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¿10 años es mucho o poco tiempo para capturar un narco en fuga?

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Rodolfo Ulloa Bonilla

Cuando leí varias publicaciones del ejército de troles chavistas decir: “Pero, duraron 10 años en capturarlo”, para bajarle el piso al OIJ tras la detención de alias Diablo el 24 de julio de 2026, supe que ese es el relato que les pidieron repetir. Hoy siguiendo el relato, pero yendo más allá, la presidenta Fernández acusa al OIJ y dice que alias Diablo estuvo 10 años en fuga por la alcahuetería del Poder Judicial. Me surgió la duda: ¿Será que otros criminales por narcotráfico fueron capturados o dados de baja en menos tiempo en otros lares?

Ahí está Pablo Escobar, entre su primera acusación por un delito de narcotráfico en 1976 y su muerte en 1993, transcurrieron 17 años, aunque ciertamente no todo ese tiempo estuvo en fuga. Entonces busqué otros casos.

Pedí lo siguiente a las IA Gemini, Grok y Deep Seek: “Elabore un listado de los 12 criminales prófugos más buscados en América Latina y establezca los años que se duró en capturarlos luego de la orden de detención o condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Ordene el listado de mayor a menor tiempo de fuga”.

Esta es la respuesta combinada de las tres IA:

Listado de 12 narcotraficantes y capos del crimen organizado en América Latina que mantuvieron órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición o condenas pendientes por narcotráfico y permanecieron en calidad de prófugos de la justicia, ordenados de mayor a menor tiempo de fuga previo a su captura o recaptura:

  1. Ismael “El Mayo” Zambada (México). Tiempo prófugo: 35-40 años. Detalles: Cofundador del Cartel de Sinaloa. Con órdenes de aprehensión de México y Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Fue detenido el 25 de julio de 2024.
  2. José Alberto “El Beto” Guerrero (Colombia). Años en fuga: 26 años (1997 – 2023). Detalles: Exjefe del Cartel del Norte del Valle, capturado en Venezuela y extraditado.
  3. Fidel Urbina (México). Años en fuga: 22 años (2000-2022). Detalles: Exlíder de Los Zetas, capturado en Veracruz.
  4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” (México). Tiempo prófugo: 17 años. Detalles: Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Mantuvo órdenes de arresto federales en EE. UU. y México hasta su captura en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila.
  5. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (México). Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Más de 15 años como uno de los más buscados, acusaciones en Estados Unidos desde 2010; recompensa de hasta $15 millones. Reportado muerto en operación militar en febrero de 2026.
  6. Juan Carlos Ramírez Abadía (Colombia). Años en fuga: 15 años (1992 – 2007). Detalles: Líder del Cartel del Norte del Valle, capturado en Brasil.
  7. Daniel “El Loco” Barrera (Colombia). Tiempo prófugo: 14 años. Detalles: Considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Colombia tras la era de los grandes cárteles. Estuvo en la clandestinidad con órdenes de captura y circulares rojas de INTERPOL desde 1998 hasta su detención en San Cristóbal, Venezuela, en septiembre de 2012.
  8. Joaquín “El Chapo” Guzmán (México). Tiempo prófugo: 13 años (primer periodo de fuga). Detalles: Tras su primera captura en Guatemala en 1993, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en enero de 2001. Estuvo prófugo durante 13 años continuos hasta su recaptura en Mazatlán en febrero de 2014 (posteriormente volvió a fugarse en 2015 y fue recapturado en 2016).
  9. Dairo Antonio Úsuga David, “Otoniel” (Colombia). Tiempo prófugo: 12 años. Detalles: Máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo. Contaba con decenas de órdenes de captura y pedido formal de extradición por narcotráfico emitidos desde 2009. Fue capturado por las fuerzas armadas colombianas en octubre de 2021.
  10. Rafael Caro Quintero (México). Tiempo prófugo: 9 años (segundo periodo de fuga). Detalles: Tras ser liberado de prisión de manera irregular por un tribunal mexicano en agosto de 2013, se emitió de inmediato una nueva orden de reaprehensión. Permaneció en la clandestinidad casi 9 años (encabezando la lista del FBI) hasta su recaptura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
  11. Diego León Montoya Sánchez, “Don Diego” (Colombia). Tiempo prófugo: 8 años. Detalles: Uno de los principales cabecillas del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 con cargos de tráfico masivo de cocaína y homicidio, siendo capturado por el ejército colombiano en septiembre de 2007.
  12. Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta” (Colombia). Tiempo prófugo: 7 años. Detalles: Líder del Cártel del Norte del Valle con orden de extradición dictada por EE. UU. en el año 2000. Permaneció prófugo ocultándose en Brasil tras someterse a múltiples cirugías plásticas faciales para modificar su apariencia, hasta ser localizado y arrestado en agosto de 2007.

