El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.
La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.
Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.
Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.
Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.
Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.
Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.
Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.
[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023 Edición de enseñanza y aprendizaje
El segundo sábado del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo, para concientizar a la opinión pública acerca de las desigualdades económicas impuestas por el sistema económico y comercial a los pequeños productores y comerciantes, que procuran un precio justo para sus productos. El sistema de comercio entre países e incluso entre empresarios no siempre es justo, pues la oferta y la demanda impone e sus condiciones y en muchos casos los pequeños y medianos productores se ven afectados por la imposición de condiciones económicas por parte de las grandes empresas nacionales o transnacionales. Esta brecha se acentúa aún más en países en vías de desarrollo y subdesarrollados, siendo fundamental la inserción y participación de los pequeños productores en el mercado, en condiciones sociales y económicas equilibradas. Cada año, la campaña del Día Internacional del Comercio Justo se centra en un lema o tema. Para 2023, será «El comercio justo le sienta bien a todo el mundo». Porque el comercio justo respeta los derechos laborales y el medio ambiente, por eso le sienta bien a todos, porque algo que cuida el planeta y contribuye a la justicia social, no hace el mal a nadie. El comercio justo es un modelo alternativo y solidario de comercialización de productos y servicios a un precio justo, promoviendo el acceso al mercado de pequeños productores y trabajadores, bajo un esquema productivo y comercial justo y equitativo. Con ello se trata de beneficiar o favorecer a los pequeños productores ante las grandes multinacionales que presionan para que ofrezcan su producción a bajos precios, en condiciones ampliamente desfavorables. En aras de proteger esta modalidad alternativa de comercio, surgió en el año 1989 la Organización Mundial del Comercio Justo o World Fair Trade Organization (WFTO). Dios quiera que cada día se fortalezca esta iniciativa para que el comercio entre países y entre empresarios y productores y haya justicia en favor de los más débiles dentro de las relaciones comerciales.
Esta semana, como Orquesta Sinfónica Nacional, estuvimos tocando conciertos didácticos en instituciones educativas. Como parte de nuestras funciones, tenemos programas de extensión a comunidades en todo el país. Hoy nos recibió una escuela pública. Entre paredes deterioradas y una infraestructura deficiente, se asomaban las sonrisas de los niños y jóvenes que esperaban con gran expectativa nuestro concierto. Ver quizá violines, bajos, trombones o instrumentos de percusión por primera vez, es la causa de este gran asombro.
Hoy, sin embargo, en el corazón de nosotros los músicos, se anidaba un sentimiento de nostalgia, sentimiento nacido al conocer que quizá, este sea nuestro último año de vida como Orquesta, que la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional, se encuentra en cuidados paliativos y a punto de morir. Y no solo la orquesta, sino el Instituto Nacional de la Música, lo que se conocía como el Programa Juvenil, aquel programa que vieron nacer niñas y niños en los años 70. Esos jóvenes que por primera vez se acercaron a un instrumento y que incluso conforman hoy día, años después, puestos como profesores y músicos en la orquesta. La triste noticia del recorte presupuestario para el próximo año al Centro Nacional de la Música incluye a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Centro Nacional de la Música provocando un cierre técnico en la institución.
Parece impensable, la desaparición de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hoy es una realidad posible. ¿Como llegamos a esto? ¿Como empezamos a vislumbrar la pérdida de una institución como la nuestra?
Hacía unas décadas que el liderazgo político del país planteaba un estado social de derecho. Vivimos décadas exactamente de eso, un estado abocado a los programas sociales en educación, salud, cultura. Entre las grandes instituciones que se crearon, se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional. El programa Juvenil entonces, fue uno de los primeros en América, modelo copiado por Venezuela y demás países latinoamericanos, un ejemplo para el mundo de paz y democracia. Un país que decidió invertir en educación y cultura o por lo menos esa imagen hemos vendido en el plano internacional hasta ahora.
