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Sigamos recordando los episodios que produjeron la independencia

Rodrigo Aguilar Arce

Es importante destacar que la Independencia se deriva de una ardua tarea de las provincias centroamericanas de desligarse del yugo de un país europeo, es decir, se denomina Independencia de Centroamérica al proceso emancipador por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los cuales, a través de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821 rompen lazos con el Imperio Español.

Por esa razón se realizan diversos actos en cada uno de los países y por supuesto, se recorre por parte del estudiantado de ellos la antorcha centroamericana como símbolo inequívoco de ese logro realizado por parte de aquellas provincias que tomaron la decisión de ser libres.

Por eso es importante que las generaciones actuales y las nuevas desde la diversas instituciones educativas sigan recordando estos episodios, en los que las anteriores generaciones supieron liberarse del yugo que les oprimía.

UCR, Voz experta: El civismo debe trascender a la acción, a las obras que sensibilicen con los valores de la identidad colectiva

Prof. Juan Antonio Arroyo Valenciano. Escuela de Adm. Educativa, Facultad de Educación Universidad de Costa Rica

El pensamiento educativo moderno en su construcción histórica es producto de los aportes y planteamientos expresados en diferentes épocas y contextos por disímiles y connotados pensadores. Al respecto, los aportes de Locke (1632) y Rousseau (1712) no solo permiten comprobar tal afirmación, sino también resaltar el gran conocimiento que ambos poseían acerca de la relevancia de la educación para el Estado y la sociedad. Sus ideas permiten establecer la hipótesis de que es a través de los sistemas de educación pública que los seres humanos mutan del homo naturalis al homo civili, contribuyendo así a transformar a los seres humanos para una vida ciudadana, en donde las normas son establecidas por la voluntad general de todos los que conformar esa comunidad.

La educación debe lograr que cada persona se integre a la sociedad, pero ante todo que pueda llegar a sentir que es parte de ella. Por ende, surge el civismo o la educación cívica, como una asignatura orientada a ordenar y armonizar, a partir de un determinado corpus de conocimientos, valores, costumbres y comportamientos esenciales, las relaciones de convivencia entre todas las personas de un grupo social, con la finalidad de consolidar así una sola identidad colectiva.

Por consiguiente, y en consonancia con su acepción etimológica, el civismo prepara para que cada persona adhiera a su identidad, la actitud conforme a su deber como persona ciudadana, haciendo de la rectitud cívica una cualidad fundamental del ciudadano. La ley Fundamental de Educación de Costa Rica (1957) en concordancia con lo señalado, establece entre sus fines para los miembros de la sociedad costarricense: “la formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana”.

Sin embargo, formar ciudadanos no es un acto sencillo que pueda simplemente ser atribuido per se a la inclusión de una asignatura en el curriculum educativo, por ejemplo, a la educación cívica, máxime si esta tiene una orientación informativa, enfatiza en la exposición teórica acrítica y neutral, utiliza un lenguaje abstracto que la aísla de la práctica y del contexto social y político. Además, cuya praxis, bajo la misma orientación queda limitada a la organización de una semblanza o al desarrollo de un rito, que conmemora un determinado hecho histórico (Batalla de Santa Rosa, Día de la Independencia, entre otros). Es decir, la comunidad social supone estar promoviendo la identidad colectiva y la promoción de valores ciudadanos, al celebrar las actividades cívicas, pero esto es más un acto de asistencia que de participación activa.

«La educación cívica debe motivar a la persona ciudadana a ser protagonista responsable y crítica ante los problemas de la sociedad, motovarla a proponer soluciones asertivas que consoliden un entorno de convivencia cada vez más solidario y digno para cada uno y una de sus conciudadanos».

Este tipo de praxis fortalece la imagen y el modelo de una persona que de palabra se profesa persona ciudadana, pero en la práctica el fervor cívico no se manifiesta, ni da testimonio. Dado que prefiere esconder sus emociones y sentimientos, mantenerse al margen y aislarse, evitando el compromiso que le demandan por su deber ciudadano una participación activa, consciente y crítica, sea esta para elegir a sus gobernantes o atender la seguridad social de su comunidad.

Formar a la ciudadanía en valores cívicos, implica un trabajo en conjunto entre diferentes actores: familia, escuela y sociedad. Es un proceso que inicia desde la niñez y se va perfeccionando a través de los años. De acuerdo con lo anterior, el civismo debe trascender a la acción, a las obras que lo sensibilicen con los valores de la identidad colectiva. En otras palabras, debe motivar a la persona ciudadana a ser protagonista responsable y crítica ante los problemas de la sociedad; proponiendo soluciones asertivas, generando de toda acción una oportunidad para aliar el interés particular al bien general, de tal modo, consolidar un entorno de convivencia cada vez más solidario y digno para cada uno y una de sus conciudadanos y para el correcto funcionamiento de la sociedad.

 

Juan Antonio Arroyo Valenciano
Profesor Escuela de Administración Educativa Facultad de Educación UCR

El extractivismo en Costa Rica: diferentes análisis para un problema en común – video

Mesa redonda

El 7 de setiembre de este año se realizó una mesa redonda presencial en la Facultad de Ciencias Sociales.

Las personas participantes fueron: la Dra. Tania Rodríguez Echavarría, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Geografía, e investigadora del CIEP, UCR con su ponencia “Extractivismo agrícola y fronteras en Centroamérica: el caso de la piña en Costa Rica”; el Dr. Vladimir González Gamboa, investigador en Programa Estado de la Nación, Costa Rica, docente en Programa de Posgrado en Gestión Integral de Áreas Costeras Tropicales, UCR que presentó “El uso y el no uso sostenible de los recursos naturales: Una relación socio-ecológica”; y el Dr. Edgar Blanco Obando, docente en Maestría de Sociología, investigador en Centro de Investigación Históricas de América Central y Centro de Investigación, Observatorio del Desarrollo, UCR con su ponencia “Evolución del sistema agropecuario y surgimiento de conflictos ambientales: Costa Rica siglos XIX – XXI”.

La doctora Nancy Piedra Guillén, directora de la Maestría Centroamericana en Sociología fue la moderadora.

Compartimos el video de la mesa redonda en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/15PBbl8vU9u4P2hGgvIcJN-ZeNBZw5HvP/view?usp=sharing

El Salvador: situación nacional y régimen de excepción

Este próximo viernes 16 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Programa Alternativas se hablará sobre “El Salvador: situación nacional y régimen de excepción”, con la invitación del y las siguientes panelistas: 

  • Patricia Reyes: representante del movimiento Víctimas del régimen.
  • Samuel Ramírez: ingeniero, representante del movimiento de Víctimas del régimen. 
  • Sonia Urrutia: dirigente del Bloque de Resistencia Rebeldía Popular y secretaria general de FESTRAJUSAL. 

Puede dar seguimiento al Programa Alternativa por medio de Facebook Live Alternativas o la transmisión radial de Radio 16 oficial: 1590 AM.

Dignidad para jubilados del Magisterio Nacional de Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información:

El día martes 13 de septiembre del año en curso (2022) fue lanzada una petición dirigida al Presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves Robles, a la Asamblea Legislativa y a entidades financieras. La carta expone el siguiente mensaje:

“El 81% de los pensionados del Magisterio tiene una pensión considerada baja, con un monto menor a 1,5 millones de colones nominales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de enfermedad y maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota del 5/1000 para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones.

Esta población de pensionados que asciende a 35 mil personas, soportan en la actualidad un aumento desmedido del costo de la vida, expresado en una inflación del 11.2% y que responde al aumento de los precios de alimentos básicos como el aceite, los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la harina, el café, el azúcar y las carnes, pero también al aumento de los precios de los servicios y del transporte, resultado del aumento de los derivados del petróleo, en un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de las familias.

Por su parte las pensiones medias, que representan el 17% del total y que tienen montos entre 1,5 millones y cuatro millones de colones mensuales nominales y que a las cargas impositivas anteriores le adicionan una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas— también han visto reducida la capacidad adquisitiva debido a que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, lo que redunda en una disminución importante de los ingresos.

Es decir que el 98% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y dentro de los parámetros generalmente aceptados de UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más),en montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS a partir de 1995 como cotizante único, no sólo reciben una pensión reducida en términos nominales, si no que están enfrentando un aumento desmedido de precios y de las tasas de interés de sus préstamos, que los sitúa en una posición de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad de su futuro inmediato.

Se trata de una población de alrededor de 42 mil adultos mayores y sus familias, que reciben montos netos limitados de sus pensiones y que están siendo afectados por la crisis económica y su manifestación evidente una alta inflación, ante la que el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para revertirla.

Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitamos al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender las siguientes propuestas:

  • La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace dos años.
  • La reducción en un 50% del monto del impuesto sobre la Renta que pagamos los pensionados del Magisterio.
  • La eliminación de la cuota solidaria del 5/1000 para la administración del régimen de la JUPEMA, que pagamos siendo pensionados.
  • La adecuación de las deudas que tienen los pensionados con entidades del sistema bancario nacional, entidades financieras del Magisterio y cooperativas.
  • El retorno a las anteriores fechas de pago del 12 o 13 de cada mes que la Administración Alvarado modificó arbitrariamente con gran perjuicio para los pensionados.

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido debido a la inflación, al aumento del tipo de cambio y de las tasas de interés, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones deciden analizarlo.

Solicitamos al Presidente y a los Ministros de su Gabinete, al Directorio y las fracciones de los partidos representados en la Asamblea Legislativa y las Directivas y Gerencias de las entidades financieras, escucharnos y atender nuestras demandas, por razones de justicia, de equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región” (en Cepal.org/ agenda 2030)”.

Si desea apoyar esta petición puede hacerlo accediendo al siguiente enlace: 

https://chng.it/HhMktzKjNr

El pueblo deberá defender las instituciones que considera fundamentales

José Luis Pacheco Murillo

Por lo general, los sabios y los entendidos nos inculcan la filosofía de vivir “ligeros de equipaje”. Es decir, no obsesionarnos con la acumulación de cosas materiales. El fundamento es el estar preparados para alzar vuelo en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Ese pensamiento es válido para seres humanos.

Sin embargo, ese principio no necesariamente es bueno cuando del Estado se trata. La venta de instituciones públicas no siempre ha sido un buen negocio para el Estado y por ende para la ciudadanía. Mucho menos cuando esas instituciones son exitosas y proveen al país oportunidades de desarrollo. Ya conocemos lo que ha sucedido en otros países cuando se han despojado de las instituciones que brindaban bienestar, el pueblo termina pagando las consecuencias.

Quizá haya que poner orden en algunas. Quizá haya que mejorar la forma de prestar servicios o quizá haya que ponerlas a competir para hacerlas más eficientes, pero deshacerse de ellas no siempre es la mejor decisión.

El dinero que pagarán por ellas durará poco y luego ya no tendremos ni dinero ni instituciones y eso simplemente es empobrecernos más y hacer que el futuro sea poco halagüeño.

El pueblo deberá defender las instituciones que considera fundamentales para que tengamos un futuro promisorio y especialmente para las nuevas generaciones. No siempre nuestros representantes en la Asamblea Legislativa tienen los mismos pensamientos e intereses que el pueblo y por ello también ahí se debe presionar y hacer saber que no queremos despojarnos de lo que tanto ha costado mantener.

Vender lo que ha sido bueno es un pensamiento de pobreza y abandono en manos de otros que vendrán a explotarnos. Tengan mucho cuidado señores del gobierno, Presidente y diputados con lo que hacen con lo que pertenece al pueblo.

Dios quiera que entiendan que eso de las instituciones no son bienes de difuntos sin herederos, por el contrario, nuestros antepasados lucharon mucho por tener y dejarnos algo para nuestro futuro. No despilfarren y no hagan de lo que no les pertenece una fiesta para beneficio de amigos y financistas de campaña.

Más de 2500 personas y organizaciones piden prohibir agro veneno clorotalonil en Costa Rica

COMUNICADO DE PRENSA

– Organizaciones y personas de la ciudadanía piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua

Estas personas son de distintas instancias: académicas, educación secundaria, organizaciones ecologistas, derechos humanos, asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales, artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras, medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura urbana, cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas, sector cultura y guardianas de semillas, entre otros.

Las personas firmantes afirman que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería por consiguiente prohibirse en Costa Rica.

Desde inicios de año se viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.

La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.

Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.

Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.

En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.

Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.

Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.

Comunicado elaborado con el apoyo del Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR.

Sala Cuarta rechaza acción de inconstitucionalidad de la Asociación Multiétnica y Pluricultural contra la ley indígena

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

– “La Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), no tiene entre sus fines, la defensa de los derechos autóctonos de los pueblos indígenas de Costa Rica” señala la Sala Constitucional.

Martes 13 de setiembre de 2022. Mediante resolución Nº 2022014850 de las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, rechazó de plano, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores de Buenos Aires y Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, expediente: 21-026066-0007-CO; contra Ley Indígena. No. 6172 de 29 de noviembre de 1977.

Las 3 organizaciones accionantes pretendían que se declarara inconstitucional la Ley Indígena 6172 de 1977, alegando que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta a la población indígena, no están regulados en esa Ley, también señalan que durante la aprobación de la Ley No. 6172 se incurrió en vicios de forma y que la ley impugnada tiene también vicios de fondo, además, reclaman que se ha producido una violación al derecho fundamental a la consulta, contemplado en el artículo 6 del Convenio 169 citado, por la ausencia de un marco regulatorio en la Ley indicada en perjuicio de los pueblos indígenas.

Para efectos de legitimación, señalan los recurrentes que deriva del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto acuden en defensa de los intereses de los miembros de la Asociación referida y la población indígena costarricense.

La pretendida acción de inconstitucionalidad de las cuestionadas organizaciones, fue rechazada de plano por la Sala Constitucional, que en el Considerando I con respecto a los accionantes manifiesta “…en su condición, según manifiestan, de representantes de los pueblos indígenas de Costa Rica. AMPBA, es una asociación civil, cuyos objetivos son totalmente académicos, sociales y culturales. No está consignado, como uno de sus fines, la defensa nacional de la comunidad indígena o de algún grupo indígena en particular”.

Además, considera la Sala “la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), no tiene entre sus fines, la defensa de los derechos autóctonos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Asimismo, su marco de actuación, se reduce a los territorios de Buenos Aires de Puntarenas, de manera que no puede, sin más, pretender impugnar una ley que afecta a la totalidad de los pueblos indígenas del país.”

En el mismo sentido, reitera el Tribunal Constitucional “Si la Asociación pretende defender los derechos de todos los pueblos indígenas, debe, al menos, demostrar que ese es uno de sus fines, así como acreditar previamente, las condiciones que los legitiman a impugnar una normativa que es nacional y de enorme importancia para los pueblos indígenas.

Por su parte, la Coordinadora General, «si bien es representante de las Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, no puede atribuirse, por ese solo hecho, la representación legal de toda la población indígena de Costa Rica como pretenden en la acción. En razón de lo expuesto, la acción debe ser rechazada.”

La Asociación Multiétnica y Pluricultural (AMPBA) es una organización que conglomera personas ocupantes ilegales de terrenos en Territorios Indígenas y personas afines, ha sido identificada como un actor que agrede a los Pueblos Originarios.

Por lo tanto, llamamos y exigimos:

– A la comunidad nacional, internacional, a las autoridades competentes así como a las organizaciones amigas, a estar alertas sobre los movimientos de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA). Todos, todas, Pueblos Originarios y no, somos testigos (as) de la profunda violencia y odio que promueve ésta organización.

– Al Poder Judicial, a que investigue el actuar de la AMPBA y de las personas que la integran, por su vínculo claro con agresiones, violencias y delitos que han sido denunciadas pública y judicialmente; y a los que sobreviven los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando tierras-territorios.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Concejo Ditsö Iriria Ajkönu Wakpa de Salitre.
Consejo Iriria Sat Kök de Yamabï Dí (Cabagra).
Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.
Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Nota de la redacción: Puede ver la resolución completa en el siguiente enlace compartido con SURCOS por Elides Rivera Navas:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1098995

La Razón Blindada: exilio, arte y cambio social

En el Programa de Voces y Política, este miércoles 14 de septiembre a las 5:00 p.m. se conversará sobre “La Razón Blindada: exilio, arte y cambio social”. 

En la conversación se contará con la participación de los integrantes del proyecto Las Troyanas. Si usted desea conocer más sobre este tema, sintonice el programa por medio de la 96.7 FM en Radio Universidad o también, puede seguir el paso a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica. 

Conversando sobre el racismo-Saber Vivir

Se extiende la invitación para este jueves 15 de setiembre de 2022 a partir de las 8.00 a.m., al programa de radio “Conversando sobre el racismo-Saber Vivir” de radios universitarias UCR por la frecuencia 870 AM.

Se contará con la voz de la poeta y escritora Mía Gallegos, con el aporte de su reciente ensayo «Una mirada decolonial en torno a la novela Limón Blues».

Se abordarán temas como la literatura, el colonialismo interno, el racismo de larga trayectoria y las relaciones entre las distintas estructuras de dominación y discriminación.

Para acceder a los programas pasados lo puede hacer mediante el siguiente enlace de Instagram: https://www.instagram.com/p/Ciao4LmOFg0/?igshid=MDJmNzVkMjY=