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Presentación de billete de lotería conmemorativo del 75 aniversario del Solidarismo costarricense

La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, la ACADEMIA SOLIDARISTA y la Asociación de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA, invitan al acto de presentación de Billete de Lotería conmemorativo al 75 Aniversario del Solidarismo Costarricense,75 años de practicar la solidaridad en procura de la justicia y la paz social, la armonía entre trabajadores y patronos, para el desarrollo integral de las personas asociadas.

  •  Fecha: 6 de setiembre de 2022
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Sala de Ex Rectores de la Biblioteca Joaquín García Monge- Universidad Nacional-Campus Omar Dengo-Heredia

Para más información al correo: alvaro.villalobos@academiasolidarista.com

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Llamado a la solidaridad: a un mes del juicio de Orlando Barrantes

El próximo 22 de septiembre se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, lo que representa el juicio político más largo en la historia del país (22 años). Por esta razón, distintas organizaciones sociales, políticas y activistas independientes fundamos el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes y lanzamos la campaña de solidaridad por su libertad.

Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en un movimiento realizado por campesinos, traileros y bananeros en la zona Atlántica en diciembre del año 2000, en contexto de la lucha contra el combo del ICE, así como por el trabajo político que ha hecho el compañero gran parte de su vida. Barrantes ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres solas jefas de hogar, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerable.

La Fiscalía incluso ha señalado a Orlando de ser un “enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por nuestros derechos fuera un crimen.

Barrantes ya ha sido declarado inocente y absuelto en dos ocasiones anteriormente en el proceso, pero la Fiscalía continúa ensañada contra el luchador social, irrespetando así el derecho de todas las personas a una “justicia pronta y cumplida”, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política. En Costa Rica no estamos acostumbrados a políticas de este tipo, que son propias de dictaduras militares. Estas funcionan como método de amedrentamiento del Estado y de criminalización de los movimientos sociales que se atrevan a organizarse y manifestarse contra las injusticias y para exigir condiciones de vida dignas para los sectores de la población más vulnerables.

Luchar por la libertad de Orlando, es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas y que es fundamental para el control político y para asegurar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia. Por esta razón, llamamos a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, sindicatos del sector público y privado, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantes, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la libertad para Orlando Barrantes, porque solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta y a la organización desde abajo.

Algunas formas para apoyar esta campaña son crear comunicados en solidaridad al compañero, apoyar la campaña de recaudación de fondos y acompañarnos a partir de las 8:00 a.m. del 22 de septiembre, en los Tribunales de Justicia de Guápiles, cuando dará inicio este octavo juicio.

Para más información a los contactos: 8583-0253 o 6060-0278

#TodxsSomosOrlandoBarrantes

 

Fuente de imagen: socialism.com

La impunidad que permanece

José Luis Pacheco Murillo

¿Cuántos funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción han sido juzgados y condenados? A lo largo de la historia la justicia pronta y cumplida que exige la Constitución Política se ha aplicado solamente contra los que al final resultan como los “chivos expiatorios”, los pobres a los que se les “pegan las pulgas” y que no tienen los medios económicos para hacerle frente a las acusaciones.

Casos tan donados como “la trocha”, en donde fueron miles de miles de millones de colones los que desaparecieron como por arte de magia y al final, los que tenían injerencia en contratos y manejos directos de dinero, tranquilos y sin novedad y otros pagaron los platos rotos.

Y se pueden seguir enumerando casos de casos en los que al final o prescriben o no se logra probar la comisión de los delitos y punto, aparece el santo protector de la delincuencia organizada y de la delincuencia de “cuello blanco”: SAN SE ACABÓ.

Y ante esa impunidad, los sectores que se supone deberían de ser insistentes en que se castigue a los responsables de esos robos, de esas apropiaciones, de esas estafas, de esos malos manejos, han distraído silencio o porque hay millones en publicidad o millones en contratos para “obras” o contratos de adjudicación de compras por parte del Estado.

Muchas cosas deben cambiar, especialmente en el Poder Judicial en donde la situación de nombramientos casi que de por vida de jueces y magistrados hacen que la justicia tenga como sus representantes a hombres y mujeres que están en una zona de confort que no les preocupa el sentido de responsabilidad social para con el orden y la limpieza de la delincuencia.

Dios quiera que casos como “cochinilla”, “diamante”, “Yamber”, “ALDESA”, y otros como el pago veloz y sin mucho análisis de 35 millones de dólares a la constructora OAS por no hacer nada y nadie dijo nada, puedan ser juzgados y se den las condenas contra quienes en realidad sean responsables de causar tanto daño a las finanzas y a la confianza del país.

Presupuestos universitarios (el FEES): el acuerdo firmado

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Investigador CICDE-UNED

Primero: ¿qué dice la Constitución de Costa Rica?

Básicamente interesan los siguientes artículos:

  • Artículo 77: textualmente indica que la “educación pública” está conformada por “sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”. Por ningún lado se admite que el INA, los CEN-CINAI y “alrededor de 50 instituciones” (Müller dixit) sean parte del sistema educativo.
  • Artículo 78: establece que el presupuesto destinado a la educación será un monto equivalente al 8% del PIB. Siendo que esa reforma constitucional fue aprobada en 2011, se daba tiempo hasta 2014 para cumplir con el mandato. Después de ese año, el presupuesto anual debía ser del 8%. Hoy, sin embargo, está en un 6%.
  • Artículo 84: entre otras cosas, igualmente importantes, este artículo ordena que: “El Estado las dotará [a las universidades] de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.
  • Artículo 85: es un artículo muy largo, que contiene disposiciones muy importantes, entre las cuales corresponde destacar las siguientes: el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades; las “rentas” asignadas a las universidades “no podrán ser abolidas ni disminuidas”, excepto si se las sustituye por otras mejores; los presupuestos, asignados según un plan quinquenal (que las universidades SIEMPRE han presentado) se ajustarán “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.

Segundo: lo acordado

Los principales elementos del acuerdo son los siguientes: el presupuesto de la UTN se suma como parte del FEES; se toma como base el presupuesto de 2022 (un poco más de ₡559 mil millones, incluida la UTN); se concede un ajuste del 1% “por inflación”. Presupuesto total acordado para 2023: ₡564.791 millones.

Tercero: evolución del poder adquisitivo real del FEES

Si comparamos el dato para el año 2021, con respecto a 2017, veremos que, en términos de su poder adquisitivo real (descontada la inflación), el monto real del FEES tuvo, durante esos cuatro años, un pequeñísimo incremento de menos del 1% (un 0,95% para ser exacto).

Por su parte, una vez que consideramos la inflación, el FEES para 2022, sufre, de forma inevitable, una considerable contracción, tanto respecto del año 2017, como en relación con el año 2021. Podríamos hacer la estimación de formas diversas: suponiendo que la tendencia de la inflación observada a julio 2022, se mantiene igual para el resto del año, o imaginar diversas hipótesis, más o menos optimistas, que supongan una relativa moderación del ritmo inflacionario. En cualquier caso, la reducción real del FEES de 2022 oscilaría entre -6,3% y -7,9%, al comparar con los años 2017 y 2021.

Igualmente puede hacerse la estimación con respecto al valor adquisitivo real (descotada la inflación) del presupuesto acordado para 2023. El valor que obtengamos varía, dependiendo de los supuestos que asumamos, tanto respecto de la inflación para el resto de este año 2022, como los que establezcamos en relación con la inflación para 2023. Hice un ejercicio, imaginando que la inflación para el próximo año se modera (un 6% de inflación anual). En tal caso, obtengo estimaciones que, al comparar con 2017 y con 2021, muestran reducciones que oscilan entre -12,9% y -15,7%.

Comportamiento del FEES con respecto al PIB

Si comparamos el FEES con el PIB, sin incluir a la UTN (lo que esta agregaría sería aproximadamente un 0,85% del PIB), el porcentaje respectivo disminuye de un 1,39% en 2017 a 1,19% en 2022 (1,27% incluyendo la UTN). Lo acordado para 2023 implica que ese porcentaje disminuye a 1,11% (1,19% incluyendo la UTN), lo anterior con base en el dato del PIB que el Banco Central estima para 2023.

Conclusiones

  1. Claramente ha quedado configurada una ruta que conduce al desmantelamiento de las universidades públicas.
  2. Claramente la Constitución de Costa Rica está siendo convertida en papel higiénico, y sus mandatos están siendo sistemáticamente violentados.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.

Los cantoncillos de a mentirillas – Lepanto-Paquera-Cóbano

M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada. Lic.
Coord. Foro Político Filosófico Agenda Verde.

En tiempo prehispánicos la Península de Nicoya (desde el cantón de Carrillo hasta el distrito de Cóbano), estaba habitado por la etnia Chorotega.  En la época colonial y hasta 1824 formó lo que se conoce como el Partido de Nicoya (Liberia, Santa Cruz y Nicoya), que se une a Costa Rica.  En ese entonces no existían los cantones de La Cruz, Carrillo, Hojancha ni Nandayure.  Los distritos de la Región Sur de la Península de Nicoya, formaban parte de Nicoya.

En 1909 se crea la provincia de Puntarenas con su capital en el puerto franco.  En 1915, el 18 de octubre, la administración de Alfredo González Flores, emite el decreto número 20 y entrega en administración a Puntarenas, el territorio que hoy conocemos como Lepanto, Paquera, Cóbano y las islas del Golfo de Nicoya.

A partir de 1915 se inicia un proceso en la Región Sur Península de Nicoya, cuyo resultado hasta nuestros días, ha sido el rezago social, reconocido institucionalmente en el quehacer de la ley 9036.  Este escenario se ha convertido en campo de batalla para la política partidista de Puntarenas para lograr poder político a nivel nacional y muy recientemente con la creación de los Concejos Municipales de Distrito (2001), se han empezado a consolidar las castas locales supeditadas, con fines netamente salariales, porque han encontrado en ello, un modo atrayente de sobrevivir.

El problema más grave de esta forma sesgada de mirar la realidad de la Región, es que, esos pequeños grupos de poder partidista uniendo sus escasas voces, pretenden hacer creer a la población, que no es conveniente la creación de un solo cantón y propalan a diestra y siniestra el “contonitis” como una solución.

Acabamos de tener una correría en la Región de la Comisión Puntarenas de la Asamblea Legislativa, integrada por diputados de Liberación, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Frente Amplio, la cual pagamos todos los contribuyentes.  Han venido a ofrecer en cada distrito un cantón, que promueven y respaldan los intendentes y que, por demás, son de a mentirillas.  El hecho de que la división territorial administrativa está judicializada en la Región, no ha sido obstáculo para estos personajes, para hacer esos ofrecimientos, carentes de veracidad.

Las voces del “cantonitis” tienen como argumento favorito, que, si los distritos se convierten en cantones, podrían utilizar sus recursos propios y no dependerían de la municipalidad del cantón Central de Puntarenas.  Por otro lado, las voces de la discordia y la división (diputados), que quieren mantener concentrado el poder político provincial apresuran el “cantonitis” en la Región, disque inscribiendo cantones, a sabiendas que no es posible dado que el tema está judicializado.  Esto quiere decir que, hasta tanto no se resuelva el recurso legal de pertenencia provincial, planteado por Nicoya en el 2012 ante el Tribunal contencioso, no tiene valor legal alguno, presentar iniciativas para crear cantones, entonces, falsear la realidad se convierte en un arma para dividir y confundir con inventos a la población.

Desde el año 2001 con la promulgación de la Ley 8173 Ley general de Concejos Municipales de Distrito, éstos han pasado a tener todas las potestades de una municipalidad con la única salvedad, que no tienen la ley que los constituyen en municipalidades en sí.  Podemos decir entonces, que los CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, SON MUNICIPALIDADES OPERATIVAS QUE LO ÚNICO QUE LES FALTA PARA SER MUNICIPALIDADES ES LA LEY.

Según la Sala Constitucional en su voto Nº 4530-00 de las 14,51 horas del 31 de mayo del 2000 estableció: “la finalidad de trasladar una especifica función a un órgano desconcentrado es justamente el encargarle con carácter exclusivo y excluyente una determinada competencia, que debe ejercerla sin injerencias, aún de la propia administración a la que se encuentra adscrito.»  Este es el caso de los Concejos Municipales de distrito de la Región y de cualquier lugar del país.

Al analizar esta ley, podemos encontrar que son órganos independientes de las municipalidades que los crean y que son autónomos.  El análisis del articulado de la ley, pone en evidencia que en la actualidad los concejos municipales de distrito son MUNICIPALIDADES OPERATIVAS AUTÓNOMAS, veamos:

El Artículo 1, son órganos con AUTONOMÍA FUNCIONAL PROPIA, no están supeditados a las municipalidades que los crean.  Artículo 3 TODA LA NORMATIVA REFERENTE A LAS MUNICIPALIDADES SERÁ APLICABLE A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO la ley los considera municipalidades operativas.  Artículo 9 LAS TASAS Y LOS PRECIOS POR LOS SERVICIOS DISTRITALES, EN TANTO ESTOS SEAN ASUMIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO, SERÁN PERCIBIDOS DIRECTAMENTE POR DICHO CONCEJO.  Tienen total independencia para recibir y usar los ingresos del distrito.  Artículo 10. LOS IMPUESTOS DE PATENTES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DISTRITO, SERÁN IGUALMENTE PERCIBIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.  Perciben los ingresos y los pueden usar en las obras del distrito.  Artículo 11. TODA PARTIDA ESPECÍFICA O TRANSFERENCIA PÚBLICA DE FONDOS PARA OBRAS O PROYECTOS DEL DISTRITO, DEBERÁ GIRARSE DIRECTAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.

Por razones obvias de su pequeñez, al no tener las instancias requeridas para brindar los servicios y deban recurrir a la municipalidad a la cual está adscritos, dependerán de ésta.  Esta situación es consecuencia de la poca capacidad que tienen para lograr transformación, achacando a la municipalidad a la cual están adscritos, los problemas que son propios de los Concejos Municipales de Distrito y no de la municipalidad.

Lo anterior deja en claro que los Concejos Municipales de Lepanto, Paquera y Cóbano, han sido municipalidades operativas durante 21 años.  Si en ese tiempo no han encontrado las respuestas satisfactorias para el desarrollo y siguen atribuyendo mediante falsa premisa el subdesarrollo a la dependencia de la municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, queda en evidencia el cálculo conveniente y tardo en comprender la realidad de la Región Sur, Península de Nicoya. 

Con la segmentación mediante la creación de cantones en los distritos de la Región, se busca la consolidación de poder político de los partidos en la Asamblea Legislativa y de estas castas en lo local por salarios.  Se proponen a sí mismas, como una réplica idéntica de la política partidista nacional, en donde los puestos de elección popular tienen como dueño familias o grupos de allegados, que buscan sin reparos de ninguna clase, un poder político partidista circular para mantener salarios y beneficios, cuyos resultados y efectos van en contra de la democracia y del desarrollo de la Región.

Es muy evidente que los concejos municipales de distrito o municipalidades operativas que existen en la Región Sur, Península de Nicoya, por su visión segmentada y su poco poder de transformación, no son la respuesta al desarrollo que busca la mayoría sin voz, de la población regional.

El Foro Agenda Verde hace esfuerzos para darle voz al pueblo llano, donde se encuentra el capital humano estudioso, honesto y comprometido, en el desarrollo sustentable de la Región, para ofrecer a las familias, las empresas y la biodiversidad, los mejores escenarios para su integración, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El frío no está en las cobijas, podemos caer en un camino de autodestrucción del desarrollo local, si permanecemos desinteresados ante la situación actual de la Región.  Debemos luchar por la unión para potenciar nuestro desarrollo con un solo cantón.  Veintiún de experimentación y bajos resultados como municipalidades operativas, debe ser suficiente para entender, que el poder de transformación está en la unión de todos los distritos en UN SOLO CANTÓN y una sola municipalidad.

La votación pública en el seno de Corte Plena

Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza, docente y ciudadana

         Corte Plena, para quienes no lo saben, está constituida por 22 magistraturas nombradas por la Asamblea Legislativa. Es el órgano superior del Poder Judicial por disposición constitucional (artículos 152 a 156 de la Carta Fundamental) y tiene, entre sus funciones, resolver conflictos planteados por cualquier persona en última instancia. Aunque esta sería su labor principal,  es lo que menos suele hacer, pues —como desde los años 80 indicara don Carlos José Gutiérrez y, más recientemente, lo mostrara el III Informe del Estado de la Justicia— la mayor parte del tiempo de sus integrantes se consume en las funciones administrativas que, por arte de prestidigitación, han pasado a llamarse “de gobierno” (y se despliegan en más de 50 comisiones) pues esto tiene más prestancia y está más a tono con lo de “corte” (así, en minúscula) y la autopercepción que allí rige.

         Otras funciones de ese órgano, no menos relevantes, son las de designar magistraturas electorales, magistraturas suplentes del propio Poder Judicial, elegir a quien ostente la Fiscalía General de la República, a jueces y juezas 4 y 5 en todas las materias, así como sancionar a toda la judicatura. Estas son parte de las tareas de “gobierno” que más gustan a algunos y algunas de quienes detentan la magistratura. Y, como de entre estos-as, hay quienes aspiran a tener cortesanos-as (es decir, personas al servicio de la corte que no examinen críticamente su hacer), cada vez que pueden declaran sus sesiones secretas y se amparan en un artículo (59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer también secretos sus votos.

         Cabe indicar que la citada ley que aquello dispone, la No. 8, data del 29 de noviembre de 1937, es decir, fue emitida en el gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940, época signada por los guiños al fascismo europeo) y el numeral original (antiguo 71 inciso 3 de la LOPJ) no ha sido modificado en su contenido respecto a ese secreto, aunque sí ha sido corrida su numeración. Es decir, la ley en que se ampara la votación secreta surge antes de la Constitución Política de 1949 que, en su artículo 11 actual (con reformas del año 2000) dispone: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal…” (sic, el masculino es del original, la negrilla es suplida). De este texto y del artículo 30 constitucional (que establece libertad de acceso a la información estatal de interés público, salvo los secretos de ley) derivan los principios constitucionales de publicidad y transparencia.

Quienes estudiamos derecho sabemos que el dogma básico del sistema jurídico moderno (de cuño romano-germánico) es el de jerarquía de las normas pues, de esta deriva la supremacía constitucional y le da soporte a la convencional (al prever la jerarquía de tratados y su valor, que luego se desarrolla en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados que, a su vez, impide a los gobiernos alegar su derecho interno para desconocer un convenio internacional). Eso significa que una norma de rango inferior no puede contradecir una de superior grado. Así, las directrices y reglamentos no deberían contradecir la ley (y si lo hacen son ilegales), las leyes no deberían ser contrarias a las normas y principios constitucionales y de tratados (y, si lo hacen, son inconstitucionales o inconvencionales).

Como el funcionariado público presta juramento (artículo 195) de respetar la Constitución Política (que es la que establece aquel principio), está obligado a ser vigilante de que esa jerarquía no se viole. Por eso, el voto público y motivado (ambos efectos de la rendición de cuentas y la transparencia) no debería requerir reforma reglamentaria o legal para ser aplicable, o deberían ser cuestionadas y rápidamente resueltas las normas que lo contemplen…si las cosas funcionaran como deben.

Para el cantante y poeta ya fallecido Leonard Cohen “hay una grieta en todo, así es como entra la luz” pero, también, por la grieta, entra la niebla. Sabemos que el oscurantismo no es propio de la Edad Media y de los sistemas inquisitivos puros, sino que, como parte de una cultura arraigada que es dinámica y cambiante, se mimetiza. También por las grietas de las instituciones y de las normas entra la niebla que impide tener una adecuada visión.

A las personas les extraña que la cúpula del Poder Judicial en ocasiones haga públicas las votaciones (por ejemplo en la elección de la anterior fiscal general: ver sesión de Corte Plena 10-2018[1], artículo XVII así dispuesta ante la presión de prensa y popular ante las circunstancias que se vivían) y en otras se limite a “aplicar la ley”, como lo ha dispuesto, para esta elección, en la que el fundamento jurídico es similar y se omite hacer el análisis jerárquico de reglas y se aplica solo la ley.

Entonces, la conclusión, es que la decisión depende no de la correcta aplicación del derecho sino de si las cambiantes mayorías (que, a su vez, suelen variar según sea el voto de los y las magistraturas suplentes) dado que, inclusive, si en la CSJ existise la preocupación de estimarse incompetentes para hacer la aplicación directa de la norma superior, a lo menos efectuarían la consulta de constitucionalidad correspondiente, que tampoco se vislumbra. Es claro que tanto para la votación pública como para la secreta en el seno de la CSJ hay argumentos jurídicos, pero, como se ha podido constatar, algunos son más sólidos que otros.

Para la designación de quien presidirá la corte en los siguientes y difíciles años (y probablemente para la designación de quien resulte fiscal general) se ha tomado como parámetro la circular 88-2017 (que, a su vez, es un cambio a la circular 69-14, ambas emitidas por la misma corte, reglas esas que no tienen la virtud de dejar sin efecto los principios constitucionales de publicidad y transparencia, sino que, más bien, deberían aplicarlos).

Tanto esta circular como la Ley Orgánica del Poder Judicial son inconstitucionales e inconvencionales. Lo ha resuelto así la misma Sala Constitucional para normas reglamentarias de la Asamblea Legislativa (y hay paridad en las razones para extender el razonamiento a este caso): Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho (…) el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley 8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos (…) y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera.” Sala Constitucional, voto número 4182-14.

Conviene recordarlo de cuando en vez. Convendría, también, que del mismo modo que —gracias a los medios de prensa y de la población vigilante de los asuntos públicos— se modificó un reglamento legislativo para lo cual, en otros momentos, no hubo voluntad ni legislativa ni de la misma Sala Constitucional (cuya acción de inconstitucionalidad, después de varios años, sigue sin ser resuelta, aunque la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula una duración, para ello, no superior a un mes después de finalizado el trámite que es descrito puntualmente: artículo 86) del mismo modo, decía, esos u otros actores, como la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, hagan uso de las potestades que brindan los artículos 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para —alegando los primeros un interés difuso o colectivo y las últimas instituciones su rol legal— plantear, expresamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien aprobarse, exentas de trámites dada la evidencia jurisprudencial existente, las modificaciones normativas que correspondan.

Para quienes siguen opinando que la votación secreta es propia del funcionariado público…¡Que la Patria os lo demande!


[1] Así votaron en esa ocasión, de las actuales magistraturas titulares, Rivas, Rojas, Varela, Sánchez, Ramírez, Cruz, Castillo, Rueda, Salazar y de suplentes Allón Zúñiga, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez, entre otros que ya no integran dicho órgano.

Foto: UCR

¿A quién asusta el feminismo hoy? Claribel Sánchez Arias en ONDA UNED

Imagen: www.ondauned.com

En el programa Cátedra sin Fronteras, participó como invitada Claribel Sánchez Arias, tutora de la asignatura «Perspectiva sociológica de la realidad costarricense». Se abordó el tema de la división sexual del trabajo, por medio de una contextualización histórica de lo que es el sistema patriarcal y cómo este conjunto de ideas y prácticas han relegado a la mujer a una posición inferior a la del hombre. 

Esta división se ve claramente representada por la esfera de lo productivo/reproductivo, dónde los hombres se han desenvuelto con facilidad en los medios de producción, en el trabajo fuera del hogar y a las mujeres, por mucho tiempo, se les “relegó” a lo privado, a lo doméstico y estas tareas de cuido, según la perspectiva del sistema capitalista, que privilegia únicamente un tipo de trabajo (el que genera acumulación de dinero y que se sostiene de la desigualdad), siguen siendo desvalorizadas en la actualidad.

Concluyen que el feminismo asusta a todas las estructuras, grupos de poder e instituciones que se benefician por la desigualdad inherente al sistema patriarcal y neoliberal. A pesar de los muchos avances en materia de erradicación de la violencia de género, derechos reproductivos y búsqueda de la remuneración del trabajo doméstico, el Estado costarricense sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres de este país.

Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:

http://ondauned.com/programa.php?ou=3980

Casa Infantil Universitaria celebra 18 años en beneficio de la conciliación familiar-estudiantil en la UCR

Durante estos 18 años de trabajo, la Casa Infantil Universitaria ha beneficiado a más de 800 personas estudiantes padres y madres en la UCR (foto: cortesía Milagros Jaime Arteaga).

Más de 800 estudiantes han logrado sostener su proyecto académico y fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos e hijas gracias a la CIU

La Casa Infantil Universitaria de la Sede Rodrigo Facio es un servicio de la Oficina de Orientación que se brinda desde el año 2004, con el  objetivo contribuir con la formación integral y la permanencia de las personas estudiantes madres y padres de la UCR. Como parte de sus pilares sobresalen el fortalecimiento del vínculo materno- paterno infantil, el ejercicio de la maternidad y la paternidad joven y el desarrollo integral de la niñez.

Durante estos 18 años de ardua labor, la Casa Infantil Universitaria ha impactado positivamente, la vida de más de 800 personas estudiantes y de sus hijos e hijas. El servicio se ha consolidado como una herramienta de apoyo para el éxito del proyecto académico de las personas estudiantes, pero también como un espacio donde se brinda acompañamiento para la crianza respetuosa y el desarrollo óptimo de la niñez.

Actualmente, el equipo interdisciplinario de la CIU está conformado por profesionales en las áreas de psicología y educación preescolar, además de tres asistentes de Educación Preescolar. Este equipo atiende en cada ciclo lectivo a un promedio de 55 infantes y 77 estudiantes madres y padres.

Este modelo de atención de la CIU permite que la población estudiantil madre y  padre puedan asistir a clases, mientras deja a sus hijos e hijas en un espacio seguro. Las niñas y niños son cuidados solamente en los períodos que los padres o madres se encuentran en lecciones o asisten a actividades obligatorias de su plan de estudios.

Karen Miranda Hidalgo, estudiante de Zootecnia y usuaria del servicio de la Casa Infantil Universitaria explicó que esta herramienta ha sido un gran apoyo para salir adelante con su proyecto académico.

La Casa Infantil Universitaria celebra su 18 aniversario este martes 30 de agosto (foto: cortesía Milagros Jaime Arteaga).

“La casita infantil ha sido un gran apoyo para mí porque en este momento no tengo una red cercana para el cuido de mi bebé, y no tengo palabras para describir lo privilegiada que me siento al recibir este servicio, porque no es solo el apoyo en  el cuido, sino también por el profesionalismo y el amor que tienen todas las compañeras de la casita, que le dan a uno la confianza y la tranquilidad de que no solo están cuidando al hijo de uno, sino que le están enseñando cosas nuevas y actividades que le ayudan con el desarrollo de las habilidades de ellos, mientras uno cumple con los deberes y tareas de la carrera” dijo Miranda.

Asimismo, Juan Carlos Palma Guadamuz, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil manifestó que el apoyo de la Casa Infantil Universitaria ha beneficiado significativamente el desarrollo integral de su hija y de él como estudiante.

“El apoyo de la Casa Infantil es  fundamental porque mientras uno está en clases, la bebé está ahí, la cuidan, y le dan herramientas para que se desarrolle de manera óptima, yo agradezco mucho que ella y yo tenemos acceso a profesionales para el desarrollo integral de ella y el mío, por ejemplo le tienen control con nutricionista, hay acceso a un odontopediatra, a psicólogo, y cuando iba a aprender a caminar le dieron recomendaciones para que lo hiciera de buena manera; yo estoy feliz cómo papá porque siempre me dan un informe de cómo ella pasó el día, y también nos dan  un informe tipo tamizaje del desarrollo del bebé, es un servicio muy completo” afirmó Palma.

Por su parte, la MSP. Milagros Jaime Arteaga, jefa de la CIU aseguró que este servicio trasciende el concepto de cuido y se consolida más bien como un espacio de atención integral para padres y madres estudiantes junto a sus hijos e hijas, desde una filosofía de educación en la cotidianeidad y el acompañamiento al desarrollo infantil temprano.

“El modelo de atención de la Casa Infantil Universitaria se fundamenta en la Educación en la Cotidianeidad, la cual define la construcción de saberes en la interacción de los diferentes actores que comparten experiencias en un marco de aprendizaje en comunidad. En este marco, se promueve las interacciones significativas entre las personas que conviven diariamente: niños y niñas, madres y padres, funcionarias y estudiantes becarios” afirmó Jaime.

Niños y niñas son formados de manera integral, mientras sus padres y madres asisten a clases (foto cortesía de Milagros Jaime Arteaga).

Y es precisamente este modelo de atención integral de la Casa Infantil Universitaria, el que le ha permitido a la UCR posicionarse como una de las pocas universidades de la región que ofrece un servicio estudiantil especializado e integral, efectivo en materia  de permanencia de la población estudiantil padre y madre.

“Acabamos de postular a la Casa Infantil Universitaria para formar parte del banco de buenas prácticas universitarias de la Red Iberoamericana Telescopi; la CIU se posiciona como un referente para los servicios de atención integral y desarrollo infantil, ya que no existen instancias homólogas en la región, y es importante que otros centros de estudio superior tomen esta iniciativa como un ejemplo de compromiso de una institución universitaria, en este caso de la UCR,  con la equidad y la oferta de oportunidades a poblaciones con vulnerabilidades específicas” expresó Jaime.

Además, Jaime afirmó que existe un estudio del Posgrado de Evaluación de Proyectos de la UCR, mediante el cual se evidencia que el servicio de la Casa Infantil Universitaria contribuye a conciliar la maternidad y paternidad con el proyecto académico, favoreciendo en gran medida la permanencia. Esto debido al aporte significativo que representa la CIU para el desarrollo infantil, el fortalecimiento del vínculo materno-infantil y paterno-infantil, y en la atención de necesidades específicas de la población estudiantil que es madre y padre.

“El Trabajo Final de Investigación “Evaluación de resultados del servicio que brinda la casa infantil universitaria de la Sede Rodrigo Facio a la población estudiantil que disfrutó de este en el año 2019” de la estudiante Mariam Chacón Matamoros, confirmó los principales aportes de la CIU en materia de permanencia de la población estudiante padre y madre, así como en materia de desarrollo de la niñez” explicó Jaime.

La Casa Infantil Universitaria es tan solo una de las múltiples herramientas de acompañamiento que la Universidad de Costa Rica le brinda a la  población estudiantil en aras de su formación integral y profesional, entre las cuales podemos mencionar: un sistema de becas de amplia cobertura, atención y promoción en salud, servicio de orientación, oportunidades de internacionalización, grupos artísticos y deportivos, voluntariado, liderazgo, entre otros.

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil, UCR

Experto de la UCR participa en una iniciativa mundial que impulsa la sostenibilidad ambiental

Iniciativa mundial para el cambio transformativo busca, entre otras estratégias, el mejoramiento del ambiente y los servicios ecosistémicos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Este esfuerzo de investigación internacional aportaría a gobiernos de diversos países información científica que oriente sus acciones y estrategias en esta materia.

El Dr. Edgar Espinoza Cisneros, investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), forma parte de los expertos que participan de la iniciativa mundial “Evaluación temática del cambio transformativo”, de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

La IPBES es un organismo intergubernamental independiente creado en el 2012 con el objetivo de evaluar el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

La evaluación temática del cambio transformativo tiene una vigencia de 2019 hasta 2024 y su objetivo es comprender e identificar los factores de la sociedad humana que pueden ser impulsados hacia un cambio transformador para la conservación, restauración y uso racional de la biodiversidad.

“Esta iniciativa surge a raíz de peticiones de gobiernos y autoridades que exigían información científica y confiable sobre las acciones y estrategias necesarias para un cambio transformativo, hacia un viraje a lo que conocemos como la sostenibilidad. Dado el contexto en que estamos de insostenibilidad y cambios sociales tan drásticos ”, expresó Espinoza.

El investigador formó parte de la primera evaluación de la IPBES en 2018 y fue elegido como científico experto posterior a una etapa de evaluación y selección para la presente iniciativa, en la cual comparte con expertos de más de 100 países.

Costa Rica cuenta con dos representantes en esta iniciativa. Mientras que Espinoza participa de esta iniciativa mundial por parte de la UCR, el economista ambiental costarricense, Francisco Alpizar Rodríguez, lo hace en representación de la Wageningen University, de Países Bajos.

“Mi trabajo como evaluador consiste en una revisión exhaustiva de la ciencia que existe detrás del cambio transformativo, sintetizar y presentarla de una manera que pueda ser digerida por los tomadores de decisiones y autoridades, los cuales son parte de las audiencias objetivo de este tipo de evaluaciones”, agregó.

El Dr. Edgar Espinoza Cisneros, investigador de la Escuela de Geografía, representa a la Universidad de Costa Rica en la IPBES, como investigador experto en temas de sostenibilidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Este geógrafo destaca la participación de la UCR en la evaluación temática, ya que refleja el compromiso de la academia por generar acciones y estrategias hacia un cambio social, el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad y la aspiración de alcanzar la sostenibilidad en diversos ámbitos.

“La presencia de la Universidad de Costa Rica en una evaluación de esta envergadura es muy importante ya que visibiliza el compromiso por generar cambios sociales y en materia de biodiversidad”, expresó.

El experto enfatiza que el éxito de esta iniciativa establecería un paso importante para una transformación de la estructura social de los países involucrados. Agregó que “significaría una reestructuración grande en el plano económico, tecnológico, cultural y social; que nos haría virar hacia un modelo idóneo de sostenibilidad”.

El académico señala que pese a encontrarse en una fase inicial, la evaluación apunta a tener incidencia en las sociedades involucradas, puesto que se trata de una petición de los gobiernos y las autoridades de diversos países para contar con los insumos y las estrategias en la generación de cambios en materia de sostenibilidad en múltiples sectores sociales. 

Respecto a la posible aplicación de la iniciativa, posterior al 2024, el experto agregó que “la implementación de las acciones sugeridas en la evaluación ya depende de cada país, y ya eso se sale del rango de acción de la IPBES. Esta evaluación es un insumo para la toma de decisiones y planificación, pero la implementación en sí, depende de cada país”.

Además, señala que iniciativas de este tipo se diseminan rápidamente a través de redes de actores que ya tiene la IPBES, y que incluyen tomadores de decisiones, científicos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, y ciertos grupos más comunitarios/locales. Por lo cual, las evaluaciones calan rápidamente en países europeos y Estados Unidos, pero no están dirigidos a un país específico sino a una “comunidad global”.

Para conocer sobre la evaluación temática del cambio transformativo y la plataforma IPBES se puede acceder al siguiente enlace: https://ipbes.net/transformative-change

 

Gustavo Martínez Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR