La dignidad humana frente a la politización de la ayuda y el derecho internacional

Alejandro Machado García
Consultor
Gestor de desarrollo, género y migraciones

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no nació como un tratado internacional jurídicamente vinculante en sentido estricto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del orden internacional. Su amplia aceptación, la práctica sostenida de los Estados y su influencia en tratados, constituciones y decisiones judiciales han contribuido a que numerosos principios contenidos en ella sean reconocidos como normas de derecho internacional consuetudinario. Su importancia no es únicamente jurídica: también representa un compromiso político y ético con la protección de la dignidad humana.

En ese marco, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria cumplen una función esencial: responder a las situaciones que colocan a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de manera temporal o permanente. Conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados, crisis económicas y persecuciones políticas pueden destruir las condiciones mínimas para una vida digna. Frente a esas realidades, la cooperación internacional procura proteger a las personas, aliviar el sufrimiento y garantizar que nadie quede excluido por su nacionalidad, situación migratoria, género, raza, religión, condición económica u opinión política.

La construcción de este marco internacional fue el resultado de un proceso doloroso. Las dos guerras mundiales demostraron el costo de dejar las relaciones entre los Estados sometidas exclusivamente a la lógica de la fuerza, los intereses geopolíticos y la capacidad militar. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, provocó aproximadamente 20 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, dejó entre 70 y 85 millones de personas fallecidas. A ello se suma el Holocausto nazi, durante el cual fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otras minorías perseguidas.

Pero las violaciones a la dignidad humana no se limitaron a los escenarios bélicos. Durante décadas, el trabajo careció de una regulación internacional adecuada; en fábricas textiles y minas de Europa y América eran habituales jornadas de entre 14 y 16 horas. Persistían la servidumbre por deudas, la explotación infantil y diversas formas de discriminación. Las mujeres no podían votar en numerosos países ni ejercer plenamente derechos económicos básicos, como abrir una cuenta bancaria o administrar sus bienes. La creación del Sistema de Naciones Unidas y el desarrollo progresivo del derecho internacional respondieron, precisamente, a la necesidad de sustituir la imposición por reglas comunes, cooperación y responsabilidad compartida.

De esa historia surge una premisa sencilla, pero fundamental: los derechos protegen a las personas por el hecho de ser humanas, no por su riqueza, su nacionalidad, su cercanía con un gobierno o su afiliación política. La dignidad no se compra, no se vende y tampoco se obtiene como recompensa por mérito económico. No pertenece exclusivamente a quienes se ubican a la izquierda o a la derecha, ni depende de la aprobación de un partido o de un gobierno. Es inherente a toda persona.

Por eso deben observarse con preocupación las narrativas que pretenden convertir la asistencia humanitaria en una concesión política. La ayuda no puede depender de la afinidad ideológica, de relaciones de compadrazgo ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Tampoco debería utilizarse como instrumento de presión, castigo o legitimación política. Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia establecen que la acción humanitaria debe responder a las necesidades de las poblaciones afectadas y mantener autonomía frente a objetivos políticos, económicos o militares.

La asistencia humanitaria comprende mucho más que la entrega de alimentos, medicinas o refugio. Incluye acciones de protección y promoción de derechos en contextos de emergencia, de acuerdo con la naturaleza de la crisis y las condiciones de las comunidades afectadas. Su propósito es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad.

Las narrativas de odio y polarización, nos invitan a preguntarnos: ¿Se defenderán los principios universales incluso cuando hacerlo implique costos políticos, o se optará por callar para sobrevivir frente a gobiernos poderosos? La línea entre la prudencia diplomática y la complicidad puede volverse peligrosamente delgada. El temor a represalias, a la expulsión de organismos o a la restricción del acceso humanitario no debería conducir a la renuncia de las responsabilidades internacionales, nos invita a ser valientes.

Existe un intento evidente por debilitar la confianza en el Sistema de Naciones Unidas, en el derecho internacional y en las respuestas humanitarias. Precisamente por eso es necesario señalar los incumplimientos con claridad y coherencia. Si la comunidad internacional denuncia la selectividad y la desigualdad de poder, pero guarda silencio cuando las violaciones son cometidas por gobiernos aliados o económicamente influyentes, termina atrapada en una contradicción: el sistema que debía limitar la arbitrariedad acaba otorgándole la razón al poder político y económico, y restándose credibilidad frente a la gente.

Defender la dignidad humana exige aplicar los mismos principios a todas las personas y en todos los contextos. De lo contrario, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios administrados por quienes tienen mayor poder. La asistencia humanitaria, el derecho internacional y la cooperación solo conservarán su legitimidad si permanecen al servicio de las personas, no de los gobiernos.