Hoy, a través de un marcado deterioro en los últimos meses, vemos como ese ideal, esa visión, se va exterminando. En una creciente y marcada disparidad social, el acceso a la educación y a la cultura se ha vuelto más compleja. A la larga, las manifestaciones artísticas, la educación integral, el acceso a la cultura, lo que es un derecho de todo costarricense, se volverá un privilegio de algunos pocos. Y aquel niño que nació en la pobreza, que necesita de los comedores escolares y que su única oportunidad de escuchar una obra sinfónica es a través de un concierto como el de hoy. ¿Que pasara con él? Se quedará en su triste realidad de paredes rotas y recursos escasos sin un SINEM al que asistir ni una banda a la cual escuchar. Crecerá viendo aquellos otros que si nacieron del lado correcto de la sociedad. Yo no me imagino una Costa Rica así, de hecho, no quiero una Costa Rica así. Yo nací en un estado social de derecho, un país en donde los programas sociales han sido una prioridad. Pero parece que ya no importan las sonrisas de los niños ni el asombro de un joven al escuchar por primera vez una sinfonía de Mozart. Plagados de problemas sociales, vemos una Costa Rica que se hunde cada vez más en la delincuencia y el desasosiego social, índices altos de asesinatos diarios y un marcado problema con el narcotráfico. Resulta ser al final del día, que dicha sonrisa vale menos que los dólares que se ahorran al cerrar programas. Un desarrollo integral de una sociedad no puede ir desligado del desarrollo cultural. Eso lo sabe un gobierno culto. Parece ser que nos quedamos sin tractores y sin violines.
Comunicado del Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
Costa Rica a la deriva… Se gestiona por la vía del oportunismo
Desafortunadas declaraciones (a Telediario canal 8) por parte del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, sobre la búsqueda del financiamiento para la ruta 27 ponen en evidencia el oportunismo, el machismo, el desconocimiento, la falta de criterio y sensatez de la administración actual. Acomodando (una vez más) las circunstancias para obtener provecho y beneficio, pero obviando principios éticos relevantes que benefician la colectividad.
El jerarca de uno de los ministerios cruciales en el desarrollo del país, trátese de transportes público y privado, construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras y vías, actividad portuaria, obra pública, entre otras funciones derivadas por ley, se refiere a las contrataciones públicas comparándolas como cuando se “busca novia, pero hay varias intenciones”.
Para no violentar de nuevo la dignidad de las mujeres que representan la mitad de la ciudadanía, y son sujetas de derecho a una vida libre de discriminación y violencia; no vamos a reproducir su censurable mensaje, en el que compara el oportunismo de su gestión, con el comportamiento patriarcal que “cosifica” a las mujeres colocándolas como productos de elección y consumo.
El país paga 5,3 millones de colones por minuto por concepto de intereses por préstamos a entidades internacionales. Estamos viviendo el año más violento de la historia en Costa Rica (solo hablando de crímenes). Se ha recrudecido la ola de violencia contra mujeres y niñas. Las mujeres siguen desempleadas, la salud pública peligra y vemos como se fortalecen nuevas formas de violencia y exclusión.
Este país apunta a la deriva con esta administración, y la ciudadanía amanece cada día con nuevas y más desagradables formas en las que se instrumentaliza el socavamiento de la institucionalidad pública. Son muchos temas que merecen discusión, pero no podemos permitir, que un jerarca se refiera a las mujeres de forma misógina como si fueran golosina o premio. Es inaceptable.
Las autoridades de gobierno y órganos de control deben exigir una disculpa pública y su renuncia por tratarse de una forma irrespetuosa de validar la relación con las mujeres, haciendo uso del oportunismo, en un contexto absolutamente machista.
Solicitamos a las señoras y señores del Consejo de Gobierno, que empiecen un procedimiento disciplinario contra un ministro, que no sólo no sabe hacer su gestión mediante procesos planificados y ordenados, si no que compara su oportunismo como el de un coqueteo machista y depredador.
Del pabellón que ocupó la Facultad de Derecho en las instalaciones que ocupó la Universidad de Costa Rica en barrio González Lahmann (frente a la actual Corte Suprema de Justicia) solo queda el templete esquinero como recuerdo y homenaje. No es casual que ese lugar se haya convertido en el centro neurálgico del Poder Judicial. Captura de pantalla del video conmemorativo del 180 aniversario de la Facultad de Derecho, UCR
Facultad de Derecho
Actividades de celebración se extenderán durante todo el año
Un Estado social y democrático de derecho no se construye de la noche a la mañana y tampoco es producto de generación espontánea. Para construir la nación que hoy es Costa Rica se ha requerido de la unión de muchos esfuerzos y el compromiso a largo de plazo de personas en distintas áreas de la función pública, así como la formación, investigación y proyección académicas constantes por parte de la que hoy es la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Esta unidad académica es la de más larga data en el país. Sus raíces se asientan en lo que fue la carrera de Jurisprudencia de la Universidad de Santo Tomás, fundada el 3 de mayo de 1843, hace ya más de 180 años. Por sus aulas han pasado miles de personas que han realizado extraordinarias contribuciones en la construcción de la nación desde la función pública y desde entes privados y no gubernamentales.
Rafael Obregón Loría, en “150 años de la creación de la Facultad de Derecho (1843-1993), Libro Conmemorativo.”
“…La Universidad de Santo Tomás fue creada por decreto número 11 de 3 de mayo de 1843 suscrito por el Dr. José María Castro Madriz, como Ministro General de Costa Rica, y en los considerandos de ese decreto, se nota la intención de los hombres que fundaron la Universidad. Se habla de la importancia de la instrucción pública para el país y como labor fundamental del gobierno. Se creía que el pueblo de Costa Rica, podría ser un pueblo libre y consciente de sus obligaciones cívicas al ser un pueblo culto y que la instrucción es el baluarte de la libertad del país. Se nota en este decreto las ideas que el Dr. Castro Madríz tenía sobre la importancia de la cultura nacional…”
Esta Facultad ha contribuido en la formación de mentes brillantes que posteriormente sirvieron en los máximos cargos de los tres Poderes de la República, en el Tribunal Supremos de Elecciones, en la Contraloría General de la República, en municipalidades y como representantes del país ante organismos internacionales, entre muchos otros cargos.
Para festejar esta contribución sostenida en tres siglos distintos, la Facultad de Derecho ha programado una serie de actividades para este año, las cuales iniciaron el 3 mayo con la conferencia magistral “180 aniversario del periplo histórico-jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (1843-2023)”, la cual estuvo a cargo de Tomás Federico Arias Castro, director del Área de Investigación y docente adscrito a la Cátedra de Historia del Derecho.
El contenido de esta conferencia se publicará de manera seriada en la sección Voz experta entre mayo y diciembre del presente año. A manera de introducción, seguidamente se resaltan los principales momentos de la historia de esta Facultad:
En 1814, el Ayuntamiento de San José promueve la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás para cumplir con la Constitución de Cadiz en lo relativo a la instauración de escuelas en los territorios americanos. Para ese entonces, Costa Rica y el resto de Centroamérica se encontraba en medio de una gran incertidumbre, porque aunque no se había alcanzado la independencia de España, la hegemonía europea era cada vez menor. Si bien había un incipiente mercado de bienes, la población todavía no tenía una organización política propia que le permitiera definir su futuro.
Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes
«Un saludo muy cordial a la Facultad de Derecho desde la Facultad de Artes. 180 años es un montón de tiempo y le han dado a este país un ordenamiento jurídico que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Gracias, Facultad de Derecho, por todo ese esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo y porque muchas de las cosas que tenemos ahora han sido fruto de ese esfuerzo, de ese talento puesto al servicio del pueblo costarricense. La Facultad de Derecho no solo se celebra dentro de la Universidad, sino se celebra fuera de la Universidad, para todo el país. ¡Larga vida a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica!»
Inicialmente, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás funcionó en un edificio que se ubicaba en lo que actualmente es el Banco Central de Costa Rica. Los estudios que ahí se impartían eran una mezcla entre la enseñanza primaria y secundaria; de ahí que, quienes deseaban obtener un grado profesional debían trasladarse a la Universidad de León, en Nicaragua, o a la Universidad de San Carlos, en Guatemala.
En 1854, la Universidad de Santo Tomás se trasladó a otro edificio ubicado al costado sur de la Plaza Juan Mora Fernández, donde actualmente se ubica el Ministerio de Hacienda, sobre la avenida segunda de San José. Un año antes, fue declarada pontificia, un giro religioso que no fue del completo agrado del sector liberal, corriente política que tomaría fuerza hacia finales del siglo XIX. De ahí que la Universidad de Santo Tomás fuera clausurada en 1888 para dar paso a una reforma educativa que fortaleció la educación secundaria en manos del Estado. Sin embargo, eso provocó que Costa Rica se quedara sin una institución universitaria por más de medio siglo.
Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras
«Quisiera felicitar profundamente a la Facultad de Derecho por esta actividad, por esta trayectoria tan importante que ha tenido para la historia de Costa Rica, por ser el cimiento del Estado de derecho, que es el que gozamos actualmente y que esperamos que sigan contribuyendo para fortalecerlo de cara al futuro, frente al contexto y la coyuntura crítica que vivimos en estos momentos.»
En 1941, la Escuela de Derecho se integró a la recién fundada Universidad de Costa Rica, en Barrio González Lahmann, frente a la actual Corte Suprema de Justicia, y, once años después, retomó su categoría de Facultad. En 1960 se trasladó al naciente campus de San Pedro de Montes de Oca, a pesar de que aún no tenía instalaciones físicas propias allí. De esta manera, el edificio de la Escuela de Economía compartió sus aulas con la comunidad de estudiantes y docentes de Derecho. Según recuerda Luis Baudrit Carrillo, egresado de la Facultad y exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, las clases de Derecho se impartían por la mañana, mientras que las de Economía se daban por las tardes.
Por su parte, María Eugenia Vargas Solera, estudiante de la primera generación de la Escuela de Derecho de la UCR en 1941 y quien es la abogada más longeva del país, recuerda que el traslado de la Facultad del “Potrero de los gallegos” (como solía conocerse al sector que hoy ocupa el primer circuito judicial de San José) al campus de San Pedro fue caótico porque implicó dejar las comodidades que ya se tenían para ocupar aulas prestadas. Inclusive, la biblioteca no tuvo un lugar adecuado para su funcionamiento por mucho tiempo. Además, señala que era muy incómodo trasladarse desde su casa en Barrio México hasta Montes de Oca.
Esa situación se mantuvo hasta 1977, año en el que estudiantes y docentes estrenaron un nuevo edificio a la entrada de la UCR, instalaciones que fueron ampliadas y remodeladas completamente en el 2018.
La conferencia de conmemoración de los 180 años de la Facultad de Derecho fue propicia para el encuentro de egresados y estudiantes. En la imagen, Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho, saluda a Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República y exalumno de la Facultad. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República
“El centro de toda nuestra legislación ha sido la Facultad de Derecho, que ha sido la que ha inspirado, tutelado, revisado y apoyado todo lo que ha sido este maravilloso país en 180 años. Es algo realmente grandioso y, como costarricense, me siento muy honrado de poder estar aquí, y como exalumno de esta Facultad mucho más todavía. La Facultad de Derecho tiene que continuar el mismo camino, brindar el soporte técnico que se requiere en las transformaciones que el país vaya teniendo de aquí en adelante, como lo ha hecho en el pasado.”
Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia
“El impacto de la Facultad de Derecho, sin duda, ha sido determinante en lo que ha sido la historia de Costa Rica. Actualmente podemos visualizar la estructura del Estado que tenemos, es un Estado social y le agregamos “de derecho”, hemos creado una cultura de respeto a los derechos de las personas, sobre todo en la dimensión humana y no cabe duda que en la formación del Estado que hoy tenemos, incluso de la sociedad que hoy tenemos, ha influido el quehacer jurídico. […] En esto, la Universidad sigue siendo el referente de la calidad en la enseñanza del Derecho debe ser, yo espero que nunca caiga en el facilismo, que siga siendo un ente rector de la educación jurídica, que las otras universidades que existan o que nazcan se rijan por los niveles que aquí se enseñan.”
Enrique Castillo Barrantes, excanciller de la República
«El impacto de la Facultad de Derecho en la historia del país ha dejado una huella profunda porque es la Facultad universitaria que le dio formación a los líderes del país desde el principio. Los grandes políticos del siglo XIX y del siglo XX y aún los actuales tuvieron su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ahí se sentaron los cimientos de la institucionalidad y de la democracia costarricense. Todos los presidentes fueron abogados en esos tiempos y fueron formados en la Escuela, de manera que ha dejado una huella muy profunda y la sigue dejando. […] Amenazas y periodos críticos, por ellos ha pasado el país muchas veces, pero la Facultad siempre mantuvo la misma línea recta de enseñar justamente lo que es un Estado de derecho, lo que es una democracia, lo que es un país con una institucionalidad fuerte. Esa es la ruta y yo estoy seguro que bastará con que la siga para que sigan sintiéndose sus efectos sobre el país.»
Isabella Tristán Valverde, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho
“Quiero dejar mi marca en el mundo porque siento que, si pasamos por esta vida sin hacerla más fácil y equitativa para otras personas, no vale la pena el tiquete de venida a esta Tierra.”
Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho
“Nuestros graduados han contribuido históricamente y siguen contribuyendo de forma notoria en el proceso de gestación, desarrollo y sostenimiento del Estado social y democrático de derecho costarricense y así como con la protección y justiciabilidad de los derechos humanos. […] Somos los primeros de la educación superior de Costa Rica y somos la piedra angular del Estado social y democrático de derecho costarricense.”
Ana Carmela Velázquez Carrillo, directora del Consejo Universitario
“Esta prestigiosa trayectoria de la Facultad de Derecho también le impone un gran reto, no solo de mantener el sitio de honor hasta ahora conseguido, sino superarlo, porque los tiempos que corren son duros, confusos y violentos, y han puesto en franco peligro la estabilidad jurídica nacional y esto exige el máximo de sabiduría de nuestra Casa y de la Facultad de Derecho, porque tiene los recursos intelectuales, éticos y morales para contribuir a esta solución.”
Carlos Palma Rodríguez, representante del área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario
“El impacto de la Facultad de Derecho en la historia del país es incalculable. La Escuela de Derecho, inicialmente, fue una de las instituciones que consolidó la democracia en este país. Y la consolidó con la formación de cientos, miles, de profesionales que llegaron a fundar las diferentes instituciones de este país y, básicamente, sentados en el Poder Judicial, base fundamental de una democracia; de tal manera que hay que ver a esta Facultad no solo desde el punto de vista del ejercicio profesional, sino del impacto que ha tenido en lo que es consolidar un Estado libre, democrático, un Estado social de derecho que ha permitido que este país viva en paz y mantenga una tradición civilista.”
Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
“Seguiremos siendo aliados de la Universidad porque es un compromiso país. Seguiremos siendo aliados en la defensa de la institucionalidad, de la autonomía universitaria y en la certeza de que la educación es el vehículo para la movilidad social.”
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
“Este aniversario es especial, no solo por recordarnos el crecimiento que puede tener una escuela de pensamiento, sino también por ser reflejo del propio crecimiento del país. En efecto, la hoy conocida Facultad de Derecho se ha destacado siempre por el prestigio institucional, también por la excelencia académica y la solidez de sus diversas y notables generaciones de docentes, estudiantes y personas funcionarias. Cada uno y cada una ha sabido promover y perpetuar la misión de una formación académica sólida sustentada en la enseñanza del Derecho desde una perspectiva humanista y jurídica comprometida con el desarrollo sostenible, el progreso social, económico y político del país.”
El sorteo del pasado 7 de mayo de la Lotería Nacional conmemoró los 180 años de la Facultad de Derecho.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
180 Aniversario de la Facultad de Derecho
El día de hoy, la comunidad académica de la Facultad de Derecho se complace en celebrar sus 180 años de emblemática historia, fungiendo como el pilar de la enseñanza, la investigación y la proyección social de las Ciencias Jurídicas del país. ¡Feliz cumpleaños a nuestra querida Facultad!
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
La campaña para exigir que Del Monte salga de territorio Bribri sigue y no se va a detener hasta que se vayan del territorio.
Nos vemos este lunes a las 9 am en frente del edificio Del Monte en Barrio Tournon, San José.
Venga a luchar por el respeto a los territorios indígenas y en contra de una empresa que envenena nuestra agua, destruye nuestros bosques y fumiga nuestras escuelas.
Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
Continúo enumerando causas de la raquítica situación del IVM.
Los seguros SEM e IVM de los trabajadores asalariados son siameses inseparables por disposición del artículo 73 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 17, pues conjuntamente constituyen el Seguro Social. El párrafo tercero del artículo 73 constitucional y reciente jurisprudencia, prohíben utilizar los fondos del Seguro Social para otros fines distintos a los propios de su creación: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.
En la resolución 115-2015 de la Sección Octava del Tribunal Contencioso y Civil del Ministerio de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea (Expediente N° 13-006261-1027-CA), consta que el Lic. Luis Guillermo López Vargas, confesó bajo juramento ante el Tribunal, que en ausencia de los fondos que el Ministerio de Hacienda debía trasladarle a la CCSS de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374: “Los recursos se ha (sic) tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.” Observen que relajo. Desde el año 1993 la CCSS asumió el primer nivel de atención de la salud -medicina preventiva- que estaba a cargo del Ministerio de Salud; pero el Ministerio de Hacienda le debía enviar mensualmente los recursos para financiar el 100% del costo trasladado. Los burócratas y políticos de la CCSS le facturan desde 1993 al Estado, si acaso un 3% del costo real de esa nueva obligación y el Estado -secuestrado por los gobiernos de turno-, no le pagó ni un centavo y ahora el Sr. López Vargas confiesa bajo juramento ante los Tribunales de Justicia, que en lugar de aplicar el ordenamiento legal -artículo 177 de la Constitución- tomaron ilegalmente los fondos de los trabajadores asalariados para tapar el hueco, sin importarles que eso estaba prohibido y que con esa acción descobijarían más al raquítico seguro IVM.
En esa sentencia se condenó al Estado a cancelar esa deuda multimillonaria e indeterminada aún, el Estado apeló ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual ratificó la condena (resolución No. 00197-2018). Cito lo indicado por dicha Sala: “La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidosni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).”, de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” La liquidación de sentencia aún permanece sin resolver.
Por disposición del artículo 22 de la Ley No. 17, la CCSS recauda una cuota única para el Seguro Social: “Artículo 22.- Los ingresos del Seguro Social se obtendrán, en el caso de los trabajadores dependientes o asalariados, por el sistema de triple contribución, a base de las cuotas forzosas de los asegurados, de los patronos particulares, el Estado y las otras entidades de Derecho Público cuando estos actúen como patronos, además, con las rentas señaladas en el artículo 24. (…)”
Esa cuota tripartita -actualmente de un 26,16% sobre los salarios- debe ser separada en dos cuotas, por disposición del artículo 32 de la misma Ley que ordena: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo.”
Esa misma ley dice en el artículo 33, que el régimen de reparto es el SEM y en el artículo 34 señala que el régimen de capitalización colectiva es IVM.
En el año 2004 realicé una estimación del costo del SEM de los trabajadores asalariados, dándome como resultado un costo de 7,5% sobre los salarios en lugar de un 15%. Ver estos dos links:
Sin embargo, como consta en la parte II de esta serie de escritos, desde la década de 1980 la CCSS separa para el SEM un 15%, desviándole un 7,5% sobre los salarios de fondos que por ley le corresponden al IVM, cifra que actualmente supera los ₡900 mil millones anuales. Estos fondos desviados fueron usados para cubrir costos de otros regímenes de salud creados por “leyes especiales” a los cuales los gobiernos de turno no les crearon una fuente de financiamiento suficiente y las que crearon, las desviaron para otros fines o el Estado no las canceló a la CCSS. Esos montos desviados del 7,5% sobre los salarios en colones capitalizados de 2023, equivalen a unos ₡40 billones, que al sumarle otros rubros (Ley 7374, base mínima contributiva, deuda del Estado, etc.) superan los ₡50 billones de colones, los cuales hoy tendría el IVM en sus reservas si sus administradores y los gobiernos hubieran respetado las leyes y la Constitución. En la actualidad la CCSS divide el aporte 26,16% sobre los salarios, como un 15% para el SEM y un 11,16% para el IVM, pero según la Ley de la CCSS y la Constitución, la división debería ser aproximadamente un 7,50% para el SEM y 18,66% para IVM.
El Comité de Salud de la comunidad indígena de Rey Curré invita cordialmente a participar de las actividades de patines que se realizaran en el Salón Comunal en las siguientes tandas de tarde y noche.
Sábado 13 de mayo en la tarde de 2:30 a 5:30 y en la noche de 6:00 a 9pm.
El mismo horario para el domingo 14 de mayo en el salón comunal.
Habrá ventas de refrescos, comidas y mucho más.
Los fondos que se recojan serán para costear obras de construcción de gran necesidad en este Centro de Atención de la Salud de Rey Curré.
El día 15 de mayo de 2023 la Biblioteca Nacional MIGUEL OBREGÓN LIZANO presentará a las 3 p.m. por vía Facebook Live “Ciclo: Historia, cultura y democracia. Visión histórica del derecho al trabajo en Costa Rica”, a cargo del expositor Vladimir de la Cruz, historiador.
El pasado viernes 21 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó al Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el planteamiento obrero-social de la situación fiscal en Costa Rica y el dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica en detrimento de un enfoque prioritario en Derechos Humanos.
Respecto al planteamiento, la ANEP señala que hay temas muy relevantes que se estaban dejando de lado en los análisis o bien, se habían tratado muy superficialmente como la concentración del ingreso que se genera año tras año, resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública.
Asimismo, afirma que para corregir esta falencia, hay acciones urgentes como una eficiente gestión tributaria y aduanera que pueden dinamizar el mercado, generar empleos y traer prosperidad compartida pero, no son incluidas por las evaluaciones de los organismos internacionales ni son tomadas en cuenta por los grupos nacionales de poder económico.
Según la ANEP, Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad por lo que considera que los negocios prósperos deberían contribuir con el financiamiento del Estado. Además, afirma que forzar el ajuste fiscal vía recorte del gasto social no es justo, equitativo y sostenible así como tampoco es conveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos.
Por otra parte, la ANEP expone que hay otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI tales como el mal funcionamiento de algunos mercados que son extractores de rentas oligopólicas por lo que al país también le urge una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados.
En cuanto al dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica, la ANEP considera preocupante que el Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público que en realidad es inversión social pública en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias.
Por lo anterior, la ANEP se posiciona a favor de la responsabilidad social, teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento, tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
En este sentido, la ANEP menciona que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad. Es decir, bajo un enfoque de Derechos Humanos, es permitido preguntarse sobre lo que es o no prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja?
Ante esta situación, la ANEP enlista las recomendaciones finales del dictamen, manifestando la a)necesidad de exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante organismos financieros internacionales, b) acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y c)realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables.
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