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Múltiples causas dificultan anhelada educación para el trabajo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Desde antes de la pandemia, las luces de alerta por la baja de la calidad en la educación costarricense están encendidas. Investigadores de las universidades públicas analizan la situación desde diferentes programas y constatan que los resultados no mejoran; todo lo contrario: las brechas se profundizan, lo que impide lograr el objetivo de formación por competencias para el mundo laboral de hoy.

Ante esta situación, investigadores y docentes en ejercicio, se refirieron a la puesta en práctica de la Política Educativa vigente y los resultados de la Ruta de la Educación impulsada por el Ministerio de Educación (MEP) en la administración Chaves Robles.

La actual política educativa se denomina La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Este documento está vigente desde 2017 y lo lideró Sonia Marta Mora, en calidad de presidenta del Consejo Superior de Educación y Ministra de Educación del gobierno de Solís Rivera.

Los especialistas coinciden en que la política educativa tiene como fin preparar a los jóvenes para el mundo laboral. “Se inscribe en la lógica de lo global, del neoliberalismo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la educación por competencias”, aportó Yeiner Ramos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, pero asegura que son múltiples las causas que impiden concretar los objetivos planteados en el papel.

Fenómeno multicausal

Rolando Barrantes Pereira, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina–UNA) e investigador del Programa Perfiles del Centros de Investigación y Docencias en Educación (Cide-UNA), describió la seriedad de la crisis del sector y enumeró problemas estructurales. La falta de infraestructura, la deficiente conectividad en los centros educativos y la carencia de una estrategia efectiva de capacitación docente aleja a los maestros y profesores de las herramientas para implementar la política  y la ruta propuesta.

Desde su experiencia en la administración de un centro de educación secundaria, Warner Alfaro Román, director del Colegio Experimental Bilingüe de Belén, indicó que “después de la pandemia, no se encuentra un camino bien marcado ni claro hacia dónde se debe transitar; a nivel curricular, de evaluación y de gestión interna del Ministerio, porque se enfatizó en encontrar los puntos negros de la administración anterior y no las fortalezas”.

La falta de programas de formación continua y seguimiento por parte del MEP es otra gran limitante para implementar la política educativa vigente. “Los procesos de capacitación que brinda el MEP, a cargo de asesores regionales o nacionales, no tiene claridad ni estrategia para transmitir el conocimiento a los docentes” criticó Jorge Marchena López, director del Colegio Nocturno Hermann López. Sostiene que es insuficiente que el MEP publique documentos, artículos o folletos cuando “lo que se necesita es llegar a una región, reunirse, informar, organizar un taller, dar seguimiento y acompañamiento”.

Ramos reclama “una inversión sostenida en educación, un incremento en las condiciones de trabajo de los docentes y eliminar la sobrecarga administrativa que sufren las personas educadoras”. El académico considera que estas son otras dificultades que impiden llevar el discurso de la política a la práctica.

Los panelistas, que abordaron estos temas en el programa de televisión UNA Mirada, de la Universidad Nacional, critican la falta de claridad de la Ruta de la Educación y la describen como un presentación de PowerPoint que señala los problemas y una serie de metas generales; sin embargo, “carece de una hoja de ruta con los pasos a seguir para alcanzar las aspiraciones que se promueven en este documento” señaló Giannina Seravalli Monge, académica de la División de Educación para el Trabajo e investigador del Programa Perfiles de Cide-UNA.

Apuntan que hay una incoherencia entre los planeamientos de ambos documentos y la evaluación, pues se enseña por competencias y habilidades, pero se aplica la evaluación tradicional: por contenidos. Además, aseguran que después de la pandemia hay una baja de los estándares de exigencia para evitar el rezago escolar y permitir que los alumnos avancen en su proceso formativo, por lo que arrastran debilidades en comprensión lectora, lógica matemática, redacción y ortografía, entre otros.

Irrespeto al docente

Alfaro confirmó que el facilismo llegó a las aulas y es difícil expulsarlo, pues muchos profesores y maestros prefieren evitarse problemas con los alumnos o los padres de familia. Se expuso que muchos educadores reciben amenazas por parte de familiares de alumnos cuando se les llama la atención o cuando reciben malas calificaciones. “Sí, lo que hemos encontrado en varias ocasiones es que la persona docente se siente como un instrumento. Se le ha restringido su autonomía, su capacidad de ser docente plenamente en un aula,” agregó  Barrantes.

También se criticó la imposición de “plantillas” para que los y las educadoras desarrollen sus contenidos. “Aquí está su planeamiento, de ahí no se salga” anotó Seravalli.  Considera que esta exigencia irrespeta la posición del docente como pedagogo. A este reclamo se une el de María Marta Camacho Álvarez, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica: “El rol del docente está subvalorado, como si él no fuera ya un profesional formado en el área educativa”.

Alfaro Román sostiene que es vital empoderar al docente. “La educación es un proceso humano donde tenemos la obligación de hacer llamados de atención y formar lo mejor posible a ese joven, para que se convierta en un ciudadano de bien y aporte en una sociedad, que hoy en día tiene muchísimos retos”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Llamamiento por la Paz: ¡¡No + guerras!! ¡¡No más OTAN!!

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Las organizaciones y personas que firmamos esta declaración, en ocasión de la realización de la Cumbre de la OTAN, que se realizará del 9 al 11 de julio de 2024, en la ciudad de Washington DC, EEUU,  queremos señalar lo siguiente:

1 – En los últimos años vemos con tristeza y preocupación el aumento de las guerras abiertas en diferentes rincones del mundo lo que ha llevado a un aumento significativo del gasto militar, de la inseguridad mundial, y a la muerte de millones de personas en los diversos conflictos bélicos que se desarrollan actualmente.

2 – Los países de la OTAN están participando, directa o indirectamente, en diferentes guerras. Entre ellas, países de la OTAN, y principalmente los EEUU, siguen enviando armas al gobierno de Israel país que esta siendo acusado del delito de genocidio contra la población palestina. Al mismo tiempo, Israel ha realizado ataques a Irán, Siria, y el Líbano y se corre el riesgo de que la guerra se generalice en todo medio oriente. A pesar de todo esto, Israel ha sido invitada a la Cumbre de la OTAN.

3 – Asimismo, EEUU y la OTAN siguen participando en la guerra en Ucrania enviando armas, instructores, y asesores militares contra Rusia. En este conflicto, cada vez más sube la escalada, con ataques ahora a ciudades rusas y el uso de acciones terroristas contra la población civil. Se siguen cruzando las líneas rojas y aumenta la posibilidad de una guerra directa entre la OTAN y Rusia y la posibilidad del uso de armas nucleares. Es hora de poner alto a la guerra y apoyar negociaciones de paz.

4  – A los conflictos anteriores, se suman las guerras en África, en Yemen, el aumento de las tensiones de China-EEUU-Taiwán, las tensiones y ensayos de guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre otros. Las guerras, por muy lejos que estén, afectan las economías de todas las naciones del mundo y el derecho a la paz que debemos tener todas y todos.

5 – En este escenario mundial, en donde van en aumento las tensiones, demandamos a los Estados Unidos y los países de la OTAN a poner fin a la escalada y la guerra y hacer esfuerzos reales y efectivos para la resolución no violenta de los conflictos. Es una vergüenza, que mientras hay dinero para la guerra en Europa y en Estados Unidos no hay dinero para enfrentar el hambre, la migración, y los desafíos del cambio climático.

6 – Demandamos a los EEUU y a los países de la OTAN a actuar con responsabilidad y terminar sus acciones beligerantes que pueden conducir a la humanidad a una tercera guerra mundial. En ese sentido, recordamos a Olof Palme y la necesidad de que todas las naciones del mundo caminen hacia el desarme y la construcción de la paz, de una seguridad común, que nos aleje de la guerra y la muerte. Es hora que la OTAN se disuelva y que no haya más guerras contra nadie.

Firmas de organizaciones: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; ADESA, República Dominicana; Alianza Global CONVIDA20; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina; Asociación Campesina San Jose de Miranda (ASTRACASMI), Colombia; Capitulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos; Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política; Comité Organizador, Tribunal Sobre Crímenes de los EEUU en Puerto Rico; Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, Chile; CORVIVO Corporación Romeral Territorio Vivo. Colombia; Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia -Comosoc; Colectivo Pax, España; Colectivo de Defensa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador; Colectivo de espiritualidades por la paz, México; Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil; Escuela PERFORMARTE Colectiva artística y cultural, Colombia; Fundación de Intercambio Cultural entre los Pueblos del Caribe, República Dominicana; Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, Venezuela; Grupo de investigación y Editorial Kavilando, Colombia; Grupo de Investigación GIDPAD Universidad de San Buenaventura Medellín, Colombia; International Peace Bureau . IPB; IGLESIAS POR LA PAZ; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; Proyecto Escuela Comunidad, Colombia; Pressenza International Press Agency; Mesa Ecuménica por la Paz – MEP – Colombia; Mujeres para el Diálogo, México; Movimiento También Somos Iglesia-Chile; Movimento Manicomios Nunca Mais!, Brasil; MURILPAZ, Honduras; Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), Colombia; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad, SICSAL, Óscar Arnulfo Romero. (Consejo Directivo); Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad, SICSAL- México; SOS Ribagorza, España; Un mundo más allá de la Guerra, Global; Justicia Legítima Mendoza, Argentina; Mundo sin guerras y sin violencia, España; Vientos de Libertad, Argentina 

Firmas individuales: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; Julio Yao, Presidente Encargado, Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, (CEEAP); Stella Calloni, periodista, Argentina; Carmen Diniz, Brasil; Rev. Luis Carlos Marrero / Centro Oscár Arnulfo Romero, Cuba; Rev. Miguel Tomás Castro, El Salvador; Juan Jose Tamayo Acosta – Asociacion Juan XXIII, España; Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Chile; María Elena López Gallarado, México; Rosa Lila Rodríguez, Honduras; Maricarmen Montes, México; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Enrique Chimonja Coy, Fellowshep Of Reconciliation Peace Presence, Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol; Clara Navarro, Comunicadora, Activista de paz, Colombia; Timmy Boyle, Puerto Rico; Kora Antonia Martinez Cortez— Convida 20, Nicaragua; Siguen las firmas…

(Se reciben firmas de apoyo hasta el domingo 7 de julio 2024)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYT_EVQzBF4VqZx-i8qlHq94a7rYgg_oJrm_hXknFOcSs2w/viewform

Fotos: Protesta contra la Cumbre de la OTAN, España 2022 y Festivales Solidarios

Defensoría: Urge soluciones de agua para habitantes de Aserrí

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Defensoría dará seguimiento a acciones de la Municipalidad sobre acueducto

Debido a que la comunidad de Aserrí ha enfrentado por años una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas, la Defensoría de los Habitantes considera que la Municipalidad local debe tomar todas las medidas e implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación de ese servicio público.

Para la Defensoría, el gobierno municipal debe realizar las obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura, en aras de garantizar efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable, por lo que se le solicitó remitir el cronograma de acción, con responsables y plazos de la ejecución de todos sus proyectos.

Además, deberá presentar una estrategia de control interno, con análisis de riesgos y definir quienes tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir en el menor tiempo posible y dar a conocer, tanto a la comunidad de Aserrí como a esta Defensoría, el Plan de Contingencia y Protocolo de Comunicación con el que cuenta esa municipalidad.

De acuerdo con las denuncias presentadas en el mes de mayo del 2024, la Municipalidad de Aserrí incumple con el suministro de agua, así como con los horarios de racionamiento propuestos, lo que genera una condición de desigualdad con un recurso tan importante como es el agua, además que el líquido presenta la turbidez.

Según esta Municipalidad, la topografía bastante irregular contribuye a aumentar la problemática, ya que el agua llega primero a las partes bajas, donde el líquido se consume de manera desproporcionada, y deja a las partes altas, con cierto grado de desabastecimiento. Además, este año los caudales de las fuentes superficiales que abastecen la planta de tratamiento han disminuido hasta niveles de 30 litros por segundo, teniendo con ello un déficit actual de 80 litros por segundo.

Además, indicaron a esta Defensoría que la situación climática no es ajena a la municipalidad y ha obligado a tener que establecer sectorialmente horarios de racionamiento, en donde se regulan válvulas durante 16 horas continuas para garantizar que tanto las partes bajas como las partes altas puedan tener suministro de agua lo más equitativamente posible.

Según indicó la alcaldesa de Aserrí, Patricia Mayela Porras Segura, la Municipalidad tiene proyectado para el año 2024, perforar un pozo en el sector de Lourdes u otro sector afín. Para el año 2025 pretenden adquirir propiedades para perforar dos pozos más y un camión cisterna para el acueducto municipal. Para el 2026 proyectan aumentar la capacidad de almacenamiento en un millón de litros más en la planta de tratamiento municipal y para el 2027 tener por lo menos perforados tres pozos que ayuden a mejorar el suministro del agua a la población de los distritos del centro de Aserrí y salitrillos y con ello reducir el tema del racionamiento y construir una planta de tratamiento potabilizadora en el sector de Salitrillos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Francia: de la crisis al caos político

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Dossier especial de Le Monde Diplomatique

Julio de 2024

AARON JOHNSON. – Meteors (‘Meteoritos’), 2021

¿No resulta un tanto hipócrita nuestra sorpresa? Una crisis institucional, Reagrupamiento Nacional como primera fuerza política en Francia, el “gran espectáculo” político: la coyuntura de las últimas semanas se inscribe en la lógica de los últimos cuarenta años de la historia francesa. El rechazo de las clases dirigentes (“Y aquí estamos”), su menosprecio cultural (“La fiebre del orden”), su desprecio social y su separatismo a nivel espacial (“Los condescendientes detractores de la Francia fea”) han preparado el terreno al antiguo Frente Nacional. A día de hoy, su xenofobia y su antifeminismo (“Los influencers de la ‘machosfera’”) han dejado de indignar a parte de la élite (“La élite de la extrema derecha”). Como líder de un Estado del que las clases populares desconfían (“¿Ha dicho “sentimiento de abandono”?”), el debilitado presidente francés trata, por su parte, de improvisar. Pero, tal y como demuestran sus resultados diplomáticos, este método tiene límites (“A los ojos del mundo”).

Para ayudar a entender lo que sucede en Francia. Un dossier de Le Monde Diplomatique que  vale la pena leer y darse a la tarea de reflexionar porque como sabemos no solo en ese país avanza la ultraderecha, también en América Latina.

Dossier-especial-Francia-De-la-crisis-al-caos-politicoDescarga

 

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.

Tribunal Internacional de Opinión frente a las violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza

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SURCOS comparte la información relativa a la próxima realización de sesiones del Tribunal Internacional de Opinión que analizará las violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza. En esta carta se invita a participar al jurista colombiano Carlos Meneses Reyes, en representación de la Asociación Americana de Juristas. En el mismo documento se explica la historia del Tribunal y sus propósitos.

Tunja, Boyacá, Colombia, junio 18 de 2024

Doctor
CARLOS MENESES

Asociación Americana de Juristas

Presidente

REF. INVITACIÓN A SER PARTE DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN FRENTE A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA FRANJA DE GAZA

Cordial Saludo,

El Tribunal Internacional de Opinión, (Trino), La Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, así como el Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, invitan a su organización a ser parte de la audiencia pública del Trino que se llevará a cabo el 27 de julio de 2024 en calidad de Fiscal General, frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas desde octubre del año pasado en la Franja de Gaza.

Introducción

El Tribunal Internacional de Opinión (TRINO) es una instancia socio jurídica de la sociedad civil que ofrece un foro especializado para el análisis y la emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas, éticas, económicas, sociales, pedagógicas y culturales de relevancia internacional. Se basa en los principios de imparcialidad, transparencia, verdad sabida y buena fe guardada. Su objetivo es promover el diálogo, la reflexión y la promoción de la justicia y los derechos humanos a nivel global por medio del trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales de varios países que luchan por la defensa de la vida en el planeta y el respeto por la dignidad humana.

Sustento

El origen del TRINO se encuentra en el Tribunal Russell, que se realizó para juzgar los crímenes de Estados Unidos en Vietnam; posteriormente hubo otros Tribunales Russell para juzgar dictaduras en el Cono Sur. De su actuación surgen importantes acervos probatorios que nutrirán las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que se adelanten en sede doméstica, o en instancias internacionales, como el Sistema Universal o el Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

En Colombia, el Trino ha tenido dos sesiones. La primera, con ocasión de la represión violenta a nivel nacional de la protesta social realizada en contra del gobierno de Iván Duque, en 2021, donde se cometieron distintos crímenes contra la población civil que se manifestaba en las calles, incluyendo homicidios, violaciones, lesiones personales, desaparecimiento forzado, entre otros. La segunda, en abril de 2022 (en el mismo gobierno), con ocasión del ataque del Ejercito en la Vereda El Remanso, Municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, donde murieron once personas pertenecientes a la población civil a los que se intentó hacer pasar, en un inicio, como pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.

El Trino es una iniciativa de la sociedad civil que surge de una profunda convicción por la defensa de la vida y la búsqueda de la justicia, fue convocado por el Observatorio de Derechos Humanos Orlando Fals Borda de la UPTC en cabeza de su director, el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa. Sirve como insumo para el esclarecimiento de la verdad, un instrumento para la formación responsable de la opinión pública nacional e internacional y determina de manera extrajudicial la responsabilidad por graves violaciones a derechos humanos.

Cifras de las violaciones a los derechos humanos en la franja de gaza

Fuente: BBC – ONU – UNRWA – prensa independiente

Israel

  • 200 personas asesinadas en los ataques de Hamas
  • 230 personas secuestradas

Palestina

  • 623 personas asesinadas, entre ellos
    • 100 niños
    • 200 mujeres
    • 049 adultos mayores
  • Adicionalmente 10.000 desaparecidos. Se presumen muertos bajo los escombros.
  • 1,93 millón de desplazados: 15 % de ellos con capacidades diferentes.
  • 378 ataques registrados contra instalaciones y personal sanitario.
  • 496 trabajadores de la salud asesinados.
  • 1500 trabajadores de la salud heridos.
  • 310 trabajadores de la salud prisioneros en Israel.
  • 126 ambulancias fueron destruidas.
  • 224 trabajadores humanitarios asesinados, 181 de la ONU.
  • 67 miembros del personal de Defensa Civil y Rescate asesinados.
  • 144 periodistas asesinados.
  • 160 instalaciones de la UNRWA destruidas o dañadas.
  • 449 personas fueron asesinadas en estos refugios de la UNRWA atacados.
  • 32 hospitales fuera de servicio.
  • 35 centros de salud fuera de servicio.
  • 60% de las unidades de vivienda destruidas.
  • 1,4 millones de registrados en 155 instalaciones de la UNRWA.
  • 1,5 millones de desplazados en Rafah; 6 veces más que sus habitantes.
  • 000 mujeres embarazadas. Alrededor de 183 nacimientos al día.
  • Según la ONU, el 85% de la población de la Franja de Gaza, en donde viven más de 2,3 millones de personas, se ha visto obligada a evacuar sus hogares debido a los ataques de Israel.
  • El mes pasado, un informe de Integrated Food Security Phase Classification, una respetada red internacional que proporciona a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a las agencias de ayuda datos para medir la magnitud del hambre, advirtió sobre una hambruna inminente en Gaza.

ANTECEDENTES

  • El 19 de enero de 2024 México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos
  • El 11 de enero de 2024 Suráfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
  • Sudáfrica pidió 9 medidas cautelares, entre las que se encontraban el alto al fuego y la salida de las tropas de Israel de territorio palestino.
  • CIJ no ordenó a Israel detener sus acciones militares en Gaza, dijo que la población del territorio estaba en serio riesgo de sufrir daños irreparables y exigió a Israel tomar medidas provisionales para evitar que la situación empeore y asegurar que sus soldados no violan la Convención sobre Genocidio.
  • El 26 enero 2024 la CIJ ordenó las siguientes medidas provisionales
    • Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida: matar a miembros de un grupo, causar daños corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo, impedir nacimientos.
    • Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida.
    • Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza.
    • Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso humanitario.
    • Israel debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio.
    • Israel debe presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes desde que se dicte esta orden.
  • Las audiencias de los días 16 y 17 de mayo de la CIJ se centraron únicamente en la adopción de medidas de emergencia para evitar que el conflicto se agrave. Es probable que pasen años antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.
  • El 20 de mayo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamás, Yahya Sinwar.

Las sentencias y órdenes de la CIJ son vinculantes e inapelables. Aunque el tribunal no tiene forma de hacerlas cumplir, una orden contra un país podría dañar su reputación internacional y sentar un precedente jurídico.

***

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la urgente necesidad de pronunciarse sobre la infame situación que afrontan hoy los palestinos, se convoca al TRINO, con el siguiente:

PROCEDIMIENTO

Primero: El Fiscal del caso recabará evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos en la franja de Gaza a partir del 07 de octubre de 2023.

Segundo: Una vez se haga ese barrido, se entregarán los resultados a los magistrados para su estudio.

Tercero: Se fijará una fecha para realizar el proceso virtualmente, con la invitación a los medios de comunicación de todo el orbe. Se notificará a las partes los Magistrados la fecha y horario de la audiencia.

Cuarto: La sesión comenzará con una exposición de un representante de Israel y otro de Palestina sobre el origen, situación actual y posibles salidas para el conflicto. Un miembro del Trino realizará la relatoría.

Quinto: El Fiscal presentará la exposición de motivos y formulará los cargos.

Sexto: Se convocará a Israel y a Hamas para que se defiendan de los cargos imputados. En caso de no asistir se les nombrarán defensores de oficio.

Séptimo: Se presentarán todas las pruebas a estimar ante el tribunal. Las víctimas y los testigos acudirán al proceso y formularán sus testimonios.

Octavo: Una vez escuchados los descargos, se escucharán también los alegatos de conclusión de las partes y del representante de las víctimas.

Noveno: A continuación se procederá a deliberar por parte de los magistrados con base en los hechos para emitir el veredicto. Este será aprobado por mayoría en cada punto, con votos disidentes o particulares si los hubiere. Se sustentarán por escrito.

Octavo: Se producirá un fallo, que será inapelable y se notificará en estrados. Se divulgará a la opinión pública internacional por todos los medios disponibles.

Noveno: Se compulsarán copias del veredicto a la Corte Penal Internacional; al Consejo de DDHH de la ONU; Corte interamericana de Derechos Humanos CIDH; Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto me permito muy respetuosamente invitarle a ser parte de este proceso.

Se invita a la comunidad nacional e internacional a acompañar y hacer eco a este proceso, que busca ser un llamado fuerte a la verdad, la justicia y la finalización de la violencia en la Franja de Gaza.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

LUIS BERNARDO DÍAZ GAMBOA

Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Director Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, UPTC.
Director del Observatorio de DDHH Orlando Fals Borda, UPTC.
Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Boyacá

Taller Bolereando con Alberto Zúñiga

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a las Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia». Esta sexta actividad titulada Bolereando con Alberto Zúñiga.

La tertulia se realizará el viernes 12 de julio a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.

UNDECA: gran oportunidad de llegar hasta el alto de Talamanca

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Información brindada por UNDECA: 

Con orgullo y satisfacción, UNDECA anuncia el éxito del proyecto en el Alto de Talamanca, Costa Rica, en colaboración con las comunidades indígenas. Gracias a esta iniciativa, ahora estas comunidades cuentan con infraestructura adecuada y servicios de alta calidad de parte de la CCSS.

Este logro representa un paso significativo hacia el desarrollo y bienestar de las comunidades indígenas, pues se asegura que tengan acceso a servicios esenciales con los más altos estándares de calidad.

UNDECA reafirma su compromiso de continuar apoyando para garantizar la sostenibilidad y mejora continua de estos servicios.

Comunicado público del pueblo tribal afrocostarricense del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, provincia de Limón

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura, Derechos.

En un comunicado público dirigido al Poder Ejecutivo, instituciones públicas, Municipalidad de Talamanca, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, Poder Judicial, organismos internacionales como la OEA, la ONU, medios de comunicación y organizaciones privadas, las personas afrodescendientes integrantes de la comunidad Tribal de Cahuita se pronuncian respecto a la invisibilización e indiferencia sobre sus necesidades y existencia.

Además, se manifiestan respecto a la situación donde algunas personas afrodescendientes se han autonombrado como representantes para beneficiarse, en colaboración de funcionarios, lo anterior sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo, esta es la razón por la que el Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita deslegitima a los miembros del Foro Tribal Afrocostarricense por haberse autonombrado sin la participación del pueblo.

El comunicado indica que en una sesión extraordinaria de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) representada en ese momento por Enrique Antonio Joseph Jackson, se invitó a señora Epsy Campbell Barr, ex vicepresidenta de la República de Costa Rica y presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes – Harold Robinson Davis, ex director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas – Juan Luis Bermúdez, en representación de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y Jefe de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica – Reverendo Johnson, Organización de Curas y Pastor de Limón – Sr. Leonardo Alvarado, experto en Pueblos Tribales y Pueblos Indígenas.

Sin embargo, esta sesión extraordinaria no fue comunicada al pueblo, no se convocó a los afiliados de la ADI de Cahuita, ni se avisó a la comunidad sobre las decisiones que se pretendían tomar, únicamente invitaron al antojo de la Junta Directiva a quienes se pretendían nombrar como representantes. Asimismo, en esta sesión de Junta Directiva se estructuró y autonombró la organización del Foro Tribal Afro costarricense, de forma arbitraria se desligaron de la ADI de Cahuita, por parte de la anterior Junta Directiva quienes también quedaron algunos como miembros en el Foro. Mientras que, el señor Enrique Antonio Joseph Jackson presidente de la ADI se autonombró como parte de la secretaría de asuntos legales, además nombró a su amigo y ex jefe Edwin Deive Patterson Bent, quien además ocupa el cargo de Presidente del Asociación Tribal Afrodescendiente del Caribe Sur (ATACS), organización de la que también Enrique Antonio Joseph Jackson era parte; misma organización privada, que al final es asignada como SECRETARÍA PRO-TEMPORE DEL FORO. Otro de los nombramientos fue de la señora Julieth Campbell, Wanda Patterson Morales (vicepresidenta de ATACS).

Por otro lado, existe una concentración de poder entre los miembros del Foro Tribal y la Asociación Tribal del Caribe Sur (ATACS), lo cual ha tenido un efecto sobre el pueblo de Cahuita, dado que no ha participado en la elección de sus representantes, y las elecciones deben ser democráticas para ser válidas. El comunicado público del Pueblo Tribal Afrocostarricense del distrito de Cahuita señala que Edwin Deive Patterson Bent, líder del Foro Tribal y presidente de ATACS asumió la representación total del pueblo sin consultar, ni comunicarle a nadie, aprovechando su puesto en la Municipalidad y su descendencia afro costarricense para arrogarse la representación y actuar como juez y parte; creando así, un conflicto de intereses sin precedentes, existiendo una duplicidad en sus representaciones y conflicto de intereses entre las mismas.

Además, el señor Edwin Deive Patterson Bent ha tomado la representación del pueblo y sin autorización realiza solicitudes de forma arbitraria, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, solicitando que se establezca una figura representativa como la de la población indígena. Sobre lo anterior, la comunidad Tribal de Cahuita señala que “hace creer que nuestra voluntad es permanecer en los mismos problemas generados a los pueblos indígenas. Esta solicitud no es nuestra voluntad, contamos con nuestras propias formas de representación y no necesitamos copiar de estructuras que han generado conflictos internos graves dentro de los territorios indígenas”. 

Una de las preocupaciones más grandes de la legítima comunidad Tribal de Cahuita es que los líderes autonombrados se han dado a la tarea de promover un proyecto de Ley 23.903, mismo que en su artículo 3 pretende consolidar la entrega nuestras tierras al Estado mediante ZMT y áreas de conservación sin que el pueblo pueda realizar ningún reclamo, entre otros cuestionamientos en los que nunca podríamos estar de acuerdo, como el artículo 6 y 8.

Bajo la misma línea, la legítima comunidad Tribal de Cahuita indica que el día 27 de junio del 2024 se dio una reunión privada para realizar cambios en el Foro Tribal sin la participación del Pueblo, donde varios vecinos se presentaron y el señor Edwin Deive Patterson Bent se encontraba liderando y dirigiendo la reunión. A pesar de la oposición a la toma de decisiones no efectuó ninguna elección, por lo que se utilizan los auto nombramientos para presentarse ante diferentes organizaciones, incluyendo la ONU en la que se elogia a la señora Epsy Cambell Barr y demás instituciones a realizar solicitudes que el pueblo no tiene conocimiento ni se han solicitado, medidas que únicamente favorecen al Estado, no así al pueblo Tribal. 

Para informarse más sobre este suceso puede descargar el documento PDF adjunto, donde se ven las firmas y más detalles. 

COMUNICADO-PUBLICO-POBLACION-AFROCOSTARRICENSE-DE-CAHUITA-COSTA-RICADescarga

Vigilia en Palmares: Ni una menos

Escrito en . Publicado en Derechos.

En memoria de Floribeth Monge Anchía

Comunicado urgente

El machismo mata

Nos encontramos consternadas y profundamente indignadas por otro caso de femicidio en Santiago de Palmares. Con gran pesar, informamos que Floribeth Monge Anchía, una mujer valiosa y querida por su comunidad, ha sido víctima de esta violencia intolerable. 

Este feminicidio no es un caso aislado, sino parte de una trágica tendencia que continúa cobrando vidas de mujeres en nuestra sociedad. Es un doloroso recordatorio de la urgencia de tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género.

Llamamos a la acción

  • Exigimos que las autoridades competentes investiguen este caso a fondo y que se haga justicia de manera expedita. Es crucial que los responsables de este crimen sean identificados, capturados y juzgados conforme a la ley.
  • Instamos al Estado a asumir su responsabilidad en la protección de las mujeres y en la implementación de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género. No podemos permitir que más mujeres sean víctimas de esta violencia brutal y sistemática.
  • Extendemos nuestro más profundo apoyo y solidaridad a la familia y amigos de Floribeth,. Es hora de actuar de manera decisiva y urgente. No podemos tolerar más pérdidas de vidas humanas debidas a la violencia de género.
  • Instamos a la comunidad a no permanecer en silencio frente a estas injusticias. La violencia contra las mujeres no puede ser tolerada ni normalizada.
  • Nos comprometemos a seguir luchando por un cambio real y tangible en nuestras comunidades. Este feminicidio nos duele profundamente y nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra la violencia de género.

Justicia para Floribeth y para todas las mujeres que han perdido la vida debido a la violencia de género. No descansaremos hasta lograr un mundo donde todas las personas puedan vivir libres del miedo.

Enid Cruz Ramírez
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo

Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.

“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

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