Ingrese en el siguiente enlace para leer el pronunciamiento del Consejo Nacional de Rectores sobre la actual situación política y social de Nicaragua.
Pronunciamiento CONARE sobre Nicaragua 16 07 18
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Calles en mal estado, suministro de agua deficiente, inseguridad ciudadana, infraestructura pública al garete. La lista de pendientes en un país como el nuestro es interminable. Pero una exitosa iniciativa comunal que ya se aplica en más de 400 pueblos, está transformando la forma de encarar estas problemáticas.
“En mi barrio pasamos de quejarnos a accionar, ver qué soluciones podemos encontrar aprendiendo a trabajar en conjunto con entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”, cuenta de forma enérgica Yahaira Rojas, vecina de Pococí.
Como Rojas, cientos de costarricenses viven agradecidos con las metodologías que conocen en virtud de la iniciativa Territorios Seguros: “nosotros fuimos capacitados en talleres, y ahora sabemos cómo funciona el Estado a través de sus distintas instituciones, entonces ya podemos gestionar reuniones, exigir rendición de cuentas y poner en marcha proyectos en los que esas instituciones dispongan una parte y nosotros la otra, desde temas de salud comunitaria, atención hospitalaria, suministro del agua”, agrega Rojas.
El trabajo logístico a lo largo y ancho del país no ha sido fácil. Es ahí donde la Universidad Nacional (UNA) ha entrado en acción, particularmente la Escuela de Sociología, a través del proyecto Epistemologías del Sur.
“Territorios Seguros es un método, para que seamos vigilantes de que las instituciones del Estado estén cumpliendo, pero debe quedar claro que no es un partido político ni un grupo religioso. Lo que hacemos como sociedad civil es abrir muchas puertas para que los funcionarios públicos nos rindan cuentas y podamos articular esfuerzos, casi en cualquier área, por ejemplo en temas de seguridad comunal e infraestructura en educación”, explica Anita Rodríguez, vecina de Puerto Viejo de Limón.
Las historias se éxito se cuentan por cientos. Así lo narra Karen Vásquez, vecina de Matambuguito de Nicoya, para quien las calles de su barrio son otra cosa antes y después de Territorios Seguros: “en esa teman el desarrollo de la zona no es equitativo, y no queríamos dejarnos más, entonces nosotros mismos buscamos las soluciones por nuestros medios y no esperamos a que viniera alguien a resolvernos todo; los vecinos pusimos la mano de obra y gestionamos algunos materiales a punta de colectas y actividades”.
Territorios Seguros es un movimiento de la sociedad civil que nació hace 15 años, y que, según sus promotores, busca empoderar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, entre ellos el de exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Además sugiere la definición de acciones que permitan convivir en un país más inclusivo. Hoy, Territorios Seguros tiene una plataforma de trabajo en más de 450 territorios de todo el país, a lo largo de 22 cantones.
En el marco de esta iniciativa, el pasado 8 y 9 de junio, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Territorios Seguros en el hotel Cibeles, Heredia. Habitantes de zonas alejadas así como del Valle Central se dieron cita. La UNA, a través del proyecto Epistemologías del Sur de la Escuela de Sociología dio acompañamiento durante la actividad.
“El objetivo del Congreso giró en torno a construir una estrategia integrada de Territorios Seguros, que oriente su quehacer local y nacional ante todos los Poderes del Estado, en el marco de un gobierno que busca conjuntar en su gestión a todas las fuerzas políticas y sociales del país. El movimiento que impulsa la conformación de Territorios Seguros no es otra cosa sino la posibilidad que, como ciudadanos costarricenses, tenemos para ejercer como soberano. Este modelo de participación ciudadana, tomando la Constitución Política de Costa Rica en sus manos, ha logrado que el Estado cumpla con la Ley y, por lo tanto, atienda a poblaciones que antes de este modelo no tenían más opción que esperar a que otro u otra resolviera por ellas y ellos”, afirma Ernesto Herra, académico de la Escuela de Sociología de la UNA.
El Congreso permitió que los protagonistas de este innovador modelo de participación ciudadana, provenientes de zonas del país muy distantes una de la otra, se vieran las caras. A casi todos, Territorios Seguros les cambia sus barrios y sus vidas: “esto es prácticamente un estilo de vida que uno adopta para cualquier cosa. Me ha servido para desarrollarme como persona, vecina y ciudadana, de cara a las problemáticas habituales de nuestros pueblos”, concluyó Yahaira Rojas, orgullosa miembro de Territorios Seguros, mientras se refugiaba de una llovizna, poco común en su natal Pococí.
***Más detalles: Oficina de Comunicación. Tel 2237-5929 / 2277-3067***
Imagen ilustrativa de Territorios Seguros, Puerto Viejo.
Enviado por UNA Comunicación.
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El pasado 9 de julio se llevó a cabo en el Auditorio UCR San Ramón, el conversatorio: Recuperaciones en territorios indígenas PH Diquís y relación cultural-ambiental y su paisaje con visitantes de Salitre, Cabagra y Térraba.
El conversatorio también se realizó el martes 10 de julio en el Auditorio de Educación, sede Rodrigo Facio, UCR.
Comentarista: Álvaro Sagot.
Siga el siguiente enlace para ver el video publicado en la página de Facebook de Radio Machete:
https://www.facebook.com/pg/RadioMachete/posts/
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FECON, 10 de julio 2018. Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 18-005745-0007-CO el dirigente indígena Asdrubal Rivera Villanueva busca llevar justicia y soberanía al Territorio Indígena de Terraba.
Esta acción está planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 34312 que da conveniencia nacional e interés público a los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, así como a sus obras de transmisión, desprotegiendo de esta forma parte del territorio indígena que cuenta con una protección legal superior. Este decreto pretende igualar los terrenos indígenas con cualquier otro terreno forestal, a pesar de la diferenciación legal existente.
El espíritu de la Ley No. 6172, del 16 de noviembre de 1977, se basa en que los territorios indígenas únicamente habiten personas indígenas. Por eso en su artículo 2°, párrafo segundo, las declara de propiedad de las comunidades indígenas, y después, en su artículo 3°, además de decir que son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, claramente dispone que son exclusivas para aquellas comunidades indígenas. El artículo 3° prohíbe a no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios, y declara absolutamente nulo todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas. Confirmado por la Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administración se trata de propiedades inalienables (TCA Sección Previa sentencia 138-2013). En este mismo sentido el artículo 4° indica que los territorios serán regidos por los indígenas, “en sus estructuras comunitarias tradicionales”. Esto excluye la posibilidad de que personas no indígenas puedan hacerlo.
Por otro lado el artículo 7° de esta ley pone en evidencia que estamos frente a un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Así las cosas, resulta inaplicable al efecto la excepción establecida en el artículo 34 y 19.b, pues hay una ley especial que establece una categoría de protección más elevada. La intención de modificar el uso de suelo de estas zonas haciendo una represa hidroeléctrica, es incompatible con el mandato legal de mantener la vocación de bosque. Es evidente que sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales decretando de conveniencia nacional dicho proyecto (Voto 13100-2010 y Voto 13622). Esta declaratoria de conveniencia nacional y de interés público tiene como requisito justificar que el impacto ambiental se amortiguaría por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo Nº 6 le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de 5 meses para la determinación de la viabilidad ambiental.
Se lesiona puntualmente el Artículo 50 de la Constitución Política porque de él se deriva la aplicación del principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. En este caso el Decreto en su artículo 6 admite que no tiene conocimiento del impacto ambiental de proyecto Diquis y aun así le otorga conveniencia nacional, a pesar de que evidentemente, sin una evaluación ambiental, el impacto ambiental se desconoce.
Si la dimensión ambiental no se tiene clara ¿cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental y cultural.
Hace una semana vimos con alegría como se inauguraba un nuevo u-suré en el Territorio Indígena de Cabagra (VocesNuestas, 9-7-2018) después de que dos manos criminales habían quemado esta estructura años atrás. El u-suré representa para la cultura bribri el orden del universo y la conexión con Sibú. Una represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas vendría a significar otro ataque directo contra estos pueblos que luchan por que lo dejen vivir en paz.
Información 8760 9800.
Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
Enviado por FECON.
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SURCOS recibió para su divulgación varias posibilidades de empleo en la zona de Monteverde de Puntarenas. Consulte las que le interese siguiendo el enlace de su interés:
Imagen con fines ilustrativos.
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El fin de semana anterior, sábado 7 y domingo 8 de julio, fue especial para esta comunidad y en especial para los niños, las niñas y personas jóvenes de la localidad. No importó la falta de luz, de agua u otras limitaciones materiales; tampoco las constantes amenazas de desalojo que han sufrido por parte del Estado y que afectan los procesos de organización y de lucha por el derecho a tener tierra y cultivarla. Este fin de semana Los Almendros recibió a grupos de teatro, cuenta-cuentos, títeres y delegaciones de líderes y lideresas comunitarias de zonas como Meleruk de Talamanca, Paraíso de Sixaola y Longo Mai de Buenos Aires, que en coordinación con personas del Comité de Desarrollo de Los Almendros se proponían desarrollar un espacio de disfrute y que rompiera por un momento con la rutina comunitaria.
La historia de esta comunidad conformada por un proceso de toma de tierras comenzó en setiembre del 2012 con el ingreso de unas 120 familias, tras la muerte del propietario de la finca que no tiene herederos registrados. Actualmente en ella viven unas 250 familias cuyas cabezas de hogar, en su mayoría, son mano de obra en actividades agrícolas temporales y de subsistencia en las bananeras aledañas.
Desde ese momento cada día es una lucha dura y distinta. Doña Seidy y Doña Norma cuentan como las condiciones de vida en la zona son difíciles, pues no cuentan con calles adecuadas por las cuales puedan salir sus hijos a estudiar, no hay alumbrado público lo cual se traduce en problemas de seguridad y el agua llega de forma reducida y por periodos de tiempo limitado.
Disputa es la principal característica de la vida en Los Almendros por una parte contra el Estado, que a través de Fuerza Pública ha intentado múltiples desalojos de las tierras, por otra parte instituciones de servicios públicos como el AyA que dificulta la adecuada distribución del agua potable, así mismo no hay servicios de electricidad formal. En este momento una importante cantidad de casas no cuentan con alguno o ambos servicios, tal es el caso de Doña Gerardina que colabora con el comité y fue una de las principales promotoras para que se desarrollará la actividad.
Además, en distintos intentos por lograr la titulación de tierras las y los habitantes de Los Almendros se han visto expuestos a situaciones de estafa por parte de abogados y otras personas (gavilanes) que les prometen avances en trámites, pero sin concretarse eso en beneficios concretos para sus vecinos. Lastimosamente bajo la lógica de estafa también se han gestado proyectos productivos en la localidad que terminan desmantelándose y representando importantes pérdidas económicas para las personas de esta comunidad.
Esas y otras situaciones han producido un ambiente de desconfianza en incredulidad ante nuevos intentos de articulación comunitaria, es por ese motivo que se genera la vinculación entre el nuevo Comité de Desarrollo de Los Almendros, el Programa Kioscos Socio-ambientales y Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR para desarrollar una serie de aportes puntuales a la organización, la primera de ellas fue la actividad del fin de semana anterior cuyo fin era el de fortalecer las acciones y procesos que lleva a cabo este nuevo comité.
Durante la tarde del sábado se realizó un intercambio de conocimientos y experiencias entre personas del Movimiento Saberes Comunitarios (grupo de dirigentes comunitarios con que trabaja la Cátedra de Acción Social del programa Kioscos) y la dirigencia de la comunidad, en ese diálogo compañeros con experiencia en procesos de titulación de tierras compartieron con las integrantes de nuevo comité una serie de estrategias que han resultado efectivas en el desarrollo de los procesos que se llevan en las municipalidades y otras instituciones como Inder. Por su parte, Sonia de Meleruk, Talamanca hizo énfasis en la necesidad de que el Comité estimule la participación e involucramiento de las personas de la localidad, pues expresa que crear cuerpo comunitario es indispensable en los procesos de la lucha organizativa por defensa de la tierra.
El domingo durante la mañana, hubo taller de títeres, teatro y cuenta-cuentos con el colectivo Diököl y partidos de fútbol disfrutados mayoritariamente personas jóvenes que se acercaron a la plaza de la localidad. En horas de la tarde personas adultas se acercaron al intercambio de semillas criollas preparado por las y los integrantes del Movimiento Saberes Comunitarios, en ese espacio se conversó sobre la importancia del cuido de las semillas criollas y las formas de producción campesinas como una forma de resistencia de las comunidades rurales y en defensa de la identidad campesina ante las amenazas de la expansión de monocultivos.
Que la principal actividad económica que sostiene a las familias la comunidad de Los Almendros sea el trabajo asalariado en las bananeras representa un factor de riesgo para la comunidad ya que su estabilidad económica está sujeta a la demanda temporal de mano de obra en el monocultivo, es por ese motivo que resulta pertinente la promoción de formas de producción local diversificadas y enfocadas inicialmente en el auto-sustento de las familias del territorio.
Es desde finales del año 2014 que se ha venido trabajando con un grupo de dirigentes de organizaciones comunitarias en un proceso sostenido de acción-reflexión-acción orientado a profundizar en torno a las causas, historicidad y expresiones de los conflictos socioambientales en nuestro país y sus diferentes relaciones con la región latinoamericana. Es también un espacio en el que se propone la generación de diálogos y encuentros con otras organizaciones sociales a través de visitas a diversos territorios de la ruralidad costarricense.
En el grupo SACO (así nombrado por mismos integrantes) hay personas de Los Chiles, Guatuso, Sixaola, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Territorio Bribri Talamanca, Siquirres y Guacimal. La articulación y proceso grupal se gesta desde la Cátedra Defensa Comunitaria del Territorio del programa Kioscos Sociambientales para la organización comunitaria y representa un esfuerzo por dar seguimiento a los procesos que el programa abre en las distintas zonas del país.
Informes con Bryan Gónzalez: 8751 5679
Enviado por Kioscos Ambientales, UCR.
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Ante la noticia de Casa Presidencial donde se manifiesta que el Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria coordinará política pública y apoyos institucionales, Cokomal envió a SURCOS un comentario en el cual expresa:
“Esperamos que este órgano actué en sus funciones y partir de las redes y organizaciones de economía solidaria adopte una metodología de trabajo de implementación de políticas dialogadas consecuentes con el espíritu de colaboración, cooperación de la Economía Social Solidaria, una agenda que incluya las principales demandas en temas como, mecanismos de la financiación, y la alimentación sustentable; la vivienda; un régimen de salud para la ESS; la pobreza en los territorios; la sustentabilidad ecológica y el cambio climático; la transformación en los territorios; los mercados solidarios”.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Cokomal.
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Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este viernes 13 de julio el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el 2019.
Como representantes del Gobierno de la República firman: Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, Nogui Ramón Acosta Jaén, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y por parte de la universidades públicas, Marcelo Prieto Jiménez, Rector de la Universidad Técnica Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional, Julio Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia y Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el 2019 en ¢511.154 millones para la Universidades Públicas y para la Universidad Técnica Nacional-UTN el presupuesto será de ¢34.868 millones; estos montos corresponden al presupuesto asignado en el año 2018, ajustado por la inflación, estimada en un 3% para el año 2019.
El Ministro de Educación Pública afirmó que: “La educación en Costa Rica es un sistema completo e integral, en el que las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal se constituyen en un instrumento esencial para fomentar la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social, y el enriquecimiento de la identidad cultural del país, con capacidad para promover el desarrollo económico, ambiental y social de cara a los retos y oportunidades del Siglo XXI”.
Marcelo Prieto, Presidente del CONARE, afirmó que: “Al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que el presupuesto para el 2019 se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura fiscal y de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación de las universidades sin afectar aspectos sustantivos como las becas y otros beneficios estudiantiles”.
El Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional UNA, manifestó su satisfacción por la firma del acuerdo con la Comisión de Enlace, dado que este acuerdo ha sido construido entre las partes, donde el principio se sentó las bases para un acuerdo donde se ve a la educación de manera integral como sistema que abarca desde la formación preescolar hasta la educación universitaria: “Más allá de las cifras concretas acordadas, con este consenso Gobierno-Universidades, se sientas las bases para una nueva forma de relacionarnos y de vernos en todo el sistema educativo costarricense. Si seguimos trabajando en esta dirección todos vamos a ganar, y los que más van a beneficiarse son los niños, los adolescentes, son las y los estudiantes de la educación superior” expresó el Rector Salom, quien reiteró que hubo un trato respetuoso y de diálogo fructífero entre la academia, el movimiento estudiantil, administrativos poniendo la mirada y todo el esfuerzo por Costa Rica: “Debo reconocer también al movimiento estudiantil y su dirigencia que se han comportado con un sentido de responsabilidad y patriotismo”, dijo el Rector de la UNA.
Con este acuerdo se fortalecen los mecanismos de trabajo conjunto, mediante la ejecución de proyectos definidos en una agenda de cooperación. Esta agenda impulsa el fortalecimiento del sistema educativo en preescolar, primaria, secundaria, para: superar las asimetrías del sistema educativo, la formación y capacitación docente, la mejora en la gestión educativa, y el aseguramiento de la calidad y de pertinencia. En particular se busca reforzar la gestión regionalizada de las universidades públicas.
Se incorporan temas como el cambio climático, la promoción de la cultura y la identidad nacional en un marco de derechos; la dinamización de la economía, innovación, emprendimiento, generación de empleos de calidad; el mejoramiento de la gestión pública; la democratización del acceso al arte y la cultura, la salud, el deporte y la recreación; así como la promoción de la investigación, capacitación y acción social comunitaria para la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Fotografías y colaboración:
Mauricio Azofeifa-MEP
Efrain Cavallini Acuña-RECTORIA UNA
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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CIRCULAR
UNA-R-CIRC-44-2018
De: Rectoría
Para: Comunidad Universitaria
Fecha: 28 de junio de 2018
Asunto: Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Estimados miembros de la Comunidad Universitaria:
Como es bien sabido por todas las personas de la comunidad universitaria, pocos procesos tienen la relevancia y trascendencia a nivel institucional como la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta transferencia del Gobierno representa la principal fuente de ingresos para las universidades, dicha transferencia se ve impactada por múltiples variables de orden macroeconómico y fiscal, como lo evidencia la coyuntura actual que refleja un déficit fiscal del 7% y una deuda interna que consume el 55% del presupuesto nacional.
A instancia de la Comisión de Enlace, constituida por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación y Ministerio de Ciencia y Tecnología, se inicia en el presente mes, la negociación con los Rectores de la Universidades estatales para la construcción colectiva de un acuerdo de financiamiento para la Educación Superior. En este espacio los señores Rectores hemos tenido siempre presente la defensa del principio constitucional que garantiza el presupuesto para la educación costarricense, dentro del cual se asegura el financiamiento para la educación superior.
En principio se reflexiona alrededor de dos diferentes posibilidades, la primera la de negociar un FEES ligado al Producto Interno Bruto (PIB) y la segunda ligada a la inflación, prevalece de manera consensuada negociar un FEES ligado a la inflación, dada la situación fiscal del país. Contar con una negociación que se ajuste a la inflación que proyecta el Banco Central para el año 2019, le permite a la UNA, de acuerdo a los escenarios elaborados, atender en un marco de austeridad y con responsabilidad sus compromisos institucionales.
Dada la condición general del país la Comisión de Enlace ha puesto como fecha límite el viernes 13 de julio del presente año, para la firma del acuerdo de Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); de no ser así, le correspondería a la Asamblea Legislativa definir el monto del FEES, con las implicaciones que esto podría tener, particularmente porque la tendencia del Gobierno es que en esta coyuntura de déficit fiscal haya cero crecimiento.
Hacemos un llamado a la Comunidad Universitaria a comprender los esfuerzos que se han hecho en el seno de la Comisión de Enlace en procura de un financiamiento que permita el funcionamiento de las universidades públicas en un contexto fiscal complicado para el país. Además llamamos a toda la comunidad universitaria a mantener un alto nivel cívico de responsabilidad con el país, el desafío de luchar por un proyecto tributario de carácter progresivo, justo y equilibrado, en el mediano y largo plazo, solo así podremos impulsar un verdadero desarrollo sustentable e inclusivo.
Cordialmente,
Dra. Ana María Hernández Segura
Rectora Adjunta
Dr. Alberto Salom Echeverria
Rector
Imagen con fines ilustrativos tomada de socialismohoy.com
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este viernes 13 de julio el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el 2019. Como representantes del Gobierno de la República firman: Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, Nogui Ramón Acosta Jaén, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y por parte de la universidades públicas, Marcelo Prieto Jiménez, Rector de la Universidad Técnica Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, Julio Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional y Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia.
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el 2019 en ¢511.154 millones y para la UTN el presupuesto será de ¢34.868 millones; estos montos corresponden al presupuesto asignado en el año 2018, ajustado por la inflación, estimada en un 3% para el año 2019.
El Ministro de Educación Pública afirmó que: “La educación en Costa Rica es un sistema completo e integral, en el que las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal se constituyen en un instrumento esencial para fomentar la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social, y el enriquecimiento de la identidad cultural del país, con capacidad para promover el desarrollo económico, ambiental y social de cara a los retos y oportunidades del Siglo XXI”.
Marcelo Prieto, Presidente del CONARE, afirmó que: “Al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que el presupuesto para el 2019 se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura fiscal y de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación de las universidades sin afectar aspectos sustantivos como las becas y otros beneficios estudiantiles”.
Con este acuerdo se fortalecen los mecanismos de trabajo conjunto, mediante la ejecución de proyectos definidos en una agenda de cooperación. Esta agenda impulsa el fortalecimiento del sistema educativo en preescolar, primaria, secundaria, para: superar las asimetrías del sistema educativo, la formación y capacitación docente, la mejora en la gestión educativa, y el aseguramiento de la calidad y de pertinencia. En particular se busca reforzar la gestión regionalizada de las universidades públicas.
Se incorporan temas como el cambio climático, la promoción de la cultura y la identidad nacional en un marco de derechos; la dinamización de la economía, innovación, emprendimiento, generación de empleos de calidad; el mejoramiento de la gestión pública; la democratización del acceso al arte y la cultura, la salud, el deporte y la recreación; así como la promoción de la investigación, capacitación y acción social comunitaria para la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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