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Defensoría dará seguimiento a acciones estatales ante hechos ocurridos en territorio indígena de China Kichá

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La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento a la situación suscitada en el Territorio Indígena de China Kichá, donde se registraron incendios que afectaron cultivos y terrenos de la zona.

Como parte de las labores de seguimiento, el pasado 07 de marzo anterior, personal de la Defensoría efectuó una inspección y verificación en las zonas afectadas en conjunto con representantes del Sistema de Naciones Unidas en el país.

Aunado a ello, mediante oficio DH-DIND-228-2024, se solicitó al Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, un detalle de las acciones a emprender por esa cartera a efecto de atender la situación. También se solicitó conocer quiénes serán las personas responsables por parte de esa cartera y el plazo para la ejecución de medidas. A su vez se pidió saber el nivel de coordinación interinstitucional.

Ante esta gestión de la Defensoría, el Ministerio de Justicia indicó sobre las coordinaciones interinstitucionales efectuadas, las cuales incluyeron la participación de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, DINADECO, INDER, Fiscalía del I Circuito Judicial de Pérez Zeledón y el Organismo de Investigación Judicial.

Se indicó a esta Defensoría que ya está definida la hoja de ruta, de tal manera que, en un plazo de 15 días, cada institución presente a Justicia un informe de lo actuado de acuerdo con sus competencias y recabe información para la toma de decisiones, plazo que vence el próximo 27 de marzo del 2024. La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos, a fin que se garantice el bienestar de las y los habitantes del territorio indígena de China Kichá.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría previene a CCSS obligación de colaboración preferente para inspeccionar centros médicos

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Hospital de Cartago negó ingreso para una revisión de las condiciones en que se atienden a pacientes

La Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y a la Dirección del Hospital Max Peralta de Cartago, para que haya total apertura a las inspecciones que realiza, sin previo aviso, personal de la Defensoría de los Habitantes para conocer no solo las condiciones en que se están atendiendo a las personas usuarias sino también las necesidades que tienen los servicios de urgencias ante la situación crítica de saturación que atraviesan.

El sábado anterior, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, se trasladó hasta el centro hospitalario de Cartago para efectuar una inspección en sitio, con el propósito de conocer detalles relativos al funcionamiento del servicio de emergencias, la atención que reciben los pacientes y además, determinar cuáles son las necesidades existentes. Todo ello con el fin de hacer un reporte de lo encontrado y elevarlo ante las autoridades de la CCSS. Sin embargo, se encontraron reticencias en el centro médico, para cumplir con los objetivos encomendados por la normativa al Órgano Defensor.

La Ley de la Defensoría de los Habitantes N°7319 establece en su artículo 12.2 que el personal de la institución puede realizar inspecciones a oficinas públicas, sin previo aviso y, requerir de ellas toda la documentación y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. La institución efectúa con frecuencia esta tarea, sin embargo, en esta ocasión no se logró el ingreso. 

A la luz de lo acontecido, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS para que se instruya a la Dirección o Jefatura de todos los centros de salud de la Caja que se garantice la colaboración preferente de los servidores públicos como lo establece la Ley N°7319.

Asimismo, se solicitó a la Dirección Médica del Hospital de Cartago tomar las medidas administrativas que correspondan para establecer las responsabilidades correspondientes de quienes impidieron el acceso ese día, y garantizar que esta situación no se vuelva a repetir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría capacita a sector público para prevenir y sancionar hostigamiento sexual

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En más de la mitad de los casos denunciados se registra una sanción

Con el objetivo de ofrecer herramientas al sector público para prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual, la Defensoría de los Habitantes realiza capacitaciones a diversas instituciones del Estado. El más reciente proceso de formación fue a personal del Ministerio de Salud.

Personal de la Defensoría explica a los y las funcionarias que están a cargo de los procedimientos de investigación y asesoría jurídica, un detalle de las herramientas que contiene la Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

Dicha normativa, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de informar a la Defensoría de los Habitantes la presentación de denuncias en los lugares de trabajo, a efecto de tener conocimiento, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, en un rol asesor y contralor de legalidad.  

Por año la Defensoría es puesta en conocimiento, en promedio, más de 300 denuncias al año por hostigamiento sexual en sector público y ello representa, una alerta para poder capacitar jurídicamente a los órganos legales de los departamentos institucionales y a quienes están a cargo de la investigación de los hechos.

Este tipo de manifestaciones de violencia, una más que viven las mujeres en el ámbito del empleo y la docencia, debe ser abordado con los principios que garanticen que la víctima sea debidamente reivindicada. Para la Defensoría es fundamental la capacitación como un mecanismo que permita hacer, de manera efectiva, la justicia administrativa.

Indicadores de la Defensoría de los Habitantes revelan que, el 52,76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público y cuyo proceso concluyó, por ejemplo, en el año 2021, las personas denunciadas recibieron una sanción. De este porcentaje, en promedio, en dos de cada diez casos, la sanción fue el despido. 

La Defensoría es la única instancia que cuenta hoy día con los datos sobre las denuncias y procedimientos disciplinarios de hostigamiento sexual del sector público. Con la información que obtiene, la institución responde a las recomendaciones giradas por los diferentes comités a nivel internacional, y a nivel nacional, al señalar que las estadísticas con perspectiva de género, son un mecanismo imprescindible para visibilizar las distintas manifestaciones de las desigualdades y violencias que viven las mujeres por el solo hecho de serlo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

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Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

ACUERDO-10-24-DEL-PCA-SOBRE-DERECHO-AL-AGUA-Y-ARRESTOS-EN-HATILLODescarga

Notificación de sentencia en el caso Miembros de la Corporación Colectivo CAJAR Vs Colombia

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La Corte Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH dicta sentencia contra el Estado colombiano en el Caso del CAJAR – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

Es la primera vez que el Tribunal Internacional se pronuncia sobre la persecución sistemática del Estado colombiano contra la organización de derechos humanos.  

Con esto la Corte, sentencia entre otros, que El Estado es responsable internacionalmente por la violación y vulneración de los derechos. Está sentencia es una decisión integral, completa e histórica que entre otras reconoce:

  1. El Derecho a Defender los Derechos Humanos. 
  2. Un reconocimiento a las y los defensores de los derechos en Colombia.
  3. Los límites a la labor de la Inteligencia en una Democracia.
  4. El derecho a conocer la verdad, autodeterminación informativa.
  5. Reconocimiento especial a las afectaciones a mujeres defensoras y sus familiares.

La Corte insta al Estado Colombiano a continuar las investigaciones, depurar los archivos y ampliar las 16 medidas de reparación a quiénes han sido víctimas en este caso. Así, cómo un acto de reconciliación, un documental, una campaña de difusión de protección a defensores, y la creación de un sistema de documentación y bases de datos. 

Al mismo tiempo solicita implementar un fondo de atención a las víctimas defensoras y la adecuación de la ley estatura de Inteligencia. 

Es el momento de conocer la verdad, tener acceso a la información, hacer efectivo el derecho a la honra, la autodeterminación, la libertad de pensamiento, expresión, a la vida privada, y los derechos de residencia.

Ver sentencia: https://acortar.link/2G11N1

Regreso a clases: ¿Cómo nos cuidamos?

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El día 15 de marzo de 2024 el programa audio visual Alternativas presentó un espacio titulado “Regreso a clases: ¿Cómo nos cuidamos?“ el cual contó con la presencia de las estudiantes de ciencias políticas Amanda Carazo López y María Clara Navarro Mora, como moderadoras, así como de los panelistas Rafael Moya Delgado, psicólogo orientador de la UCR, Mario Valverde Madrigal, licenciado en psicología y docencia y Henrey Segundo Quesada Ramírez psicólogo experto en modificación de la conducta.

Dentro del programa se abordaron dos módulos principales primero qué es la carga académica, cuáles son sus repercusiones, qué problemas son más comunes dentro de la comunidad estudiantil y cómo se relaciona la carga académica con la salud mental. Mientras que en un segundo momento se buscó abordar qué puede hacer la Universidad de Costa Rica por el cuerpo estudiantil en estos temas, cómo puede tratarse.
Durante la ponencia los temas de conversación orbitaron en torno a estas preguntas:

¿Cuáles son las repercusiones de la carga académica?

¿Qué mensaje o consejo se le puede dar a las personas de nuevo ingreso?

¿Qué tips o recomendaciones hay para las personas universitarias para lidiar con la presión, el miedo o la frustración de la sobrecarga académica o de cualquier área?

Entre las muchas recomendaciones de los expertos invitados cabe resaltar la insistencia o énfasis que presentaban en ciertos aspectos como el autoconocimiento de las habilidades, límites, gustos, pasiones y disgustos que cada persona tiene individualmente. Recordaron la importancia de que cada persona es responsable de su salud mental por lo cual debe procurarse en atenderla y definir límites en sus actividades pues todo ser humano tiene un máximo hasta donde llegar.

Para ver el programa completo acceder al enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1136191070980190&id=100039176114597&sfnsn=wa&mibextid=RUbZ1f

Contraloría General recibe solicitud para indagar posibles irregularidades con respecto a gestiones financieras de la C.C.S.S.

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La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República (CGR) recibió una petición para indagar posibles irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos financieros del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente sobre el financiamiento para el abordaje y atención de las listas de espera y la supuesta provisión financiera de ₡200.000 millones de colones para estos efectos.

Sobre el particular, la respuesta desde la CGR señala «… se le comunica que su denuncia fue enviada al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social, con el propósito de que sea considerada como insumo dentro de una investigación que lleva a cabo dicha Área relacionada con el asunto denunciado. Con fundamento en lo antes expuesto, esta Área de Denuncias e Investigaciones da por atendida su gestión».

Atentamente

Licda. Ruth Houed Caamaño, asistente técnica

Licda. Saray Quesada Marín, fiscalizadora asociada

Información compartida a SURCOS por ANEP.

CONADECO: En solidaridad con la comunidad de Hatillo que lucha por derecho al agua

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La Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, expresa solidaridad con los vecinos de la comunidad de Hatillo. Consideramos indignante que ante la falta respuesta por la carencia de agua, llueva garrote y represión policial.
De ninguna manera aceptamos que la violencia policial sea la salida frente a la inoperancia institucional y la incapacidad de diálogo del gobierno de turno
Daniel Enrique Quesada Mora presidente de CONADECO.

18 de marzo de 2024

UNDECA sobre crisis de suministro de agua

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Autoridades deben resolver

5 días consecutivos y hasta más, deben soportar los vecinos de las comunidades de Hatillos, San Sebastián, sector oeste de San José, Moravia y otras localidades, sin que Acueductos y Alcantarillados les suministre agua potable para sus necesidades básicas.

El deterioro en el abastecimiento de agua es un problema que lleva décadas sin resolverse y lo único que se ofrece a los vecinos es un largo expediente de promesas sin solución. La ejecución de obras es lenta o nula respecto al crecimiento de la población, los fenómenos climáticos y contaminación descontrolada empeoran las cosas, al afectar las fuentes de agua desde donde, históricamente, se provee de este líquido a las comunidades.   

Debemos agregar también la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y autoridades del A y A, quienes incluso dan prioridad a la provisión de agua para intereses particulares, como es sabido a grandes condominios, industrias, entre otros.

Manifestaciones y detenciones de vecinos 

Son muchísimos años los que los vecinos han soportado las carencias de agua, los incumplimientos del A y A de sus promesas de solución y los horarios de suministro de agua.

Esto los ha llevado a salir a las calles a exigir soluciones. El desabastecimiento permanente de agua potable, que ha adquirido dimensiones nunca vistas, ha llevado a la desesperación.

Estas acciones tienen responsables, y no son los vecinos que salen a protestar o los nueve manifestantes que fueron detenidos lamentablemente el día de ayer. Los responsables son las autoridades del AyA y del Gobierno que no dan respuestas oportunas y soluciones viables.

Criminalizar la protesta no es solución, solo un detonante más para ver a más y más ciudadanos en las calles exigiendo sus derechos constitucionales.

El agua no es una mercancía, es un bien común, ¡Defendámosla!