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Conversatorio analizará crisis arrocera y abandono de la producción nacional

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el conversatorio “Una ruta olvidada: nadie se comió la bronca y nos estamos quedando sin arroz”, un espacio de análisis sobre la situación de la producción arrocera nacional, las políticas públicas vinculadas al sector y sus impactos sociales y económicos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del piso 6 del edificio de Ciencias Sociales de la UCR.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Luis O. Barboza Barquero, director del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, así como de Ariel Robles Barrantes, exdiputado de la República y máster en Gestión Educativa con énfasis en Aprendizaje del Inglés.

El título de la actividad plantea una crítica al abandono de las políticas de protección y fortalecimiento de la producción nacional de arroz, en momentos en que diversos sectores han advertido sobre los efectos de la apertura comercial, el debilitamiento del agro y el aumento de la dependencia alimentaria.

La actividad es organizada por Ashley Barahona, Lourdes Navarro y Gabriela Zamora, en el marco de iniciativas académicas vinculadas a la Escuela de Sociología y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I y el proyecto ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria, producción agrícola nacional y las consecuencias sociales de las transformaciones recientes en el sector arrocero costarricense.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Venezuela hoy, ni rendidos ni suicidas

José A. Amesty Rivera

Hablar de Venezuela hoy no es fácil, todo el mundo anda rabioso, cansado, golpeado por años de crisis, sanciones, problemas económicos y peleas políticas. Y en medio de todo esto, mucha gente opina desde la rabia o desde la emoción, pero pocas veces desde la realidad.

Hoy hay dos extremos que no ayudan, por un lado, están los que dicen que Venezuela ya se entregó totalmente y que aquí manda otro país, y por el otro, están los que creen que la solución es lanzarse de una vez a una guerra frontal contra EEUU, como si esto fuera una película donde el pequeño siempre derrota al gigante, pero no, la vida real no funciona así.

Lo primero que hay que decir, aunque a algunos no les guste escucharlo, es algo muy sencillo, Venezuela no tiene cómo enfrentarse militarmente a EEUU de tú a tú. Esto no tiene que ver con cobardía ni con falta de patriotismo, tiene que ver con realidad. Creemos que nos dejamos engañar por aquella falsa noticia en las redes, que, tanto Rusia como China, nos vendieron o nos dieron tales o cuales armas para enfrentarnos al imperio gringo, falsa ilusión o dato peligroso.

EEUU tiene un ejército muy poderoso en nuestro planeta, tiene portaaviones, bases militares por todo el mundo, tecnología satelital, drones, inteligencia militar, una economía gigantesca (aunque hoy disminuida) y aliados internacionales. Venezuela podrá tener dignidad, voluntad y resistencia, pero eso no borra la diferencia brutal de fuerza que existe.

Y cuando uno sabe que está en desventaja, lo inteligente no es lanzarse de cabeza para que te destruyan, lo inteligente es aguantar, proteger al país y esperar mejores condiciones.

Esto pasa hasta en la vida cotidiana, si una persona flaca y desarmada ve venir a diez hombres armados, lo lógico no es salir corriendo a caerle a golpes, porque termina muerto en dos minutos, lo lógico es buscar cómo sobrevivir, cómo proteger a su familia y cómo evitar una tragedia mayor. Y con los países pasa igual.

Por esto uno ve a algunos sectores de izquierda hablando de “guerra total”, “resistencia absoluta” y “patria o muerte”, pero desde un apartamento con aire acondicionado, una universidad europea o un canal de YouTube, es muy fácil pedir sacrificios, cuando el que va a poner los muertos es otro; Muchos de estos intelectuales o seudointelectuales hablan como si las guerras fueran discursos y no cementerios.

Porque una guerra moderna no es una consigna bonita, una guerra moderna significa hospitales destruidos, ciudades sin luz, gasolina desaparecida, comida escasa y miles de familias huyendo. Basta ver lo que pasó en Irak, en Libia o en Siria, países completos quedaron hechos polvo durante años. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad algunos quieren esto para Venezuela?

Y aquí hay algo importante, evitar una guerra no significa arrodillarse o dar el brazo a torcer, son dos cosas distintas.

Hay quienes creen que cualquier negociación, cualquier conversación diplomática o cualquier acuerdo internacional significa traición, pero recordemos que ningún país vive aislado del mundo.

China negocia con EEUU, Vietnam negocia con los norteamericanos, hasta Rusia y Estados Unidos, en plena tensión, mantienen canales abiertos; porque los gobiernos, cuando son responsables, tienen que pensar primero en la gente y no en verse “duros” frente a las cámaras.

Por ejemplo, mucha gente critica que existan coordinaciones o acuerdos mínimos con los gringos en temas diplomáticos o de seguridad. Pero si queremos o deseamos que se levanten sanciones, que entren medicinas, que vuelva inversión o que la economía respire un poco, tienes que abrir espacios de negociación, aunque no nos gusten, esto no significa que el país se entregó por completo.

Porque una cosa es negociar bajo presión y otra muy distinta es perder totalmente el control del país.

Si Venezuela fuera realmente un protectorado total, aquí no existirían todavía instituciones nacionales, ni gobierno propio, ni Fuerza Armada venezolana tomando decisiones internas, ni capacidad de negociar petróleo, ni relaciones con China, Rusia, Irán o Turquía, el panorama sería muy distinto. Algunos argumentarían que hay varios tipos de protectorado, ¿y qué?

¿Hay presión de Estados Unidos? Claro que sí, ¿Hay condicionamientos? También. ¿Hay decisiones tomadas bajo necesidad? Sin duda, pero esto no significa que el país desapareció como Estado.

Aquí lo que existe es una situación muy complicada, donde el gobierno trata de sobrevivir en medio de sanciones, amenazas externas y problemas internos enormes, y que trata de preservar la paz.

Y esto nos lleva a otro tema delicado, cierta izquierda que parece más enamorada del discurso radical que de la realidad del pueblo, son los mismos que siempre piden “más confrontación”, “más calle”, “más choque”, pero nunca explican cómo come y como comería la gente en medio de esto.

En 2017, por ejemplo, Venezuela vivió meses de violencia terrible, había muertos, incendios, ataques, ciudades paralizadas y familias aterradas; mucha gente pedía responder con todavía más fuerza y convertir aquello en una guerra abierta, ¿Y qué hubiese pasado?, probablemente el país habría terminado en una tragedia mucho peor.

Lo mismo ocurrió en 2002, mucha gente quería una confrontación total después del golpe contra Chávez, pero si aquello terminaba en guerra civil, hoy quizás Venezuela estaría destruida como otros países donde nunca más hubo estabilidad; a veces, o muchas veces evitar un baño de sangre también es una victoria.

Pero esto cuesta entenderlo cuando uno analiza todo desde una computadora y no desde el sufrimiento real de la gente.

Porque el venezolano común no anda pensando, todo el tiempo, en teorías geopolíticas las 24 horas; el venezolano común quiere tranquilidad, quiere poder comprar comida, prender un bombillo, mandar a sus hijos a la escuela y vivir sin miedo.

Y aquí hay otra verdad incómoda, muchos de los que hoy hablan durísimo jamás han puesto el pecho de verdad.

Hay mucho “guerrero digital” que jamás ha vivido una bomba, jamás ha pasado hambre de guerra y jamás ha visto morir a alguien en un conflicto armado, desde las redes todo el mundo es valiente.

Pero, además, cuando comienzan los tiros de verdad, los muertos siempre salen de los barrios y de los sectores populares, muy poquísimas veces de las oficinas donde se escriben los discursos incendiarios, por esto hoy la prioridad debería ser otra, preservar el país.

No destruirlo por orgullo, ni lanzarlo a una locura imposible, no convertir a los jóvenes venezolanos en carne de cañón en una guerra desigual; y esto no significa abandonar la dignidad nacional, significa entender el momento histórico.

A veces resistir no es atacar, a veces resistir es aguantar, es reorganizarse, es evitar que te destruyan mientras buscas, o se den mejores condiciones.

Esto lo entiende cualquiera jugando ajedrez, jugando dominó o incluso en la vida misma. Si tú estás perdiendo una pelea muy desigual, lo inteligente no es suicidarte, lo inteligente es conservar fuerzas para seguir vivo.

Porque un país muerto no defiende soberanía, un país destruido no construye futuro, y un pueblo enterrado bajo las bombas no disfruta ningún discurso patriótico.

Por esto hoy quizás la tarea más difícil no es gritar más duro, sino tener cabeza fría, entender que Venezuela necesita paz, necesita respirar, necesita recuperarse, y necesita evitar una tragedia mayor que terminaría pagando el mismo pueblo de siempre.

Una palabra final como teólogo y pastor, cuando decimos que necesitamos preservar la paz en el país, y no a la confrontación guerrerista. No hablamos de una paz falsa donde todos callan por miedo; la paz verdadera nace de la justicia, ya que, no puede haber paz, si hay corrupción; si unos pocos acumulan riqueza mientras muchos pasan hambre; si hay violencia contra las mujeres; si se desprecia al migrante; si se destruye la naturaleza; si se explota al trabajador.

La paz del Evangelio exige relaciones nuevas, por ejemplo, resolver conflictos hablando y no destruyendo personas; aprender a escucharnos, aunque pensemos distinto; no usar la religión para dividir; trabajar juntos por el bien común; construir comunidades donde todos tengan voz.

Muchas veces las comunidades, los pueblos, los gobiernos se destruyen por chismes, competencias o luchas de poder; el Evangelio nos recuerda que Dios habita donde hay fraternidad y búsqueda sincera del bien común.

Dios también está, en la olla de sopa comunitaria; en la lucha por la justicia; en la madre que no abandona a sus hijos; en el campesino que trabaja la tierra; en la comunidad que defiende la vida. Cuando el pueblo y su gobierno se organiza para cuidar a los más débiles, ahí está Dios, la presencia de Dios se hace visible en la solidaridad concreta, y todo se vuelve revolucionario.

El ICE, los comunistas y los marcianos

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!

Expediente 23.414 y comunidades vulnerables: lo que el proyecto no contempla

Elena Manzanarez Juárez
Técnica universitaria en Gestión Local Desarrollo Comunitario y Políticas Públicas con enfoque en zona Pacífico Central

Comparto esta información con la intención de que como líderes de las comunidades estemos informados sobre el Expediente 23.414, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y que podría votarse entre hoy y mañana en Plenario. Aún faltarían otras etapas antes de convertirse en ley.

Una de las principales preocupaciones que diversos sectores técnicos, institucionales y sociales han señalado es que el proyecto desarrolla ampliamente los cambios del sistema eléctrico y del mercado energético, pero aborda muy poco la realidad de comunidades con problemas de vivienda, escritura y regularización territorial.

En el texto actual no se observan mecanismos claros para atender situaciones de comunidades que tienen dificultades para acceder formalmente al servicio eléctrico debido a problemas de tenencia de tierras o falta de regularización.

El proyecto también plantea una nueva estructura de coordinación donde MINAE, ARESEP y la nueva entidad ECOSEN tendrían funciones importantes en la operación y regulación del sistema eléctrico. Durante el proceso legislativo, algunas observaciones técnicas han señalado preocupaciones sobre:

* capacidad operativa;

* complejidad administrativa;

* reglamentación futura;

* y claridad de competencias institucionales.

* Muchas de las reformas estarán bajo interpretación de terceros.

Además, algunos criterios técnicos y profesionales han advertido que el proyecto tiene un enfoque altamente técnico y orientado al mercado eléctrico, con menor desarrollo de aspectos sociales y territoriales. Esto pone en situación vulnerable a Pueblos Originarios, zonas costeras y barrios con problemas de tenencias de tierras.

En comunidades específicamente como Esparzol ubicado en el cantón de Esparza Puntarenas y estoy segura de que la situación se replica en otras zonas del país, muchas familias todavía enfrentan dificultades para obtener medidores o servicios formales debido a problemas de regularización de terrenos. Por eso preocupa que futuras reformas no contemplen soluciones sociales concretas para comunidades vulnerables.

Esto no significa que mañana se vaya a quitar la electricidad, pero sí que es importante que estos temas se discutan ahora, antes de que la ley quede aprobada.

La solución no depende únicamente del sistema eléctrico. También requiere:

* regularización de terrenos;

* proyectos de vivienda;

* apoyo institucional del BANHVI, MIVAH e INVU;

* y políticas públicas que garanticen acceso digno y seguro a servicios básicos.

Lo que no queda contemplado claramente en la ley y sus reglamentos posteriores puede terminar generando vacíos para las comunidades más vulnerables o que las instituciones no asuman su roll del Estado.

Y estás situaciones las hemos enfrentado los promotores, gestores y líderes de proyectos en la búsqueda del derecho a vivienda digna y estamos en posición de primera mano de dar fe de que así es como funciona lo que queda establecido por ley en Costa Rica.

Imagen de cabecera: Campamento del ICE en Buenos Aires de Puntarenas.

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!