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Academia Nacional de Medicina invita a conferencia virtual sobre la neuroprotección del ejercicio físico

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, en el marco de la conmemoración de su 30.º aniversario, invita a participar en la conferencia virtual «La Neuroprotección del Ejercicio Físico», que será impartida por el Dr. Orlando Quesada Vargas, miembro fundador y honorario de ACANAMED.

La actividad se realizará el jueves 30 de julio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Las personas interesadas en participar mediante Zoom deben confirmar su asistencia escribiendo al correo info@acanamed.com o comunicándose al teléfono 2296-7615, con el fin de recibir el enlace de acceso. La organización informa que el cupo es limitado.

La conferencia también será transmitida en Facebook Live a través de la página de ACANAMED – Academia Nacional de Medicina de Costa Rica.

La Academia Nacional de Medicina invita a profesionales de la salud, personas investigadoras, estudiantes y público interesado a participar en esta actividad dedicada a analizar los efectos neuroprotectores del ejercicio físico.

¿Reforma o Revolución en Cuba? Seguir adelante, socialistas, sin renunciar a la soberanía

Álvaro Fernández González

Cuba ha anunciado un paquete de 176 reformas económicas y sociales que constituye la actualización más profunda de su modelo desde los primeros años de la Revolución.

Las medidas amplían el espacio para la empresa privada, la inversión extranjera, la banca no estatal y nuevas formas de gestión económica, al tiempo que mantienen el control público sobre los sectores estratégicos y preservan la educación y la salud como derechos universales.

Lejos de representar una simple transición al capitalismo, las reformas buscan dotar al país de herramientas para enfrentar una crisis marcada por la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y divisas.

El contexto resulta decisivo. La economía cubana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente bajo el endurecimiento del bloqueo estadounidense, las sanciones financieras y un severo cerco energético.

En ese escenario, el gobierno sostiene que la apertura económica no responde a presiones de Washington, sino a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva, atraer inversiones y evitar el deterioro de las conquistas sociales.

La discusión, por tanto, no puede reducirse a una oposición simplista entre socialismo y capitalismo, sino que debe considerar las condiciones excepcionales en las que estas transformaciones se implementan.

Las comparaciones con la perestroika soviética han dominado parte del debate internacional, aunque otros analistas consideran más pertinentes las experiencias de China y Vietnam, donde la introducción de mecanismos de mercado coexistió con la continuidad del liderazgo político del Partido Comunista.

El verdadero desafío para Cuba será impulsar la eficiencia económica sin permitir la concentración oligárquica del poder ni el desmantelamiento del proyecto socialista construido durante décadas.

El éxito dependerá tanto de la eficacia de las reformas como de la capacidad del Estado y de la participación popular para regularlas y orientarlas hacia la soberanía, la equidad y el bienestar colectivo.

Referencia:

“¿Capitalismo en Cuba? Las 176 reformas que pueden cambiar la isla”

UCR lanza Mediápolis, una plataforma de acceso abierto sobre los medios de difusión en Costa Rica

La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó Mediápolis, una nueva plataforma de acceso abierto que reúne datos, documentos históricos e investigaciones para facilitar el conocimiento y análisis del ecosistema mediático costarricense.

El sitio ofrece información para responder preguntas como:

  • ¿Quiénes son los principales grupos mediáticos?

  • ¿Cómo se distribuye la pauta estatal?

  • ¿Qué documentos e investigaciones pueden consultarse?

Según la presentación de la iniciativa, Mediápolis pone a disposición de la ciudadanía un conjunto de datos, documentos históricos y análisis sobre los medios de comunicación en Costa Rica, con el propósito de fortalecer el acceso a información especializada sobre el funcionamiento del sistema mediático nacional.

La plataforma fue desarrollada de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), instancias de la Universidad de Costa Rica.

Además de ofrecer información sobre la regulación, la propiedad, el consumo y la historia de los medios de comunicación, el sitio busca facilitar una mejor comprensión del ecosistema mediático costarricense mediante recursos de consulta abiertos al público.

La presentación de la plataforma destaca que se trata de «una nueva forma de entender los medios» y hace una invitación a explorar el contenido disponible en línea.

Las personas interesadas pueden acceder a la plataforma en:

mediapolis.ucr.ac.cr

UTN impulsa diálogo por la educación pública y la democracia

  • UTN y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo fortalecen su articulación para promover espacios de reflexión, análisis y construcción conjunta orientados al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo democrático en Costa Rica.

Beatriz Rojas Gómez
Dirección de Comunicación y Mercadeo UTN

Con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión y la construcción conjunta de propuestas para fortalecer la educación pública y la democracia costarricense, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) realizaron el pasado 13 de julio la Audiencia-Taller UTN – Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La actividad reunió a cerca de 30 personas, entre representantes de la Universidad, el equipo técnico y liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción conjunta entre ambas instituciones, mediante el análisis del reciente resultado electoral nacional, para identificar coincidencias programáticas y definir oportunidades de cooperación durante el 2026 en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Durante la apertura de la actividad, el rector de la Universidad Técnica Nacional, William Rojas Meléndez, destacó el papel que debe asumir la educación superior pública frente a los desafíos que enfrenta el país. «La educación superior pública debe ser un actor activo en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Frente a los retos sociales, económicos y tecnológicos que vive el país, es indispensable fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la articulación entre la academia y los diferentes sectores nacionales», afirmó.

El rector señaló que Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la reducción de las desigualdades sociales, la sostenibilidad del sector productivo y la transformación tecnológica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que las universidades continúen formando profesionales con pensamiento crítico y capacidad para responder a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la digitalización, sin perder de vista el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad.

Posteriormente, Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, presentó los fundamentos del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa ciudadana impulsada en 2022 por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, en respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense. Explicó que esta propuesta se sustenta en la evidencia científica aportada por los Informes Estado de la Educación y promueve la construcción de un acuerdo nacional mediante un proceso participativo que involucra a diversos sectores sociales, productivos y territoriales.

Asimismo, Quintanilla destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, creada en 2020, constituye una plataforma plural e inclusiva que reúne a más de 150 organizaciones sociales y productivas del país. Señaló que este espacio no busca sustituir el papel de las organizaciones participantes, sino convertirse en un instrumento ciudadano para el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados al bienestar nacional.

Como parte de la agenda, las personas participantes conocieron los principales hallazgos de la radiografía electoral y su relación con los desafíos actuales de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia. Este análisis dio paso a una plenaria de intercambio de perspectivas institucionales, en la que se exploraron oportunidades para construir una agenda de articulación conjunta en favor de Costa Rica.

La metodología del taller incluyó un ejercicio de cartografía para el trabajo grupal, mediante el cual se identificaron posibles líneas de cooperación entre la UTN y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Los resultados fueron compartidos en una plenaria final, generando insumos para el desarrollo de futuras acciones colaborativas en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Con esta iniciativa, la Universidad Técnica Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, la educación y el desarrollo democrático de Costa Rica, consolidando su papel como una institución comprometida con el desarrollo nacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los principales retos del país.

Fuente: https://www.utn.ac.cr/utn-impulsa-dialogo-educacion-publica-democracia

Instituto Tomás Moro invita a la proyección de La Voz de Hind Rajab para visibilizar el drama del pueblo palestino

El Instituto Tomás Moro invita al público a la proyección de la película La Voz de Hind Rajab, una obra que busca visibilizar el drama que vive el pueblo palestino a partir de la historia real de una niña cuya llamada de auxilio conmovió al mundo.

De acuerdo con la organización, la producción no es una película de guerra, sino que está basada en la llamada real de una niña de seis años, cuya historia se convirtió en un símbolo del sufrimiento de la población civil palestina.

La función se realizará el viernes 17 de julio, a las 8:00 p.m., en Cinépolis Terramall.

El valor de la entrada es de ₡3.300.

Las personas interesadas pueden reservar su espacio comunicándose al WhatsApp +(506) 8650-4664 o escribiendo al correo electrónico info@tomasmoro.org

El Instituto Tomás Moro hace un llamado a acompañar esta actividad cinematográfica y a contribuir a la difusión de una obra que busca sensibilizar sobre la situación que enfrenta el pueblo palestino.

Manrique Jiménez Meza presenta petición urgente ante Corte Plena por vacantes en la Sala Constitucional

El abogado y académico Manrique Jiménez Meza presentó, el pasado 29 de junio de 2026, una petición urgente ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que solicita a ese órgano valorar mecanismos jurídicos excepcionales para enfrentar la vacante de magistrados suplentes que enfrenta la Sala Constitucional desde diciembre de 2025.

¿Quién es el gestionante?

Manrique Jiménez Meza, cuyo nombre oficial es Manuel Enrique Jiménez Meza, es licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue tutorado por el jurista español Eduardo García de Enterría. Cuenta además con una maestría en Gestión Financiera y de Inversiones y un diplomado en Derecho Comparado por la misma universidad, así como un postgrado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales del Senado Español.

Ha sido magistrado suplente de la Sala Constitucional y magistrado ad hoc del Tribunal Supremo de Elecciones. Fue codirector del Programa Doctoral en Derecho (PROLADE) y en Ciencias Económicas (PROLACE), mediante el convenio entre ULACIT y la Universidad Complutense de Madrid. Presidió la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo y fue corredactor del Código Procesal Contencioso Administrativo. Integró la «Comisión de Notables» para el mejoramiento institucional de Costa Rica (2012) y fue reconocido por el Colegio de Abogados de Costa Rica como «Abogado distinguido del año» en 2008. Es profesor adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid y a universidades de Perú, entre otras casas de estudio, y es autor de numerosas obras especializadas en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Teoría del Estado.

En el escrito, presentado bajo trámite urgente, Jiménez Meza aclara que actúa como «ciudadano activo», en ejercicio de su derecho fundamental de petición, y no en representación de ningún cargo público ni con fines de beneficio personal.

El contexto de la petición

El documento parte de una situación que Jiménez Meza describe como de «emergencia institucional»: desde diciembre de 2025, la Sala Constitucional carece de sus 12 magistrados suplentes, luego de que el Poder Judicial remitiera a la Asamblea Legislativa una lista de 18 personas candidatas, sin que la Asamblea —según indica el escrito— haya logrado reunir la mayoría calificada necesaria para realizar los nombramientos correspondientes. El petente señala que ni la Constitución Política ni la legislación ordinaria contemplan un mecanismo expreso de emergencia para resolver esta situación.

Fundamento jurídico de la solicitud

Jiménez Meza argumenta que, ante la existencia de una laguna jurídica —y no de una simple insuficiencia legal—, corresponde aplicar de manera supletoria el derecho no escrito (jurisprudencia, principios generales del derecho y costumbre) con rango de ley, con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, entre otras normas.

Para sustentar su tesis, el escrito recurre al derecho constitucional comparado y cita el principio conocido como prorogatio o holdover, mediante el cual jueces o magistrados de tribunales constitucionales de otros países continúan en funciones hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. Entre los ejemplos citados en la petición figuran Alemania, Portugal, España, Bélgica, Moldova y República Dominicana, cuyos marcos normativos o jurisprudenciales contemplan expresamente este mecanismo de continuidad.

Con base en este análisis, Jiménez Meza plantea una serie de principios que, a su juicio, deben regir la respuesta institucional ante esta situación: la continuidad del Estado, la preservación del orden constitucional, la lealtad constitucional entre poderes, la operatividad efectiva de la Constitución, el principio teleológico de las competencias constitucionales y lo que denomina «potencia y resistencia constitucionales» frente a eventuales intentos de vaciamiento institucional.

Peticiones concretas

El escrito solicita a la Corte Plena, entre otros puntos:

  • Que se dé respuesta motivada a la petición.
  • Que se valore la aplicación del derecho no escrito ante la laguna jurídica identificada.
  • Que se garantice la continuidad de la justicia constitucional mediante la incorporación temporal de magistrados suplentes de las salas Primera, Segunda y Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en auxilio de la Sala Constitucional, mientras no se completen los nombramientos legislativos.
  • Que dichos magistrados de auxilio permanezcan en funciones incluso si vence el plazo de su nombramiento original en sus salas de origen, hasta que sean válidamente sustituidos.
  • Que la Corte Plena amplíe de 18 a 24 el número de personas candidatas a magistratura suplente de la Sala Constitucional, ante la eventual necesidad de que la Asamblea Legislativa deba elegir a los 12 puestos vacantes.

El documento fue dirigido a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y firmado por Manrique Jiménez Meza en San José, el 29 de junio de 2026.

Puede descargar el documento completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Peticion-ante-Corte-Plena-MANRIQUE-JIMENEZ-MEZA.pdf

Pronunciamiento de RIETCU ante los recortes presupuestarios que afectan los cuidados

Compartimos el pronunciamiento de la Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados (RIETCU – UCR, UNA, TEC, UNED) ante los recortes aprobados en primer debate al presupuesto de los CEN-CINAI y el BANHVI.

El recorte de ₡40.000 millones a los CEN-CINAI equivale al 28,7% de su presupuesto anual y se destinará a cubrir el déficit del Régimen No Contributivo de la CCSS, trasladando recursos entre poblaciones vulnerables en lugar de ampliar la inversión social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció, en su Opinión Consultiva 31/2025, que el cuidado es un derecho humano autónomo que el Estado está obligado a garantizar de forma progresiva.

El proyecto se vota en segundo y último debate este 16 de julio. Adjuntamos el pronunciamiento completo, con el detalle de los datos y del llamado a las diputadas, diputados y al Poder Ejecutivo.

Descarga del pronunciamiento:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Pronunciamiento-RIETCU-Cuidados.pdf

AAJ denuncia ante la ONU que las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional garantizan la impunidad de crímenes en Gaza

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), junto con la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (IADL), el Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) y Courage International, presentaron una exposición conjunta escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su 62° período de sesiones, en la que denuncian que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y contra la relatora especial Francesca Albanese constituyen un acto de obstrucción a la justicia internacional que garantiza la impunidad de los crímenes cometidos en Gaza.

Según el documento, desde febrero de 2025 el Ejecutivo estadounidense impuso sanciones económicas y migratorias a once jueces y fiscales de la CPI y a Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Entre los sancionados figura el fiscal jefe Karim Khan, quien solicitó las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro Yoav Gallant, así como los magistrados que emitieron o ratificaron dichas órdenes.

El texto detalla que, el 4 de septiembre, el presidente Donald Trump sancionó adicionalmente a tres organizaciones no gubernamentales palestinas: Al-Haq, el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), por su vinculación con procesos ante la CPI. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, exigió el retiro inmediato de estas sanciones, advirtiendo que profundizarían la impunidad y silenciarían las voces de las víctimas, según cita el documento.

Las organizaciones firmantes señalan que estas sanciones conllevan bloqueo de activos, prohibición de entrada a Estados Unidos —extensiva a familiares— y, por efecto extraterritorial, exclusión del sistema financiero y de plataformas digitales estadounidenses. Añaden que la presidenta de la CPI denunció que sus funcionarios fueron equiparados oficialmente con «terroristas y narcotraficantes».

El documento argumenta que, en términos de derecho internacional, la conducta de Estados Unidos puede calificarse como obstrucción a la acción de un tribunal internacional, violación del deber de no impedir el enjuiciamiento de crímenes internacionales derivados de normas de ius cogens, y facilitación de la impunidad. Cita como normas vulneradas el artículo 105.2 de la Carta de la ONU, la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 —de la que Estados Unidos es parte—, y los artículos 14, 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las organizaciones solicitan al Consejo de Derechos Humanos condenar las sanciones, exigir su levantamiento inmediato e incondicional, y declarar que sancionar a funcionarios judiciales o expertos de la ONU por el ejercicio de su mandato genera responsabilidad internacional del Estado que las impone.

SITRAJUD convoca a manifestación en defensa de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho

El Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (SITRAJUD) convocó a la ciudadanía a participar en una manifestación pública en defensa de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho, ante lo que considera una amenaza al funcionamiento del sistema de justicia derivada de los recortes presupuestarios.

La organización sostiene que las reducciones al presupuesto del Poder Judicial ponen en riesgo el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, por lo que hace un llamado a respaldar a las instituciones que integran el sistema judicial.

La manifestación se realizará el viernes 17 de julio de 2026, a las 4:00 p.m., en la Plaza de la Justicia, ubicada en la explanada de los Tribunales de San José.

La convocatoria plantea la defensa de la Sala Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo el lema de una justicia independiente, accesible y al servicio del pueblo.

Según el mensaje difundido por SITRAJUD, el objetivo es expresar preocupación por las consecuencias que podrían tener los recortes presupuestarios sobre la institucionalidad judicial y sobre la garantía de acceso efectivo a la justicia.

La organización advierte que está en riesgo el normal funcionamiento de todo el sistema de justicia y de sus órganos adscritos, e invita a la ciudadanía a sumarse a la movilización en respaldo de la independencia judicial y la defensa del Estado de Derecho.

La convocatoria se difunde además bajo la consigna #DefendamosLaJusticia.

Venezuela bajo asedio

Álvaro Fernández González, Julio de 2026

Comprender la realidad venezolana exige mirar más allá de las decisiones del gobierno y situarlas en el contexto de una profunda pérdida de soberanía.

El país enfrenta hoy una forma de colonialismo que ya no depende de la ocupación militar, sino del control sobre sus recursos estratégicos mediante sanciones, restricciones financieras y mecanismos externos que condicionan el acceso a los ingresos generados por su propio petróleo.

En ese escenario, muchas decisiones gubernamentales que generan controversia deben analizarse como respuestas adoptadas bajo condiciones excepcionales.

Es legítimo debatirlas y criticarlas, pero resulta insuficiente interpretarlas como una simple renuncia al proyecto bolivariano sin considerar la presión permanente ejercida por Estados Unidos sobre la economía y las instituciones venezolanas.

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las disputas entre gobiernos, la Administración Trump y la de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otra realidad continúa desarrollándose en cientos de comunas y organizaciones populares.

Asambleas vecinales, consultas comunitarias, proyectos autogestionados y espacios de participación mantienen viva una experiencia de democracia desde abajo que constituye uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana.

Por ello, reducir el presente venezolano a la supuesta derrota del chavismo significa ignorar la persistencia de un tejido social organizado que sigue defendiendo la soberanía, la participación popular y la justicia social.

Las contradicciones existen y son objeto de debate dentro del propio movimiento, pero la discusión central continúa siendo otra: cómo preservar un proyecto político y una sociedad organizada frente a una estrategia de asfixia económica y subordinación geopolítica.

La principal lección es clara. Para comprender Venezuela no basta con juzgar las decisiones de sus dirigentes.

Es necesario observar también la capacidad de su pueblo para sostener, incluso en medio del asedio, las formas de organización que mantienen viva la aspiración de una democracia popular y de una verdadera independencia nacional.

Referencia:

“Before the Earthquake- Venezuela’s Uncomfortable Reality with Andreína Chavez Alava”.