Se dice que por orden y seguridad (o por culpa de la pandemia) se le ha echado candado a los parques, gimnasios, escuelas y colegios, bibliotecas, templos, etc. Por lo general estos espacios tienen «dueño» o sea que alguien maneja la llave y otro alguien da la orden de que no se puedan utilizar las instalaciones para personas o grupos de la comunidad (por supuesto que esto no ocurre en el 100% de los casos, pero sí en muchos casos).
Es un deber de organizaciones educativas, culturales, ambientalistas, progresistas, que buscan armonía con la Naturaleza (como las Espirales Comunitarias del Buen Vivir), buscar la apertura de espacios públicos, parques y zonas verdes, donde se pueda incidir en la protección, orden y limpieza, siembra de plantas y árboles (ambiente para abejas, colibríes, mariposas, etc), la participación de personas de todas las edades y muy importante: no permitir que estos sitios se sigan llenando de cemente.
¡MENOS CEMENTO, MÁS VIDA!
Edison Valverde Araya, miembro de Espiral Comunitaria Pasoancho, Asamblea y Consejo Nacional del Buen Vivir
El cronograma electoral para las elecciones municipales de 2024, fue aprobado el 6 de diciembre de año 2022. El cronograma define las fechas que deben ser tomadas en cuenta por los partidos políticos y electores para que las elecciones resulten exitosas.
3 de octubre: Es el último día para recibir gestiones tendientes a modificar el padrón electoral (cierre del padrón electoral).
4 de octubre:convocatoria a elecciones municipales 2024.
Inicia el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de candidaturas.
5 de octubre: Comienza el periodo para que los institutos, universidades, cualquier persona física o jurídica (pública o privada) y las empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, se registren ante el TSE.
20 de octubre:Concluye el término para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas.
6 de noviembre: Termina el plazo para que las agrupaciones partidarias presenten las nóminas de delegados propietarios y suplentes a las juntas cantonales.
4 de diciembre: Es la última fecha para que los partidos comuniquen, por escrito, a la respectiva junta cantonal los nombres de los delegados propietarios y suplentes para conformar las juntas receptoras de votos.
16 de diciembre: Inicia la tregua navideña (prohibición para difundir propaganda política) y finaliza el 1° de enero del 2024, inclusive.
20 de enero 2024: Último día para entregar el material electoral a las juntas cantonales.
4 de febrero 2024:Elecciones municipales.
Según la información brindada por el TSE para el 4 de abril del 2024 se deberá concluir el escrutinio de las diferentes autoridades municipales.
Para las personas puedan emitir el voto con más comodidad y cercanía, se crean los distritos electores. Se toman en cuenta la cantidad de electores, las vías de comunicación, los servicios públicos, la existencia de escuelas o colegios… es decir las condiciones necesarias para instalar juntas receptoras de votos.
Estos son los 36 nuevos distritos electorales por cantón, revise y a lo mejor, el próximo voto podrá emitirlo en una junta más cercana.
Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla.
Trámite se llevarán a cabo a partir del 15 de setiembre de 2023.
Para acercar la justicia a ocho poblaciones del distrito de Bejuco, el Poder Judicial cambió la competencia territorial de los juzgados contravencionales de Nandayure y Jicaral, para beneficiar a las personas usuarias.
A partir del 15 de setiembre de 2023, por cercanía, los asuntos nuevos que requieran tramitar las personas que viven en las poblaciones de Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla, podrán realizarlos en el Juzgado Contravencional de Nandayure.
Los procesos judiciales contravencionales que actualmente se encuentran en trámite o activos en el Juzgado Contravencional de Jicaral, y que provienen de las zonas indicadas, deberán mantenerse en este despacho, hasta su finalización.
La disposición de las nuevas competencias territoriales de estos despachos judiciales contravencionales, las aprobó Corte Plena, mediante acuerdo tomado en la sesión 35-2023 del 08 de agosto de 2023, artículo V y se establecieron en la circular interna No. 196-2023.
Los cambios en la atención de los asuntos contravencionales de estas ocho poblaciones de Bejuco, se determinaron luego del informe y recomendaciones que presentó la Dirección de Planificación.
Adicionalmente, el acuerdo también estableció “…Mantener en el Juzgado Contravencional de Jicaral, la competencia territorial del resto de poblados pertenecientes a la zona de Coyote, en tanto se les facilita el traslado a las personas usuarias de ese lugar, dada su cercanía y el transporte público disponible, según pudo constatarse”.
Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Los asuntos contravencionales nuevos de las poblaciones indicadas se tramitarán a partir del 15 de setiembre en el Juzgado Contravencional de Nandayure.
Este martes 5 de septiembre a partir de las 5:30 p.m. se concentrarán decena de vecinos frente a la Municipalidad de Belén con la finalidad de protestar ante a construcción de un megaproyecto que pone en riesgo al recurso hídrico del cantón Belén.
Se trata de dos gigantescos condominios que se pretenden construir en Finca La Negra en La Gruta, ubicada en La Asunción. Esta es conocida históricamente por ser el asentamiento de los primeros pobladores de la zona y por albergar más de 14 nacientes.
Desde hace más de un año se generó un conflicto pues las personas vecinas señalan riesgos a una zona ambiental frágil debido a que área forma parte de una zona de recarga y afloramiento hídrico. Los dos proyectos urbanísticos que se plantean construir están cerca del manantial de La Gruta y las nacientes del bosque de La Negra, donde actualmente se ubica la conocida Finca de los Ulibarri.
La vecina Antonieta Gonzales asegura que les preocupa “el agua pues hacer una urbanización de más menos 900 personas, prácticamente nos quedaríamos sin agua, para nadie es un secreto que no hay casi agua, ha mermado mucho” (ver video).
El ingeniero Roberto Ramírez, Director de gestión hídrica ante el SENARA, aseguro que “la zona de Heredia particularmente es una zona de recarga acuífera por eso se convierte una zona vulnerable, donde estamos poniendo ahi los diferentes usos del suelo y esto nos podría causar un cambio en el volumen de recarga pero también en la contaminación de la recarga o contaminación de fuentes y pozos o manantiales” (ver video).
En una carta conocida por el Concejo Municipal el 14 de diciembre de 2022 y firmada por 324 vecinos, se señaló que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para 900 personas a partir de dos proyectos en la misma finca con única salida a Calle Zumbado. (Periódico El Guacho, 1-2023). Por lo anterior les preocupa el “caos vial que afectaría a toda el área metropolitana”.
En la carta entregada en dicha sesión aseguran que: “En el documento elaborado para la aprobación de las 165 disponibilidad de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección”. El mapa entregado por el desarrollador urbanístico, según los vecinos, “con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobaran dichas construcciones”.
El primer domingo de febrero del 2024, se realizarán las elecciones municipales para elegir los representantes de los gobiernos locales.
Parece una fecha lejana, pero estamos a tan solo cinco meses de ir a las urnas. Lo que se ve hasta hoy es indiferencia por parte de la gente y un trabajo proselitista silencioso de algunos partidos, pero no se observa aún el entusiasmo de otras contiendas.
Las Elecciones Municipales elegirán los diversos puestos de los gobiernos locales. En los cantones alcaldías y vice alcaldías, regidurías, concejalías y sindicaturas. En siete distritos se elegirán intendencias, vice intendencias y concejalías municipales de distrito.
ELECCIONES EN LOS 84 CANTONES
Para estas Elecciones Municipales dos cantones nuevos ubicados en la provincia de Puntarenaselegirán su primer gobierno municipal, se trata de Monteverde y de Puerto Jiménez. Se suman también 6 nuevos distritos administrativos: Birrisito en Paraíso, La Victoria en Jiménez, Puente Salas en Barva, Lagunillas en Garabito así como Monteverde y Puerto Jiménez.
Cantidad de alcaldías y vicealcaldías
Se elegirán 84 alcaldías, 84 primeras vicealcaldías y 84 segundas vicealcaldías, en los cantones que conforman nuestro país.
