El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.
Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.
El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.
Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.
“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.
Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.
Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.
El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.
La producción arrocera nacional respondió a recientes declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó al sector como “ineficiente” y afirmó que cerrar el Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) permitiría repartir millones de colones entre las personas productoras.
El sector considera esas afirmaciones injustas y carentes de fundamento, y advierte que cerrar CONARROZ no solo sería improcedente, sino destructivo, ya que significaría eliminar la institución que por décadas ha sostenido la productividad, la innovación y el financiamiento de la producción arrocera nacional. Además, un eventual nuevo marco legal tardaría años en aprobarse, dejando desprotegido al sector.
FONARROZ: un mecanismo de protección, no un impuesto
El comunicado aclara que el Fondo Nacional de Arroz (FONARROZ) no representa un impuesto, sino un aporte equitativo entre personas productoras e importadoras, con un impacto mínimo de apenas ₡12,6 por kilo, destinado a mantener viva la producción nacional y resguardar la seguridad alimentaria.
CONARROZ: resultados concretos
La organización destaca que los logros de CONARROZ son verificables:
Financiamiento accesible: ha permitido a micro, pequeñas y medianas personas productoras acceder a crédito, actuando como banca de segundo piso ante la falta de respaldo estatal.
Innovación y productividad: mantiene convenios con el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), con resultados comprobados en el aumento de los rendimientos nacionales.
Asistencia técnica directa: ofrece acompañamiento en las regiones arroceras, incluso donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha dejado de brindar apoyo.
Gracias a estas acciones, Costa Rica ha alcanzado rendimientos de entre 4,2 y 6 toneladas por hectárea, cifras comparables con los mayores exportadores mundiales, como India, y muy por encima de países como Tailandia.
Una caída histórica
El texto recuerda que entre 2012 y 2024 el área sembrada de arroz se redujo un 60 %, afectada por fenómenos climáticos y por políticas públicas que, según el sector, han sido más devastadoras que los propios desastres naturales. Actualmente, el país enfrenta el menor promedio histórico de hectáreas sembradas desde hace décadas.
Más que cifras, son familias
El 80 % de la producción nacional está en manos de micro, pequeñas y medianas personas agricultoras. Desmantelar el sector significaría destruir economías rurales, empleos y una parte fundamental de la seguridad alimentaria nacional.
Llamado a la reflexión
El comunicado pide a la diputada Cisneros recordar la tradición solidaria y hospitalaria de Costa Rica, que ha dado oportunidades a miles de familias. En esa línea, instan a tender la mano al sector arrocero, no a cerrarle el paso.
Conclusión
El mensaje concluye afirmando que la producción arrocera nacional es eficiente, productiva y resiliente, y que CONARROZ es vital porque financia, capacita y eleva los rendimientos, haciendo lo que el Estado debería garantizar. La aprobación del proyecto de ley 24.211, señalan, fortalecería la producción nacional, protegería a las familias productoras y aseguraría la continuidad del alimento más consumido por las personas costarricenses. Imagen: https://www.noticiaslagaritacr.com
La Asociación de Directores y Guionistas del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que rechaza enérgicamente la represión contra quienes se manifiestan en el marco del actual Paro nacional.
En su comunicado, la agrupación exigió al gobierno respetar la Constitución y el derecho ciudadano a la protesta pacífica, al tiempo que repudió el derramamiento de sangre en el país. Señalaron haber sido testigos de hechos indignantes, entre ellos un manifestante que recibió disparos y personas agredidas cuando intentaban socorrerlo, quedando tiradas en la vía.
Los cineastas afirmaron que, pese a las diferencias políticas, la ciudadanía no puede permanecer en silencio frente a la violencia. Subrayaron que los manifestantes no son terroristas y recordaron que la riqueza del Ecuador radica en su diversidad y en la capacidad de diálogo.
La Asociación exhortó al gobierno y a las fuerzas armadas a actuar en estricto apego a la Constitución, e instó a que los hechos violentos no queden en la impunidad. Además, llamaron a la ciudadanía a continuar documentando lo que ocurre en las calles.
Puede ver el video completo en este enlace: Facebook Video
El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente las maniobras agresivas e ilegales del imperialismo estadounidense en el Caribe, que constituyen una amenaza directa a la paz latinoamericana y un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano.
