¡FRENASS respalda la lucha de las Juntas de Salud contra la tendenciosa maniobra de la ilegítima Junta Directiva de la CCSS, contra la mejora de los servicios públicos de Salud, con la suspensión de proyectos del Portafolio de Inversiones de la CCSS!
¡FRENASS se hace presente en el Barrio don Bosco para repudiar estas acciones! https://www.facebook.com/frenass13
Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutó la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos víctimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.
Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.
En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.
Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.
En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.
Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnacionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.
Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.
Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.
Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.
La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.
Comunicado comunicado UDAPT (Se adjunta PDF)
¿Fortalecimiento o debilitamiento de la CCSS? Participarán en el análisis la doctora Juliana Martínez Franzoni y el doctor Álvaro Ramos Chaves. La actividad será este lunes 27 a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales y habrá transmisión mediante YouTube. Invitan la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Políticas.
Más detalles en el afiche.
Recientemente, varios sindicatos de Costa Rica han hecho circular un video en relación al actuar del gobierno costarricense, al poner en ejecutase la Ley Marco del Empleo Público.
Los sindicatos reunidos para plantear su posición al respecto de la LMEP son: la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central General de Trabajadores CR CGT, la Central del Movimiento de Trabajadores CMTC, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO, y los sindicatos de sectores como: educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros.
Ahora, ¿Que es la Ley Marco del Empleo Público?, antes de conocerla, debemos precisar que actualmente en Costa Rica existe el llamado salario compuesto, que es el salario base para todo trabajador del sector público, más, algunos incentivos, y que, según esta Ley, se sustituirá por un salario global, que la misma Ley no precisa cómo se va a fijar, además de otros elementos que veremos más adelante.
Según la misma Ley, el objetivo es, «regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos», pero según los sindicatos arriba mencionados y otros sectores protectores del pueblo trabajador, es un aparato sistemático de derogación de derechos laborales y sociales.
Los sindicatos fueron llamados a dialogar con el gobierno, para supuestamente reformar la LMEP, pero se fue entregado un documento sindical, en el cual señalan que previo al dialogo deben revisarse estos aspectos: los términos de la convocatoria, la inexistencia de las reglas del juego, las cuales se deben pactar entre las partes previamente. Que la reforma debe ser integral, sustancial y estructural, así como la modificación del decreto que reglamento la Ley.
La discusión debe considerar de inmediato una política sobre el congelamiento de los salarios, y el restablecimiento pleno del derecho a negociar colectivamente en la función pública.
Lo que sucede entonces es que, el gobierno llama a dialogo con los sindicatos, pero trae ya una agenda preestablecida e impuesta. Por ejemplo, se impone la metodología de trabajo e impone unas llamadas «reglas de oro», que no son más que, la no negociabilidad de la mayoría de los capítulos de la Ley, entre los que se destacan: las familias de puestos, la escala salarial global (salario global único), el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y algunas modificaciones al decreto.
La misma Ley señala que, el salario global es «la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios», es decir, no se conoce el salario global.
Con relación a las familias de puestos, solo se indica que, la ley crea siete familias de puestos y cada familia representa a un perfil similar; por ejemplo, quienes se desempeñan en el sector salud o en el sector policial.
Sin embargo, el reglamento que Mideplan saco a consulta, no precisa la metodología para la construcción de las familias y las escalas salariales globales únicas.
Los sindicatos señalan que, el llamado a dialogo y discusión, es como poner un candado, en temas que son dañinos al pueblo trabajador, y que evidencia un autoritarismo antidemocrático, así como un proceso deslegitimado, validado solo por Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
El sindicalismo costarricense llama a una salida concertada, por lo que, en estas condiciones, no concurre al llamado de dialogo y llama al pueblo trabajador a la protesta y a la movilización.
Así las cosas, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a la inclusividad, a la justicia, a los derechos de los pueblos pobres, al dialogo fecundo y liberador, lamenta los actos del gobierno actual en Costa Rica quien viola, al concentrar todo el poder en Mideplan, en esta área económica tan importante y pertinente del trabajador, eliminando la participación de otros actores sociales que representan los intereses colectivos de los trabajadores.
Así mismo, se debe valorar el principio de respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, congelando los salarios de los trabajadores, a expensas del salario único global.
También, cuando se habla de salario único global, tampoco se habla de un tope del mismo, creemos como iglesia, se deben tomar en cuenta criterios que vayan en pro de una vida digna hacia los trabajadores/as, justos, equitativos, incluyentes, donde haya oportunidad para todos/as para su crecimiento integral, profesional y laboral.
A su vez, fieles al cumplimiento de las leyes, al cambiar el esquema salarial de base, más complementos salariales (salario compuesto), al esquema global, la ley es indiscutiblemente inconstitucional, así como lo es también el congelamiento de los salarios, que es en realidad una reducción del sueldo prohibida por normativa laboral general.
Hacemos un llamado a las partes involucradas a sentarse a discutir cuales son los mejores mecanismos económicos, que no violenten al pueblo trabajador costarricense, y que lo privilegien por encima del dinero, como el trabajo y su remuneración justa y decente, el descanso, su vida familiar, entre otros muchos otros aspectos de una vida digna.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te ira bien.
Salmo. 128: 2. DHH.
Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense.
(Frente Eco Cipreses, 24-3-23). Un nuevo análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) detectó que la naciente Carlos Martínez se encuentra sobre los límites permitidos para consumo humano, esta se une a las fuentes ya clausuradas en noviembre pasado: Piedra, Benjamin Uleth, Birris, Agua Fría y la naciente Manuel Granados (UNA-LAREP-OFIC-015-2023 S22-23-05)
El día de ayer el ministerio de Salud notificó la orden que asegura que “Ante la ausencia de información que caracterice e identifique riesgos asociados a la salud por el consumo, ingesta o cualquier otro tipo de contacto de los metabolitos el agua de estas fuentes no podrá ser utilizada para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal como parte de un principio precautorio” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0023-2023).
“Se puede considerar el uso del agua de estas fuentes para el funcionamiento de inodoros y otras actividades de limpieza y desinfección intradomiciliaria”, añade el documento.
La orden sanitaria emitida ayer, ordena al presidente de la ASADA comunicar urgentemente a la comunidad por la mayor cantidad de canales posibles la situación que presenta la naciente y también le ordenó coordinar con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para brindar agua a la comunidad, de manera inmediata, “por medio de camiones cisterna o cualquier otro medio de transporte, provenga de otra fuente que no contenga contaminantes”.
El 5 noviembre pasado el Ministerio Salud giró órdenes sanitarias y de clausura a seis nacientes de agua para consumo humano en esa comunidad. El inicio de este enjambre de contaminación se dio en octubre del año pasado en Cipreses y tiene a miles de habitantes recibiendo agua en cisternas por la contaminación detectada desde 2021 y confirmada por un estudio en conjunto del IRET-UNA y el Laboratorio Nacional de Agua del AYA.
Los análisis surgieron ante el problema de contaminación de Cipreses y ver la viabilidad de conectar el acueducto de Santa Rosa, pero este nuevo hallazgo ya era previsible y no será el último, pues conforme se hagan análisis en comunidades vecinas es casi seguro que la contaminación será un hecho, pues la única razón por la que no han aparecido es que hasta ahora se tiene la capacidad técnica gracias al IRET de detectar este tipo de derivados del fungicida clorotalonil, de uso generalizado en la zona agrícola.
La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud recomendó en su conclusión, ante la situación de contaminación de agua para consumo: “que se genere una gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la prohibición del clorotalonil en el país, con el fin de proteger posibles fuentes de agua potable en riesgo de contaminación y buscar la remediación y rehabilitación de las fuentes ya contaminadas en el plazo más corto posible a fin de evitar una emergencia mayor” (MS-DPRSA-0668-2022).
Sigue diciendo el informe que “el clorotalonil es un fungicida aprobado para uso en el país registrado bajo una gran variedad de nombres y usado en la agricultura en una gran variedad de cultivos. Una vez que la sustancia química entra en contacto con el ambiente, aire, suelo y / o microorganismos sufre una serie de modificaciones producto del metabolismo de organismos vivos o procesos químicos que lo descomponen en otras moléculas conocidas como metabolitos o productos de degradación, para el caso del clorotalonil existe documentado más de 7 moléculas distintas de degradación” las cuales han demostrado ser altamente contaminantes en el agua subterránea presentando riesgos inadmisibles para la salud.
Para Jordan Vargas, integrante del Frente Ecologista de Cipreses, esta situación se seguirá reproduciendo si las instituciones correspondientes no prohíben el uso de clorotalonial y si no presentan y ponen en práctica con celeridad la protección de las zonas de recarga, de transporte y de protección de las nacientes de agua para consumo humano: “Lo cierto es que este problema se agudiza y a la fecha no se han presentado los estudios hidrogeológicos para poder tener los insumos científicos con los que se pueda ir mitigando esta problemática. Hasta el momento, no sabemos nada de la realización y aprobación por parte de SETENA de estos estudios. Sin ellos, esta situación se seguirá agudizando”, concluyó.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Estamos a punto de cumplir cuatro años del asesinato del hermano Sergio Rojas. Un asesinato que sigue en la impunidad, un asesinato que el Estado-gobierno de Costa Rica no ha querido ratificar, no ha querido investigar a profundidad. Es para nosotros los pueblos indígenas un problema grave de que realmente este proceso de este asesinato no se logre identificar a los culpables. Realmente hay cosas muy claras que dicen, sin embargo, las investigaciones no se han querido llevar por el lado que se deberían de hacer.
Nosotros igual en la finca Crun Shurin estamos cumpliendo cinco años de una recuperación de 1000 hectáreas, donde estamos ubicados 16 familias y cerca de 80 personas viven acá, donde se trabaja, donde se cultiva, donde hay una esperanza de vida y un nuevo renacer.
Esas recuperaciones son vida, son el sueño que tenemos donde podemos cultivar nuestra cultura, nuestra espiritualidad y todo el proceso. Dentro de esto es que las recuperaciones tienen que continuar, no podemos aceptar que el gobierno de Costa Rica desde el gobierno de Chávez diga que las recuperaciones no van, que nos meterá a la cárcel. ¡Pues tendrá que meternos a la cárcel!
Porque las recuperaciones continuarán siempre y cuando el gobierno no cumpla con los derechos legales establecidos que tenemos los pueblos indígenas sobre la tierra. Esta tierra nos pertenece, esta tierra es vida y esperanza para las nuevas generaciones que vienen. Desde ahí es que tenemos que trabajar e impulsar este proceso de lucha para que la tierra quede realmente en manos de esas futuras generaciones. Que no les pase lo que nos pasó a nosotros que no teníamos ni siquiera donde sembrar una yuca.
Hoy estas recuperaciones cambian, en esta recuperación (Crun Shurin) hay una vida diferenciada, hoy no hay ganado en la intensidad que había, hoy hay venados, saínos, tepezcuintes, miles de pajaritos que están en esta recuperación y que son lo que generan la recuperación, esperanza y vida.
Pablo Sibar es un defensor de los derechos indígenas y de la tierra de Costa Rica, que trabaja desde hace más de 40 años en la defensa de los derechos de los indígenas y en las últimas décadas para recuperar pacíficamente tierras indígenas que fueron arrebatadas ilegalmente. Es miembro del Consejo de mayores del pueblo indígena Brörán. Su labor en materia de derechos humanos empezó en 1980, junto al defensor Sergio Rojas y conformaron el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).
Sibar ha sido atacado en múltiples ocasiones y recibido múltiples amenazas de muerto, de la misma forma que sucedió con Sergio Rojas y Jerhy Rivera. “Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias estamos en peligro, que en nuestras propias tierras estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibar.
Por ejemplo, en mayo 2012 sufrió dos ataques uno cuando tres personas no indígenas se le acercaron y la emprendieron contra él a golpes, patadas y hasta mordiscos causándole heridas en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica del Seguro en Buenos Aires de Puntarenas. Una semana en la comunidad de Macho de Monte, fue atacado nuevamente por 2 personas -uno de las mismo de la semana pasada. “Esta vez fueron más allá” dice el comunicado de los Térraba, “lo persiguieron por la Carretera Interamericana y a la altura de la catarata lo insultaron y cuchillo en mano intentó cortar a Pablo que conducía su carro con niños, niñas y familias de la comunidad de Macho de Monte”.
El 2020 en los procesos de recuperación en el sitio de Cancha Rayada, liderado Elides Rivera y su hermana, tías de Jehry Rivera, y que culminaron con el asesinato de Jehry una turba de cerca de 400 personas, quienes llegaron con machetes, incluyendo el asesino de Jehry. En esa oportunidad relato Elides Rivera, se encontraba con ellas Pablo Sibar, y “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”. Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial.
Uno días después el 3 de marzo de 2020, personas no identificadas incendiaron la finca de Pablo Sibar. Al día siguiente, hubo ataques incendiarios en otros dos lugares de la finca. Tres casas de familias indígenas fueron parcialmente quemadas, y muchas hectáreas de cultivos y pastos fueron completamente destruidas.
Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria VAS-UCR, Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y Proyecto Pueblos Originarios y Universidades (CONARE)
El 19 de marzo de 2023, durante el juego semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol entre los equipos Cuba y los Estados Unidos, celebrado en el estadio LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida, se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano que participó en certamen, que Cuba denuncia de forma enérgica.
Fue un juego difícil. El equipo cubano fue allí a defender dignamente sus colores, tras haber llegado a la etapa semifinal por méritos ganados en el terreno. Enfrentó a un conjunto reconocido por su superioridad técnica y que resultó claramente ganador. La conducta del equipo estadounidense y su dirección fueron respetuosas y conforme al espíritu deportivo que debe prevalecer en estos eventos. Su triunfo es merecido.
Pero el equipo cubano tuvo que enfrentar allí también una agresividad vil y organizada, que contrastó con los múltiples mensajes de respaldo, reconocimiento y solidaridad que recibió de muchísimas personas en los Estados Unidos, en su mayoría cubanos o descendientes de cubanos, una buena parte de ellos de la propia ciudad de Miami.
Con el claro propósito de desestabilizar a nuestros jugadores, se realizaron actos reiterados de diversa naturaleza contra ellos, contra la delegación que los acompañó y contra los seguidores de la escuadra cubana en el estadio. Estos incluyeron agresiones directas, amenazas, uso de lenguaje ofensivo y vulgar, ataques lesivos a la moral del equipo de Cuba y otros incidentes dirigidos a menoscabar el ánimo de los atletas y perjudicar el espectáculo. Se trató de sucesos contrarios a la concepción de este tipo de eventos deportivos.
No se hicieron cumplir las reglas de orden y conducta establecidas por el estadio, en lo que hubo aparente complicidad de ciertos representantes y personal de esa instalación deportiva y de autoridades locales, en particular, de los encargados del orden y la seguridad.
Se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, así como contra miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana, y también contra espectadores que apoyaban al equipo de Cuba. Supuestos espectadores ingresaron en tres ocasiones al terreno durante el partido e interrumpieron el juego, lo que puso en peligro la seguridad y estabilidad de los jugadores del equipo cubano. Se profirieron reiteradas ofensas y amenazas a los atletas, en alta voz, cuando a estos le correspondía su turno al bateo o cuando se preparaban para entrar en el juego, como le ocurrió al lanzador cubano Frank Abel Álvarez mientras calentaba en el bullpen, lo cual atenta contra las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y cualquier noción de deporte limpio. Se mostraron constantemente carteles con consignas políticas, lenguaje obsceno y vulgar, irrespetuosos hacia atletas y público en general, que interfirieron en el disfrute del juego. De la misma forma, se utilizó ropa con frases e imágenes ofensivas, de contenido político, no permitidas por las reglas de la instalación deportiva.
Igualmente, se violó repetidamente el Código de Conducta para Huéspedes establecido para el estadio, a partir del consumo de bebidas alcohólicas de manera irresponsable y la violación de los asientos asignados.
En la mayoría de las ocasiones en que representantes de la delegación cubana o de las Grandes Ligas de Béisbol se dirigieron a agentes de la policía para denunciar las transgresiones antes descritas, estos no actuaron sobre los transgresores.
Todas estas acciones eran causas suficientes para la expulsión inmediata, citación, arresto u otras consecuencias legales, que en esta ocasión no se produjeron. Estos hechos desnaturalizaron un evento de profundas raíces culturales para ambos países.
El Ministerio denuncia la complicidad demostrada por las autoridades locales, que permitieron y crearon las condiciones para que estos actos tuvieran lugar, de manera abierta y con impunidad. Al mismo tiempo, denuncia enérgicamente la incitación por parte de políticos locales y figuras que ostentan cargos públicos a la indisciplina, la agresión y el asedio a los deportistas. La tolerancia de las fuerzas del orden, violando sus obligaciones, estimuló la comisión de sucesivas agresiones.
Estos mismos sectores fueron los que en 2018 sabotearon el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Béisbol, que habría sido beneficioso para todas las partes involucradas y hubiese contribuido a poner fin al trato discriminatorio al que se somete a los atletas cubanos.
El Gobierno de Cuba alertó con suficiente tiempo al Gobierno de los Estados Unidos, por los canales diplomáticos, sobre las amenazas públicas y abiertas que se concebían para empañar la participación del equipo cubano en el segmento del campeonato que tendría lugar en la ciudad de Miami y acerca de la trayectoria corrupta e irresponsable de las autoridades de esa ciudad.
El Equipo Cuba no participó en el evento en condiciones de igualdad. Desde mucho antes del inicio del campeonato, el conjunto cubano tuvo que enfrentar un complejo y discriminatorio proceso en el que las autoridades de las Grandes Ligas del Béisbol debieron solicitar y recibir, con demora, la autorización de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este proceso incluyó un permiso especial para que Cuba participara en el evento, otro posterior para que se incorporaran jugadores cubanos del circuito de las Grandes Ligas y otro aún más tarde para concretar su integración temprana con el resto del equipo. Los permisos otorgados prohibieron explícitamente a varios de los integrantes del equipo a viajar a Cuba con sus compañeros al terminar el certamen. Todo ello puso en peligro la participación cubana en el Clásico de Béisbol e implicó desventajas extraordinarias.
Los atletas cubanos han participado en eventos deportivos en múltiples ciudades de los Estados Unidos y otros países sin enfrentar este clima de agresividad que parece singular de la ciudad de Miami. Cuba no renunciará al derecho de competir en igualdad de condiciones en territorio estadounidense. En contraste, Cuba continuará honrando sus compromisos como anfitrión en todos los certámenes internacionales que se celebren en nuestro país, en los que siempre se ha respetado y acogido con entusiasmo a los atletas de todo el mundo, incluyendo a los de los Estados Unidos.
Hechos como los anteriormente denunciados, ratifican, una vez más, que la ciudad de Miami no reúne las condiciones mínimas para ser sede de un evento internacional y que sus autoridades tienen una responsabilidad fundamental en esta despreciable realidad.
Cuba agradece a la numerosa afición y a todos aquellos que dentro y fuera del estadio en Miami acogieron con alegría y espíritu deportivo la participación de Cuba en el Clásico y su clasificación para las semifinales con un equipo de cubanos residentes en Cuba y en el exterior. Muchos se acercaron al equipo para ofrecer su apoyo y solidaridad.
El pueblo de Cuba vivió días de emoción siguiendo al equipo desde los primeros juegos y sufrió también como propio el vejamen protagonizado por sectores extremistas que agredieron al equipo y se ensañaron con aquellos que hicieron realidad, en el Team Asere, el sueño de un equipo Cuba con participación de jugadores cubanos de las Grandes Ligas y de ligas de otros países. Cuba seguirá abierta a reeditar esta experiencia.
Por encima del odio, siempre prevalecerá el amor a Cuba y el amor al deporte.
La Habana, 22 de marzo de 2023
(Cubaminrex)
Foto: Prensa Latina
«Hablar de Sergio es hablar de valentía, de coraje, de lucha, de resistencia, pero sobre todo es hablar de esperanza. Esperanza para los pueblos indígenas que estaban condenados a desaparecer, a mendigar. Él nos deja un legado, y nos enseñó que ante la inoperancia del Estado como deber de reclamar nuestros derechos y defender nuestra madre tierra. Esa voz de esperanza llegó a muchas comunidades, a muchos territorios indígenas que hoy estamos en proceso de recuperación y que no es más que defender algo que nos pertenece.
Esa semilla que germinó y floreció, hoy ha pintado a muchos territorios de esperanza, por eso aprovecho para exigirle al Estado costarricense que basta ya de impunidad, porqué se tarda tanto tiempo en resolver algo que para nosotros es tan claro. El asesinato de Sergio fue por su lucha por defender y por reclamar su derecho a las tierras. ¡Basta de impunidad!
«La lucha sigue, y Sergio vive y vive»
Doris Ríos Ríos del clan Julabulüwak, indígena cabécar de China Kichá es una de las lideresas que junto a integrantes de la comunidad han decidido recuperar el territorio que les pertenece. Es madre de 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres, nació y vive actualmente en el territorio de China Kichá.
Su trayectoria en defensa de la cultura cabécar, las mujeres y defensa de territorio antecede las recuperaciones y se ha mantenido luego de recuperar las tierras realizando una constante denuncia en medios, encuentros y foros nacionales e internacionales ante los agravios que viven, gestionando proyectos para beneficio de la comunidad y colaborando en sostener la organización interna del territorio.
La recuperación de territorio en China Kichá inicia en el 2018 y toma fuerza luego del asesinato de Sergio Rojas. Doris señaló: “El resultado de las recuperaciones en China Kichá son la semilla de Sergio Rojas que cayó aquí, en una tierra que necesitaba florecer”. Y es que para el 2017 el pueblo cabécar solo contaba con la tenencia del 1% del territorio. El 99% restante estaba acaparado por tres finqueros, quienes explotaron la tierra con ganadería extensiva dejando los suelos secos, sin alimentos y sin bosques.
Hoy gracias a la lucha de pueblo Cabécar tienen el 100 % de su territorio recuperado.
La Universidad de Costa Rica homenajeo a Ríos en el Día Mundial de la Tierra, por su protagonismo en las recuperaciones de tierra en esta comunidad, trabajo por el cual se encontraba en ese momento amenazada de muerte ella y su familia.
A inicio del mes Doris fue homenajeada por el Departamento de Estado de EE.UU con el Premio Internacional Mujeres Valientes 2023 entregado por el Secretario de Estado y la Primera Dama de Estados Unidos.
Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria VAS-UCR, Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y Proyecto Pueblos Originarios y Universidades (CONARE)
RED FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
COMUNICADO
Hoy es un día triste y desesperanzador para todas las mujeres y las niñas de este país. Otro presunto femicida quedó libre.
El Tribunal Penal de Heredia absuelve por duda a Carlos Andrés Pérez Hernández, esposo de María Tacsan y única persona imputada en este caso de femicidio. Es importante recordar que existe absolutoria por certeza y absolutoria por duda. En este caso, se nos está diciendo que existe probabilidad de que Pérez asesinara a María Tacsan pero que no tiene el Tribunal prueba suficiente para emitir una condena.
Con esta sentencia, María Tacsan se convierte, además de víctima de la violencia contra las mujeres, en víctima del sistema de justicia que ha mostrado de nuevo su esencia machista y el poco valor que da a la vida de las mujeres.
Coincidimos en algunos aspectos con el tribunal, pero no en todos sus extremos.
Aduce el tribunal falencias en el proceso de investigación a cargo del OIJ y de su dirección funcional: el Ministerio Público. A pesar de que el caso fue asignado a una fiscalía especializada de género, este enfoque y la aplicación de los Protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres estuvo ausente desde el inicio de la investigación.
Algunos ejemplos de lo anterior: a) a la escena del crimen acude un oficial del OIJ sin certificación en el manejo de esta etapa de la investigación; b) este investigador, evidentemente sin formación, acepta como válida la versión del imputado de que se trata de un suicidio y no aplica los protocolos que obligan a investigar como femicidios TODAS las muertes violentas de mujeres; c) patología forense no se hace presente para el levantamiento del cuerpo razón por la cual no se cuenta con certificación de la hora de muerte ni se documenta el estado del cadáver mediante las métricas protocolizadas; d) no se toman rastros de pólvora en manos del imputado y se contamina la escena.
Estas, entre otras falencias, apuntan al Ministerio Publico como parcialmente responsable de la impunidad generada contra María Tacsan el día de hoy debido al inadecuado manejo de la escena del crimen y diligencias iniciales.
En etapas posteriores trata el Ministerio Público y la Medicatura Forense de corregir estos errores aportando prueba directa. Es la Medicatura Forense quien detecta las inconsistencias de la fase inicial, da la alerta de un femicidio y emite posteriormente un dictamen de muerte homicida. Sin embargo, este dictamen, así como otro conjunto de pericias forenses son interpeladas por el tribunal que, de ser ciertos sus alegatos, colocan a la ciudadanía en serios apuros en cuanto a la seguridad jurídica de toda la ruta procesal penal. ¿Es que acaso con este fallo el tribunal acepta que no podemos confiar en ninguna instancia pericial del Poder Judicial? ¿Todo el costo económico en que se incurrió por parte del Estado en pericias fue inútil? Esperaremos la lectura completa de la sentencia para poder ahondar en estos y otros aspectos.
Dicho lo anterior, la pregunta es si existieron otros indicios, presentados por la fiscalía y la querella, que pudieron analizarse de manera integral para considerar una sentencia condenatoria. Uno de los más importantes fue la violencia de pareja vivida por María Tacsan a lo largo de 16 años de convivencia. Violencia psicológica y patrimonial en diferentes manifestaciones. Aquí falla el tribunal en comprender las dinámicas de este tipo de violencia y la relación causal directa que tiene con el femicidio.
El femicidio no necesita otro móvil que la propia violencia para producirse. Cuando las dinámicas de control empiezan a resultar insuficientes para garantizar el sometimiento de las mujeres y cuando estas deciden poner límites a los abusos, los hombres violentos incrementan el acecho y la agresión contra las mujeres, incluyendo la ideación y ejecución de un sofisticado femicidio, como apreciamos sucedió en este caso.
El análisis hecho por el tribunal en relación con la violencia de género aportada en el debate es pobre y evidencia desconocimiento injustificable. Por ello es que no pueden explicar esta muerte. Lo anterior a pesar de que el imputado fue la única persona presente en el lugar del crimen, tenía historia y motivos actuales para querer asesinar a su esposa, contaba con los conocimientos tecnológicos y recursos materiales para hacerlo y desarrolló una estrategia de encubrimiento y confusión planificada. Todo a partir de los testimonios de diferentes testigos y testigas.
Lamentamos que el Tribunal no haya hecho un análisis integral con base en la concatenación de indicios de sobra aportados que no dejaban espacio en el debate para otra hipótesis posible más que el FEMICIDIO.
María Tacsan y su familia, como víctimas directas de este femicidio, merecen una respuesta de parte de las autoridades judiciales en todos los niveles. Lamentamos profundamente el dolor, la revictimización y los costos emocionales y materiales a los que ha sido sometida esta familia la cual se enfrentó a la tarea de probar este femicidio contra todo un sistema que no supo estar a la altura de los derechos que debió proteger y garantizar.
Exigimos al Ministerio Público APELAR ESTA SENTENCIA EN TODOS SUS EXTREMOS como parte de sus obligaciones de garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad.
Solicitamos a la Corte Plena que ordene a la Comisión de Genero, a la Comisión de Asuntos Penales, a la Secretaría de Género y a la Fiscalía General (todas instancias del Poder Judicial) una urgente y detallada investigación y una respuesta clara y pública a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del Ministerio Público, del OIJ y de la Medicatura Forense en este caso.
Desde la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres reconocemos el Estado de Derecho, pero EXIGIMOS un sistema que no solo sea garantista de los derechos del imputado sino también un sistema que NOS PROTEJA y nos GARANTICE un verdadero ACCESO A LA JUSTICIA.
¡¡Hoy gana la IMPUNIDAD y debe haber responsables!!
En este 22 de marzo día Mundial del Agua, las comunidades nos recuerda que no sólo se trata de celebrar, sino también de defenderla. Por esta razón les compartimos este reportaje que nos lleva a Guatuso, para conocer los recuerdos y reflexiones que tienen las vecinas y vecinos sobre el Río Frío en torno a las amenazas que hoy enfrenta por las actividades extractivas que lo acechan, pero también la importancia que tiene la organización comunitaria para denunciar y hacer frente a estos desafíos.
Para más información pueden ver el boletín que nos profundiza la situación.