Las obras completas de Vicente Sáenz Rojas están en la feria del Libro UCR. La actividad inicia a las 10 am y finalizar a las 7pm.
La colección se compone de 6 tomos, e incluye el trabajo del doctor Mario Oliva Medina, quien analizó la obra del pensador, periodista, editor, profesor y político costarricense.
La feria termina este sábado 1 octubre. La colección tiene un costo de 15.000 colones, informó a SURCOS el economista e investigador doctor Marino Marozzi Rojas.
«La feria del libro es organizada por la Editorial de la Universidad de Costa Rica y el Club de libros, en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la actividad editorial en la UCR», se informa en medios oficiales de la institución. Se realiza en la zona conocida como El Pretil.
El TCU “Turismo Sostenible en el Caribe” de la Sede del Caribe UCR vincula su labor con escuelas del Caribe Sur de Costa Rica. Foto por TC-623, UCR.
27 de setiembre Día Mundial del Turismo
El turismo sufrió serias consecuencias producto de la Pandemia por COVID-19
El proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) ‘’Turismo Sostenible en el Caribe” (TC-623) busca identificar y promover el turismo con prácticas de sostenibilidad ambiental en las comunidades del Caribe de Costa Rica, fortaleciendo la vinculación de las diferentes organizaciones e instituciones de esta zona caribeña.
Este TCU nació producto de las acciones del Observatorio del Turismo para la región del Caribe que creó la UCR en el año 2010, con la participación de diferentes actores comunitarios, entre ellos: colegios públicos y profesionales, instituciones públicas, empresa privada y universidades públicas.
“El proyecto fortalece a grupos comunales e institucionales como gestores de la conservación de sus recursos naturales y con esto potenciar el desarrollo no sólo del turismo, si no de todas las actividades socioeconómicas que giran alrededor de la concientización y conservación de los recursos presentes en las comunidades. La provincia de Limón como destino turístico, posee una serie de atractivos (naturales, culturales y sociales) que la diferencian de otras zonas del país, y los cuales dependen de su conservación y especial protección, no sólo por su valor turístico, si no por el valor histórico patrimonial inherente de la zona” explicó Bladimiro Argueta Corella, coordinador del TC-623.
Para lograr cumplir con estos objetivos, la labor estudiantil resulta indispensable. Algunas labores que desempeñan las personas estudiantes son la realización de talleres y tutorías para educar sobre el tema ambiental con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros educativos.
María Cabrera Sánchez, representante de la Organización Coral Conservation, comentó sobre cómo las y los estudiantes inscritos en el trabajo comunal aportaron al proyecto ‘Viernes por los corales’. “Este es un espacio de colaboración entre otras ONG’s de la zona y la comunidad junto con los alumnos del TCU para impulsar un movimiento de limpieza de playas, y así, visibilizar la problemática de residuos y concientización que se está viviendo en el caribe. Se trata no sólo de limpiar, sino de dar un ejemplo a seguir y compartir con los turistas”.
Una mirada estudiantil en pro del turismo
Argueta, coordinador de este proyecto, indica que se han integrado estudiantes de todas las carreras de la Sede del Caribe, inclusive de otras Sedes Universitarias. “Los y las estudiantes han logrado desde sus campos de estudio aportar nuevos conocimientos al proyecto, además, contar con variedad de campos de estudio ha permitido un aprendizaje conjunto”, declaró.
“El TCU me ayuda a identificarme más con las comunidades y a buscar maneras en las que pueda aportar un poco de lo que he aprendido en la universidad y que he visto el mismo efecto en los estudiantes que cooperan en el proyecto. Por eso, el TCU pasa de ser un requisito para graduarse, a formación que nos ayuda a crecer personal y profesionalmente y nos permite además disfrutar de la ayuda que brindamos en las comunidades” afirmó Eimy González, egresada de la UCR y asistente del TCU.
Para la estudiante, es muy gratificante comprobar que luego de los talleres que realizan, las personas participantes ponen en práctica lo aprendido y lo vuelven parte de su cotidianidad. “Una señora nos contaba que después de los talleres se pusieron la meta de separar los residuos semanalmente y que todos los miembros de su familia participaban, bien fuera reutilizando algunos recipientes para depositar residuos allí, otros decidiendo qué era valorizable y qué no y el resto preparando los residuos para su recolección”, comentó Gonzalez.
Por otra parte, en los centros educativos se trabaja con las personas estudiantes, buscando formas creativas y dinámicas para lograr mantener su atención y a la vez, entrelazar conocimientos en el tema ambiental. Uno de estos institutos es el Centro Educativo Boston.
“Desde que se trabajó con los chicos, se sembró la semilla del reciclable y darle usos a material que consideramos basura. Además que se incentivó la importancia de ahorrar. Los estudiantes quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado”, indicó Katherine Brenes Araya, docente del Centro Educativo Boston.
El turismo es la fuente generadora de divisas más cuantiosa del país. El Caribe es una de las zonas más turísticas del territorio nacional. En el 2021 recibió un poco más de 1.3 millones de turistas. Previo al COVID, esta cifra superaba los 3 millones de visitantes anuales, generando para el país casi $4 millones en ingresos. Sin embargo, producto de la pandemia el turismo se redujo sustancialmente y el año pasado el monto apenas superó los $1.5 millones. A pesar de que se puede ver un aumento y recuperación progresiva, aún queda mucho camino por recorrer, y el TC-623 espera contribuir en el proceso.
Priscilla Corrales Barquero Asistente de comunicación de la VAS, UCR
Lillianne Sánchez Angulo Unidad de comunicación de la VAS, UCR
Le extendemos cordial invitación a participar del seminario virtual: Reflexiones en torno a las políticas culturales. Éste tendrá lugar los días 6, 13, 20, 27 de octubre y 3 de noviembre. Es totalmente gratuito y se realizará a través de la plataforma ZOOM en horario de 4:00 p.m a 6:00 p.m. Cuenta con dos modalidades de participación.
El seminario virtual Reflexiones en torno a las políticas culturales será un espacio de reflexión sobre la importancia de los derechos y políticas culturales entre representantes de instituciones estatales, gobiernos locales, personas productoras, promotoras y gestoras de políticas comunitarias, para la articulación e intercambio de saberes en el sector.
En los afiches adjuntos encontrará más información.
Este seminario está dirigido a personas gestoras comunitarias, personas gestoras municipales y representantes de espacios estatales.
Luego de 7 juicios y de 22 largos años de lucha contra la condena de la protesta social, Orlando Barrantes cuenta sus verdades.
Este es un proceso político-social, derivado de una serie de injusticias sociales que el Estado no pudo arreglar y al presentarse un malestar de toda una provincia, el gobierno demuestra que las personas pobres no tienen derecho a la libre manifestación de sus necesidades. Criminalizando la protesta social, se pretende afectar a una persona inocente por ser un luchador social.
La familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak decidió ejercer su derecho a la tierra y desde el 28 de abril de 2021 recuperaron el terreno de 104 hectáreas, el cual se encuentra parcialmente ocupado por Luis Pérez Jiménez de manera ilegal.
A eso de la 1:30 p.m. del 22 de septiembre,Roger Castillo, Shirley Cordero y su hermana, transportaron el ganado de Pérez Jiménez hacia los cultivos de arroz, yuca y otros que tiene la familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak, en Dí Bütók Wúyirkë (Las Juntas) en el Territorio Bribri Yäbamï Dí (Cabagra), por lo que, Nuriet Morales y su madre intentaron sacar el ganado para evitar más pérdida de cultivos, a lo cual el hombre y las dos mujeres respondieron con machete en mano e intentaron agredir a la familia.
Más tarde, a eso de las 2:45 pm, se intentó nuevamente introducir el ganado a territorio de la familia Morales, por lo que una unidad móvil de la Fuerza Pública se hizo presente en el lugar y llevó a la familia a interponer una nueva denuncia contra Pérez Jiménez y sus peones.
Es necesario que el Poder Judicial, teniendo conocimiento de las denuncias públicas y judiciales interpuestas por miembros de la Familia Sandí Morales, haga respetar y cumplir las medidas cautelares contra Luis Ángel Pérez y sus peones: Elvin Picado Altamirano, Belarminio Nájeras Quiel, Pablo Quiel Molina y Roger Castillo Segura y se ordenen las medidas necesarias para determinar el armamento que poseen estos sujetos y los respectivos permisos de portación.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Este lunes 26 de setiembre 2022 fuimos notificados de la sentencia de la Sala Constitucional donde se le ordena a la ministra de Salud dar respuestas sobre la afectación a la salud en las poblaciones donde se presenta agua con altos niveles de arsénico, desde hace muchos años.
La Asociación Confraternidad Guanacasteca lleva años, acompañando a las comunidades afectadas y dando la lucha legal, para que se atienda esta EMERGENCIA declarada así por DECRETO desde 2013.
Pensamos que el nuevo gobierno sería un cambio de actitud y de la transparencia y sería más responsable de este caso. Nos equivocamos.
En sentencia de julio de este año, la Sala Constitucional le dio un plazo máximo de 12 meses al AyA y Ministerio de Salud para DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA al abastecimiento de agua potable a las comunidades afectadas.
Sin embargo, Salud no ha querido dar información sobre el estado de la salud de las poblaciones que un día tras otro usan, beben, cocinan, se bañan, con agua con altos niveles de arsénico.
Desde el 2013, donde se pretendió vía Decreto cambiar la norma, diciendo que el máximo de arsénico en el agua fijado por la OMS y vigente en Costa Rica, se podía quintuplicar.
Pasando por cerrar el espacio de dialogo que era la Comisión Agua Segura, donde estaban todos los actores del caso.
Hasta hoy 2022, donde se afirma que el récord de enfermos renales y otros, presentes en las comunidades, nada tienen que ver con el arsénico, pero no aportan pruebas y se niegan a realizar los análisis correspondientes.
Esta es la SEXTA SENTENCIA sobre el tema ARSÉNICO, donde Sala Constitucional nos da la razón. La primera fue en 2013.
Esperamos que ahora, la señora ministra respete a las comunidades y las órdenes judiciales y responda a todas las dudas y consultas formuladas.
La actual sentencia, que adjuntamos dice, en resumen:
Exp 22-018199-0007-CO
Res. N° 2022 – 022116
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.
A favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, cédula jurídica 3002395766, contra el MINISTERIO DE SALUD.
PUNTOS
1.- Copia del PLAN DE ACCIONES para la atención a los afectados por la ingesta de arsénico.
2.- Medidas y análisis de arsénico en el cuerpo de los pobladores afectados.
3.- Evaluación de responsabilidades en las demoras de atención a este problema DECLARADO EMERGENCIA en 2013 y no solucionado completamente hoy en 2022.
4.- Cronograma definitivo para completar las obras pendientes de acueductos.
5.- Explicación del motivo de supresión de COMISIÓN AGUA SEGURA.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022. Se ordena a Joselyn Chacón Madrigal, en su condición de ministra de Salud, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atiendan como en derecho corresponda los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022, y se le notifique lo correspondiente a la parte tutelada. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente.
El derecho a la salud y el derecho a la vida, son fundamentales y deben cumplirse en toda Costa Rica y en GUANACASTE TAMBIÉN.
P.D. La próxima semana estaremos informando sobre la respuesta que nos envíe la señora ministra de Salud.
Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.
A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.
La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.
La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.
ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE Junta Directiva Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública
Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.
¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.
Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.
Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:
Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.
Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.
La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.
Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.
Vocerías
Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA). Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC. Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES). Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA. Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt. Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)
Alerta Temprana Territorio Ancestral Brörán de Térraba.
A los Pueblos hermanos Al Estado de Costa Rica
Lunes 26 de setiembre de 2022. Desde hace una semana aproximadamente, las familias Brörán del terreno recuperado, conocido como Finca San Andrés han estado escuchando y recibiendo información de fuentes locales y cantonales y se han enterado de reuniones de miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Brörán de Térraba (Costa Rica), en las que se ha estado comentando y planificando por parte de la ADI, allegados y finqueros la intención de invadir Finca San Andrés.
Una de las reuniones se realizó en la casa de Demecio Flores Valderramos, conocido como Mecho Flores, persona no indígena que vive cerca de San Andrés y que desde hace años ha estado hostigando y tratando de hacer negocios con esas tierras.
Desde agosto de 2022, nuevamente Genaro Gutiérrez Reyes es el presidente de la ADI, él y su familia han manejado de forma irregular la ADI de Térraba desde hace 3 décadas y ha sido denunciado pública y judicialmente por múltiples hechos de corrupción, además, siempre ha defendido los intereses de personas no indígenas que ocupan de forma ilegal el Territorio Brörán de Térraba y otros Territorios de la zona sur de Costa Rica.
Uno de estos hechos fue la entrega y venta de las tierras de Finca Volcancito a personas no indígenas por parte de la ADI en los años 2006 y 2007; actualmente Rigoberto Montero Badilla, aliado de Genaro Gutiérrez ha vendido y continúa vendiendo terrenos de Finca Volcancito, finca comprada con recursos públicos; todo esto con la participación y complicidad de la ADI.
En el año 2015 y ante los actos de corrupción de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADI), que ya habían entregado parte de los terrenos y bienes comunes de Finca San Andrés a empresas y personas no indígenas y teniendo como antecedente lo de Finca Volcancito; un grupo de más de 30 familias decidieron tomar posesión de las 350 hectáreas de Finca San Andrés, amparados en el derecho humano a la tierra, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional e internacional.
Desde entonces, la ADI ha puesto todo tipo de obstáculos para que estas familias puedan tener acceso a bonos de vivienda, servicios de electricidad y agua potable; además las han hostigado y amenazado constantemente, en este sentido, vari@s parceler@s fueron denunciados por la ADI por el supuesto delito de usurpación Exp. 16-200119-0634-PE, causa que fue desestimada, ya que se comprobó que todas las personas denunciadas pertenecen al Pueblo Brörán de Térraba.
En esta causa participó como testigo Jonathan Espinoza, dando un testimonio falso contra las y los parceleros; Espinoza es una persona no indígena que respalda a quienes ocupan ilegalmente los Territorios Indígenas y actualmente apoya el trabajo de la ADI de Térraba.
Ante estas amenazas demandamos del Estado de Costa Rica;
Que el Ejecutivo tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la vida e integridad física, psicológica y territorial de las familias Brörán de Finca San Andrés; medidas que deberán ser construidas y acordadas en conjunto.
Que la totalidad de Finca San Andrés sea entregada de forma inmediata a las familias que las habitan y cultivan.
Que todas las instancias del Ejecutivo reconozcan a estas familias como legítimos dueños de estas tierras para todos los trámites pertinentes y para cualquier proceso relacionado al Plan RTI, procesos de expropiación, declaración de poseedores de buena fe o desalojos administrativos, gobernanza y consulta e intercedan para que las instituciones autónomas también las reconozcan.
Que se investigue la venta y/o otros actos irregulares en los que ha incurrido la ADI de Térraba y Rigoberto Montero Badilla con respecto a Finca Volcancito.
Para cualquier comunicación: cfincasanandres@gmail.com
coordinadoraluchass@gmail.com
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Angélica Alvarado explica en el siguiente video de tres minutos quién es Orlando Barrantes Cartín y por qué el juicio que se le sigue es político. Además, expone los otros procesos judiciales ya superados por este dirigente social en un largo periodo de más de dos décadas.
Le invitamos a escucharla y compartir la información.
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