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Educación en jaque: personas expertas piden cambios

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La educación pública enfrenta un panorama crítico en Costa Rica. Fondos congelados, recortes presupuestarios y deficiencias en la formación docente fueron algunos de los temas abordados en la conferencia Retos a los sistemas educativos y a la formación de profesionales de la educación, el pasado 4 de febrero en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional (UNA).

Carlos Calvo Muñoz y Silvia López de Maturana Luna, especialistas en educación, expusieron sobre los desafíos estructurales de la enseñanza y la urgencia de un cambio en el modelo educativo.

“Ser docente no es sólo impartir una materia, es asegurar que el estudiante aprenda”, enfatizó Calvo, al advertir que muchos de estos profesionales carecen de formación pedagógica y solo reproducen contenidos sin garantizar comprensión. López reforzó esta idea al indicar que “la educación sigue estancada porque no ha habido una crisis que obligue a cambiar el paradigma. Falta un número crítico de afectados para que se impulse una transformación real”.

En la actividad se expuso la falta de inversión en educación: ₡7.710 millones destinados a becas del programa Avancemos, ₡2.000 millones para educación superior y recursos para comedores escolares permanecen inactivos, mientras universidades públicas, sindicatos y organizaciones civiles denuncian el desfinanciamiento del sector.

Francisco González Alvarado, rector de la UNA,  recordó el contexto en el que nació la Universidad Nacional en 1973: “Costa Rica tomó la decisión de crear una tercera universidad pública en medio de conflictos en Centroamérica y una polarización global. Esa visión transformó el país y sigue siendo clave para el desarrollo y la democracia”.

Por su parte, Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), señaló que el curso lectivo 2025 inicia con 825 órdenes sanitarias vigentes en instituciones educativas, ausencia de concursos docentes y un presupuesto en su punto más bajo.

«No hay pruebas de idoneidad para el personal docente, a pesar de que la ley lo exige. La violencia en los centros educativos aumenta y el desgaste profesional es evidente», alertó Jiménez.

 “Se enseña, pero no se aprende”

El especialista Calvo Muñoz fue contundente al describir la realidad en las aulas: «En el pasado, de cada 100 niños que ingresaban a la escuela, solo uno se graduaba. Los otros 99 simplemente desaparecían del sistema”.

Además, cuestionó la formación docente : “Hay colegas con posdoctorados que no saben enseñar. Creen que su trabajo termina al dar la clase, cuando la verdadera responsabilidad es asegurarse de que los estudiantes comprendan».

Por su parte, López de Maturano advirtió que el sistema educativo ha condicionado a los estudiantes a memorizar información sin comprenderla. «Se preparan para exámenes, no para aprender. Se convierten en reproductores de contenido y no aplican lo que estudian en la vida real», explicó.

Ambos expertos coincidieron en que la educación no debe limitarse a la escolarización. «Aprender es inevitable, pero el sistema ha enseñado a los estudiantes a no gustarles ciertas materias. Crecen sacando buenas notas, pero sin entender lo que realmente saben», destacó el conferencista.

¿Hacia dónde avanzar?

La conferencista Silvia López propuso estrategias para mejorar la enseñanza: “La educación comunitaria, la colaboración entre escuela y familias, la inversión en educación temprana y la reivindicación del rol docente son urgentes”.

Calvo cerró con un llamado directo: “Si un profesor se enorgullece de que más del 90% de su clase reprueba, debe retirarse de la docencia. No podemos seguir dañando generaciones de estudiantes”.

El evento dejó en evidencia la necesidad de un replanteamiento profundo en el modelo educativo y en la formación docente, en un contexto de recortes y falta de inversión que amenaza el derecho a una educación de calidad en nuestro país.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

La situación de las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador – En Voces y Política

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Este miércoles 12 de febrero tendremos el programa:

“La situación de las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador”.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Caso Molina Theissen: Guatemala debe garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos

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Las Américas, 6 de febrero de 2025. Las organizaciones internacionales firmantes advertimos sobre el daño irreparable al acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, que podría producirse de anularse la sentencia condenatoria contra cuatro altos mandos militares implicados en el Caso Molina Theissen, cuyos hechos datan de 1981.

El 23 de mayo de 2018 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo C condenó a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por este delito también se condenó a Francisco Luis Gordillo Martínez. El tribunal también encontró responsables a los exmilitares por la violación agravada en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por ende, los señores Zaldaña Rojas, Callejas Callejas y Lucas García cumplen con una pena de 58 años de prisión, y el señor Gordillo Martínez de 33 años de prisión.

Este fallo representó un avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen en 2004 que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio y le ordenó investigar los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. La condena de estos altos rangos militares representó un hito en la justicia transicional guatemalteca.

Sin embargo, los cuatro condenados no han cesado de presentar recursos legales maliciosos para quedar en libertad y lograr impunidad. Además, sus representantes legales y allegados han mantenido una campaña de desinformación, acoso y criminalización en contra de la familia Molina Theissen.

El jueves 6 de febrero se desarrollará una audiencia ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, para resolver los recursos de apelación especial contra la sentencia. De proceder los recursos, los procesos realizados y las sentencias corren el riesgo de ser anuladas, y los perpetradores verían garantizada su impunidad. 

Advertimos que, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática y cooptación del sistema de justicia, el riesgo de retrocesos para las víctimas y familiares que siguen exigiendo justicia, verdad, reparación y no repetición, es cada vez más alarmante en Guatemala. El Estado se arriesga además al desacato de la sentencia de la Corte Interamericana.

Reiteramos nuestra solidaridad con la familia Molina Theissen, ejemplo de dignidad y resistencia en su demanda de verdad, justicia y no repetición.  Así mismo, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que cumpla las sentencias y resoluciones internacionales y ratifique la condena contra los cuatro militares responsables de los crímenes que se cometieron contra la familia Molina Theissen.

FIRMAN

Impunity Watch

Washington Office on Latin America -WOLA

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

Guatemala Human Rights Commission -GHRC 

Due Process of Law Foundation – DPLF

Robert F Kennedy Human Rights

Latin America Working Group – LAWG

Defensoría revisa sustitución de programa de afectividad y sexualidad

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La Defensoría de los Habitantes, desde el anuncio de la sustitución del programa de afectividad y sexualidad integral por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), realiza un análisis técnico sobre esta decisión, los criterios que les sustenta, la legalidad del acuerdo y estudiar las diferencias existentes.

Adicionalmente esta Defensoría ha realizado gestiones ante esa cartera para que remita toda la información necesaria que dio sustento al cambio de programa, las evaluaciones realizadas previo a la puesta en práctica del nuevo programa llamado Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia y todo el material realizado a este caso.

“Como Defensoría venimos revisando una serie de aspectos de acuerdo con nuestra competencia. También requerimos conocer los contenidos del nuevo programa, el acta donde se tomó el acuerdo, los cambios realizados con respecto al anterior y a partir de este análisis técnico, valorar nuevas acciones a emprender”, dijo esta tarde la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

Incluso el día de ayer, personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Defensoría de los Habitantes, sostuvo una reunión técnica con grupos de organizaciones de la sociedad civil para conocer sus preocupaciones y observaciones, como parte del estudio que se realiza desde un enfoque de derechos humanos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Municipalidad de Montes de Oca contra retrocesos en educación sexual, bullying y penas por interrupción del embarazo

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Municipalidad de Montes de Oca se pronuncia en contra de retrocesos en materia de educación sexual y bullying y contra el aumento en las penas por interrupción del embarazo por parte del Gobierno de la República.

El pasado lunes 3 de febrero el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó una moción presentada por el regidor suplente Jorge Mora Portuguez y la regidora propietaria Marta Corrales, suscrita además por los regidores Jorge Espinoza, Irene Salazar, Gustavo Campos, Jessica Mora y el síndico de San Pedro Sergio Rodríguez;  donde se condena la decisión del gobierno de la República de eliminar el Programa para la Afectividad y Sexualidad Integral, los protocolos anti bullying y anti discriminación contra la población LGBTI+ en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social.

En dicha moción también se manifiesta la oposición de este Concejo Municipal al aumento en las penas por interrupción del embarazo pretendidas por el Poder Ejecutivo; así como la utilización con fines político-electorales de estos temas.

Dicha moción que fue aprobada por 6 votos a favor y un voto en contra (PLN) dice lo siguiente:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el programa de afectividad y sexualidad integral vigente en nuestro país desde el año 2012 ha sido muy exitoso, logrando la reducción de embarazos en adolescentes, al pasar de un 20% del total de embarazos en el 2012, a un 9% en el 2023.

SEGUNDO: Que el abordaje de la sexualidad de un modo integral, vinculado a la afectividad es una herramienta efectiva que supera la antigua visión de la educación sexual reducida a la “salud reproductiva”, incorporando elementos que son parte esencial de una sexualidad sana, como son el afecto, la autoestima, un enfoque de derechos humanos, entre otros.

TERCERO: Que la eliminación de este programa por parte del MEP, los protocolos anti bullying y antidiscriminación por orientación sexual en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social, representan un grave retroceso que tendrá impactos muy negativos sobre la población adolescente de nuestro país.

CUARTO: Con independencia de la posición que tengamos en torno al aborto, rechazamos el aumento en las penas de prisión por esta causa. La criminalización y la persecución a las mujeres que interrumpen el embarazo, no solo las revictimiza, sino que también provoca que está práctica se realice en forma cada vez más clandestina y sin regulaciones, ni controles. Muchas niñas, adolescentes o mujeres víctimas de violaciones sexuales, de embarazos no deseados, o cuya vida corre riesgo por padecimiento de enfermedades relacionadas a embarazos, sufrirán sanciones penales en lugar de recibir atención y acompañamiento médico y psicológico.

QUINTO: Que estas decisiones del gobierno de la República tienen un fin claramente político electoral que procuran acercar a sus tiendas a sectores conservadores de la población, a costa de sacrificar el bienestar y el desarrollo integral de la juventud costarricense, y solo logran profundizar la polarización y crispación social ya existente en nuestro país.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: Rechazar y condenar la decisión del gobierno de la República de eliminar el Programa para la Afectividad y Sexualidad Integral, los protocolos anti bullying y anti discriminación contra la población LGBTI+ en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social.

SEGUNDO: Manifestar la oposición de este gobierno local al aumento en las penas de prisión relacionadas con el aborto, por no ser un medio eficaz para el abordaje de este tema, que provoca la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas que por diversas razones interrumpen el embarazo, y que además estas prácticas se vuelvan aún más clandestinas y fuera del control y regulación del sistema de salud.

TERCERO: Instar al Gobierno de la República a mantener y fortalecer el Protocolo de atención del bullying y contra la discriminación de la población LGBTI+, la Circular DM-024-05-2015 y la Circular DM-0040-07-2018, como herramientas esenciales para proteger a estudiantes en situación de vulnerabilidad, así como a mantener y fortalecer el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral que garantiza un abordaje de la sexualidad científico, laico y basado en los derechos humanos; así como mantener vigente al Comisionado de la Inclusión Social.

CUARTO: Instar a los demás gobiernos locales a pronunciarse en este mismo sentido y comunicar este acuerdo a los medios de comunicación, a las demás municipalidades, al Gobierno de la República, al Ministerio de Educación Pública, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Instruir a la Secretaría del Concejo la respectiva coordinación con el área de comunicaciones de la Municipalidad para los fines anteriores.

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

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Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!

Iret-UNA solicita a ministra de Salud detener modificaciones al Reglamento para la calidad del agua potable

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Comunicado

El Instituto Regional de Estudios en sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se pronunció ante el anuncio realizado por el Ministerio de Salud de modificación al decreto 38924-S “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”.

Investigadores piden ampliar discusión técnica de los valores máximos admisibles de contaminantes y sus implicaciones para la calidad del agua para consumo, salud humana y ambiental. Asimismo, hace las recomendaciones para prevenir la contaminación de este recurso.

Transcripción del pronunciamiento con respecto al borrador MS-AJ-CB-2932-2024 para la modificación del DecretoEjecutivo No. 38924-S:

En atención al principio precautorio y al de no regresión en materia ambiental, el Instituto Regional deEstudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, solicita a la señora Ministra de Salud detener la modificación del decreto 38924-S “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, debido a la necesidad de ampliar la discusión técnica de los valores máximos admisibles de contaminantes como el plaguicida clorotalonil, sus metabolitos y otros compuestos químicos, y de las amplias implicaciones que este cambio normativo tendría en la calidad de las aguas de consumo humano, la salud humana y ambiental.

Esta solicitud se hace considerando que:

− La modificación propuesta debilita la legislación para la protección de la calidad del agua, ya que convierte el valor de admisibilidad a un valor de alerta. En el caso de los metabolitos del clorotalonil, esto resulta en unaumento de las concentraciones permitidas por un periodo indefinido.

−  Bajo el principio de no regresión ambiental, la normativa no debería retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Esto considerando que la Constitución Política de Costa Rica consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derechohumano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Instamos a mantener el carácter preventivo que impulsó al Estado Costarricense a adoptar estas premisas en sus leyes.

− Aunque reconocemos que el decreto busca operacionalizar una estrategia para la gestión de riesgo ante eventos por contaminación de plaguicidas en el agua, creemos que estos procedimientos deben ser producto de un análisis multidisciplinario e intersectorial, incluyendo a la academia. En este sentido, por parte del IRET estamos en total disposición de aportar insumos científicos a un equipo de trabajo para esta temática, tal como lo hemos hecho con anterioridad.

− El IRET ha publicado diversas investigaciones en las que se han calculado riesgos significativos a la salud yal ambiente por exposición a plaguicidas en distintas regiones del país, considerando diversas fuentes de exposición, un aspecto que este decreto no considera.

Recomendamos, para prevenir la contaminación y los riesgos a la salud pública y ambiental:

− Fortalecer las políticas estatales para la reducción del uso de sustancias peligrosas, con metas yprocedimientos cuantificables. Por ejemplo, fomentar la política agrícola integral para la reducción del usode agroquímicos, incrementando el apoyo técnico al sector agrícola y con un plan para la prohibición de ingredientes activos de alta peligrosidad, reconocidos a nivel internacional.

− Mantener la legislación actual sobre límites admisibles y crear un plan para la atención de emergencias por contaminación de aguas que considere sistemas de evaluación y gestión de riesgo, mediante un abordaje multidisciplinar y con tiempos definidos en los cuales la población recibirá agua por encima del valor máximo admisible y por debajo del Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR).

− Establecer una ruta de trabajo para el monitoreo de agua por contaminación de plaguicidas, y la remediación de cuerpos de agua contaminados, que incluya un análisis de las fuentes de contaminación, el transporte y eldestino de los contaminantes, así como la revisión de las medidas de protección y seguimiento a estos cuerpos de agua.

Aclaramos que el IRET no se pronunció durante el periodo de la consulta pública que el Ministerio de Salud publicó sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S ‘Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable’, debido a que coincidió con el receso institucional del fin de año de la Universidad Nacional.

Atentamente,

Comisión de Académicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

Carecemos de una adecuada gestión pública en seguridad social

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carlos Carranza

El caso de la CCSS es de honda preocupación por las situaciones que se han dado en cuanto a la falta de una adecuada gestión pública en seguridad social.

El estilo de la Presidencia Ejecutiva deja mucho que desear, ya que en materias claves como contratación administrativa no se siguen los principios básicos en esa área. De igual manera, la falta de citas rápidas y oportunas, la ausencia de programación eficiente y eficaz, la toma de decisiones casi en secreto, el no tener propuesta para plazas médicas, el sistema de citas en forma anacrónica, el no presentar un verdadero plan de desarrollo futuro, la carencia de obras como el hospital de Cartago y no pensar acciones para mejorar los servicios, dicen mucho sobre la situación.

La situación se ha agudizado en alto grado, que era algo existente, pero lo paradójico es que antes de enfrentar esas adecuadamente esas anomalías se hace lo contrario.

La ausencia de estructura idónea y de políticas sustantivas pone a la institución en mayor indefensión, en alto grado.

A esto hay que agregar que la Junta Directiva en muchos casos ha perdido el espacio que debería tener. Las personas pensantes fueron sustituidas por otras que solo obedecen a las directrices superiores sin revisar los fundamentos que debería tener esta institución.

Es necesario debatir no sobre medidas inadecuadas, sino que en los próximos años se dé un verdadero rescate.

Esto, en función del derecho a la salud para fortalecer la vida humana y el bienestar que debe ser fundamento de una sociedad democrática.

La otra lección es que la Ley de la CCSS en los próximos años debe ser modernizada con un manejo racional, con equidad, donde la cima estratégica sea dirigida para personas competentes con una adecuada ética pública propia de este sector.

Este planteamiento lo hago en miras de ser un país de real bienestar, viviendo en las condiciones adecuadas que hemos mantenido y como producto de un Estado Social de Derecho.

Feministas del Abya Yala por la libertad de presas kurdas en Irán condenadas a muerte

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Las Feministas del Abya Yala nos pronunciamos para denunciar que las mujeres política y socialmente activas en Irán corren especial riesgo de ser detenidas, torturadas y encarceladas. Verisheh Moradi y Pashkan Azizi, fueron condenadas a muerte por el Tribunal Revolucionario de Teherán, en procesos sin resguardo jurídico adecuado.

Como feministas internacionalistas, nos dirigimos a los gobiernos de Abya Yala, de Europa, África y de Medio Oriente, para que intervengan con urgencia evitando estas ejecuciones, y exigiendo la libertad de todas las presas y presos políticos en Irán, que cesen las torturas y que se garanticen condiciones de vida dignas para sus pueblos, y en particular para las mujeres.

Nos dirigimos también a todas las feministas del mundo, para que realicemos acciones públicas frente a las embajadas de Irán y a las cancillerías de nuestros países, exigiendo el cese de las ejecuciones y la libertad de las compañeras.

Nuestras luchas no tienen fronteras.

Jin Yijan Azadi. Mujer. Vida Libertad.

Más información: https://www.instagram.com/feministasdelabyayala/reel/DFqPwFnRkKD/

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

UCR hace llamado para garantizar la calidad y seguridad del agua potable en el país

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La Universidad de Costa Rica pone a disposición del país, todos los conocimientos científicos y personas especializadas para contribuir a mitigar dicha problemática.

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista, UCR

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO AQUÍ

Luego de realizar un detallado análisis de la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 12 de enero de 2015, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instó a las autoridades competentes a reconsiderar su decisión en cuanto al aumento en los límites de plaguicidas permitidos en el agua potable para consumo de la población.

Así lo hizo saber mediante un pronunciamiento, en el cual esta casa de estudios superiores mostró su preocupación, pues de aprobarse el proyecto se modificaría el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para introducir nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa nacional actual.

Para la Universidad de Costa Rica, la propuesta que salió a consulta por parte del Poder Ejecutivo, permitiría que el agua potable en el país contenga niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua. En consecuencia, la reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.

Adicionalmente el Órgano Colegiado señaló la importancia de especificar cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y, en consecuencia, cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control.

El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua.

Para los integrantes del Consejo Universitario es importante contar con las regulaciones y normativas rigurosas, así como actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública.

Para este Órgano, estas normativas deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y asegurar un monitoreo constante, permitiendo la detección y mitigación de riesgos para la población.

El plenario se solidariza con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo, reconociendo los riesgos que esto supone para la salud y bienestar.