Por: Luis Felipe Arauz, Ingeniero Agrónomo
La niñez debe recibir ejemplos de honestidad y buen comportamiento de sus mayores. Tanto más si la persona de quien se espera ese ejemplo es nada menos que la ministra de educación. Por eso sorprende el desparpajo con que la señora ministra presenta informaciones alejadas de la verdad para justificar su intento por debilitar las universidades públicas, lo que constituye un claro ejemplo de falta de ética en la función pública.
Falacia sobre la cantidad de estudiantes en diferentes niveles educativos: La ministra justifica los recortes presupuestarios comparando la cantidad de estudiantes en primaria y secundaria versus la cantidad de estudiantes universitarios, sin considerar que la formación universitaria es mucho más cara, porque usa equipos especializados que son caros, emplea docentes con maestrías y doctorados que además realizan labores de investigación y acción social, utiliza recursos bibliográficos también caros, como revistas científicas y libros especializados que deben ser adquiridos por las bibliotecas, porque su adquisición es prohibitiva para la mayoría de los estudiantes, requiere en muchos casos licencias de programas de cómputo especializados, donde no existe un software libre equivalente. Usa vehículos y combustible para giras de campo, a menudo a regiones alejadas del campus. Esos y otros son costos en los que no incurren otros niveles educativos. Por eso, formar una persona profesional de calidad es caro, y por tanto la comparación que hace la ministra es incorrecta para justificar presupuestos.
Falacia sobre la rendición de cuentas: La ministra deja entrever que las universidades no rinden cuenta, e insinúa que el FEES es un “cheque en blanco”. Lo cierto es que las universidades públicas deben rendir cuentas ante la Contraloría General de la República todos los años, sobre sus labores y su ejecución presupuestaria. Los cursos y proyectos de investigación y de acción social pueden ser consultados por la ciudadanía en los sitios web de las universidades. Los salarios son información disponible públicamente también. Ahora, si lo que la ministra quiere es que el gobierno supervise qué se enseña, qué se investiga, y qué se divulga, eso es otra cosa. Eso es supeditar la actividad académica a los vaivenes de la política. Eso no es rendición de cuentas, es totalitarismo. Justamente quienes redactaron nuestra Constitución política tenían claro del peligro que eso entraña y consagraron el nuestra Carta Magna la autonomía universitaria.
Falacia sobre la utilidad práctica de la actividad académica: Empecemos por preguntarnos: ¿quién define qué tiene utilidad práctica? La historia está llena de casos en que un conocimiento aparentemente teórico resulta en un desarrollo beneficioso para el ser humano en salud, ingeniería, agricultura, educación, cultura, conservación ambiental y muchas áreas más. Y no solo ocurre fuera de nuestras fronteras, o solo ocasionalmente. Pongo un ejemplo del área de la salud: un cambio sutil en la composición genética de una población de bacterias es suficiente para tener que variar la prescripción médica necesaria para curar infecciones causadas por ellas. Para conocerlo se podría necesitar investigación básica en genética molecular; ese tema se está investigando en este momento en la UCR, por parte de científicos de alto nivel que emplean equipos y procesos de punta. No es “soplar y hacer botellas”, señora ministra. Por otra parte, no solo lo utilitario es beneficioso. El ser humano como ente integral se nutre tanto de lo material como de lo intelectual y espiritual. Don Pepe Figueres se preguntaba: “¿Para qué tractores sin violines?”.
También se habla de carreras útiles e inútiles, y se ponen, como ejemplos de las primeras, las carreras en ciencia, tecnología, ingenierías y matemática (carreras STEM), y por contraste, todas las demás se ubican en el segundo grupo. Señora ministra, ¿considera usted inútiles carreras de las ciencias sociales, como economía (como la carrera de su jefe), administración, historia, sociología, antropología, psicología, o educación (como lo que usted estudió)? ¿o en las letras, como lenguas modernas y filología? ¿o en las artes? ¿Queremos formar tecnócratas incapaces de pensar críticamente, de disfrutar de las distintas manifestaciones culturales o de expresarse correctamente?
La falacia del costo por estudiante: La ministra, repitiendo el ya conocido discurso de su prima la rectora de la ULACIT, insiste en medir a las universidades por el “costo por estudiante”. El comparar las universidades públicas con otras instituciones de educación superior, simplemente dividiendo el presupuesto total por el número de estudiantes, es limitar la función de la universidad a la formación profesional. Las universidades son generadoras de conocimiento, no solo transmisoras, y la generación de conocimiento por medio de la investigación requiere una serie de recursos que, como ya se dijo, son caros. Ciertamente, la generación de conocimiento alimenta la enseñanza, lo cual se traduce en una educación actualizada y de calidad, pero también impacta la sociedad en su integralidad humana. Esa es la esencia de una verdadera universidad, y eso lo entienden y lo practican nuestras universidades públicas. Por eso, estas son las universidades de Costa Rica mejor ubicadas en las clasificaciones mundiales.
A propósito de clasificaciones mundiales, me refiero a un comentario sarcástico que hizo en campaña don Rodrigo Chaves, comparando en forma despectiva la UCR con la universidad donde él estudió, Ohio State University (OSU). Ciertamente, OSU es una de las mejores universidades del mundo. Lo que no se dice es que su presupuesto es siete veces mayor que el de la UCR, pero atiende una población estudiantil apenas 1,5 veces mayor. Usando la medida de la ministra o la de su prima, el costo por estudiante en OSU sería 4,7 veces mayor que en la UCR. En realidad, es mucho más, porque el costo de la matrícula es 63 veces más alto en OSU que en la UCR. La gran diferencia es que en la UCR el costo de la matrícula está subsidiado, y además se tiene un muy robusto programa de becas. De otra manera, cientos de miles de costarricenses no habrían podido estudiar. No tendríamos los profesionales de calidad que han desarrollado el país, que han salvado vidas, que nos ayudan a interpretar la realidad nacional, y que nos enriquecen culturalmente. Por eso el FEES es, y debe seguir siendo una herramienta no solo de solidaridad y movilidad social, sino, ante todo una inversión en desarrollo y bienestar para Costa Rica. El cercenarlo es condenarnos al subdesarrollo. Un precio muy caro para justificar el sarcasmo de don Rodrigo.
Luis Felipe Arauz, Ingeniero Agrónomo
Exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR
