SURCOS comparte imágenes enviadas a nuestro medio y que dan cuenta de la celebración del Día de la Persona Agricultora en Tierra Blanca de Cartago. En el video se puede escuchar la exposición de Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional.
“Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”. José Martí
¡Exhortamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas y comunales a manifestarse!
El país vive un momento muy peligroso, del cual es responsable el presidente Rodrigo Chaves.
¡La democracia está en peligro!
Sus denuncias constantes de persecución y amenazas de golpe de Estado en su contra, además de ser una falacia, prepara condiciones para justificar un autogolpe que barra con el orden constitucional y paralice el funcionamiento libre y democrático del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
La amenaza de una guerra civil que sugiere el presidente es una provocación. Siente que la cárcel, por tanta denuncia penal en su contra, está tocando el talón.
Hay que tomar en serio sus amenazas y su empoderamiento con los equipos de guardianes, las turbas agresivas que se están forjando a su alrededor y su amenaza de que cuenta con el apoyo de miles de policías de la Fuerza Pública para enfrentar un eventual golpe de Estado, golpe de Estado que solo existe en su imaginación.
La opinión pública debe movilizarse. El pueblo debe manifestarse en las calles en defensa del orden constitucional, de la democracia y las libertades públicas.
¡Las fuerzas democráticas y progresistas deben unirse con estos propósitos!
Firman:
Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.
La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.
Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.
La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.
Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.
La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.
Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.
Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.
El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.
Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.
Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.
Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.
Este 15 de mayo, se celebra el día del agricultor, pero lo que celebramos realmente, es la progresiva desaparición del agricultor, que ocurre cada año ante nuestros ojos y que cada Gobierno desde 1986, se ha encargado de ignorar la importancia de la agricultura, de desmantelar el apoyo estatal hacia esta actividad, de políticas simbólicas y ficticias y de convertir al agricultor en una figura del folklore y de la añoranza del pasado.
Precisamente hoy, en esta fecha, los medios de comunicación revelan que el sector agro, pierde 54.000 empleos en seis años y alcanza su punto más bajo en una década. Unas 206.000 personas se dedicaron a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el 2024, cifra que no se veía hace una década, es decir esto representa una reducción del 20%, desde el 2018 y eso que en ese año el número de ocupados tuvo un repunte.
Pero la situación de las personas ocupadas es aún más delicada, ya que, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre), el número de personas ocupadas en esta actividad llegó a 197.887. Esto convierte a dicho trimestre en el que presenta el resultado más bajo, al menos desde el año 2011. (El Observador.com,15-5-2025)
Ya a principios del 2024, la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, reveló que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)
Por eso, tampoco nos sorprende ver la información del IMAE sobre el descenso de la producción agrícola, donde Marzo de 2025 se convirtió en el quinto mes consecutivo con disminución en la producción agropecuaria, pues a partir de noviembre la tendencia cambió y la producción ha disminuido mes a mes, acumulando cinco meses consecutivos de retroceso:
Noviembre 2024: -1,1%
Diciembre 2024: -3,1%
Enero 2025: -4,4%
Febrero 2025: -4,3%
Marzo 2025: -2,9%
(El Observador.com,14.5.2025)
Las causas y las explicaciones para un proceso de deterioro que se inició hace varias décadas, tanto de parte del sector gubernamental, como de las propias organizaciones agrícolas, ya hasta suenan reiterativas y desgastadas.
El Banco Central explica en su Informe de Política Monetaria de abril que la actividad agropecuaria se vio afectada de varias formas debido a situaciones climáticas: se produjo una merma en la producción orientada al mercado externo, como la de banano y piña. Hubo una menor producción en actividades agrícolas de ciclo corto, como papa, hortalizas, plátano y cebolla.
Mientras que, desde la Cámara de Agricultura y Agroindustria, “el sector agropecuario nacional atraviesa una grave crisis”, que, desde su perspectiva, obedece a varios factores, entre ellos los fenómenos climáticos adversos, que están generando una baja en la producción y otro es la pérdida de competitividad en las actividades agroexportadoras y del mercado interno, debido a la apreciación del colón frente al dólar.
Pero éstas son razones coyunturales y el deterioro de la actividad agropecuaria, responde a causas estructurales, relacionadas con las transformaciones del modelo de desarrollo económico impulsadas a lo largo de 4 décadas, dirigidas a la apertura comercial y al establecimiento de una economía de servicios, en la que predomina la inversión extranjera y en la que la actividad agrícola es una actividad secundaria y hasta marginal (la producción para el mercado interno).
De ahí que, que la reducción en el área sembrada de cultivos para el mercado nacional, ya no sorprenden y hasta parecen anecdóticos, como las datos de que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos, pues pasó de 154.658 en 1990 a 36.226 en 2023. La disminución es del 75%. lo que se refleja en la cantidad de personas empleadas en ese sector.
Otro ejemplo es la cebolla, en la que la producción nacional de este producto cayó en el 2024, hasta uno de sus puntos más bajos de la última década, con unas cifras que pasaron de 45.585 en el 2023 a 35.788 toneladas métricas en el 2024, que según el Consejo Nacional de Producción (CNP) representa una disminución del 21,5%.
Como lo apuntábamos en un artículo anterior denominado, La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos, se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo (piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento desmedido de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o recientemente con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(surcosdigital.com,1-10-2024)
Igualmente lo señalábamos en otro artículo titulado Los Cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 confirman la tendencia al deterioro de la actividad agrícola. En ese artículo se mencionaba que la encuesta tenía entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años.
El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales, era provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.
En un artículo todavía anterior, denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector, decíamos que el país y sus regiones, fueron autosuficientes y soberanos en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y a veces hasta los huevos, el azúcar y el café.
La producción agroalimentaria para el mercado interno ha ingresado en el círculo perverso del comercio alimentario, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, aumento de los precios al consumidor y crecimiento de las ganancias de los importadores y empobrecimiento de los productores nacionales, que algunos políticos celebran con júbilo.
Mediante continuos artículos en defensa del agricultor y de la agricultura nacional, hemos estado escribiendo junto a algunas instituciones con intereses similares, la historia negra o la obra dramática del agricultor y la agricultura nacional, que ve desaparecer de manera inexorable una ocupación y una actividad que es parte de la identidad nacional y que en otros países consideran estratégica: la producción de alimentos.
El Informe del Estado de la Nación 2023, decía que “La disminución en la producción de granos básicos compromete la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pues no promueve una oferta suficiente y constante de alimentos que garantice la satisfacción de las necesidades de la población”.
En tanto, la Defensoría de los Habitantes en una investigación realizada el año anterior, afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
Sin embargo, no hay mejor explicación a la situación de los agricultores y de la agricultura nacional, que las manifestaciones de los propios agricultores, que cada semana concurren a las ferias del agricultor a pesar de los diversos problemas que enfrentan “para seguir siendo productores”.
El mes pasado y en relación con la situación de la producción y comercio de la cebolla un productor de Tierra Blanca expresó que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, en la que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.
Otro productor de Santa Ana, afirmó que “eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, la lógica es clara, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.
Y finalmente una productora de San Carlos, que vende en la feria del agricultor de Cartago, tubérculos, maracuyá y plátano, expresó que “ya no aguantamos más, los insumos altísimos, la gasolina también, nos cobran todo y para el gobierno no existimos, nos quieren desaparecer, mientras que en otros países cuidan y chinean a los agricultores.
La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.
La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.
La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.
También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.
Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.
La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.
Comuicación
Defensoría de los Habitantes
Comunicado
A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.
Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.
Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.
– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm
– Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.
En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.
Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.
Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.
Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?
Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.
El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.
El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.
Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.
No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).
El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).
Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.
Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.
Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.
Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.
En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.
Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.
La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:
Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.
Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.
Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.
Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.
La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.
Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.
El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.
Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.
La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.
Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.
Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.
Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED
Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.
Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.
Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.
Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.
Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.
Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.
Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.
El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.
Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.
Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.
Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.
Es increíble que un país como Estados Unidos de Norteamérica esté persiguiendo y deportando a los inmigrantes, cuando la realidad es que en EEUU conviven una gran cantidad de ellos y ellas, además de que es un país que fue formado por migrantes.
Ante la cruzada de Donald Trump contra los migrantes, recordemos que en EEUU y reiterando, coexisten una gran cantidad de inmigrantes, los cuales son de múltiples naciones del orbe.
La variedad de nacionalidades está representada, al menos, por México (por ejemplo, con el 23% de los inmigrantes nacidos en México en 2022), India, China, Filipinas (estos países también tienen una presencia significativa, representando el 6%, 5% y 4% de los inmigrantes, respectivamente), El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Vietnam, Cuba y República Dominicana (también tienen una población inmigrante considerable en EE. UU.).
Países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú también aportan un número importante de inmigrantes a Estados Unidos. En general, la inmigración a EEUU proviene de diversos países alrededor del mundo, reflejando la diversidad cultural e histórica del país norteamericano.
Según el último estudio del Centro de Investigación Pew (el Pew Research Center), es un grupo de expertos estadounidenses no partidista con sede en Washington, DC, que proporciona información sobre temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Destaca que más de 46 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, una cifra récord, y además señala que, hasta 2022-2023, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera legal.
El 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados (tenían la nacionalidad), el 24% eran residentes permanentes legales (LPR) y el 4% eran residentes temporales legales. El resto, el 23%, residía irregularmente en el país. Son 11 millones de personas.
Los datos anteriores son hasta el 2022-2023, por lo que es posible que hayan aumentado, es decir, se desconoce cuánto, ya que algunos abandonan el país, otros mueren y otros se regularizan.
Ahora, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, USCIS, en 2024 se les otorgó la nacionalidad estadounidense a 815.500 personas, lo que supone un 7% menos que en 2023.
México es el país líder con el 31,1% de las nacionalizaciones, seguido de India con el 6,1%, Filipinas con el 5%, República Dominicana con el 4,9% y Vietnam con el 4,1%.
Estas personas nacionalizadas residen en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Pensilvania, Massachusetts y Virginia.
Por ejemplo, las Estadísticas de Naturalización del Año Fiscal 2024 en EEUU: en Massachusetts 23,600, Washington 23,500, todos los demás 238,700; total, 818,500.
Ya es conocido, por otro lado, que, aunque Trump afirma querer deportar a hasta 11 millones de inmigrantes, los análisis publicados por The New York Times y The Washington Post indican que podría ser difícil expulsar a muchos de ellos bajo la legislación estadounidense vigente. El único grupo fácil de expulsar (son aquellos con antecedentes penales) es relativamente pequeño, con unas 650.000 personas.
En fin, la mayoría de los inmigrantes, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en EEUU, han vivido en el país durante muchos años. Casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero han vivido en el país durante dos décadas o más, y más de dos tercios han vivido en el país durante al menos 10 años. Solo el 20% llegó en los últimos cinco años.
Esto significa que muchas de las personas que probablemente serán objeto de deportación en los próximos meses son miembros establecidos y de larga data de la sociedad estadounidense.
En resumen, en EEUU, la población inmigrante podría superar los 13 millones de personas en 2025, según estimaciones de organizaciones como Migration Policy Institute y Pew Research Center. Además, hay al menos 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas en el país. Se espera que las deportaciones se mantengan en niveles similares a los de 2024, con la mayoría de los vuelos dirigidos a América Latina.
Población inmigrante: Se estima que la población inmigrante en Estados Unidos podría superar los 13 millones de personas para el año 2025.
Inmigrantes indocumentados: Hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Deportaciones: Las deportaciones se mantienen similares a las de 2024, con el 90% de los vuelos dirigidos a América Latina.
Impacto de la política: El enfoque del gobierno en deportaciones y las nuevas leyes pueden afectar significativamente a la comunidad inmigrante.
Origen de los inmigrantes: La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de México, India y China.
Nuevas leyes y reglas: Se implementarán nuevas leyes y reglas migratorias, como la que requiere el registro de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días.
Es decir, a partir del 11 de abril de 2025, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que permanezca en Estados Unidos por más de 30 días deberá registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Además, en 2025 ha traído importantes noticias en el ámbito migratorio, especialmente para quienes buscan trabajar temporalmente en EEUU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha aprobado un aumento temporal en la cantidad de visas H-2B para trabajadores no agrícolas.
En fin, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han implementado nuevas medidas destinadas a fortalecer los procesos migratorios y agilizar solicitudes pendientes hasta el 2025. A continuación, le presentamos algunos de los aspectos más destacados:
Extensión de programas temporales: El gobierno ha ampliado programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para países como Honduras, El Salvador y Haití. Esta medida permite que miles de personas puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen mejoran.
Nuevas prioridades en deportaciones: La administración actual ha decidido enfocar los esfuerzos de deportación en individuos con antecedentes penales graves. Por otro lado, se están reduciendo las deportaciones de personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, marcando un cambio positivo para muchas familias en situación irregular.
Actualización del sistema de visas: El Departamento de Estado ha comenzado a digitalizar más procesos relacionados con visas de trabajo y reunificación familiar. Esta modernización tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, facilitando el acceso a beneficios migratorios de manera más eficiente.
No obstante, estos datos pueden variar de acuerdo a las políticas migratorias de Donald Trump, ya que, como hemos visto, hoy dice una cosa y mañana otra.