Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.