La acumulación extraordinaria de medios militares de EE.UU. en el sur del Caribe, las incursiones ilegales de sus aviones de combate en espacios aéreos controlados por Venezuela, la destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, así como la pretensión de extender estas acciones a zonas terrestres, forman parte de un plan cuidadosamente diseñado para fabricar un pretexto de agresión militar. Esta política belicista viola de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
El imperialismo estadounidense, en su desesperación por recuperar control político y económico sobre los recursos venezolanos, busca imponer por la fuerza lo que no ha podido lograr con bloqueos, sanciones y campañas mediáticas. Se trata de una ofensiva peligrosa que podría desatar un conflicto armado con consecuencias incalculables para toda América Latina y el Caribe.
El PVP reafirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano, su Gobierno Bolivariano y su unidad cívico-militar, que han resistido dignamente décadas de agresiones imperialistas. Defender la soberanía de Venezuela es defender la soberanía de todos los pueblos de la región.
Llamamos a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales y a los gobiernos comprometidos con la paz a cerrar filas contra esta amenaza y a movilizarse para impedir que una nueva agresión imperialista siembre muerte y destrucción en nuestra América.
Desde ayer entró en vigor el mandato constitucional que trasfiere todas las funciones policiales relacionadas con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones.
Con la paz que hemos tenido durante tantos años, posiblemente muchos ciudadanos no valoran la necesidad o magnitud de este proceso.
Nací en 1938, recuerdo con toda claridad la Campaña Política de 1944, antecedente de la Guerra Civil de 1948. Fue una campaña violenta en donde el gobierno de turno usó la policía para reprimir plazas públicas del partido de oposición. En ese entonces vivía a 125 metros de la Plaza Iglesias, en Alajuela en donde el candidato Otilio Ulate celebró una manifestación donde vi a policías montados a caballo golpear con macanas a manifestantes pacíficos; de hecho, un amigo de mi familia fue golpeado en la cabeza y sangraba profusamente. En el mismo sitio, un miembro civil del gobierno sacó un revolver para intimidar a quienes lo reconocieron. Estos hechos violentos que describo fueron al final de 1947 en el Gobierno Picado.
Para la generación actual esta acción parecería simbólica, pero es de suma importancia se respeten las opiniones de todos.
De acuerdo con documentación enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Osvaldo Quirós Arias, fue condenado nuevamente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por ocultar información pública relacionada con el proyecto PAACUME (Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras).
Se trata del proyecto de inversión más grande de Costa Rica, con un costo estimado de ₡500.000 millones de colones, ampliamente cuestionado por destinar agua a grandes monocultivos como los de Ingenio Taboga, Hacienda El Pelón y Azucarera El Viejo. Según incluso la exministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, PAACUME «no es financieramente rentable» y los costos de su ejecución no serían trasladados a los usuarios, sino asumidos por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía.
Una condena reiterada
El gerente de SENARA ya había sido condenado por la Sala IV el 2 de mayo de 2025 (voto 2025-012988), cuando se le ordenó suministrar información solicitada en marzo de ese mismo año. Ahora, mediante sentencia Nº 2025-031104 del 26 de setiembre de 2025, se reitera la condena y se le exige entregar la documentación pedida por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El fallo establece que Quirós Arias deberá entregar la información solicitada en un plazo de un mes, bajo advertencia de que su incumplimiento podría acarrear prisión de tres meses a dos años o una multa de 20 a 60 días, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condena al SENARA al pago de costas, daños y perjuicios.
Fondos públicos, obligación de transparencia
La Sala Constitucional subrayó que los recursos provenientes del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a PAACUME, son fondos públicos y, por lo tanto, están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.
En su resolución, la Sala fue clara: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de control ciudadano sobre la gestión pública, y las autoridades no pueden retrasar ni ocultar datos que son de interés nacional.
PAACUME bajo la sombra de la opacidad
El caso revela el hermético manejo de la información sobre PAACUME, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, sus impactos socioambientales y la conveniencia de destinar recursos públicos a favorecer grandes monocultivos en Guanacaste, mientras amplios sectores del país enfrentan crisis hídricas.
Con esta nueva condena, queda en evidencia la necesidad de vigilancia ciudadana y de una rendición de cuentas efectiva sobre el megaproyecto hídrico más costoso de Costa Rica.
Estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Pablo García Monge, presenta ante la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR una propuesta para organizar una “Feria de Posgrado Internacional en la Universidad de Costa Rica”. Este evento tiene como objetivo principal robustecer la proyección académica de la UCR y también incrementar las oportunidades de capacitación superior para estudiantes y docentes.
