El Trabajo Comunal Universitario TCU-590 invita a la comunidad a participar en las sesiones informativas del proyecto «(TC-590) Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales». Estas sesiones se llevarán a cabo el lunes 11 de marzo a las 2 p. m. y el martes 12 de marzo a las 10 a.m. a través de la plataforma Zoom.
El TC-590 se ha comprometido con el acompañamiento de organizaciones comunitarias que enfrentan conflictos socioambientales desde un enfoque crítico y político. Esta iniciativa busca promover la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, así como fortalecer las organizaciones comunitarias para hacer frente a los desafíos socioambientales que enfrentamos.
Durante las sesiones informativas, se brindará información detallada sobre el proyecto TC-590, sus objetivos, metodologías de trabajo y cómo participar en él. Además, se abrirá un espacio para responder preguntas y discutir ideas con los participantes interesados en sumarse a esta importante labor de defensa comunitaria.
¡No te pierdas esta oportunidad de involucrarte en la protección de nuestro entorno y en la lucha por un futuro más sostenible!
¡Esperamos contar con tu participación activa en estas sesiones informativas! Juntos, podemos marcar la diferencia en la defensa de nuestro territorio y medio ambiente.
El pasado 8 de agosto 2023, el Foro Tribal Afro-Costarricense envió una carta al Consejo Municipal de Talamanca y la Comisión del Plan Regulador Costero, donde inmerso en sus propuestas se encuentra textualmente lo siguiente:
“El Plan Regulador Costero del Caribe Sur del cantón de Talamanca es una necesidad urgente para garantizar a los descendientes de los pobladores ancestrales su derecho a la tierra, su derecho a existir como pueblos costeros, (…)”.
Tanto el Municipio de Talamanca como el Estado costarricense, sin duda, utilizarán esa solicitud escrita para silenciar los reclamos que en el futuro haga la comunidad Tribal Cahuita, por cualquier impacto adverso como consecuencia de la implementación del próximo a aprobarse Plan Regulador Costero. Bien podríamos calificarlo como: UNA SOLICITUD MORDAZA.
Hasta la fecha no han dado señales de alejarse de tan errónea posición; por tal motivo, un número considerable de personas de la Comunidad Tribal Cahuita, promovidas y organizadas por este servidor, no han encontrado otro recurso que desautorizarlos como nuestros voceros, ya que persisten en imponer su voluntad, donde al final, las generaciones futuras sufrirán consecuencias muy dolorosas, que durarán al menos medio siglo.
Nuestro grito en Cahuita siempre ha sido y seguirá siendo: No un Plan Regulador Costero basado en el Reglamento I.C.T., sino un Plan Regulador Urbano basado en la Ley INVU.
Esto se debe a que nuestras zonas costeras ya están urbanizadas y lo que se requiere es una planificación territorial de cara al futuro. Es decir, lo que está ya está, y partamos de allí hacia delante.
¿PORQUE CASTIGAR AL PUEBLO POR LAS PROPIAS NEGLIGENCIAS Y CORRUPCION DEL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD?
Tampoco vamos a aceptar el cuento de que un reglamento, su anexo o acuerdo Municipal vaya a cambiar lo establecido en las leyes de la ZMT: llámese 6043 de 1977 o 9442 y 9221 de 2014, mucho menos la Constitución Política, porque contraviene el principio de legalidad. (PIRÁMIDE DE KELSEN).
Mucho menos vamos a estar de acuerdo en que la oportunidad de optar por una CONCESIÓN de las tierras de nuestros antepasados nos dará seguridad jurídica o el derecho a la tierra, el derecho a existir como pueblo costeño, así como el derecho a una vida digna y una mejor calidad de vida, como ha dado a entender el «Líder del Foro Tribal» señor Edwin Patterson Bent.
A estas alturas debe quedar claro que el sistema de justicia nacional está sesgado en contra de la reivindicación de los derechos de propiedad privada de la población afrocostarricense en la franja costera del Caribe Sur y Norte.
En la medida en que incluso aquellas áreas desafectadas del Patrimonio del Estado en el pasado por la Ley 35 de 1915 y la Ley 166 de 1935, destinadas a la ocupación privada de nuestros ancestros, han sido recuperadas por el Estado a su Patrimonio fuera del debido proceso establecido en las misma Ley y Constitución Política del país. Eso no nos deja otro recurso que el de buscar justicia en el ámbito internacional.
El pasado 5 de marzo de 2024, la comunidad tribal de Cahuita presentó una carta ante el consejo municipal del cantón de Talamanca con motivo de su oposición a la representatividad del Foro Tribal Afro costarricense, el cual actúa al margen de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) y a su vez apoya el Plan Regulador Costero ante el cual la comunidad tribal se opone.
Según lo que se expone en la carta, el Foro Tribal se autonombró y estructuró de manera arbitraria, pasando por alto el artículo 3, del decreto N°43532-MP-MINAE-MCJ-MEP Constatación del auto reconocimiento de la población afro costarricense como pueblo tribal, en el cual se establece: “La organización del Foro del pueblo Tribal Afro costarricense actualmente se encuentra a cargo de la asociación de desarrollo integral de Cahuita, se encuentra vigente sin ninguna modificación”.
Además señalan, que los acuerdos de los miembros que fungen como representantes del Foro Tribal se realizaron de forma ilegal y bajo actos de abuso de poder, extralimitando sus funciones y atribuyendo a sí mismos competencias que no le corresponden, esto debido a que no fue un acuerdo de asamblea, ni del pueblo, por el contrario, violentaron el derecho de participación de la población afrodescendiente y de quienes se encuentran afiliados a la ADIC, es por esa razón que la comunidad tribal considera que no pueden arrogarse su representación.
En la carta, la comunidad tribal de Cahuita enfatiza en que deslegitiman y se oponen a cualquier decisión que tome el Foro Tribal en nombre de la comunidad tribal de Cahuita, esto en el marco de las acciones que se están tomando con el plan regulador costero, y con motivo de una carta dirigida a la comisión del plan regulador costero de Talamanca, el 8 de agosto del 2023, mediante la cual Edwin Patterson –presidente de ATACS y supuesto líder del Foro Tribal Afro costarricense– señala que el plan costero es una necesidad.
En total, la comunidad tribal presentó dos cartas con el mismo contenido, una al consejo municipal del cantón de Talamanca y otra, que fue enviada a Edwin Patterson Bent, autonombrado representante del Foro Tribal Afro costarricense y presidente de ATACS. Ambas cartas fueron firmadas por miembros de la comunidad tribal de Cahuita.
Se invita a consultar los documentos adjuntos para obtener mayor información, en los mismos se evidencian ambas cartas y las firmas de las personas que las envían.
El pasado de 13 de julio el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) hizo público el comunicado en el cual confirma que Guanacaste es la provincia que registra mayor intención de metros cuadrados (m²) de construcción para proyectos urbanísticos y habitacionales durante el primer semestre del año 2023. Desde el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OTMS) hemos apuntado en boletines anteriores esta tendencia ascendente desde el año 2014 [1] [2]. Los datos previamente publicados por el OTMS señalan que durante el año 2022 y el primer semestre del 2023 los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y, en menor medida, Liberia como los que concentran la mayor cantidad de m² destinados a proyectos urbanísticos, habitacionales, y en tercer lugar de tipo comercial. En Nicoya resaltan los destinos costeros de Nosara y Samara; en Santa Cruz las playas de Tamarindo y Cabo Velas. En el cantón de Carrillo el distrito de Sardinal, lugar donde se ubica Playas del Coco. Por su parte en el cantón de Liberia sobresale el distrito cabecero del mismo nombre y Playa Nacascolo. Estos siete destinos se consolidan como puntos calientes del mercado de bienes raíces postpandemia. También, por el tipo de construcción se confirma que en Guanacaste se consolida la oferta turística residencial por sobre otras como la hotelería tradicional. Lejos de ser un crecimiento de m² inédito, datos que abarcan desde los años 1984 a 2022 demuestran una tendencia afín, especialmente, desde la entrada del siglo XXI. Una primera lectura de los datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y analizados por el OTMS evidencian que la provincia de Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008 que supuso la desaceleración del mercado inmobiliario a escala planetaria. Con la diferencia que el actual repunte evidencia un ritmo mayor en un periodo de tiempo más corto. Mientras que en el pico de inversión del 2007 llegó a 711,195 de m² en periodo de siete años; para el 2022 alcanzó los 724,315 m² en solo dos años luego descenso a causa de la pandemia. Con una tendencia creciente que parece se mantendrá en este 2024.
Un análisis más detallado sobre la tendencia de inversión inmobiliaria en Guanacaste permite reconocer correlaciones relevantes vinculadas a episodios conflictivos. La revisión bibliográfica de los principales conflictos socioambientales en la provincia vinculados a desarrollos turísticos inmobiliarios en los cuales se haya utilizado repertorios de acción colectiva directa como bloqueos, marchas, perifoneo, vigilias y/o sentadas evidencia que suceden con cada aumento de inversión turística inmobiliaria. Desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el año 2000 hasta el 2021 se registran diecisiete acciones directas importantes en cuatro comunidades del norte hacia el sur de la provincia: La Lorena (Santa Cruz): En el año 2000 la comunidad de La Lorena registró cuatro movilizaciones en contra de la intención del Hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones [3]. Posteriormente, en el 2014 y 2018 se registran dos últimas movilizaciones de la comunidad por el mismo motivo [4].
Sardinal (Carrillo): En el 2008 la comunidad de Sardinal registró siete movilizaciones en oposición a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en Playas del Coco [3]. Posteriormente en el 2019 se registra una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto [5]. Potrero (Santa Cruz): en octubre del 2014 la comunidad de Potrero realizó una sentada frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Posteriormente realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Las dos acciones manifestaban un rechazo a la pretensión de varios complejos residenciales de la zona de tomar agua para abastecer sus instalaciones [6]. Nosara (Nicoya): El 5 de junio del 2021 grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretende regular el crecimiento de residencias turísticas en Nosara y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona [7]. Esto permite llegar a unas primeras conclusiones del fenómeno turístico inmobiliario en Guanacaste. Primero, que el ritmo de inversión actual provincial evidencia una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. Segundo, cada ciclo de aumento de inversión parece estar vinculado a episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. Tercero, la relación inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales se mueve históricamente hacia las playas al sur de la provincia a partir de la ubicación de las cuatro comunidades señaladas.
Notas [1]. Barboza Núñez, E. (marzo, 2023) Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste [2]. Díaz Soto, M. (agosto, 2023) Al cerrar el primer semestre de 2023, Guanacaste concentra el 25% del total de metros tramitados para construcciones de tipo habitacional en el país [3]. Silva Lucas, A. (2019) Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal. En: Agua y Poder en Costa Rica 1980-2017. Felipe Alpízar R,; editor. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica. [4]. Silva Lucas, A. (2018). Lorena (Guanacaste): Agua, territorio y espacios de representación. Alba Sud, 05/12/2018 [5]. Silva Lucas, A. (2019). Inauguración del acueducto CocoOcotal: ruptura y profundización del modelo turístico en Guanacaste. Alba Sud, 13/03/2019 [6]. Bolaños Blanco, C. (2016) Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. [7]. Silva Lucas, A. (2021) Nosara se moviliza en apoyo al reglamento de construcciones. Alba Sud 24-06-2021
El día de hoy en la tarde la Municipalidad convocó nuevamente una audiencia pública obligada por la Sala Cuarta (Resolución N° 2023031756) ante la falta de consulta a la comunidad indígena de Kéköldi, mediante una carta enviada a la Municipalidad por la Nueva Junta Directiva 2023-2025 rechazó el plan y pidió suspender la audiencia.
La carta señala que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador “es impuesto por la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.
Aseguran que “no estamos a favor de este plan regulador dado a que violenta nuestra forma de vida, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestras tierras y nuestro ambiente. Como comunidad Tribal Afrocostarricense de Cahuita, defendemos el derecho a una consulta adecuada a las características propias, de buena fe, libre previa e informada (según artículos 6 y 7 del Convenio 169)”.
Solicitaron “respetuosamente suspender la audiencia pública y proponemos sentarnos a la mesa y planificar la regulación de nuestro territorio de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones donde se respete la integridad de nuestro pasado, nuestro presente y para nuestro futuro”.
La ADI de Cahuita -que no se había pronunciado hasta ahora- justificó su rechazo basados en el Convenio 169 de la OIT donde «Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación»; fundamentado “en que se declaró de interés público a la población afrodescendiente de nacionalidad costarricense asentada en comunidades del Caribe costarricense”, “y se reconoce a Cahuita miembro de pueblos tribales afrocostarricenses” y que es la comunidad de Cahuita encargada de la creación del Foro Tribal de Afrodescendientes y que en el Decreto N° 43532 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública.
La ADI “es el órgano que da voz a la Asamblea General y a la comunidad tribal de Cahuita” y asegura reconocer “la urgente necesidad de ordenar el territorio de nuestra comunidad y establecer lineamientos y regulaciones para el crecimiento y desarrollo de nuestra población, haciendo énfasis en la conservación de nuestras costumbres, cultura, historia y en integración con el ambiente marino costero que nos sostiene”.
Mientras el Movimiento Cahuita Unida en un pronunciamiento asegura que el Plan Regulador “ha sido declarado en varios de sus procesos con irregularidades, no representa el deseo ni sentir del desarrollo que nuestro pueblo costero de Cahuita quiere y se merece”.
Para el Movimiento “es evidente que el proceso de análisis, estudios y programación del Plan regulador han sido mal hecho, ya que constantemente la Sala ha evidenciado que en alguno de los pasos administrativos hay inconsistencias o asuntos incompletos”.
Recuerdan que la además de esta nueva consulta exigida por la Sala en febrero también obliga al SINAC a completar la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo “evidenciando que los estudios previos estaban malos e incompletos y que bajo esa premisa no se puede administrar de buena fe el territorio. Además, la SETENA argumenta que la certificación es un trámite más y que luego de hacerlo se adjuntará al plan sin certificar que, las modificaciones realizadas, cambian del todo el panorama inicial de gestión territorial para el desarrollo del plan regulador”.
La comunidad está invitada a participar en la Octava Jornada Nacional de Acción por Nuestros Ríos, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo, de 9 a. m. a 1 p. m. en el Parque de la Paz en San Sebastián de San José. Esta jornada tiene como objetivo principal la limpieza y conservación del Río María Aguilar, un importante cuerpo de agua de nuestra región.
Además de la limpieza del río, habrá una variedad de actividades para disfrutar durante la jornada. Desde talleres educativos hasta juegos recreativos, todos los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales de una manera divertida y significativa. ¡Y no olvides traer tu canasta para disfrutar de un picnic junto al río!
El punto de encuentro para todos los participantes será la entrada norte del Parque de la Paz, ubicada detrás del centro comercial Centro Comercial del Sur. Desde allí, nos organizaremos para iniciar la limpieza y las actividades planificadas.
Para cualquier consulta o duda, no dudes en comunicarte a los números de teléfono 8876-2319 o 8389-5353. También te invitamos a seguir la página de Facebook PicnicEnElRioCR para obtener más información y actualizaciones sobre el evento.
¡Unite a nosotros y sé parte de esta importante iniciativa de cuidado ambiental! Ayudemos juntos a proteger y preservar nuestros ríos para las generaciones futuras.
El pasado martes 5 de marzo se reunió en horas de la noche en el salón parroquial de la Iglesia San Vicente de Ferrer, en el cantón de Moravia, un grupo de personas con la finalidad de crear la Comisión Hídrica Moraviana.
Quedó conformada de la siguiente manera: en la Presidencia Susan Saprissa; Gerardo Badilla por su parte en la Vice Presidencia e Iris De la Paz en la Secretaría; Sebastian Villegas en Tesorería; Amanda Arroyo-Cabezas y Roberto Madrigal en Vocalía 1 y 2 respectivamente, finalmente Kevin Méndez en Fiscalía y Luis Orlando en la Coordinación de Comunicación.
La comisión tiene como objetivo ser puente entre las autoridades responsables y las comunidades, con el fin de buscar soluciones ante la situación de crisis de agua que vive el cantón de Moravia.
Información compartida con SURCOS por Gerardo Badilla.
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
La reunión se realizó en el Liceo de Isla Chira este miércoles 6 de marzo.
Como parte de las acciones destinadas para acercar el Poder Judicial a la gente, el próximo miércoles 6 de marzo de 2024, autoridades judiciales se trasladaron a Isla Chira para sostener un diálogo abierto con los vecinos de esta comunidad.
Este encuentro ciudadano inició a las 9:30 a.m., bajo la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y se llevó a cabo en el marco de la reunión del sector Justicia de Costa Rica, con el objetivo de acercar y mejorar los servicios en la Isla Chira.
La ciudadanía tuvo la posibilidad de dialogar con personal judicial, realizar trámites, acceder a información, recibir capacitación, conocer propuestas de mejora de servicios y dar sus puntos de vista.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que visitas como esta evidencian la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente. “Para mejorar los servicios de justicia, es esencial escuchar a las personas usuarias, tener empatía con ellas, buscar siempre mejorar; por ello es por lo que dejamos nuestras oficinas en San José para conocer otras realidades de primera mano”, manifestó.
La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de justicia, direcciones administrativas y personal judicial. Además de representación de la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Los ciclosde aumento en el ritmo de construcción inmobiliaria concuerdan con episodios de protestas socioambientales en comunidades costeras de Guanacaste, señala el OBTUR-UNA.
El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).
Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.
Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.
Defensa del agua
Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.
La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo. En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.
La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.
Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.
Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia.
La concordancia inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.
VÍDEO:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Santa Misa, 15 de octubre 2023, en la resistencia pacífica de la Ciudad de Guatemala, liderada por las autoridades ancestrales de los pueblos originarios.
Texto de Mayra Rodríguez, Sector interreligioso Centinelas, Guatemala
El 2023 fue un año épico para Guatemala. Era un año electoral, en el que, a pesar de que muchas instancias sociales y civiles habían apostado por la formación ciudadana, el panorama no era halagüeño. 26 de 30 partidos políticos buscan perpetuar en el poder a las fuerzas antidemocráticas, que han vivido por años de la impunidad, la corrupción y la violencia.
Las elecciones fueron en junio y con ellas se abrió una brecha a la esperanza que se consolidó en agosto, en una segunda vuelta electoral que llevó al ejecutivo a un binomio presidencial propuesto por un partido político pequeño, nuevo, integrado en su mayoría por jóvenes bajo el liderazgo de Bernardo Arévalo, hijo de uno de los presidentes que hizo historia en Guatemala por generar nuevas rutas para el país, allá por la década de los 40’s, en el período conocido como la Primavera democrática de 1944-1954.
Dicho triunfo electoral activó todos los mecanismos de las mafias que se resisten a salir del Estado y, con el Ministerio Público (MP) como su principal operador, inició una cacería de brujas contra el binomio ganador y su partido político, que terminaron afectando a toda la población. No solamente abrían procesos penales espurios contra el partido, sino que atacaron al Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano rector del proceso y secuestraron las urnas en las que el pueblo había emitido su decisión. Un golpe estado se gestaba, aún antes de que el binomio electo tomara posesión de sus cargos.
Frente al riesgo de perder la poca democracia de Guatemala, un actor importante -y mayoritario- se movilizó: los pueblos originarios, que bajo el liderazgo de sus autoridades ancestrales y comunitarias lideraron una gesta histórica que nos llevó a seguir respirando esperanza y creer en Otra Guatemala Posible, con el concurso de todas y todos.
Las varas de las autoridades ancestrales y comunitarias, símbolo de servicio, en el último día de resistencia en Gerona, frente al Ministerio Público.
Del 02 de octubre de 2023 al 15 de enero de 2024, los pueblos originarios de Guatemala lideraron una lucha pacífica, a la que se sumaron distintos sectores organizados y no organizados de la sociedad con plantones en diversos puntos del país, teniendo como punto central la calle frente al edificio que ocupa el Ministerio Público. La demanda: el respeto a la democracia y la renuncia de quienes habían dirigido el secuestro del voto popular: la Fiscal General y 2 de sus fiscales, así como el juez que dio la orden judicial.
Las autoridades ancestrales y comunitarias dieron cátedra y cambiaron las formas de protesta social acostumbradas en la ciudad. Las vuvuzelas se sustituyeron por discursos con contenido político; las palabras disonantes fueron excluidas de dichos discursos, en los que siempre existió un poderoso llamado a la lucha pacífica. No manchar y mucho menos dañar la infraestructura pública fue otra de las características de dicha protesta y un llamado constante a protestar con el rostro descubierto, porque cuando se defiende la democracia se hace “con la cara y las manos limpias” decían.
Nos enseñaron que todas y todos podemos ser parte activa de la lucha y defensa de la democracia, de diversas formas. Saliendo a las calles con carteles y discursos, si, pero para aquellos que no podían, también era importante llevar un plato de comida, un poco de música, algo de arte, en los momentos que pudieras. A esta lucha aportaron incluso quienes tuvieron que abandonar el país, migrantes guatemaltecos en todo el mundo fueron parte de la lucha por la democracia.
Voluntarias y voluntarios en la Cocina Solidaria, preparando y sirviendo alimentos para los pueblos en resistencia.
En esa gesta histórica la fe jamás hizo falta. La oración y los servicios religiosos acompañaron cada día, los distintos plantones que defendieron la democracia del país. Enfrente del MP por ejemplo, no hubo domingo que hiciera falta la Santa Eucaristía, como tampoco hizo falta el culto evangélico.
Fueron 106 días en que las comunidades indígenas nos enseñaron la dimensión de la fe y de cómo se vive de manera colectiva. Fueron 106 días en los que los pueblos compartieron sobre organización comunitaria, sobre solidaridad, sobre resistencia, digna resistencia. 106 días en que las autoridades ancestrales y comunitarias movilizaron dignidad y reconocimiento. 106 días que hoy nos permiten escribir una nueva historia para Guatemala, con el protagonismo y liderazgo de las autoridades ancestrales y comunitarias.
Notas:
La Mesa Ecuménica Regional (MER) es un espacio de encuentro y trabajo colectivo entre diferentes organizaciones ecuménicas de México, el Caribe y Centroamérica que busca fortalecer las redes de colaboración e incidencia de nuestras organizaciones generando espacios para la reflexión y el análisis, la planificación y la incidencia en los países de la región ante la creciente amenaza y vulneración de los derechos humanos y de la tierra. Está conformada por:
