Carlos Manuel Muñoz Jiménez, dirigente del sector juventud de Naranjo, compartió con SURCOS Digital un documento que sirve de base para el proceso de construcción de las políticas culturales municipales en ese cantón alajuelense.
SURCOS comparte el documento en este enlace:
Políticas Culturales- Municipales- Naranjo
Enviado a SURCOS Digital por Carlos Manuel Muñoz Jiménez.
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Dr. Freddy Pacheco
Cuando el 8 de mayo del 2014 el presidente de la República de Ecuador mostró su satisfacción por representar a un país “vecino de Costa Rica”, no faltaron los infalibles de Facebook burlándose de “ese ignorante que no sabe nada de geografía”. En su oposición ideológica al Dr. Rafael Correa, no se estaban dando cuenta de lo errado de sus observaciones, que además demostraban un comportamiento generalizado del costarricense acostumbrado a mirar hacia sus valles y montañas, desdeñando la importancia de los territorios marítimos.
Y es que tal vez habrá quienes consideren que a 33 años de haberse aprobado en Nueva York la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” (Convemar) no ha pasado suficiente tiempo para actualizar lo aprendido en la escuela, por lo que el mar es un asunto que compete a otros. Por ello, los conceptos de “mar territorial” de hasta 12 millas de ancho, y “zona económica exclusiva”, adyacente a ese mar y hasta alcanzar un límite de hasta 200 millas (medida a partir de donde se mide el “mar territorial”) son cosas de poca importancia y trascendencia. Sin percatarse que los países ribereños como Costa Rica y las islas como el Parque Nacional Isla del Coco, vieron ampliados sus derechos de soberanía en cientos de miles de kilómetros cuadrados, desde el momento en que la Asamblea General de la ONU aprobara la Convemar.
La isla del Coco, ubicada a 330 millas de la península de Nicoya adquirió el derecho a una zona económica exclusiva marcada por un radio de hasta 200 millas de longitud, lo que hizo aumentar el territorio marítimo del país extraordinariamente, hasta interceptar por un lado el territorio marítimo del archipiélago islas Galápagos, separado de nuestra isla por una distancia menor a las 400 millas, creando así la necesidad de delimitar los territorios marítimos vecinos.
Ante esa situación, el 12 de marzo de 1984, nuestro entonces Ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Gutiérrez (q.d.D.g.) suscribió en Quito el “Convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas entre las repúblicas de Costa Rica y Ecuador”. Convenio que, en virtud de un grave error, fuere enfrentado por este servidor desde su firma, las varias veces que se le quiso aprobar en la Asamblea Legislativa.
Y lo hicimos así por las siguientes razones: Para navegar en el “mar territorial” las embarcaciones extranjeras requieren permiso del país ribereño, aplicándose lo mismo para el sobrevuelo y para el tendido de cables submarinos. Esa franja de 12 millas de ancho se considera como una extensión del territorio y en ella se aplican regulaciones estrictas para el llamado “paso inocente” de los buques que así lo acepten. Por el contrario, en la “zona económica exclusiva”, donde se tienen derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos de las aguas, el lecho y el subsuelo, los países gozan de los derechos de libre navegación (no requieren permiso), de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos. Así pues, una embarcación, aún pesquera, tiene el derecho a surcar libremente las zonas económicas exclusivas de todo el planeta.
Con ello (esperamos que aclarado) los limites marinos originados a partir de los parques nacionales Isla del Coco y Archipiélago de Galápagos, debían de haberse descrito como correspondientes a las zonas económicas exclusivas de ambos Estados según lo determinado por la convención de la ONU, ¡pero no fue así! – La Cancillería costarricense le aceptó a los representantes ecuatorianos que en el convenio limítrofe se dijera que las áreas marinas de 200 millas de Costa Rica (que nosotros reconocíamos como “zona económica exclusiva”) correspondientes a la Isla del Coco, delimitaban por una línea geodésica equidistante con “Las áreas marinas de 200 millas del mar territorial del Ecuador correspondientes a su territorio insular del Archipiélago de Colón” (Galápagos).
Al dejar pasar ese “detallito”, automáticamente Costa Rica estaba renunciando al derecho de libre navegación de sus buques en un área superior a los 800.000 km² que en razón de la convención de la ONU debería llamarse “zona económica exclusiva” de Ecuador. Así como al libre sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas. Y al renunciar a ese derecho, también estaba Costa Rica violentando lo establecido en la Convemar, que había contado con su voto favorable para su aprobación.
¡Por eso nos opusimos!, y más enérgicamente cuando fuere enviado para su aprobación legislativa y defendido también insistentemente por el canciller Roberto Rojas y su vicecanciller Elaine White, entre otros. Tuvimos incluso que lidiar con el inaceptable argumento de que “aunque Costa Rica reclame en su Constitución la jurisdicción sobre la Isla del Coco y sobre su zona económica exclusiva, mientras ésta no se reconozca en un tratado de límites con países vecinos, tal enunciado constitucional carece de efectividad para la comunidad internacional” (E. White, 21.8.98), confundiéndose además en el documento citado lo que es “alta mar” (donde hay incluso libertad de pesca) con el concepto de “zona económica exclusiva”.
Pero eso no es todo. Según la Cancillería había que aprobar el convenio tal y como estaba pues “Costa Rica ya manifestó su consentimiento de obligarse por un tratado con la firma del Convenio y, de acuerdo con la norma pacta sunt servanda del derecho internacional, consagrada por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada y ratificada por Costa Rica), se debe cumplir con el proceso de aprobación y ratificación del Convenio”. Sin necesidad de reiterar los argumentos de entonces contra esa afirmación de la vicecanciller White, solo nos remitimos a la situación actual donde un nuevo convenio de límites marinos estaría por aprobarse.
Pero bueno, hubo que esperar 30 años (bien invertidos) y por la decisión del presidente Rafael Correa de impulsar la incorporación a la legislación de Ecuador de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tal y como fuere aprobado en votación dividida en la Asamblea Nacional el 22 de mayo del 2012.
De esta forma, allanado el camino, el pasado 21 de abril del 2014, en Quito, los cancilleres Enrique Castillo Barrantes y Ricardo Patiño Aroca, de Costa Rica y Ecuador respectivamente, suscribieron un nuevo convenio sobre delimitación marítima que en su Artículo Primero dice: “La zona económica exclusiva y la plataforma continental del Ecuador del Archipiélago de Galápagos y la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Costa Rica de la Isla del Coco delimitan en el Océano Pacífico, en el sector donde se superponen…”, con lo cual se resuelve el problema que por tantos años enfrentara a la Cancillería de Costa Rica con los que no aceptábamos la pérdida de derechos reconocidos por la Convemar.
Y LA MEJOR NOTICIA ES QUE al fin ha sido aprobado en Primer Debate el Tratado de Límites que comentamos, por lo que en pocas semanas los dos países hermanos ya podremos ratificar esa bienvenida delimitación marítima.
Usted puede acceder al vídeo que realizó el Dr. Freddy Pacheco sobre este tema en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=poLtAspIHEw&feature=youtu.be
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Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Cerca de 65000 habitantes de cinco cantones del Pacífico Central se beneficiarán con un plan de manejo integral de la cuenca del río Barranca, que impulsan instituciones públicas y organizaciones comunales ante los crecientes problemas ambientales, económicos y sociales en esta cuenca.
Con el propósito de apoyar esta iniciativa, el 29 de mayo pasado se creó una red en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR), con la participación de representantes de instituciones estatales, municipalidades, diputados y líderes de organizaciones comunales. La UCR facilita y brinda el acompañamiento técnico y académico para la toma de decisiones de las instituciones involucradas.
“Se requiere la intervención institucional y política para lograr cambios. Hay acciones comunales que carecen de respaldo académico y técnico, entonces no trascienden”, aseguró la profesora de la Sede del Pacífico, Mag. Stefany Fórester Delgado.
Fórester explicó que la formación de la red tiene como principal objetivo “articular acciones, estrategias y propuestas comunales, políticas, institucionales y locales orientadas al manejo sostenible de la cuenca del Barranca”.
Líderes comunales de Juanito Mora, Guadalupe, Los Ángeles, Manuel Mora, Riojalandia y Barranca, poblaciones cercanas al margen del río, dijeron que desde hace varias décadas vienen luchando por la protección del mismo.
“Nosotros pegamos gritos, brincamos, alegamos. Pero ellos no hacen nada. Queremos saber en dónde está el compromiso de las instituciones que no resuelven”, cuestionó Enith Cortés Araya, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe y Los Ángeles.
Por su parte, funcionarios de los ministerios del Ambiente y Energía y de Educación Pública expusieron propuestas para el ordenamiento de la cuenca y la incorporación del tema ambiental al currículo de los centros educativos de la zona.
La diputada Karla Prendas Matarrita, del Partido Liberación Nacional, afirmó que presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para darle respaldo legal a los esfuerzos de ordenamiento de las actividades que se desarrollan dentro de la cuenca.
Para la legisladora puntarenense es urgente la intervención para establecer controles de las concesiones a las empresas extractoras de materiales del río, que se encuentran sobre todo en la parte baja de la cuenca.
“Se están dando concesiones para una explotación desmedida, hay gente que no está bajo la ley y que está haciendo cosas que los pobladores de la zona sabemos que es una barbaridad”, expresó.
Según Prendas, “el apoyo técnico de la Universidad de Costa Rica es vital para darle sostenibilidad y credibilidad a este proceso sobre un tema básico como es el agua”.
Tras un recorrido por varios kilómetros a lo largo del curso inferior del río Barranca, funcionarios de las instituciones observaron los problemas ambientales y sociales presentes en esa área.
La profesora de la UCR explicó que la parte baja de la cuenca, muy cerca de la ciudad de Puntarenas, es la que presenta mayor impacto y cantidad de población en condiciones de vulnerabilidad.
“Si bien la cuenca la integran cinco cantones, Esparza y Puntarenas son los que tienen más problemas, ya que presentan la mayor cantidad de población que ejerce presión sobre la cuenca”, argumentó. Los otros cantones que conforman la cuenca son: Naranjo, San Ramón y Montes de Oro.
El otorgamiento desordenado de concesiones para la explotación de los recursos del río es otro factor causante de daños ambientales. Según Forester, en un área de 10 kilómetros hay cerca de cuatro concesiones a empresas que extraen piedra y arena.
Además, la falta de tratamiento de residuos sólidos, el vertido de las aguas residuales sin tratamiento de más de 1600 casas de la comunidad Manuel Mora, residuos de agroquímicos, deforestación y alteración del paisaje natural forman parte de los efectos ante la ausencia de planificación, indicó Fórester.
El dirigente ambiental José Manuel Maffio hizo un recuento de las luchas comunales en defensa del agua. Recordó que desde el año 2000 han presentado denuncias sobre la contaminación del río y del estero de Puntarenas, sin que haya habido respuesta institucional.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Massiel Calderón Rojas,
Trabajo Comunal Universitario
Pequeños productores y emprendedores, vecinos y vecinas de la Finca Integral San Francisco de Asís en la zona de Copey de Dota, producen alimentos a partir de la manzana e incursionan en la producción de quesos y mermelada, con las recomendaciones y sugerencias brindadas por el equipo de Trabajo Comunal Universitario (TCU) TC-230 Desarrollo Agroindustrial.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, las PYMES del sector de industria, comercio, servicios y tecnologías de la información, generan un 27% de empleos en el sector privado del país.
Teniendo en cuenta la relevancia de las PYMES en la generación de puestos de trabajo, el TCU brinda asesorías especializadas y servicios técnicos dirigidos a la mejora productiva de los PYMES de alimentos en el país.
Durante la primera fase en la que asesoraron en la preparación de queso fresco, detectaron que los productores de Dota tenían problemas, como la necesidad de trabajar con intermediarios y una fuerte competencia en el mercado, por lo que se les recomendó elaborar un producto diferenciado como el queso palmito y el queso mozzarella.
También han trabajado en la iniciativa de las mermeladas naturales sin persevantes. Al respecto, María Isabel Serrano Elizondo productora de mermeladas, mencionó: “Yo las preparaba muy artesanalmente, con muy poco conocimiento. Me invitaron a la Feria de la Expo UCR y ahí di a conocer mi producto, acá mi papá tiene un tramo de frutas y es la única parte donde yo las vendía, pero ahora más bien debo dedicarle un día a la semana a la producción de mermeladas, porque tengo muchas ventas”.
En el TC-230 participan estudiantes de Ingeniería de Alimentos, Nutrición, Agronomía, Administración de Empresas, Derecho. Hasta la fecha el proyecto ha logrado beneficiar a 17 PYMES, entre ellas el Proyecto de producción de chayote fresco empacado (Paraíso, Cartago) Tradiciones Doña Mina (Moravia, San José),Productores de Queso (Nuevo Arenal Guanacaste) Industrias Tita Rompope (Pozos Santa Ana, San José).
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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El pasado martes 15 de junio diversos colectivos de ciclismo urbano fueron convocados a una “acostada” frente a la Asamblea Legislativa; como una acción pacífica para que las autoridades tomen medidas para evitar más muertes de ciclistas en nuestras carreteras. El evento se realizó a las 5pm frente a la Asamblea Legislativa y fue promovido por ARCA, CHEPECLETAS, el Colectivo Las Luciérnagas, ACONVIVIR, entre otros.
Con esta “acostada” también se pretendió hacer un homenaje póstumo a las decenas de personas que han sido atropelladas mientras se trasladaban en sus bicicletas; dos de estas fallecidas tan solo la semana anterior en El Guarco de Cartago y en Desamparados.
Bajo el lema “Ni una muerte más” estos colectivos pretenden hacer conciencia sobre la importancia de que conductores, ciclistas y peatones aprendamos a compartir la vía; y cuidemos y protejamos a los usuarios más vulnerables. Respetar la vida de quienes circulan por las vías públicas en bicicleta o a pie, es un imperativo fundamental para lograr una sociedad más pacífica y menos violenta.
Además será colocada una bicicleta blanca, símbolo que se usa a nivel mundial, cada vez que un ciclista es asesinado por un vehículo automotor. Cada vez que ocurra una nueva tragedia, se seguirán realizando acciones como esta, durante las horas pico, en puntos neurálgicos de la Capital (avenida segunda, fuente de la Hispanidad, Paseo Colón, entre otros) hasta que el Gobierno tome medidas serias y reales para detener esta masacre en las carreteras.
Para la acción del pasado 15 de junio se elegió la Asamblea Legislativa; ya que se esperaba que así como los diputados y diputadas hacen un homenaje a Andrey Amador, por su extraordinario 4to lugar en el Giro de Italia; también se comprometan a generar la legislación para que el país desarrolle la infraestructura necesaria para pacificar el tráfico vehicular (zonas compartidas, ciclovías, carriles bici, áreas peatonales entre otras); así como para que las autoridades de Gobierno, especialmente el MOPT tome conciencia de la importancia de desarrollar programas de prevención y educación vial.
*Para más información:
Jorge Mora Portuguez, ARCA / (506) 8703-0799 / correo electrónico: jmorapo@arca.co.cr
Roberto Guzmán Fernández, Chepecletas / (506) 8849-83167 / correo electrónico: robertoguzmanf@gmail.com
Enviado a SURCOS Digital por Jorge Mora Portuguez.
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María del Mar Izaguirre Cedeño,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
“Hablar de acción social y de su impacto en la sociedad costarricense es casi una redundancia, esto debido a su naturaleza: vínculo universidad-sociedad”, manifestó el vicerrector de Acción Social M.Sc. Roberto Salom Echeverría durante su participación en el I Foro Institucional 2015.
La acción social es una actividad académica mediante la cual se establece el vínculo universidad sociedad de una manera dialógica y transitiva por ello la acción social procura solidariamente contribuir al desarrollo de capacidades en las comunidades con la que se relaciona, en virtud de su pertenencia, de su calidad de su carácter didáctico e innovador, procurando a la vez generar un efecto demostrativo, de la misma manera a través de este vínculo se realimenta tanto la acción social como la docencia y la investigación, expresó el M.Sc. Salom.
Agregó que la acción social solo puede tener sentido mediante la estrecha articulación entre la docencia y la investigación, actividades a partir de las cuales las unidades académicas han de formular su programa académico.
“Tenemos que ir hacia una institución que reconozca debidamente la carga académica a esta actividad en la proporción en que así lo determinen” aseveró Salom y añadió que son las unidades académicas las que deben asignar carga académica de su propio presupuesto para la realización tanto de la docencia como la investigación y la acción social, esta última es una actividad sustantiva producto de un compromiso moral de la Universidad con la comunidad.
Al respecto el Vicerrector explicó que desde 1973, la acción social es una actividad académica sustantiva que realizamos, tras el III Congreso Universitario, con la creación de la vicerrectoría, la cual surge para coordinar esta actividad y se “ha venido construyendo un andamiaje que nos ha permitido escalar a niveles más altos y de manera sólida, sin embargo hay muchos cabos sueltos y prácticas sobre las cuales debemos reflexionar” afirmó Salom Echeverría.
“La acción social o la extensión como mejor se le conoce, es el producto del manifiesto de Córdoba de 1918 y en el cual los estudiantes desarrollaron un papel protagónico y una de las exigencias fundamentales en un contexto en el que prevalecía las dictaduras en Suramérica fue el vínculo de la universidad con su sociedad a través de lo que se conoció y conoce todavía como extensión. De manera que esta así concebida como un diálogo transitivo universidad sociedad y no solo como transferencia de conocimientos es una impronta latinoamericana”, destacó el Vicerrector.
También fue enfático al explicar que acción social no son actividades repetitivas, no implica un servicio permanente, pues nos vinculamos y seguimos con el abordaje de otros problemas en las comunidades. Acción social no es caridad y añadió que no sustituye al Estado, sino que es tener incidencia que aporte en la política pública y el desarrollo social del país.
La acción social se financia a través de los fondos ordinarios, los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior FEES y por medio del vínculo remunerado.
Como uno de los principales logros el Vicerrector resaltó que la acción social pueden ser iniciativas individuales pero fundamentalmente debería ser un grupo un programa o la reunión de varios de ellos de manera inter, multi o transdisciplinaria.
En cuanto a la acción social que realizamos en la Universidad de Costa Rica, Salom Echeverría mencionó algunos aspectos como la Extensión docente, la Extensión cultural y el Trabajo Comunal Universitario (TCU).
En la actualidad, Extensión docente cuenta con 440 proyectos, 272 de educación permanente, 82 servicios y 86 TCU según datos del año 2014.
Además mencionó que extensión cultural se realiza en las comunidades en el sentido antropológico de la palabra mediante el desarrollo de 99 proyectos.
Durante su alocución el Vicerrector dijo que el TCU, el cual data de 1975, surgió basado en las experiencias fructíferas de trabajos de campo, el cual concreta en una actividad que por excelencia integra los tres pilares académicos de manera horizontal por docentes estudiantes y comunidades.
En el 2014 hubo 146 proyectos en todas las sedes de la universidad, en las siete provincias y la acción de 4200 estudiantes que realizan esta actividad al año como parte de su requisito de graduación y con 983 850 horas.
Salom resaltó la labor que desde hace cinco años realizan las iniciativas estudiantiles una nueva modalidad, voluntaria con la formulaciones de fondos concursables se convoca a estudiantes a formular proyectos a cambio de ganar experiencia y surge de los trabajos comunales universitarios, y que tienen gran impacto en los estudiantes y en las comunidades.
Las iniciativas estudiantiles son un proceso pedagógico que promueve y apoya proyectos que surgen de la comunidad estudiantil y que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de algunas poblaciones mediante el desarrollo de sus capacidades. Solo en el año 2014 se desarrollaron 16 proyectos.
Por otra parte, Salom Echeverría explicó que también forman parte de la acción social los medios de comunicación de la UCR; destacó que pocas universidades en América Latina están dotadas de tres radioemisoras, un canal de televisión y un semanario. Estos medios que son fundamentales en la proyección de la labor de la UCR hacia las comunidades universitaria y nacional, tendrán en un futuro cercano que redoblar esfuerzos en su programación, debido a los avances técnicos y en especial a los procesos de digitalización.
Finalmente mencionó el quehacer de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), la cual se encarga de proyectar la información oficial de la institución hacia diversos públicos internos y externos.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Elizabeth Rojas Arias,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
A partir de este año, los proyectos de Trabajo Comunal Universitario de la Sede de Occidente contarán con un espacio para realizar actividades y atender a las comunidades con las que trabajan.
Se trata del módulo de TCU, una edificación que está próxima a construirse y que es impulsada por la Coordinación de Acción Social con el propósito de resolver las necesidades de espacio, tanto para las labores internas como para el trabajo que se desarrolla con las comunidades: cursos, talleres y capacitaciones, entre otros.
Según la Dra. Milagro Piñeiro Ruiz, coordinadora de Acción Social “el módulo es para proyección social, no se va a utilizar para aulas, porque la necesidad que tenemos en este momento en esta coordinación es de un espacio para trabajar con personas de la comunidad y con los estudiantes inscritos en los proyectos de TCU”, afirmó Piñeiro.
Aseguró que en los últimos años se han mantenido entre 15 y 16 proyectos de TCU activos, los cuales matriculan alrededor de 300 estudiantes por año, quienes atienden un número importante de personas de la comunidad.
Según Piñeiro, este módulo resuelve parcialmente las necesidades de espacio de la Coordinación de Acción Social, no es suficiente para la totalidad de proyectos con que se cuenta ya que no se está contemplando el uso para Extensión Docente y Extensión Cultural.
La idea del módulo de TCU nació en el año 2006 por parte de la encargada de Trabajo Comunal Universitario Dra. Vianney Morera. En el 2007 se realizaron los estudios por parte de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) que determinaron la ubicación en la que se debía construir el módulo (entre el edificio de Vida Estudiantil y el edificio de Investigación).
En el 2014, se contrató al arquitecto a cargo de la obra Álvaro Vega, quien ha trabajado en coordinación con la OEPI y con la coordinación de Acción Social.
El nuevo espacio será de más de 200 metros cuadrados y estará dividido en tres salas, las cuales se podrán unir para actividades más grandes. Además, contará con tres bodegas, un cuarto de fibra óptica y una terraza multiuso.
El módulo se pensó como una arquitectura liviana, transparente, modular y económica. De bajo impacto ambiental con materiales de bajo contenido energético en el cual se aprovecha la iluminación y ventilación natural.
La construcción está próxima a iniciar y se va a realizar por etapas de acuerdo con el presupuesto. La primera etapa incluye la estructura metálica y el piso, la segunda etapa el cerramiento total y las bodegas y la tercera es la construcción del cuarto de fibra óptica. Para este año se tienen proyectadas la primera y segunda etapa.
El módulo de TCU es financiado por la coordinación de Acción Social y por el proyecto Promoción y atención primaria para la salud.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Con la celebración del Foro cantonal sobre la situación actual y perspectivas del servicio de salud en Barva, la Alianza Cantonal inicia una serie de actividades de movilización encaminadas a exigir que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social asuma de una vez por todas la prestación del servicio de la salud y que se ordene la salida de la empresa COOPESIBA del cantón. El Foro está programado para las 6 y 30 minutos de la tarde del próximo viernes 12 de junio en las instalaciones de la Casa de ANDE, ubicadas 150 metros al sur del edificio Municipal.
La Alianza Cantonal Barveña ha decidido iniciar este proceso de movilización ciudadana de los usuarios afectados mediante la celebración de este foro en medio de una coyuntura marcada por el hecho de que las instalaciones del área de salud del cantón están en proceso de construcción, el 18 de diciembre del presente año vence el contrato entre la Caja y la empresa COOPESIBA que presta los servicios de atención de salud en los diez EBAIS del cantón y en este año han salido a la luz pública informes de la Auditoría y de la Contraloría internas de la CCSS sobre el funcionamiento irregular de la empresa.
El Lic Fredy Humberto Vargas Chavarría, uno de los abogados de la Alianza, manifestó que el Informe de la Auditoría Interna de la Caja No. ASS-03-2015 de fecha 10 de febrero del 2015 titulado “Estudio sobre la gestión en la prestación de los servicios integrales de salud en el primer nivel de atención reforzado en el Área de Salud de Barva” es claro, categórico y contundente en el sentido de que la empresa COOPESIBA es culpable de una serie de graves y sensibles incumplimientos de las obligaciones contractuales y de violación de numerosas leyes nacionales; la Junta Directiva de la Caja, en el ejercicio de las potestades de imperio que le asisten, la prevalencia del interés público y la cláusula del Convenio está en la obligación de resolver de manera unilateral el contrato con la empresa e iniciar un procedimiento administrativo para identificar a los funcionarios que consintieron que estas irregularidades se presentaran.
Señaló que entre los más graves incumplimientos en que ha incurrido la empresa y documentados en el informe de la Auditoría, destacan:
De cada diez horas de especialidades médicas solo una se destina para atención directa al usuario y las otras son para capacitación y reuniones internas de la cooperativa; ausencia de un médico internista, lo que afecta a un segmento de la población muy frágil que son personas mayores y de la tercera edad con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, alzhéimer, presión alta, a pesar de que la Caja lo ha venido pagando desde el año 2011; largas listas de espera, prácticamente en todos los servicios, por ejemplo para el 31 de octubre del 2014, había 219 en ginecología y 908 en psicología y para practicarse un electrocardiograma fue de 182 días.
Vargas Chavarría dijo que en el peor de los casos la Junta Directiva no debe prorrogar el convenio con la empresa, el cual vence el próximo 18 de diciembre del año 2015 y en su lugar, adoptar las medidas necesarias de transición para que la Caja, de una vez por todas, asuma la prestación del servicio de salud, como ordena el artículo 73 de la Constitución Política.
La dirigente Dorisa Ballestero de la Alianza Cantonal manifestó que la población está cansada de recibir un servicio deficiente y de mala calidad y de la campaña de mentiras que ha montado la empresa para proteger sus negocios y señaló que las condiciones de prestación del servicio son un desastre, frente a lo cual la Alianza ha acordado que la lucha no se detendrá hasta que la Junta Directiva ordene la salida de la empresa COOPESIBA de Barva de Heredia.
La dirigente recordó que además de los incumplimientos mencionados, la empresa incumple la Ley 8239 deberes y derechos de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, ya que ante el miedo de ser denunciada, la empresa ha quitado todos los rótulos y avisos informativos sobre los derechos que les asiste y la existencia de las Contralorías de servicios ordenados por los artículos 22 del reglamento de la Ley y el inciso a de la Ley.
Además indicó que la empresa viola el ordenamiento jurídico con el consentimiento de las altas autoridades de la Caja ya que no ha construido las mejoras y adaptaciones en sus instalaciones que ordena la ley 7.600 contra la discriminación de las personas con discapacidad, bajo el argumento de que los costos de las mejoras y las obras no se los reconoce la Caja.
La Alianza está integrada por el Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua, las asociaciones de desarrollo de los seis distritos y la Unión Cantonal, la Juventud del Frente Amplio, los Partidos Barva Unida y Acción Ciudadana, la asociación ambientalista SHURAKMA, el Club de Leones de Barva, La Comisión Especial Municipal Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva, el Sindicato Unión Médica Nacional y vecinos del cantón en general.
Para mayor información comunicarse con el Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83022347 y Dorisa Ballestero al teléfono 84322189.
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El pasado martes 09 de junio el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), convocó a conferencia de prensa “Apoya Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena”, en las Oficinas del Servicio Paz y Justicia SERPAJ.
Estuvieron presentes las/os Coordinadores Nacionales del FRENAPI Sergio Rojas Ortiz (Bribri -Salitre); Luisa Bejarano Montezuma (Ngöbe- Conte Burica); Pablo Sibar Sibar (Bröran-Térraba); Maritza Castro Cruz (Maleku- Palenque Margarita); Felipe Vargas Morales (Bribri-Salitre) y Lorena Sandoval Moya (Cabécar -Tayni).
El FRENAPI junto con el Comité de Apoyo, hablaron de la situación y lucha actual de los Pueblos Indígenas, especialmente en el Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (recuperación de los territorios) las nuevas Medidas Cautelares establecidas por la CIDH en Salitre y Térraba, así como de las políticas del Estado que violentan los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
*Para mayor información comunicarse al teléfono 2223-4472 o al correo electrónico: serpajcostarica@gmail.com
*Imagen tomada de la página de Facebbok del FRENAPI: https://es-es.facebook.com/pages/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica/306824652789688
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Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Conservar la riqueza natural de la Finca 4, reforestarla y lograr un uso adecuado del suelo son los motivos que mueven a diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica a proponer alternativas para el uso sostenible de esta finca que representa una isla natural dentro de la matriz urbana.
Según un informe realizado por la Escuela de Biología, el terreno de la Finca 4 es un parche de árboles grandes, con vegetación riparia, y crecimiento joven denso tipo charral que sirve de hábitat para aves residentes y migratorias y donde habitan especies de plantas que han desaparecido de toda el área urbanizada del Valle Central.
El viernes 5 de junio en el marco del Día del Medio Ambiente y la Semana Ambiental se realizaron dos actividades con este objetivo: una siembra de árboles organizada por la Comisión Foresta Universitaria y una mesa redonda a cargo de la Escuela de Psicología donde se presentó una propuesta integral de zonificación para el uso de la finca.
La propiedad denominada Finca 4 está ubicada en Mercedes de Montes de Oca, contiguo a las instalaciones deportivas (Finca 3), tiene un área total de 71.252,37 m2.
En ella habitan más de 100 especies de plantas y 117 especies de aves y sirve de refugio para especies de plantas que han desaparecido de toda el área urbanizada del Valle Central. Además, es un mosaico de ambientes donde se combinan bosque en regeneración y matorrales, según detalló el Dr. Bernal Rodríguez, con base en el informe elaborado por la Escuela de Biología.
A pesar de ser una zona que fue fuertemente impactada en el pasado, el biólogo Dr. Jorge Lobo explicó que allí se mezcla charral con áreas semi-arboladas de especies nativas, donde aún predomina el árbol de poró que se usaba para dar sombra a las plantas de café, también hay guavas, muñeco, guarumos e higuerones.
Los expertos además consideran la importancia social que tiene este espacio para la observación de aves, caminatas, práctica de deporte y su valor paisajístico.
Como un primer paso para la reforestación de este sitio, donde ya existen otras especies de árboles nativos, el pasado 5 de junio se llevó a cabo la siembra de árboles organizada por la Comisión Foresta Universitaria.
Allí sembraron árboles de cortés negro, caoba y aguacatillo, una especie típica de las zonas altas e intermedias de Costa Rica que produce frutos atractivos para las aves. “La idea de nosotros es mantener la siembra de especies que sirvan para mantener las poblaciones de aves en esta zona” explicó el Dr. Lobo.
En esta jornada además sembraron árboles en las Instalaciones Deportivas (finca 3), en la Ciudad de la Investigación (finca 2) para un total de 46 árboles de más de un metro de altura, entre los que se cuentan güitites, robles sabana y cortés amarillo.
Esta siembra forma parte del plan de reforestación que viene realizando la Comisión de Foresta Universitaria desde el año 2012 y tiene como propósito repoblar el campus universitario con árboles de especies nativas del Valle Central.
Además participaron el Consejo Técnico Ambiental, la Escuela de Biología, la Escuela de Psicología, el Programa de Voluntariado, la Unidad de Gestión Ambiental y el sector de Áreas Verdes de la Oficina de Servicios Generales.
El Consejo Técnico Ambiental de UCR a solicitud de la administración elaboró una propuesta de zonificación de la denominada Finca 4. Ésta se presentó en la mesa redonda “Muchos sueños…un lugar: construyendo el futuro de Finca 4” que se realizó en el Auditorio de la Facultad de Derecho el pasado 5 de junio.
La actividad contó con la participación del Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, el Dr. Bernal Rodríguez Herrera, director de la Red de Áreas Protegidas de la UCR y como moderador el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de Bilogía.
El Dr. Bernal Rodríguez explicó que se propone la creación de cuatro zonas: Una reserva que representa el 60% del área total, la cual incluye la zona de protección ribereña del Río Torres y un área donde hay mayor cobertura de bosque. Un 21, 4% del área se destinará a un Bosque Recreativo donde los vecinos podrán seguir caminado y haciendo ejercicios.
Un 11,6% estará dedicado para parcelas experimentales donde estudiantes e investigadores de Biología realicen experimentos de sucesión del bosque que también ayudarán a mantener la diversidad en la zona. Finalmente se reserva un 7% para construcción, en la parte más alejada del río y donde hay menos árboles, donde se podría ubicar el edificio de la Facultad de Odontología.
Esta propuesta para el uso y zonificación de la finca 4 se desarrolló tomando en cuenta el criterio de profesores de la Escuela de Biología y vecinos de la comunidad. En ella participaron representantes de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), la Escuela de Biología, la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI), el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), el Jardín Lankester, la Vicerrectoría de Administración, la Escuela de Psicología y la Red de Áreas Protegidas (RAP).
El Dr. Carlos Araya Leandro aclaró que la administración ha cambiado su posición inicial de construir en un 30% de los terrenos y ahora “esta administración está total y absolutamente de acuerdo con esta propuesta” de manera tal que, en el caso de que la Municipalidad otorgue el permiso de uso de suelo para construir, sólo se construiría el edifico de Odontología que representa un 7% del área y los accesos serán por la Finca 3.
Así mismo, el vicerrector reiteró el compromiso que históricamente la UCR ha tenido con la conservación del medio ambiente. También aseguró estar de acuerdo con la lucha que los miembros de la comunidad han dado por la protección de la Finca 4 que calificó de “una lucha absolutamente pertinente”.
Miembros del movimiento conservacionista y el grupo probosque Guaymí se mostraron de acuerdo con la propuesta presentada. Además, reiteraron su solicitud para que la Universidad los incorpore en una mesa de diálogo para la planificación de la Finca 4 y la Finca 3, las cuales afectan la calidad de vida de la población, según detalló la señora Miki Bors.
El Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta asumió su compromiso para que la administración de los terrenos de Finca 4 sea administrada por esta Unidad Académica junto con la Red de Áreas Protegidas e indicó la necesidad de que el Consejo Universitario defina concretamente los porcentajes de zonificación de la finca tal como se recomiendan en esta propuesta.
Memoria
Desde abril del 2013, la UCR inició los trámites legales ante la Municipalidad de Montes de Oca, para obtener el uso del suelo en la Finca 4 con el propósito de desarrollar varias edificaciones en un 30% de la propiedad y un 70% dedicado a áreas verdes.
Desde entonces los vecinos del grupo pro bosque Guaimí se han opuesto a cualquier desarrollo que se intente realizar en esta propiedad universitaria bajo el argumento principal de que es un bosque, bajo los principios de irreductibilidad del bosque y del indubio pro natura.
El Consejo Municipalidad de Montes de Oca envió la consulta a la Procuraduría General de la República para definir si esta finca es o no es bosque y así poder definir el uso de suelo y por tanto el futuro de esta finca.
En el mes de mayo del 2015 el Consejo Universitario de la UCR declaró el 60% de los terrenos de la Finca como reserva ecológica dedicada a la preservación y refugio de especies naturales, así como a la investigación.
Según detalló el vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya Leandro, existen dos escenarios; si se le niega a la UCR el uso del suelo el 100% de la finca permanecería como zona protegida y si la Universidad obtiene el permiso se limitaría a construir sólo el edificio de la Facultad de Odontología que corresponde a un 7% del terreno.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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