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Pese a aumento sostenido de llegada de turistas e inversión extranjera directa desde 2020, reducción de la pobreza entre personas ocupadas en actividades de alojamiento y construcción se estanca en Guanacaste

Esteban Barboza
Abigail Lizano

La llegada de visitantes a la provincia de Guanacaste vía el aeropuerto Daniel Oduber no ha dejado de aumentar desde la crisis sanitaria de 2020. Ya en el año 2022, con un ingreso de 660 mil turistas a través de ese aeropuerto, se superaron las cifras anteriores a la pandemia, de 600 mil visitantes en 2019. En el año 2024, la cifra alcanzó los 881 viajeros que ingresaron a través de dicho aeropuerto.

No obstante, pese al aumento sostenido entre 2020 y 2024, lo que podría significar una derrama económica mayor no parece reflejarse en los datos sobre la pobreza y la pobreza extrema entre personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas.

Si bien es cierto, la pobreza entre las personas ocupadas en esta actividad descendió considerable de 2020 a 2021 y 2022, en los años posteriores el porcentaje parece haberse estancado. Los dos primeros años se explican a partir del descenso abrupto de visitantes debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, pese a la recuperación, en los tres últimos años los niveles de pobreza parecen haberse estancado.

Los datos, obtenidos a partir de información proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares, muestran pocas variaciones en los tres últimos años, todo esto a pesar del aumento del número de visitantes.

Figura 1. Nivel de pobreza extrema y no extrema entre las personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas en Guanacaste, 2020-2024 por porcentaje y en forma de gráfico. Elaboración propia a partir de datos del INEC.

Figura 2. Llegadas internacionales de turistas al aeropuerto Daniel Oduber, 2020-2024. Elaboración propia a partir de datos del ICT.

Por otra parte, en la actividad de la construcción, los datos tienen ciertos paralelismos con respecto al empleo en áreas relacionadas con el turismo. Lo incluimos porque en la Guanacaste de los últimos cinco años ha habido una estrecha relación entre el turismo y la inversión extranjera directa en forma de infraestructura que será utilizada dentro de la actividad, ya sea como sitios de hospedaje, segundas residencias, o bien, para alquileres temporales en plataformas como Airbnb o Booking.
Durante los años 2020, 2021 y 2022 hubo un aumento explosivo del porcentaje de personas dedicadas a esta actividad en situación de pobreza. Para el 2023 estas cifras descendieron, pero no lo hicieron significativamente el año pasado, cuando más bien se notó un leve aumento en el índice de pobreza no extrema, tal y como se puede ver en la figura siguiente.

Figura 3. Porcentajes de pobreza extrema y no extrema entre personas dedicadas a la construcción en Guanacaste, 2020-2024. Fuente, elaboración propia a partir de datos del INEC.

Estas cifras contrastan con el explosivo desarrollo inmobiliario que ha experimentado la región desde 2020 y que, como se puede ver en el siguiente gráfico, mostró un crecimiento continuo hasta alcanzar 845 mil metros cuadrados registrados ante el CFIA solamente en proyectos habitacionales en 2023.
La gran mayoría de esos proyectos, no obstante, están dedicados a ser utilizados como segundas residencias, o bien como casas de alquiler temporal para turistas. A la par de este aumento explosivo en este tipo de construcciones, ha caído, en la presente administración, la construcción de viviendas de interés social.

Figura 4. Cantidad de metros cuadrados construidos en Guanacaste en proyectos habitacionales 2020-2024. Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

En el año 2024, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, los cantones guanacastecos con mayor visitación e infraestructura turística y de segundas residencias tampoco mostraban índices de desarrollo humano acorde con la promesa de derrama económica, tanto de la actividad turística como de la construcción.
El mejor ubicado entre estos cantones es Liberia, que ocupa el puesto 36 entre 84 cantones, seguido por Nicoya, en el puesto 41, Carrillo, en el 48, y Santa Cruz, que, irónicamente, a pesar de concentrar los mayores índices de visitación e infraestructura inmobiliaria dedicada al turismo, se posiciona en el puesto 51.

