Este miércoles 7 de mayo, en los Tribunales de San Ramón de Alajuela, concluyó el juicio contra cuatro estudiantes de la UCR, a quienes se criminalizó por manifestarse pacíficamente en 2019 en defensa de la educación superior pública.
Tras 6 años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria para el grupo de estudiantes, dejándoles libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública.
La jueza a cargo fue enfática en señalar que el fallo de la Sala Constitucional, vinculado al caso, es preciso: el artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria.
Con la dignidad y la conciencia tranquilas, seguimos de pie.
Pueden, deben, los jerarcas de RECOPE, tener siempre presente (¡ojalá en la sala de juntas y en la presidencia ejecutiva), mensajes con las tareas vitales que han de marcar su día a día. Entre ellas, no olvidar que el abastecimiento de todos los combustibles, ha de ser seguro, continuo, eficiente, en todo el país, sin excepción. Y, que la calidad de ellos ha de ser inmejorable, y con los mejores precios, como lo ha venido haciendo RECOPE, empresa estatal sin fines de lucro, de manera ordinaria.
Costa Rica, ha reafirmado en su estrategia para el desarrollo sostenible, que la seguridad energética, es fundamental para la estabilidad económica, el bienestar social y el cumplimiento sostenido, de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad, el transporte en todas sus formas, la producción industrial, la agricultura. En fin, para el desarrollo como un todo.
Al ser RECOPE, una sociedad anónima estatal, cuyas acciones son resguardadas por sus accionistas (el Consejo de Gobierno), reconocida como la empresa más grande y determinante del istmo centroamericano, que, entre otras cosas, colecta eficientemente para el Estado, tributos reunidos en el llamado “impuesto a los combustibles”, solo superado por la renta y el valor agregado, es fundamental que no se le contamine, con intereses empresariales privados, lucrativos, por definición.
Las propuestas de vender, el 100 % u otro porcentaje de sus acciones, o, las de ubicar su administración en el Ministerio de Ambiente, para, desde allí, alquilar su muy costosa y especializada infraestructura (muelle petrolero, tanques de almacenamiento, cientos de kilómetros de poliductos, estaciones de distribución mayorista, camiones cisternas…), como lo propusieran los exdiputados Otto Guevara y su compañera Natalia Díaz (Proyecto N° 17.888), con el pretexto de «abrir RECOPE«, a la competencia, alegando que era una empresa ineficiente, no soportó el examen público; era, sin duda, una pésima idea. Y lo sigue siendo, porque además de encarecer, inevitablemente, los combustibles, pondría en riesgo, la citada seguridad energética, que tanto hemos de valorar. O ideas sin sentido, como la «promesa» de campaña electoral de Eli Feinzaig, de convertir RECOPE, «en una pequeña oficina«.
El más reciente ataque, tiene que ver con la “movida” sospechosa del Poder Ejecutivo, quien pese a conocer el perfil ideológico, del economista Daniel Suchar, se le incorpora a su junta directiva, pese a ser un entusiasta privatizador, sin experiencia, además, en la función pública costarricense. Preocupante acto de Casa Presidencial, pues, ante el uso profuso, y enérgico, de la palabra oral, que le conocemos al amigo, podría suceder que lograre convencer al cuerpo colegiado, de la supuesta bondad de sus palabras, de sus “brillantes ideas”, y los pusiere a cavilar acerca, de las supuestas ventajas que tendría una «apertura» de RECOPE, de cara a la campaña electoral que ya se ha iniciado, donde, en algunos sectores de la ciudadanía, las propuestas demagógicas, populistas, divulgadas por Casa Presidencial, les sirven de alimento cotidiano.
Nota fue enviada por el Comisión Nacional de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas del partido.
Esta se convierte en la segunda organización política en mostrar interés abierto en suscribir la Agenda.
Abril, 2025. El llamado hecho por Agenda Viva a reconstruir Costa Rica continúa convocando a organizaciones políticas. El Partido Centro Democrático y Social (CDS) remitió una nota formal solicitando audiencia para conocer a fondo el proceso de construcción de la agenda y explorar su incorporación a una coalición nacional. Este viene refrendado por Ana Masis Ortiz, Kattia Cambronero Aguiluz, Urania Chaves Murillo y Cesar López Dávila, miembros de la Comisión Nacional de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas de dicho partido.
