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¡Solidaridad con las comunidades caribeñas afectadas por las inundaciones!

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Las inundaciones en el Caribe costarricense no dan tregua. Desde julio, varias ondas tropicales y temporales han venido afectando diferentes comunidades del Caribe. Como suele ocurrir el agua no inunda parejo. Desgraciadamente son las comunidades más pobres y vulnerables las que resultan más afectadas. Las comunidades que han debido construirse cercanas a ríos y quebradas o con sistemas de drenaje insuficientes; son las más afectadas. Las familias que viven en casas en terrenos vulnerables o que han sido levantadas con materiales y diseños que no corresponden con las necesidades de protección y abrigo, todas estas familias son las que más sufren.

Personas, viviendas, cultivos, animales han sido afectados de diferentes maneras: pérdida de viviendas, enseres y mobiliario, propagación de enfermedades, pérdida de cosechas, muerte y enfermedades de animales; entre otros.

El gobierno emitió la declaratoria de emergencia en 9 cantones, incluidos todos los cantones de la provincia de Limón. También la presidente Laura Fernández visitó algunas comunidades de Limón el pasado lunes 17 de agosto. Pero la ayuda no llega según las necesidades. Las comunidades siguen sufriendo. La emergencia no termina pues el tiempo no amaina.

Han empezado a llegar algunos paquetes de ayuda, pero en cantidad insuficiente. Los animalitos, mascotas y domésticos están sufriendo mucho porque la ayuda es completamente insuficiente.

El gobierno parece más enfrascado en echarle la culpa de lo que no hace a otros poderes y otras fuerzas políticas. La emergencia es ahora, no se puede ser indiferente a las urgencias de este momento. Las lentitudes burocráticas juegan con la vida de las personas.

Demandamos del gobierno que ejecute ya un plan de ayuda de corto, mediano y largo plazo para atender las comunidades afectadas. En el corto plazo urge que la ayuda de emergencia llegue ya. Se requiere ayudar a las personas campesinas a recuperar sus cosechas y o girarles subsidios de auxilio. En el mediano y largo plazo es urgente ejecutar planes de vivienda, infraestructura y empleo. (Temas pospuestos por todos los gobiernos, aunque estos sean de distinto signo).

El MTC insta a las autoridades nacionales y locales para que escuchen, como corresponde, a las comunidades organizadas, que son quienes conocen profundamente sus realidades.

Las Comisiones Municipales de emergencia deberían dejar de depender de las instrucciones que les giren desde casa presidencial (instrucciones que no parecen llegar). Deberían ir a las comunidades y empezar a atender en campo la emergencia.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS (MTC)

Cahuita y su Parque Nacional defienden el legado histórico del Modelo de Gobernanza Compartida

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Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC)

Cahuita, agosto de 2026. La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) como representante jurídico del Parque Nacional Cahuita (PNC) hace del conocimiento público la historia, los logros y los retos del modelo de Gobernanza Compartida con el que ha funcionado desde sus inicios Cahuita y su Parque Nacional. La comunidad de Cahuita ha luchado para mantener su derecho a decidir sobre su territorio ancestral, sobre SU CASA, su fuente de ingresos, su historia. Esa lucha está ligada al momento sociopolítico, económico y ambiental en el que se desarrolla. Hoy, hablamos de Cahuita y su Parque Nacional.

A lo largo de su historia como modelo único y novedoso de participación ciudadana en el manejo de sus recursos naturales, ha sido necesario mejorar varios aspectos de funcionamiento tanto a nivel interno como en relación con las instituciones gubernamentales. El Parque Nacional Cahuita trabaja con personas con sus fortalezas ejemplares que nutren el modelo y otras que se han tenido que apartar del proceso, pero ello no cuestiona de manera general el Modelo de Gobernanza Compartida que tiene antecedentes históricos, territoriales y jurídicos propios, refleja más de 30 años de genuina participación de la comunidad tribal de Cahuita en su conservación y gestión, por todo ello es reconocido y galardonado a nivel internacional.

El año en curso la ADIC, detectó algunas irregularidades; en relación con supuestos faltantes de recibos y depósitos, así como un presunto incumplimiento del procedimiento interno con respecto a las contribuciones voluntarias recolectadas en el sector de playa Blanca por lo cual presentó una denuncia penal para que fueran investigadas por las autoridades competentes.

Como resultado de esa actuación se encuentra actualmente en trámite el expediente N.° 26-000447-0829-PE, originado en la denuncia presentada el 30 de abril de 2026 por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.

De manera paralela, la ADIC emitió directrices y adoptó medidas para fortalecer sus procedimientos de control, supervisión, trazabilidad y rendición de cuentas, con el propósito de atender las debilidades identificadas y reforzar los mecanismos internos de prevención.

Al encontrarse los hechos bajo investigación penal, corresponde al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades. Por respeto a esa investigación, al debido proceso y a las competencias de las autoridades judiciales y como indica la ley, la ADIC se abstiene de hacer más declaraciones.

Además, existe otra investigación por una denuncia interpuesta en el 2023 con la causa N.º 23-000397-1218-PE, tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el eventual delito de peculado, originada en las diferencias entre la Contraloría General de la República y el Modelo de Gobernanza gestionado por la ADIC.

La ADIC considera necesario aclarar que la causa del 2023 tiene antecedentes distintos a la investigación iniciada en 2026. El expediente de 2026 surge de las inconsistencias detectadas y denunciadas por la propia Asociación, mientras que la causa del año 2023 se relaciona, según la posición de ADIC, con una discusión anterior sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones voluntarias que dan los turistas en la entrada de Playa Blanca y el régimen bajo el cual se ha desarrollado su administración dentro del Modelo de Gobernanza Compartida.

La existencia de una investigación penal no constituye una determinación de responsabilidad ni permite anticipar una conclusión sobre la naturaleza jurídica de esos recursos. Corresponde a las autoridades judiciales resolver esos aspectos conforme al ordenamiento jurídico y para ello deben analizar la prevalencia de los Tratados internacionales de Derechos Humanos que otorgan Derechos a la comunidad afrodescendiente de Cahuita, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, para administrar los recursos que se generan en el área protegida, versus la normativa financiera del Estado.

El garante de este modelo, quien lucha para que se sostenga es la A.D.I.C., conformada por personas elegidas por la comunidad, que aman, luchan y defienden el derecho a participar en el bien que les pertenece. Además, en un inicio se contó con el apoyo del Comité de Manejo del Parque Nacional Cahuita que en 2016 por decreto ejecutivo 40110 quedó constituido como Consejo local de Manejo.

El modelo de gestión compartida del Parque es exitoso y se ha construido con esfuerzo, transparencia y eficiencia, lo cual no excluye retos y pendientes por resolver que el trabajo en conjunto entre la ADIC, la coordinación del Parque y el Consejo Local de Manejo permiten enfrentar.

Es importante señalar que la ADIC ostenta la responsabilidad jurídica, la Coordinación del Parque se encarga de la operatividad, así como de los programas del plan de manejo y al Consejo Local le corresponde la coadyuvancia y fiscalización en el desarrollo de ambas funciones.

El pueblo de Cahuita históricamente sabe defender su derecho, su territorio ancestral, su cultura, su ecosistema y por ello está trabajando arduamente en la elaboración y posterior aprobación de una ley específica que necesita para mantener y fortalecer el modelo de Gobernanza compartida.

Secretaría de REDD+ visitó Cabagra para supervisar proyectos realizados en este territorio

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Por Uriel Rojas

Este lunes 17 de agosto, la Secretaría REDD+ Costa Rica, visitó el territorio indígena de Cabagra para conocer los proyectos que hasta el momento se han ejecutado con los fondos derivados del CREF.

Esta gira, permitió realizar la georreferenciación de proyectos, identificar desafíos y buenas prácticas, así como conocer de primera mano, los resultados del proceso de implementación de los PAFTs en Cabagra.

La representación de esta instancia técnica fue acompañada por la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra y las comisiones de implementación del PAFT, quienes visitaron 8 proyectos realizados en las comunidades de San Rafael, Tsané Diköl, San Juan, Las Delicias, Brazo de Oro y Las Palmas.

REDD+ es una iniciativa global que busca la mitigación del cambio climático incentivando a los países a reducir las emisiones de carbono por deforestación y degradación de los bosques.