Todos estos indicadores muestran la prevalencia de un sistema turístico y un modelo de desarrollo con alcances cuestionables cuando se trata de impactar positivamente a las poblaciones locales. Tal cantidad de inversión y visitación traducidas en tales beneficios más bien sugiere la prevalencia de un modelo extractivista en el cual la exclusión de las poblaciones locales de dicha derrama no es un fallo del modelo en sí, sino más bien parece ser una parte de su constitución y funcionamiento.

La participación ciudadana en la Comisión del Plan Regulador de Escazú ha sido una muestra de cooperación y trabajo conjunto entre la municipalidad y la comunidad a través de los años

La Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) hace un llamado para recordar que la participación ciudadana ha sido una de las formas en las que el cantón de Escazú integra el trabajo de la municipalidad en unión a la visión de la ciudadanía.

Muestra histórica de lo que es posible hacer con la participación ciudadana.

Este recuerdo que comparte la CODECE alude a la discusión que traen las diferentes denuncias que han efectuado diferentes organizaciones como la misma CODECE o la Comisión del Plan Regulado (CPR), que desde setiembre y octubre de 2025 han expuesto que existen intentos institucionales mediante la reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, solicitada el 30 de setiembre por los regidores municipales, para restringir la participación ciudadana en la gestión del territorio cantonal.

Las organizaciones denunciantes han manifestado su descontento y definen la reforma del reglamento Plan Regulador como una pérdida de la colectividad, un trámite burocrático que busca limitar la participación ciudadana y transformarla en un formulario. Las organizaciones han advertido que cualquier modificación en el plan debería ser de carácter no restrictivo y más bien un intento por ampliar la participación ciudadana.

La reforma del Plan Regulador trae consigo aspectos positivos como la paridad de género, la transparencia y una posibilidad de candidaturas abiertas, sin embargo, el poder de decisión sería trasladado al aparato municipal. Esto como consecuencia, trae descontento a las organizaciones comunales porque impone formularios, juramentaciones y plazos restrictivos que burocratizan la participación al punto de transformarla en un procedimiento controlado.

Esta disputa por el Plan Regulador de Escazú apela al sentido de la democracia local y expone dos caminos, uno en el cual el espacio se convierte en un proceso de gestión burocrático y otro en el cual existe una construcción colectiva del territorio. Por este motivo, la CODECE apunta a la importancia del trabajo en conjunto entre municipalidad y comunidad, como en 2010, cuando la agenda del Plan Regulador era discutida mediante Audiencia Pública.

Concejo Municipal y la Alcaldía de Montes de Oca se solidarizan con personas afectadas

SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el regidor Jorge Mora Portuguez

Desde el Concejo Municipal y la Alcaldía de Montes de Oca reafirmamos nuestro compromiso y nuestra solidaridad con las familias afectadas por las recientes inundaciones.

Ante la falta de respuesta oportuna del Gobierno Central y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Municipalidad de Montes de Oca ha asumido un papel activo y solidario para atender la emergencia que vive nuestra comunidad.

Desde las primeras horas, cuadrillas de Obras, la Policía Municipal, la Alcaldía y personal voluntario —incluyendo integrantes del Concejo Municipal— se han hecho presentes en las zonas afectadas, aportando maquinaria, medios de transporte y apoyo logístico para aliviar la situación de las familias damnificadas.

Mientras tanto, la Municipalidad continúa realizando gestiones para obtener los ₡5 mil millones necesarios para ejecutar las obras de infraestructura que brinden una solución definitiva y segura a este problema.

Es importante recordar que la causa principal de las inundaciones se originó en el colapso de la tubería de trasvase construida por la Municipalidad de San José dentro del territorio de Montes de Oca, la cual desviaba parte de las aguas de la quebrada Negritos hacia el río Torres.

Este sistema colapsó en 2023, generando las graves inundaciones ocurridas tanto en 2024 como en los últimos días.

Adicionalmente, según informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME), el MOPT construyó inadecuadamente los drenajes del puente frente a la Facultad de Derecho, lo que provoca anegamientos recurrentes en ese sector y el desbordamiento de aguas hacia Barrio Dent.

En el pasado la zona ha sufrido, además, los impactos de construcciones irregulares, incluso sobre tramos entubados de la quebrada Negritos entre Barrio Dent y Barrio Escalante, lo que ha agravado la situación.

A pesar de estas condiciones adversas, la Municipalidad ha mantenido una intervención constante, realizando labores de limpieza, dragado y mantenimiento del cauce para reducir los impactos y proteger a la población hasta donde ha sido posible.

Seguimos además con el proceso de elaboración de un nuevo Plan Regulador, bajo una visión de desarrollo sostenible y de adaptación frente al cambio climático, protegiendo y conservando las áreas naturales que aún quedan, en incentivando la construcción con mayores retiros, con cordones verdes y materiales que impidan la impermeabilización del suelo.

Nuestro compromiso y el de la Administración municipal es claro: seguir actuando con responsabilidad, transparencia y solidaridad hasta que podamos contar con soluciones estructurales que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las personas.

Atraso en el asfaltado de la Ruta Nacional 811: Comunidades exigen respuestas

Comunicado de la Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811

La situación en torno al asfaltado de la Ruta Nacional 811 ha tomado un giro preocupante. A pesar de que el proyecto estaba programado para concluir el pasado 6 de octubre, según el cartel de licitación y el contrato respectivo, los trabajos siguen sin terminar. Peor aún, desde el 1 de octubre, la empresa constructora DINAJU paralizó todos los trabajos en la superficie de ruedo de la carpeta asfáltica.

En una reunión celebrada el pasado 9 de octubre en la comunidad de Santa Rosa, con la participación de una delegación del Concejo Municipal, la empresa constructora, vicealcaldes, Concejo de Distrito de Río Jiménez, organizaciones comunales y vecinos, se informó que la obra no se pudo concluir en la fecha establecida debido a un supuesto retraso en los pagos por parte de JAPDEVA. Según la versión de la empresa y la Municipalidad, el retraso en los pagos asciende a más de 750 millones de colones, correspondientes a tres meses, lo que ha generado un desfinanciamiento económico en la empresa.

La delegación del Concejo Municipal de Guácimo redactó una minuta e informe que se leyó en la pasada sesión ordinaria del Concejo Municipal el martes 14 de octubre. En dicha sesión, se tomó el acuerdo unánime de convocar al departamento del SIOP de la Municipalidad de Guácimo, JAPDEVA y CONAVI para que den explicaciones y se resuelva de inmediato esta situación.

La Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 y demás organizaciones comunales se mantendrán atentas a las respuestas y soluciones que darán estas instituciones en la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal de Guácimo, programada para el martes 21 de octubre. De no obtener respuestas satisfactorias, se movilizarán el miércoles 22 de octubre a las 7 am en el Parque de Guácimo como medida de presión.

Las comunidades afectadas exigen respuestas y soluciones inmediatas a esta situación que ha generado un clima de desconfianza en los controles y las instituciones que participan en el proyecto. La falta de transparencia y la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos son inaceptables y requieren una atención urgente.

La Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 y las organizaciones comunales reiteran su compromiso de luchar por la conclusión del proyecto y exigir rendición de cuentas a las instituciones involucradas. La comunidad espera que se tomen medidas concretas para resolver esta situación y garantizar la finalización del asfaltado de la Ruta Nacional 811.

Participar no es un trámite: Escazú entre la apertura y el control del Plan Regulador

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Hace apenas unas semanas, la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada. Tras semanas de presión y diálogo, el Concejo Municipal reconoció que la planificación del territorio no puede quedar únicamente en manos técnicas o institucionales.