La solicitud reconoce que el esfuerzo ciudadano impulsado por el movimiento constituye una contribución valiosa y sin precedentes, para la construcción de una coalición nacional, plural, diversa e incluyente; en un momento en que el país exige un nuevo pacto colectivo. Por lo que este proceso ofrece una base sólida sustentada en propuestas concretas, liderazgos comprometidos y una visión compartida de futuro para Costa Rica.
EL CDS se convierte en la segunda organización política que se sentaría a dialogar con Agenda Viva, el primero fue el partido Frente Amplio. El Comité de Enlace de Agenda Viva, siguiendo sus procesos internos, trasladó la solicitud a la Comisión Coordinadora para definir una fecha de reunión.
“Que más organizaciones políticas se sumen al llamado que hicimos es una señal positiva. En Agenda Viva creemos que las transformaciones se construyen con diálogo, con visión de país y con voluntad de poner las propuestas ciudadanas al centro. Cuando presentamos la Agenda, hicimos un llamado claro y contundente y esperamos que los partidos sepan reconocer el momento histórico que enfrenta el país, mencionó Emilio Arias, de la coordinación de Agenda Viva.
El colectivo estableció tres condiciones para participar en un proceso de construcción hacia una coalición: que existan al menos dos partidos políticos en la mesa de diálogo, que la agenda ciudadana sea el centro de la propuesta programática y que las organizaciones no tengan candidaturas predefinidas, permitiendo así un proceso abierto, participativo y transparente.
Agenda Viva es un colectivo que reúne personas de diferentes áreas —derecho, medio ambiente, ingeniería, salud, administración, ciencias políticas, comunicación, docencia, economía—, así como organizaciones y sectores sociales sin colores partidarios. Aspira a convertirse en una plataforma común para las voces que promueven el diálogo, la inclusión y el desarrollo justo y equitativo del país.
Nueve llamados. Si bien, Agenda Viva, es un documento que almacena más de 200 propuestas, el movimiento social enumeró 9 consignas que son los temas prioritarios que necesita abordar el país en este momento:
La inseguridad ciudadana, la corrupción, el narcotráfico y las distintas formas de violencia, en especial contra las mujeres, están fuera de control, es necesario declararlo una emergencia de atención inmediata.
La educación atraviesa una crisis sin precedentes. Es necesario declararla emergencia nacional para su atención y construir una política educativa de estado y a largo plazo.
El sistema de salud está en estado crítico, debemos garantizar acceso oportuno a los servicios de salud, calidad en la atención, en los medicamentos, en los insumos críticos, la infraestructura local y nacional, así como condiciones dignas para la población trabajadora del sistema.
Todas las personas tenemos derecho a una pensión justa y digna. Nos oponemos al aumento de la edad de jubilación. Creemos en una pensión básica universal para todas las personas adultas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El estado debe pagar sus deudas y es necesario concertar acciones urgentes para fortalecer el sistema nacional de pensiones.
Debemos proteger nuestros recursos naturales y la marca país. Rechazamos la minería a cielo abierto, así como la explotación petrolera y de gas natural. Nos comprometemos con la conservación de humedales, la vida silvestre y el uso responsable de la energía, asegurando su beneficio para todos. Que la conservación ambiental siga distinguiendo a Costa Rica.
El agua potable es un derecho y no un privilegio. Es imperativo asegurar agua potable para todos y todas en la ciudad y en las zonas rurales.
Vivimos una crisis de movilidad sin precedentes, la planificación del transporte público está frenada. Es urgente apostar por la movilidad sostenible, inclusiva y segura. La electrificación del transporte público, la descarbonización y por los principales proyectos de infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos.
Para hacer las grandes transformaciones debemos concertar una reforma tributaria verdaderamente progresiva, donde quien más tiene más pague, redefinir las prioridades de inversión, cobrar de manera eficiente los impuestos, renegociar la deuda pública y atacar frontalmente la evasión y la elusión.
Debemos proteger sin distinción a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, personas mayores, entre otros, especialmente aquellas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
El CDS reconoce el aporte del colectivo Agenda Viva y propone que sus propuestas se conviertan en la base propositiva de una Coalición.
La agrupación humanista de centro ha solicitado audiencia formal al equipo coordinador de Agenda Viva.
El Partido Centro Democrático y Social (CDS) reconoce hoy más que nunca la necesidad de construir una coalición de partidos, colectivos sociales y liderazgos independientes que se convierta en la mejor alternativa de cara a las elecciones del 2026. Actualmente, la agrupación se encuentra en la fase final de su proceso de renovación de estructuras y, en ese contexto, ha solicitado una audiencia formal al colectivo Agenda Viva para adherir su agenda mínima y, a la vez, invitarle a ser parte de un esfuerzo de coalición.
El encuentro permitirá conocer a profundidad la metodología que dio origen a más de 200 propuestas y escuchar la ruta planteada por el colectivo hacia la construcción de alianzas. El CDS considera que este esfuerzo ciudadano representa una contribución valiosa para la configuración de una coalición de nuevo tipo: nacional, plural, diversa e incluyente; así como un proceso inédito surgido desde la sociedad civil.
“Como país debemos apostar por más y mejor democracia. Debemos dejar de ser espectadores y, por el contrario, sumar en equipo. De ahí la participación del Centro Democrático y Social en un momento histórico para Costa Rica de cara a los comicios del 2026. Agenda Viva, sin duda, es un esfuerzo ciudadano que respetamos y valoramos, y por ello queremos que se sume en este gran proyecto de coalición”, mencionó la diputada independiente de la actual legislatura, Kattia Cambronero Aguiluz.
La seguridad, la educación, la salud, la empleabilidad y la protección del medio ambiente figuran entre las mayores preocupaciones que aquejan a la población costarricense. A ello se suman los acelerados índices de corrupción y la penetración del narcotráfico, factores que coinciden con las razones por las cuales el CDS decidió reactivar su agrupación política.
Asimismo, identifican la necesidad urgente de modernizar el Estado, en procura de fortalecer la institucionalidad pública y su visión de inclusión social, garantizando a la vez que los servicios públicos sean prestados con calidad y eficiencia.
“El actual momento histórico requiere buscar puntos de encuentro para enfrentar el peligro de perder las conquistas sociales que han hecho de Costa Rica un país vivible. Pero, a la vez, el contexto social al cual han llevado al país el presente y los anteriores gobiernos demanda nuevos logros que mejoren las condiciones de vida y las oportunidades de una gran cantidad de compatriotas —especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad—. Para ello debemos construir bajo la tradición de diálogo que edificó nuestro país”, aseveró César López Dávila, de la Comisión de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas.
El CDS, creé firmemente que el país requiere un nuevo pacto colectivo, sustentado en propuestas concretas, liderazgos comprometidos y una visión compartida de futuro. En este sentido, la convocatoria hecha por Agenda Viva, y sus más de 200 propuestas, a favor de un programa mínimo común, que “reconstruya Costa Rica”; es una oportunidad que merece ser escuchada y fortalecida.
A pesar de ser un partido debidamente inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el CDS ha renunciado a convertirse en un partido taxi o franquicia para llevar candidaturas sin un proyecto político serio y coherente con sus ideales, razón por la cual no participó en las elecciones de 2014, 2018 ni 2022.
Fundado en 2012 como un partido humanista de centro, el CDS se ha caracterizado por su compromiso con la ética, la transparencia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. En congruencia con estos principios, y ante los desafíos actuales del país en materia de seguridad, empleo, educación, salud, medio ambiente y derechos humanos, reitera su disposición de sumarse a espacios de diálogo serio, abierto y respetuoso con sectores sociales, colectivos ciudadanos y otras agrupaciones políticas.
“Reactivar nuestro partido no es una casualidad, es un acto de responsabilidad con el presente y el futuro de Costa Rica. Hoy más que nunca, necesitamos unir fuerzas con quienes comparten nuestros principios”, afirmó la miembro fundadora del CDS, Urania Chaves Murillo.
De esta forma, el CDS reafirma su voluntad de contribuir a la construcción de un proyecto político sólido, participativo y transformador, que devuelva la esperanza a las y los costarricenses.
Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.
En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.
En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.
Los principales hallazgos fueron:
1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.
2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.
3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.
4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.
5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.
6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.
7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.
8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.
San José, Costa Rica. 7 de mayo de 2025. Desde el Partido Acción Ciudadana, bajo la lectura de las condiciones políticas y económicas, nacionales e internacionales, y los acuerdos del III Congreso Ciudadano, iniciamos el proceso de renovación de las estructuras partidarias y de formación política, para enrumbar nuestra participación en la campaña electoral presidencial 2026. Hoy damos un paso hacia adelante en la tarea de promover una coalición nacional que inspire esperanza y marque el camino de reconstrucción nacional para el periodo 2026-2030.
Ante el fuerte retroceso democrático y el aumento del espectro político populista, que amenaza con cambios radicales en la Constitución Política, que buscan debilitar la libertad de prensa y expresión, así como los órganos de control, es que acogemos con entusiasmo el llamado de unidad planteado a lo interno de nuestro partido, así como por agrupaciones ciudadanas, movimientos sociales y personas de diversas tiendas políticas, para frenar el deterioro democrático y la calidad de vida de quienes habitamos este país.
Nuestro compromiso es con la construcción de una coalición que responda de manera efectiva a las necesidades de todas las personas costarricenses y habitantes de nuestro territorio, sumando la diversidad de partidos demócratas y sectores que abrazan la democracia costarricense y defendemos el bien común.
Seguimos con atención los esfuerzos de grupos y colectivos de la ciudadanía, tales como los planteamientos de Agenda Viva, La Red, iniciativas de los colectivos de mujeres, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y la Coalición por Costa Rica.
Para Acción Ciudadana, la convergencia de sectores progresistas y demócratas no es un paso electorero más; es un acto de compromiso con nuestra patria, un cimiento esencial para proteger y mejorar las garantías que nos definen el camino para ser, como dice el artículo 50 de nuestra Constitución Política, una sociedad justa, inclusiva, sostenible y humana.
Nuestros órganos partidarios responsables de liderar procesos de coaliciones y agenda programática se han dedicado al análisis profundo a estas propuestas y naturalmente hemos encontrado en ella valiosas coincidencias que sumarán a nuestra ya actualizada propuesta a la ciudadanía.
Creemos firmemente que este debe ser un proceso que emane y sea respaldado por la fuerza de las estructuras partidarias, por lo que extendemos una invitación a cada militante que desee aportar su energía y conocimiento a estos procesos en coordinación con nuestros respectivos órganos partidarios, en los próximos días se estarán habilitando espacios de puesta en común con toda la dirigencia.
Hoy, más que nunca, reafirmamos este llamado a la unidad nacional. Es imperativo consolidar las transformaciones políticas que hemos iniciado y que hoy peligran por discursos populistas.
¡Es el momento de unir esfuerzos, de sumar nuestras esperanzas, de avanzar en conjunto hacia el futuro de Costa Rica! Comisión Política Partido Acción Ciudadana
Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo Profesor ITCR-ecologista FECON
Jamás. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Todos los sistemas de electricidad privatizados dan cuenta del lucro mercantil por encima del servicio público, de abusos tarifarios, de gobiernos cómplices, pusilánimes y protectores de las empresas privadas a las que, de manera deliberada y voluntaria, entregaron los servicios de generación y distribución de electricidad.
El reciente apagón en Europa, y más que todo en España, Portugal y el sur de Francia, debe servirnos de modelo para reconocer el fracaso de los modelos privatizados. En España el 80% del mercado eléctrico pertenece a los privados desde que la subasta de este servicio público inició con los neoliberales (apodados socialdemócratas) con Felipe González dirigiendo la carreta y se consolidó durante la presidencia de José María Aznar. Más allá de los discursos embrutecidos y las mentiras por parte de una parte de la prensa de ese país, tan absurdas como que hay que aumentar el gasto militar para estar seguros y que el apagón fue un “ciberataque” perpetrado por Putin, lo cierto es que ese apagón no es más que la confirmación de que los sistemas privados no saben y no quieren planificar y se ocupan en exclusiva de acaparar ganancias sin importar la calidad del servicio.
Ese apagón y el proyecto 23.414 de “armonización” eléctrica en Costa Rica van en la misma dirección, porque en un mercado de subastas, como el que nos quieren imponer, la ausencia de planificación y la preponderancia total del mercado de lucro controlado por el mejor postor, es lo que nos espera si en la Asamblea legislativa el Ejecutivo y sus secuaces de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y otros partidos aprueban ese proyecto para consumar la muerte del ICE como institución de servicio público. Al frente quedarán los consumidores dependientes de su capacidad monetaria para comprar en el mercado privado.
A pesar del asedio al que es sometido, el ICE sigue garantizando inversión social que no es rentable. Por ejemplo, hace unas semanas, en el camino entre Coto Brus y Abrojo Montezuma, territorio Ngäbe, había empleados del ICE dando mantenimiento a los tendidos eléctricos, como lo hacen en todo el país. En otra gira a Alto Laguna de Osa/territorio Ngäbe llegamos al fin del camino donde está el poste 841/127 que es el penúltimo de un tendido eléctrico de más de 10 km que el ICE construyó. Las comunidades jamás hubieran podido pagar solas su costo millonario. Fue una combinación de aportes de la población indígena y de inversión del ICE. En Vista de mar, otra comunidad Ngäbe de Punta Burica, desde 2023 la gente le está pidiendo al ICE construir un corto tramo de línea eléctrica de medio kilómetro, cuyo costo estimado por el ICE es de ¢19.631.100. Se trata de una necesidad urgente de más de doce familias, incluidos los y las estudiantes que en las madrugadas salen caminando hacia el Liceo Rural de Conte. Si se aplicaran criterios de “rentabilidad” a una necesidad como esa, se atentaría contra la esencia misma del ICE que sigue dotando de servicio público de electricidad a cientos de comunidades.En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040 (ICE, julio 2023) se aporta un dato impensable para cualquier país de América Latina y del mundo: entre 1998 y 2021 el ICE instaló 5.110 paneles solares en lugares rurales de acceso complicado. Esto incluyó 4.112 paneles residenciales, 467 en escuelas, 55 en liceos rurales. Otros 43 en EBAIS, 79 en puestos fronterizos de seguridad, 48 para teléfonos públicos administrados, 159 en puestos de áreas silvestres protegidas. Según el ICE fueron 380 las comunidades beneficiadas.
¿Qué pasaría si a cada una de esas inversiones le aplicamos un criterio de mercado; de rentabilidad, para decidir si se realiza o no? Evidentemente serían imposibles si fueran empresas privadas las responsables porque su fin es su ganancia. La otra pregunta inmediata y obligada es si estas mismas inversiones las seguirán haciendo los “agentes” privados cuando estemos sometidos a un mercado de subastas, como lo estaremos si aprueban el proyecto 23.414.
Entre los aspectos más letales del proyecto en contra del carácter público del servicio eléctrico se incluyen la “planificación indicativa” y el “mercado de subastas”. De la primera se habla insistentemente en los artículos 3, 6, 8, 9 y 13. En el primero de estos artículos 3 (Definiciones) se dice que “debe contemplar la integración de la generación distribuida, la participación del sector privado y la promoción de la inversión en infraestructura energética”. La planificación indicativa recaerá en el MINAE, un ministerio que del todo no tiene las potestades técnicas que tiene el ICE, pero pasa a convertirse en superministerio rector (ver artículos del 3 al 9 entre otros), anulando las potestades técnicas del ICE y asegurando la viabilidad política del mercado privado de subastas de la electricidad.
Totalmente diferente al patrón actual, en el 23.414 se establece en el artículo 9 que “la planificación indicativa no identificará proyectos renovables específicos y serán los agentes generadores los que propondrán sus proyectos en las subastas de capacidad, donde se escogerán los proyectos más convenientes para el SEN”. Además se reafirma que será el MINAE el responsable de “la planificación Indicativa de la generación, distribución y transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”. La nueva visión de mercado privado de subastas queda blindada en el artículo 14 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” que establece que “las fuentes -de generación- pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta y deben de cumplir con los tramites de conexión establecidos en la legislación nacional y regional y los requisitos establecidos por la ARESEP”.
La desaparición de la planificación técnica que ejerce el ICE se dibuja en todo el proyecto pero con especial claridad se concreta en los artículos 13, 44, 45, 51 y 53. En el artículo 45 “Subastas de energía” se establece que “en esta subasta todos los agentes generadores participan de manera abierta, al igual que todos los distribuidores y los grandes consumidores y comercializadores”. Es decir, el añejo sueño de colocar en igualdad de condiciones a todos los agentes del mercado: ICE y privados de todo tipo, se cumplirá con este proyecto hecho ley. Algunos de estos agentes son generadores y consumidores de alta tensión, como APM Terminals, Holcim, Florida bebidas, los ingenios Taboga y El viejo, y además algunos como Florida ice and farm Co. y FIFCO (Cervecería Costa Rica) son “grandes contribuyentes” que por 5 y 6 años han declarado “cero ganancias”, según el Ministerio de Hacienda. En España es un puñado de empresas las que controlan el mercado con la anuencia plena del gobierno que no pasa de anunciar que pedirá cuentas. Hasta fondos buitres de Black Rock operan negocios de electricidad privada. Esa subasta ha sido implacable.
Para Costa Rica la subasta privada del mercado eléctrico se refuerza en el artículo 51 del 23.414 que establece que los “precios topes para las subastas de energía y de capacidad” dependerán “de las condiciones de los precios en el mercado de electricidad, durante períodos de alta demanda, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”. Esto de “proteger” resulta hasta chistoso pues todo el proyecto apunta a la desregulación y pérdida de fijación de costos y tarifas diferenciadas para asegurar el acceso universal a la electricidad, que es lo que históricamente ha garantizado el ICE con inversión social que no resulta rentable. No hay en este proyecto ni un artículo, renglón o palabra que apunte a bajar las tarifas como demagógicamente dicen sus defensores y hasta entidades privadas como la Asociación Costarricense de consumidores de energía y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así lo han afirmado (ver Actas de la Comisión de Energía). Lo que sí se garantiza es que los “agentes” privados multiplicarán sus ya abultadas billeteras gracias a que se consolidarán sus negocios en el país y en el mercado centroamericano al que podrán exportar electricidad. En el caso de España también se sobrepuso el lucro privado a las necesidades sociales.
