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La UCR aplicará gratuitamente pruebas de monitoreo de idiomas a 25 000 escolares y colegiales de todo el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La semana pasada se realizaron pruebas de práctica antes de la aplicación formal en la escuela Juan Santamaría de Cirrí de Naranjo, provincia de Alajuela. Foto cortesía de la Escuela de Lenguas Modernas.

En inglés, francés e italiano

La donación ronda los 120 millones de colones

Del 29 de julio al 7 de agosto, la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica aplicará, gratuitamente, 46 500 pruebas de monitoreo de inglés, francés e italiano a 25 000 estudiantes de sexto grado de primaria, de noveno año de secundaria y de último año de colegios bilingües, académicos y técnicos.

Esta cifra es una muestra representativa de las 27 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública con la que se elaborará un diagnóstico de las competencias lingüísticas de comprensión escrita y oral. A partir de los resultados, se buscará introducir mejoras curriculares en la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación pública.

En esta ocasión, las pruebas de oralidad en francés utilizarán inteligencia artificial, de manera que el estudiantado interactuará con un avatar, de la misma forma como ya se ha realizado para las pruebas de inglés recientemente.

Por su parte, la prueba de inglés fue mejorada para ser mucho más precisa y justa. Ahora, además de adaptarse al nivel de inglés de la persona, será multietapas. Esto quiere decir que, en lugar de mostrar ítem por ítem, se presentan pequeños exámenes (quizzes) de una sola banda del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER). Según el desempeño mostrado, el sistema guiará a la persona a otro área de la prueba de una banda superior o inferior.

De acuerdo con Allen Quesada Pacheco, director de la Escuela de Lenguas Modernas, la prueba multietapas cumple con los principios de justicia, equidad e igualdad. Además, destaca que todas las pruebas que se aplicarán utilizan tecnología de punta gracias al trabajo colaborativo entre la Escuela de Lenguas Modernas y la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.

Durante esta semana se están realizando pruebas de práctica (mocktest) con la finalidad de que población estudiantil se familiarice con la plataforma y con los formatos de los exámenes.

El diseño de todas las pruebas, su aplicación y evaluación son una donación de la Universidad de Costa Rica al Ministerio de Educación Pública, la cual tiene un valor aproximado a los 120 millones de colones.

“Se ha estado coordinando la logística de esta prueba a gran escala con la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, así como con las personas asesoras nacionales de lenguas extranjeras de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, donde hemos involucrado a directores, asesores regionales, técnicos y profesores de lenguas extranjeras. Solo así es que una aplicación de esta magnitud ha tenido éxito”, señaló Quesada.

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Foro “Abordaje Integral y Desafíos en la Lucha contra la Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia”

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El martes 6 de agosto se llevará a cabo el foro «Abordaje Integral y Desafíos en la Lucha contra la Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia», a las 4:00 p.m, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José, Sabanilla. La actividad además contará con transmisión virtual en vivo. 

Este será un  espacio de diálogo e intercambio de saberes para reflexionar sobre las estrategias necesarias para enfrentar y prevenir la violencia sexual en la infancia y la adolescencia. Además se tendrá la presencia de expertas, activistas, sobrevivientes y representantes de diversas organizaciones comprometidas con esta causa.

Para más información, presione el enlace: https://www.instagram.com/p/C90RB7dSgat/?igsh=NjZiM2M3MzIxNA==

El movimiento sindical convoca para elegir la representación ante la Operadora de Pensiones Complementarias y Capitalización Laboral en la CCSS

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El Movimiento Sindical convoca al sector confederado y no confederado para elegir la representación ante la Operadora de Pensiones Complementarias y Capitalización Laboral en la CCSS el día 1° de agosto del 2024, en la Sede Central del SEC, a las 10:00a.m. 

Las personas que postulen deben cumplir con los requisitos y disposiciones que sean aplicables según la ley. 

Los requisitos obligatorios para acreditarse son: la certificación vigente de personería jurídica y membresía extendida por el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS, certificación de que se encuentra al día con la CCSS y finalmente, en caso de persona autorizada presentar carta de acreditación. Todos estos documentos deben presentarse a la hora de ingreso para su verificación. 

Israel fuera de los Juegos Olímpicos

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Una campaña señala que es importante entender la necesidad de vetar a Israel de las justas deportivas de París 2024, esta notabilidad se da por la significancia que ha tenido el deporte en situaciones de guerra y colonialismo.

‘’El boicot deportivo fue una de las herramientas psicológicas más poderosas para terminar con el apartheid en Sudáfrica’’ – Desmond Tutú

Israel ha prohibido a deportistas de Palestina volver a Gaza, también les ha prohibido desfilar con sus trajes típicos, inclusive han vetado hasta 250 atletas de Palestina a participar en competencias deportivas. También se suma la destrucción masiva de los centros de deporte de alto rendimiento y de instalaciones para uso recreativo. Existe también el caso del estadio Yarmouk que lo convirtieron en campamento de detención para palestinos.

El movimiento de vetar a Israel de las olimpiadas ha tenido mucho peso en Sudáfrica, donde se pueden evidenciar estos anuncios.

Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020

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Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios

La primera parte de la investigación, titulada «Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020» se enfoca en analizar y prevenir los casos de femicidio en Costa Rica. El informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con colaboración de varias investigadoras y especialistas en género y violencia.

Este informe comienza agradeciendo a las familias y personas cercanas a las víctimas por su colaboración. También presenta los objetivos del INAMU y la importancia de vivir una vida sin violencia, de ahí que se realiza un resumen ejecutivo de la situación del femicidio en 2020, incluyendo la implementación de la estrategia ILAFEM. El documento enfatiza la importancia de una respuesta integral y coordinada para prevenir el femicidio y apoyar a las víctimas y sus familias.

Sobre la estrategia ILAFEM, es la autopsia psicosocial como herramienta clave para investigar las muertes violentas de mujeres y entender el contexto social y cultural de los femicidios. Esta estrategia busca mejorar la respuesta institucional y comunitaria para prevenir estos delitos. 

Entre los hallazgos principales en esta primera parte se encuentra la caracterización general de las víctimas y las condiciones que llevaron al femicidio, la identificación de factores de riesgo y vulnerabilidad, el impacto de la violencia y el femicidio en las comunidades y la respuesta institucional y la necesidad de una reparación integral para las personas sobrevivientes.

Mientras que, algunas recomendaciones a partir de los hallazgos son: fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender casos de violencia, mejorar la coordinación entre diferentes instituciones y comunidades, asegurar una respuesta rápida y efectiva ante las señales de violencia y promover la educación y sensibilización sobre el femicidio y sus consecuencias. 

La segunda parte del trabajo “Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 – Estrategia ILAFEM: Abordaje jurídico de casos» aborda el marco legal y procesal del femicidio en Costa Rica durante el año 2020. Este informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el PNUD, con varias autoras y revisión técnica de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica. El informe enfatiza la importancia de un abordaje integral y coordinado para prevenir el femicidio, mejorar la respuesta judicial y proteger a las víctimas y sus familias.

Dentro de los principales hallazgos jurídicos está que; el femicidio es una violación de derechos humanos y los estados deben tomar medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También, se expone la definición de femicidio según la Convención Belem do Pará y la perspectiva de Diana Russell y la distinción entre homicidio y femicidio, destacando la importancia de esta conceptualización para abordar la violencia de género. Y finalmente, hay un análisis del tipo penal de femicidio vigente en Costa Rica en 2020, incluyendo la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer (LPVM) y sus limitaciones.

Se realizó una revisión de 23 expedientes de femicidios asignados, resultando en 22 informes jurídicos completos y la descripción del proceso de acceso a los expedientes penales y los desafíos encontrados.

A partir de ello se analizaron los estados de los expedientes: casos sin acusación, en etapa preparatoria, intermedia, en espera de juicio, sobreseídos, en impugnación, y con proceso judicial terminado. Asimismo, se evaluó la debida diligencia en las investigaciones judiciales y los cuerpos policiales y se identificaron los elementos probatorios y actuaciones principales de los sujetos procesales.

En cuanto a la protección de sobrevivientes; se menciona la eficacia de la protección para hijos e hijas sobrevivientes de femicidios y se analizó el impacto del femicidio en los derechos de las víctimas y la revictimización durante el proceso penal.

Algunas de las recomendaciones de este informe son; mejorar la fundamentación jurídica en los escritos de sobreseimiento y acusación, garantizar la reparación integral de las víctimas sobrevivientes, implementar un enfoque de género en la investigación y judicialización de los casos de femicidio.

De esta segunda parte se concluye que; es importante fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para prevenir los femicidios y hay una necesidad de una mayor eficacia en la protección de derechos y en la sanción de estos delitos para combatir la impunidad.

Mientras que, el trabajo de investigación “Reporteando sobre femicidios en el primer año pandémico: Construcción discursiva en los medios de comunicación costarricenses en el año 2020” tenía como objetivo principal analizar las noticias sobre femicidios en diecisiete medios costarricenses durante el año 2020, enfocándose en las estrategias discursivas utilizadas para encuadrar estas noticias. En esta parte participaron el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica.

En este trabajo se realizó un análisis crítico del discurso (ACD) y teoría del encuadre (framing), extrayendo datos del monitoreo del año 2020 desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Su unidad de análisis: 190 noticias vinculadas directamente con femicidios durante 2020.

Entre los resultados principales se encuentra la cobertura mediática que puede naturalizar y normalizar ciertos fenómenos, legitimándolos positiva o negativamente. A su vez, hay discursos misóginos y violentos ya que los medios pueden contribuir a generar representaciones negativas sobre las mujeres y normalizar la violencia. Y finalmente, se habla del impacto de la pandemia donde la emergencia nacional por VcM se agravó con la pandemia del COVID-19, aumentando el aislamiento y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Algunas de las conclusiones de este trabajo son que hay una influencia de los medios porque los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la creación del imaginario colectivo y en la forma en que se percibe la violencia contra las mujeres. También, hay una necesidad de una perspectiva de género; por lo que es esencial que los medios aborden la violencia desde una perspectiva de género, evitando revictimizar a las mujeres y evitando el sensacionalismo. Sobre la misma línea de recomendaciones se habla de una mejora en la cobertura mediática porque los medios deben ser más responsables en su cobertura de los femicidios, asegurándose de representar dignamente a las víctimas y de no perpetuar estereotipos negativos. Así como, un enfoque estructural ya que las noticias deben incluir factores estructurales para explicar la violencia, y no centrarse solo en los aspectos sensacionalistas del crimen.

Se les invita a revisar los documentos y reflexionar sobre la información que contienen. 

1era-parte.-Informe-Situacion-Nacional-del-Delito-de-Femicidio-2020Descarga
2da-parte.-Informe-Situacion-Nacional-del-Delito-de-Femicidio-2020Descarga
3era-parte.-Reporteando-sobre-femicidios-en-el-primer-ano-pandemico_-Construccion-discursiva-en-los-medios-de-comunicacion-costarricenses-en-el-ano-2020Descarga

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

ECONONUESTRA. Es tiempo para una economía para todas y todos

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Para Elvin Calcaño, politólogo y consultor latinoamericanista, este informe es crucial para la situación actual en Latinoamérica y los desafíos geopolíticos. Se destaca la desigualdad como el principal obstáculo para sociedades justas, algo no evidente para muchos debido a marcos ideológicos. Vincula la desigualdad con la debilidad democrática, subrayando que la democracia debe ser más que votar, especialmente en tiempos de desafección y discursos de odio. Propone que solo con redistribución, estados adecuados e igualdad, se logrará una democracia robusta. 

Por su parte, el activista en derechos humanos, profesor e investigador de fiscalidad y desigualdad social Flávio Batista comenta que; el informe destaca la importancia de una política fiscal justa, transparente y equitativa para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe. Resalta la concentración del ingreso y la necesidad de nuevas herramientas para enfrentar las crisis actuales. Señala que Brasil, conocido por su austeridad y desigualdad, lidera el G20 y propone una tributación global sobre el patrimonio y la PTLAC. El informe subraya la oportunidad de discutir un nuevo pacto social reflejado en políticas fiscales más justas para lograr la igualdad.

Mientras que, Karina Batthhyány y Pablo Vommaro de CLACSO, señalan que el informe ofrece un análisis exhaustivo de las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe, proponiendo una agenda concreta con medidas tributarias progresivas y políticas públicas para reducir estas brechas. Destaca la justicia climática, la inversión en sistemas de cuidados y reformas fiscales para gravar grandes fortunas y ganancias del capital. Resalta la importancia de un nuevo pacto social que priorice la equidad y sostenibilidad, criticando el modelo de libre mercado y las democracias que perpetúan desigualdades. También enfatiza la dimensión de género, especialmente el cuidado y la discriminación contra mujeres indígenas, racializadas y rurales.

Finalmente, la economista feminista y ex Directora Nacional de Economía, igualdad y género del Ministerio de Economía de Argentina, Mercedes D’Alessandro indica que en América Latina y el Caribe, dos personas concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de la región, una situación normalizada pero alarmante. La pandemia agravó la pobreza y las crisis económicas. El informe de OXFAM muestra que la extrema desigualdad debilita economías y limita las capacidades de los Estados democráticos, afectando la inversión en políticas de cuidado y mitigación del cambio climático. Los ricos evaden impuestos mientras los pobres soportan cargas fiscales desproporcionadas y carecen de servicios básicos. Se requiere un nuevo pacto fiscal y la colaboración de organizaciones sociales, academia y activistas para centrar nuestras vidas en los procesos económicos y fomentar la acción transformadora.

El informe, que le invitamos a descargar, contempla 4 secciones de análisis: la polarización de la riqueza en la región más desigual del mundo, las desigualdades y concentración del poder: lo que el modelo de libre mercado y las democracias no revirtieron, la apuesta por un modelo económico y social que ponga fin a las desigualdades, y el apartado: Por una nueva era de reformas tributarias progresivas en LAC. 

Informe-EcononuestraDescarga

Compartido con SURCOS por German Masís Morales.

Denuncia por nombramiento irregular en el puesto de gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS y otros

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El documento dirigido a la contralora de la República, Lcda. Marta Acosta Zúñiga, y firmado por el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, expone la preocupación ante las irregularidades de nombramientos en espacios de poder político de instituciones públicas. Esta organización sindical supone que entró en vigor una “segunda fase” de lo que en su momento catalogaron como un golpe de estado, siendo que dicha lectura está sustentada en las señales, acciones y decisiones desde el Poder Ejecutivo. 

El ANEP señala que “entendemos que existe un manual organizativo para la Gerencia General, pero es menester informar que presuntamente el mismo no fue confeccionado y acordado por la Junta Directiva, previo o paralelamente a la creación de la Gerencia General de la Caja, lo cual resulta cuestionable, pues deviene en una práctica errónea, para usar un calificativo bastante condescendiente.”

La organización menciona el posible alineamiento del presunto cambio en el manual de organización y la necesidad de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, de tener dentro del engranaje estratégico institucional a una figura con afinidad con la agenda que promueve el Ejecutivo dentro de la institución en la actual coyuntura y de cara al cierre de sus dos últimos años.

Descrito el caso a manera de lectura sindical y en grado de presunción, ANEP le solicita a la Contraloría General de la República que se les brinde un informe, en el sentido de indicar si la institución ha promovido acciones recientes relacionadas con el manual de organización, pues este resulta ser un elemento vital de cara al escenario institucional en desarrollo y vinculado a la funcionaria Gutiérrez Brenes, que en su momento parece ser tuvo un nombramiento presuntamente ilegal.

Por último, ANEP le solicita a la Contraloría General colocar su mirada en la CCSS, ya que notan señales muy poco halagüeñas para esta institución que requieren una intensa fiscalización, pues está en desarrollo un momento muy complejo, que coloca en un predicado muy riesgoso los cimientos propios de esta institución.

Se les invita a descargar el documento para informarse con más detalle sobre lo sucedido. 

Denuncia-ANEPDescarga

Al respecto del FESS: Además del presupuesto…¿Para quién la universidad?

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Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Aprovechamos las negociaciones del FEES, dónde los ánimos se crispan, para recordarles a las distintas instancias que «disputan» los porcentajes, qué la Universidad debe ser disputada también en las lógicas que la constituyen, por esta razón, con motivo de la publicación del CLACSO del libro titulado «Derecho a la universidad Pospandemia y trabajo docente de Héctor Cancela Bosi, Agustín Cano Menoni y Anabella Lucardi«. Les invitamos a reflexionar sobre el lugar de la universidad en nuestras sociedades, pero también, ¿A quiénes debe responder?

El proyecto EC 518 ha sido testigo de las contradicciones de la Universidad Pública, ha escuchado y vivido los argumentos que buscan justificar los recortes como condiciones necesarias, además, de la supuesta realidad de  «reducir», ya que cuestionan la idoneidad presupuestaria de las labores de la Universidad por extender su accionar. Por esta razón, no nos parece muy convincente las aparentes contradicciones, en el fondo, en su práctica cotidiana, estos actores que negocian, tienen concepciones similares en torno a la mercantilización de la universidad.

¿Por qué decimos esto? Simplemente por lo estamos viviendo día a día, la erosión de las condiciones dignas de nuestro trabajo.

¿Qué proponemos? Estas autoridades universitarias y de gobierno deben recordar, que la Universidad Púbica Latinoamericana y Caribeña, tiene sentido en el tanto se reconozca como parte de esas sociedades que son atravesadas por las injusticias sociales y coloquen como principios de su accionar a los sectores populares, en su atención, en la reivindicación de sus derechos  y su inclusión en todas las instancias que la conforman.

Por esta razón, hablar de Universidad Pública en nuestros territorios, no es algo accesorio, es un compromiso en la práctica política, ética y pedagógica.

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UNA lamenta y condena agresión a estudiantes, agricultores y colectivos feministas en Nicoya

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Una delegación de representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), participó en diversas actividades con ocasión de la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya, entre ellas la sesión organizada por la Asamblea Legislativa, en el Campus Nicoya de la UNA. Todos estos eventos son públicos, fueron transmitidos por los medios de comunicación y se puede constatar que la participación del movimiento estudiantil fue pacífica de principio a fin.

Una de las actividades programadas fue la marcha pacífica por las calles de Nicoya, este 25 de julio, actividad que transcurrió con total tranquilidad y aceptación por parte de los lugareños. La FEUNA documenta la participación de 90 personas, aproximadamente, que incluyen estudiantes, pero además representantes del sector agro, colectivos feministas y ciudadanía en general.

La FEUNA también denuncia y documenta con videos, las agresiones verbales y físicas que recibió este grupo por parte de 40 representantes del sector pesquero, cuyo objetivo fue provocarlos mediante empujones e insultos, en presencia de la Fuerza Pública, que no hizo nada por contener el altercado. Nuestros estudiantes no cayeron en tal provocación, aunque vieron altamente comprometida su seguridad física y su integridad moral.

La Universidad Nacional condena enérgicamente esta agresión física y verbal que no solo se circunscribe a la afectación que recibió nuestra representación estudiantil, sino al resto de participantes, en una marcha a todas luces pacífica, en ejercicio de derechos constitucionales como el libre tránsito, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la protesta. Nos solidarizamos no solo con nuestros estudiantes, sino con los y las agricultoras, con las personas feministas y ciudadanos guanacastecos que también fueron agredidos. Reprobamos cualquier forma de violencia y el discurso que la incita.

La Universidad Nacional es aliada estratégica del sector pesquero guanacasteco. Por años hemos construido relaciones sólidas y favorecido altamente proyectos productivos con asociaciones de mujeres y líderes comunitarios, a quienes se les ha ofrecido capacitación y acompañamiento técnico. Son personas decentes y trabajadoras, que merecen y necesitan todo el apoyo de la universidad pública, porque son comunidades en vulnerabilidad.

Atribuimos lo sucedido al discurso oficial del Gobierno de la República contra la educación superior pública, que coloca a las universidades como agentes de amenaza y no de transformación social. Estos son los resultados de un discurso irreflexivo, cargado de demagogia, populista, violento y tendencioso.

Toda forma de violencia socava nuestros esfuerzos por alcanzar una convivencia pacífica y justa. Desde la UNA siempre abogaremos por el diálogo respetuoso, la mediación y el compromiso con el entendimiento mutuo, donde se respete la dignidad de todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Estudiantes y activistas solicitan a la Universidad de Costa Rica apoyo en el voto de censura contra la ministra de Educación

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Comunicado

En un acto de compromiso con la educación pública y los derechos humanos, un grupo de estudiantes, activistas y representantes estudiantiles han entregado una carta formal al Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.

La misiva solicita que la institución académica más prestigiosa del país manifieste su apoyo al voto de censura contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio. Además, se insta al Poder Ejecutivo a proceder con su destitución inmediata.

La carta, firmada por Tiryth Vindas Campos, estudiante de Historia, y Luis Fernando González Marín, estudiante de Ciencias Políticas, en conjunto por otras 22 personas estudiantes, argumentan que la gestión de la ministra ha sido deficiente y perjudicial para el sistema educativo costarricense.

A continuación, se detallan los puntos clave expuestos en el documento:

1. Negligencia en la Administración de Pagos y Beneficios Laborales: La ministra Müller ha fallado en asegurar el pago de componentes salariales esenciales a los trabajadores del Magisterio Nacional, incluyendo aumentos por costo de vida y pagos por lecciones impartidas. Esta negligencia ha dejado a más de 37,000 trabajadores del sistema educativo sin compensación adecuada, acumulando más de 60,000 reclamos pendientes.

2. Apoyo a Recortes Presupuestarios que Comprometen la Educación Pública: La ministra ha respaldado una propuesta para recortar 65 mil millones de colones del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2025. Este recorte afecta directamente el financiamiento educativo, debilitando la infraestructura, programas de bilingüismo, nivelación académica y educación tecnológica, en detrimento de miles de estudiantes y docentes.

3. Falta de Transparencia y Planificación en la «Ruta de la Educación»: A pesar de haber sido anunciada hace dos años, la «Ruta de la Educación» carece de un plan detallado y coherente. La ausencia de una estrategia clara ha generado incertidumbre entre docentes, estudiantes y padres de familia, reflejando una falta de liderazgo y visión por parte de la ministra.

4. Declaraciones Inadecuadas sobre Problemas Críticos como el Acoso Escolar: Comentarios simplistas por parte de la ministra, como que «un niño, una niña, o un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying», evidencian una falta de comprensión sobre la complejidad del acoso escolar y minimizan las experiencias de las víctimas, además de ignorar la necesidad de enfoques integrales para abordar estos problemas en las escuelas.

5. Impacto Negativo en los Derechos Humanos y Desarrollo Social: La gestión de Müller ha resultado en un deterioro significativo en la calidad y accesibilidad de la educación, derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Costa Rica. La infraestructura educativa en decadencia, el incremento en la exclusión escolar y la falta de inversión en áreas críticas son evidencias de una administración que ha fallado en proteger el derecho a una educación de calidad.

6. Respaldo de la Comunidad Educativa y Otros Sectores: Diversos sectores, incluyendo el Concejo Municipal de Montes de Oca, sindicatos, federaciones estudiantiles y académicos de la Universidad Nacional (UNA), han expresado su descontento con la gestión de la ministra y han solicitado su renuncia. Este apoyo refleja una preocupación generalizada por el estado de la educación en el país y la incapacidad de la administración actual para abordar los desafíos del sistema educativo.

Las personas firmantes de la carta hacen un llamado urgente a la Universidad de Costa Rica para que asuma un rol proactivo en esta situación por lo que solicita que la UCR:

1. Apoye públicamente el voto de censura contra la ministra de Educación y exija su destitución.

2. Promueva un diálogo social inclusivo, considerando la situación crítica actual marcada por ataques a las instituciones públicas y derechos fundamentales.

3. Retome el «Pacto Nacional por la Educación Pública», en coordinación con el Magisterio Nacional, Federaciones Estudiantiles, Universidades Públicas y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Este pacto busca una serie de objetivos cruciales, como:

○ Declarar una emergencia nacional educativa.

○ Asegurar el presupuesto educativo del 8% del PIB anual.

○ Implementar políticas educativas y curriculares vigentes.

○ Mejorar la calidad de la infraestructura educativa y servicios asociados.

○ Fortalecer la educación superior pública y su financiamiento.

○ Asegurar condiciones laborales dignas para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

Las personas firmantes destacan la importancia de que la Universidad de Costa Rica, como baluarte de los derechos humanos y la educación de calidad, lidere con el ejemplo y tome una posición clara en apoyo a estas demandas. La participación activa de la universidad es vista como crucial para avanzar en la protección de la educación pública y los derechos constitucionales en Costa Rica.

SURCOS comparte la carta enviada a las autoridades de la Universidad de Costa Rica:

Carta-a-UCRDescarga

Imagen UCR con fines ilustrativos.