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Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

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Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Derechos tribales de las comunidades afro-costarricenses: “Una alteración del orden político nacional”

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita Talamanca

Desde la fundación de la República (1821), el país ha sido gobernado por los grupos de mayor solvencia, en función de sus intereses económicos.

A las personas afrodescendientes, y en particular a la región Caribe, se les ha negado sistemáticamente la participación en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Algunos derechos y principios clave del Convenio 169 de la OIT a favor de los afrodescendientes, incluyen:

La consulta previa, la participación en planes y programas, la propiedad y posesión de tierras, la protección de la cultura y las tradiciones. (Ratificado por Ley N° 7316 (aprobada el 4/2/1992 y vigente a partir de 2/4/1993).

Sobre este particular, la Corte Suprema (Sentencia 2025-029985) reconoció recientemente dichos derechos, lo que implica una transformación abrupta del proceso político nacional.

A tal suerte, que privilegios empresariales tradicionales se ven amenazados y personas históricamente excluidas pasan a integrar el ejercicio del poder.

Que todas las decisiones administrativas que afecten los derechos de los Pueblos Tribales afro costarricenses estén sujetas a consulta previa, libre, informada y vinculante no es trivial:

Es un derecho constitucional derivado del Convenio 169 de la OIT, protegido por el principio de no regresión y prevalente sobre intereses económicos y políticos de grandes grupos empresariales.

En la práctica, ello resta peso a las tradicionales influencias informales (“llamadas al jerarca, cenas en clubes exclusivos, etc.”).

Ese reconocimiento es un legado decisivo, pero solo uno de los cuatro pilares del avance de estas comunidades. Los otros tres son:

1.- El Decreto Ejecutivo N° 43532 (5/5/2022) que reconoció la existencia a los Pueblos Tribales afro-costarricenses.

2.- La constatación autónoma y creación del organismo de consulta «Pueblo Tribal Afrocostarricense» en Cahuita (26/11/2023), cuyos representantes fueron nombrados por tres años;

3.- Y el ejercicio del derecho de consulta previa por habitantes de Cahuita mediante Recursos de Amparo (Exp. No. 23-027898-007-CO en septiembre de 2023 y Exp. No. O13786-007-CO) seis meses después.

Ambos esfuerzos culminaron en la Sentencia 2025-028985 del 19/09/2025.

Aun cuando la segunda acción buscaba también delimitar territorios- cosa que fue denegada-, su reivindicación de la consulta previa apoyó significativamente el primer recurso de amparo.

Estos cuatro pilares forman el puente que convierte una historia de silencios en la posibilidad de que las comunidades afro costarricenses forjen su destino con autonomía y respeto.

Cada pilar posee igual importancia histórica; ninguno es superior, todas son necesarias y se sostienen mutuamente.

Corresponde a la generación presente cruzar ese puente con decisión y prontitud; de lo contrario, la siguiente generación lo atravesará caminando, apoyada, quizás sin percatarse, sobre los hombros de quienes hoy dejamos de avanzar.

Agradezco sinceramente a quienes acompañaron este largo y difícil recorrido: Su diálogo, solidaridad y esfuerzo han sido fundamentales. Que Dios bendiga a quienes contribuyeron en este esfuerzo.

Personas gestoras locales en acción – Sonia Medina Matarrita, Isla Venado

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Por Michelle Paulana Castro Marchena

Cápsula #1 Gestores y Gestoras Locales en Acción, historias que inspiran y transforman comunidades.

Sonia Medina Matarrita es gestora local de la comunidad de La Florida, Isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Mujer, madre, abuela y jefa de hogar, ha dedicado gran parte de su vida a la pesca artesanal y al cultivo de ostras, actividad que hoy constituye una fuente clave de empleo y desarrollo para su comunidad.

Es graduada del Técnico en Gestión Local del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), versión Pacífico Central, promoción 2020. Ha vivido en Isla Venado toda su vida y forma parte de una familia fundadora de la comunidad. Actualmente, se desempeña como presidenta de la Asociación Local de Pescadores de La Florida, Isla Venado.

En el año 2018 fue invitada a Brasil por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de Costa Rica y la COFREM de Brasil, con el fin de compartir experiencias sobre la pesca artesanal costarricense y los procesos de organización comunitaria vinculados a esta actividad.

Ostras Deli: desarrollo local con enfoque sostenible

Ostras Deli es un proyecto conformado por tres granjas de ostricultura sostenible ubicadas en La Florida, Isla Venado. La iniciativa surgió a partir de la creación de un Área Marina de Pesca Responsable, dentro de la cual se establecieron estas granjas dedicadas al cultivo de ostras rizadas, un molusco altamente valorado por su aporte nutricional.

Actualmente, el proyecto representa una parte fundamental de la economía local y genera empleo para aproximadamente 24 familias, las cuales han logrado transformar su actividad pesquera mediante prácticas sostenibles y responsables con el ambiente.

Según Sonia Medina, entre los principales desafíos que enfrenta el sector pesquero se encuentran el calentamiento de las aguas, la pesca ilegal y el limitado acceso a los mercados, situaciones que impactan directamente la estabilidad económica de las comunidades costeras.

El proyecto ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas, entre ellas el IMAS, INCOPESCA, INDER, el Ministerio de Trabajo, la Universidad Nacional y el INA, lo que ha permitido fortalecer el proceso productivo y organizativo de la comunidad.

En su momento, el entonces presidente ejecutivo del IMAS, ministro Bermúdez, señaló que “estas granjas encierran las expectativas de reactivación laboral que impulsamos en el país, buscando balancear los resultados económicos, sociales y ambientales en la vida de las familias”. Agregó que este sistema productivo contribuye a la inocuidad del producto, al tiempo que forma parte de una estrategia para la lucha contra la pobreza mediante empleos azules, vinculados al uso responsable de los recursos hídricos.

Para Sonia, uno de los principales logros ha sido la unión comunitaria que ha generado el proyecto. “La granja ha unido a toda la comunidad. Personas que no son asociadas, e incluso que no son de la isla, nos han colaborado con sus propias manos en el proceso de construcción de este sistema”, comentó.

Actualmente, la organización trabaja en la construcción de un nuevo local comunal, con mejores condiciones de espacio y adaptación, e impulsa iniciativas para el aprovechamiento y recolección del agua, tanto para uso doméstico como para el riego de plantas, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.

Comunidad de Zapote celebrará el Día de la Batalla de Santa Rosa y el 170 aniversario de la Guerra Patria

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La Asociación Cívica y Cultural de Zapote invita a la comunidad a participar en la celebración del Día de la Batalla de Santa Rosa, en el marco del 170 aniversario de la Guerra Patria de 1856, una de las fechas más significativas de la historia nacional costarricense.

La actividad conmemorativa se realizará el 20 de marzo de 2026 a las 5:30 p.m., en el salón de actos de la Escuela Napoleón Quesada Salazar, en Zapote, y está abierta a la participación de personas vecinas y público interesado en recordar este episodio fundamental de la defensa de la soberanía nacional.

La Batalla de Santa Rosa, ocurrida el 20 de marzo de 1856, marcó uno de los primeros enfrentamientos de la Campaña Nacional contra las fuerzas filibusteras encabezadas por William Walker. En esta acción militar, el ejército costarricense logró expulsar a las tropas invasoras de la Hacienda Santa Rosa, en Guanacaste, en una operación decisiva que reafirmó el compromiso del país con la defensa de su independencia y su integridad territorial.

La conmemoración de esta fecha constituye una oportunidad para fortalecer la memoria histórica y el reconocimiento del legado de quienes participaron en la Guerra Patria, un proceso que unió a la sociedad costarricense en la defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza filibustera en Centroamérica.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote extiende la invitación a la comunidad para participar en este espacio de encuentro cívico y cultural, orientado a recordar la importancia histórica de la Batalla de Santa Rosa y su significado para la identidad y la democracia costarricense.

Niñas y niños de Guararí exponen sus obras en la UNA

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La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegará a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición “El Arte de Tierra Fértil”, que se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 4 p. m. en la Biblioteca Joaquín García Monge.

La muestra reúne 80 obras elaboradas durante 2025 por 80 niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.

El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller.

Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí mediante talleres formativos en áreas como arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. En el caso de adolescentes, también se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.

La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.

La exposición estará abierta al público durante un mes a partir del 12 de marzo. La inauguración oficial será a las 4 p.m. de ese día.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

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• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

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El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

¿Casualidad o estrategia?

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.

En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.

Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.

Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.

Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.

Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.

Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.

En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.

Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.

Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.

Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.

En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.

Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.

El papel de la persona gestora local en las comunidades

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Una producción audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) presenta una explicación sobre el papel de la persona gestora local, figura vinculada con los procesos de desarrollo comunitario y participación territorial.

El material forma parte de los contenidos divulgativos asociados al Técnico en Gestión Local de la UNED, programa orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo comunitario, organización social y gestión de iniciativas locales.

En el video se plantea la pregunta “¿Qué es una persona gestora local?”, a partir de la cual se introduce el enfoque de la gestión territorial como una herramienta para impulsar procesos de desarrollo desde las propias comunidades.

Formación para la gestión comunitaria

Según la propuesta formativa de la UNED, la persona gestora local es quien facilita procesos de articulación entre comunidades, instituciones públicas y organizaciones sociales, promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del territorio.

El programa de Técnico en Gestión Local busca precisamente fortalecer estas capacidades mediante herramientas para el análisis del entorno, la planificación participativa, la gestión de proyectos y la incidencia comunitaria.

Este enfoque reconoce que las comunidades poseen conocimientos y experiencias fundamentales para la construcción de soluciones a los problemas locales, y que la formación técnica puede contribuir a potenciar esos procesos.

Educación y desarrollo territorial

La producción audiovisual forma parte de los esfuerzos de la UNED por divulgar oportunidades de formación y promover el liderazgo comunitario, especialmente en territorios donde la organización social y la participación ciudadana resultan claves para impulsar proyectos de desarrollo.

La iniciativa también resalta la importancia de formar personas capaces de articular actores locales, promover procesos participativos y fortalecer la gestión comunitaria, elementos centrales en las estrategias de desarrollo territorial.

Invitamos a ver el video de la producción audiovisual de la UNED para conocer más sobre el rol de la persona gestora local y el Técnico en Gestión Local.

Le invitamos a ver el video:

https://www.facebook.com/share/v/1HqitdZ9xG/

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

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Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.