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Nosara genera USD 2.130 millones al año, pero recibe menos de 1 céntimo por cada colón que le genera al municipio

Un estudio independiente, contrastado con datos de la Municipalidad de Nicoya, calculó por primera vez cuánto produce, cuánto tributa y cuánto recibe de vuelta un distrito costarricense. El resultado: una fuga fiscal de USD 55 millones al año.

Este es el primer balance fiscal territorial distrital de Costa Rica

Lo esencial

¿Qué es este estudio?

Es el primer Balance Fiscal Territorial hecho a nivel de distrito en Costa Rica. Hasta ahora, el país no tenía forma de saber cuánta riqueza produce un territorio específico, cuánto de esa riqueza se convierte en impuestos y cuánto regresa a la comunidad como inversión pública. Este estudio lo calculó para el distrito de Nosara, en Nicoya, Guanacaste.

Lo elaboró la Alianza para el Desarrollo Comunitario (ADC), organización local que ya coordinó el Censo Nosara 2024 (el primer censo comunitario distrital del país, con asesoría técnica del INEC), con apoyo de la Asociación ConoSer. El balance busca aportar datos verificables al debate público sobre crecimiento urbano, turismo y distribución de recursos.

¿Qué encontró?

Que Nosara produce mucho y recibe muy poco de vuelta. El distrito genera, en un solo año, una actividad económica estimada en USD 2.130 millones (equivalente a cerca del 2% del PIB nacional en apenas 135 km²): una cifra que se compara a más de dos veces y media lo que cuesta el tren eléctrico de pasajeros que el país acaba de aprobar. Pero de cada colón que el distrito le genera a la Municipalidad, regresan al distrito 0,62 céntimos en inversión directa: menos de un céntimo.

La diferencia entre lo que el sistema fiscal podría recaudar y lo que efectivamente recauda es lo que el estudio llama fuga fiscal: unos USD 55 millones al año. Para el distrito de Nosara esa fuga equivale a ₡1,76 millones (USD 3.909) cada hora, cerca de USD 34 millones al año que se podrían recaudar y quedar en Nosara y hoy no llega a la comunidad. En perspectiva, esta fuga anual es comparable al valor del oro extraído de Crucitas (USD 60 millones) anualmente según información del Organismo de Investigación Judicial.

¿Por qué importa para Nosara?

Porque esa fuga refleja una clara desigualdad. Nosara es el distrito con el metro cuadrado más caro de Costa Rica (triplica el precio de Escazú, 2023), su alojamiento Airbnb/Vrbo (no hotelero) con ingresos más altos generó USD $530 mil dólares en 2025 y la propiedad a la venta con el precio más alto se listó en USD $27 millones de dólares, sin embargo, no tiene clínica, ni estación propia de Cruz Roja o Bomberos de Costa Rica, ni colegio técnico, ni plan regulador, ni un sistema hídrico que garantice abastecimiento sostenible. En temporada alta convergen más de 35.000 personas: cuatro veces su población permanente de 8.716 habitantes, sobre una infraestructura que no da abasto.

¿A quién le corresponde ese dinero?

No todo es de la Municipalidad, y el estudio lo distingue con claridad. La fuga fiscal tiene dos destinos distintos:

  • Recursos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles, patentes comerciales, permisos de construcción. Estos le corresponden directamente a la Municipalidad de Nicoya y deberían traducirse en mayor inversión para el distrito.

  • Recursos nacionales: IVA, impuesto sobre la renta y cargas asociadas a la actividad turística. Estos van al Estado central y se distribuyen según las reglas presupuestarias nacionales.

El punto del estudio no es que todo deba volver a Nosara, sino que hoy parte considerable de esos recursos (de ambos tipos) simplemente no se está recaudando. La discusión sobre cómo se reparte la inversión pública primero empieza por recaudar lo correspondiente y luego invertir en la comunidad.

¿Qué se puede hacer?

En paralelo a la recién aprobada ley para patentes de Nicoya, la cual amplía las actividades sujetas al impuesto y su tarifa; el informe de este balance identifica cuatro puntos de acción sobre normativa ya vigente: actualizar el catastro municipal (congelado desde 2017), cruzar los datos del ICT, Hacienda y las plataformas digitales para fiscalizar los alojamientos temporales, controlar las construcciones sin permiso, dotar a Nosara de un plan regulador y actualizar reglamentación fiscal. Bajo la estructura tributaria actual, la pérdida fiscal acumulada para el distrito entre 2019–2030 podría alcanzar los USD 349,6 millones; USD 132 millones ya se perdieron y el resto todavía es recuperable.

Cuando se ponen los números sobre la mesa, no estamos hablando de algo que solo pasa en Nosara: estamos hablando de un patrón de fuga fiscal. La metodología que usamos aquí es aplicable a Tamarindo, Manuel Antonio, Santa Teresa, Uvita o el Caribe Sur con los datos que ya existen en ICE, CFIA, Hacienda, las municipalidades y la Contraloría. Lo que falta es la decisión interinstitucional de medirlo y transformar esas fugas en inversión que retorne a las comunidades.”

– Emmanuel Gutiérrez Pizarro, investigador y analista de datos territoriales, director de la ADC.



El respaldo

¿Qué tan confiables son estas cifras?

El estudio es un informe técnico de 123 páginas que integra datos de trece fuentes institucionales independientes y compartido con académicos para revisión de pares. La verificación más contundente llegó de la propia Municipalidad: el 7 de abril de 2026, su Dirección Financiera emitió el Oficio DF-0023-2026 con los registros de su sistema contable sobre la generación tributaria de Nosara en 2025. La comparación con esos datos respalda el modelo.

Verificación cruzada con la Municipalidad de Nicoya (Nosara 2025)

El estudio estimó ₡1.930 millones de generación tributaria municipal usando solo fuentes públicas. El Oficio DF-0023-2026 reportó un monto de ₡2.191 millones desde el sistema contable de la Municipalidad: una diferencia del 11,7 %. En patentes, la estimación quedó dentro del 5 % del registro municipal. Estos datos municipales permiten ahora contrastar los resultados del estudio.

Cifras clave de un vistazo

INDICADOR

MAGNITUD

PIB distrital estimado (anual)

USD 2.130 M / ₡958.500 M

Fuga fiscal anual

USD 55 M / ₡24.750 M

Retorno municipal por cada colón

0,62 céntimos

Pérdida fiscal para Nosara por hora

USD 3.909 / ₡1,76 M

Pérdida fiscal para Nosara anual

USD 34 M / ₡15.300 M

Pérdida fiscal acumulada 2019–2030

USD 349,6 M / ₡157.320 M

Factor de subvaluación catastral

12,1x (picos de 31x en Delicias)

Alojamientos temporales fuera del registro ICT

96,6 % de ~1.500

Construcciones sin permiso municipal

6 de cada 10

Población permanente vs. temporada alta

8.716 vs. 35.000+

Fuente: Balance Fiscal Territorial del Distrito de Nosara (ADC / ConoSer, marzo 2026) y Oficio DF-0023-2026, Dirección Financiera, Municipalidad de Nicoya. Integra 13 fuentes institucionales. Una ficha técnica con la metodología completa está disponible para medios. El estudio aplica un tipo de cambio de ₡470 por USD en sus cálculos internos; las cifras en colones de este comunicado se expresan a ₡450 por USD, para mantener consistencia con la información publicada.

Financiamiento y transparencia. El estudio se financió con aporte profesional del autor y de familias residentes solidarias del distrito. Los financiadores son independientes de los sectores que abordan los hallazgos, y la metodología y las conclusiones se contrastaron con datos de la Municipalidad de Nicoya (Oficio DF-0023-2026).

Información compartida con SURCOS por Bloque Verde.

La nueva realidad jurídica de las costas del Caribe: un cambio de paradigma

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica han provocado un giro sísmico en el ordenamiento jurídico del Caribe.

Lo que históricamente se gestionó como un trámite administrativo de concesiones y planes reguladores, hoy se ha transformado en una cuestión de derechos humanos fundamentales y obligaciones internacionales ineludibles.

Esta metamorfosis legal no solo afecta a las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo o Manzanillo; es una advertencia crítica para inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, municipalidades y actores políticos; en colisión frontal, con el prejuicio histórico nacional de menosprecio a las comunidades afrodescendientes del país.

El mensaje es claro: La seguridad jurídica en el Caribe ahora depende del respeto a los derechos colectivos del pueblo tribal afrocostarricense.

El reconocimiento del pueblo tribal y el convenio 169

La columna vertebral de este cambio es la consolidación del Convenio 169 de la OIT.

La Sala ha ratificado que las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur poseen estatus tribal, lo que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada ante cualquier decisión que afecte sus territorios, cultura o formas de vida.

Un hito fundamental es el Voto N.° 2026-010993, que declaró vencido el «Foro Tribal Afrocostarricense».

Al expirar la legitimidad de este interlocutor, se ha generado un vacío jurídico que invalida cualquier intento estatal de consulta improvisada.

Sin una representación válida y legítima, los procesos de toma de decisiones quedan paralizados o bajo riesgo de nulidad absoluta.

Hitos jurisprudenciales claves

Planes Reguladores Costeros bajo la Lupa (Voto 2025-029985):

– La Sala ordenó detener la implementación del Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), hasta que se realice una consulta efectiva al Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita.

Esto sienta un precedente: Ningún plan de ordenamiento territorial en el Caribe es válido si se impone verticalmente (Impuesta por las autoridades. (El Estado, sus Instituciones o Municipalidad).

– El Freno al Plan Maestro del ICT (Voto 2025-035746):

En una resolución histórica, se declaró con lugar un amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo.

La Sala determinó que su megaproyecto de infraestructura —que incluía aeródromos y marinas— impacto directamente la identidad y economía local sin haber consultado a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC).

Las reglas del juego han cambiado

La jurisprudencia actual es tajante al diferenciar la participación ciudadana del derecho a la consulta. Las reuniones informativas, talleres o exposiciones técnicas no constituyen una consulta previa.

El proceso debe garantizar un diálogo intercultural real donde la comunidad tenga incidencia efectiva en el resultado final.

Implicaciones para el Sector Privado y Público:

Riesgos de inversión: Concesiones, permisos de construcción y proyectos inmobiliarios otorgados sin consulta previa son legalmente vulnerables y podrían ser revertidos.

Responsabilidad estatal:

Las municipalidades y el gobierno central enfrentan responsabilidades internacionales si ignoran estos procesos.

Nuevos estándares:

La viabilidad de cualquier proyecto ahora requiere una validación cultural y territorial previa.

Conclusión:

Costa Rica entra en una etapa donde el desarrollo económico ya no puede ignorar la herencia histórica del Caribe.

La seguridad jurídica ya no emana únicamente de un título o una concesión, sino del respeto a los derechos territoriales y culturales.

En el Caribe costarricense, sin consulta previa, no hay proyecto legítimo.

Comunidad de Cabagra lamenta el fallecimiento de Jesús Ureña Morales

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento de Jesús Ureña Morales, quien fue un destacado líder cantonal y miembro activo de nuestra asociación.

La ADI Cabagra se une al dolor que embarga a su estimada familia y desea paz y resignación en estos momentos tan difíciles.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

Un nuevo capítulo en el «manual»

Por: Bernardo Archer Moore
Adulto mayor

Cahuita

Bernardo Archer Moore

Actualmente se está redactando un nuevo capítulo del Manual para la Autodestrucción de Instituciones y Organizaciones Locales Creadas para el Desarrollo Autónomo del Caribe.

Hoy se analiza la gestión compartida (ADIC/SINAC) del Parque Nacional Cahuita.

Análisis preliminar de los hechos

  1. Despido de personal local de la cogestión:

Este análisis no puede realizarse sin considerar la falta de oportunidades de empleo en la ciudad de Cahuita, y que el despido constituye la sanción más severa en la relación empleador-empleado.

Desde una perspectiva legal, laboral y administrativa en Costa Rica, la representación del empleador del personal contratado bajo el esquema derivado del Acuerdo Marco ADIC-SINAC de 2017 depende de quién realizó la contratación, bajo qué marco legal y utilizando qué recursos.

El acuerdo establece que las autoridades responsables eran:

El director ejecutivo del SINAC y el presidente de la ADIC.

Sin embargo, el acuerdo por sí solo no creó una nueva entidad jurídica independiente denominada “Consejo Local” con capacidad autónoma de empleador.

Por lo tanto, legalmente, como parece haber ocurrido:

El personal fue contratado directamente por la ADIC.

En ese caso:

La ADIC sería el empleador real, aunque el trabajo se realice dentro del Parque Nacional Cahuita.

Esto implica que:

  • Los salarios.
  • Las contribuciones a la seguridad social (CCSS).
  • La rescisión de contratos (despidos), y
  • Las responsabilidades laborales recaen sobre la Asociación de Desarrollo Integral Cahuita (ADIC).

NOTA:

¿Están conscientes mis compañeros afiliados de la ADIC sobre esa realidad oculta y silenciosa?

Esta responsabilidad institucional se consolida particularmente si:

■ La ADIC firmó los contratos.

■ Realiza los pagos de salarios.

■ Administra las donaciones o registra a los trabajadores ante el Fondo Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

  1. El problema jurídico tras el vencimiento del acuerdo de cogestión en 2019:

Aquí reside el punto más delicado.

Si el acuerdo:

Venció en 2019 y no se renovó formalmente, cualquier relación laboral posterior podría entrar en un terreno de incertidumbre jurídica respecto a:

○ La condición de empleador.

○ La gestión de los recursos económicos y materiales.

○ La capacidad de contratación. Y…

○ El derecho a despedir empleados.

Especialmente porque el “Consejo Local” continuó operando de facto, pero sin un instrumento legal válido que le delegara funciones específicas.

  1. El Consejo Local: una entidad sin personalidad jurídica propia.

El Decreto 40110-MINAE creó un mecanismo de gobernanza participativa, pero no creó:

  • Una entidad autónoma con personalidad jurídica propia
  • Poseedora de bienes propios, ni la capacidad de actuar como empleador independiente.

Por lo tanto, en principio, el “Consejo Local” no sería el empleador legal en sí mismo, a menos que existiera:

Otro instrumento legal, un fideicomiso, una asociación paralela, o una entidad administrativa específica; lo cual se desconoce su existencia.

  1. En un posible conflicto laboral, los jueces suelen analizar:

■ ¿Quién pagó el salario?

■ ¿Quién dio las órdenes?

■ ¿Quién firmó los contratos?

■ ¿Quién ocupó un puesto subordinado?

■ ¿Quién reportó al CCSS (Fondo Costarricense de Seguridad Social)?

■ ¿Quién ejerció la autoridad disciplinaria?

En la legislación laboral costarricense prevalece el principio de “primacía de la realidad”.

Es decir, quien actuó efectivamente como empleador tiene más peso que su designación oficial.

Por lo tanto, debe quedar claro que el despido de un empleado no es algo que deba tomarse a la ligera. Se trata de una decisión de último recurso que afecta a la familia del empleado.

En este caso particular, existe una demanda pendiente sobre la titularidad legal de la fuente de ingresos: las donaciones de los visitantes.

Desde una perspectiva general, como comunidad, nuestra situación es definitivamente peor hoy que hace una semana.

Mientras tanto, el Gobierno ha avanzado hacia su objetivo de tomar el control total del Parque Nacional de Cahuita.

Sabores de la memoria en Finca 5

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 18 de abril, la comunidad de Finca 5 se reunió para reconstruir su historia a partir de fotografías… pero también para preguntarse qué queda fuera de ellas.

Porque la memoria no solo está en lo que se ve, también vive en lo que se siente, se recuerda… y en lo que nunca se fotografió.

En este proceso aparecen:

▪️ Historias del tren y el puente como parte de la vida cotidiana

▪️ Sabores que cruzaban el puente: tortillas, cajetas, café, pan y más

▪️ Recuerdos de trabajo, encuentro y comunidad

▪️ Preguntas sobre lo que no muestran las fotos

▪️ Reflexiones sobre quién cuenta la historia y desde dónde

Una experiencia que no se queda en la nostalgia, sino que abre camino para pensar el presente y construir futuro desde la comunidad.

👉 Leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sabores-de-la-memoria-finca-5-reconstruye-su-historia-desde-las-fotos-y-mas-alla-de-ellas/

Festival Contorno Escénico en Barrio Fátima de Cartago ofrecerá arte y actividades gratuitas

La Asociación Vergel Cultural realizará el próximo domingo 10 de mayo de 2026, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., el Festival Contorno Escénico Barrio Fátima 2026, una iniciativa que busca fortalecer el encuentro comunitario y el acceso gratuito a expresiones artísticas y culturales para personas de todas las edades.

La actividad, se desarrollará en el salón comunal de Barrio Fátima, contiguo a la Iglesia Católica de la comunidad, en el cantón central de Cartago.

El festival ofrecerá una programación diversa que incluirá música, danza, circo, cuentacuentos y un pasacalles por las calles de la comunidad acompañado de cimarrona y artistas invitados.

La programación contará con la participación de Bryan Chavarría y Catalina Zeledón en danza; Big Bang Circo en artes circenses; Kat Marchena en cuentacuentos; Romanza Música Trío en música; y la presentación especial de la artista local Maricer Picado, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil del concurso de canto Nace una Estrella.

“Invitamos a toda la comunidad cartaginesa a participar de este evento producido con muchísimo cariño desde la Asociación Vergel Cultural. Estamos seguros de que será una experiencia de mucho disfrute para personas de todas las edades y, especialmente, un espacio de encuentro para la comunidad”, afirmó Lucía González Paniagua, presidenta Asociación Vergel

El Festival Contorno Escénico busca llevar propuestas de música, danza, circo y narración oral a barrios y comunidades cartaginesas, promoviendo activaciones culturales y urbanas que reconozcan el acceso al arte y la cultura como un derecho humano.

La organización Vergel Cultural nació en 2008 y cuenta con una trayectoria de 18 años dedicada a la gestión sociocultural. Durante este tiempo ha desarrollado proyectos comunitarios como La Papeña y Cinearte, además de participar en redes nacionales de cultura y movimientos ciudadanos latinoamericanos vinculados al fortalecimiento cultural de las comunidades y la dignificación del trabajo cultural. En 2024 fue reconocida con el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del Fondo Puntos de Cultura 2026 para iniciativas socioculturales.

Cronograma

Programa de la actividad

Actividad Artista

Horario

Pasacalles Cimarronas y diversos artistas

1:00 p. m.

Cuentacuentos La Principita-Kat Marchena

1:30 p. m.

Circo El oscurecer de la razón – Bryan Chavarría y Catalina Zeledón

2:00 p. m.

Danza Burbujas Gigantes-Big Band Circo

2:30pm

Música Romanza Música Trío

3:15pm

Música Mariser Picado

4:00pm

Cierre

4:30pm

Visite Boruca y conozca el Tour del Chocolate

Uriel Rojas

Para los pueblos indígenas, el cacao tiene un simbolismo cosmogónico y espiritual muy importante, asociado al intercambio de los dioses vinculados al proceso de la creación del universo.

Es una bebida que los antepasados han usado para sus rituales en nacimientos, muertes o matrimonios.

Simboliza también la unión, hermandad y respeto comunitario en donde por lo general, son las mujeres quienes se encargan de sembrar la semilla y cuidar la planta hasta su producción.

En la comunidad indígena de Boruca, situado en el cantón de Buenos Aires, existe un proyecto llamado Caúshás, que en idioma bruncájc significa “raíz del cacao”, liderado por Johanna Lázaro, quien desde sus orígenes tiene claro la importancia de conservar la semilla del cacao, y reproducirla con respeto y según las costumbres antiguas de sus antepasados.

Ella dirige “el tour del chocolate”, el cual es un recorrido que explica las distintas fases y simbolismo espiritual que tiene esta bebida sagrada desde la cosmovisión boruca.

Es una experiencia única en donde el visitante conoce y aprende sobre el proceso que requiere el cacao desde la semilla, siembra, cuido, reproducción y preparación de la bebida.

También realiza diversos productos a base del caco tradicional.

Doña Johana se ha esforzado por mejorar constantemente y en la actualidad ya adquirió el sello pymes y se encuentra debidamente registrada en el MEIC ofreciendo al visitante un servicio y atención de primera calidad que incluye las pólizas de seguro INS y factura electrónica.

Cáushás es también un referente de la gastronomía local, es arte indígena y ofrece alojamiento en sus cabañas rústicas que poseen todo el confort que el cliente necesita.

Agende su visita a la comunidad indígena Boruca al 85357320 y conozca Cáushás Farm & Art, un emprendimiento indígena con identidad cultural.

Nos puede escribir al correo: caushasboruca@gmail.com

El Caribe blindado por la Corte Suprema de Justicia

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Para comprender con mayor claridad el alcance de este blindaje jurídico, resulta necesario analizar la caducidad del Foro Tribal Afrocostarricense y la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios públicos frente al cumplimiento de la consulta previa obligatoria.

La caducidad operativa del Foro Tribal Afrocostarricense, producto del vencimiento del plazo de nombramiento de sus integrantes por tres años (2022-2025), y reconocida por el Voto N.° 2026-010993, genera consecuencias inmediatas y de alta gravedad en la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Ley N.° 7316).

Esta situación impacta directamente la gobernanza territorial y el desarrollo en la región costera del Caribe.

En primer lugar, se produce una ruptura en la articulación institucional, al desaparecer la instancia legítima de interlocución entre el Estado y el pueblo tribal afrocostarricense. Así confirmado por la Sala Constitucional (Voto N.° 2026-010993).

En segundo lugar, se configura un vacío operativo en la consulta previa ordenada por el Voto N.° 2025-029985, al carecer de un mecanismo válido para su ejecución, en contravención del artículo 6 del Convenio 169.

Este escenario deriva en una ilegalidad sobreviniente de actos administrativos y municipales adoptados con posterioridad a la caducidad, los cuales resultan impugnables por ausencia de consulta previa, libre e informada.

Asimismo, se genera una paralización de proyectos en la Zona Marítimo-Terrestre, incluyendo Planes Reguladores Costeros, el Plan Maestro Costero del ICT, permisos de construcción, desalojos y modificaciones en áreas protegidas (Humedales, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, etc.).

Paralelamente, se produce la pérdida de legitimidad de los representantes del citado Foro Tribal, cuyas actuaciones posteriores carecen de validez jurídica.

Todo ello evidencia la necesidad urgente de reconstruir un mecanismo legítimo de consulta, conforme a la autonomía de los Pueblos Tribales reconocidos u constatados por el Estado (Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP).

En este contexto, el vacío institucional NO EXIME del cumplimiento de la obligación de consulta.

Por el contrario, cualquier actuación estatal o municipal adoptada al margen de dicha obligación puede generar responsabilidad penal personal de los funcionarios públicos involucrados, conforme a los artículos 357, 339, 338 y 314 del Código Penal (Prevaricato; Incumplimiento de deberes; Abuso de autoridad y Desobediencia a la Autoridad, respectivamente).

Adicionalmente, se configura un riesgo elevado de judicialización, mediante recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, con alta probabilidad de prosperar ante la jurisdicción constitucional.

En síntesis, la caducidad del Foro Tribal extingue en la práctica la posibilidad jurídica de adoptar decisiones válidas sobre territorio, cultura y desarrollo que afecten al pueblo tribal afrocostarricense.

Se configura además una situación paradójica para el Estado y la Municipalidad:

Por un lado, sus proyectos quedan materialmente paralizados por la imposibilidad de cumplir con la consulta previa; y por otro, carecen de competencia para intervenir directa o indirectamente en la reconstitución del Foro, pues ello implicaría una injerencia indebida en la autonomía de los pueblos tribales.

Este doble límite profundiza la inseguridad jurídica y, en esta ocasión, expone al Estado a responsabilidades, mientras somete los derechos colectivos —protegidos por el ordenamiento constitucional e internacional— a una situación de vulnerabilidad y retraso en su garantía efectiva.

Mientras los políticos desvelan su mente
enredados en este “tornique legal”,
el pueblo de Cahuita —silencioso y firme—
duerme hoy más feliz que ayer.

El puente tiene memoria… y la comunidad también

Observatorio de Bienes Comunes

En Finca 5, Sarapiquí, un antiguo puente ferroviario sigue vivo en las historias, en los encuentros y en el cuidado cotidiano del territorio.

Este video recoge voces de la comunidad que nos invitan a mirar el puente como un espacio de memoria, encuentro y construcción de lo común.

Algunas claves del proceso:

▪️ El puente como memoria viva del territorio

▪️ La huella del tren en la vida cotidiana

▪️ La resignificación del espacio desde la comunidad

▪️ El cuidado como práctica colectiva

▪️ La memoria como base para fortalecer lo común

Además, ya está disponible el boletín del proceso, con relatos, reflexiones y propuestas surgidas del encuentro comunitario.

Mirá el video, leé la nota y descargá el boletín aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-puente-tambien-recuerda-memoria-y-cuidado-comunitario-en-finca-5/