Comunicado
Posición política de la Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria sobre expediente No. 21.182 proyecto de ley jornadas flexibles.
Las organizaciones sociales y productivas que participan de este espacio de diálogo nacional como mecanismo de encuentro ante la distancia acrecentada entre los poderes de la república, los sectores sociales y productivos, organizaciones diversas y de carácter asociativo como las organizaciones comunales, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, colegios profesionales, organizaciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como otras de instancia institucional como las universidades públicas desde las federaciones estudiantiles, pero además, otras de carácter autónomo y coyuntural que en los últimos meses han sido fuertemente afectadas por el abandono estatal, tales como las organizaciones del sector agrario y agroindustrial, otros también de carácter cooperativa y privado con algunas cámaras empresariales en estrecha vinculación.
La mesa desde su conformación en el 2020, en el contexto de la crisis sanitaria, han posicionado una agenda amplia de grandes ejes y temas alrededor de una ruta por la defensa del Estado Social y Derecho, que aporte en la reconstrucción económica que nuestro país necesita con equidad y justicia social ante la desigualdad y pérdida de oportunidades de bienestar social y económico que ha devenido del Estado Social de Derecho, pero que se encuentra en amenaza ante la insistencia de una reconfiguración de sociedad en detrimento de la calidad de vida.
Por esto, la posición la mesa, respetando las propias organizaciones quienes tienen sus propios criterios y matices en autonomía de a sus procesos y realidades- concluye en un rotundo NO a cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad social y las garantías laborales, irrenunciables, que hemos alcanzado y heredado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, entre ellos: C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso, C087 – Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo, C144 – Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), C014 – Convenio sobre el descanso semanal (industria), C089 – Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), (núm. 89), C095 – Convenio sobre la protección del salario, C102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), entre otros muy importantes.
Asimismo, nuestro NO, se fundamenta en la preocupación que ante la búsqueda de sectores empresariales y productivos por el no pago de horas extras, se pretenda legitimar desde la legislación, promoviendo la precarización laboral causando un serio detrimento, que nuestra propia constitución política nos garantiza en el Capítulo V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES, específicamente en su artículo 58, que lo establece de la siguiente forma:
“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Sabemos la realidad en la que se encuentra el país, y lamentamos mucho que se pretenda una regresión de garantías sociales, y no se busquen alternativas progresistas para la reactivación económica y refrendar los derechos laborales adquiridos, donde el futuro del trabajo se encuentra a las disposiciones de los avances tecnológicos, automatización de los trabajos mecánicos, la importancia de los trabajos de cuido, asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud.
Consecuentemente nos alarma asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud. Consecuentemente nos alarma alerta que de esta propuesta de jornadas flexibles quienes serían la población mayormente afectada sean: mujeres, personas jóvenes, adultas mayores y personas en condiciones especiales pues son quienes enfrentan los peores efectos de la crisis del trabajo en nuestro país por el escaso acceso a un trabajo digno, engrosando cerrilmente índices de desigualdad, no garantizando la propuesta lo contrario.
Aspiramos a estar mejor cada día, y utilizamos como ejemplo países como Suecia, entre otros, donde ante esta evolución del trabajo en un mundo que migra a la automatización, en lo contrapuesto han adoptado experimentado con jornadas laborales de 6 horas diarias, con la oportunidad de tener su salario completo pese a la reducción del tiempo laborado, lo que ha generado mayor productividad, personas trabajadoras alegres y eficientes.
Los beneficios de mantener una jornada laboral más corta se evidencian en el aumento del tiempo de ocio y de compartir con seres queridos, en un aumento de la salud, productividad, reducción de índices de ausentismo y rotación de personal, mejor actitud y mayor motivación en el trabajo.
No obstante, si la insistencia de las mayorías parlamentarias, el oficialismo y ejecutivo es proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que este proyecto solo sea aplicable a aquellas empresas como zonas francas, quienes ya tienen implementadas modalidades de horario similares, que los derechos laborales de estas personas, puedan garantizar como mínimo a partir de convenciones colectivas, la inspección laboral-ocupacional, redes de cuido, y el pago de horas extra.
No obstante, y frente a la insistencia de mayorías parlamentarias, del oficialismo y el ejecutivo en proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que dicha ley sea acotada únicamente a zonas francas, en el entendido de que para aquellas empresas de zonas francas que ya de manera de hecho mantienen jornadas mayores a las 8 horas, incluyendo horas extras.
Por lo que existe la necesidad, de que esta ley pueda delimitar puntualmente las actividades en zonas francas, a su vez dotar de seguridad jurídica tanto al empleador como a las personas trabajadoras, garantizando los derechos laborales de estas personas, puedan a partir de los procesos de negociación vigentes como las convenciones colectivas, la incorporación de los criterios de inspección laboral-ocupacional, redes de cuido y pago de horas extra, como mínimo para salvaguardar la seguridad social de todas las personas trabajadoras, sobre todo en el sector privado.
Finalmente recomendamos que las vías para el fortalecimiento de la construcción de proyectos de ley de esta índole debe pasar por la consulta amplia de sectores sociales y productivos determinados en el tema, vías que conocemos como ejercicios de diálogos multisectoriales, que al más alto nivel permiten construir consensos país, sin importar las diferencias de sectores que puedan existir alrededor del tema, sabemos que la política de realidades es una democracia que se construye en las diversidades y disidencias.
‘’La mesa de diálogo social y productiva aboga una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria considera, no solo la libertad de prensa afecta nuestra estabilidad democrática en el país, propiciar la regresión en la seguridad social y los derechos humanos y laborales adquiridos y alcanzados de las personas es la mayor amenaza a la democracia en Costa Rica, nunca vista”.
Imagen ilustrativa. ONU.