Conclusión: Dato mata relato. La captura de alias Diablo constituye un hito del OIJ, un mérito que se logra tras perseverar y no desmayar en la lucha contra el crimen organizado durante muchos años. La población costarricense está consciente del alcance y valor de esta acción contundente del OIJ, por tanto, tal hecho no puede ser devaluado por los relatos de la perversa ideóloga del régimen y su ejército de troles, ni por los dichos de una presidenta que al parecer se le hace difícil pensar con cabeza propia.

Mientras el capital gobierne, el pueblo seguirá pagando

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Hay una escena que se repite una y otra vez en nuestro país, “Las pavas les tiran a las escopetas”, los farsantes y manipuladores se roban el “show”, hacen circo y manipulan al pueblo costarricense con falsas promesas.

El gobierno de Rodrigo Chaves 2.0 se autodefine como un supuesto “enemigo” de las élites económicas, habla contra los privilegios y se presenta como la voz del pueblo. Pero cuando llega el momento de gobernar, las decisiones siempre terminan favoreciendo al mismo sector financiero y empresarial que concentra la riqueza del país, mientras las cargas recaen sobre quienes viven de su trabajo. Esa es la verdadera hipocresía, el discurso cambia, la estructura de poder permanece intacta.

Cada reforma fiscal, cada intento de trasladar impuestos al consumo, cada congelamiento salarial, cada debilitamiento de los servicios públicos y cada ataque a la organización sindical terminan protegiendo el mismo modelo económico. Un modelo donde la riqueza producida por millones de trabajadores termina concentrándose en pocas manos, mientras el pueblo recibe salarios de hambre, servicios públicos deteriorados y un costo de vida cada vez más alto.

Sin embargo, tampoco basta con creer que el problema se resolverá únicamente aprobando algunos proyectos de ley para combatir la evasión o haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Esa es la enorme limitación de la propuesta que presenta el Frente Amplio.

Por supuesto que combatir la evasión y la elusión fiscal es necesario. Nadie puede defender que los grandes capitales sigan ocultando fortunas mientras el pueblo sostiene el Estado con impuestos indirectos. Pero convertir esa lucha en el centro de toda una estrategia política significa aceptar que el capitalismo puede corregirse desde adentro y que el Estado, construido históricamente para garantizar la reproducción del propio sistema, terminará disciplinando a quienes concentran el poder económico.

La experiencia demuestra exactamente lo contrario.

Los grandes grupos financieros y empresariales no dominan únicamente porque evaden impuestos. Dominan porque controlan buena parte de la economía, influyen sobre las instituciones, financian campañas políticas, moldean la opinión pública y condicionan las decisiones fundamentales del Estado. Pensar que esa correlación de fuerzas puede transformarse únicamente mediante reformas parlamentarias es sembrar expectativas que difícilmente podrán cumplirse por sí solas.

Mientras el gobierno protege los intereses del gran capital y el reformismo deposita su esperanza en nuevas regulaciones, el pueblo sigue esperando respuestas que nunca llegan.

La historia de Costa Rica, como la de tantos pueblos, demuestra que las grandes conquistas sociales nunca nacieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de la generosidad de las élites económicas. Fueron producto de la organización popular, de la movilización social y de la capacidad del pueblo para convertirse en un sujeto político con fuerza propia.

Por eso la tarea más urgente no es confiar ciegamente ni en un gobierno que administra el modelo neoliberal ni en la ilusión de que unas cuantas reformas fiscales bastarán para humanizar un sistema construido sobre la brutal explotación de la clase trabajadora, la tarea es mucho más profunda.

Hay que reconstruir la organización popular desde los barrios, las comunidades, las provincias, los centros de trabajo, las universidades, el campo y cada espacio donde hoy el pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que concentra riqueza para unos pocos y precariza la vida de las grandes mayorías. Comunidades organizadas y luchando, es la tarea fundamental para esa construcción desde abajo.

