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Chichada maleku, cantos y narraciones

El próximo viernes 27 de setiembre a las 7 p.m. se llevará a cabo la Chichada Maleku en el Café Teatro Frente a la Plaza. Será el momento para disfrutar de la historia, cultura y cosmovisión de los pueblos originarios enfatizando en los Maleku. Habrá degustación de chicha, cantos y narraciones.

Se contará con la participación de Óscar Espinoza, cantautor y de David Maleku, actor.

El costo de la entrada será de 3000 colones y puede reservar su espacio al teléfono 7083 1286.

 

Enviado por Óscar Espinoza.

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Sección de Filosofía UCR: «UNA DEMOCRACIA SIN CONTRAPESOS SE CONVIERTE EN DICTADURA»

La sección y la cátedra de filosofía manifiestan:

“UNA DEMOCRACIA SIN CONTRAPESOS SE CONVIERTE EN DICTADURA” Y CONSIDERANDO que:

1) Se encuentra en la corriente legislativa, en trámite especial y abreviado a la luz del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa —que, entre otros aspectos, restringe la participación de los actores sociales interesados—, el proyecto de Ley No. 21049 titulado: Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

2) El referido proyecto (en su texto original y el sustitutivo) plantea diversas reformas al Código de Trabajo, en específico y fundamentalmente, en lo que atañe a los artículos: 345, 350, 371, 373, 377, 379, 385, 431, 661, 663, 664, 666 y 667.

3) En complemento, el proyecto también pretende una reforma a la Ley de notificaciones judiciales, en su artículo 5, para que las notificaciones relacionadas con huelgas no sean necesariamente personales sino digitales.

4) Las propuestas originales y las sustitutivas evidencian las siguientes intenciones fundamentales, aunque no exclusivas: a) facilitar la disolución de las organizaciones sindicales, pudiendo cualquier autoridad pública activar el proceso respectivo para lograr tal cometido; b) disminuir las razones por las que sea posible realizar huelgas; c) burocratizar el proceso de huelga convirtiéndolo en una especie de acto administrativo antes que en un espacio de protesta laboral; d) rebajar retroactivamente los salarios cuando una huelga se declare ilegal, aunque la declaratoria sucedará a-posteriori como es lógico; e) modificar sustantiva y perjudicialmente la tutela judicial, incluso afectando el debido proceso, en las declaratorias de legalidad o ilegalidad de una huelga y las posteriores tramitaciones; y f) facultar al patrono para solicitar la suspensión de cualquier huelga que, a su criterio, cause daño a la ciudadanía.

5) En complemento, la Asamblea Legislativa también ha discutido el proyecto No. 21097 titulado: Ley de definición de servicios públicos esenciales, para incluir bajo la acepción de “servicios públicos esenciales” prácticamente a todas las actividades laborales de índole estatal y tácitamente prohibir en ellas la realización de cualquier huelga; pese a que este proyecto deviene en escuálido e insuficiente desde cualquier óptica que se le analice.

6) Los proyectos supracitados fueron elaborados y tramitados en forma oportunista, aprovechando el antagonismo y la agitación social, y como una reacción ante las múltiples huelgas sindicales y protestas ciudadanas realizadas durante el año 2018, en el contexto del rechazo contra: a) la Ley 9635: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) la intransigencia del Poder Ejecutivo; y, c) los pactos evidente realizados entre las élites políticas, en beneficio de sus intereses (personales o de sus partidarios) sin importar la regresividad del “paquete fiscal” aprobado y, con ello, la afectación mayoritariamente negativa sobre la sociedad costarricense.

7) El proyecto de ley contra las huelgas y las organizaciones sindicales, constituye una clara estrategia, impositiva, conservadora e incluso preventiva, para, por miedo de la criminalización de la protesta y la intimidación de los trabajadores, se impida, de forma anticipada y punitiva, cualquier tipo de huelga, y allanar así el camino para concretar las pretensiones, ideológicopolíticas, tendientes a destruir lo que queda del Estado Social de Derecho y debilitar a la clase trabajadora costarricense.

