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El carnicero del Campo de Concentración y de Exterminio Étnico de Gaza debe ser detenido si viene a Costa Rica

Vladimir de la Cruz

El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André anunció, hace varios días, que, como parte de la celebración de Traspaso de Gobierno, se habían circulado invitaciones internacionales, lo que es usual y parte del protocolo oficial, a personalidades políticas internacionales, jefes de Estado, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores e invitados especiales como así se procede y acostumbra.

Al día, de hoy, 5 de mayo, a tres días del acto oficial de cambio de gobernantes del Poder Ejecutivo, no se ha hecho pública la lista oficial de quienes han confirmado su asistencia.

Se rumora que fue invitado a este magno evento nacional el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como también fueron invitados los presidentes del continente que hacen círculo político derechista, conservador con el de Israel, como son los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Honduras, de los cuales el Presidente Rodrigo Chaves se siente muy amigo de ellos, e identificado con sus respectivas políticas de gobierno Recientemente, incluso con Israel se aprobó un Tratado Bilateral de Comercio.

Al efecto de la posible llegada de Benjamín Netanyahu debemos, no solo recordar, sino tener presente que sobre Netanyahu pesa una orden de captura internacional de la Corte Penal Internacional, desde el 2024. Esta orden de captura está activa y vigente al 8 de mayo próximo. Es claro, entonces, que si Benjamín Netanyahu, llega a Costa Rica, en el aeropuerto internacional que llegue, el Daniel Oduber, de Liberia, o el Juan Santamaría, de Alajuela, las autoridades de migración, de esos aeropuertos, automáticamente deben proceder a su detención, deben capturarlo, salvo que el gobierno, en su parte Ejecutiva, haya dado seguridades al gobierno de Israel que por parte del gobierno no será detenido, lo cual es posible que hay sucedido.

Sin embargo, no impide que abogados y ciudadanos puedan interponer la acción judicial correspondiente, ante la Corte Suprema de Justicia, para que se ordene su captura en caso de que pise el suelo costarricense, para poner a Netanyahu ante la Justicia Internacional de La Haya.

Así, si el Poder Ejecutivo no actúa para su captura, de oficio como debiera ser, le corresponderá al Poder Judicial hacerlo. Como esto es una posibilidad real lo mejor que puede hacer el Carnicero del Campo de Concentración y Exterminio de Gaza, Benjamín Netanyahu, en no venir a Costa Rica, a la fotografía con el presidente Chaves, la presidenta Laura Fernández y los presidentes latinoamericanos de ese círculo político, Javier Milei, Nayib Bukele, Juan José Flores, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Juan Asfura.

No debemos olvidar que Costa Rica desde el año 2002, bajo la Ley No. 8272, estableció en la legislación costarricense, los crímenes de guerra y de lesa humanidad como parte de la legislación nacional sobre lo que se debe velar, crímenes de los cuales se acusa a Netanyahu. También debemos recordar que somos parte del llamado Estatuto de Roma con 123 países más.

Desde el Derecho Internacional Público estamos obligados a capturar y detener, para someter a la justicia internacional a las personas, como Benjamín Netanyahu, que son requeridas por la Corte Penal Internacional.

El actual gobierno el 22 de marzo del 2023, en La Haya, y en diciembre del 2025, en la última Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma, reunión celebrado en La Haya, ratificó y reafirmó el pleno apoyo al trabajo que realiza la Corte Penal Internacional, y se comprometió a brindar su apoyo consistente para cumplir con su mandato de “forma eficaz y coherente en todas las situaciones bajo su jurisdicción”, así señalado por el Canciller André.

En política exterior, respecto a Israel, Costa Rica no ha sido coherente con su tradición. No condenó como lo hicieron Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el recién establecimiento de la pena de muerte para condenados palestinos, en Israel, tampoco Costa Rica se sumó a la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU del embargo de armas a Israel.

En setiembre del 2025 cuando Netanyahu se dirigía a hablar en el podio del foro de las Naciones Unidas, más de la mitad de los representantes diplomáticos se levantó en protesta y se retiró.

¿De venir Benjamín Netanyahu a Costa Rica, al traspaso de Gobierno, de no actuar el gobierno en su captura, habrá un juez costarricense, como lo hizo el Juez Baltazar Garzón que actuó en el 2012 contra el dictador Augusto Pinochet, que accionó en su contra, manteniéndole 16 meses detenido en Inglaterra, hasta que el gobierno inglés optó de dejarlo libre y no entregarlo a la Justicia Internacional, como era requerido?

Nuestra Gran Jueza que fue de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, ¿estará tranquila con la llegada del Carnicero de Gaza a Costa Rica, requerido por la Justicia y por el Tribunal del que ella fue parte y en el cual se distinguió?

Netanyahu no debe ser bienvenido en Costa Rica.

Igual medida de captura debe hacerse contra cualquier delegado de Israel que venga al traspaso de gobierno y que esté acusado ante la Corte Penal Internacional, o sea requerido por crímenes de guerra o de lesa humanidad, como lo está el presidente del Estado de Israel Isaac Herzog.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

Estudiante del Colegio Científico de San Vito gana beca para representar a Costa Rica en EUA en el campamento nacional de ciencias para jóvenes 2026

Por Uriel Rojas

Juan Mesac Ramírez Varela

El joven Juan Mesac Ramírez Varela, oriundo de Las Moras de Boruca y estudiante del Colegio Científico de San Vito, es el ganador de la beca 2026 que otorga la embajada de Estados Unidos en Costa Rica para representar a nuestro país en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes (NYSCamp) por sus siglas en inglés.

La noticia la dio a conocer el Colegio Científico de San Vito en su perfil de Facebook.

Este campamento es una prestigiosa oportunidad que tienen los jóvenes becados para interactuar con profesionales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés).

Este programa residencial está diseñado para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes seleccionados.

Entre los países representados se incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Alemania, Japón, México, Trinidad y Tobago entre otros.

Los participantes tendrán incluido los gastos de alojamiento, las comidas, el transporte y los materiales sin costo alguno, además de diversas oportunidades para aprender técnicas y crear en múltiples medios artísticos, así como para unirse a grupos de artes escénicas.

Este campamento estudiantil es la edición #62 y se realizará del 11 de julio al 1 de agosto de 2026 en el Camp Pocahontas, en el Bosque Nacional de Monongahela, Virginia Occidental, EUA.

Parte de los objetivos del NYSCamp 2026 es fomentar que los participantes sigan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y profesiones afines mediante una mayor concientización y comprensión de las oportunidades actuales en materia de educación, investigación y carrera profesional.

El becado Juan Mesac Ramírez Varela, de origen boruca, tiene 17 años, estudió su educación primaria en la Escuela Unidocente de Las Moras y su secundaria en el Liceo Académico Indígena de Boruca.

Festival Solidaridad reunirá música y compromiso con los pueblos de Nuestra América en Santa Ana

El próximo sábado 2 de mayo se realizará el Festival Solidaridad por los pueblos de Nuestra América, una actividad cultural que convoca a la música, el arte y la expresión solidaria en apoyo a las luchas de los pueblos latinoamericanos.

El evento tendrá lugar en Casa Mestizzo, en Piedades de Santa Ana, a partir de las 2:00 p. m., y contará con la participación de diversas personas artistas que compartirán su talento en una jornada de encuentro y compromiso social.

La actividad tiene un carácter solidario, con una donación de ₡2000, y busca fortalecer los vínculos culturales y políticos en torno a las causas de los pueblos de la región. Para reservaciones, se habilitó el número 8311 8802.

Entre las personas artistas que participarán en el festival se encuentran:

Navy Hernández
Oscar Espinoza
Alvaro Zúñiga
Wilson Arroyo
Alejandra Espinoza
Gerardo Cascante
Dionisio Cabal
Beto Campos
Fadir Delgado
Carlos Villalobos
Manuel Monestel

El festival es organizado por la Asociación Cultural Musical Mestizzo y el Movimiento Popular Costarricense, con la colaboración del Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba – Costa Rica.

La actividad propone un espacio de encuentro donde la cultura se convierte en una herramienta para la solidaridad, el intercambio y la construcción de conciencia en torno a las realidades de América Latina.

Proyecto de ley sobre datos crediticios abre “portillo estructural” para mercantilizar información personal, advierte OMERCON

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) alertó que el Proyecto de Ley N.° 24.374 sobre información de interés crediticio, pese a su lenguaje técnico y garantista, abre un “portillo estructural” que permitiría la mercantilización de los datos personales financieros de la población, con riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y la equidad social.

En un pronunciamiento técnico dirigido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la organización sostiene que el texto sustitutivo del proyecto incurre en una contradicción de fondo: mientras afirma proteger los datos personales, en la práctica legitima su circulación en el ámbito privado sin contar con mecanismos institucionales suficientes para garantizar esa protección efectiva.

Datos personales como mercancía

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que la iniciativa legal transforma la información crediticia en un activo gestionable por actores privados, lo que abre la puerta a la creación de mercados de datos financieros. Esto incluye la recopilación, procesamiento y circulación ampliada de información sensible sin un sistema robusto de trazabilidad que permita controlar su uso.

OMERCON advierte que esta lógica contradice estándares internacionales en materia de protección de datos, donde se ha establecido que la información personal no debe ser tratada como mercancía.

Riesgos para la seguridad y la privacidad

El pronunciamiento subraya que el historial crediticio revela aspectos profundamente sensibles de la vida económica de las personas, como su nivel de ingresos, endeudamiento, relaciones financieras y vulnerabilidades económicas.

En un contexto nacional marcado por el crecimiento de la criminalidad organizada, la circulación de estos datos en múltiples plataformas privadas incrementa los puntos de vulnerabilidad y podría facilitar delitos como extorsión, fraude o secuestro, al convertir esta información en un insumo de alto valor estratégico.

Sistema público existente y falta de justificación

El documento señala que Costa Rica ya cuenta con un sistema público funcional para la gestión de información crediticia, a través del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que opera bajo supervisión estatal y principios constitucionales.

Según OMERCON, el proyecto no presenta evidencia empírica que demuestre fallas estructurales en este sistema ni que justifique la creación de un modelo privado, lo que sugiere que la propuesta responde más a intereses económicos específicos que a una necesidad pública real.

Impactos regresivos para la ciudadanía

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor carga administrativa para las personas, que tendrían que corregir errores en múltiples bases de datos privadas
  • Amplificación del daño reputacional por difusión de información incorrecta
  • Reproducción del sobreendeudamiento al no responsabilizar a entidades crediticias por prácticas de otorgamiento irresponsable

Además, el proyecto generaría una asimetría institucional al limitar el uso de datos por parte del Estado mientras amplía el acceso para actores privados con menor capacidad de fiscalización.

Experiencia internacional: más control público, no privatización

El análisis comparado incluido en el pronunciamiento muestra que los sistemas más avanzados en protección de datos, como los de la Unión Europea o Finlandia, refuerzan el control público sobre la información crediticia en lugar de privatizarla, estableciendo límites estrictos a su uso y comercialización.

Llamado a rechazar el proyecto

Como conclusión, OMERCON plantea que el proyecto implica un cambio estructural innecesario y potencialmente perjudicial para la ciudadanía, por lo que recomienda su rechazo.

En su lugar, propone fortalecer el sistema público existente, endurecer las sanciones por uso indebido de datos, regular el crédito irresponsable y avanzar en legislación específica de protección al consumidor financiero.

Le invitamos a descargar y leer el pronunciamiento completo para conocer en detalle los argumentos y propuestas planteadas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/OM059-2026_Pronunciamiento_24374.pdf

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

“La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, el Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra” convoca a una manifestación este viernes 1° de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., con salida desde la Iglesia La Merced, en Avenida Segunda, en defensa del derecho a la salud y del carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria llama a trabajadores, familias y personas pensionadas a unirse en defensa de una institución que consideran debe mantenerse autónoma, universal y solidaria, con servicios de calidad tanto técnica como humana.

Defensa del derecho a la salud

El mensaje central de la actividad plantea la necesidad de resguardar el sistema de seguridad social como un derecho fundamental, en un contexto en el que distintos sectores han manifestado preocupación por el rumbo de la CCSS.

El movimiento enfatiza que la movilización busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud pública, así como promover la participación ciudadana en su defensa.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La invitación es abierta y promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo la posibilidad de llevar consignas propias. Asimismo, se sugiere a las personas participantes identificarse en la marcha buscando las sombrillas azules del movimiento como punto de encuentro.

Bajo el lema “La Caja es nuestra”, la actividad se suma a las tradicionales movilizaciones del 1° de mayo, integrando la defensa de la seguridad social dentro de las reivindicaciones históricas del movimiento laboral.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: Viernes 1° de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Iglesia La Merced, Avenida Segunda

Convoca: Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra”

1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social

  • La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
  • Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida

Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.

La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.

La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.

Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.

La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.

Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.

De ALCOA al FEES

Lenin Chacón Vargas

Presupuesto para las universidades públicas

El 24 de abril de 1970 estalló una decisión colectiva en defensa de la soberanía nacional. Aquellas jornadas patrióticas contra el contrato ley ALCOA-Estado costarricense no le pertenecen a ningún grupo político; quien así lo crea, peca de pedante e ignora la realidad de aquel día, de aquella gesta.

Fue el resultado de muchos días y muchos meses y de la forja de la unión de 81 organizaciones que entendieron que la patria no se entrega, que los recursos naturales y la soberanía se defienden en la calle. Esa jornada gloriosa fue la expresión máxima de estudiantes y trabajadores en defensa de la bauxita, el agua, la ecología y los pueblos originarios, frente a un contrato que pretendía hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

Esa memoria hoy respira en mí a través de los rostros de quienes entonces éramos adolescentes y jóvenes. Me conmueve recordar a compañeras como Ana Lupita Mora y Macarena Barahona, del Colegio Nuestra Señora de Sion, quienes tras debatir en las aulas decidieron lanzarse a las calles. Pienso en Marielos Azofeifa, del Samuel Sáenz, y en Melania Guevara, del Colegio Superior de Señoritas. En mis recuerdos aún veo desfilar a miles de estudiantes que rompieron esquemas, marchando con orgullo con sus uniformes y desafiando las amenazas de las autoridades.

Recuerdo especialmente la valentía en secundaria. Tras la expulsión de Fernando Ugalde, presidente del Liceo de Costa Rica, Manuel Gamboa Asch asumió el liderazgo con una madurez asombrosa, junto a Héctor Ferlini-Salazar, un secretario estudiantil que apenas cursaba el segundo año. Éramos jóvenes, sí, pero estábamos llenos de convicción patriótica.

No olvido a Javier Prada, expulsado del Brenes Mesén por su beligerancia en la lucha; ni a “Pele” Lizano, el joven trabajador que caminó desde Granadilla para unirse al clamor nacional; ni el ímpetu de Fredy Garrido Dubón. Las voces de tantas y tantos que hoy decimos con orgullo «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad patriótica.

Hoy, esa memoria nos recuerda: si en 1970 el recurso a defender era el suelo y la bauxita, hoy ese recurso es el talento humano, el pensamiento crítico y la investigación científica de nuestras universidades públicas. El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al FEES, impulsado por la administración actual, representa una nueva forma de dominación que debilita nuestra soberanía intelectual y profesional. Desfinanciar la universidad pública es tan dañino hoy como lo habría sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente.

La historia me ha enseñado que el protagonismo estudiantil es vital. En el 70, sabíamos que luchábamos por el país que heredaríamos. Los estudiantes de hoy deben comprender que un justo presupuesto para el FEES no es un privilegio, sino la garantía de que cualquier joven, sea de zona rural o urbana, tenga un pupitre y un profesor esperándolo.

Nuestra lucha por un presupuesto justo trasciende ideologías; es un punto de encuentro nacional y un acto de civismo. Así como aquellas jóvenes de colegios católicos y públicos y universitarios se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra el bien común no es un «error de juventud»; es, como demostró mi generación, la forma más alta de patriotismo y en defensa del presente y futuro de las juventudes

¡Jóvenes, a luchar sin tregua por una mejor universidad y por un mejor país!

25 de abril, Día Internacional del ADN

Dra. Mariela Arias-Hidalgo
Departamento de Fisiología
Escuela de Medicina
Universidad de Costa Rica
Invitada de ACANAMED

Profundizando en el ADN
¿Por qué la genética es cada vez más compleja?

En años anteriores se publicó “El material genético y la herencia” para conmemorar el Día Internacional del ADN. En él se incluyó la historia de su descubrimiento y las bases de la genética tradicional. Sin embargo, para este año quería ahondar en otros conceptos que van un poco más allá de la herencia clásica descrita por Mendel en los 1800s.

El dogma central de la biología se centra en que el ácido desoxirribonucleico (ADN) se transcribe a ácido ribonucleico mensajero (ARNm) y que posteriormente este se traduce a proteínas. Este fue propuesto por Francis Crick en 1957 y publicado en 1958.

Este dogma fue cuestionado por primera vez en 1970 por los científicos David Baltimore y Howard Termin, quienes de manera independiente descubrieron los virus ARN. Estos virus tienen la particularidad de que la información genética no la transmiten mediante ADN, sino que la almacenan como ARN y tienen una enzima llamada transcriptasa reversa que les permite convertir el ARN en ADN, para luego continuar con el flujo de información ya conocido, que culmina con la producción de proteínas. En ese mismo año, Crick publicó, una aclaración indicando que el dogma central no es en realidad un flujo unidireccional, sino que permite el intercambio bidireccional de información en las formas de ADN y ARN; sin embargo, una vez que se produce la proteína la información “no puede volver a salir” del sistema.

El dogma central, combinado con la información disponible en ese momento, también nos hizo creer que solo los genes (zonas que codifican para proteínas y que corresponden a máximo un 2% del ADN total) eran importantes para la salud o enfermedad. En los años 70, Susumo Ohno denominó a estas zonas no codificantes como “ADN basura”, a pesar de que en la década de los 60s se había demostrado que existían zonas no codificantes que actuaban como interruptores que encienden o apagan ciertos genes. En los años 80s y 90s se solidificó la evidencia en torno a la función de estas zonas no codificantes como potenciadores o silenciadores de genes. Sin embargo, no fue hasta el 2012 que el proyecto ENCODE demostró que al menos el 80% del genoma tiene alguna actividad bioquímica y que ese “ADN basura” es, en realidad, esencial para el control molecular, y por ende para la vida.

Por ejemplo, la intolerancia (o tolerancia) a la lactosa o la polidactilia son rasgos que dependen de la existencia de mutaciones en regiones potenciadoras de los genes que controlan la expresión de la lactasa o de las zonas de control de desarrollo de nuestras extremidades. En estudios complejos como los estudios de asociación genómica (GWAS), muchos hallazgos de mutaciones en zonas no codificantes se asocian a incrementos en el riesgo de diabetes tipo 2 o de enfermedad cardiovascular. Estos pequeños cambios (mutaciones) denominados “polimorfismo de nucleótido único” o SNP (por sus siglas en inglés) pueden cambiar cómo el cuerpo responde a la inflamación o cómo controla el colesterol y por ende incidir en nuestra capacidad de respuesta al ambiente.

El impacto sobre la salud o enfermedad de las zonas de ADN que no codifican aún se encuentra en estudio. Cada vez se logran identificar más regiones que inciden sobre el control de genes y cuyas mutaciones pueden causar enfermedad. Es posible que en un futuro las terapias pasen de tratar de “arreglar genes” a más bien entender cómo estos genes se regulan y pensar en comprender toda la red para generar un impacto positivo en la atención y prevención de la enfermedad.