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UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre

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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.

Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.

Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.

El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.

Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Posición histórica de la Universidad de Costa Rica

Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).

En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.

Sin consulta a la UCR

Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.

Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.

Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.

Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg

Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

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Pronunciamiento público

Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.

Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.

Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.

En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.

Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.

Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.

A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.

También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.

A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.

Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.

El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.

Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.

Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.

Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.

La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.

Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.

Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.

Firman:

Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL

Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA

Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón

Delroy Lewis Jones
Sector Turismo

Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica

Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia

La tribalidad afrocostarricense: una nueva realidad en el escenario político nacional

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Bernardo Archer Moore
Presidente – ACUDHECA
Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Preámbulo

Esta información no es solo relevante para comunidades como Cahuita. Su importancia alcanza a todo el país, porque se relaciona directamente con el respeto al Estado de Derecho y a compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Cuando estos principios no se cumplen, no solo se afecta a un grupo específico:
– Se debilita la legalidad de las decisiones públicas.
– Se compromete la institucionalidad del Estado.

En juego está algo mayor: el respeto a las reglas que protegen a todos los costarricenses.

¿Qué es el Foro Tribal Afrocostarricense?

El Foro Tribal Afrocostarricense es un espacio de representación y diálogo, creado a partir del Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconoce a la población afrodescendiente como pueblo tribal bajo el Convenio 169 de la OIT.

Objetivo del foro

Su función principal es:

Defender los derechos del pueblo tribal afrocostarricense, especialmente:

  • Derecho a consulta previa, libre e informada.
  • Protección de territorios ancestrales.
  • Preservación de la cultura e identidad. Y,
  • Derecho a la autodeterminación.

¿Cómo funciona?

Está integrado por representantes de comunidades afrodescendientes:
Líderes y lideresas de las 8 comunidades que participaron en los diálogos: Tortuguero, Siquirres, Estrada, Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola, Limón y Guácimo.

□ Actúa como interlocutor ante el Estado
□ Participa en procesos donde se discuten proyectos o decisiones que afectan al pueblo tribal.

Ejemplo: turismo, uso de tierras, parques nacionales, carreteras.

¿Cuándo se activa?

Cuando el Estado quiere hacer algo que pueda afectar al pueblo tribal:

Debe consultar primero. La consulta debe ser: antes de decidir (previa)
Sin presión (libre)
Con información clara (informada)
Con intención real de acuerdo (buena fe).

Relación clave: Foro vs pueblos tribales (como Cahuita)

Los pueblos tribales (como Cahuita) son el sujeto de derechos.

El Foro es solo el mecanismo de representación y coordinación.

En palabras simples:

El Pueblo Tribal = el dueño del derecho

El Foro = el canal para ejercer ese derecho.

Importante: El Foro no sustituye al pueblo, ni decide por sí solo.

Debe responder a las comunidades y bajar la consulta a las bases.

¿Por qué es importante?

Porque permite que comunidades como Cahuita:
No sean excluidas de decisiones sobre su territorio.
Puedan detener proyectos ilegales sin consulta.
Defiendan su cultura frente al desarraigo.

Resumen final en una frase

Sin pueblo tribal organizado, no hay Foro legítimo;
y sin Foro operativo, no hay consulta real.

Compatriotas: Lo hecho, hecho está. El camino no es hacia atrás, sino hacia adelante.

Los derechos conquistados no son negociables ni reversibles.

Quienes intenten retroceder, se encontrarán con un límite claro:
El principio de no regresión en derechos humanos, que protege lo ya alcanzado.

El mensaje es simple y firme: Avanzar no es una opción, es una obligación histórica.

Personas Gestoras Locales en Acción – Fressy Sánchez Sánchez del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí

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Cápsula #2

Elaborado por: Michelle P. Castro Marchena y Rafael E. López Alfaro

El Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí es un espacio vivo de memoria, identidad y organización comunitaria, donde el vínculo entre cultura, territorio y acción colectiva sostiene procesos orientados al buen vivir y a la defensa de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto, el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), desde su quehacer en extensión universitaria, acompaña el fortalecimiento de liderazgos comunitarios que inciden activamente en el desarrollo local con identidad cultural.

