Conversatorios, foros, encuentros y participación en medios de comunicación da inicio a jornada
Diversas fuerzas sociales, ecologistas, comunitarias, sindicales, y políticas se unen para defender el exitoso modelo energético costarricense y en contra del expediente legislativo n.º23.414 “Armonización del Sector Eléctrico”, este proyecto busca favorecer la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico Nacional, al eliminar los topes máximos de capacidad de generación de los proyectos eléctricos privados, al permitir la generación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional y al permitir la exportación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional, sin restricciones, por parte de empresas privadas y cooperativas. Así también, promueve la participación de empresas de capital extranjero, en el Sistema Eléctrico Nacional. El enfoque del proyecto n°23.4141 está basado en una lógica mercantilista, desde la cual nuestros ríos se visualizan como fuentes de energía para la hidroelectricidad.
Sin embargo, tal y como lo hemos demostrado años atrás, los proyectos hidroeléctricos provocan crueles afectaciones ecosociales, como la destrucción de hábitats naturales, el desabastecimiento de agua para la población, la disminución del agua para usos agrícolas, el acaparamiento de los servicios ecosistémicos que generan los ríos por parte de grupos económicamente poderosos, entre otros. Así también, generan heridas a nuestra cultura y formas de recreación, como también disputas sociales y divisiones familiares. Este proyecto, lejos de “armonizar”, aumentaría la conflictividad social y ambiental a lo interno de nuestras comunidades y promovería la apropiación de recursos demaniales por parte de algunos sectores económicos, erosionando recursos patrimoniales que les pertenecen a todas y todos los costarricenses.
Reafirmamos nuestro rechazo total al Proyecto de Ley 23.414 e instamos a las comunidades, organizaciones socioambientales, integrantes de sindicatos y las personas costarricenses en general, a que tal y como lo hicimos en el 2000, defendamos al ICE y a un modelo de energía eléctrica donde, por encima de los intereses lucrativos y particulares, gane el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la accesibilidad y el bienestar común de todas las personas y de los ecosistemas.
No es cierto que una mayor participación privada en el sector eléctrico vendría a “garantizar el menor costo posible para los consumidores”, pues en Costa Rica ya gozamos del privilegio de contar con la electricidad más barata de la región. El informe de Global Petrol Prices de septiembre del 2022, coloca a Costa Rica como el país con el costo de producción eléctrica más bajo de Centroamérica (1). Esto se debe en gran parte a la eficiencia del ICE, quien genera el 65,5% de la electricidad nacional (2).
En un ambiente de diálogo e intercambio propositivo, este jueves 4 de julio se realizó la segunda sesión de la Comisión de Enlace para avanzar en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FEES 2025, en las instalaciones del Conare, Pavas.
Participaron por las Universidades María Estrada Sánchez, rectora del TEC; Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del CONARE y rector de la UCR; Francisco González Alvarado, rector de la UNA; Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED; William Rojas Meléndez, rector de la UTN, y la estudiante Francini Mora Chacón de FEITEC. Por parte del Gobierno participaron las ministras Anna Katharina Müller Castro, del MEP y Paula Bogantes Zamora, del MICITT, el ministro Nogui Acosta Jaen de Hacienda y el viceministro Marlon Navarro Álvarez de Mideplan.
Las Universidades Públicas exhibieron productos derivados de proyectos de investigación que actualmente apoyan sectores dedicados a la producción de bambú, mejoramiento genético de especies autóctonas de frijol, papaya, tomate, chile, guayaba y demás productos agrícolas; así como el apoyo técnico y capacitación a emprendimientos de cacao y maíz pujagua, entre otros.
En esta sesión se recibió un nuevo avance del informe de la comisión técnica que verificó el desarrollo de los 23 indicadores asociados a gestión universitaria -con alcance hasta el 2026-, en temas como acceso a becas, apoyo a grupos en vulnerabilidad social, metodologías y políticas de docencia, entre otros. El 85% de estos indicadores mostraron el nivel de desempeño esperado e incluso lo superaron, mientras que el porcentaje restante requiere el ajuste de algunos parámetros, en vista de que responden a datos que recién comenzaron a recopilarse.
