Paola Valladares Rosado, diputada
Durante los últimos meses hemos discutido en la Asamblea Legislativa alrededor del proyecto 21049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, un proyecto que se presentó inicialmente con la intención de definir plazos para la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas. Sin embargo, a lo largo de esta discusión se han puesto sobre la mesa diversos temas que van más allá de lo planteado, y tienden a prohibir el derecho de los ciudadanos a asociarse y manifestarse en contra de lo que creen cercena sus derechos.
Cabe recordar que manifestarse, asociarse libremente e ir a huelga forma parte de nuestros derechos humanos. Otros derechos vinculados son el de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de los intereses colectivos.
Esos derechos ciudadanos van más allá de la reivindicación de luchas en el ámbito laboral, permiten que las personas participen en la construcción y toma de decisiones que afecten sus vidas y a la sociedad en general.
Las políticas públicas son cursos de acción, decisiones políticas que se toman para atender los problemas públicos, es decir, problemas que afectan a grupos o a toda la ciudadanía. Es la propia población la que debe participar y ser tomada en cuenta no sólo en la formulación de las políticas públicas sino también en la evaluación de su efectividad para resolver los problemas y para determinar nuevas acciones.
En una verdadera democracia participativa, el poder se debe compartir con la ciudadanía y se debe promover esa participación real en la toma de decisiones. En nuestro país, los espacios reales de participación ciudadana son pocos –hay quienes piensan que se reducen a votar cada 4 años- o existen solo en el papel, no en la práctica. A la gente le quedan pocos ámbitos en los cuales se le escucha y se le toma en cuenta y mucho menos en los que pueda manifestar su descontento o ejercer control ciudadano sobre quienes tenemos la responsabilidad de hacer e implementar las políticas públicas.
Las políticas públicas se sustentan en decisiones políticas, porque son los gobiernos y los legisladores quienes deciden qué problemas públicos atender y cómo hacerlo. Es decir, unos cuantos deciden políticamente sobre aquello que afecta la vida de todas las personas. Por lo tanto, cualquier manifestación o huelga contra una política pública es inherentemente de carácter político.
En estos días se ha pretendido con el proyecto 21049 prohibir las huelgas políticas, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sería como prohibir acciones políticas que se opongan a otras acciones políticas, eso suena a tiranía. Ese razonamiento no tiene sustento legal y así lo han señalado distintas instancias judiciales y expertos en derecho de nuestro país.
Meses atrás durante la discusión de la reforma fiscal vimos como la sociedad en general, no solo los sindicatos como muchos lo quisieron hacer creer, salieron a las calles y se manifestaron de diferentes maneras en contra de un proyecto que para muchos traería mayores complicaciones económicas. Eso claramente fue una huelga política que buscaba el diálogo social para la construcción conjunta de una política pública más balanceada, que no impactara tan negativamente a algunos sectores. Esa es una reivindicación legítima. Sabemos que las huelgas traen también muchas consecuencias negativas, por eso estamos obligados a abrir pronta y oportunamente canales de diálogo y negociación que minimicen impactos y maximicen el bienestar colectivo.
Otro aspecto que se discute alrededor de este proyecto de ley es la posibilidad de prohibir las huelgas en servicios considerados esenciales. Según la OIT son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población» (OIT, 1983b, párrafo 214). La OIT señala que ante esta condición los funcionarios cuya ocupación se desarrolla dentro de estos servicios ya definidos, tienen el derecho a que se les garantice procedimientos de conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos que se apliquen plena y prontamente. O sea, en estos casos hay restricciones para realizar una huelga y en eso estamos de acuerdo, pero en el proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” se ha pretendido incluir como escenciales otros servicios para así impedir que se realicen huelgas.
Debemos poner mucha atención en la definición de cual o cuales instituciones brindan servicios que verdaderamente afectan o ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población y se debe brindar seguridad a esos funcionarios de que sus demandas serán escuchadas y atendidas mediante una negociación conciliadora e imparcial.
Este es un tema álgido que no debe discutirse al calor de enojos o resentimientos añejos. Vivimos tiempos de polarización y malestar social, que no se pueden ni se deben ocultar debajo de la alfombra. Un proyecto de ley que pretenda generar prohibiciones arbitrarias a las huelgas o a las manifestaciones de nuestra sociedad traerá más polarización y estrechará más el espacio democrático.
Es oportuno recordar que muchas de las conquistas sociales que tenemos, se las debemos a movimientos de huelga y a la construcción de un pacto social mediante el diálogo entre personas y sectores que pensaban distinto.
Lo que realmente necesitamos es llegar a acuerdos a través de más espacios de participación política ciudadana, eso nos beneficia a todos porque fortalece nuestra democracia.