8) Las élites políticas costarricenses instaladas en el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con la complicidad de varios grupos económicos y los medios de comunicación colectiva, y en comunión con la nueva estirpe de empleadores mundiales, evidencian así y con el mayor desenfado, su nivel de servicio y sometimiento para con el capital nacional e internacional y sus intereses financieros inmediatos; privilegiando la artimaña politiquera y los pactos ocultos sobre el servicio para con el pueblo al que se deben, para lo cual incluso irrespetan sus procedencias ideológicas-partidistas; también dan prioridad a lo macro-económico sobre lo social y humano; al autoritarismo sobre el equilibrio y el diálogo democráticos; la pasión visceral generada por el contexto inmediato sobre la sensatez racional; y al incumplimiento deontológico sobre la prudencia moral que cualquier estadista debe garantizar.

9) La huelgas y las organizaciones sindicales son instrumentos esenciales en el equilibro de fuerzas, de pesos y contrapesos, en cualquier régimen democrático; lo que ha sido reconocido en Costa Rica desde 1943 en el Código de Trabajo y, desde 1949, en la Constitución Política; período histórico que permite aseverar que la función social, política y económica de estos instrumentos contribuyó en la consecución de la paz social, de una sociedad equitativa y justa, sin que por ello las huelgas se limitaran en exclusivo a lo salarial o laboral, sino motivadas, muchas de ellas, en razones de trascendencia política, esfera en la que los trabajadores, en su calidad de ciudadanos, también poseen plena responsabilidad; lo que ejemplifican algunas de las huelgas política realizadas en la historia reciente de nuestro país: a) de Brazos Caídos (1947); b) en contra de ALCOA (1970); c) contra los ataques al FEES (1991); d) contra el Combo del ICE (2000); e) contra el TLC (2007), etc.; todo lo cual contribuyó en la conformación de un modelo político digno, esperanzador para otras naciones y valorado geopolíticamente.

10) Por su parte, dichos instrumentos de presión laboral fueron reconocidos en el marco supraconstitucional, especialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 1927 se manifestó en favor y defensa de ellos, posición sostenida reiteradamente; Organización con la que nuestro país posee convenios firmados que tutelan la especie.

ACUERDA:

I)Manifestar el total rechazo para con los proyectos de ley No. No. 21049 y No. 21097, por leer en ellos las nefastas intenciones que transgreden derechos consagrados constitucional y supraconstitucionalmente, mismos que han fortalecido el desarrollo democrático costarricense y lo deben seguir haciendo.

II)Reiterar que la sindicalización, la autonomía sindical y la huelga son derechos sustantivos de todo trabajador u organización laboral y, por tanto, que la obligación del Estado radica en respetarlos y, en su favor, tutelarlos, evitando obligatoriamente cualquier intención por debilitarlos.

III)Solicitar la Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y a las diversas instancia de la Universidad de Costa Rica y, en específico a: la Rectoría, al Consejo de Área de Sedes Regionales (CASR), a las Asambleas de las Sedes Regionales, de Facultad y de Escuela, que asuman posición pública, estratégica y articulada, en favor de la defensa del derecho a la huelga y al derecho de sindicalización; inclusive como un acto de reciprocidad, a sabiendas que gracias a diversas luchas gremiales se han logrado conquistas particulares que hoy nos benefician y se ha contribuido con el desarrollo y fortalecimiento del estado social de derecho.

IV)Manifestar a la Federación de Estudiantes de la UCR nuestro reconocimiento por las diversas acciones que han asumido por la defensa del Alma Mater y del FEES, e instarle a mantener dicha actitud incluso en este momento, que el derecho a huelga está amenazado en Costa Rica.

V)Solicitar al Sindicato de Empleados de la UCR y, por su medio a los otros sindicatos universitarios, que diseñen una estrategia integral para participar en la defensa conjunta y orgánica de los derechos antes referidos pero, además, para fortalecer la mejora de las condiciones salariales, laborales, humanas y organizacionales en las diversas esferas laborales del sector privado.

VI)Manifestarse a favor de las acciones de presión que organicen las instancias jerárquicas, sindicales o estudiantiles universitarias, para defender los derechos referidos con anterioridad y cualquier otro que se considere fundamental para la paz y la justicia social en democracia.

VI)Hacer público este comunicado.

Acuerdo unánime tomado en la Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, San Ramón de Alajuela, a los 28 días del mes de agosto de 2019.

 

Imagen ilustrativa.

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UCR: Universidades Públicas se unen al MEP para mejorar la calidad de la educación

  • Próximo 9 de septiembre se realizará un encuentro denominado »Desafíos de la Educación en Costa Rica y aportes de las universidades públicas»

Fotografía de archivo: Estudiantes del Colegio Científico, Guanacaste, Liberia, 2011 Foto: Anel Kenjekeeva.

Este lunes 2 de setiembre, la comisión de decanos y decanas de las universidades públicas del país (UCR, ITCR, UNA, UNED, UTN) se reunieron con la Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), Melania Brenes, para darle seguimiento a la jornada de trabajo que busca acciones y propuestas unificadas para mejorar la calidad educativa.

Como parte de la agenda de cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el MEP, las universidades proponen acciones a favor de la capacitación docente bilingüe, apoyo en la evaluación de los aprendizajes y la oferta de recursos didácticos para docentes y estudiantes.

El trabajo desarrollado busca establecer y reafirmar compromisos en conjunto para el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles.

“Tenemos un trabajo con la certificación docente de preescolar y competencias lingüísticas en inglés, gracias a la alianza con la Universidad de Costa Rica (UCR) y es una iniciativa que se convierte en avance para el país”, manifestó Melania Brenes, Viceministra Académica.

Brenes expresó que la articulación en educación es una manifestación que no puede esperar y solo la unión brindará frutos en una ruta común.

Para Guiselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación de la UCR, el interés de las universidades es contribuir desde las competencias de la educación superior y convertir la educación en una agenda país.

El próximo 9 de septiembre se realizará un encuentro denominado «Desafíos de la Educación en Costa Rica y aportes de las universidades públicas», donde se reafirmará el compromiso de mejorar los ambientes de docentes y estudiantes.

Sobre el desempeño de los estudiantes colegiales en matemática la Universidad de Costa Rica alerta cada año al MEP sobre el desempeño de los estudiantes de primer ingreso en las pruebas diagnósticas de matemática.

En el último año el 94 % del estudiantado que realizó el Examen de Diagnóstico de Matemática (DIMA) reprobó esta prueba, que es aplicada a los alumnos de carreras que tienen como requisito al menos un curso de cálculo.

Este comportamiento ha sido similar en los últimos cuatro años, a pesar del aumento de participantes en la prueba, lo cual está relacionado con el incremento de la población estudiantil de nuevo ingreso en la UCR.

Esta debilidad afecta a quienes deseen hacer estudios en 43 carreras que la UCR imparte, pertenecientes a las áreas de ingeniería, ciencias de la salud, ciencias básicas (química, física, geología, biología), agronomía y ciencias económicas, áreas dónde el país requiere mejores competencias.

 

Nitzi Picado de León

Ministerio de Educación Pública

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Cambiaremos Costa Rica a punta de amor

Ayer, 29 de agosto, cientos de personas, representantes de organizaciones de sociedad civil, empresas e instituciones, nos reunimos en el Cine Magaly en San José. Entre abrazos emocionados, ojos húmedos y sonrisas, dimos el banderazo de salida a la campaña “Sí Acepto”.

Madres y padres, hijos e hijas, abuelas sonrientes y abuelos orgullosos nos acompañamos. Grupos de amigos y familiares nos juntamos con lágrimas en los ojos y alegría, mientras celebramos el arranque de esta iniciativa que cambiará a Costa Rica a punta de amor.

La campaña comparte testimonios de familias, amistades y colegas de personas sexualmente diversas que bajo la bandera del respeto, el amor y la inclusión, apoyan el establecimiento de nuevas familias a través del matrimonio civil, que será legal para todas las parejas del mismo sexo a partir de mayo del 2020.

Todas las historias que la campaña recoge y quienes las protagonizan son personas reales que como cualquiera, tuvieron que transitar el camino hacia la aceptación. Son esas las experiencias que comparten para inspirar a todas las familias del país a abrazar este cambio con armonía. Esas, las historias que conmueven y cambian corazones.

Durante el lanzamiento celebramos los aportes de las organizaciones con varias décadas de trabajo esforzado y constante, el apoyo de familias y empresas que han impulsado los valores que guían esta iniciativa: el amor y el respeto; recordamos a quienes hoy nos faltan y en vez de un minuto de silencio, les ofrecimos nuestro aplauso colectivo y entusiasta.

En nombre de las casi treinta organizaciones sobre las que descansa el proyecto, agradecimos a las personas que protagonizan los audiovisuales estrella de la campaña. Ha sido su amor profundo, el que les permite dar la cara y alzar su voz para decir #SíAceptoCR el matrimonio civil para todas las personas, sin excepción. Gracias especiales a Adolfo, Vitinia y Ana María. Más adelante vendrán otras historias a compartir sus personales caminos.

A partir de ahora, anuncios en televisión y radio, espacios en redes sociales, actividades en comunidades y nuestro sitio web siaceptocr.com transmitirán este mensaje de amor, aceptación y respeto; sin embargo, contamos con la confianza de que el mensaje más importante lo llevará cada madre o padre, cada hermano y hermana, los primos, compañeros de trabajo y estudio, las tías y los abuelos, cada amigo y cada colega que abrace a los suyos y alce su voz para decir “Sí, Acepto” que Costa Rica ha cambiado y para bien.

Queremos difundir por todo el territorio nacional historias de amor, de familias que se abrazan, de amigos que hacen familia.

Súmese usted también a esta iniciativa, cuéntenos su historia, hágase un video, escríbanos y permita que su experiencia sirva para cambiar cada vez más corazones.

 

Tomado de la página de Facebook de la campaña.

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UCR: Acción Social estrena programa televisivo

La producción “busca compartir con la ciudadanía los esfuerzos que realiza la Universidad de Costa Rica (UCR) en todo el país gracias a más de 700 proyectos de la Acción Social. Con la voz de la comunidad mediante videos pregrabados y entrevistas a profundidad, Voces en Acción abarcará distintas temáticas de la vida nacional y el compromiso de la UCR con el bien común”, explicó el magister Héctor Ferlini Salazar, coordinador de la Unidad de Comunicación de la VAS.

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Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

El proyecto de ley que pretende cambios en el empleo público y la aplicación de la regla fiscal no son la solución a la denominada crisis fiscal, reconoce la OCDE

Eduardo Muñoz, periodista Vicerrectoría de Acción Social UCR

Si de riqueza y poder político global se trata, el conocimiento científico y la educación son de los activos más apetecidos por los grupos económicos internacionales. La historia de los nexos entre la ciencia y la educación, y la política, demuestra que siempre ha existido un pulso por el control de estos activos, cuyos costos y pérdidas son socializados pero sus ganancias privatizadas a favor de conglomerados empresariales.

En el caso costarricense, los logros sociales alcanzados desde la Segunda República son múltiplemente reconocidos. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actual sustento ideológico de la clase política y empresarial costarricenses que impulsan cambios en materia fiscal, de inversión social, educación y empleo público asegura, contradictoriamente, en su informe titulado Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, que “el acceso a la educación para todas las personas ha sido una piedra angular del modelo social exitoso de Costa Rica y, por esta razón, las reformas constitucionales aumentaron el gasto obligatorio al 8% del PIB”. Pero, pese a los indicadores internacionales en dicha materia, la OCDE también afirma que “no existe una razón subyacente para este objetivo específico, mientras que la evidencia sugiere que actúa como un obstáculo importante para la restricción del gasto sin mejorar la eficiencia ni la eficacia en cuanto a los resultados educativos”.

Sobrepasar ese “obstáculo” es el principal desafío de las autoridades políticas costarricenses, ya que los proyectos impulsados desde el Estado costarricense para la aprobada reforma tributaria, el empleo público y la privatización solapada de la Caja Costarricense del Seguro Social, son insuficientes para ingresar al exclusivo club de naciones integrantes de esa organización.

En contraste con los criterios de que la masa salarial pública es corresponsable del déficit fiscal, la realidad es que solamente representa el 14% de la fuerza laboral nacional, integrada mayoritariamente por los sectores educativo, salud y seguridad. Y, en opinión de la OCDE y sus acólitos costarricenses, las remuneraciones en este sector son excesivas y distantes de lo devengado por el sector privado. No se menciona que, de manera sostenida y según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una cuarta parte de la fuerza laboral nacional no percibe el salario mínimo; y existen claras disparidades entre lo percibido entre hombres y mujeres.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en un documento a disposición de acceso público a la ciudadanía, ha sido contundente al afirmar que el Estado costarricense, en procura de “resolver” el problema del empleo público, “convierte a los salarios en una variable de ajuste macroeconómico (por ejemplo, para controlar la inflación o el déficit fiscal) y no en un elemento central para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. En suma, el proyecto de ley apuesta a la pauperización generalizada como mecanismo de control tributario, mientras por otro lado no se resuelve con acciones firmes la evasión y elusión fiscales, que superan el 13% del PIB.

Por otra parte, sin considerar las particularidades de las instituciones del Estado costarricense, la OCDE aplica criterios de “productividad” a servicios tan diversos como la educación básica y universitaria, la seguridad social y las transferencias que se realizan a los sectores menos favorecidos. Para ello, y traspasando sus competencias, esa organización le sugiere al Estado, a manera de receta única, que impulse un «conjunto claro de mecanismos de dirección, coordinación y control a nivel del Gobierno Central», ignorando deliberadamente nuestra Constitución Política de Costa Rica, un escollo para la OCDE.

El citado estudio de la OCDE es claro, nuestra Constitución y la institucionalidad costarricense se contraponen a su ideario político. “El uso excesivo de la asignación obligatoria de fondos con destinos específicos en Costa Rica también está en contradicción con la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, que establece que «Los fondos para fines específicos y la asignación de ingresos para fines concretos deben mantenerse al mínimo» (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, Principio 7, OCDE 2015b)».

En suma, la ruta definida por la OCDE y el gobierno costarricense atenta contra la institucionalidad y la historia costarricenses, pisotea la Constitución Política e hipoteca el bienestar de las futuras generaciones.

Para descargar el documento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica Sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede buscarlo con este enlace: http://ucr.cr/r/GU8F

La huelga es un derecho humano

Paola Valladares Rosado, diputada

Durante los últimos meses hemos discutido en la Asamblea Legislativa alrededor del proyecto 21049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, un proyecto que se presentó inicialmente con la intención de definir plazos para la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas. Sin embargo, a lo largo de esta discusión se han puesto sobre la mesa diversos temas que van más allá de lo planteado, y tienden a prohibir el derecho de los ciudadanos a asociarse y manifestarse en contra de lo que creen cercena sus derechos.

Cabe recordar que manifestarse, asociarse libremente e ir a huelga forma parte de nuestros derechos humanos. Otros derechos vinculados son el de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de los intereses colectivos.

Esos derechos ciudadanos van más allá de la reivindicación de luchas en el ámbito laboral, permiten que las personas participen en la construcción y toma de decisiones que afecten sus vidas y a la sociedad en general.

Las políticas públicas son cursos de acción, decisiones políticas que se toman para atender los problemas públicos, es decir, problemas que afectan a grupos o a toda la ciudadanía. Es la propia población la que debe participar y ser tomada en cuenta no sólo en la formulación de las políticas públicas sino también en la evaluación de su efectividad para resolver los problemas y para determinar nuevas acciones.

En una verdadera democracia participativa, el poder se debe compartir con la ciudadanía y se debe promover esa participación real en la toma de decisiones. En nuestro país, los espacios reales de participación ciudadana son pocos –hay quienes piensan que se reducen a votar cada 4 años- o existen solo en el papel, no en la práctica. A la gente le quedan pocos ámbitos en los cuales se le escucha y se le toma en cuenta y mucho menos en los que pueda manifestar su descontento o ejercer control ciudadano sobre quienes tenemos la responsabilidad de hacer e implementar las políticas públicas.

Las políticas públicas se sustentan en decisiones políticas, porque son los gobiernos y los legisladores quienes deciden qué problemas públicos atender y cómo hacerlo. Es decir, unos cuantos deciden políticamente sobre aquello que afecta la vida de todas las personas. Por lo tanto, cualquier manifestación o huelga contra una política pública es inherentemente de carácter político.

En estos días se ha pretendido con el proyecto 21049 prohibir las huelgas políticas, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sería como prohibir acciones políticas que se opongan a otras acciones políticas, eso suena a tiranía. Ese razonamiento no tiene sustento legal y así lo han señalado distintas instancias judiciales y expertos en derecho de nuestro país.

Meses atrás durante la discusión de la reforma fiscal vimos como la sociedad en general, no solo los sindicatos como muchos lo quisieron hacer creer, salieron a las calles y se manifestaron de diferentes maneras en contra de un proyecto que para muchos traería mayores complicaciones económicas. Eso claramente fue una huelga política que buscaba el diálogo social para la construcción conjunta de una política pública más balanceada, que no impactara tan negativamente a algunos sectores. Esa es una reivindicación legítima. Sabemos que las huelgas traen también muchas consecuencias negativas, por eso estamos obligados a abrir pronta y oportunamente canales de diálogo y negociación que minimicen impactos y maximicen el bienestar colectivo.

Otro aspecto que se discute alrededor de este proyecto de ley es la posibilidad de prohibir las huelgas en servicios considerados esenciales. Según la OIT son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población» (OIT, 1983b, párrafo 214). La OIT señala que ante esta condición los funcionarios cuya ocupación se desarrolla dentro de estos servicios ya definidos, tienen el derecho a que se les garantice procedimientos de conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos que se apliquen plena y prontamente. O sea, en estos casos hay restricciones para realizar una huelga y en eso estamos de acuerdo, pero en el proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” se ha pretendido incluir como escenciales otros servicios para así impedir que se realicen huelgas.

Debemos poner mucha atención en la definición de cual o cuales instituciones brindan servicios que verdaderamente afectan o ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población y se debe brindar seguridad a esos funcionarios de que sus demandas serán escuchadas y atendidas mediante una negociación conciliadora e imparcial.

Este es un tema álgido que no debe discutirse al calor de enojos o resentimientos añejos. Vivimos tiempos de polarización y malestar social, que no se pueden ni se deben ocultar debajo de la alfombra. Un proyecto de ley que pretenda generar prohibiciones arbitrarias a las huelgas o a las manifestaciones de nuestra sociedad traerá más polarización y estrechará más el espacio democrático.

Es oportuno recordar que muchas de las conquistas sociales que tenemos, se las debemos a movimientos de huelga y a la construcción de un pacto social mediante el diálogo entre personas y sectores que pensaban distinto.

Lo que realmente necesitamos es llegar a acuerdos a través de más espacios de participación política ciudadana, eso nos beneficia a todos porque fortalece nuestra democracia.