Hacia una capital humana: Propuestas urgentes para la habitabilidad de calle en San José

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MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social,
Coordinador MENTES EN MOVIMIENTO UTN 2028 (Grupo de Pensamiento Universitario)

La crisis de las personas en situación de calle en el Cantón Central de San José ha dejado de ser un problema meramente de asistencia social para convertirse en una emergencia urbana, económica y de salud pública. En la última década, esta población creció un 150%, concentrándose principalmente en distritos clave como Merced, Hospital y Catedral. Frente a una inversión local que supera los ₡2.000 millones anuales sin soluciones definitivas, la alcaldía liderada por Diego Miranda y el Poder Ejecutivo han planteado una ruta de choque inmediata.

El diagnóstico de la crisis capitalina

De las aproximadamente 3.733 personas en situación de calle registradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el país, 7 de cada 10 habitan en San José. Los factores determinantes combinan la exclusión social, la farmacodependencia extrema, el desarraigo familiar y la falta de opciones de empleo. Zonas comerciales de la Avenida 7, Avenida 9 y las inmediaciones de la antigua Castellana sufren un impacto directo en la seguridad y las ventas, lo que evidencia la urgencia de cambiar el asistencialismo pasivo por una intervención activa.

Plan de acción a corto plazo: Intervenciones prioritarias

Para mitigar los efectos inmediatos y estabilizar la situación en las avenidas josefinas, las propuestas vigentes se agrupan en cinco ejes de ejecución rápida:

1. Despliegue de la Estrategia Nacional de Convivencia

  • Foco en el Distrito Merced: Lanzamiento prioritario del plan estatal de atención directa en los cuadrantes más críticos del casco central.

  • Alianzas operativas: Coordinación inmediata con ONG consolidadas, tales como la Asociación Misionera Club de Paz y Casa Hogar San José, para el suministro diario de alimentación, duchas y vestimenta básica.

2. Ampliación y apertura de albergues de emergencia

  • Optimización de recursos: Maximizar los 102 espacios de pernoctación del Centro Dormitorio Municipal, que además de una cama digna provee vinculación con servicios de salud.

  • Infraestructura en marcha: Agilizar el acondicionamiento del nuevo mega-albergue municipal (aprobado con fondos locales por ₡1.100 millones) diseñado para dar refugio a 300 personas en condición vulnerable.

3. Activación de la Mesa Interinstitucional de Choque

  • Articulación de presupuestos: Convocatoria impulsada ante la Presidencia para sentar en una misma mesa técnica al IMAS, el IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El objetivo es unificar fondos y evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos.

4. Soporte legal mediante el proyecto «Reintegra San José»

  • Ruta de desintoxicación obligatoria: Apoyo legislativo inmediato al proyecto de ley promovido por la vicealcaldía josefina. Esta propuesta jurídica busca dotar a la Policía Municipal y al sector salud de herramientas legales para guiar obligatoriamente a los habitantes con adicciones hacia procesos formales de desintoxicación, albergue y reinserción laboral.

5. Medida de descongestión territorial: Macro-complejo de reubicación fuera del GAM

  • Compra de finca periférica: Adquisición de un terreno de gran extensión en la provincia de Puntarenas para centralizar la atención integral de la población meta.

  • Traslado masivo y voluntario: Desarrollo de un modelo habitacional, productivo y de salud diseñado para albergar a los indigentes de San José, removiendo la presión demográfica de la capital.

  • Modelo integral: El complejo contará con áreas de desintoxicación, huertas comunitarias para talleres de reinserción laboral y módulos habitacionales permanentes alejados de los focos de distribución de drogas del casco central.

El desafío de la corresponsabilidad

La solución de corto plazo requiere de un compromiso directo entre el gobierno local y el nacional. San José no puede seguir asumiendo el costo operativo de una problemática migratoria y social que es de índole país. De la agilidad con la que se articulen los centros de desintoxicación, la viabilidad del traslado interprovincial y el apoyo de los comercios dependerá que la capital recupere su seguridad, orden urbano y, sobre todo, la dignidad de sus habitantes más vulnerables.

Anexo Técnico: Viabilidad del Macro-Complejo de Reubicación en Puntarenas

1. Mecanismo de financiamiento para la compra de la finca

Para adquirir el terreno y construir la infraestructura sin asfixiar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José, se proponen tres vías simultáneas:

  • Fideicomiso de Obra Pública: Constitución de un fideicomiso avalado por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR), respaldado por un porcentaje del impuesto de patentes comerciales de San José, garantizando ingresos estables para pagar la deuda a mediano plazo.

  • Fondos de Desarrollo Social (FODESAF): Negociación de una partida extraordinaria orientada a la erradicación de la pobreza extrema, justificando que el proyecto alivia la carga de servicios de salud centralizados en la capital.

  • Cooperación Internacional y Alianzas Público-Privadas (APP): Captación de recursos no reembolsables de agencias internacionales enfocadas en desarrollo urbano y derechos humanos, junto con donaciones de cámaras empresariales de San José interesadas en la recuperación económica del casco central.

2. Desafíos legales y de derechos humanos

El traslado de ciudadanos entre provincias presenta barreras constitucionales estrictas que deben resolverse formalmente:

  • Libertad de tránsito (Artículo 22 constitucional): Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a permanecer en una provincia específica si no existe una orden judicial o una declaratoria de interdicción legal. El traslado masivo debe ser estrictamente voluntario o vinculado a la aprobación del proyecto de ley «Reintegra San José», el cual debe tipificar la habitabilidad de calle con adicción severa como un problema de inimputabilidad o peligro para sí mismo.

  • Coordinación intermunicipal: El Cantón Central de Puntarenas debe otorgar los permisos de suelo y construcción. Esto requiere un convenio de mitigación de impacto social para evitar el rechazo de la comunidad puntarenense (efecto NIMBY: Not In My Backyard).

  • Supervisión de la Defensoría de los Habitantes: El complejo debe garantizar estándares internacionales de habitabilidad, alimentación y no confinamiento forzado para evitar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3. Servicios específicos del macro-albergue

Para que el complejo sea sostenible y no se convierta en un gueto aislado, debe operar como una micro-ciudad autosuficiente con los siguientes componentes:

  • Clínica de Desintoxicación y Salud Mental (IAFA – CCSS): Un pabellón hospitalario permanente con psiquiatras, enfermeros y terapeutas para el manejo del síndrome de abstinencia severo de sustancias como el crack y el fentanilo.

  • Granja Agrícola y Talleres Socioproductivos: Aprovechamiento del clima y extensión de Puntarenas para desarrollar proyectos de hidroponía, ganadería menor y panadería. Esto generará autoabastecimiento de alimentos y capacitará a los internos en oficios comerciales.

  • Módulos de Vivienda Progresiva: Dormitorios segregados por género y condición de salud, que evolucionan desde pabellones de emergencia hasta pequeñas cabañas compartidas como premio al avance en sus procesos de rehabilitación.

  • Destacamento de Seguridad Multidisciplinaria: Presencia interna de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José para garantizar el orden perimetral, el control de contrabando de drogas y la seguridad de los funcionarios civiles.


Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada y lanza petición ciudadana para exigir protección

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Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.

En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.

“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.

La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.

La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.

Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.

La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.

La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.

A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.

El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.

La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.

La ciudadanía también puede apoyar

La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.

La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.

Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:

Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.

La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?

Firmar la petición “Proteger el río Montezuma de daños ecológicos”

Comunidad de Montezuma denuncia daño ecológico en zona sensible del Río Montezuma; Bloque Verde exige justicia ambiental

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Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.

La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.

Los hechos denunciados

El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:

  1. Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.

  2. Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.

  3. Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.

Argumentos y peticiones

La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).

La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.

Resistencia y Verdad del Pueblo Brörán – Manifestación pública

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En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Territorio Indígena de Térraba – Comunidad de Crün Shürïn

Jeiner Flores Rodríguez
Miembro del Pueblo Brörán, miembro del Comité de la Comunidad de Crün Shürïn, en defensa de los derechos individuales y colectivos del Territorio Indígena de Térraba

Hoy, mientras se rinde homenaje a los pueblos originarios con discursos de respeto y reconocimiento, nosotros venimos a dejar plasmada la verdad de lo que vivimos en nuestra propia tierra. No venimos a pedir nada: venimos a contar lo que sucede, para que todos conozcan las violaciones y atropellos que estamos sufriendo.

Lo que está ocurriendo

La Asociación de Desarrollo Integral, que debería velar por todos nosotros, actúa de espaldas a nuestra ley, a nuestra costumbre, al pronunciamiento oficial que ella misma solicitó, y hasta a mandatos internacionales que el Estado de Costa Rica está obligado a cumplir:

  1. Nos borran y nos desconocen: En oficio del 16 de diciembre de 2024, la ADI manifiesta no reconocer al Pueblo Brörán, ni nuestra denominación, ni al Consejo de Mayores Brörán, nuestra autoridad ancestral. Pretenden decir que no existimos, cuando somos los descendientes originarios de estas tierras, reconocidos por tratados internacionales y por la propia ley costarricense. Esta misma imposición de desconocer nuestras instituciones tradicionales ha sido señalada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación estructural contra nuestro pueblo.

  2. Se arrogan toda la autoridad: Afirman ser la única representación válida, desconociendo que la Ley Indígena N.° 6172 y el Convenio 169 de la OIT nos otorgan plena capacidad jurídica a cada uno de nosotros, y respetan nuestras estructuras propias. El propio relator especial de las Naciones Unidas ha señalado que las ADI son instituciones impuestas desde el Estado, y no son idóneas para sustituir a las autoridades que nosotros mismos elegimos según nuestras costumbres.

  3. Nos exigen lo imposible: Para ejercer nuestros derechos, nos piden planos catastrales o documentos de compraventa. Pero nuestra ley dice claro: el territorio es propiedad colectiva, inalienable e imprescriptible. Pedirnos títulos privados es pedir algo que la propia ley prohíbe, solo para ponernos trabas.

  4. Desoyen hasta lo que ellos mismos pidieron: El 16 de junio de 2026, la propia ADI consultó a la CONAI sobre nuestra situación. El 2 de julio de 2026, la CONAI respondió con el criterio CONAI-DL-C-029-2026: la falta de documentos o saneamiento nunca puede ser excusa para negar nuestros derechos. Aun así, siguen ignorando esa respuesta oficial.

  5. Ignoran mandatos internacionales vigentes: Somos beneficiarios de las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH, emitidas el 30 de abril de 2015, y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial ordena garantizarnos protección, igualdad y acceso pleno a la justicia. Sin embargo, en la práctica se siguen vulnerando estas obligaciones, tal como ha sido reconocido en los informes internacionales que advierten sobre la imposición de estas estructuras ajenas a nuestra forma de vida.

  6. Los mismos de adentro nos marginan: Se nos trata como extraños, como invasores en nuestra propia tierra, cuando somos hijos de quienes siempre la cuidaron. Y mientras esto pasa, el Estado sigue en deuda con nosotros: no ha completado el saneamiento territorial, no ha garantizado nuestras condiciones dignas, y permite que se cometan estos atropellos sin poner orden ni hacer cumplir la ley. No olvidamos que en esta misma lucha cayeron nuestros líderes Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, defensores de este mismo territorio, y que su lucha sigue sin justicia.

  7. Nos califican mal por defender lo justo: Ahora se nos quiere etiquetar como «problemáticos» o «conflictivos» simplemente porque no nos quedamos callados y defendemos lo que nos pertenece por derecho y por historia. No estamos en contra de la Asociación ADI como institución, ni tenemos nada contra su fin legítimo: lo que rechazamos son las acciones, las omisiones y los abusos de quienes hoy la dirigen, que actúan por encima de la ley y de la voluntad de su propio pueblo. Defender nuestros derechos no es ser problemático: es ejercer la dignidad que nadie nos puede quitar.

Como señaló el relator especial de las Naciones Unidas: «El territorio es nuestra vida, nuestra identidad y nuestra cultura. Es injusto que se nos prive de derechos por una omisión que corresponde al Estado, y que además se nos discrimine desde las propias instancias que deberían protegernos, o se nos señale como enemigos por el simple hecho de exigir respeto.»

Lo que la ley dice y se viola

  • El Convenio N.° 169 de la OIT tiene rango superior a cualquier norma interna: ordena respetar nuestra identidad, nuestras instituciones y nuestra autodeterminación.

  • La Ley Indígena N.° 6172 reconoce nuestra capacidad jurídica y la propiedad colectiva de nuestras tierras.

  • Las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial son mandatos vigentes que nos protegen.

  • La CONAI confirma oficialmente que no se nos puede negar derechos por falta de documentos que la ley no permite que existan.

  • La jurisprudencia internacional ha sentenciado que la falta de títulos formales nunca justifica privar de derechos a los pueblos indígenas, y que no se puede imponer instituciones que desconocen nuestras autoridades tradicionales.

  • La Constitución Política prohíbe la discriminación y ordena que todos seamos tratados con igualdad.

Esto es lo que queremos que se sepa: mientras se habla de respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en el Territorio de Térraba ocurre lo contrario: los mismos que deberían cuidarnos nos marginan, se nos señala injustamente por defender nuestra dignidad, se ignoran acuerdos y mandatos internacionales que nos protegen, y el Estado sigue sin cumplir su deber. No pedimos favores: solo damos testimonio de la verdad, y reafirmamos que defenderemos nuestra identidad, nuestra ley y todo lo que por historia y por derecho nos pertenece como Pueblo Brörán.

Territorio Indígena de Térraba, 9 de agosto de 2026.

Jeiner Flores Rodríguez
Pueblo Brörán – Comunidad de Crün Shürïn

Presentan el primer gemelo digital 3D de un distrito costarricense

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Nosara tiene desde esta semana una réplica digital navegable de todo su territorio, con más de cuatrocientas capas de información, cartografía que arranca en 1944 y proyecciones climáticas hasta 2100. La herramienta se presentó este 5 de agosto ante universidades, instituciones y organizaciones comunales, y su punto de partida es un problema poco discutido: cuánto cuesta ir a observar, medir y gobernar un territorio lejano.

Emmanuel Gutiérrez Pizarro, director investigador de la Alianza para el Desarrollo Comunitario presentó el Gemelo Digital 3D del distrito de Nosara, en el cantón de Nicoya: una réplica tridimensional del territorio real, construida sobre relieve medido, imagen satelital de alta resolución, con base en investigación estadística y datos de fuentes públicas, que se puede recorrer, consultar y usar para simular escenarios.

En la sesión, realizada de forma virtual, participaron representantes de las universidades públicas del país, centros de investigación y organizaciones comunales y medios de comunicación.

El problema que lo origina

La presentación arrancó con la tecnología utilizada y con el costo de observar. Según el reglamento de gastos de viaje 2026 para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, un funcionario dispone de dieciséis mil cien colones para hospedarse una noche en Nosara, pero en un radio de cincuenta kilómetros no hay alojamientos a ese precio.

“Una gira cuesta un montón de dinero, y no siempre hay fondos. Cuando logramos entrar, recolectamos un poco de información, salimos casi a la carrera, y con eso tomamos las decisiones. Eso no nos pasa solo a nosotros: le pasa a una municipalidad, al poder judicial, al gobierno central y a las universidades.”

Emmanuel Gutiérrez, investigador territorial a cargo del proyecto

El resultado, señaló, es una observación que suele ignorar las realidades comunitarias. Se recorre lo que está sobre la ruta asfaltada y no lo que queda a media hora de lastre. Se visita en verano y no cuando los caminos están cortados. Se conversa con quien estaba disponible ese día. Y casi nunca se vuelve, de modo que no hay serie de tiempo con la cual medir tendencias.

A ese costo se suma la frecuencia con que se levanta la información oficial. Entre el censo nacional 2011 y el siguiente pueden pasar veinte años, mientras el territorio cambia mucho más rápido.

Qué se presentó

El gemelo integra más de cuatrocientas capas de información sobre un mismo mapa: relieve, más de ocho mil edificios detectados, vías, ríos, las cincuenta y seis localidades del distrito, datos del censo distrital de 2024, concesiones de agua, acuíferos, catastro, zona marítimo terrestre y proyecciones climáticas construidas con veintiocho modelos científicos.

Dos características lo distinguen de una maqueta tridimensional. La primera es el tiempo: la herramienta carga la hoja cartográfica levantada en 1944 a partir de fotografías aéreas, los mapas de cartografía censal dibujados a mano en 1973 y 1988, y la imagen satelital actual, y permite compararlos sobre el mismo terreno. La segunda es que sus datos se actualizan solos, conectados a servicios públicos de información sobre clima, sismos, sequía e incendios, sin que nadie los cargue a mano.

Sobre esa base, el sistema permite ensayar escenarios: subir el nivel del agua para ver qué casas quedan dentro de una zona inundable, ubicar un EBAIS o una escuela en un punto y calcular a cuánta población alcanza, o cruzar el valor fiscal declarado con el valor de mercado para identificar dónde se concentra la fuga fiscal de un municipio.

El territorio también se puede recorrer a pie, en vehículo o sobrevolándolo, y sobre él se construyó un videojuego, El Tesoro de Nosara, que ancla leyendas guanacastecas a lugares reales del distrito y es de acceso libre, así como aulas virtuales para estudiantes que desean reforzar bilingüismo y aprender inglés gratis (aulavirtualcr.org/nosara).

¿Por qué en Nosara?

El distrito reúne condiciones que lo vuelven un caso difícil de analizar con herramientas convencionales. Ubicado a 60 km de Nicoya, con rutas en mal estado, precios altos que limitan la presencia del Estado y de la investigación universitaria, y presencia de indicadores sociales comparables a las zonas de menor desarrollo del país, según evidenció el Censo de Población y Vivienda 2024 publicado el año pasado.

Sin financiamiento y con datos públicos

El proyecto no recibió fondos de cooperación, no fue contratado por ninguna institución y no se desarrolló en el marco de un convenio. Se construyó con datos abiertos de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el INEC, el MINAE, SENARA, el Sistema Nacional de Información Territorial, el ICT, el INVU, la Comisión Nacional de Emergencias, el SINAC y el Banco Mundial, además de plataformas colaborativas como OpenStreetMap.

La herramienta podrá incorporar sensores propios en el territorio y tiene la capacidad de servir un plan regulador actualizado anualmente. Su uso y publicación están sujetos a convenios con instituciones, universidades y centros de investigación interesados.

Qué sigue

Según la revisión de literatura y de casos publicados realizada por el proyecto, existen cerca de quinientos gemelos urbanos desplegados en el mundo, casi todos correspondientes a ciudades grandes con equipos y presupuestos institucionales. En territorios rurales los casos documentados son escasos. Este es el primero a escala distrital que el equipo ha podido encontrar en Costa Rica y Centroamérica.

El investigador a cargo del proyecto abrió la posibilidad de replicar el ejercicio en otros territorios a quienes lo soliciten, en escalas que van desde un barrio o una urbanización hasta un cantón, una línea costera completa o el país.

“Piensen en el barrio, en la calle, en la urbanización donde viven. Imaginen que la gente pueda ver eso y participar en las decisiones que le afectan, ver los riesgos que tienen e incluso que los jóvenes puedan desarrollar con tecnología e inteligencia artificial soluciones para su entorno: desde agricultura hasta turismo digital.”

Emmanuel Gutiérrez

Datos clave

Dato

Valor

Territorio

Distrito de Nosara, cantón de Nicoya, Guanacaste

Población

8.716 habitantes (censo distrital 2024) www.censonosara.com

Capas de información

Más de 400

Edificaciones en 3D

8.052

Resolución satelital

1,18 metros por píxel

Localidades cartografiadas

56

Rango temporal

De 1944 a 2100

Modelos climáticos integrados

28

Financiamiento

Ninguno

Uso de tecnología

Software libre, inteligencia artificial, investigación georreferenciada

Defensoría celebrará mes histórico de la Afrodescendencia

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Inicia con Festival gratuito este viernes 07 de agosto en sus instalaciones ubicadas en Barrio México

En el marco del Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley No.9526, la Defensoría de los Habitantes realizará una serie de actividades conmemorativas.

Entre los eventos a realizar en este mes de agosto están un festival gratuito en sus instalaciones ubicadas en Barrio México. El Festival “Afro Essence” convocará a diversos emprendimientos en gastronomía, moda, cultura y talentos para visibilizar y conmemorar la esencia afrocostarricense. La actividad, que es abierta al público, se llevará a cabo este viernes 07 de agosto a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 de la tarde.

“Afro Essence” será un espacio para reconocer los aportes, la creatividad y la riqueza de la cultura afrodescendiente, donde las personas visitantes podrán encontrar comidas, música y una serie de aspectos que resalta una herencia que forma parte esencial de la identidad costarricense.

La Defensoría de los Habitantes llevará a cabo un acto para izar la bandera panafricana como un símbolo de reivindicación y promoción de los derechos de esta población. La bandera panafricana, también conocida como bandera de la UNIA, representa a todas las personas afrodescendientes del mundo. Consta de tres franjas horizontales en rojo, negro y verde y, fue adoptada hace más de 100 años en la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo”, durante una convención realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York, liderada por Marcus Garvey.

Adicionalmente, el 31 de agosto un grupo de funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes estarán presentes en el Gran Gala Parade, como parte de las delegaciones de instituciones públicas presentes para la celebración oficial del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. El Gran Gala Parade de Limón fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica mediante la Ley No.10148.

La Defensoría culminará el Mes Histórico desarrollando el taller “Voces que resuenan: derechos, territorio y ancestralidad”, dirigido a liderazgos y representantes de organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente.

Caso de contaminación de SIGMA Alimentos en Cartago escala a nivel nacional: Ministerio de Salud ordena inspección urgente y la Defensoría abre investigación

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Oreamuno de Cartago, Costa Rica, 4 de agosto de 2026

  • La Dirección General de Salud ordenó una inspección urgente en las instalaciones de SIGMA Alimentos para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m. y solicitó el expediente administrativo completo de la empresa correspondiente a 2025 y 2026.

  • La Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud para rendir un informe detallado sobre la atención brindada a las denuncias.

  • La Presidencia de la República trasladó formalmente la denuncia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía para su atención y seguimiento.

Frente Ecologista Eco Cipreses. Las denuncias presentadas por el Frente Ecologista Eco Cipreses sobre la presunta contaminación de la quebrada ubicada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, han provocado una respuesta de distintas instituciones del Estado y han escalado a un proceso de fiscalización de alcance nacional.

Ministerio de Salud ordena inspección urgente. El director general de Salud, Dr. Christian Valverde Alpízar, instruyó con carácter de urgencia a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Área Rectora de Salud de Oreamuno realizar una inspección de campo programada para hoy, martes 4 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana (oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026).

Además, ordenó remitir el expediente administrativo completo de SIGMA Alimentos correspondiente a los años 2025 y 2026, incluyendo los reportes operacionales de aguas residuales, las actas de inspección, los informes derivados de denuncias por contaminación y toda la documentación técnica relacionada con el caso.

Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Salud. Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y, mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad de Vida y Derechos del Trabajo (oficio 09928-2026-DHR), otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que el Ministerio de Salud informe, entre otros aspectos:

  • Las inspecciones, análisis y actuaciones realizadas desde que el Frente Ecologista Eco Cipreses presentó la denuncia el 15 de julio de 2026.

  • Los criterios técnicos utilizados para concluir previamente que la empresa cumplía con la normativa ambiental.

  • La valoración realizada sobre los análisis efectuados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, los cuales detectaron incumplimientos en parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).

  • Las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas ante las denuncias por fuertes olores que afectan a las comunidades vecinas y al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.

Presidencia también trasladó la denuncia. A estas actuaciones se suma el traslado oficial de la denuncia presentada por el Frente Ecologista Eco Cipreses al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía, para que ambas instituciones atiendan los hechos denunciados e informen las acciones correspondientes. El documento señala que, por tratarse de una posible contaminación de cuerpos de agua en el distrito de San Rafael de Oreamuno, corresponde a dichas instituciones realizar la valoración técnica y las acciones pertinentes (oficio MP-DM-OF-0147-2026).

Vigilancia ciudadana. El Frente Ecologista Eco Cipreses recuerda que este caso también se encuentra bajo conocimiento del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE y de la Sala Constitucional, donde fue admitido para estudio un recurso de amparo relacionado con estos hechos.

La organización dará seguimiento a la inspección realizada este martes y a las respuestas que deberán emitir las distintas instituciones públicas. Asimismo, reitera que la existencia de un permiso de vertido no exime a ninguna empresa del cumplimiento de la legislación ambiental ni libera a las autoridades de su obligación de fiscalizar, prevenir y sancionar cualquier afectación a los cuerpos de agua y a la salud pública.