¿Casualidad o estrategia?
Por Bernardo Archer Moore
Cahuita
Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.
En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.
Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.
Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.
Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.
Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.
Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.
En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.
Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.
Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.
Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.
En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.
Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.