Cantidad de regidurías
Las regidurías que conforman el Concejo Municipal se eligen de acuerdo con la población del cantón, para el 2024 se elegirán los siguientes regidores o regidoras:
Provincia
Cantidad de regidurías a elegir
Cantones
San José
11
San José, Desamparados.
(138 regidurías a elegir)
9
Goicochea, Pérez Zeledón.
7
Escazú, Aserrí, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat.
5
Puriscal, Tarrazú, Mora, Acosta, Turrubares, Dota, León Cortés.
Alajuela
11
Alajuela.
(96 regidurías a elegir)
9
San Carlos.
7
San Ramón, Grecia, Upala
5
San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina, Zarcero, Valverde Vega, Los Chiles, Guatuso, Río Cuarto.
Cartago
9
Cartago, La Unión
(52 regidurías a elegir)
7
Paraíso, Turrialba
5
Jiménez, Alvarado, Oreamuno, El Guarco.
Heredia
9
Heredia.
(58 regidurías a elegir)
7
San Rafael, Sarapiquí.
5
Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo.
Guanacaste
7
Liberia, Nicoya, Santa Cruz
(61 regidurías a elegir)
5
Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nadayure, La Cruz, Hojancha.
Puntarenas
9
Puntarenas.
(73 regidurías a elegir)
7
Buenos Aires, Corredores.
5
Esparza, Montes de Oro, Osa, Quepos (Aguirre), Golfito, Coto Brus, Parrita, Garabito, Monteverde, Puerto Jiménez.
Limón
9
Pococí.
(40 regidurías a elegir)
7
Limón, Siquirres, Guácimo.
5
Talamanca, Matina
Total de regidores
518
Fuente: Acuerdo adoptado en el artículo sexto de la sesión ordinaria n.º 28-2023, celebrada el 30 de marzo de 2023, por el Tribunal Supremo de Elecciones
Cantidad de concejales de distrito y síndicos
En los 491 distritos se eligen 5 concejales propietarios de los cuales uno será síndico propietario y 5 concejales suplentes de los cuales uno será síndico suplente en cada distrito administrativo, por tanto, se eligen 491 síndicos propietarios y 491 síndicos suplentes.
ELECCIONES EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO
Los siguientes son los distritos donde funciona un Concejo Municipal de distrito, llamada también Intendencia, que ejerce las funciones municipales:
1) Cervantes, Alvarado, Cartago
2) Tucurrique, Jiménez, Cartago
3) Cóbano, Puntarenas, Puntarenas
4) Lepanto, Puntarenas, Puntarenas
5) Paquera, Puntarenas, Puntarenas
6) Colorado, Abangares, Guanacaste
7) Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela
Cantidad de Intendencias:
Un intendente en propiedad y uno como suplente en cada uno de los 7 distritos donde funciona el Concejo Municipal de distrito.
Cantidad de concejales municipales de distrito y síndicos:
Cinco concejales municipales de distrito propietarios, de los cuales uno será síndico propietario y cinco concejales municipales de distrito suplentes de los cuales uno será síndico suplente en cada distrito donde exista una intendencia.
En total se estarán eligiendo 6212 puestos
Puestos a elegir
Cantidad
Alcaldías
84
Vicealcaldías primeros
84
Vicealcaldías segundos
84
Intendencias
07
Viceintendencias
07
Regidurías -propietarias-
518
Regidurías -suplencias-
518
Sindicaturas -propietarias-
491
Sindicaturas -suplencias-
491
Concejalías de distrito -propietarias-
1.936
Concejalías de distrito -suplencias-
1.936
Concejalías municipales de distrito -propietarias-
En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR
Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA
Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.
Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.
“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.
“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.
Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.
Una radiografía del sector vivienda 2022
El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.
La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.
“El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.
El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR
Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.
“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.
Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR
“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.
“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.
“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.
Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.
Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:
Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.
Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.
En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.
La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.
Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.
Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.
Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.
Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.
Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.
Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos
Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.
Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.
El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.
Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.
El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.
Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:
en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.
Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.
Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,
sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.
Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.
A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.
Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.
En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.
Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.
Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.
Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.
Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.
Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.
En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.
En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.
Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.
Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.
SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.
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