A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.
Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.
Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.
– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm – Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.
Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo Profesor ITCR-ecologista FECON
En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.
Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.
Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.
Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?
Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.
El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.
El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.
Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.
No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).
El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).
Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.
Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.
Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.
Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.
En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.
Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.
La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:
Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.
Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.
Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.
Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.
La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.
Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.
El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.
Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.
La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.
Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.
Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.
Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED
Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.
Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.
Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.
Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.
Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.
Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.
Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.
El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.
Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.
Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.
Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.
Es increíble que un país como Estados Unidos de Norteamérica esté persiguiendo y deportando a los inmigrantes, cuando la realidad es que en EEUU conviven una gran cantidad de ellos y ellas, además de que es un país que fue formado por migrantes.
Ante la cruzada de Donald Trump contra los migrantes, recordemos que en EEUU y reiterando, coexisten una gran cantidad de inmigrantes, los cuales son de múltiples naciones del orbe.
La variedad de nacionalidades está representada, al menos, por México (por ejemplo, con el 23% de los inmigrantes nacidos en México en 2022), India, China, Filipinas (estos países también tienen una presencia significativa, representando el 6%, 5% y 4% de los inmigrantes, respectivamente), El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Vietnam, Cuba y República Dominicana (también tienen una población inmigrante considerable en EE. UU.).
Países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú también aportan un número importante de inmigrantes a Estados Unidos. En general, la inmigración a EEUU proviene de diversos países alrededor del mundo, reflejando la diversidad cultural e histórica del país norteamericano.
Según el último estudio del Centro de Investigación Pew (el Pew Research Center), es un grupo de expertos estadounidenses no partidista con sede en Washington, DC, que proporciona información sobre temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Destaca que más de 46 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, una cifra récord, y además señala que, hasta 2022-2023, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera legal.
El 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados (tenían la nacionalidad), el 24% eran residentes permanentes legales (LPR) y el 4% eran residentes temporales legales. El resto, el 23%, residía irregularmente en el país. Son 11 millones de personas.
Los datos anteriores son hasta el 2022-2023, por lo que es posible que hayan aumentado, es decir, se desconoce cuánto, ya que algunos abandonan el país, otros mueren y otros se regularizan.
Ahora, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, USCIS, en 2024 se les otorgó la nacionalidad estadounidense a 815.500 personas, lo que supone un 7% menos que en 2023.
México es el país líder con el 31,1% de las nacionalizaciones, seguido de India con el 6,1%, Filipinas con el 5%, República Dominicana con el 4,9% y Vietnam con el 4,1%.
Estas personas nacionalizadas residen en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Pensilvania, Massachusetts y Virginia.
Por ejemplo, las Estadísticas de Naturalización del Año Fiscal 2024 en EEUU: en Massachusetts 23,600, Washington 23,500, todos los demás 238,700; total, 818,500.
Ya es conocido, por otro lado, que, aunque Trump afirma querer deportar a hasta 11 millones de inmigrantes, los análisis publicados por The New York Times y The Washington Post indican que podría ser difícil expulsar a muchos de ellos bajo la legislación estadounidense vigente. El único grupo fácil de expulsar (son aquellos con antecedentes penales) es relativamente pequeño, con unas 650.000 personas.
En fin, la mayoría de los inmigrantes, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en EEUU, han vivido en el país durante muchos años. Casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero han vivido en el país durante dos décadas o más, y más de dos tercios han vivido en el país durante al menos 10 años. Solo el 20% llegó en los últimos cinco años.
Esto significa que muchas de las personas que probablemente serán objeto de deportación en los próximos meses son miembros establecidos y de larga data de la sociedad estadounidense.
En resumen, en EEUU, la población inmigrante podría superar los 13 millones de personas en 2025, según estimaciones de organizaciones como Migration Policy Institute y Pew Research Center. Además, hay al menos 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas en el país. Se espera que las deportaciones se mantengan en niveles similares a los de 2024, con la mayoría de los vuelos dirigidos a América Latina.
Población inmigrante: Se estima que la población inmigrante en Estados Unidos podría superar los 13 millones de personas para el año 2025.
Inmigrantes indocumentados: Hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Deportaciones: Las deportaciones se mantienen similares a las de 2024, con el 90% de los vuelos dirigidos a América Latina.
Impacto de la política: El enfoque del gobierno en deportaciones y las nuevas leyes pueden afectar significativamente a la comunidad inmigrante.
Origen de los inmigrantes: La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de México, India y China.
Nuevas leyes y reglas: Se implementarán nuevas leyes y reglas migratorias, como la que requiere el registro de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días.
Es decir, a partir del 11 de abril de 2025, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que permanezca en Estados Unidos por más de 30 días deberá registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Además, en 2025 ha traído importantes noticias en el ámbito migratorio, especialmente para quienes buscan trabajar temporalmente en EEUU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha aprobado un aumento temporal en la cantidad de visas H-2B para trabajadores no agrícolas.
En fin, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han implementado nuevas medidas destinadas a fortalecer los procesos migratorios y agilizar solicitudes pendientes hasta el 2025. A continuación, le presentamos algunos de los aspectos más destacados:
Extensión de programas temporales: El gobierno ha ampliado programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para países como Honduras, El Salvador y Haití. Esta medida permite que miles de personas puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen mejoran.
Nuevas prioridades en deportaciones: La administración actual ha decidido enfocar los esfuerzos de deportación en individuos con antecedentes penales graves. Por otro lado, se están reduciendo las deportaciones de personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, marcando un cambio positivo para muchas familias en situación irregular.
Actualización del sistema de visas: El Departamento de Estado ha comenzado a digitalizar más procesos relacionados con visas de trabajo y reunificación familiar. Esta modernización tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, facilitando el acceso a beneficios migratorios de manera más eficiente.
No obstante, estos datos pueden variar de acuerdo a las políticas migratorias de Donald Trump, ya que, como hemos visto, hoy dice una cosa y mañana otra.
Sala Constitucional le da trámite a un recurso de amparo que presentamos
contra la presidencia de la república.
Es por el funcionamiento irregular de un puerto privado por parte del sector azucarero nucleado en LAICA.
Esta instalación ubicada en Punta Morales de Puntarenas carece de concesión, carece de controles apropiados y allí atracan enormes barcos para cargar y descargar muchas toneladas de mercaderías.
Un puerto requiere permisos del MOPT, servicios de Aduanas y Hacienda, de Salud, de Migración, de Seguridad Pública.
Nosotros consultamos al ministro de Agricultura, que es parte de la Junta Directiva de LAICA. Su respuesta fue, “no se nada”.
Seguridad Pública si dio la cara y dijo, que hasta ahora no sabíamos ni hacíamos nada, vamos a estudiar el caso. Y gracias a nuestra gestión, por primera vez el 31 de marzo 2025 estuvieron presentes cuando atracó un barco. Pero ese puerto existe y opera hace unos 50 años. Sin control. (ver documento) Ante las respuestas y las dudas, le escribimos al señor presidente Rodrigo Chaves para que nos aclare y nos informe sobre la legalidad de ese puerto y sus debidos controles.
No recibimos más que el acuse de recibo. Por ello, interpusimos un amparo que se tramita en expediente 25-012603-0007-CO y hemos recibido notificación de su tramitación, que le otorga a la Presidencia 3 días para responder. La Ley General de Concesión de Obras Públicas indica: “Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado.” “Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos como existentes, así como los servicios que ahí se presten, únicamente podrán ser otorgados en concesión mediante los procedimientos dispuestos en esta ley.” En este caso, la ley no se cumple.
LAICA no tiene concesión para operar esa terminal portuaria.
Sobre este tema, dice LAICA que hay un viejo decreto y que ellos llevan 50 años haciendo uso del puerto y que tienen guardias privados contratados. (ver documento) Si. Han pasado muchas administraciones mirando para otro lado.
Ahora, el presidente es Rodrigo Chaves y le pedimos actuar. Ser ejecutivo.
Como decimos, varias instituciones públicas están involucradas en los permisos y controles de un puerto marítimo.
En este caso no se cumple con las leyes vigentes. Y preguntamos ¿Por qué? Preguntamos al señor Rodrigo Chaves Robles: ¿Tiene una concesión? ¿Un contrato? ¿Es esto un privilegio de LAICA o cualquier grupo privado puede tener iguales derechos? ¿Quiénes son los responsables de la existencia y la falta de control de un puerto manejado por privados? ¿Es legal la operación de ese puerto? En caso afirmativo, solicitamos nos aporte los documentos que confirman esa situación. ¿Usted la avala como tal? ¿Es producto de actos de corrupción históricamente heredados? En el caso de existir las irregularidades que denunciamos. Nos gustaría saber qué medidas tomará en el corto, mediano y largo plazo para terminar con el problema.
¿Quiénes en su gobierno están a cargo del control de ese puerto? ¿Qué papel cumple el MOPT a través de INCOP? ¿Qué papel tiene el Ministerio de Hacienda en control de exportaciones e importaciones que allí se realizan? ¿Qué papel juega ahora el Ministerio de Seguridad? ¿Qué responsabilidades tiene el ministro de Agricultura?».
Nosotros preguntamos, para que todos sepamos más.
La democracia se construye en base a la información, el dialogo respetuoso y la toma de decisiones transparentes y legales.
El pueblo de Costa Rica solicita respuestas claras.
El programa «Saber Vivir» de Radio UCR 870 AM dedicará su emisión del próximo lunes 12 de mayo de 2025 a analizar la situación de los derechos de la diversidad afectiva, sexual y de género en Centroamérica, con énfasis en Honduras.
La transmisión, que se realizará de 8 a 9 de la mañana, estará bajo la dirección de la licenciada Gloriana Rodríguez y contará con la participación del licenciado Donny Reyes Velázquez y el licenciado Marco Castillo Rojas.
El espacio radial podrá sintonizarse a través de la frecuencia 870 AM y será transmitido simultáneamente por las páginas en Facebook de Radio UCR 870 y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos.
La audiencia interesada en participar durante la transmisión podrá hacerlo enviando sus comentarios y preguntas al número de WhatsApp 8699 1745.
«Saber Vivir» es un programa que aborda temas de interés social y derechos humanos y brinda espacios de diálogo y reflexión sobre realidades actuales del país y de la región.
Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara
Candidata a Representante Administrativa
ante el Consejo Universitario UNA
Liderazgo, Fuerza Propositiva y Compromiso con la Educación al Servicio de Costa Rica
En las universidades públicas vienen siendo en los últimos años focos de atención para ciertos sectores que vienen amenazando su autonomía, la cual està garantizada en la Constitución Política, que les da las capacidades jurídicas para su gobernanza y poder desarrollar una labor Docente, Investigativa, de Extensión y Producción Artística al servicio de la sociedad. Se ha evidenciado como las amenazas contra la educación pública universitaria se ha concretado, entre otras acciones, en la disminución real del financiamiento de estas casas de estudio superior.
A pesar de que la ley establece que la educación tiene el derecho a un 8% del PIB para su desarrollo, las Universidades Públicas han podido evidenciar que, aunque por las leyes de la República el financiamiento debe ser creciente, el actual gobierno ha tomado postura para disminuir, aún más, el presupuesto universitario de las instituciones de educación superior en Costa Rica.
En este contexto destacamos la postura de la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara, funcionaria de la Universidad Nacional-UNA, quien en su calidad de Candidata a Representante Administrativa ante el Consejo Universitario 2025-2030 de la UNA, presenta su nombre para las elecciones organizadas por el Tribunal Electoral Universitario-TEUNA, segura de que fortalecerà la UNA como universidad pública y que con todo entusiasmo, firme vocación de servicio y voluntad, hará todo lo que esté a su alcance por una universidad con visión inclusiva, participativa, solidaria, transparente y comprometida con el bienestar colectivo:
“Asumo este proceso no solo como una candidatura; para mí, es una invitación a caminar juntas y juntos para que construyamos una universidad más humanista, sostenible y transformadora de la sociedad, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro”.
La señora Arredondo, realiza funciones administrativas y académicas en la Universidad Nacional de Costa Rica desde el 2009. Labora en la Oficina de Relaciones Públicas como Profesional Analista en Relaciones Internas y Externas, destacándose como profesional en Relaciones Públicas de la UNA en diversos procesos y proyectos institucionales de relevancia e interés para la UNA y el país. Se ha desempeñado como académica en la Escuela de Relaciones Internacionales-RI.UNA, laboró durante 5 años en la Vicerrectoría de Investigación, como Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional. Fue quien propuso el diseño y ejecución del VI Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, declarado de interés institucional en la UNA y de interés Público y Nacional (decreto número 40667. La Vicerrectoría de Investigación le delegó la Coordinación General del Ideario del 2017 al 2020, en un momento histórico que requiere importantes transformaciones. Es autora y coautora de investigaciones, libros y artículos de interés institucional y nacional (https://www.researchgate.net/profile/Sylvia-Arredondo-2?ev=hdr_xprf Es Doctoranda en Comunicación Política de la Universidad Politécnica de Valencia-España, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad de Costa Rica y es graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad Latina de Costa Rica. Fue mencionada en el ranking de las mujeres más destacadas en el año 2020 que realiza de la Revista Petra.
La Dra.(c) Arredondo indica en su programa de trabajo, que la realidad actual que vive la UNA obliga de manera sistemática y urgente, que el Consejo Universitario, como órgano superior de la UNA, y en apego al Plan Estratégico Institucional, asuma las acciones políticas necesarias para afrontar la defensa la autonomía, y con ello, rescatar la asignación del presupuesto quinquenal, como sucedía en años anteriores, para que las universidades pueden estar protegidas y puedan planificar adecuadamente su desarrollo institucional:
“La complejidad de la lucha exige de un Consejo Universitario muy activo. Demanda, no solo la integración de las diferentes universidades lideradas por sus rectores, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, sino la articulación de todos los consejos universitarios de modo que sea posible un planteamiento más unificado y clarificar mejores rutas y estrategias de acción. Es importante llamar a la conciencia de la comunidad en cuanto que, las universidades, y en particular la Universidad Nacional, la sociedad nos llama y nos exige actuar como garantes del Estado Social de Derecho, tan venido a menos en los últimos cuatro años”.
La Dra.(c) Arredondo propuso su postulación como representante administrativa al Consejo Universitario, tomando en cuenta la importancia que tiene este órgano como gestor estratégico, para procurar una mejor calidad de vida institucional de los sectores administrativos, académicos y estudiantiles, y considerando que cada sector tiene sus propias necesidades y demandas, sin dejar de mencionar que, siendo el Consejo un órgano colegiado, para lograr la mayor efectividad de cumplimiento, es necesario construir las coaliciones y alianzas que correspondan para aprobar las propuestas en beneficio de la UNA, las universidades públicas (UCR-TEC-UNED-UTN) y el país.
Compartimos algunas de las ideas expuestas por la universitaria Arredondo Guevara, quien afirmó que su programa de trabajo fue construido gracias al diálogo con la comunidad universitaria UNA:
Compromiso firme desde el Consejo Universitario UNA para impulsar:
UNA firme y sostenida defensa de la autonomía y del presupuesto universitario.
UNA comunicación abierta y permanente sobre los temas relevantes que se discuten y se analizan en el seno del Consejo Universitario.
UNA gestión académica, innovadora, participativa y transformadora.
Potenciar la formación integral de la persona estudiante.
Promover el reconocimiento y la dignificación de la persona y la función administrativa.
Contar con Sedes regionales más desconcentradas y con un mayor presupuesto.
Impulsar la simplificación de trámites y de procesos.
Procurar ambientes laborales saludables.
Posicionar a la UNA en el ámbito nacional con comunicación efectiva y estratégica.
Impulsar una formación integral, transformadora y humanista.
Compromiso contundente y genuino para impulsar una academia innovadora participativa y transformadora:
Agilizar la adquisición de equipo científico y tecnológico, para facilitar la labor investigativa, de extensión y el posicionamiento de la UNA en el ámbito nacional internacional
Revisar y actualizar el reglamento de Carrera Académica, para garantizar procesos justos, claros y actualizados que nos permitan ser competitivos internacionalmente.
Promover la normativa sobre el concepto de Universidad Abierta y de Políticas Comunicación Institucional, que se construya a partir de una ciencia abierta y una extensión universitaria que utilice los protocolos necesarios, en aras de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y su efectiva divulgación.
Impulsar la elaboración y aprobación de un marco legal que garantice el buen uso de la Inteligencia Artificial-IA en la UNA, que apoye la acción sustantiva de la UNA y sea una herramienta estratégica para promover la innovación, investigación y el desarrollo, dentro de un marco normativo pertinente y crear las condiciones para su mejor uso en la comunidad universitaria.
Impulsar la investigación, la extensión y la innovación, priorizando la calidad y la divulgación de sus resultados.
La esencia de la Universidad son las personas estudiantes
En sus diversas presentaciones y en los diálogos con diversos sectores de la comunidad universitaria, la señora Arredondo Guevara ha sido enfática en resaltar su compromiso para construir soluciones que beneficien al sector estudiantil, porque el bienestar del estudiantadoes su prioridad. De esta manera, plantea las siguientes acciones:
Impulsar y procurar:
Mejor asignación de recursos y montos más justos para las becas estudiantiles.
Motivar ¡Abrir las puertas al mundo! Con intercambios e internacionalización para una educación sin fronteras.
Impulsar Más y mejores servicios recreativos que respondan a las aspiraciones del estudiantado de la UNA.
Trabajar en conjunto con la Federación de Estudiantes-FEUNA y las Asociaciones Estudiantiles para atender sus necesidades y brindar soluciones.
Dignificar la gestión administrativa
En cuanto a la situación administrativa de la Universidad Nacional, Sylvia Arredondo, ha manifestado en diversos foros que considera muy importante darle su lugar, tanto, a la función administrativa como a las personas que ejercen sus tareas desde dicha área y que en la UNA las personas importan, por ello, se compromete trabajar por una gestión administrativa más humana, ágil y justa. Apuntó que el exceso de trámites en la universidad es agobiante y la sobrecarga de trabajo de procesos administrativos se convierten en situaciones de estrés, por consiguiente, se debe revalorizar el aporte que el sector administrativo le da a la acción sustantiva de la Universidad Nacional (docencia, investigación, extensión y producción) y gestionar la equidad en derechos para este sector.
En virtud de lo anterior su compromiso es determinante en:
Impulsar la simplificación de trámites y procesos para contar con una gestión universitaria simplificada y centrada en las personas.
Apoyar la revisión de la compensación del personal universitario, asegurando la competitividad salarial con los estándares nacionales.
Impulsar los esfuerzos de mejora de los procesos de reconocimiento y apoyar las alternativas de valoración del desempeño laboral.
Favorecer las acciones necesarias para luchar por la estabilidad laboral del sector administrativo y académico, principalmente de las personas interinas.
LA REGIONALIZACIÓN ES PRESENCIA TERRITORIAL Y COMPROMISO REAL CON EL CRECIMIENTO.
Uno de los temas que se le debe poner atención e incidir de manera positiva y urgente, según Arredondo, es garantizar una política universitaria que fortalezca la relación de la Universidad – Sociedad, con presencia en las principales regiones del país, por esta razón su prioridad es:
Impulsar la construcción de una política de desarrollo regional donde la Sede Universitaria sea siempre la protagonista en sus comunidades y territorios.
La investigación y extensión que se realiza en los territorios debe estar articulada con cada Sede y Recinto Universitario de la UNA.
Impulsar Más presupuesto, más jornadas académicas, más horas estudiantes.
Fortalecer en cada Sede y Recinto Universitario una oferta académica pertinente al contexto rural que impulse el desarrollo territorial.
Defender y luchar por el aumento de la inversión en infraestructura, conectividad y tecnología.
Buscar los escenarios más viables para desconcentrar recursos y decisiones para una gestión más ágil y transformadora en la UNA.
Fomentarla ampliación del presupuesto para becas y apoyos estudiantiles para aumentar la inclusividad.
La salud integral también es educación
Una comunidad sana, aprende, innova y transforma, en este sentido, construir ambientes saludables en la UNA es posible, afirmó la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara, para quien la noción de que la salud integral es también educación, va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos sobre biología o prevención de enfermedades, implica un proceso continuo de aprendizaje, desarrollo de habilidades y adopción de hábitos que empoderan a las personas para tomar decisiones informadas y responsables sobre su propio bienestar en todas sus dimensiones: física, mental, emocional y social.
Para académicos, administrativos y estudiantes, promover la salud integral no es solo un acto de bienestar, sino una inversión estratégica con múltiples beneficios indicó Arredondo, quien apuntó a que:
Es importante que la atención de la salud mental sea una prioridad.
Se deben promover ambientes sanos libres de acoso.
Es relevante impulsar el trabajo digno y bien remunerado.
“Entender la salud integral como una forma de educación transforma la manera en que abordamos el bienestar en la UNA”, agregó Arredondo Guevara, para quien al empoderar a comunidad UNA con conocimientos, habilidades y recursos, no solo se mejora la calidad de vida individual, sino que también se construye una institución más fuerte, resiliente y comprometida con el desarrollo integral de todos sus miembros: “ La inversión en salud integral es, en última instancia, una inversión en el futuro de la universidad y de la sociedad en general”.
Por una gestión más ágil y eficaz
Desarrollar la capacidad de la UNA para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno educativo, social y tecnológico, es una prioridad, esto implica una mentalidad abierta a la innovación, la implementación de estrategias de gestión del cambio efectivas y la promoción de la formación continua para toda la comunidad universitaria, señalò la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara: “ Una gestión más ágil y eficaz impulsará el futuro de UNA al Servicio de Costa Rica, con una visión de liderazgo proactivo y orientado a resultados, abordando las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad, donde la agilidad y la eficacia resuene en los diversos grupos de interés”. Sobre este argumento, Arredondo agregó será vigilante de:
Defender la autonomía, la democracia universitaria, gestionar la articulación de los Consejos Universitarios y exigir junto con el CONARE una asignación justa del financiamiento.
Direccionar la normativa al mayor reconocimiento de la equidad de género, inclusividad y derecho a la diversidad.
Gestionar normativa orientada a alcanzar la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la UNA, asimismo, apoyar la atracción de recursos frescos mediante acciones de vinculación nacional e internacional.
Apoyar la iniciativa del V Congreso Universitario como foro por excelencia para construir una universidad más funcional, actualizada y humanista al servicio del país.
Valorar la pertinencia de instaurar en la UNA un Observatorio del futuro de la Universidad Pública, orientado al análisis continuo de escenarios futuros, que brinde insumos para fortalecer la acción sustantiva.
Fortalecer la política de regionalización del CONARE para acrecentar nuestra presencia en los diversos territorios.
Impulsar la desconcentración de servicios de apoyo a la academia en las Sedes y Secciones Regionales para favorecer una gestión más eficiente y eficaz.
Dar seguimiento a las prioridades de obras nuevas y de mantenimiento, en conjunto con Unidades, Facultades, Secciones Regionales y Sedes, para mejorar el proceso de planificación.
Dar seguimiento a las acciones de los órganos desconcentrados, así como a las personas que representan a la institución en diferentes instancias externas.
La elección de Candidatura a Representante Administrativa del Consejo Universitario de la UNA se llevará a cabo el viernes 16 de mayo de 2025 por medio de la virtualidad, al respecto la Dra.(c) Sylvia Arredondo ha manifestado a la comunidad universitaria de la UNA en diversas actividades a las que ha asistido que: “Gracias por creer en este proyecto institucional que juntos y juntas podemos construir para el bien de la UNA y de la Sociedad, porque construir una Universidad Nacional al servicio y al desarrollo de Costa Rica es posible. Con el mayor respeto, les pido todo su apoyo para representarles con responsabilidad y entrega”.
La señora Sylvia Arredondo, afirmó estar convencida de que el cambio positivo es posible, y que una universidad más humanista, sostenible y transformadora de la sociedad, solo se logra, trabajando en equipo, con respeto a las diversas ideas y con inteligencia, por ello, se pone a las órdenes de las diferentes audiencias y comunidad UNA para atender las inquietudes por medio del correo electrónico: sarredondog8@gmail.com
La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.
En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.
Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.
Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital
La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.
Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.
Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.
La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.
Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.
Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.
Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.
La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.
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