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Yímba Cájc realizará un grandioso bingo

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Por Uriel Rojas

Será este sábado 18 de octubre

La comunidad indígena de Curré/Yímba estará realizando un grandioso bingo, cuyos fondos recaudados serán utilizados para continuar con las mejoras y el mantenimiento del cementerio de la localidad.

Además de estos valiosos premios, se podrá disfrutar de una gran variedad de comidas y bebidas a precios muy cómodos.

Esta actividad se estará llevando a cabo en el Salón Comunal a partir del mediodía y el precio por cada cartón es de tan solo ₡3.000.

Usted puede ser la persona ganadora de algunos de estos premios:

1. Una plantilla de gas

2. Una olla arrocera

3. Una tetera

4. 10.000 en efectivo

5. Set de limpieza

6. Un abanico

7. Kit de herramientas

8. Una sorpresa

9. Una canasta de víveres

10. 25.000 en efectivo

11. Un sartén eléctrico

12. Corte de cabello

13. Una pantalla

14. 100.000 en efectivo

15. Una colonia

Los fondos recaudados serán para continuar con las mejoras y el mantenimiento del Cementerio de Yímba Cájc.

Organiza: Comité Pro Cementerio Yímba Cájc 2025

De “indeseados” al derecho a ser consultados

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Por Bernardo Archer Moore

Durante más de un siglo, las personas negras en Costa Rica fuimos consideradas “indeseadas”: una raza sin derecho a nacionalidad ni a poseer tierras.

Las leyes de colonización del siglo XIX nos excluyeron por el color de la piel, y los decretos migratorios de inicios del siglo XX reforzaron esa discriminación.

Éramos extranjeros en nuestra propia tierra.

Lo sé, porque mis padres lo fueron durante la mayor parte de sus vidas.

Pero el tiempo y la resistencia de nuestros mayores abrieron grietas en ese muro de exclusión.

Con la Constitución de 1949 comenzó un proceso lento, pero firme, de reconocimiento de derechos.

Y el 19 de septiembre de 2025, la historia dio un giro:
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución N.º 2025-029985, reconociendo por primera vez que los pueblos tribales afrocostarricenses, como Cahuita, tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada.

Esto significa que toda decisión del Estado —política, administrativa o de desarrollo— que afecte nuestros territorios o nuestras formas de vida debe ser consultada con nosotros.

Y lo más importante: esa consulta es vinculante.

Esta transición —de la invisibilidad a la autoridad colectiva— marca un antes y un después.

No solo para las instituciones acostumbradas a imponer sin escuchar, sino también para nuestras propias comunidades, que por generaciones aprendieron a agachar la cabeza ante el poder.

Así como la Ley N.º 35 de 1915 dejó huella al abrir por primera vez la puerta a la titulación de tierras de “negros y chinos”, esta nueva resolución marcará el inicio del fin del despojo institucionalizado que hemos sufrido en el Caribe costarricense a manos del ITCO, IDA, INDER, ICT y MINAE.

Hoy, los descendientes de quienes fueron negados legalmente tenemos el derecho —y el deber— de ser consultados, escuchados y respetados.

Eso es justicia histórica.

No se trata solo de Cahuita.

Esto no se trata únicamente de Cahuita, sino de todas las comunidades de la República que hoy deciden abrazar su herencia africana en lugar de ocultarla por vergüenza, producto del estigma histórico que durante siglos se asoció con la negritud.

Hoy comprendemos que ya no es el gobierno quien determina nuestro destino.

Somos nosotros mismos quienes estamos entre la pobreza y la prosperidad.

Gracias a SIBU, nuestro poder supremo, hemos comenzado a ver la luz al final del túnel.

Esa luz representa la dignidad, la unidad y la esperanza que siempre nos pertenecieron.

Muchos han escuchado la noticia,

pero pocos comprenden su verdadero alcance.

Acostumbrados a vivir en la sombra del pasado, no todos logran ver todavía la claridad del porvenir que se asoma en el horizonte.

Tomará tiempo, sí… pero eventualmente lo harán.

Esa es mi esperanza.

Que el Todopoderoso bendiga a todos nuestros pueblos.

25 años del Técnico en Gestión Local de la UNED, historia de compromiso y transformación comunal

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El programa de Gestión Local de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) conmemora 25 años del Técnico en Gestión Local. Este programa impulsa la transformación comunitaria por medio del empoderamiento social. Mediante la reflexión y los testimonios personas gestoras locales relatan como el técnico las impulsó hasta convertirse en agentes de transformación. Una persona gestora local se convierte en una intermediaria valiosa a la hora de desarrollar y construir planes para un futuro sostenible. Las personas gestoras locales desempeñan su labor desde el núcleo de las comunidades, con apoyo en el trabajo colectivo y con una visión de justicia social e innovación. Estas personas buscan impulsar el desarrollo sostenible y la esperanza en territorios costarricenses.

Teresita Villalobos, Rogelia Rojas y Sonia Medina Matarrita son egresadas del Técnico en Gestión Local. Ellas dan testimonio de los alcances del programa y con su historia exponen el efecto real del Técnico en Gestión Local dentro de sus comunidades indígenas. Estas personas relatan como este programa les facilitó herramientas para fortalecer su autoestima, liderazgo y su capacidad para defender los derechos y además gestionar proyectos en su territorio.

Durante el paso de los últimos 25 años ha existido una evolución en la gestión local. Tiempo atrás ser persona gestora comprendía diferentes retos como la falta de compromiso y la carencia de voluntad. Sin embargo, actualmente ser persona gestora local implica la unión de saberes tradicionales con herramientas en distintas áreas como lo digital, social y lo técnico para encarar los retos contemporáneos como la desinformación, el cambio climático y la desigualdad.

Para conocer más sobre el programa de Gestión Local de la UNED, puede acceder al video de la conmemoración de los 25 años en:

Proponen modelo de gobernanza regional participativa para la Zona de Los Santos inspirado en la democracia suiza

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El productor y dirigente cafetalero Fernando Naranjo Retana presentó una propuesta de Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos, que abarca los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental de la región.

El documento, titulado “Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos”, se inspira en los principios de la democracia suiza, caracterizada por la autonomía cantonal, la toma de decisiones colegiada y la participación ciudadana mediante referendos y consultas frecuentes. Naranjo propone adaptar ese modelo a la realidad de Los Santos, integrando la cultura cafetalera, la identidad local y la protección ambiental.

Estructura del modelo

El esquema propuesto contempla la creación de una Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú, que funcione como un Consejo Intermunicipal Colegiado con representación de los tres gobiernos locales. Este órgano tendría a su cargo la coordinación política, la planificación estratégica y la administración de proyectos regionales.

Además, se plantea un Consejo de Cooperativas, conformado por Coopetarrazú, Coopedota, Coopesantos, Coopesanmarcos, la Comisión Pro-Rescate de la Caficultura, microbeneficios y productores independientes, con el fin de promover acciones conjuntas en materia de caficultura sostenible, comercialización y fortalecimiento del sector.

En el ámbito local, se proponen Consejos Distritales con poder deliberativo y presupuestario, orientados a fortalecer la democracia directa y la participación de las comunidades en la definición de prioridades y uso de los recursos.

Democracia directa y participación ciudadana

El modelo propone implementar consultas cantonales periódicas sobre proyectos estratégicos, presupuestos participativos y espacios de deliberación y educación cívica, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad y el control ciudadano sobre las decisiones públicas.

Gestión cafetalera, ambiental y de carbono compartida

Entre los ejes centrales se incluye la protección de cuencas y bosques, la optimización de la producción bajo la Denominación de Origen Tarrazú, y el impulso de programas de sostenibilidad, agroforestería y carbono compartido. Estos esfuerzos buscan consolidar un equilibrio entre productividad, conservación ambiental y resiliencia climática.

Beneficios esperados

Según Naranjo, presidente de la Junta Directiva de ICAFE, la implementación del modelo generaría beneficios tanto sociales como ambientales:

  • Mayor control ciudadano sobre las decisiones locales.

  • Cooperación intermunicipal que incremente la eficiencia en el uso de recursos.

  • Fortalecimiento de la identidad y marca regional.

  • Consolidación de una caficultura sostenible y ambientalmente responsable.

Acciones prioritarias

El documento propone una ruta dividida en tres etapas:

Corto plazo (1-2 años):

  • Constitución formal de la Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú.

  • Consultas distritales piloto.

  • Programas de educación cívica y ambiental.

Mediano plazo (3-5 años):

  • Coordinación de cooperativas y microbeneficios en proyectos comunes.

  • Seguimiento de carbono y sostenibilidad.

  • Consolidación de presupuestos participativos.

Largo plazo (5-10 años):

  • Integración plena de la democracia directa en decisiones estratégicas.

  • Posicionamiento de Los Santos como modelo de gobernanza cafetalera sostenible.

  • Expansión de la cooperación intermunicipal en turismo, salud y educación.

Conclusión

Naranjo Retana resume su propuesta señalando que el modelo busca inspirarse en la experiencia suiza para construir una gobernanza regional adaptada a las condiciones sociales, económicas y ambientales de la Zona de Los Santos. “La meta es fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental, en beneficio del bienestar y la identidad regional”, afirmó.

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

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El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

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Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Reforma al Reglamento del Plan Regulador de Escazú: la comunidad exige más participación

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La organización CODECE informa a la comunidad de Escazú que este martes 30 de septiembre los regidores municipales presentarán una reforma al Reglamento de la Comisión del Plan Regulador de Escazú.

Desde la organización se recalca que cualquier modificación a este reglamento debe fortalecer la participación ciudadana y no restringirla, pues las decisiones sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón impactan directamente en la vida de sus habitantes, el uso del suelo y la protección de los recursos naturales.

CODECE advierte que se mantendrá atenta y vigilante ante la propuesta de reforma, recordando que el futuro de Escazú no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía. La consigna es clara:
“¡Reforma en camino! La comunidad espera más participación”.

La organización hace un llamado a vecinos y vecinas a involucrarse activamente en este proceso, para asegurar que las decisiones que se tomen realmente reflejen los intereses colectivos y promuevan un desarrollo local sostenible, inclusivo y democrático.

En Montes de Oro presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción del relleno sanitario Galagarza

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El pasado 24 de setiembre, la Municipalidad de Montes de Oro otorgó a la empresa EBI de Costa Rica S.A. el permiso de construcción definitivo para el proyecto denominado Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, segundo relleno sanitario en ese cantón.

El hecho generó una reacción inmediata en la comunidad. El 30 de setiembre, un grupo de 111 habitantes de diferentes comunidades —en su mayoría de Zagala Vieja, señalada en el estudio de impacto ambiental como la población más cercana al proyecto— presentó ante el Departamento de Desarrollo Urbano un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución MMO-DDU-43-2025 que otorgó el permiso.

Las y los firmantes alegan que el permiso municipal fue otorgado sin cumplir con requisitos técnicos y legales esenciales, entre ellos:

  • La ausencia de autorización para el tanque de autoabastecimiento de combustibles.

  • La falta del permiso de vertidos para aguas residuales tratadas.

  • La inexistencia de alineamiento oficial del INVU sobre los cuerpos de agua presentes en la finca.

  • El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 metros cuadrados respecto a la realidad registral.

El documento subraya que estas omisiones constituyen vicios sustantivos que afectan la validez del acto administrativo, al vulnerar principios de legalidad, seguridad jurídica y derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Las y los vecinos también cuestionan que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, pese a tratarse de un asunto de alto interés local. Según explicaron, se enteraron del otorgamiento de manera informal dos días después de emitido. Esto obligó a que el recurso se elaborara y recolectara firmas en un plazo muy corto, con el esfuerzo de recorrer casa por casa.

De las 111 firmas, más de 60 pertenecen a personas de Zagala Vieja, comunidad directamente afectada.

Finalmente, las personas recurrentes denunciaron que, tras enviar el documento a la Municipalidad, un número anónimo comenzó a difundirlo en chats comunales con información tergiversada, buscando desacreditar la gestión vecinal.

Imagen: Los rellenos sanitarios son definidos por las comunidades como territorios de sacrificio y resistencia.

Interconexión arbitraria e ilegal del sistema de conducción de agua del acueducto municipal de Naranjo – Comunicado

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Luego de transcurridos 6 días después de una conexión irregular, como Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, conscientes de que el derecho a la vivienda y el derecho al agua son derechos fundamentales de todos y todas las costarricenses, y que para esto en todo el país deben de cumplirse los debidos procedimientos con el fin que exista una administración justa y equitativa, no así, las medidas autoritarias que desvirtúan el sano desempeño de nuestra democracia y nos ponen al lado de las dictaduras más vergonzosas y violentas que pertenecen al pasado lamentable de América Latina.