Además, el cuerpo rector presentó 41 proyectos que responden a una Agenda de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores y el Gobierno de la República, que parte de una solicitud del Gobierno para la atención de temas estratégicos para el país, que impactan distintos sectores como educación, salud y seguridad ciudadana, entre otros.
El objetivo de esta agenda es fortalecer la cooperación voluntaria y recíproca entre las Instituciones de Educación Superior Públicas y el Gobierno de la República, para impulsar el desarrollo económico y social, con visión sectorial y regional.
Se coincidió en la riqueza temática de esta agenda, acordándose establecer la ruta de intervención que requiere cada proyecto, su priorización, así como los términos y condiciones para su plena ejecución.
CONARE, Gobierno y representación estudiantil establecieron un equipo técnico para revisar mecanismos de gestión y sostenibilidad de proyectos y agenda de cooperación, que contribuirá con el Plan Nacional de Desarrollo.
La próxima sesión está programada para el jueves 11 de julio, en las instalaciones del MICITT, donde se prevé avanzar en materia presupuestaria.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho Foto: Anel Kenjekeeva UCR.
A propósito de los resultados de las Pruebas de Excelencia, del Colegio de Abogados y Abogadas
Si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas, debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica
“…un país bien organizado ‘podría cerrar las Facultades de Derecho durante años, si no para siempre, sin grave daño social’. No sólo porque lo que se enseña en tales espacios se encuentra desfasado de las transformaciones sociales que están sucediendo, sino porque el transcurso por las escuelas de Derecho no ha servido para tener mejores operadores del sistema de justicia”
Garza Onofre, Juan Jesús (2023).
No estudies derecho. Taurus.
En su texto “¿Cómo mueren las democracias?” (2018, Ariel) los profesores Levitsky y Ziblatt proponen, a grandes rasgos, que la recesión democrática actual se da no por vías violentas o militares sino por medio del larvado de las instituciones, las cuales son subvertidas desde el interior para modificar los mecanismos que condujeron al poder a quienes pretenden hacerse permanente con él. Para ello, ejemplifican los autores, se ponen en marcha reformas constitucionales, plebiscitos, cambios legales y procesos y fallos judiciales (lawfare). No pretendo profundizar en esos aspectos pero sí es llamativo que, para todos, se necesitan abogados y abogadas que conozcan los vericuetos y recovecos normativos y que puedan, sin sonrojo, ignorarlos o romperlos a cambio de recompensas económicas o dosis de poder.
González Villalobos (1989) describió, para la Costa Rica decimonónica, una relación entre los primeros centros de estudios jurídicos y la construcción del Estado:
«…El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, pues vinieron a (…) asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción pública, así como la de múltiples empresas privadas (…) De ahí que don Vicente Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados justos, fieles defensores…»
De la misma forma en que los y las juristas fueron determinantes en el diseño y la construcción del Estado Republicano, Democrático y Constitucional de Derecho (sin que con esta afirmación pretenda desconocerse el papel plural de los diversos actores y movimientos sociales), los (y las) abogánsters del presente juegan un rol relevante en su destrucción, máxime cuando en la realidad actual del país se constata la existencia de una masa amorfa de normativas yuxtapuestas, la emisión de leyes repetidas, mal hechas o sin contenido presupuestario, múltiples procesos de corrupción en la función pública y un sistema judicial que es incapaz de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de la ciudadanía y, en particular, a los grupos más vulnerabilizados, todo lo cual —adobado en medio de la inequidad socio-económica imperante— crea el caldo de cultivo para el desarrollo de sistemas populistas y autoritarios.
Basta dar un vistazo a los resultados de las autollamadas “Pruebas de Excelencia” del Colegio de Abogados y Abogadas (en adelante CAA) para comprobarlo. Si se agrupan los datos oficiales divulgados desde que se implementaron[1], se tiene que a esta fecha hay 23 casas de estudios emisoras de títulos de licenciatura en Derecho. De ellas, tres postulan el mayor número de personas (en su orden Universidad Latina, la de San José y la Cristina del Sur, en azul en el cuadro) y la última encabeza, también, la lista de las entidades con mayores porcentajes de reprobaciones, seguida por la Universidad Panamericana y la Universidad San Juan de la Cruz (datos en rojo en el cuadro). Finalmente, los mayores porcentajes de aprobación (ordenadas porcentualmente) son las personas provenientes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Libre de Derecho y quienes equiparan títulos extranjeros (datos en verde) según se muestra enseguida:
Los números absolutos no representan cantidad de personas sino de postulaciones, aprobaciones o reprobaciones.
Según Gómez (2024), el mayor fallo en este tipo de evaluación se produce en las áreas de derecho administrativo y penal, es decir, en la normativa que regula el espacio público, de construcción y mantenimiento de la institucionalidad y la convivencia social. Entonces, surge inevitable la pregunta ¿hay alguna conexión entre esa paupérrima formación jurídica y la debacle democrática e institucional que se vive en Costa Rica?
Aunque no se ha efectuado ningún estudio interdisciplinario para analizar exhaustivamente —tanto desde su metodología como desde su orientación didáctica y contenido— los resultados de esas evaluaciones, a modo de hipótesis se proponen algunas variables que gravitan como causas de esos resultados:
i.-la proliferación de centros privados de enseñanza del derecho como espacios de mero lucro, con ausencia de regulación estatal. Desde 1843[2] hasta 1975, solo una institución impartió estudios jurídicos: la Universidad de Santo Tomás, sucedida por la “Escuela de Derecho” a cargo del Colegio de Abogados y luego absorbida por la UCR. En 1976 abrió las puertas la UACA con 4 colegios habilitados para impartir la disciplina (Académico, Escuela Libre de Derecho, Santo Tomás de Aquino y Stvdiwm General). A partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se produce una explosión de centros de este tipo al punto que en 2017 había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se ofrecía la enseñanza del derecho (Marenco Silvia y Vásquez, 2018). Aparentemente, desde la creación del Conesup, solo la Universidad Cristiana del Sur ha sido cerrada por tal entidad.[3]
Hay centros privados en donde una sola persona imparte todo el pénsum o los docentes son sancionados si reprueban a estudiantes. Al tiempo que disminuyen los contenidos aumentan las pompas y con ceremonias similares a fiestas de disfraces, se conceden doctorados horroris causa (Mora Sánchez, 2023) y emergió una pléyade de másters flash (así, en inglés, porque suena más cool), doctores y postdoctores de la ley, algunos de los cuales cuentan con una cantidad de titulaciones dignas de récordsGuinness y cuyo nicho de mercado se ha concentrado en la representación de movimientos de ultraderecha, anticiencia, o antiderechos humanos. Hasta personas expulsadas de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR por pérdida continua de cursos figuran como docentes de centros privados y del propio CAA.[4]
ii.- hay un negocio instaurado alrededor de la prueba misma, sin ningún tipo de regulación o control, en el cual, además del cobro por hacer el examen, se ofrecen cursos de preparación (en su mayoría no gratuitos) de preparación, aún a cargo del CAA y de quienes integran el Comité designado para formular y vigilar la prueba.[5]
iii.- ha existido un impacto del “apagón educativo” en las competencias mínimas del estudiantado universitario así como en la deficiente formación del profesorado de lo jurídico (Conare, 2023, Noveno Informe Estado de la Educación, págs. 266 y 286). Nótese que en centros como la Universidad de Costa Rica y la Escuela Libre de Derecho[6], que presentan los mejores indicadores, los resultados no son los deseables, pues solo el 72% y el 68% de sus postulantes, respectivamente, aprueban.
iv.-Deficiencias en y alrededor de la evaluación misma: el aplicado no es el mejor instrumento (memorístico) ni los ítems se encuentren correctamente planteados. No se trata de una prueba auditada o testeada por profesionales ajenos a los que la elaboran. Se han localizado ítems mal construidos y respuestas erróneas presentadas como válidas.[7] A eso se suma que los temarios ofrecidos en la página del CAA datan de 2020 (en un país con un activismo legislativo sin precedentes y en cuyo lapso se han efectuado cambios normativos significativos en la codificación) y que hay una negativa del CAA a entregar a los postulantes una copia completa de sus resultados, indicadores todos de una indebida gestión.
Pero, al margen de las causas de esos resultados, conviene pensar en sus consecuencias. Buena parte de las entidades empleadoras de esos profesionales están en la Administración Pública.[8] En el marco del modelo sociopolítico y económico vigente a partir de los años 80 del siglo anterior, el modelo de educación jurídica se orientó hacia lo técnico o tecnocrático, en detrimento de la formación integral humanista. Se hizo predominar la rapidez y lo pragmático por sobre el análisis y la criticidad. Surgieron los profesionales “codigueros” en detrimento de los y las juristas pensantes. Son las personas con estos déficits quienes, desde entonces, atienden las diversas funciones del Estado.
Es claro que si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica, tanto pública como privada, esta última mediante procesos de regulación tanto de la calidad de la oferta como de los precios.
En el caso de la formación jurídica superior pública, la Universidad de Costa Rica tiene importantes desafíos: por un lado, debe ser pionera en la construcción de procesos pedagógicos de lo jurídico que permitan certificar al profesorado de este campo. Ya no basta con formar abogados y abogadas, sino que se requiere formar docentes de lo jurídico que se enfrenten a las necesidades y desafíos concretos de las nuevas generaciones. Pero, además, debe “exportarse” el conocimiento de las nociones jurídicas básicas hacia la educación secundaria. De la misma forma en que los programas de ciencias y matemáticas universitarios se llevaron al ciclo diversificado, es necesario que la Facultad de Derecho de la UCR, ofrezca nociones mínimas de derecho a esa población, las cuales permitan construir una ciudadanía crítica y pensante que, a su vez, contribuya en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Debe hacerse un esfuerzo por llevar una educación jurídica pública de calidad a las zonas rurales y lograr la ampliación y democratización de los cupos de admisión en derecho para poblaciones afrodescendientes, indígenas y de zonas costeras y rurales, porque la juventud del país, en esas localidades, está condenada a no tener contacto con lo jurídico o tenerlo a través de una concepción tecnocrática y de baja calidad que impera en el ámbito privado. En fin,
“…antes de seguir justificando lo injustificable, instalados cómodamente en la inacción o divagando en quimeras, es impostergable pensar mejor sobre cuál es el rol de las personas que ejercen la abogacía en nuestros contextos, sobre la forma como las futuras generaciones de abogados (sic) pueden ayudar a resolver los problemas sociales y así ir conformando un mejor gremio. Un gremio que no esté integrado por autómatas ni holgazanes, que no sea machista ni tampoco ruin y despreciable, que no sea mentiroso y que no viva de las apariencias ni de viejas glorias, que no desatienda su contexto, que no hable raro, que no le tenga miedo al futuro”
[1] Es decir desde el 31 de agosto de 2015 hasta marzo de 2024. Como es común en ese colegio profesional, en contravención de tratados internacionales de derechos humanos, no hay publicados datos disgregados por sexo, género, población indígena, afrodescendiente o con alguna condición de discapacidad.
[2] En que formalmente inician los estudios de las ciencias jurídicas en el país pues antes la formación se daba en la Universidad —Pontifica—de San Carlos de Guatemala, cuarto centro de estudios superior fundado en América.
[5] El artículo 14 de la ley No. 9266 previó la creación de un Comité para el Examen de Excelencia Académica integrado por el director del Departamento Académico del CAA y seis abogados o abogadas que duran en sus cargos tres años, deben tener un posgrado o experiencia comprobada en diversas áreas y no pueden tener vinculación administrativa o interés directo con universidades públicas o privadas que impartan derecho. Se desconocen los criterios que se siguen para descartar ese vínculo o conflicto de interés porque, tanto en la conformación actual como en las previas de esta entidad —y sin que esto diga nada en contra de la calidad personal y profesional de tales integrantes— hay nombres ligados a los cuerpos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, uno de los integrantes actuales imparte cursos no gratuitos de la materia que regula en el mismo CAA (cfr.: https://www.facebook.com/share/p/AZ8nVWquDF1AJ8D6/?mibextid=oFDknk)
[6] Universidades que lideran el rendimiento en esas pruebas y que poseen instalaciones adecuadas para la enseñanza y la simulación de actividades jurídicas, bibliotecas y centros de documentación amplios y actualizados, un cuerpo docente con sólida formación, una malla curricular que se extiende a lo largo de un quinquenio en promedio, programas de apoyo al estudiantado y, en el primer caso, sin fines de lucro y con orientación social.
[7] El CAA no devuelve integralmente las pruebas, solo permite tener acceso (limitado) a las respuestas calificadas como erróneas, eso para poder utilizar la base de datos posteriormente. Empero, en la página del CAA se muestra un “ejemplo” de examen en donde figura la siguiente pregunta:
La interrogante se encuentra mal formulada y cualquier opción que se pretenda correcta no lo es. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas menos para sí misma (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en adelante LJC) de modo que, aunque una gestión reitere una anterior, la Sala no debe rechazarla, declararla inadmisible o acogerla. Puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no hay norma que la obligue a efectuar alguna en específico.
[8] Por ejemplo, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, asesorías jurídicas de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Registro Público, ministerios y Poder Judicial con su subentramado institucional.
En el programa Voces X Media Calle presentado por Vladimir de la Cruz, se analizó el tema “Hoy: La dictadura perfecta. El lenguaje comunista del presidente Chaves”.
En esta exposición se abarca la afirmación que realizo el presidente Chávez, donde este dijo que desde 1948 “Costa Rica es una dictadura perfecta”, lo que resulta interesante de analizar, ya que hace unas semanas estaba más bien refiriéndose a Costa Rica como una buena democracia, donde incluso seria reconocida como una de las mejores democracias del mundo y del continente americano.
Por lo tanto, en el análisis de Vladimir de la Cruz se observará a que se puede referir estas afirmaciones y a que se puede deber este cambio de pensamiento tan repentino del presidente Chaves.
La Universidad Leibniz de Hannover y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en conjunto con la Fundación Ebert en Costa Rica, a través de su proyecto en América Central por la Transformación Social y Ecológica de la Economía y el Trabajo, están investigando la gestión y el uso del conocimiento en el proceso político.
Ya sea como actores involucrados en el sector público, desde empresas privadas o en iniciativas ciudadanas, queremos averiguar la importancia que tiene el procesamiento de datos para su participación ciudadana, actividad laboral y profesional. Asimismo, ¿cuáles medios se utilizan para acceder a la información requerida y cómo se difunde esta información? Para ello, estamos realizando una encuesta digital.
Sólo necesita seguir el enlace y completar el formulario de Google. La encuesta es anónima y no te llevará más de 5 minutos realizarla.
Si tiene interés en los resultados de la investigación o desea apoyar esta iniciativa más allá de la encuesta, déjenos su correo electrónico al final de la encuesta.
Le agradecemos de antemano su participación y colaboración,
Dr. Daniel Mann
Representante de la FES para Costa Rica, Guatemala y Honduras,Director del Proyecto de la FES en América Central Transformación-Social-Ecológica.
El 18 de junio de 1974, el registro oficial de la dictadura militar chilena publicó el Decreto 521 sobre la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta responsable de algunos de los crímenes de derechos humanos más emblemáticos del régimen. Para conmemorar el 50º aniversario de la creación oficial de la DINA se publica una colección curada de documentos desclasificados de la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, junto con registros chilenos clave, que reflejan la historia de las horribles atrocidades contra los derechos humanos y los crímenes terroristas de la DINA.
El decreto firmado por el general Augusto Pinochet y otros miembros de la junta militar estableció oficialmente la DINA con el «propósito de producir requerimientos de recolección de inteligencia para la formulación de políticas, planes y adopción de medidas requeridas para la seguridad y el desarrollo del país», pero la medida también incluía tres artículos secretos que facultaban a la DINA a operar como una fuerza de policía secreta para vigilar, arrestar, encarcelar y eliminar a cualquier persona considerada opositora al régimen. El nuevo decreto dio «bendición legal/oficial a una organización que ya está plenamente activa», informó el agregado de Defensa de Estados Unidos a Washington. Otros miembros del ejército chileno consideraron la orden de la junta como «los cimientos sobre los que se construirá una fuerza policial tipo Gestapo».
La DINA fue creada como una organización militar fuera de la cadena de mando militar, reportando directamente a Pinochet como jefe de la junta. Como decían los artículos secretos del decreto, la nueva Dirección de Inteligencia Nacional era la «continuación de la Comisión DINA» creada en noviembre de 1973, sólo ocho semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para cuando se inauguró oficialmente, la DINA ya era la fuerza de seguridad más temida de Chile, si no de toda América Latina. «Hay tres fuentes de poder en Chile», le informó un oficial de inteligencia chileno a un agregado militar estadounidense a principios de 1974: «Pinochet, Dios y la DINA».
Como principal organismo del aparato represivo del régimen, la DINA se hizo tristemente célebre por sus centros secretos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de cientos de civiles y actos de terrorismo internacional. La siniestra fuerza de la policía secreta, según un informe especial del Senado basado en documentos aún clasificados de la CIA, llegó a tener 3.800 oficiales, operativos y personal administrativo —la cifra está mal escrita en el informe como 38.000— con un presupuesto anual de 27 millones de dólares. Según ese estudio, la DINA «se estableció como un brazo de la presidencia, bajo el control directo del presidente Pinochet». El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, «ha reportado y recibido órdenes únicamente del presidente Pinochet».
A medida que expandía sus operaciones, DINA también recibió apoyo organizativo de la CIA. En febrero de 1974, Pinochet pidió personalmente al subdirector de la CIA, Vernon Walters, que ayudara a la DINA en su «período formativo». Walters organizó un almuerzo para Contreras en la sede de la CIA en Langley, Virginia, a principios de marzo de 1974. A mediados de 1975, la CIA incluyó brevemente al director de la DINA en su nómina como un activo pagado.
Obtenido de una página de la Universidad George Washington.
Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.
Le invitamos a ver el video del caso de la República de El Salvador.
El video aborda la compleja situación de desarrollo y bienestar en la República de El Salvador, destacando sus desafíos persistentes a través de un enfoque crítico y reflexivo. Se centra en el testimonio de una paciente, personificada como el país mismo, que, a pesar de haber experimentado múltiples intervenciones y tratamientos económicos en el pasado, aún enfrenta problemas estructurales profundos.
La paciente (quien simboliza ser El Salvador) expresa frustraciones con tratamientos anteriores que no han dado resultados satisfactorios como autoritarismos, privatizaciones, ajustes estructurales y beneficios fiscales para empresas, los cuales no han logrado mejorar sus condiciones de pobreza y desigualdad.
El video destaca la necesidad urgente de un nuevo enfoque de desarrollo inclusivo y sostenible, que no solo aborde la economía, sino también considere la distribución de la riqueza, el bienestar social y el respeto al medio ambiente. La paciente expresa el deseo de recibir un tratamiento integral con diversas opiniones y un plan transparente, enfatizando la importancia de evitar soluciones unilaterales que puedan tener efectos adversos en otros aspectos de su sociedad.
El pasado 11 de junio la comunidad de Cahuita celebró la obtención del reconocimiento Tsunami Ready de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, convirtiéndose en la primera comunidad del Caribe en alcanzarlo, la onceava en todo el país.
“Este reconocimiento se le da a cualquier comunidad costera del mundo que haya cumplido 13 requisitos en evaluación, preparativos y respuesta ante tsunamis, incluyendo la elaboración de un mapa de evacuación, señalización de las vías simulacros y actividades educativas en torno a los tsunamis, entre otros. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha venido haciendo Cahuita para llegar a este punto, esperamos que lo mantengan y lo renueven, y que otras comunidades de Talamanca y el Caribe Sur se motiven para obtenerlo”, dijo Silvia Chacón, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot-UNA).
En la ceremonia oficial participaron Christa von Hillebrandt-Andrade, directora de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunamis (ITIC-CAR) en Puerto Rico, y Annie Vargas, oficial de enlace de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), así como Martín Parada, vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional.
Tsunami Ready, es un Programa Piloto administrado por la IOC de la UNESCO, el cual busca que las comunidades, incluyendo todos sus actores, como el sector turismo, cumplan una serie de requisitos que les preparan mejor para enfrentar un tsunami. A la fecha, existen 11 comunidades reconocidas como Tsunami Ready, las cuales recibieron un aporte fundamental por parte de las municipalidades para su capacitación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje literario en personas adultas mayores mediante técnicas y estrategias para la lectura, análisis y escritura de obras literarias, el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM), del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, desarrolla desde el 2024 el Taller literario UNA en derechos humanos.
Esta iniciativa ofrece espacios de análisis de textos representativos de la literatura universal, latinoamericana, centroamericana y costarricense. Con obras importantes, se muestran estilos y tendencias literarias basadas en fundamentos teóricos. Además, incluye presentaciones de escritores, estrategias discursivas y sesiones comunicativas, fundamentadas en experiencias literarias y de vida de los participantes.
Las actividades abarcan presentaciones de cuentacuentos, recitales de poesía, cine foros y presentaciones de libros. El objetivo es crear una imagen positiva de las habilidades de la población adulta mayor y promover oportunidades de participación social mediante conversatorios y encuentros intergeneracionales entre jóvenes universitarios y adultos mayores.
“A través del PAIPAM, la UNA reconoce el derecho a la vida cultural de los adultos mayores, que contempla eventos para la vivencia del proceso creativo mediante la construcción de obras literarias basadas en la cultura universal y las tradiciones costarricenses”, comenta María Sancho Ugalde, académica del Centro de Estudios Generales.
De acuerdo con Sancho, el taller y los encuentros intergeneracionales fortalecen competencias como creatividad, imaginación, expresión oral, concentración y memoria, lo que permite a los participantes interactuar con personas que comparten intereses literarios.
El proyecto Taller literario UNA en derechos humanos, contribuye según la académica, a la construcción de una nueva cultura del envejecimiento y la vejez, apoya el desarrollo integral, bienestar y calidad de vida de esta población. Además, sensibiliza a estudiantes universitarios y elimina mitos y estereotipos que afectan las relaciones generacionales.
Según Sancho, se espera contar con 30 clases del taller literario y cuatro encuentros intergeneracionales por año, y publicar obras literarias de personas adultas mayores en medios digitales y revistas especializadas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Abuelas de Plaza de Mayo realiza un llamamiento al pueblo argentino y a la comunidad internacional, en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de sus nietas y nietos, los desaparecidos con vida.
A través de una solicitada, se busca apoyo de personalidades de distintos ámbitos, organismos de derechos humanos, referentes políticos y la sociedad en general ante la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia.
El Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional al desfinanciar, vaciar y eliminar dependencias que atienden la problemática de los derechos humanos, en general, y el derecho a la identidad, en particular.
Como en otros tiempos oscuros que hemos vivido, las Abuelas necesitamos que el mundo acompañe este reclamo para resguardar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, sostenido durante tantos años.
Agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañan en este camino en defensa de los derechos que llevaron a la Argentina a ser ejemplo en el mundo.
Ciudad de Buenos Aires, 4 de julio de 2024
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