Les compartimos una nota clave del Colectivo Antonio Saldaña sobre algo que sigue pasando en los territorios: convocatorias y “consultas” que no respetan los tiempos, las prácticas ni las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.
La reflexión muestra cómo ciertos mecanismos institucionales —y su réplica dentro de algunas organizaciones locales— están vaciando de sentido un derecho que debe ejercerse con autonomía y desde las formas propias del territorio.
La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, convoca a la Asamblea General Ordinaria de afiliadas y afiliados que se celebrará el día 06 de diciembre de 2025 a partir de las 8am en el salón comunal de Rey Curré y que se regirá por la siguiente agenda:
-Registro de asistencia.
-Comprobación del quórum.
-Discusión y aprobación de la agenda del día.
-Informe de la presidencia.
-Informe de la tesorería.
-Informe de fiscalía.
-Informe de Comité de Auxiliares.
Elección de miembros de la Junta Directiva y de la fiscalía.
La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL y Afines) divulgó un manifiesto público en el que denuncian que la el SINAC está bloqueando la construcción del nuevo hospital Tony Facio, una infraestructura indispensable para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población de Limón.
El documento recuerda que desde 2009 las comunidades limonenses han demandado, de forma organizada y persistente, la construcción de un hospital regional clase A, debido al colapso del actual hospital Tony Facio Castro, sus deficiencias estructurales y su ubicación en una zona altamente vulnerable a inundaciones y fenómenos naturales. Señalan que las personas enfrentan graves dificultades para acceder a hospitales de referencia en San José, especialmente ante cierres de rutas o emergencias recurrentes.
Conflicto por el terreno evaluado por el ICE
Según el manifiesto, la CCSS encargó al ICE la búsqueda y evaluación de un terreno viable. Entre 2019 y 2021 el ICE concluyó, mediante estudios exhaustivos, que la finca propuesta —ubicada sobre la Ruta 241— no era humedal según los criterios legales vigentes ni aparecía como tal en la plataforma SNIT. El informe técnico, citado en el manifiesto, incluso describe la propiedad como “la finca es un potrero (con muy pocos árboles dispersos)”.
No obstante, con base en un decreto posterior del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto n.º 42760-MINAE), el SINAC emitió un oficio en el que sostiene que el 100% del terreno corresponde a un “humedal tipo ilustre”, ordenando archivar el expediente de viabilidad ambiental ante SETENA.
Ante esta contradicción, la CCSS interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando que el criterio emitido por SINAC viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley y que además existieron solicitudes de información que quedaron sin respuesta.
Exigencias ciudadanas del manifiesto
El documento, firmado por Dr. Julio Humphreys Vargas (Comisión Mixta Nuevo Hospital) y Lic. Antonio Wells Medina (secretario general de FETRAL), formula dos exigencias principales:
La anulación inmediata del criterio del SINAC, por considerarlo contrario a la Constitución Política, a los criterios técnicos, al interés público y al derecho superior a la vida y la salud de la población de Limón.
La apertura de un expediente disciplinario por la presunta falta grave de las personas funcionarias del SINAC que, según el manifiesto, no respondieron oportunamente información solicitada y cuya actuación “amenaza con causar un grave daño socioeconómico y a la salud pública”.
El llamado señala que la decisión del SINAC pone en riesgo una obra largamente esperada por Limón y que resulta fundamental para atender la dignidad y la salud de toda la provincia.
Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieronpresentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.
Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes,dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.
A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.
Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la recienteOpinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.
La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:
Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;
Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;
Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.
Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.
Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.
El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.
Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.
También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.
El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.
La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.
El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:
Ericka Cascante Jiménez
Cecilia Morales Chavarría
Lorena Hueso
Alexander Castillo
Ronulfo Morera Vargas
Cristian Marrero Solano
Edgardo Santamaría Elizondo
Edison Valverde Araya
Carlos Muñoz Jiménez
La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.
Lamentablemente, en los últimos tiempos, en Cahuita se ha puesto de moda cuestionar “quién es negro y quién no” y “quién pertenece o no pertenece a la comunidad Tribal de Cahuita.”
¿Cómo se supone que les explique a mis “primitos blanquitos” que sus bisabuelos están enterrados en un cementerio ancestral, hoy oculto dentro del Parque Nacional Cahuita, pero que, según algunos, ellos no son parte del Pueblo Tribal por el color de su piel y por no hablar criollo jamaicano?
Una moda peligrosa, alimentada por la ignorancia y la conveniencia, que divide familias y comunidades.
Pero me pregunto:
¿Hacen esas mismas preguntas cuando toca celebrar el Carnaval, un festival cultural, un funeral o una salida de “pesca” de un familiar o allegado, en aguas profundas de alta mar?
Por supuesto que no.
Ahí sí todos somos “hermanos y hermanas de Cahuita”.
Si no fuera así, sus familiares difuntos no hubieran sido sepultados en un Cementerio que es propiedad de una familia “blanca” extranjera —la familia Tabash Lazarus—, ni visitarán el Centro Diurno de Adultos Mayores, también propiedad donada por esa misma familia Tabash.
Tampoco usarían el Salón Comunal para organizar reuniones “exclusivas para personas negras”, porque esa propiedad fue donada por una mujer blanca – Doña Amelia Escocia.
Y mucho menos asistirán a la Iglesia Católica edificada sobre un terreno igualmente donado por la misma señora “blanca”.
Pero lo más grave es que hoy pretenden negar la entrada de personas blancas a reuniones que llaman “Solo para Negros”, como si ese acto grotesco borrara la historia interracial de Cahuita.
Eso no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva: Es una traición a quienes construyeron este pueblo con sus manos, su sudor y su sangre —negros, blancos, mestizos, jamaiquinos, indígenas y afrodescendientes por igual.
Ignorancia no es excusa.
Hipocresía tampoco.
Cahuita es, y siempre ha sido, una comunidad de mezcla profunda.
Mi propia familia lo demuestra.
Promover divisiones raciales al estilo de Estados Unidos solo puede servir a un propósito:
Crear un conflicto que nunca ha sido parte de nuestra identidad.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por no haber realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrocostarricense durante la formulación del Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.
El recurrente, Marco Levy Virgo, señaló que este plan, elaborado en octubre de 2024 y actualmente en implementación por MIDEPLAN, abarca los 212 kilómetros de la costa limonense, contempla propuestas de infraestructura turística, intervenciones urbanas y ambientales, así como insumos para cuatro planes reguladores costeros. Según denunció, todo ello afecta directamente territorios ancestrales afrodescendientes en cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.
La Sala confirmó la omisión: no hubo consulta previa
Luego de estudiar el Plan Maestro, los informes institucionales y la normativa aplicable, la Sala concluyó que:
El Plan Maestro constituye una medida administrativa de alto impacto territorial y sociocultural, susceptible de afectar directamente a la población afrodescendiente del Caribe.
La consulta realizada por el ICT consistió únicamente en sesiones informativas generales, abiertas a la comunidad, sin convocar de manera específica a las instituciones representativas del pueblo tribal afrocostarricense.
En particular, no se convocó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, cuya organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, instancia formalmente reconocida por el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.
Para la Sala, estas actividades informativas no constituyen consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de diálogo intercultural, participación activa y capacidad de incidencia en la toma de decisiones.
El Tribunal recordó que la consulta previa:
Debe realizarse de buena fe,
De manera apropiada a las circunstancias,
Antes de los actos de ejecución,
Y a través de las instituciones representativas del pueblo interesado.
La resolución subraya que el Plan Maestro propone obras como ciclovías regionales, aeródromos, atracaderos, nodos intermodales, revitalización urbana y la creación de un parque ferial, iniciativas con fuerte impacto territorial y social. Por ello, la Sala consideró que el ICT tenía la obligación de consultar desde la etapa de formulación, no solo en la fase de implementación.
Orden de la Sala Constitucional
En el POR TANTO, la Sala resolvió:
Ordenar al Presidente Ejecutivo del ICT (o a quien ocupe el cargo) que, en un plazo máximo de tres meses, programe una consulta dirigida al pueblo tribal afrocostarricense, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
La consulta deberá realizarse conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es decir, previa, libre, informada y con participación efectiva.
Se advierte que el incumplimiento puede implicar sanciones penales por desobediencia, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El ICT deberá asumir el pago de costas, daños y perjuicios derivados de la violación constatada.
Además, se instruyó notificar la sentencia a MIDEPLAN, institución donde el plan se encuentra actualmente en implementación.
Un precedente en materia de derechos colectivos afrodescendientes
La sentencia reafirma que la población afrocostarricense del Caribe es un pueblo tribal, condición ya reconocida por el Estado costarricense, por lo que posee derechos colectivos equiparables a los de otros pueblos étnicos históricamente excluidos.
La Sala reiteró la obligación del Estado de garantizar su participación activa en cualquier plan, programa o medida administrativa que pueda afectar sus territorios ancestrales, su cultura, sus recursos naturales o su desarrollo económico y social.
Se trata de una resolución que consolida una línea jurisprudencial reciente sobre:
Autodeterminación y territorio ancestral,
Consulta previa a pueblos afrodescendientes,
Participación efectiva en programas de desarrollo,
Y el deber de prevenir nuevas formas de exclusión estructural.
Ante las interpretaciones erróneas y malintencionadas que han circulado recientemente sobre el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, es necesario aclarar que el descenso del cantón del puesto 3 al puesto 17 se debe principalmente a variaciones en indicadores que no son competencia del gobierno local.
El ICN 2025 muestra tres caídas críticas que explican la mayor parte del descenso:
1. Educación Técnica, que pasa de 100,0 a 0,8 puntos, y que es responsabilidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).
2. Salud, que cae 23,5 puntos y que depende de la CCSS, no de la Municipalidad.
3. Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en educación, que también corresponde al MEP.
Estas tres caídas en esos indicadores suman más de 150 puntos de variación y representan la principal explicación del cambio en la posición del cantón en el ranking nacional.
Por otra parte, en áreas donde la Municipalidad sí tiene competencia directa, el ICN 2025 muestra avances importantes, entre ellos:
Compromiso con la sostenibilidad, que aumenta +27,6 puntos gracias a mejoras en gestión ambiental y recolección de residuos.
Dinamismo de mercados, que sube +33,8 puntos, evidenciando mayor articulación productiva y oportunidades económicas en el cantón.
Desde la Municipalidad reconocemos que existen retos por atender en trámites, digitalización y red vial cantonal; y ya se encuentran en ejecución acciones específicas para fortalecer estos ámbitos. Sin embargo, dichas variaciones no son la causa principal en el descenso general del cantón; cuyo origen, como se ha indicado, es, sobre todo, competencia de entidades nacionales ajenas al gobierno local.
Quienes formamos parte de la Municipalidad de Montes de Oca reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia y el desarrollo sostenible de nuestro cantón, e invitamos a los distintos sectores a analizar el ICN con rigurosidad y sin politiquería, para buscar soluciones que nos permitan volver a recuperar y mejorar el puesto que ha tenido históricamente nuestro cantón. La actualización del Plan Regulador que está ya en sus últimas etapas; el traslado de la sede del gobierno local al llamado “Outlet Mall”, a inicios del próximo año; la reestructuración del organigrama interno de la Municipalidad para hacerla mucho más eficiente en la prestación de sus servicios, así como la profundización del proceso de digitalización y modernización en los sistemas informáticos de nuestro gobierno local, resolverán en, buena medida, las debilidades que se han señalado en el ICN que corresponden al gobierno local.
No es casualidad que cada vez que alguna persona de pueblos afro-costeros alce su voz, aparece la acusación de que estamos “divididos” o “peleando entre nosotros”.
Esa narrativa tiene propósito:
Por un lado, protege a ciertos líderes locales incompetentes, que no toleran la diversidad de opiniones.
En lugar de promover debates y análisis, llaman “división” a cualquier pensamiento diferente.
Así, disfrazan su propia incompetencia bajo la bandera de una falsa unidad que solo sirve para silenciar a quienes piensan distinto.
Por otro lado, esta misma idea de “conflicto interno” favorece a los grandes intereses económicos detrás de los Planes Reguladores Costeros (PRC) y las concesiones municipales que muchos propietarios locales no pueden pagar.
Cuando la comunidad parece “inestable”, es más fácil justificar la gentrificación del Caribe costarricense y avanzar en la apropiación de tierras afro-costeras sin respetar nuestra voz ni nuestros derechos.
Pero eso no nació ayer:
Veamos su raíz histórica.
Durante siglos, los pueblos africanos fueron tratados como mercancía cruzando el Atlántico, no como personas individuales. Esa lógica sobrevivió incluso después de abolida la esclavitud.
En Costa Rica, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, a los negros se les consideró una “raza indeseada”, sin ciudadanía plena y sin libertad de movimiento.
De ahí nació el prejuicio de que “los negros piensan igual”, que solo existe una voz (Autonombrado u escogida por ellos); y que cualquier diferencia debe verse como “problema”.
Hoy, esa herencia colonial vuelve a usarse en nuestra contra:
Lo que en cualquier comunidad sería un debate normal, en la nuestra lo presentan como conflicto.
La verdad es otra:
La diversidad de opiniones es una señal de madurez, no de división.
La verdadera amenaza no es nuestra pluralidad, sino la estrategia de quienes quieren silenciarla para abrir paso a proyectos que desplazan a quienes siempre hemos vivido aquí.
Es momento de decirlo claramente:
Defender el derecho a pensar distinto es defender nuestro territorio, nuestra historia, nuestro presente y bienestar de futuras generaciones.
El Movimiento Ciudadano Pro Plan Regulador de Escazú convoca a una reunión general el lunes 24 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la sede de CODECE en San Antonio. La invitación está dirigida a todas las personas, organizaciones y colectivos que han venido articulando esfuerzos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la construcción del nuevo Plan Regulador de Escazú.
Esta convocatoria se enmarca en un momento significativo para el cantón. Tal como informó la Municipalidad de Escazú en su sitio oficial —ejemplificado en la imagen sobre la próxima asamblea distrital de San Antonio para elegir representación ciudadana en la Comisión del Plan Regulador— el proceso de conformación de espacios participativos se está extendiendo a todos los distritos del cantón. En el caso de San Antonio, la asamblea distrital ampliada será el miércoles 3 de diciembre, en el Salón Distrital, para la elección de la persona representante de la sociedad civil para el período 2024–2028.
Un logro histórico construido desde la ciudadanía
Según detallan las organizaciones convocantes, este momento es producto de meses de civismo, educación, conocimiento colectivo y organización comunitaria. Gracias a la articulación de diversos colectivos el Concejo Municipal aprobó, con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana, un avance calificado como histórico para la gobernanza local.
Este hito abre un camino hacia un proceso más transparente, democrático y alineado con las necesidades reales de los barrios y comunidades del cantón.
Próximos pasos
La reunión del 24 de noviembre permitirá:
Coordinar la participación del movimiento frente a las asambleas distritales.
Definir estrategias conjuntas para consolidar una representación amplia y legítima.
Informar a las personas asistentes sobre el avance del proceso y los roles ciudadanos en la Comisión del Plan Regulador.
Fortalecer el trabajo colectivo de cara a las próximas etapas.
Las organizaciones hacen un llamado a mantener la unidad que ha caracterizado el proceso: “Porque cuando el pueblo se une, Escazú avanza”.
Imagen de cabecera: una de las actividades de participación ciudadana en este proceso.
