Manifestamos nuestra preocupación por la escalada de violencia desmedida y emprendida en contra del pueblo de Jujuy de Argentina, con el único anhelo de fortalecer el neoliberalismo extractivo en la región y controlar agresivamente a las poblaciones, por medio de una reforma constitucional, que desconoce la existencia de pueblos indígenas y de diferentes grupos sociales en el territorio.
Nos oponemos a toda clase de violencia que enluta a familias pobres de Argentina, principalmente a las del Pueblo Jujuyano y que violenta los derechos fundamentales reconocidos por el consorcio de naciones, principalmente el de la vida, la libertad y la paz.
Como cristianos y no cristianos, que tenemos como principio la “No Violencia Activa” y como mandamiento “el amor al prójimo”, manifestamos que resolver los problemas sociales, políticos y económicos que quejan a las poblaciones, principalmente pobres, no se debe hacer con el uso de la fuerza, porque no solo va en contra de los principios reconocidos internacionalmente bajo la doctrina de los derechos humanos y contra el Estado de Derecho, sino que también violenta todos los preceptos cristianos, de no atentar contra la vida de los demás.
“¿Que has hecho de tu hermano?”, es un principio bíblico que debemos comprender su dimensión. Esto significa que no podemos ir en contra de nuestro hermano, solo porque no está de acuerdo con nuestras ambiciones e intereses. Es por ello, que implementar reformas a las leyes y en particular a la Constitución que es el acta fundamental para una convivencia pacifica y armónica entre los ciudadanos, no es justo, y es más quererla violentar con acciones de amedrentamiento y represión, solo es fruto de gobiernos dictatoriales, represivos y genocidas, que supuestamente en este siglo XXI no deberían existir, para instaurar una verdadera democracia con justicia e igualdad.
Como personas, hombres y mujeres, comprometidos con la defensa y protección de la vida de los pueblos originarios y afrodescendientes que además son los más empobrecidos por el sistema, por quienes hemos hecho nuestra opción, hacemos un llamado urgente, “a la instauración de un diálogo constructivo, intercultural e igualitario”, para terminar con la violencia y evitar el derramamiento de más sangre inocente.
Responsabilizamos a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy de la actual escalada de violencia, y hacemos un llamado al Gobierno de Alberto Fernández y los poderes del Estado de Argentina, a convocar urgente a un diálogo entre las partes y a velar porque estas violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad.
Abya Yala 22 de junio del 2023
COMISION PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES de SICSAL – CONVIDA 20 y adherentes a este comunicado
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios 21 de junio 2023
A diferencia de lo que hoy en día leemos en los medios de comunicación masiva, donde se teme la desaparición de la CCSS, en junio de 1943, hace 80 años se anunciaba en el periódico Trabajo en la página 2 de la edición de 19 de junio de 1943, la publicación de la creación de las garantías sociales en nuestra Constitución Política, donde se crea la CCSS, universidades públicas y el Código de Trabajo, todo en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.
Estas instituciones creadas para ejecutar las acciones que garantizarán esos derechos fundamentales sobre cualquier decisión política, se separan de la gobernanza del Poder Ejecutivo y en la Carta Magna se consigna la autonomía, para evitar la intromisión de poderes y así evitar la concentración del poder, hoy asistimos peligrosamente a un fenómeno socio-político totalmente inverso y riesgoso.
Ese fue el Estado de Derecho que por teleología de la norma se consigna.
¿En qué momento nosotros los trabajadores de la CCSS y los ticos y ticas permitimos que se empezara a violentar este Estado de Derecho?
Mucho por la buena fe, no se cuestionaron leyes donde el Poder Ejecutivo empezó a nombrar la Presidencia Ejecutiva de la Caja y sin percatarnos de que eso violentaba la gobernanza, se dejó pasar.
Pero desde 2018, donde se han querido crear normas de menor rango al constitucional, para lograr concentrar el manejo de la CCSS y demás garantías sociales en el Poder Ejecutivo, se han ejecutado acciones, que hoy de facto dejaron en una absoluta nulidad de acciones a la Caja. Por ejemplo:
– El nombramiento de la presidencia ejecutiva por Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de la República, la destitución de los miembros de la Junta Directiva, propios de la conformación tripartita de la misma.
– Donde algún miembro del sindicato es destituido y sustituido por el designado por el Poder Ejecutivo violentando toda norma legal y constitucional interna y otras de alcance internacional.
Todas estas acciones que dejan sin quorum estructural legal la Junta Directiva de la CCSS hoy en día tienen a esta institución en un vacío legal, pues al estar mal conformada la Junta Directiva, sus acuerdos están viciados de nulidad. Esa es hoy la realidad de la CCSS.
¿Qué acciones vienen a complementar esta catástrofe en la gobernanza de la CCSS?
El primer paso del golpe, separación del Presidente Ejecutivo, Don Alvaro Ramos Cháves.
El segundo paso se consumó mediante un acto autoritario y a nuestro gusto inmoral, el Señor presidente separa a los representantes electos por los sectores sociales (sindicalismo, cooperativismo y solidarismo).
Hecho a todas luces ilegal, pero que se está dirimiéndose en una Sala Constitucional que no parece entender que tiene en sus manos una gran parte de la restitución del Estado Social de Derecho y la institucionalidad patria.
El tercer paso se ha venido consumando, de 6 Gerencias han removido a 5 mediante argucias diversas y han colocado recurso humano interno, pero de un perfil medio o bajo en términos técnicos o profesionales, violentando presuntamente hasta donde entendemos procesos y requisitos.
Lo cual no importa, pues la tarea del control político total de la Caja impone colocar personas que solo muevan la cabeza, ya sea por unos meses de fama, por miedo o por muchas otras razones muy sencillas de entender.
El cuarto paso fue dirigido al control institucional de las direcciones del nivel central. Este proceso ha venido desarrollándose a un ritmo bastante paralelo al de las gerencias. De esas direcciones han removido con argumentos cuestionables igualmente a varios funcionarios.
Quedan en pie según nuestro recuento, solo seis directores del nivel central, veamos:
Licenciada Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial (la que se presta al juego político de destrucción de la Caja), maquillando presuntamente informes para doña Marta Esquivel, ojo la gravedad.
Ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, que aparentemente se ha prestado para todo el tema de suspensión de proyectos, inclusive que podrían estarle encargando trabajos fuera de su competencia y por otra parte, se estaría debilitando el sistema de planificación, según nos indican, ojo qué riesgo.
Licenciado Luis Rivera Cordero a cargo de la Dirección Financiero Contable (fungía antes en la dirección del SICERE). Esta dirección y su control político, es pieza clave en debate financiero actual dentro de la Caja. Las causas de por qué lo colocaron ahí son fáciles de asociar al contexto, pero está claro que el que estaba antes, licenciado Iván Guardia Rodríguez, no tenía la confianza política suficiente y además es uno de los 18 imputados, que ahora han sido prácticamente sobreseídos de los presuntos cargos de corrupción por la fiscalía.
Director de Presupuesto licenciado Sergio Gómez Rodríguez: En posible proceso de remoción o a vacaciones. A este funcionario no dudamos le tienen total desconfianza política, pues es uno de los que éticamente suscribió un documento altamente técnico que indicó que los números presentados por la Dirección Actuarial no correspondían a la realidad financiera de la Caja, se imaginarán el posible hostigamiento laboral contra este funcionario.
Director del FRAP (Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la Caja, Licenciado Víctor Fernández Badilla. Sin duda al igual que otros funcionarios de este nivel, no dudamos mantiene un perfil bajo ya que hace meses se desarrolla en la Caja una política de presunto hostigamiento laboral.
Director de Pensiones licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, que nos parece mantiene un perfil similar en razón de lo que se deriva del contexto institucional, cuyos rasgos son de una posible pero abierta persecución política.
El paso quinto para profundizar el golpe de estado de facto en la Caja está dirigido a controlar la Gerencia General o Gerencia de Innovación, como le quieran llamar. Todo sin sustento técnico.
Parece que la Junta Directiva de la Caja de forma secreta (tiene la Junta Directiva de la Caja un acuerdo interno de confidencialidad), va a «nombrar» a don Juan Ignacio Monge Vargas (que renunció a su cargo de director de la Caja a partir del 30 de junio 2023), de forma «interina» en el cargo de Gerente General para evitar cualquier concurso público, lo cual parece ser a todas luces un acto inmoral y recurrible por sus posible invalidez e ilegalidad.
Ahora bien, parece que luego de ese supuesto «nombramiento interino”, van a sacar a concurso la plaza de Gerente General, abrase visto tal falacia, pero sin duda el tiempo interino no será mera casualidad, pues los tiempos políticos para estas movidas están bien pensados.
Y para colocar la flor en el ojal, el paso sexto según ha trascendido de manera informal (estamos recabando documentación), aunque la opacidad institucional en estos temas descritos es de un manejo hiper secreto y centralizado, al mejor estilo de una dictadura. Pero todo indica que la Junta Directiva tomo un acuerdo e informó en una sesión virtual por zoom, que todas las plazas de directores médicos de todos los centros de salud saldrán a concurso y pondrán como uno de los requisitos esenciales para su asignación, la atención de las listas de espera y donde se va a obviar la normativa técnica.
Además, no se consideraría la capacidad instalada de cada centro de salud, exigiéndose a todos cumplir, a pesar de no tener especialistas, salas o las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Según nuestras modestas indagatorias, se realizó un consejo extraordinario de directores el 21 de junio 2023, e informaron de la medida adoptada e indicaron desde el buró político central de la Caja, presidido por la General Marta Eugenia Esquivel, que por favor no lo tomaran como una amenaza. Y remarcaron como mencionamos que la medida de evaluación serán las listas de espera.
Esa es la intención de la Junta Directiva según parece.
El paso séptimo, que suena en los corrillos políticos, es que el presidente de la República pretende firmar un decreto para que en los concursos en propiedad de la CCSS se posibilite la participación de internos y externos, ojo con la gravedad de esta posible movida política.
Esta descripción de presuntos hechos unos en desarrollo, otros consumados, los aportamos a partir de humildes investigaciones y el esfuerzo aspira exclusivamente a que se tenga un acercamiento a lo que realmente está sucediendo en la Caja en lo estructural y estratégico.
Aspira igualmente a que los distintos liderazgos sindicales internos de la Caja y sus homólogos de los movimientos sociales avancen en la comprensión del riesgoso proceso en franco desarrollo, y de manera urgente, se tiendan los puentes políticos y se articule aún más la defensa de la Caja con los distintos espacios de lucha social y avancemos hacia una gigantesca movilización social que le abra los ojos al `presidente y a otras fuerzas políticas y le obligue a un viraje real que encarrile de forma efectiva el tren de la paz y la inclusión.
Hoy solo nos queda tener fe en el Poder Judicial y a la Contraloría General de la República que den curso a las acciones presentadas, así como en cumplimiento de sus deberes, para retomar el Estado de Derecho.
¡Unidos por la CCSS, unidos por la familia y por nuestras futuras generaciones!
La Junta Directiva Central del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), por intermedio de su Vicepresidenta la Licenciada BESSY YOLANDA ESCOTO BERRIOS y como Secretaria de la Mujer de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centro América (FOMCA), se pronuncia públicamente por los lamentables hechos que se dieron el día martes 20 de junio, en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicado en la Comunidad de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, que dejó como consecuencia la pérdida humana de un número superior de cuarenta MUJERES privadas de su libertad y otro número considerable de mujeres heridas, muchas de ellas con procesos judiciales aún sin sentencias, por lo que nos pronunciamos y solicitamos que las Autoridades Gubernamentales atiendan las siguientes propuestas:
PRIMERO: Que se investigue ampliamente el incidente que se transformó en tragedia nacional, para determinar las responsabilidades que dieron lugar a un siniestro de tal magnitud y con las proporciones que implicaron la muerte de las reclusas, detallando las causas y los posibles responsables por acción u omisión de esta tragedia.
SEGUNDO: Que los hechos suscitados sean valorados con perspectiva de género, tomando en cuenta la condición de mujeres de las víctimas, para medir el impacto de una posible negligencia institucional.
TERCERO: Que las familias, especialmente las hijas e hijos de estas mujeres reciban apoyo por parte del Estado, ante la lamentable pérdida que han sufrido.
CUARTO: Que se mejoren en forma inmediata las condiciones carcelarias, ya que en la actualidad son condiciones infrahumanas, que afectan a las privadas de libertad y que incluyen garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentran en la señalada condición.
Finalmente la Vicepresidencia del PRICPHMA y Secretaria de la Mujer de FOMCA, se permite elevar a las familias dolientes el más sentido pésame al tiempo que se compromete a dar seguimiento a las investigaciones de estos lamentables hechos, para que se deduzcan las responsabilidades a quienes corresponda.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en Costa Rica existen más de 700 asentamientos informales.
San José, Alajuela y Cartago concentran los asentamientos humanos irregulares con mayor riesgo de desastre.
En Costa Rica, centenares de familias habitan, trabajan y viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que en nuestro país existen más de 700 asentamientos humanos informales, conocidos popularmente como precarios, barrios marginales y tugurios.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en la Gran Área Metropolitana (GAM) hay un total de 296 asentamientos humanos informales, que acogen a más de 132 000 personas. Es decir, esta zona urbana engloba el 40 % de este tipo de establecimientos en el país.
Alrededor de estos asentamientos informales también coexisten tres cuartas partes del total de la población costarricense en solo el 14 % del territorio nacional, cifra que confirma la alta densidad poblacional de la GAM.
Aunada a la alta concentración poblacional en las zonas urbanas, se presentan otros factores como la inequidad, la falta de acceso al suelo, la inmigración y la pobreza extrema, que han provocado que dichos sitios sigan consolidándose a lo largo y ancho del país.
Este fenómeno es común en Latinoamérica y se espera que, en las próximas décadas, crezca aún más la cantidad de personas que viven en barrios marginales, como resultado de la desigualdad social.
Esta situación implica que miles de personas en nuestro país vivan expuestas al riesgo de desastre (incendios, inundaciones y deslizamientos), debido a que los barrios y lugares que habitan se encuentran ubicados en áreas que no cumplen con las condiciones adecuadas de ordenamiento territorial. Sumado a ello, persiste el hecho de que Costa Rica —al ser un país tropical y en vías de desarrollo— se ve afectada por amenazas hidrometeorológicas o climáticas.
Es así como, con el propósito de ofrecer una solución y una herramienta para calcular la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad de las personas que viven en estos lugares, el Dr. Adolfo Quesada Román, geógrafo e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), creó un índice de riesgo para los asentamientos informales de la GAM.
A mayor informalidad, mayor riesgo
El estudio Evaluación del riesgo en asentamientos informales en el Sur Global determinó que aquellos cantones con el mayor número de asentamientos informales de la GAM también concentran los asentamientos con mayor riesgo de desastre, por inundación, deslizamientos e incendios.
Entre los resultados destaca que las provincias con mayor cantidad de asentamientos informales son San José con un total de 181 establecimientos informales (61,14 %); Cartago con 51 unidades (17,22 %); Alajuela con 40 asentamientos (13,51 %) y Heredia con 24 establecimientos de este tipo (8,1 %).
Para elaborar el índice de riesgo de cada asentamiento informal, Quesada utilizó las variables de amenaza (se tomó en cuenta los valores de pendiente media y la distancia con respecto a los ríos), exposición (se observó y se midió la densidad de la población, la cantidad de viviendas y el área de construcción por cada asentamiento) y, por último, la vulnerabilidad (se tomó como base el Índice de Desarrollo Social del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)). Al respecto, véase la tabla uno.
Por otra parte, se determinó que los asentamientos informales con mayor riesgo de desastre de la GAM se encuentran en San José con un total de 49 asentamientos informales y un porcentaje de riesgo de 22,45, Desamparados con un total de 28 barrios marginales y un porcentaje de riesgo de 21,43, y Alajuela con un total de 25 asentamientos humanos irregulares y un porcentaje de riesgo de 24,00. En esta lista también destacan los siguientes lugares: la Unión, Curridabat, Goicoechea, Tibás, Cartago, Alajuelita y Heredia, tal y como se observa en la tabla dos.
Bajo índice de desarrollo social
Tras analizar estos resultados, el investigador vislumbró que los diez cantones que concentran las unidades de mayor riesgo también tienen como característica habitual una alta densidad de población, que ronda los 2 000 habitantes por kilómetro cuadrado, así como un bajo promedio en el índice de desarrollo social, en comparación con otras localidades vecinas.
Desde su perspectiva, en este último punto de índice de desarrollo social se puede observar cómo muchas de las comunidades con alto riesgo de desastre tienen niveles de abstencionismo en su participación electoral y también cuentan con problemáticas de inseguridad, violencia y criminalidad.
“Esto refleja que la gente está desencantada con la política, porque hay una desatención gubernamental en estos lugares, en todos los niveles y por esto es que la gente no participa y no ejerce su derecho al voto”, expresó Quesada.
Bethel, el barrio de Mayrene
El canto de los pájaros y el estar rodeado de árboles y mucha vegetación caracterizan al barrio Bethel, ubicado en San José de la Montaña de Barva de Heredia.
Contrario a la realidad de muchos asentamientos informales de la Gran Área Metropolitana, Bethel se percibe como un lugar seguro y tranquilo, en donde las decenas de casas existentes no contrastan de manera abrupta con el tipo de construcción de la comunidad que lo acoge.
Durante más de tres décadas, en este asentamiento humano irregular se han establecido alrededor de 28 familias. Su fundación como precario se dio en 1989, cuando las autoridades capturaron al dueño de la propiedad, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. De esta forma, algunas personas aprovecharon el momento para construir sus viviendas.
Con el paso de los años, algunas vendieron sus lotes a la mayoría de los vecinos que actualmente habitan Bethel, quienes adquirieron las propiedades de manera formal. Según datos de la Sección de Catastro de la Municipalidad de Barva, la mayor parte de las viviendas de este asentamiento cuentan con los planos y los títulos de propiedad correspondientes, de acuerdo con la ley.
Además, el escenario confirma que son escasos los ranchos en malas condiciones que aún permanecen en este precario, la mayoría de las viviendas son casas de cemento y bien edificadas, con acceso a todos los servicios básicos, alumbrado público y calle asfaltada con acceso a la carretera principal 114.
Mayrene Méndez Quirós de 41 años, madre de dos hijos y secretaria ejecutiva de profesión, forma parte de las personas que habitan en Bethel. Ella y su familia viven en este asentamiento desde hace más de 20 años.
Méndez recuerda que se establecieron en este lugar, luego de que su padre decidiera vender un lote pequeño que le fue heredado y utilizar ese dinero para comprar uno más grande en Bethel. Actualmente, dicha propiedad acoge a tres viviendas: la de Mayrene, de uno de sus hermanos y de sus padres.
“Mi papá tomó la decisión de venirse para este lugar porque el lote se lo ofrecieron en un precio muy cómodo y además era cuatro veces más grande que el que a él le heredaron. Como somos una familia muy numerosa, nos servía más tener una propiedad grande, por eso él vendió el otro lote y nosotros compramos aquí. Nos vinimos a vivir en los años noventa”, comentó Méndez.
En su opinión, Bethel es un barrio donde la mayoría de las personas vecinas conviven en armonía. En cuanto a la geografía del terreno, Méndez considera que el asentamiento es seguro, ya que son terrenos planos con pocas pendientes.
Sin embargo, Bethel se ubica en el puesto número 38 del Índice de riesgo de asentamientos humanos informales elaborado por la UCR, que fue catalogado como el de mayor riesgo de la provincia de Heredia.
En este sentido, Méndez infiere que el alto riesgo del asentamiento está asociado a que existe un sector del lugar que se encuentra en las cercanías de un río.
“La verdad no sabía que este lugar era de alto riesgo, desconocía el estudio, nosotros vivimos en el lado izquierdo de la calle donde no hay riesgo de nada, ni de deslizamientos ni de inundaciones. Quizás por eso nos sentimos seguros. Pero sí hay otros vecinos que están del lado derecho de la calle, que están muy cerca de un río, bueno le llamamos río, pero es un zanjón profundo. A ellos esto del riesgo sí les puede afectar mucho más”, dijo.
El autor del estudio, Adolfo Quesada Román, confirmó que el alto riesgo de este asentamiento se da debido a que se encuentra ubicado en una zona que naturalmente es peligrosa y en donde no deberían residir personas. Además, es un lugar con un alto nivel de amenaza, al tener una topografía con pendientes altas y al estar localizado en las cercanías de un río.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en Bethel habitan 77 personas, distribuidas en un total de 28 viviendas ubicadas en un área de 3722 metros cuadrados.
Además, como parte de la investigación, también se logró ubicar a un nivel más específico los asentamientos informales de mayor riesgo. Esta lista la encabezan barrios como Los Higuerones de Alajuela, Calle Valderramos de Río Azul de la Unión, El Muro de Concepción de Alajuelita, Los Ángeles de Guadalupe de Cartago, Barrio la Pista Sur- Guachipelín de San Rafael de Escazú, Nuevo Milenio de San Felipe de Alajuelita, entre otros, tal y como se aprecia en la tabla tres.
Por último, los resultados confirman que existe una correlación entre los cantones en los cuales ocurrieron los desastres históricos de Costa Rica y los municipios donde se ubican los asentamientos informales más riesgosos de la GAM.
“Este es un dato muy relevante en cuanto al tema de gestión del riesgo, porque se ve que los cantones que han sufrido el mayor número de desastres en los últimos 50 años son los mismos que también tienen asentamientos informales de mayor riesgo en la GAM: el cantón central de San José, el cantón central de Alajuela, Desamparados, el cantón central de Heredia y Cartago”, explicó Quesada.
En la tabla se observa el número de asentamientos informales en cada provincia, así como el grado de las variables de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Elaboración: Adolfo Quesada, UCR Román.
En su opinión, este tema de gestión del riesgo en los asentamientos informales no ha sido atendido desde la política pública por diferentes razones, entre las cuales destaca la voluntad política para establecer una ley para el ordenamiento territorial.
“En el país destaca un discurso que se da en el contexto de las campañas electorales, que es el de no desalojar a las personas que viven en asentamientos informales de alto riesgo, ya que la promesa de no desalojo de esta población representa votos a nivel de gobierno y municipalidades”, señaló el investigador.
Por otro lado, destacó el hecho de que estos lugares tienen garantizado el acceso a los servicios básicos, como agua y luz, por un tema de que son derechos humanos fundamentales. Sin embargo, “la falta de regulación ha permitido muchas situaciones con este tipo de asentamientos irregulares, desde la posibilidad de alquilarlos, venderlos, cederlos. Por esto, urge que las autoridades líderes y rectoras de esta materia empiecen a trabajar en el tema del ordenamiento territorial”, agregó Quesada.
Ordenamiento territorial
El estudio Evaluación del riesgo en asentamientos informales en el Sur Global forma parte del trabajo de investigación que realiza la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, con el objetivo de aportar conocimiento a los diferentes actores: tomadores de decisiones, instituciones públicas y ciudadanía en general, sobre los temas más urgentes del país.
Esta investigación fue publicada en el 2022 por la revista científica internacional Sustainability, un espacio interdisciplinario y abierto a publicaciones sobre sostenibilidad ambiental, cultural, económica y social.
Son pocas las investigaciones a nivel regional, dedicadas a estudiar el fenómeno del riesgo en los asentamientos informales ubicados en contextos urbanos. Por lo tanto, el propósito del estudio consiste en aportar una solución para gestionar y prevenir el riesgo de los miles de costarricenses que habitan en barrios marginales en la GAM.
Según Quesada, cada año, el país invierte entre un 1 % y un 2 % del producto interno bruto (PIB) en materia de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura por desastres. Tal monto se podría reducir a la mitad si el país decidiera trabajar desde un enfoque de prevención del riesgo.
Desde esa perspectiva, dicho estudio y sus resultados son una herramienta útil para que las instituciones públicas encargadas de la gestión del riesgo, tales como universidades, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Cuerpo de Bomberos, Gobierno, municipalidades, entre otras, puedan tomar decisiones más certeras en esta materia.
Asimismo, Quesada rescató que el tema de gestión del riesgo en los asentamientos informales toma aún más relevancia si se toma en cuenta que el desarrollo inmobiliario en Costa Rica se ha venido dando de acuerdo con lo que propone el mercado, y no por una ley que contemple los elementos vitales en materia de ordenamiento territorial. Por eso, persisten en el país problemáticas en cuanto a una alta concentración poblacional en la GAM, un inadecuado manejo de aguas y residuos, carencias en el aspecto vial, entre otros.
“Si nos ponemos a observar la lógica por medio de la cual se ha constituido y ha crecido la GAM, nos damos cuenta de que es una respuesta económica, no una respuesta ordenada de dónde naturalmente sería más adecuado construir, y es ahí donde vemos zonas muy forzadas. Por eso, desde las universidades hemos insistido en que es urgente la creación de una ley de ordenamiento territorial para regular que no se construya en lugares donde hay riesgo”, mencionó Quesada.
Por otra parte, se puede concluir que las condiciones de riesgo de los asentamientos informales en Costa Rica son muy similares a las que se viven en decenas de países pertenecientes al Sur Global o en desarrollo. Por tanto, los resultados de este estudio se convierten también en un ejemplo útil para todos los actores de la reducción del riesgo de desastres a nivel mundial.
A partir del voto de la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154, mismo que da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa sin consulta a pueblos Indígenas, nos preguntamos ¿Cuáles son los vínculos de estas acciones que violan los derechos de los pueblos orginarios?
Repasamos algunas de nuestras lecturas, y retomamos una discusión que sigue vigente en los esfuerzos institucionales por desconocer los derechos y participación de los Pueblos Indígenas, y nos referimos al Colonialismo Interno. Es el modo y forma mediante el cual las dinámicas de dominación y explotación encuentran los mecanismos para garantizar su reproducción y expansión en las diversas dimensiones de nuestras sociedades.
Parten de integrarse a los sistemas sociales, políticos y jurídicos del país, para favorecer así las desigualdades estructurales, justificando su existencia en las normas y «normalizando» las conductas racistas como muestras de la necesidad del «desarrollo».
En definitiva, lo podemos encontrar como la prolongación de las formas-modos coloniales de gestión, la defensa de privilegios y justificación de las formas de saqueo y explotación de los territorios donde habitan los pueblos originarios.
¡Estamos de fiesta! Festejamos un año del mural de Barrio Colonia del Sur, y que mejor forma de celebrar que compartiendo saberes y prácticas, por esta razón ponemos a disposición este documento que reune el proceso de reflexión que realizamos durante los talleres entre mayo a junio del 2023.
Entre las alegrías de los hallazgos, fue que nos permitió reconocer la relevancia de la participación comunitaria en la gestión de los espacios públicos, su significado e impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y su rol como dinamizador del involucramiento y la participación de las personas.
Esperamos este documento permita seguir explorando e inventado otras formas de creatividad para profundizar la vivencia del espacio público.
Conferencia Magistral a cargo del Sr.Tang Heng Embajador de la República Popular China en Costa Rica el próximom jueves 29 de junio, 5:00 p.m. en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica.
Transnacional Syngenta con sede en Suiza exportó clorotalonil prohibido en Europa en 2019
Costos de cisternas que abastecen desde octubre del 2022 a unas 10 mil personas han costado al AYA más de 100 millones de colones
Bloque Verde. La Unidad Unearthed de Greenpeace Reino Unido y Public Eye que es una organización no gubernamental Suiza, con más de 28 mil personas miembros y 50 años de incidir la conducta de las compañías suizas en países en desarrollo. También están preocupados por el ambiente de su país y por eso son testigos directos de lo que ha pasado con la contaminación con clorotalonil, su consecuente prohibición en la 2019 en la Unión Europea y ahora cómo las compañías lo exportan en países con débil legislación para regular agrovenenos, como el nuestro.
En Francia y Suiza vivieron exactamente la misma situación que experimentan las comunidades de Cartago. En Francia un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de 4 años, es decir es una molécula muy persistente.
“En Suiza unas 700.000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable y el costo de la descontaminación podría conducir a un aumento del 75% en el precio del agua.” asegura Laurent Gaberell investigador y activista sobre alimentación y agricultura de Public Eye.
La investigación fue realizada por el periodista nacional Alvaro Murillo desde inicios de año y revela impactantes testimonios que serán conocidos por medios, opinión pública y tomadores de decisión europeos desde el día de hoy.
Según revelan sobre la contaminación de fuentes de agua en Cartago “Las autoridades temen que esto podría ser sólo la punta del iceberg en un país donde las autoridades no tienen la capacidad de analizar su propia agua para detectar estos contaminantes”. Agrega que “nadie sabe cuántas personas en Costa Rica han estado expuestas a estos contaminantes ni por cuánto tiempo. Las autoridades costarricenses nunca han analizado sistemáticamente el agua potable para detectar la presencia de uno de los pesticidas más utilizados en el país.”
Según un informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado, en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Según datos aduaneros oficiales costarricenses analizados por la investigación “los productos de Syngenta representaron más de una cuarta parte (26%) de todo el clorotalonil importado a Costa Rica entre 2020 y 2022”. Es decir que es la principal empresa que suministra el producto al país. Syngenta es el mayor exportador de clorotalonil de la UE y se fabrica principalmente en la ciudad Suiza de Basilea.
Según asegura la investigación “la evidencia de estudios en países europeos donde el producto químico ya está prohibido es que los metabolitos del clorotalonil son muy persistentes en el medio ambiente y es probable que “deterioren significativamente las aguas subterráneas durante muchos años”.
Este 23 de junio el programa ALTERNATIVAS invita a escuchar “13 años del PRIDE en Costa Rica ¿Cómo se ha desarrollado el movimiento LGTBTIQ+ en nuestro país?”, en vivo a las 6:00 p.m.
Podrá escuchar el panel por medio de: Online Radio Box, Facebook Live, Spotify, YouTube, Radio Revolución, Soberanía, y Guanacaste FM.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
