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El derecho al FEES, a educación de calidad para el país, responsabilidad institucional y dignidad

Edgar Chacón Morales

La negociación en el escenario de la Comisión de Enlace para la asignación de los fondos a la educación superior pública, ya tiene sus primeros resultados.

El ejecutivo, por medio de sus representantes presentó una propuesta, a todas luces inaceptable, para las instituciones de la educación superior pública.

Para los que defendemos la educación pública de calidad, se hace necesario tener claridad sobre cuál es el escenario en el que estamos, para llevar adelante las luchas que damos.

El marco de nuestro accionar nos lo da la legitimidad jurídica constitucional.

Aunque el gobierno nos trata pretendiendo ignorar ese marco y claro: no le convenimos a intereses, como los de aquellos que no contribuyen como debieran, a fortalecer el erario público. Entonces la lucha debe partir por defender y fortalecer ese marco, con actitud civilista y ejemplar.

Los enemigos de la educación pública de calidad, actúan de hecho. Pretenden ignorar ese marco e incluso llevan a cabo acciones, como ir atacando la Constitución “a pedazos”, intentando reformar artículos.

Semanario Universidad: “Arias defiende Regla Fiscal y reforma constitucional que amarra autonomías de universidades, municipalidades y CCSS a equilibrio financiero”.

“El presidente legislativo Rodrigo Arias defendió este jueves la regla fiscal con aplicación a todo el sector público”.

“La reforma a la Constitución Política modifica el articulo 176 “Para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas”. Según dice el texto propuesto.” Esto, en consecuencia con lo promovido por el ex diputado del PLN, Wagner Jimenez en días pasados.

Una lucha en dos planos

Debe lucharse en dos planos fundamentales: la manifestación publica que, incluye la lucha en las calles, por un lado y en el marco jurídico, abrir un frente de lucha, nacional e internacional que implica la defensa jurídica y constitucional de ese marco.

No hay que olvidar la sentencia: “Con el enemigo no se dialoga. Se combate.”

El Papa Francisco, en su paráfrasis dice: “Con Satanás no se dialoga, se lo combate con la Palabra de Dios”.

Esto quiere decir: cuando el gobierno quiere ignorar el marco constitucional, debemos defenderlo y lograr en ese marco jurídico institucional, hacer prevalecer el derecho del pueblo a una educación de calidad y excelencia.

Otro asunto que debemos tener siempre en primera línea es el asunto fiscal. En esto debemos tener clara la calidad de los actores: el gobierno no es el dueño del país, sino, es el actor que fue electo para que el país marche por los intereses nacionales y no privilegiando el interés de grupos. Poder formal y poder real, deben contar con la virtud del sentido de la ubicación.

Para lograr este cometido, el gobierno está en la obligación de hacer llegar al erario público, los ingresos provenientes de todos los sectores nacionales que están obligados, según ley a hacerlo y no avalar portillos de escape. Con ingresos asegurados el Estado camina mejor.

La sociedad organizada ya está manifestando su descontento, pero debemos tener en cuenta, de memoria reciente, que con el plan fiscal, no bastó sólo con marchas, a pesar de éstas lo impusieron. A pesar de algunas marchas, que contaron según estimaciones, con alrededor de un millón de personas, lo impusieron. Ya lo dijimos: El frente jurídico es muy importante.

Mal haya el argumento de que la educación superior pública debe aceptar descubrirse para cubrir a otros sectores. Ningún sector debe quedar descubierto.

Cómo se va a hacer entonces para “No dar el pescado sino enseñar a pescar”. Tan llevado y traído en las campañas electorales.

Las universidades públicas fuimos con nuestros proyectos de Regionalización Interuniversitaria, que ya veníamos desarrollando en conjunto con las comunidades, a Barra del Colorado cuando Edén Pastora estaba dragando aguas en la zona y reclamando territorios, con tropas acantonadas. Estábamos conscientes del riesgo y la prudencia que debía tenerse, pero seguimos y nos hicimos presentes con nuestro trabajo y nuestro mensaje de trabajo y civilidad propositiva.

El gobierno hace mal en estar impulsando un proyecto de país, enmarcado en un modelo retrógrado que ya viene decayendo en el mundo, en la tendencia internacional.

No deben prevalecer intereses egoístas como la educación como un negocio, sino como un bien para gozar de bienestar en el país. Con actitud civilizada y firme, se impone actuar sabiendo que no estamos pidiendo sino luchando con dignidad por el derecho a la educación de calidad para el país, que se nos quiere cercenar.

Ya basta que periódicamente tengamos que salir a exigir y pelear lo que por derecho constitucional le pertenece a la Educación Pública y al futuro de nuestros hijos e hijas, aunque lo seguiremos haciendo si insisten en obligarnos.

Edgar Chacón Morales

Agosto de 2022.

Justificar con el engaño para atacar la educación

Abelardo Morales Gamboa

Abelardo Morales Gamboa.

Piden los ministros en las negociaciones de los fondos para la educación superior que las universidades no engañen a sus estudiantes y que no es su propósito provocar un enfrentamiento dentro de la educación pública. Pero, basados en información falsa, eso es lo que hacen ellos y el gobierno. Pretender un recorte en la educación superior poniendo como justificación los problemas de la educación primaria y secundaria y las necesidades del “apagón” educativo, además de la poquedad del argumento, es absurdo.

Si hay conceptos burdos, uno de esos ha sido el de apagón educativo, pues se presta para que en términos semióticos se le reduzca a las simplificaciones entre lo blanco y lo negro y, con ello, se vuelve fácil término para las manipulaciones. Pintar a toda la educación como un desastre es un desastre. En todo caso, el empobrecimiento de la calidad de la educación no está determinado y no se resuelve con infraestructura o no depende de esta a secas. Con ese enfoque se reduce el problema de la calidad a  un fenómeno estético. La gente no va a salir de la pobreza y de la ignorancia llevándola a vivir a casas bonitas. Se puede y debe dotarles de viviendas con buena infraestructura, pero hay que ayudarles a transformar sus condiciones de vida. Lo mismo debe hacerse con la educación, hay que cambiar las condiciones que afectan la calidad de la enseñanza y de la educación.

No es cierto que el financiamiento de las universidades afecte el presupuesto para infraestructura de escuelas y colegios. Está demostrado que los recursos para infraestructura del Ministerio de Educación Pública no llegan a la fase de ejecución, son objeto de múltiples entrabamientos, se invierten mal y no están sujetos a una adecuada fiscalización porque el área de infraestructura del Ministerio, desde hace muchos gobiernos, está controlada por un segmento de la burocracia a la cual muchos ministros le han temido. Por eso, ese es un pésimo argumento para decir que hay que recortar el financiamiento de las universidades.

Por otra parte, la mala calidad de la enseñanza se viene arrastrando como consecuencia de la mala formación de maestros y profesores, también desde hace muchas décadas. En eso tienen responsabilidad las escuelas y facultades de educación de las universidades públicas, pero solo en parte; porque el origen principal de la mala preparación de los docentes no es ni más ni menos que la pésima calidad de los programas de educación de las universidades privadas que se convirtieron en un mercado fácil para el “tituladero” de profesionales que llegan a las aulas sin conocimientos y sin vocación docente. Casualmente las universidades privadas son el negocio de la familia de la ministra de educación. Son un negocio por los elevados cánones que cobran a los estudiantes y los pésimos salarios que pagan a sus profesores.

En efecto, tienen razón los ministros cuando aseguran que la educación pública enfrenta actualmente grandes dilemas; pero han escogido mal porque optaron, contrario a lo que proponen, por provocar artificiales enfrentamientos entre sectores de la educación y en especial de la educación pública. La transformación de la educación requiere de políticas educativas que no las tiene este gobierno, no de burdas decisiones fiscales. Justificar con el engaño es todo lo contrario al sentido de la educación. Las instituciones educativas y la cultura han transformado a este país desde que se hicieron las reformas educativas en el siglo XIX y puedo demostrar que, como muchos otros millones de costarricenses, yo he sido uno de sus herederos (P. Bourdieu y J.C. Passeron, Los herederos. Los estudiantes y la cultura). En fin, vamos a tener que defender a la institución de la educación y de la cultura, como bienes públicos, con todas las armas que una sociedad civilizada y educada nos permita.

La acometida de la ignorancia

Dr. Luis Paulino Vargas

En un video difundido el día de ayer, y dirigido a las universidades públicas, Katharina Müller, ministra de educación, incurre en múltiples falacias, tergiversaciones, contradicciones…y también mentiras.

La señora manipula, para tratar de crear un conflicto artificial: sistema educativo de niveles primario y secundario contra las universidades; estudiantes de primaria y secundaria contra estudiantes de la educación superior; docentes de primaria y secundaria contra docentes del nivel superior.

Por ignorancia, arbitrariedad, o ambas cosas, pero es obvio que Müller no comprende lo que es distintivo de las universidades, no solo en Costa Rica sino en cualquier país del mundo. Pero, en fin, si ni siquiera comprende por qué es importante la enseñanza de las matemáticas, difícilmente podría entender el papel que les toca desempeñar a las universidades. De ahí, las disparatadas comparaciones a las que apela.

Primero, la formación profesional de nivel terciario es mucho más cara que la formación que se brinda en niveles inferiores, por lo que comparar lo uno con lo otro es absurdo. Piénsese los costos que conlleva la formación de una médica, un ingeniero, una informática, un farmacéutico, una geóloga, un químico. Piénsese en el alto costo asociado a los estudios de posgrado (especialidades, maestrías, doctorados), que necesariamente deben aspirar a niveles muy altos de rigor académico y científico.

Segundo, a lo largo de la historia, las universidades son, por excelencia, centros generadores de pensamiento crítico, como, asimismo, fuerzas impulsoras importantes para el cultivo de una sensibilidad superior, en todo lo cual juegan un papel fundamental, las ciencias sociales, la filosofía, el arte y, en general, las humanidades.

Tercero, de las universidades depende, en grado muy significativo, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la cual es necesariamente cara.

Cuarto, restringir la investigación científica a lo que sea “útil”, o sea, rentable, es, no solo una visión muy estrecha y mezquina, sino, y a decir verdad, una palmaria muestra de ignorancia. Acontece que sin investigación básica no hay desarrollo tecnológico posible. No comprender esto, es lo propio de una mentalidad encadenada al subdesarrollo.

Las universidades públicas, tienen muchos logros como también múltiples defectos. Lo reconozco: han sido remolonas cuando de corregir esos defectos se trata. Y, sin embargo, sigue siendo cierto que cumplen un papel fundamental, que absolutamente nadie más cumplirá en Costa Rica. Destruirlas, como busca hacerlo este gobierno, no es el camino correcto.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

LA CUARTA PARED

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El sonido era ensordecedor. No se escuchaba nada entre gente que no entendía el inicio de la puesta teatral y la algarabía desatada en un auditorio colegial de más de mil gentes, en el marco de un festival Inter universitario de teatro en la Costa Rica bisoña de inicios de los años noventa, cuando creía que el neoliberalismo era sólo un proyecto para reformar al estado, empequeñecerlo, privatizarlo y entregárselo al capital transnacional.

Toda esa agenda se ha ido cumpliendo 30 años después, solo que ahora impulsada desde una contra revolución cultural regresiva y conservadora sin retorno.

Es una noche calurosa de febrero y el festival se desarrolla en el Pacífico costarricense. Allí hemos llegado como parte del elenco de Spacem, montaje producido por el Grupo de teatro Girasol, del Centro de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, una de las cinco universidades públicas del país. La algarabía la provocábamos los actores que, confundidos entre el público, encendíamos nuestros focos y hacíamos maniobras con nuestros cuerpos. Se trataba de una obra futurista en la que los sueños y el empeño eran ley motiv. Lo hicimos desde nuestras condiciones de montaje y producción en una universidad pública.

En estos días la contrarrevolución cultural conservadora y regresiva representada en el poder ejecutivo costarricense y una estrategia de comunicación bien pensada en redes sociales, han lanzado una ofensiva para disminuir el presupuesto que por ley le es otorgado a las universidades públicas para seguir operando.

Entre sus argumentos, urgen a las universidades impulsar carreras técnicas en desmedro de las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Es urgente, ha sido urgente si una revisión interna de la distribución presupuestaria pero no hacia la baja, sino más bien para volverla más equitativa entre remuneraciones e inversión social, que al final termina siendo más amplia que las primeras.

Pero los embates prácticos y discursivos contra todo significado social y cultural de las universidades públicas costarricenses han encontrado resonancia en una agenda setting que por años ha ensañado su arsenal contra estas instituciones. Particularmente su rol crítico, pensante, cuestionador.

Entonces pienso en ese momento del festival de teatro donde llegamos grupos universitarios a compartir nuestro trabajo. En mi caso, entonces estudiante de sociología, tuve la enorme posibilidad de audicionar y tomar parte de un hermoso proyecto cultural que como el Grupo de Teatro Girasol formó no solo actrices y actores, sino personas pensantes y felices ante la vida.

En el género teatral romper la cuarta pared significa interacción entre el personaje y el público en un diálogo natural. Hoy quiero romper esa cuarta pared para dejar constancia del enorme legado que dejó en mi haberme formado en una universidad pública, desarrollarme en el área de las ciencias sociales y complementarla con una visión artística que hoy impulso a través de la literatura, de la poesía.

Termino esta reflexión participante citando a mi maestro Osvaldo Sauma quien nos recordaba el ser comunidad, algo que necesitamos hoy para defender nuestra institucionalidad universitaria pública de los embates recortistas y retrógrados:

“Que no se salve nadie si no nos salvamos todos”.

La universidad pública, una vez más, está en la lucha. Librémosla juntas, juntos.

Rector de la UNA: Defendamos la Universidad Pública

El señor Rector de la Universidad Nacional y Master Francisco González Alvarado, manifiesta la imposibilidad de aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto a la negociación del presupuesto de las universidades públicas.

Dicha propuesta contraviene el orden constitucional al proponer una disminución del presupuesto universitario de un año para otro. Lamentablemente el recorte que se solicita al presupuesto por parte del Poder Ejecutivo ronda el 25% del presupuesto actual de las universidades públicas, lo que se traduce en un obstáculo de operación ante los servicios brindados, la reducción de las investigaciones sociales y la limitación del sistema de becas.

Sumémonos a esta lucha para defender y apoyar las universidades públicas que son de todos y todas.

Acceda al siguiente enlace para observar el vídeo completo:

https://fb.watch/eSDKjmHQ3w/

Llamado urgente del rector de la UNA

Reiteramos la URGENCIA de realizar la concentración en defensa de la Universidad Pública.

Desde CONARE, los Consejos Universitarios, las Federaciones de Estudiantes y los Sindicatos, instan en el llamado urgente y vehemente a la comunidad universitaria y nacional a salir a manifestarnos el próximo martes 16 de agosto a las 9:00 a.m., frente a la Casa Presidencial, saliendo de la fuente de la hispanidad.

Por ello, se insta al cambio de actividades ordinarias de la Universidad (tanto académicas como administrativas) hasta las 5:00 p.m., para atender el llamado que nos convoca a todas y todos en defensa de la Educación Superior Pública.

Reiteramos a toda la comunidad que esta lucha no puede reposar sobre los hombros de pocas personas; todo lo contrario, debemos hacer un frente común para continuar construyendo el camino y destino de la Universidad Pública y el Estado Social de Derecho.

Para el caso de la UNA el servicio de buses estará saliendo a partir de las 7:45 a.m. de la explanada 11 de abril y de regreso a las 3:45 p.m. desde el Redondel de Toros Zapote.

¡Vamos todas y todos a defender la Educación Superior Pública!

Cordialmente,
Francisco González Alvarado
Rector
Universidad Nacional
Costa Rica

Puede ver en el siguiente enlace un video con el rector de la UNA: https://wp.me/p6rfbZ-iTt

TEC: Foro Regla Fiscal y Ley de Empleo Público – Impactos en el Estado Social costarricense y la educación universitaria estatal

La institucionalidad social costarricense sufre un asedio que incluye propuestas de cambio constitucional como la modificación del artículo 176 de la Constitución Política, promovida en el proyecto de ley No. 22 266. Por ello, se buscó sumar voces de actores sociales y personas cuya experiencia y análisis le permitieron a la comunidad universitaria del TEC, y de Costa Rica en general, comprender los alcances negativos reales de la Regla Fiscal y de la Ley de Empleo Público.

Panelistas: 

  • Luis Paulino Mendez Padilla – rector del TEC. 
  • Roxana Morales Ramos – vicerrectora de administración de la UNA.
  • Mauricio Castro – profesor de la Universidad de Costa Rica.
  • Francisco Esquivel Villegas – profesor del TEC. 

Moderador:

  • Osvaldo Durán-Castro – docente e investigador social del TEC. 

La Comisión Especial del Consejo Institucional conformada para trabajar sobre sobre los efectos adversos que producen las leyes No. 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Educación Superior (CISES) y la Rectoría del Tecnológico de Costa Rica, invitaron a toda la comunidad a participar de este espacio de reflexión y conocimiento sobre las leyes nombradas.

El foro se realizó el pasado 8 de agosto de 2022, en el Centro de las Artes.

Compartimos la transmisión completa del Foro:  

 

Compartido por SURCOS por Osvaldo Durán-Castro.

Comunicado de prensa del CONARE y la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica

Rectores y Federaciones de Estudiantes rechazan la propuesta del Ejecutivo porque incumple con el mandato constitucional sobre financiamiento de la educación superior pública

11 de agosto del 2022. Este día los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participamos en el marco de la Comisión de Enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023.

La propuesta entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023.

Para el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones: 

La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.

La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a las carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil.

De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas. 

En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una reunión el próximo martes 16 de agosto en Casa Presidencial a las 9:00 a.m.

Reiteramos nuestras mayores y genuinas voluntades de llegar a un acuerdo que posibilite continuar aportando desde la educación superior pública al desarrollo del país.

SEC: En defensa del financiamiento integral de la educación pública y en apoyo a las universidades públicas

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Resultando:

I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.

II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.

III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.

IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.

V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.

VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.

VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.

 Considerando único:

Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:

“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”

De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.

POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:

  1. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
  2. APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
  3. DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
  4. DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
  5. SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
  6. ACUERDO FIRME.

UCR: Mensaje urgente a la comunidad universitaria

Como es de su conocimiento, el Gobierno presentó una propuesta de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no reconoce el aumento de costo de vida que estipula el artículo 85 de la Constitución Política, ni las deudas pendientes. Además, propone un recorte de un 22,8% respecto del monto del año anterior. Ese irrespeto a la Constitución Política también atenta contra el marco de negociación que se acordó ese día durante la primera sesión de la Comisión de Enlace.

Este recorte implicaría graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas. Esta propuesta se enmarca en una serie de ataques a la educación pública, en un momento en el que más bien se debe fortalecer esta inversión en todos sus niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación superior.

Con la propuesta presentada por el Gobierno, la UCR dejaría de percibir aproximadamente 64 mil millones de colones en el 2023. Esto afectaría seriamente los cupos, las becas, los nombramientos, la investigación, la acción social y la regionalización.

Por lo anterior, por este medio convoco a la comunidad universitaria a una reunión abierta hoy a las 3:30 p.m. en el Auditorio de Derecho, con el fin de explicar detalladamente la propuesta y la ruta a seguir. Asimismo, le solicito a las direcciones de sedes regionales convocar a los consejos asesores y representantes estudiantiles en cada una de las sedes y habilitar un espacio de transmisión. Exhorto, principalmente, a las personas integrantes del Consejo Universitario, decanaturas, direcciones y representantes de asociaciones de estudiantes y órganos federados a participar de este importante espacio.

Por último, dado el contexto y la necesidad de involucrar a toda la comunidad universitaria en el proceso, le solicito a las jefaturas coordinar para que este martes 16 de agosto todo el personal a su cargo se presente a trabajar de manera presencial.

Gustavo Gutiérrez Espeleta

Rector