Uno de estos liderazgos es el de Fressy Sánchez Sánchez, gestora local, egresada del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL‑PO), generación 2025, y habitante del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí. Fressy participa activamente en el grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí y en la Unidad Nacional de Mujeres Indígenas Ditsä+, organización sin fines de lucro que articula a mujeres de múltiples territorios indígenas de Costa Rica y Mesoamérica.

Desde estos espacios, se promueven procesos construidos por mujeres y para mujeres, orientados a la recuperación y valoración de saberes ancestrales, el fortalecimiento del tejido organizativo y la visibilización de prácticas culturales como expresiones vigentes de identidad, continuidad histórica y autonomía comunitaria.

El recorrido formativo y comunitario de Fressy se encuentra profundamente ligado a su historia familiar y territorial. Hija de padres Huetares y líderes comunales, desde temprana edad recibió una formación basada en el compromiso colectivo y la defensa de la identidad indígena. A los 40 años retomó su formación académica y encontró en la UNED una oportunidad para ampliar sus capacidades y proyectar su liderazgo comunitario. Además de ser egresada del TGL‑PO en su versión Huetar, actualmente es estudiante regular de la carrera de Gestión Turística Sostenible.

Gestión comunitaria y liderazgo territorial

Fressy cumple un rol estratégico en los procesos organizativos del Territorio Indígena de Quitirrisí. Su liderazgo se caracteriza por el conocimiento profundo de las dinámicas territoriales, la capacidad de escucha y la construcción de consensos orientados a objetivos comunes como la protección del territorio, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la preservación de las prácticas culturales.

Su quehacer se distingue por valores como la empatía, la responsabilidad colectiva y la resiliencia, cualidades fundamentales para sostener procesos comunitarios en contextos de cambio y desafío.

Fondos concursables: Puntos Cultura – Ministerio de Cultura

Actualmente, Fressy se desempeña como vicepresidenta de la Junta Administrativa del proyecto “Altar Ceremonial del Campo Sagrado El Güaco”, iniciativa ubicada en el territorio de Quitirrisí y seleccionada para recibir fondos concursables del programa Puntos Cultura del Ministerio de Cultura.

Este proyecto representa una oportunidad significativa para la revitalización cultural, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la puesta en valor de prácticas ceremoniales propias del pueblo Huetar, contribuyendo a la transmisión intergeneracional de saberes y al reconocimiento de la espiritualidad indígena como parte esencial del territorio.

Planificación territorial y fondos PAFT – PNUD

Asimismo, Fressy forma parte del comité fiscalizador de los fondos concursables asignados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al Territorio Indígena de Quitirrisí, en el marco del Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT). Su responsabilidad es velar por el uso transparente y adecuado de los recursos y por el cumplimiento de la hoja de ruta definida colectivamente por la comunidad y su Asociación de Desarrollo.

El PAFT constituye un instrumento clave de planificación territorial creado por los propios pueblos indígenas para definir prioridades de desarrollo desde su cosmovisión, garantizar la protección de los recursos naturales y acceder a mecanismos de financiamiento climático. En marzo, el Territorio Indígena de Quitirrisí aprobó su PAFT mediante asamblea comunitaria, tras un proceso de diálogo, reflexión y construcción colectiva.

Este plan prioriza la inversión en infraestructura local, el fortalecimiento de emprendimientos comunitarios y el desarrollo de capacidades en juventudes, personas adultas mayores y mujeres, así como la protección y manejo sostenible de los bosques y recursos naturales del territorio.

La época del silencio se acabó en Cahuita

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Durante años nos dijeron:
“calladitos más bonitos.”

Pero ese silencio no era paz… era control.

Hoy que hablamos, incomodamos.

Y cuando incomodamos, atacan:

“No es de Cahuita”
“Es extranjero”
“Divide”

Pero ya no funciona. Ese silencio acostumbrado – no es ley ni consentimiento – es estrategia para lograr lo deseado.

La realidad cambia todo:
La Sala Constitucional ordenó consulta del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita; y ratificó al Foro Tribal Afrocostarricense como órgano por medio del cual debe realizarse la consulta. (Voto 2025-029985)

Pero también reconoció:

El Foro Tribal venció (Voto 2026-010993).

Y eso lo cambia todo:

● Sin organización, no hay representación.
● Sin representación, no hay consulta.
● Y sin consulta… otros deciden por nosotros.

Que no te engañen

No es inclusión.
Es sustitución.

Hoy es definitivo:
El silencio terminó.

Y un pueblo que despierta…
ya no se deja reemplazar.

(English):
Patience is an ancestral virtue—wisdom distilled across generations—captured in a simple truth: “It takes patience to ride a donkey.”

(Español):
La paciencia es una virtud ancestral —sabiduría destilada a lo largo de generaciones—, resumida en una simple verdad: «Se necesita paciencia para montar un burro.»

Uno para todos y todos para uno.

Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor — que, con dignidad, decidió no callar más.

UCR respalda proyecto de ley para garantizar acceso público a las playas

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La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).

Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.

Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.

Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.

No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.

En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.

El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.

Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.

Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.

En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Dictamen completo: https://drive.google.com/file/d/1qAqqbQroeuwAZ9S7YZdYVJMSRTXJrb6x/view?usp=sharing

Escuchar el río también es entender lo que está pasando

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Observatorio de Bienes Comunes

En esta entrevista con Rocío Chamorro se revela algo clave: limpiar el río no es suficiente.

Detrás de cada jornada aparecen desafíos más profundos: vertidos, agroquímicos, presión sobre los ríos y la urgencia de mayor acción institucional.

Algunas claves:

* La limpieza visibiliza problemas estructurales

* Las comunidades se organizan, pero no pueden solas

* El desafío es pasar de limpiar a prevenir

* Se necesita más monitoreo y compromiso institucional

🎧 Escuchá la entrevista completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/escuchar-el-rio-aprendizajes-desde-la-accion-comunitaria-entrevista-con-rocio-chamorro/

¿Se puede entender el “común” mirando hormigas?

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El Observatorio de Bienes Comunes publicó la nota titulada “Hormigas, infancia y común: una lección zapatista sobre cómo aprender y organizar la vida”

La nota señala:

En un relato breve, cargado de humor, ternura y profundidad política, el zapatismo vuelve a recordarnos que las grandes preguntas no siempre se responden desde arriba. “El Condenado y las Hormigas (el amor y el desamor según un niño zapatista)”, firmado por el Capitán en enero-febrero de 2026, es mucho más que un cuento: es una invitación a repensar cómo aprendemos, cómo nos organizamos y cómo construimos lo común.

A través de la historia de un niño travieso, nombrado por su madre como “Condenado Chamaco del Demonio”, el texto despliega una crítica sutil pero contundente a las formas tradicionales de enseñanza y a las jerarquías del saber, al tiempo que propone una pedagogía arraigada en la experiencia, la observación y la vida comunitaria.

El común no se explica, se vive

Uno de los momentos de tensión del relato ocurre cuando el Subcomandante Insurgente Moisés llega a la escuela a explicar qué es el “común”. Su exposición, cargada de conceptos políticos, estructuras organizativas y referencias al proceso zapatista, deja en silencio a niñas, niños y autoridades comunitarias. Nadie responde. Nadie parece haber comprendido.

Sin embargo, un niño levanta la mano y responde con una sola palabra: “hormigas”.

Lejos de ser una ocurrencia ingenua, su intervención muestra una comprensión profunda. A partir de su experiencia observando hormigueros, el niño explica cómo estos insectos se organizan, distribuyen tareas, cooperan y se sostienen colectivamente, incluso en momentos de crisis.

El contraste es claro: mientras el discurso formal no logra transmitir el sentido del común, la experiencia vivida sí lo hace. El mensaje es contundente:

… el común no es una teoría que se memoriza, sino una práctica que se aprende viviendo.

SURCOS le invita a leer la nota y el cuento:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/hormigas-infancia-y-comun-una-leccion-zapatista-sobre-como-aprender-y-organizar-la-vida/

¿Unidad o simulación? La verdadera prueba del Convenio 169 en Cahuita

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Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore.

En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.

La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.

La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.

Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.

El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.

El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.

Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».

El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.

En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.

En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.

En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.

Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.

Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.

Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.

Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.

Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.

No hay una tercera vía.

La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.

Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.

En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.

La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:

¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?

Cahuita, Talamanca

Ante gestión ciudadana municipalidad pide verificar vida útil del relleno El Tomatal y activar medidas urgentes ante crisis de residuos

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La gestión de residuos en Limón vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la presentación de información técnica que cuestiona la proyección oficial sobre la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) El Tomatal. Un oficio de la Municipalidad del cantón central solicita al Ministerio de Salud verificar una certificación reciente que estima una vida útil significativamente menor a la previamente considerada, en un contexto que ya es calificado como crítico para la salud pública y el ambiente.

De acuerdo con la certificación emitida por la empresa operadora del sitio, la vida útil del PTA El Tomatal se proyecta en aproximadamente 10 años en promedio, muy por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 29 años. Ante una gestión ciudadana, esta diferencia motivó a la Municipalidad de Limón a solicitar una revisión técnica urgente, así como la adopción de medidas para mitigar los impactos derivados del creciente volumen de residuos, incluyendo aquellos trasladados desde otras regiones del país.

Diferencias técnicas y presión creciente sobre el sitio

El documento técnico señala que la vida útil de un relleno sanitario depende de múltiples variables como el diseño de las celdas, la topografía, la densidad de compactación, la composición de los residuos y los procesos de asentamiento y descomposición. Bajo estas condiciones, se advierte que no es posible establecer un plazo exacto, sino un rango que puede variar según el manejo operativo y el ingreso diario de residuos.

En el caso de El Tomatal, el ingreso promedio cercano a 250 toneladas diarias y las condiciones del sitio han llevado a estimar una proyección de vida útil de alrededor de una década, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de disposición final.

Solicitud de información y transparencia

Ante esta situación, el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó una comunicación dirigida a la alcaldía de Limón en la que solicita aclaraciones sobre la reducción de la vida útil, los factores que la explican y las medidas previstas para enfrentar la situación.

Entre los aspectos planteados destacan la necesidad de conocer los estudios técnicos que sustentaban las proyecciones anteriores, las acciones concretas para mitigar impactos sanitarios y ambientales, y la existencia de planes de contingencia o alternativas de gestión integral de residuos.

Un problema estructural en la gestión de residuos

Este caso se inscribe en una problemática más amplia que SURCOS ha documentado en diversas ocasiones: la presión creciente sobre rellenos sanitarios en el país, el traslado interregional de residuos y la ausencia de soluciones estructurales en materia de reducción, reciclaje y tratamiento.

El uso intensivo de rellenos como solución principal ha generado conflictos socioambientales en distintos territorios, donde comunidades denuncian impactos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.

En este contexto, la situación del PTA El Tomatal refleja tanto la urgencia de medidas inmediatas como la necesidad de avanzar hacia una política pública de gestión integral de residuos que reduzca la dependencia de estos sitios y garantice condiciones sostenibles a largo plazo con base en el criterio de calidad de vida para las comunidades.