Ningún cambio verdadero será obra de un caudillo, de una bancada parlamentaria o de un tecnicismo jurídico. Los cambios profundos siempre nacen desde abajo, cuando el pueblo organizado deja de pedir permiso para defender sus intereses y comienza a disputar el rumbo del país. La acción política también debe buscar cumplir esa tarea, «teoría y práctica» decimos los comunistas.

Esa diferencia la marcaban los diputados comunistas, la curul era el espacio que utilizaban para hacer propuestas a favor del pueblo que marcaban la diferencia, luego se ponías las botas, se subían las mangas y se plantaban junto al pueblo en la lucha por sus derechos. La alfombra roja quedaba para otros, no para los comunistas. Así que, Rodrigo Chaves, deje de vender humo de una supuesta «lucha» contra comunistas.

El pueblo es, ayer como hoy, la única fuerza capaz de enfrentar el poder del capital y abrir el camino hacia una transformación estructural de la sociedad, la construcción de una verdadera democracia popular.

24 de julio 2026

Cuando el crimen declaró la guerra, el OIJ no retrocedió

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Welmer Ramos González

Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.

El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.

Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.

Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.

No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.

Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.

Pero ninguno echó para atrás.

Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.

Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.

Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.

Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.

Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.

Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.

Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.

Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina sobre las políticas públicas dirigidas a adolescentes

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Las políticas públicas dirigidas a adolescentes deben sustentarse en evidencia científica y en la protección integral de sus derechos

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta de la Presidencia de la República de trasladar estudiantes de secundaria, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad social, para hacer recorridos en centros penitenciarios de adultos, en esta ocasión el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), con el supuesto de desalentar la delincuencia juvenil.

Esta propuesta responde a una lógica de intimidación que ha sido ampliamente estudiada y descartada por la evidencia científica. Las revisiones sistemáticas de mayor calidad metodológica concluyen que los programas conocidos como Scared Straight (Asustar para Enderezar), basados en visitas de adolescentes a centros penitenciarios, no disminuyen la delincuencia juvenil y, por el contrario, aumentan la probabilidad de conductas delictivas posteriores. Lejos de generar procesos de reflexión positiva, la exposición a cárceles de adultos puede normalizar la violencia, fortalecer la identificación con modelos antisociales y aumentar el riesgo psicosocial en jóvenes que ya enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad. Por ello, la comunidad científica internacional no recomienda este tipo de intervenciones como política pública.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda actuación del Estado debe responder al principio del interés superior del niño y promover su desarrollo integral. De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos y obliga al Estado a implementar acciones preventivas, educativas y de inclusión social, nunca medidas basadas en la intimidación o el estigma. Estas disposiciones son coherentes con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establecen que la prevención debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante políticas sociales, educativas y comunitarias, evitando respuestas basadas en la represión o el estigma. De igual forma, las Reglas de Beijing y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño enfatizan que toda intervención dirigida a personas menores de edad debe respetar su dignidad, su desarrollo y su interés superior.

La adolescencia es una etapa de extraordinaria plasticidad cerebral, caracterizada por la construcción de la identidad, el desarrollo del autocontrol y la consolidación de habilidades socioemocionales. La prevención de la violencia y de la delincuencia requiere intervenciones integrales basadas en factores protectores: educación de calidad, permanencia en el sistema educativo, fortalecimiento familiar, oportunidades de recreación y deporte, acceso a salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, capacitación para el empleo y desarrollo de proyectos de vida.

Resulta especialmente preocupante que la propuesta se dirija hacia estudiantes de comunidades vulnerables, reforzando procesos de estigmatización y discriminación que pueden profundizar la exclusión social. Ningún adolescente debe ser considerado potencial delincuente por el hecho de vivir en condiciones de pobreza o exclusión.

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, hace un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que las políticas orientadas a prevenir la violencia juvenil se construyan con base en el conocimiento científico, la salud pública, la educación y la protección de los derechos humanos.

Reitera además su disposición para contribuir, desde el conocimiento científico y la experiencia técnica, al diseño de políticas públicas eficaces y respetuosas de la dignidad humana.

La delincuencia juvenil no se previene sembrando miedo; se previene creando oportunidades, fortaleciendo los factores protectores y garantizando que cada adolescente pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Academia Nacional de Medicina de Costa Rica
24 de julio de 2026

UCR respalda labor docente y señala que medidas del MEP ponen en riesgo formación ciudadana de niños, niñas y adolescentes

Escrito en . Publicado en Educación.

María del Mar Izaguirre Cedeño, periodista UCR

¿Cuáles son los efectos de que una persona docente tenga miedo a expresarse o a discutir ciertos temas en el aula? La respuesta a esta interrogante podría no solo afectar al profesorado, sino que pone en riesgo el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes a aprender en espacios donde el pensamiento crítico, el diálogo y la diversidad de ideas son parte necesaria de la formación ciudadana.

Con esa preocupación, como punto de partida, la Universidad de Costa Rica (UCR) hizo público un pronunciamiento en el que ofrece su apoyo al personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que ejerza su labor amparada por las garantías de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los tratados internacionales de derechos humanos.

En el documento, esta Casa de estudios superiores rechaza categóricamente las prohibiciones establecidas por el MEP en la circular DM-CIR-0047-2026, al considerar que la misma vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y el debido proceso del personal docente dentro del territorio nacional.

Más allá del impacto sobre la libertad de expresarse de quienes imparten lecciones, la Universidad advirtió que las restricciones podrían provocar que las aulas pierdan su lugar histórico en la construcción de la democracia y en la formación de una ciudadanía crítica y diversa.

Para la UCR, las disposiciones emitidas por el MEP presentan importantes vacíos jurídicos y técnicos, ya que se sustentan en conceptos ambiguos e indeterminados. Esa falta de precisión podría abrir la puerta a la arbitrariedad administrativa y genera un ambiente de inseguridad.

En el pronunciamiento, la UCR también advierte que este escenario podría operar como un mecanismo indirecto de censura previa. El miedo a eventuales sanciones podría evitar dentro de las aulas se discutan temas de interés público, como el análisis de la inversión social o del presupuesto destinado a la educación, por temor a que sus explicaciones sean interpretadas como una manifestación de sesgo político-electoral.

La Universidad reconoce que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la niñez y la adolescencia, así como determinados ámbitos del sistema educativo; sin embargo, enfatiza en que cualquier directriz debe respetar el marco jurídico nacional e internacional, así como los fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación, que promueve una enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento crítico, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos.

Fuente de la nota: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-respalda-labor-docente-y-senala-que-medidas-del-mep-ponen-en-riesgo-formacion-ciudadana-de-ninos-ninas-y-adolescentes.html

Enlace al pronunciamiento completo.

Imagen: Según el análisis de la Institución, inhibir el debate científico y humanista en las aulas por temor a eventuales sanciones termina por empobrecer el proceso educativo y debilitar el Estado social de derecho. La foto tiene fines ilustrativos y es del Semanario Universidad.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.

Panel analizará las consecuencias del proyecto neoliberal sobre el sector productivo primario y la seguridad alimentaria

Escrito en . Publicado en Alimentación.

El programa Alternativas, impulsado por el colectivo Reflexión–Acción, invita a un nuevo panel de análisis titulado “Consecuencias del proyecto neoliberal, en Costa Rica: Desmantelamiento del sector productivo primario”, que se transmitirá en vivo el 24 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC).

La actividad propone reflexionar sobre la pregunta “¿Qué pasa con la seguridad alimentaria, desaparece?” y abordar acciones políticas y económicas de salvamento y recuperación del sector productivo primario.

El panel contará con la participación de:

  • Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

  • Gabriel Rivas Ducca, biólogo, integrante de Amigos de la Tierra Costa Rica y de COECOCEIBA, además de miembro de FECON – Federación Ecologista de Costa Rica.

  • M. Gerardina López Cortés, activista social.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada y trabajadora social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La transmisión podrá seguirse por las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify de Alternativas.

Como emisoras amigas participan Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y 97.3 FM Voces Libertarias, que difundirán este espacio de análisis sobre los efectos del modelo neoliberal en la producción nacional y la seguridad alimentaria.

AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresó su alarma por la suspensión provisional del movimiento político Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO) en Ecuador, al considerar que la medida compromete derechos civiles y políticos, el pluralismo democrático y las garantías del debido proceso.

El pronunciamiento se refiere al auto dictado el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de la causa N.° 110-2026-TCE, mediante el cual se dispuso la suspensión provisional de AMIGO por un período inicial de nueve meses, prorrogable hasta veinticuatro meses, del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

Según la AAJ, la medida fue solicitada por el fiscal general encargado con fundamento en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia. No obstante, la organización cuestiona también la forma en que dicho funcionario fue designado, al señalar que su nombramiento se realizó mediante un procedimiento administrativo que, a su juicio, no respetó la normativa vigente.

La declaración subraya que el trámite se desarrolló en cuestión de horas y recuerda que una situación similar ocurrió meses antes con el movimiento Revolución Ciudadana, suspendido mediante un mecanismo equivalente. Señala además que, tras esa primera suspensión, dirigentes de Revolución Ciudadana anunciaron que participarían en el proceso electoral bajo la bandera de AMIGO, organización que posteriormente fue objeto de la nueva medida cautelar.

La AAJ considera especialmente grave que la suspensión se produjera un día antes del vencimiento del plazo para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027, circunstancia que, según sostiene, produjo efectos prácticos irreversibles sobre la participación política de esa organización.

En su análisis jurídico, la organización afirma que la resolución vulnera garantías constitucionales ecuatorianas relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, los derechos de participación política y la libertad de asociación. Asimismo, sostiene que la decisión resulta incompatible con estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al imponerse una medida de gran impacto electoral antes de que exista un procedimiento contradictorio y sin oportunidad previa de defensa.

El documento advierte que la suspensión sucesiva de organizaciones vinculadas a una de las principales fuerzas políticas del país afecta no solo a las agrupaciones involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre una oferta política plural. En ese sentido, sostiene que este tipo de decisiones pueden alterar las condiciones de competencia democrática y normalizar el uso de investigaciones penales como mecanismo para excluir fuerzas políticas del proceso electoral.

Como parte de su declaración, la Asociación Americana de Juristas manifiesta su rechazo a la aplicación reiterada de este mecanismo sin garantías suficientes; exhorta al Tribunal Contencioso Electoral a revisar la decisión y garantizar plenamente el derecho de defensa; informa que pondrá el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; solicita atención de las misiones internacionales de observación electoral sobre el proceso ecuatoriano 2026-2027; y reafirma su compromiso con la vigencia de elecciones libres, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en los países del continente americano.

RENASES convoca a su segunda asamblea para dar seguimiento al Pacto Patriótico Costarricense y ampliar la participación social

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) convocó a organizaciones, sectores y movimientos sociales a participar en su Segunda Asamblea, que se realizará el próximo 4 de agosto de 2026 en el CIC-ANDE, en San Antonio de Belén.

La jornada iniciará con un desayuno de 8:30 a.m. a 9:30 a.m., mientras que a las 9:30 a.m. dará comienzo el II Encuentro Nacional de la organización.

Según informó José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, uno de los principales objetivos de la asamblea será dar seguimiento a los acuerdos contenidos en el Pacto Patriótico Costarricense, suscrito el pasado 29 de junio entre el Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa —integrado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y el Partido Agenda Ciudadana (CAC)— y RENASES.

SURCOS ha informado anteriormente sobre este proceso de articulación social y política, incluyendo la firma del Pacto Patriótico Costarricense y las iniciativas impulsadas por RENASES para construir un espacio permanente de diálogo entre organizaciones sociales y sectores políticos comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática y la búsqueda de acuerdos nacionales.

La organización señala que esta segunda asamblea constituye además una oportunidad para incorporar nuevos actores al proceso. En ese sentido, invita a organizaciones, movimientos, sectores y comunidades que compartan los principios del pacto y que aún no formen parte de esta iniciativa a participar en el encuentro.

Durante la actividad, las organizaciones asistentes podrán conocer el contenido del Pacto Patriótico Costarricense y, si así lo deciden, refrendarlo junto con las entidades que ya lo han suscrito.

RENASES solicita confirmar la participación mediante el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace, antes del 28 de julio:

https://forms.gle/TE1teg3i6fvTyJAg7

La convocatoria fue difundida por el Equipo Timón de RENASES, que reiteró la invitación a fortalecer el diálogo social y la construcción conjunta de propuestas para el país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica pide al MEP precisar los alcances de la circular sobre neutralidad política en las aulas

Escrito en . Publicado en Educación.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica envió una carta al ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, a la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, a la viceministra académica, María Alejandra Ulate Espinoza, y al Consejo Superior de Educación, en relación con la Circular DM-CIR-0047-2026. El colectivo coincide en que los centros educativos deben permanecer libres de propaganda partidaria, pero plantea dudas sobre si la circular se limita a recordar obligaciones ya vigentes o si introduce restricciones nuevas mediante conceptos que consideran ambiguos, como «adoctrinamiento ideológico», «objetividad pedagógica» o «conclusión política predeterminada». A continuación, se reproduce la carta completa:

San José, 14 de julio 2026

Señor

José Leonardo Sánchez Hernández
Ministro de Educación Pública

Sofía Ramírez González
Viceministra Administrativa

María Alejandra Ulate Espinoza
Viceministra Académica

Señores y Señoras
Consejo Superior de Educación

Estimados señores y señoras:

En atención a la Circular DM-CIR-0047-2026 emitida por ese Ministerio, nos permitimos compartir algunas reflexiones que consideramos relevantes para la misión educativa del país y la formación ciudadana de nuestras futuras generaciones.

La Ley Fundamental de Educación establece como propósito esencial el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones intelectuales, físicas y morales, con el fin de que cada persona disfrute de una vida plena y contribuya al progreso de la sociedad. Asimismo, promueve la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, respetuosos de la dignidad humana, la libertad, la democracia y la justicia social.

Esa misión exige, al mismo tiempo, proteger los centros educativos de cualquier forma de proselitismo político y garantizar una educación crítica, plural y de calidad. En ese sentido, compartimos plenamente el principio de que los centros educativos públicos deben permanecer libres de propaganda partidaria. Esta obligación ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y constituye una garantía para preservar la imparcialidad de la función pública y proteger al estudiantado.

En un Estado democrático de derecho, toda regulación que pueda incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales debe respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad. Las personas requieren distinguir con claridad qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Sin embargo, surge la inquietud de si la Circular DM-CIR-0047-2026 se limita a recordar obligaciones vigentes o si introduce nuevas restricciones mediante conceptos ambiguos cuyo alcance no está claramente definido. Expresiones como “adoctrinamiento ideológico”, “objetividad pedagógica” o “conclusión política predeterminada” requieren criterios objetivos para evitar interpretaciones subjetivas o arbitrarias que puedan afectar la labor docente y, en consecuencia, el derecho de las personas estudiantes a una educación crítica y plural.

Nuestra mayor preocupación no se limita a la situación del personal docente, se centra principalmente en el derecho del estudiantado a recibir una formación que fomente el pensamiento crítico, el análisis de distintas perspectivas y el respeto por la diversidad de opiniones. Cuando una norma genera incertidumbre sobre qué puede enseñarse o debatirse, existe el riesgo de que el temor sustituya la libertad de educar, empobreciendo la formación ciudadana.

La democracia se fortalece mediante el diálogo informado, el debate respetuoso y la reflexión crítica. Hablar en las aulas sobre derechos humanos, instituciones públicas, procesos electorales, justicia social, ambiente, participación ciudadana o políticas públicas, dentro del currículo nacional y con pluralidad de fuentes, no constituye propaganda política, sino que es parte esencial de la formación integral de las personas estudiantes.

La educación democrática no consiste en enseñar qué pensar, sino en enseñar cómo pensar. Eso implica desarrollar en las personas la capacidad de analizar información, contrastar argumentos, valorar la evidencia y construir sus propias conclusiones, esa es la mejor defensa frente a cualquier forma de adoctrinamiento político partidario o manipulación.

Por ello, consideramos conveniente que la Circular DM-CIR-0047-2026 precise con mayor claridad el alcance de aquellos conceptos que puedan dar lugar a interpretaciones dispares, de manera que se protejan simultáneamente:

  • La neutralidad político-electoral.
  • La seguridad jurídica del personal docente.
  • El derecho de las personas estudiantes a una educación crítica, plural y de calidad.

La escuela debe ser un espacio libre de propaganda partidaria, pero nunca un espacio donde el miedo sustituya al pensamiento crítico. Defender una educación que enseñe a pensar con libertad es, en esencia, defender la democracia costarricense.

Respetuosamente,
Colectivo Mujeres por Costa Rica