En resumen, las necesidades de comunidades como Alto Laguna y Vista de mar nunca podrían atenderse bajo criterios de “rentabilidad” opuestos a la inversión social, pública, solidaria y a precios justos. Eso es “Estado social eléctrico”. No es “gasto” si no inversión indispensable para que la gente tenga más calidad de vida, y a eso el ICE ha ayudado por sus fines y principios demarcados desde el 9 de abril de 1949 cuando fue aprobada su ley constitutiva. A pesar de las múltiples crisis que el ICE sigue enfrentando, y de que buena parte de sus directivas han sido parte y cómplices de una especie de zonchos que lo sobrevuelan como si fuera carroña, sigue siendo una institución pública que obligatoriamente tenemos que seguir defendiendo ante quien sea.
El antiveneno ya está en estudios preclínicos en Marruecos. Su objetivo es ayudar a proteger vidas en Oriente Medio y el norte de África
En los laboratorios del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se trabaja por un sueño que ya está cerca de ser una realidad y de entrar al escenario global.
Se trata del primer antiveneno costarricense, con sello UCR, capaz de salvar vidas humanas frente al envenenamiento causado por tres especies de escorpiones letales del norte de África y Medio Oriente: Androctonus australis, Buthus mardochei y Leiurus quinquestriatus.
El producto lleva por nombre ScorpiTAb-ICP y se da como respuesta científica y solidaria ante una enfermedad desatendida.
Si bien desde hace décadas el ICP-UCR ha sido un referente mundial en la producción de antivenenos contra mordeduras de serpiente, esta es la primera vez que un equipo científico costarricense del Instituto desarrolla un antídoto neutralizante para el veneno de escorpión que posee alcance internacional.
El proyecto ha avanzado con una rapidez excepcional. En tan solo año y medio, el talento costarricense logró alcanzar la fase de estudios de estabilidad del producto y enviarlo a Marruecos, donde se están realizando pruebas preclínicas con venenos de la región.
“Este antiveneno puede salvar a niños en Marruecos, Egipto o Sudán. Esa es nuestra motivación y el impacto que queremos lograr”, afirma la Dra. María Herrera Vega, investigadora de la Sección de Desarrollo Tecnológico del ICP-UCR y coordinadora del proyecto que involucra a más de 30 personas del Instituto.
¿El impacto que se podría generar? Enorme. Un estudio del 2008 divulgado por la revista científica Acta Trópica indica que, en el mundo, más de 1.2 millones de personas cada año son envenenadas por escorpiones y, de esos casos, ocurren más de 3 250 fallecimientos. Para el 2025, se calcula que esta cifra podría ser mayor.
Asimismo, la mitad de esos casos suceden en la región MENA (norte de África y Medio Oriente), especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad económica, donde el escorpionismo es una amenaza real y poco visibilizada.
Tan solo en países como Marruecos, por ejemplo, el estudio de Acta Trópica reporta más de 127 000 accidentes y 231 muertes del 2016 al 2020. Aunque la tasa de mortalidad global puede parecer baja (entre 0.45 % y 4.9 %), en regiones vulnerables como Sudán esa cifra se eleva, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“En Sudán nos contaban que los cementerios de niños están llenos por causa del escorpionismo. Es desgarrador. La mayoría muere durante la temporada de lluvias, cuando los escorpiones entran a las casas tras las inundaciones”, relata Herrera.
La Dra. María Herrera Vega, coordinadora e investigadora del ICP-UCR, habla del serio problema del escorpionismo
Así inició todo
El interés del ICP-UCR por generar este nuevo antiveneno surge a raíz del abandono de la industria.
Hasta hace poco, una farmacéutica internacional producía el principal antiveneno contra el veneno de escorpiones para esa región. Pero, como ha sucedido con otros tratamientos para enfermedades tropicales, la producción se detuvo.
¿El motivo? El fármaco no era rentable por ser un problema que, al igual que en los envenenamientos ofídicos, afecta a las poblaciones de menores ingresos económicos.
Ante la retirada de la compañía, se abrió un gran vacío. Sin antivenenos en el mercado, y sin la capacidad local para producirlos, miles de personas quedaron desprotegidas.
Fue entonces cuando el ICP-UCR decidió intentar desarrollar una formulación que contribuyera a solucionar el problema del escorpionismo en la región del MENA; no por un interés comercial, sino por vocación científica y humanitaria.
“Una farmacéutica producía suero antiescorpión para África, que era el referente, y luego dejaron de producirlo. Ahora, ya ese suero no se encuentra. Nuestro objetivo es alcanzar y superar la calidad que tenía ese producto”, cuenta el M. Sc. Andrés Sánchez Brenes, otro de los investigadores líderes del proyecto.
El antiveneno es capaz de salvar vidas en África y Medio Oriente. Su desarrollo es una respuesta solidaria de la UCR ante una enfermedad desatendida. Fotos: Karla Richmond. Imágenes con fines ilustrativos.
El objetivo
La solución costarricense se enfoca en neutralizar el veneno de las tres especies peligrosas de escorpiones antes citadas.
Para ello, el ICP-UCR importó los venenos de la empresa especializada Latoxan de Francia. Luego, cuatro caballos fueron inmunizados cuidadosamente con estos venenos para generar anticuerpos neutralizantes.
El proceso ha sido casi idéntico al utilizado en la producción de sueros antiofídicos, con algunas diferencias técnicas debido a la naturaleza del veneno de escorpión.
La formulación final es en polvo, es decir, liofilizada, lo cual representa una ventaja importante en términos de logística: no requiere cadena de frío y tiene una vida útil de cinco años. Esto es una gran ventaja para los países del Medio Oriente, que suelen tener temperaturas altas y, en algunos, pocas opciones de refrigeración.
“La formulación que desarrollamos se presenta en un vial de 10 mL. Esto equivale a las presentaciones habituales de 1 mL por vial, de las cuales se requieren 10 viales por paciente. Entonces, hicimos una nueva presentación con una única dosis. Esto disminuye costos, facilita el almacenamiento y mejora la accesibilidad en zonas remotas”, explica Herrera.
Actualmente, ya se tienen los primeros tres lotes del antiveneno, que se encuentran en fase de prueba de estabilidad. Estos lotes ya han demostrado una potencia neutralizante que supera, por mucho, la especificación de otros productores para este tipo de medicamento.
Mientras a nivel internacional se recomienda una capacidad de neutralización mínima de 50 dosis letales por mL para estas especies de escorpión, los ensayos del ICP-UCR muestran que, en algunos casos, su producto alcanza hasta 550 dosis letales neutralizadas por mL para uno de los venenos de los escorpiones.
Para otro de los venenos, el antídoto neutraliza 385 dosis letales y, para el tercero, 400 dosis letales. En otras palabras, el antiveneno de la UCR es casi diez veces más potente que lo esperado, comenta Herrera.
El M. Sc. Andrés Sánchez Brenes, investigador del ICP-UCR, habla sobre la esencia de la iniciativa
El proceso
Con la ayuda de una investigadora del Instituto Pasteur de Marruecos, los lotes del antiveneno de la UCR ya están siendo evaluados en pruebas preclínicas.
Estas pruebas son realizadas en ratones a fin de confirmar la eficacia del producto con venenos locales.
Al concluir lo anterior, el siguiente paso será lograr el registro sanitario en Costa Rica y en los países de destino. Para ello, se requiere completar al menos tres años del estudio de estabilidad y contar con evidencia científica sólida que demuestre la vida útil del producto. Los tres años de estabilidad se cumplen este 2025.
“El antiveneno también se va a probar con otras especies cuyos venenos no están incluidos en la mezcla de inmunización, pero que nosotros suponemos que pueden tener reactividad cruzada. Por supuesto, queremos que alguien más lo demuestre para evitar ser, nosotros mismos, juez y parte”, menciona Herrera.
Este desarrollo no habría sido posible sin un equipo multidisciplinario comprometido. Desde quienes cuidan y alimentan a los caballos, hasta quienes monitorean los parámetros fisicoquímicos o gestionan la compra de los venenos. Más de 30 personas han participado en esta iniciativa que simboliza lo mejor de la ciencia costarricense.
“Este suero todavía debe ser sometido a un estudio clínico para saber el desempeño, pero desde ya esperamos que se comporte de la misma forma. Con tan solo saber que funcionó, y que para una persona el tratamiento fue eficaz, es más que suficiente para sentir que lo hicimos bien para ayudar a salvar vidas”, expone Sánchez.
Con este antiveneno, el ICP-UCR reafirma su lugar como referente mundial en el desarrollo de soluciones para enfermedades desatendidas. Pero más allá del prestigio, el objetivo es claro: reducir la mortalidad, el sufrimiento y los costos en sistemas de salud frágiles.
“Si un niño en Marruecos se recupera más rápido, si una madre no pierde a su hijo por un envenenamiento que se pudo tratar, ese es nuestro mayor logro”, concluyen los investigadores.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Ricardo Millán Profesor asociado, Universidad de Costa Rica Miembro Correspondiente, Academia Nacional de Medicina
Aquellos lazos
Él alzó la mirada apenas escuchó su voz, melodiosa como un abrazo calentito en el corazón. Golpeteó con las manos y los pies, pujando, balbuceando, casi rugiendo emocionado. Ella aceleró los pasos, tiró las llaves y las bolsas del supermercado en el sillón, y corrió a alzarlo, estrujarlo y apapacharlo. Había esperado todo el día ese momento en que por fin, ambos estarían juntos.
Olor a bebé por un lado, a leche materna por el otro. Miradas fijas, enlazadas. Quietud, paz, amor. Dos latidos cardiacos que marchan al mismo ritmo, que se compaginan. A ella no le importa ya el trajín del trabajo ni el déspota de su jefe; él, acurrucado, no pareciera tener más necesidades porque ya todas están cubiertas.
Han pasado 15 meses de un diálogo continuo, cuando ella supo que estaba embarazada. Desde entonces, unas palabritas por allá, una música de Mozart por acá y unas pataditas como respuesta. Años después, él se enteraría en voz de la abuela que se sentía tan cómodo adentro, que el doctor tuvo que inducir el parto a las 40 semanas de embarazo porque salir no estaba en sus planes.
No importaron las noches en vela, las congojas para que agarrara el pecho, el cansancio exponencial ni el trabajo extra. Cada tarde, al ser cerca de las cinco, aquellos lazos se apretaban con fuerza, una vez más.
Una buena salud mental materna promueve directamente el desarrollo de un vínculo madre-hijo/hija seguro. Se trata de una asociación de supervivencia y evolución, que permite que el bebé, desde el momento mismo de la concepción, vea satisfechas todas sus necesidades físicas y afectivas. Es lo que permite que un niño o niña crezca con la certeza de que hay una persona disponible, protectora, afectiva, que sabe leer y conectar con sus necesidades.
Tiempo después, cuando esta dinámica se ha consolidado, este bebé contará con las destrezas necesarias para modularse a sí mismo en aquellas circunstancias en que la madre no esté inmediatamente disponible (por ejemplo, por razones laborales o cuando se inicia la socialización con otras personas de su edad). Una vez juntos de nuevo, podrán conectar con facilidad, como si nada hubiera pasado.
Por el contrario, incluso a pesar de todos sus esfuerzos, cuando una mujer enfrenta una depresión postparto, existe una mayor posibilidad de que ese vínculo se torne inseguro. Mamá no logrará identificar adecuadamente las necesidades de su bebé, las que irán quedando descubiertas, activando así un estado de alarma persistente que bien podría traerle consecuencias más adelante.
Hoy, en el día mundial de la salud mental materna, todas las mamás y claro, todos los papás también tenemos la gran oportunidad de echar una mirada a nuestra propia historia, comprendiendo qué factores nos pudieron haber afectado, desconectándonos de nuestros hijos. Si este fue el caso, toca pasar la página, hicimos lo mejor que pudimos con los recursos de los que disponíamos en aquel entonces.
Volvámonos entonces hacia el futuro, procurando nuestro autocuidado, fortaleciendo nuestras habilidades, pidiendo ayuda a amigos, familiares, o, incluso, a profesionales, cuando así sea necesario. Estando nosotros mejor, podremos fortalecer el tiempo de calidad que compartimos con nuestros hijos, la atención que les ponemos, las prioridades que establecemos, la escucha que les brindamos, o la lectura de sus necesidades que hacemos. Ese traje nos sentará mejor.
Imagen: “Paz y tranquilidad”, del Dr. Ricardo Millán González
En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.
Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo
En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.
Inseguridad jurídica sobre la tierra: Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.
Procesos judiciales interminables: Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.
Presiones y amenazas de desalojo: Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.
Deterioro de las condiciones de vida: Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.
Pérdida de salud y calidad de vida: El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.
Despojo silencioso: Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.
Erosión del arraigo y el tejido comunitario: La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.
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