Rechazamos rotundamente la interconexión arbitraria y con el uso de la fuerza pública, del sistema de conducción de agua municipal que llevó a cabo el AYA, con el fin de conectar el Proyecto La Esperanza, obligado por el presidente de la república Rodrigo Chaves, quién en conferencia de prensa del miércoles 17 de setiembre lo declaró.

Rechazamos la intromisión ilegal dentro de la autonomía municipal y el ordenamiento jurídico costarricense, debido a que existen procesos en trámite al respecto del tema en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Reafirmamos que el principio de la soberanía y el principio democrático que contiene la autonomía municipal dentro de nuestro cantón y nuestro país, es un pilar fundamental del desarrollo y gestión de cada cantón.

Hacemos ver que la acción sienta un precedente y pone en peligro a la ASADAS, ya que, según el convenio de delegación con el AYA, y según la ley de ARESEP, lo que está haciendo el AYA le corresponde al desarrollador, abriendo así portillos legales que perjudicarían la administración y las obligaciones actuales de la ASADAS.

Hacemos un llamado urgente a las instituciones del país que tienen competencia en este acontecimiento para que procedan a interponer las respectivas denuncias y los mejores oficios por el acto indebido administrativo, el abuso de autoridad, la violación de los derechos fundamentales relacionados con del derecho al agua de todos los y las naranjeñas, y la protección del recurso hídrico.

Somos conscientes de los tiempos que atravesamos como país y en el planeta, donde las dictaduras, el populismo y el neofascismo están llevando a cabo avances estratégicos y con fuerza para instalarse dentro de nuestras democracias, somos conscientes de que esto no lo podemos permitir.

Esta Comisión iniciará los debidos trámites correspondientes que aseguren la salvaguardia y la disposición del agua para el cantón, como ha sido su fin desde un inicio.

Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote.

Finca El Maderal: pulmón verde de San José en riesgo

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Vecinas y vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea se organizan para defender la Finca El Maderal, un área de más de 12 hectáreas de vida silvestre ubicada dentro del Corredor Biológico Interurbano Torres-María Aguilar, frente a un proyecto municipal que busca instalar un “parque ambiental” con planta de compostaje y centro de clasificación.

La Finca El Maderal es mucho más que un terreno, es un bosque que alberga más de 146 especies de aves, algunas únicas en el país, y que protege nacientes de agua que alimentan el río Torres. Su ubicación en una zona de alta sensibilidad hídrica la convierte en un espacio vital para la biodiversidad y la recarga acuífera del cantón.

La propuesta municipal es vista por la comunidad como un intento de convertir la finca en un relleno sanitario encubierto, dada la necesidad de botaderos que enfrenta el Gran Área Metropolitana. Las y los vecinos alertan sobre el alto riesgo de lixiviados y escorrentías hacia el río Torres, lo que contradice el principio de tutela ambiental preventiva.

Además, no existe un plan de control de vectores ni de olores, lo que pone en riesgo la salud pública y contraviene la Ley General de Salud (Ley.5395). También se proyecta una pérdida de hasta el 40 % en el valor de las propiedades cercanas, lo que afectaría el bienestar económico de las familias.

En esta misma línea, La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), mediante el Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 (28/05/25), confirmó la inviabilidad de accesos para tránsito pesado, ya que las calles son estrechas, con pendientes pronunciadas, radios de giro inadecuados, puente de un solo carril y ausencia de estudios estructurales de pavimento. Esto genera preocupación sobre el deterioro de la infraestructura local y la seguridad vial.

Las y los vecinos insisten en que la finca no es un lote baldío, sino parte de la Reserva de la Biosfera del Río Torres. Cada árbol y cada planta son parte de una red de vida que beneficia a toda el Área Metropolitana. La comunidad asegura que su voz será más fuerte que cualquier plan que atente contra este bosque y llaman a la ciudadanía a sumarse a su defensa: “¡Defendamos El Maderal!”

Para más información, actualizaciones y acciones locales, visite la página de Facebook de la organización: https://www.facebook.com/profile.php?id=61580471483497

Fuente imágenes: Página de Facebook Vecinos por El Maderal-Mata de Plátano y Semanario Universidad.