Sin embargo, la propuesta de reforma al reglamento que regula esa misma Comisión abre una nueva discusión: ¿se garantiza realmente una participación ciudadana abierta o se corre el riesgo de transformarla en un trámite controlado?

De la movilización a la reglamentación

El documento COR-AL-2690-2025, firmado por el alcalde, propone cambios sustanciales al reglamento interno de la Comisión del Plan Regulador. Entre ellos, redefine las asambleas vecinales como Asambleas Ampliadas de Concejo de Distrito, formaliza los procesos de elección y rendición de cuentas de las personas representantes distritales, y establece nuevos formularios, plazos de inscripción de hasta seis meses, juramentaciones y validaciones técnicas.

A primera vista, estas medidas podrían leerse como un esfuerzo por fortalecer la transparencia. Pero la reforma también introduce un desplazamiento de poder: la participación ciudadana pasa de ser un derecho ejercido directamente por la comunidad a un procedimiento administrado desde la institucionalidad municipal.

Entre la apertura y la exclusión

La propuesta reconoce algunos avances importantes:

  • -Amplía la posibilidad de postular candidaturas a cualquier persona participante, no solo a representantes de asociaciones formalmente constituidas.

  • -Promueve la paridad de género y la publicidad de los procesos.

  • -Mantiene el derecho de las comunidades a remover representantes que no rindan cuentas.

Sin embargo, al mismo tiempo:

  • -Centraliza el control en los Concejos de Distrito, que ahora validan documentos, verifican requisitos y deciden quién puede participar.

  • -Excluye la inscripción en el momento de la asamblea, imponiendo una barrera temporal de seis meses que podría desincentivar la participación espontánea.

  • -Traslada la rendición de cuentas al ámbito institucional, debilitando la autonomía de las asambleas vecinales.

El resultado es un nuevo tipo de equilibrio inestable: se preserva la legalidad, pero se erosiona la vitalidad ciudadana que había hecho posible la reapertura de la Comisión.

El riesgo de la “participación controlada”

Regular la participación puede ser una forma de democratizar los procesos, pero también puede convertirse en una herramienta de filtrado social y político.

Cuando la posibilidad de incidir depende de formularios, juramentaciones y validaciones previas, el espacio público deja de ser un terreno de encuentro para transformarse en un espacio de autorización.

El poder de decidir quién puede hablar o votar se traslada del colectivo ciudadano al aparato administrativo.

En este sentido, la reforma no solo redefine el reglamento: redefine el tipo de ciudadanía que se considera legítima. Aquella que cumple los requisitos, domina el lenguaje técnico y tiene tiempo para navegar la burocracia. Quedan fuera —aunque no explícitamente— las voces menos organizadas, los liderazgos barriales emergentes y los grupos informales que históricamente han sido el motor de la defensa comunitaria del territorio.

La “participación controlada” no elimina la participación; la domestica. La vuelve predecible, clasificable y compatible con los ritmos de la gestión municipal. Pero pierde su potencial político: el de cuestionar, proponer y reinventar lo común.

Participar no es llenar un formulario

Participar no es solo cumplir un protocolo. Es incidir en las decisiones sobre el territorio, aportar saberes locales y defender el derecho colectivo a imaginar otros futuros posibles.

Si la reglamentación se convierte en un filtro, el proceso deja de ser un ejercicio de ciudadanía viva y pasa a ser un trámite para ciudadanos permitidos.

La reforma, en su intento por ordenar, corre el riesgo de debilitar aquello que el movimiento ciudadano de agosto demostró: que la planificación puede ser un acto de aprendizaje colectivo, no un expediente más.

Para seguir aprendiendo juntos

El debate sobre el Plan Regulador de Escazú apenas comienza.

La reinstalación de la Comisión fue una conquista ciudadana; la discusión sobre su reglamento será una prueba de madurez democrática.

De lo que se decida ahora dependerá si Escazú consolida un modelo de gestión territorial abierto, colaborativo y comunitario, o si deriva hacia una versión tecnificada de la participación donde todo está permitido… siempre que se pida por escrito.

Un verdadero diálogo sobre el territorio no se logra con más papeleo, sino con más confianza, transparencia y escucha mutua.

El reto está en construir una institucionalidad que no solo administre la participación, sino que aprenda de ella.

Fuente: Observatorio Bienes Comunes UCR.

Comunidad de Escazú pide reactivar la Comisión del Plan Regulador y denuncian trabas administrativas

El Movimiento Ciudadano de Escazú Pro Reactivación de la Comisión del Plan Regulador (CPR) remitió una carta a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Escazú para denunciar obstáculos administrativos que, según afirman, impiden la participación vecinal en la gestión urbanística del cantón y afectan el funcionamiento de la CPR, instancia que permite la participación ciudadana en los temas de planificación y desarrollo territorial.

En el documento, fechado el 13 de octubre de 2025, las personas firmantes invocan su derecho soberano e inalienable a la participación ciudadana, amparado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica, que establecen el carácter popular, representativo y participativo del gobierno local.

Denuncian obstaculización de nombramientos vecinales

El Movimiento señala que se ha obstaculizado el nombramiento de los representantes distritales ante la Comisión del Plan Regulador, lo que contraviene el Acuerdo 218–03, aprobado por la comunidad escazuceña e incorporado al texto del Plan Regulador vigente.

Indican que, durante más de 17 años, el cantón contó con una Comisión del Plan Regulador que funcionó adecuadamente hasta que la administración municipal “empezó a tratar de desaparecerla”, creando en su lugar una “Oficina del Plan Regulador” sin sustento legal, con la intención —según denuncian— de sustituir el espacio ciudadano.

Cuestionamientos legales y responsabilidad administrativa

El documento también responde a los argumentos de los asesores legales del Concejo Municipal, quienes han afirmado que los nombramientos serían nulos por haberse excedido el plazo de cinco meses contemplado en el Acuerdo 218–03.
Los vecinos replican que dicho plazo no puede ser considerado sustancial, ya que su cumplimiento ha sido imposible debido a las trabas impuestas por la administración municipal.

Citan los artículos 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales establecen que solo la omisión de formalidades sustanciales puede generar nulidad, que las normas deben interpretarse de forma favorable a las peticiones ciudadanas y que la administración y sus funcionarios son responsables de los retrasos graves e injustificados.

El Movimiento advierte que las demoras y obstáculos podrían generar responsabilidad administrativa a quienes las provocan, y que esta situación ha dejado a la comunidad escazuceña en estado de indefensión, ya que la CPR no puede funcionar sin la representación vecinal establecida por ley.

Propuesta vecinal y llamado al Concejo

Ante esta situación, las personas firmantes solicitan a la Comisión de Asuntos Jurídicos que se emita un acuerdo provisional para permitir la convocatoria y elección de representantes distritales dentro de un plazo de un mes, mediante Consejos de Distrito ampliados o asambleas distritales, con el fin de reactivar la Comisión y restablecer la participación ciudadana en el proceso de planificación comunal.

El escrito concluye recordando el principio legal de que “nadie puede sacar provecho de su propio dolo”, e insta al Concejo a garantizar el respeto a los derechos vecinales y la transparencia en la gestión pública.

Firmantes

  • Javier Sánchez Valverde

  • Miguel León Marín

  • Alexander Barquero Velázquez

  • Adelia Alvarado Barrantes

El documento completo puede descargarse aquí:
Carta del Movimiento Ciudadano Pro Comisión Plan Regulador de Escazú (PDF)

ACUDHECA vigila cumplimiento de la orden de consulta tribal afrocostarricense del Plan Regulador Costero de Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

La Asociación para la Promoción de la Cultura y los Derechos Humanos de la Población de Cahuita y Afines (ACUDHECA) informó que ha remitido una carta formal a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) con el propósito de garantizar la representación legítima del Pueblo Tribal Afrodescendiente de Cahuita en el proceso de consulta ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El pronunciamiento de ACUDHECA se realiza en el marco del cumplimiento de la Resolución N.º 2025-029985, emitida el 19 de septiembre de 2025 por la Sala Constitucional en el expediente N.º 23-027898-0007-CO (Recurso de amparo), que ordena a la Municipalidad de Talamanca realizar una consulta previa, libre e informada con la comunidad tribal afrocostarricense sobre el Plan Regulador Costero (PRC) del distrito de Cahuita.

Garantizar legitimidad y autodeterminación

La carta enviada por Bernardo Archer Moore, en su condición de presidente de ACUDHECA y afiliado a la ADIC, solicita verificar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, del 5 de mayo de 2022, que reconoce el autorreconocimiento del pueblo afrodescendiente como pueblo tribal y establece la obligación del Estado de realizar procesos de consulta conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento recuerda que, según la resolución constitucional, la ADIC tiene la responsabilidad legal de integrar la representación tribal de la comunidad de Cahuita y garantizar elecciones legítimas de sus representantes. Además, subraya que ninguna autoridad, institución o persona puede arrogarse la representación del pueblo tribal sin haber sido elegida conforme a sus tradiciones y principios de autodeterminación.

Defensa de los derechos históricos

ACUDHECA enfatiza que la consulta previa, libre e informada debe realizarse dentro del plazo de tres meses, con carácter vinculante para las autoridades municipales, y en respeto al principio de participación efectiva de la comunidad afrodescendiente.

La organización reitera que el reconocimiento del territorio tribal afrodescendiente no constituye una concesión del Estado, sino la continuidad jurídica de un derecho preexistente, conforme a los artículos 33 y 45 de la Constitución Política y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de igualdad y no discriminación racial.

“A Dios rezando y con el mazo dando — un pueblo que no se rinde ni se vende”, expresó Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Yímba Cájc realizará un grandioso bingo

Por Uriel Rojas

Será este sábado 18 de octubre

La comunidad indígena de Curré/Yímba estará realizando un grandioso bingo, cuyos fondos recaudados serán utilizados para continuar con las mejoras y el mantenimiento del cementerio de la localidad.

Además de estos valiosos premios, se podrá disfrutar de una gran variedad de comidas y bebidas a precios muy cómodos.

Esta actividad se estará llevando a cabo en el Salón Comunal a partir del mediodía y el precio por cada cartón es de tan solo ₡3.000.

Usted puede ser la persona ganadora de algunos de estos premios:

1. Una plantilla de gas

2. Una olla arrocera

3. Una tetera

4. 10.000 en efectivo

5. Set de limpieza

6. Un abanico

7. Kit de herramientas

8. Una sorpresa

9. Una canasta de víveres

10. 25.000 en efectivo

11. Un sartén eléctrico

12. Corte de cabello

13. Una pantalla

14. 100.000 en efectivo

15. Una colonia

Los fondos recaudados serán para continuar con las mejoras y el mantenimiento del Cementerio de Yímba Cájc.

Organiza: Comité Pro Cementerio Yímba Cájc 2025

De “indeseados” al derecho a ser consultados

Por Bernardo Archer Moore

Durante más de un siglo, las personas negras en Costa Rica fuimos consideradas “indeseadas”: una raza sin derecho a nacionalidad ni a poseer tierras.

Las leyes de colonización del siglo XIX nos excluyeron por el color de la piel, y los decretos migratorios de inicios del siglo XX reforzaron esa discriminación.

Éramos extranjeros en nuestra propia tierra.

Lo sé, porque mis padres lo fueron durante la mayor parte de sus vidas.

Pero el tiempo y la resistencia de nuestros mayores abrieron grietas en ese muro de exclusión.

Con la Constitución de 1949 comenzó un proceso lento, pero firme, de reconocimiento de derechos.

Y el 19 de septiembre de 2025, la historia dio un giro:
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución N.º 2025-029985, reconociendo por primera vez que los pueblos tribales afrocostarricenses, como Cahuita, tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada.

Esto significa que toda decisión del Estado —política, administrativa o de desarrollo— que afecte nuestros territorios o nuestras formas de vida debe ser consultada con nosotros.

Y lo más importante: esa consulta es vinculante.

Esta transición —de la invisibilidad a la autoridad colectiva— marca un antes y un después.

No solo para las instituciones acostumbradas a imponer sin escuchar, sino también para nuestras propias comunidades, que por generaciones aprendieron a agachar la cabeza ante el poder.

Así como la Ley N.º 35 de 1915 dejó huella al abrir por primera vez la puerta a la titulación de tierras de “negros y chinos”, esta nueva resolución marcará el inicio del fin del despojo institucionalizado que hemos sufrido en el Caribe costarricense a manos del ITCO, IDA, INDER, ICT y MINAE.

Hoy, los descendientes de quienes fueron negados legalmente tenemos el derecho —y el deber— de ser consultados, escuchados y respetados.

Eso es justicia histórica.

No se trata solo de Cahuita.

Esto no se trata únicamente de Cahuita, sino de todas las comunidades de la República que hoy deciden abrazar su herencia africana en lugar de ocultarla por vergüenza, producto del estigma histórico que durante siglos se asoció con la negritud.

Hoy comprendemos que ya no es el gobierno quien determina nuestro destino.

Somos nosotros mismos quienes estamos entre la pobreza y la prosperidad.

Gracias a SIBU, nuestro poder supremo, hemos comenzado a ver la luz al final del túnel.

Esa luz representa la dignidad, la unidad y la esperanza que siempre nos pertenecieron.

Muchos han escuchado la noticia,

pero pocos comprenden su verdadero alcance.

Acostumbrados a vivir en la sombra del pasado, no todos logran ver todavía la claridad del porvenir que se asoma en el horizonte.

Tomará tiempo, sí… pero eventualmente lo harán.

Esa es mi esperanza.

Que el Todopoderoso bendiga a todos nuestros pueblos.

25 años del Técnico en Gestión Local de la UNED, historia de compromiso y transformación comunal

El programa de Gestión Local de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) conmemora 25 años del Técnico en Gestión Local. Este programa impulsa la transformación comunitaria por medio del empoderamiento social. Mediante la reflexión y los testimonios personas gestoras locales relatan como el técnico las impulsó hasta convertirse en agentes de transformación. Una persona gestora local se convierte en una intermediaria valiosa a la hora de desarrollar y construir planes para un futuro sostenible. Las personas gestoras locales desempeñan su labor desde el núcleo de las comunidades, con apoyo en el trabajo colectivo y con una visión de justicia social e innovación. Estas personas buscan impulsar el desarrollo sostenible y la esperanza en territorios costarricenses.

Teresita Villalobos, Rogelia Rojas y Sonia Medina Matarrita son egresadas del Técnico en Gestión Local. Ellas dan testimonio de los alcances del programa y con su historia exponen el efecto real del Técnico en Gestión Local dentro de sus comunidades indígenas. Estas personas relatan como este programa les facilitó herramientas para fortalecer su autoestima, liderazgo y su capacidad para defender los derechos y además gestionar proyectos en su territorio.

Durante el paso de los últimos 25 años ha existido una evolución en la gestión local. Tiempo atrás ser persona gestora comprendía diferentes retos como la falta de compromiso y la carencia de voluntad. Sin embargo, actualmente ser persona gestora local implica la unión de saberes tradicionales con herramientas en distintas áreas como lo digital, social y lo técnico para encarar los retos contemporáneos como la desinformación, el cambio climático y la desigualdad.

Para conocer más sobre el programa de Gestión Local de la UNED, puede acceder al video de la conmemoración de los 25 años en: