilda en este video, genera más violencia de la que ya venimos viviendo las personas recuperantes. Nuestras luchas son pacíficas, y las convertimos en Acciones Directas No Violentas. Desmentimos el supuesto acoso que Hilda dice recibir por parte de nosotros(as). Rechazamos rotundamente haberle amenazado con quemar el restaurante, no luchamos por una estructura, nuestra lucha es por recuperar las tierras que nos corresponden según la Ley. Constantemente nos dicen oportunistas, que queremos beneficiarnos de tierras “ya trabajadas”, esto es falso. Para nosotros(as) recuperar la tierra lleva dentro de los compromisos trabajarla y trabajarla significa para nosotros(as) sembrar, volver a llenar estas tierras de las plantas y árboles que durante tanto tiempo han sido arrancados para hacer negocios y con ello han destrozado el habitad de tantos animales.

Mientras que para las personas usurpadoras, trabajar la tierra significa dejarlas “peladas” para dedicar el suelo al pasto de ganado, monocultivos o llenarlos de cemento al levantar amplias estructuras y negocios, para nosotros(as) eso solo significa destrucción. Al recuperar nuestras tierras tenemos claridad que hay mucho trabajo para intentar reparar todos los daños causados. La tierra es nuestra Madre y es hermana de caminada cultural. A quienes pretenden hacernos ver como “oportunistas y vagos”, les dejamos en claro que al recuperar nuestras tierras, trabajo es lo que más tenemos, no por casualidad es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante su Convenio 169, establece los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos, convenio suscrito y ratificado por el Estado Costarricense desde 1992.

Dado que el video que mencionamos fue promovido desde una cuenta pública de Ariel Alfonso Mora Fallas, (“Profe Ariel C.R”) y a la fecha dicho contenido con falsedades y mentiras, ha sido compartido muchas veces, generando muchos comentarios de odio racista solo en la publicación principal, -sin mencionar las reacciones violentas surgidas en otras redes sociales-, siendo que esta publicación ha motivado fuertes comentarios de odio racista hacia nosotros(as) como por ejemplo: “indios vividores”, “reguero de inútiles”, “Hps pendejos”, “imbéciles”, “ratas sin escrúpulos”, “indios vagos terroristas”, “indígenas mal nacidos”, “malditos”, “vagos buenos para nada”, “delincuentes”, “Chuzma zurda”, “Chanchos políticos”, “absurdos inmorales”, “los indígenas lo que saben es estropear lo que los blancos sí trabajan”, “…ojala y nos amarremos los pantalones y para el próximo gobierno pongamos a alguien con los pantalones para darles cacería y sacarlos de nuestro país de una vez por todas”; en aras de nuestro derecho de respuesta ante las falsedades emitidas por Hilda e inicialmente reproducidas y difundidas por Ariel Alfonso Mora Fallas, solicitamos que este Comunicado sea difundido de manera pública en la misma cuenta y condiciones que fue publicado el video de Hilda Granados Solís. Nos reservamos el derecho de accionar otras instancias para denunciar la incitación al odio racista que esta publicación ha generado en nuestra contra.

17 de agosto 2020, Recuperantes de la Finca Crun Shurín, Térraba, Costa Rica.

Enviado a SURCOS por Pablo Sibar

Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias pide informe sobre afectación presupuestaria

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El Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias envió a la ministra de Cultura Sylvie Durán Salvatierra, un informe sobre la afectación presupuestaria para el Ministerio y específicamente para este esfuerzo que surge como un “logro del Movimiento Latinoamericano de CVC y que ha sido de gran aporte a diversas comunidades de todo el país”.

Esta es la nota enviada a la ministra y cuya copia que llegó a SURCOS:

Señora Sylvie Durán Salvatierra
Ministra
Ministerio de Cultura y Juventud
Señora Sofía Yglesias
Directora de Cultura
Ministerio de Cultura y Juventud

Saludos cordiales.

Nos encontramos en el contexto de una profunda incertidumbre y crisis social, donde vemos una debilitación de la Institucionalidad pública- estatal y una profundización de las desigualdades sociales, así como la imposibilidad de participación real, debido al distanciamiento social y las normas de salubridad para detener la pandemia.

Es por esta razón que, desde la vivencia de las culturas vivas, hemos buscado formas de organizarnos y mantener las redes de trabajo colaborativo y crear nuevas formas para articular desde las herramientas tecnológicas y TICS. En este proceso adaptativo, se realizaron dos conversatorios virtuales relacionados con el contexto que estamos viviendo. El primero de ellos exploró las perspectivas de las organizaciones socioculturales que se autogestionan, y el segundo, denominado “Repensando el futuro de las culturas vivas comunitarias desde la coyuntura actual del Covid-19. Estrategias de los Estados” contó con la participación de personas del gobierno y la función pública de la región que brindaron sus reflexiones sobre las formas que han atendido la epidemia especialmente en relación con las culturas comunitarias. Ambos conversatorios se dieron en el marco del II Congreso de Culturas Vivas Comunitarias de Mesoamérica y el Caribe: “Culturas en Movimiento”. Por parte de Costa Rica contamos con la participación de la Licda. Sofía Yglesias, Directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

A partir de un proceso de sistematización de los conversatorios generado en el Tejido Centroamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias, Tejido Maraca, se invitó a las redes locales a hacer una reflexión y análisis de las ideas y retos que se expresaron por el representante correspondiente de cada país. Nuestra reflexión sobre las ideas y retos expresados por la Señora Yglesias, da como resultado que desde nuestras redes socioculturales consideramos de gran relevancia, importancia y urgencia el inicio de un diálogo que nos permita la construcción de un espacio común.

Considerado que, en el contexto de la pandemia por el SARS-COVID 19, surge una presión de colectivos, organizaciones e individualidades, en torno a la necesidad de responder a las demandas particulares del movimiento cultural y artístico, lo cual tuvo una respuesta mediante la estrategia “Medidas COVID-19 para el Sector Cultura y Juventud”, se abrieron diversos presupuestos para este sector. Asimismo, de parte de nuestro tejido se presenta una carta con fecha 30 de abril del año en curso, donde como señala la señora Yglesias, nuestras propuestas fueron tomadas en cuenta para validar algunas de las intenciones del Ministerio de Cultura y Juventud para la estrategia planteada.

Si bien reconocemos la labor realizada desde la Institucionalidad estatal para responder de manera adecuada a las necesidades y demandas del movimiento artístico y cultural del país; es importante también señalar como la autogestión y el trueque como estrategias de economía solidaria han sido herramientas para la sobrevivencia de muchos espacios, personas, colectivos y organizaciones culturales.

Es por esta razón que como movimiento conformado por colectivos y personas que se dedican a las diversas manifestaciones de la cultura viva, nos genera preocupación que algunos ámbitos que conforman las expresiones artísticas y culturales, no fueron tomadas en cuenta en el proceso de conformación de las Mesas Sectoriales de la Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030”, donde vemos como a nivel estatal hay un fuerte apoyo a lo que se considera la Economía Naranja y las industrias culturales. De esta forma, notamos como en particular el área de la Gestión sociocultural no ha sido considerada en esta Mesa, a pesar del trabajo que hemos venido realizando desde hace más de 10 años y que es conocido desde el Ministerio de Cultura y Juventud, así como por la señora Ministra particularmente, esto sumado a la precarización de las condiciones laborales de las personas que realizan gestión sociocultural.

Si bien, nuestras acciones no se enmarcan en la visión de mercado y lucro de las empresas culturales y la economía naranja promovida desde el neoliberalismo, eso no implica que no puedan ser medidas en términos económicos y ponerlas en valor monetario. Consideramos que el Convenio Andrés Bello y el sistema de Cuentas Satélites de la Cultura no exploraron con sus múltiples herramientas el espacio de acción de la gestión cultural y por lo tanto, se invisibiliza el nivel de impacto y la contribución al PIB. Es por esto, que esta situación es de molestia para el movimiento y debería considerarse una falla de coordinación del Ministerio de Cultura y Juventud arrastrada desde hace muchos años atrás. Similar situación se presenta con el sector del Patrimonio Cultural Inmaterial y las culturas vivas comunitarias; la toma de decisiones a través de una política pública sólo podría ser justa cuando incluya a todos los sectores que la conforman en su totalidad, en este caso todo lo referente a las manifestaciones culturales y artísticas, así como a la importante labor de la gestión sociocultural.

Por otro lado, hemos identificado una disminución en el presupuesto de Puntos de Cultura, lo cual consideramos es una afectación directa nuevamente a los colectivos y organizaciones que realizan gestión sociocultural. Consideramos que este es un programa que deviene de un trabajo del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel Latinoamericano, y que ha tenido un gran impacto en las organizaciones de base comunitaria con una inmensa cantidad de personas beneficiadas. Bastaría revisar las estadísticas en los archivos de la Dirección de Cultura para cuantificar el impacto de este programa. Todo esto sumado, a las políticas económicas de recortes presupuestarios drásticos en el Ministerio de Cultura y Juventud, lo cual genera gran preocupación para las organizaciones y personas que nos dedicamos al arte y expresiones culturales.

Es por esta razón que solicitamos respetuosamente:

  1. Presentar un informe que desglose la afectación que ha tenido el recorte de más de 200 millones al sector cultural y artístico del país, y las áreas específicas que se han visto afectadas.
  2. Presentar un informe sobre la afectación e impacto de los recortes económicos al programa ¨Puntos de cultura” considerando que este fue un logro del Movimiento Latinoamericano de CVC y que ha sido de gran aporte a diversas comunidades de todo el país.
  3. Que se nos señale cómo podemos involucrar la gestión sociocultural en las Mesas Sectoriales Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030”, ya sea siendo parte de una o varias mesas ya conformadas o generando una mesa específica en el tema de gestión cultural, donde se integre a una serie de redes, colectivos, personas y organizaciones que trabajan, investigan y se forman en el tema actualmente en el país.
  4. Elaboración de un protocolo sectorial en el contexto del COVID, para el sector de formación en el área de gestión sociocultural y cultura comunitaria, dado que este sector no fue tomando en cuenta en los protocolos subsectoriales, lo cual invisibiliza las acciones que podríamos realizar en esta área de acción.

Agradecemos la respuesta que se nos pueda brindar, y la posibilidad de iniciar un espacio que nos permita construir nuevas posibilidades de articulación por el bienestar y el cumplimiento de los derechos culturales de las comunidades, organizaciones, colectivos e individualidades que conformamos el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica.

Quedamos a la espera.
Sin más por el momento, saludos cordiales
Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica