Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR

El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.

La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.

La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.

Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.

La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.

Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.

La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.

Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.

Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.

Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.

A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.

En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.

No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.

Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.

En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.

Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.

Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.

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