UCR: Experta mexicana alerta sobre riesgos de la concentración mediática
Andrea Méndez Montero,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
“La concentración mediática no solo afecta el ejercicio de la libertad de expresión sino también el ejercicio de otros derechos humanos”, así lo denunció durante su visita a la Universidad de Costa Rica (UCR) la comunicadora mexicana, Aleida Calleja.
Calleja, quien es coordinadora de Incidencia del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) estuvo en el país en el marco del conversatorio “La realidad latinoamericana y de Costa Rica a la luz del Derecho a la Comunicación”.
Según la experta, existe una concentración mediática, –muchos medios en pocas manos– en casi la totalidad de países de América Latina, generada tanto por empresas privadas como por los propios estados que deberían regular el mercado.
Ambos tipos de concentración impactan la libertad de expresión, pues no sólo limitan el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, sino que además, favorecen la manipulación y control de las agendas informativas.
La concentración de poder en los medios y la ausencia de lineamientos claros respecto a su ejercicio permite que se invisibilice a los sectores históricamente relegados y con esto, que también sean inexistentes en la toma de decisiones y el debate público.
La experta afirmó que lejos del “discurso engañoso” que relaciona la existencia de muchos medios con el ejercicio del pluralismo, se evidencia como amplias cantidades de empresas de comunicación son representativos de un solo sector.
“Cuando los diversos sectores no tienen acceso a los medios, se limita su libertad de expresión y al mismo tiempo, el derecho de la sociedad para escuchar el pensamiento ajeno y distinto que genera un debate democrático robusto”, enfatizó.
Calleja señaló la deuda que tienen en este tema los estados respecto la protección la sociedad, pues se carece de un diseño institucional y legal que permita el crecimiento de la industria sin violentar los derechos de terceros.
Agregó que además de la exclusión existente en el ámbito analógico, la aparición de la transición digital y los servicios convergentes reta a los estados a regular el impacto de estos servicios en cuanto a derechos humanos, libertad de expresión y el propio mercado.
“La agenda regulatoria y de política pública de los servicios audiovisuales suele tener un abordaje eminentemente técnico o economicista, sin tomar una perspectiva de que son plataformas tecnológicas en las que se juega el ejercicio de los derechos humanos”, señaló.
La experta enfatizó el significativo retraso que presenta la actual Ley de Radio y Televisión de Costa Rica creada en 1954 y la necesidad de que se actualice para que responda a las demandas reales de la sociedad y el mercado, por ejemplo, carece de regulaciones sobre concentración y uso de frecuencias.
Su modificación ofrecería al país la oportunidad de construir un modelo más plural que implemente una política de reconocimiento de medios comunitarios y regionales, así como de adecuada redistribución económica.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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