La feria está pensada para desarrollarse durante cuatro días, en los cuales estudiantes y docentes pueden acceder a espacios físicos informativos de universidades extranjeras que actualmente cuentan con convenios con la UCR. Además, existiría la posibilidad de asistir a charlas educativas con invitados académicos. Esta propuesta busca la valoración de las autoridades universitarias pertinentes para poder desarrollar conexiones académicas globales y movilidad estudiantil. Además, se solicita que en caso de existir una negativa a la propuesta, se expliquen las razones que impidan desarrollar la propuesta.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Collaborate or leave: Israel´s cruel ultimatum to humanitarian groups in Gaza», Magazine+972, edición del 24 de septiembre del 2024). Su lectura completa es altamente recomendada.
El pasado 29 de septiembre, desde la Casa Blanca, el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel anunciaron al mundo un denominado «Plan de Paz» finiquitado entre ambos, en 20 puntos, para resolver el drama indecible que se vive en Gaza (véase nota de la BBC).
Las fotografías del evento y de las discusiones previas evidencian que el texto se negoció únicamente entre el equipo del Presidente de Estados Unidos y el del Primer Ministro de Israel (véase galeria de fotos).
Se debe desde ya notar el gran impacto mediático, sumamente sostenido, en las diversas latitudes, que ha provocado este anuncio. Así como la multitud de opiniones, artículos, «expertos» y analistas haciendo énfasis en el valor de esta propuesta.
Costa Rica, mediante un comunicado de prensa (véase texto), celebró este denominado «Plan de Paz» (Nota 1): salvo error de nuestra parte, es el único Estado en América Latina cuyo aparato diplomático se apresuró en saludarlo casi al momento de ser anunciado en Washington. En caso de existir otro comunicado similar colgado en un sitio oficial de otro Estado en América Latina, no dudar en hacernos llegar el enlace enviándolo a: cursodicr(a)gmail.com. Un Estado que en los últimos años se ha alineado con las posiciones de Israel y de Estados Unidos en Naciones Unidas como Argentina, no emitió comunicado alguno (véase enlace al sitio oficial de su diplomacia).
Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, una proyecto de resolución de cese al fuego y obligando a Israel a dejar entrar la ayuda humanitaria urgente que espera la población palestina en Gaza, fue objeto de un enésimo veto norteamericano frente a 14 votos a favor en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: un veto injustificable, que tuvimos la ocasión de analizar en detalle y que posiblemente explique la necesidad para Estados Unidos de buscar urgentemente la manera de presentarse al mundo con una mejor cara (Nota 2).
Breve detalles sobre el «timing»
La escogencia de las fechas no siendo casi nunca fruto del azar en las relaciones internacionales, se puede observar que este anuncio oficial hecho el pasado 29 de septiembre desde la Casa Blanca se da:
– pocos días antes de conmemorarse dos años desde el 7 de octubre del 2023, así como;
– pocos días después de la verdadera humillación que sufrió el Primer Ministro de Israel en persona, al observar en el recinto de Naciones Unidas una salida masiva de casi todas las delegaciones al momento de tomar la palabra para dirigirse a la Asamblea General: por cierto, nuestros estimables lectores costarricenses deben saber que una de las pocas delegaciones que permaneció en su lugar fue la de Costa Rica (véase nota de Delfino.cr). Es probablemente la primera vez en la historia que se observó a un dirigente de un Estado leer su discurso desde el majestuoso púlpito de la Asamblea General, teniendo vigente en su contra una orden de captura por crímenes de guerra, la cual fue emitida desde finales del 2024 por la justicia penal internacional de La Haya. Sobre el itinerario de la aeronave para aterrizar a Nueva York, es de notar que los pilotos del Primer Ministro de Israel evitaron prudentemente cruzar los espacios aéreos de España y de Francia (véase nota de prensa de ElMundo / España).
En la misma fecha en la que se dio este anuncio, la Casa Blanca reiteró su plena garantía y su total protección a Qatar (véase comunicado oficial colgado en el sitio de la misma Casa Blanca). No está de más recodar que Qatar sufrió un injustificable ataque por parte de Israel a su capital Doha, con el fin de eliminar fisicamente a los integrantes del equipo negociador del Hamás. Se trata de un episodio que tuvimos la ocasión de analizar desde la perspectiva jurídica, hace unas pocas semanas (Nota 3).
Cabe también señalar que el pasado 25 de septiembre, se informó desde Israel – pero casi no se divulgó mayormente en el mundo – que una gran compañía norteamericana prohibió a Israel usar sus servicios de nubes electrónicas para almacenar datos de palestinos obtenidos mediante la intercepción de llamadas desde sus celulares por parte de una unidad especializada del ejército israelí (véase artículo publicado por Magazine+972, titulado «Microsoft revokes cloud service from Israel’s Únit 8200, following +972 exposé«).
De igual manera fue ignorado por muchos medios de prensa internacionales un comunicado oficial de Naciones Unidas (véase texto) del 24 de septiembre condenando los ataques reiterados con drones sufridos por embarcaciones humanitarias que se dirigen hacia Gaza en el Mar Mediterráneo y que estaban a pocas millas náuticas de Gaza este 30 de septiembre.
Como se puede apreciar, ante una presión máxima sobre Israel en estos últimos días del mes de septiembre del 2025, sus autoridades buscaron una manera de desviar la atención sobre el genocidio en curso en Gaza: y al parecer, encontraron en la Casa Blanca a un hacendoso socio para materializarla.
De algunos detalles pasados por alto
«Plan de Paz» es el calificativo usado para este anuncio dado a conocer en conferencia de prensa por el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel: lo cual, como lo veremos a continuación, no se adecúa en lo más mínimo a lo que, al menos históricamente, se ha entendido cuando se ha usado esta expresión.
La primera seria limitación a este denominado «Plan de Paz» es que sería el primero que se negocia en toda la historia en ausencia de uno de los dos contrincantes: el Hamás no fue consultado y lo que se acordó y se negoció, lo fue entre Estados Unidos e Israel. Tampoco participó a estas negociaciones la Autoridad Palestina desde Ramallah, con lo cual, el punto de vista palestino fue totalmente obviado. Tratándose de un plan que ambiciona pacificar de manera duradera las relaciones de Israel con Palestina a futuro, la precitada limitación constituye una innovación total en la historia de las relaciones internacionales, digna de ser mencionada como tal. No está de más precisar sobre estos dos Estados, que el principal suplidor de armas a Israel es Estados Unidos.
La segunda limitación es que este denominado » Plan de Paz» pide ni más ni menos que la capitulación total del Hamás, y su desaparición como movimiento político en la gobernanza futura de la Franja de Gaza (punto 9 del plan tal como reproducido en esta nota de la BBC). Ello puede explicar en gran parte la razón por la que el Hamás no fue llamado a participar en su elaboración. Elaborar un texto a espaldas del Hamás, que luego será objetado por el Hamás, constituye sin lugar a dudas, una maniobra bastante evidente y resulta extraño que algunos analistas y «expertos» invitados a comentar su contenido, omitan este pequeño detalle.
La tercera limitación tiene que ver con la generalidad de los puntos que plantea, sin mayor detalles de ningún tipo. El punto 16 sobre el retiro de Israel de Gaza no da mayores detalles del cronograma y de los mecanismos previstos en caso de que no lo haga. Los puntos 7-8 sobre la llegada masiva de la ayuda humanitaria que tanta falta le hace a la población civil palestina de Gaza desde varios largos meses, supone precisar las responsabilidades, los mecanismos de verificación, el cronograma, los puntos de entrada, etc… Se trata de una operación sumamente compleja que llevaba a cabo la UNRWA de Naciones Unidas hasta que Israel decidiera sustituir esta entidad por una denominada «Fundación Humanitaria«: la cual ha resultado ser un absoluto fracaso para materializar la entrega de manera segura a una población civil palestina famélica y desesperada.
Es de notar que el pasado 25 de septiembre, Brasil difundió este comunicado oficial desde su aparato diplomático reafirmando su pleno apoyo a la UNRWA, e invitando a los demás Estados a hacerlo de igual forma.
La cuarta limitación lo constituye el punto 9 sobre la futura estructura internacional a cargo de administrar a Palestina: el principio de libre determinación de los pueblos obliga a considerar que es el pueblo palestino el llamado a escoger la manera de administrase, y no una administración internacional provisional presidida por … el actual Presidente de Estados Unidos. En esta entrevista de la cadena catarí AlJazeera a un académico norteamericano, se hace ver que este supuesto «Plan de Paz» coincide con una idea ya muy antigua defendida por Israel, que consiste en separar a Gaza del resto del territorio palestino ocupado.
La quinta limitación es que, si se compara la formulación de cada uno de los 20 puntos, los puntos que más interesan a Israel en este mes de septiembre (la recuperación de los rehenes israelíes en manos de Hamás, puntos 3-4-5-6) sí son objeto de un detallado cronograma, del que adolecen todos los demás puntos. Nada se dice por ejemplo sobre el cronograma al que se compromete Israel para retirar sus tropas de Gaza ni las modalidades de dicho retiro. Es de esperar, que este punto será el punto sobre el que el Hamás insistirá en sus objecciones y que ya han empezado a cuestionar sus voceros, y ello desde la tarde de este 1ero de octubre (véase notas de ElPais de España correspondiente a 1ero de octubre por la tarde/noche en España).
Con un total de 20 puntos, con unos muy pocos extremadamente detallados – que coïnciden con los que más interesan a Israel – y el resto sin ofrecer mayores detalles, el denominado «Plan de Paz» refleja una estrategia bastante sencilla que se deja entrever: una propuesta que será objetada en varias de sus partes por el Hamás, justificando así la continuación de las operaciones militares insensatas de Israel en Gaza. Este 2 de octubre se informó que la Liga de Estados Árabes considera también varios de los puntos de este supuesto «Plan de Paz» simple y llanamente «inaceptables» (véase nota de prensa de LaVanguardia).
Un poco de historia nunca viene mal
El análisis de la historia de los innumerables conflictos que han sacudido en el pasado (y siguen sacudiendo en la actualidad) una y otra vez a la sociedad internacional, indica que:
– en un primer momento, las dos partes en un conflicto negocian un cese al fuego: sea de manera bilateral directa, sea con la mediación de Estados terceros que puedan facilitar con su presencia que las partes alcancen un acuerdo de cese al fuego, y que;
– en un segundo momento ambas partes negocian un acuerdo de paz duradera detallado que resuelve las razones por las que se originó el conflicto.
Lo que Estados Unidos e Israel presentaron ante el mundo el pasado 29 de septiembre pareciera mucho más constituir una simple propuesta de cese al fuego de Israel avalada por Estados Unidos (incorporando las condiciones de Israel, y dejando por fuera las del Hamás), que un acuerdo que asegure la paz futura (que sugiere usualmente la expresión «Plan de Paz» entre dos beligerantes).
En cuanto a las víctimas palestinas, no aparece mención alguna en los 20 puntos de este documento. Como si de pronto, no hubiesen responsables directos en Israel de una multitud de exacciones en Gaza (con una cifra oficial de más de 66.000 personas fallecidas posiblemente muy por debajo de la realidad), que califican jurídicamente como genocidio y crímenes de guerra. Pese a que fueron convenientemente omitidas en este denominado «Plan de Paz«, estas exacciones se están tramitando como tal:
– ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso contencioso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, y ello desde diciembre del 2023 (Nota 4), y;
– ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de crímenes de guerra, con dos órdenes de captura emitidas por la CPI desde noviembre del 2024 contra dos altos dirigentes israelíes, uno de ellos siendo su actual Primer Ministro.
El último informe disponible (al 25 de septiembre) sobre la el drama indecible que se vive en Gaza detalla el nivel de insensatez al que han llegado las fuerzas militares israelíes (véase enlace).
Dicho sea de paso, en un acto paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, es precisamente lo que Colombia y Sudáfrica en un comunicado conjunto hicieron ver al resto de la comunidad internacional, el pasado 26 de septiembre del 2025: los Estados tienen la obligación jurídica de cumplir con lo solicitado por las dos jurisdicciones internacionales con sede en La Haya y de cooperar con ambas para prevenir este genocidio y evitar la comisión de más crímenes de guerra (véase texto).
Amnistía Internacional en su comunicado oficial (véase texto) enfatizó el pasado 30 de septiembre sobre el hecho que si no hay justicia para las víctimas palestinas, la paz es y será una simple ilusión. Esta justicia para las víctimas palestinas se extiende a la situación en Cisjordania, totalmente obviada en este denominado «Plan de Paz«: al respecto merece ser mencionada la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 (véase texto en francés y en inglés), la cual ordenó a Israel desmantelar los asentamientos ilegales en territorio palestino e indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal (véanse en particular los párrafos 268-272).
Operación de comunicación y Hasbara
En estos últimos días del mes de septiembre del 2025, Israel necesitaba urgentemente de una operación de comunicación para intentar recuperar algo de credibilidad a nivel internacional. El gran impacto mediático observado en diversas latitudes, provocado por este anuncio, así como la multitud de opiniones, artículos, «expertos» y analistas haciendo énfasis en el valor de esta propuesta, parecieran responder a esta operación de comunicación.
No está de más recordar que en esta materia precisa (la imagen de Israel en el exterior), Israel dispone de un instrumento muy eficiente, con relevos en un sinnúmero de salas de redacción en diversas capitales en el mundo: la «Hasbara«. El término hebreo «Hasbara» ¿le resulta tal vez, estimable lector/a, totalmente desconocido? ¡Bienvenido/a al universo de los juegos semánticos aplicables cuando de informar sobre Israel se trata! (Nota 5).
Con relación a la generosa dotación de recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, indica que Israel programó para el 2025 un esfuerzo presupuestario bastante inusual, al detallar que:
«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Esta red muy activa fue objeto de un interesante análisis en un libro publicado recientemente por uno de los más renombrados expertos en asuntos internacionales en Francia, titulado de manera bastante oportuna «Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace y video del mismo autor presentando su libro): el autor explica en detalle cómo ha funcionado esta red de información a favor de Israel en el caso específico francés (véase capítulo integral sobre la Hasbara, pp.113-137), con hallazgos que deberían inspirar a investigadores y a comunicadores en otras latitudes para interesarse por el alcance de esta red de información en su respectivo país. Uno en particular, como lo es el número de viajes generosamente financiados por Israel a parlamentarios galos (p. 137).
De manera a poder ponderar la eficacia de la Hasbara, y la complacencia de agencias de noticias internacionales y salas de redacción, nuestros estimables lectores podrán verificar por sí mismos la casi nula difusión dada a este comunicado de prensa de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre las falencias y las lagunas de este pretendido «Plan de Paz«.
A modo de conclusión
Al parecer, el actual y ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero, prestó su pleno apoyo a esta operación de comunicación urgente que requería Israel para recuperar algo con respecto a su desteñida imagen en el plano internacional: con un denominado «Plan de Paz» que, como lo hemos intentado explicar anteriormente, no lo es.
No sería la primera vez que Estados Unidos e Israel emplean sus respectivos y muy eficientes aparatos de comunicación para una operación mediática de cierta envergadura a escala planetaria: en septiembre del 2020, ambos dirigentes anunciaron al mundo la conclusión de los «Acuerdos de Abraham» y los presentaron como «los» acuerdos del siglo. Como se recordará, se trató de acuerdos de normalización de Israel con varios Estados árabes (Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán) (Nota 6) que ignoraban por completo el irresuelto problema de la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel así como las consecuencias en Gaza, Cisjsordania y Jerusalén Oriental para la población palestina.
El 7 de octubre del 2023 vinó a recordarle al mundo, de una manera dramática para numerosas familias en Israel, el yerro total de esta estrategia de supuesta «normalización» anunciada y saludada desde el 2020: la historia humana demuestra que no se resuelve un problema político ignorando su existencia.
No está de más indicar que pocas horas después de este anuncio del 29 de septiembre sobre este denominado «Plan de Paz«, el primer Ministro de Israel precisó en un video que de ninguna manera habrá en el futuro un Estado palestino (véase declaración en este video del Times y nota de prensa publicada en Francia). Sin proponérselo su autor, estas declaraciones delatan ante el mundo las verdaderas intenciones de Israel que esconde este «Plan de Paz«: una maniobra más, maquillada de «Plan de Paz«, que contraviene con el reconocimiento de Palestina como Estado realizado por casi todos los Estados del planeta (con excepción de Estados Unidos y de Panamá en lo que refiere al hemisferio americano) y con la solución de dos Estados: una solución que la comunidad internacional sostiene y ha defendido en innumerables resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convenientemente omitidas en este supuesto «Plan de Paz«.
– – Notas – –
Nota 1: El texto completo del comunicado oficial de Costa Rica emitido a pocos minutos de darse a conocer la noticia en la Casa Blanca, se lee así: «Política Exterior, Septiembre 30, 2025, 11:07 AM
Costa Rica reitera su compromiso con la paz y apoya el Plan de 20 puntos para Gaza y Medio Oriente
San José, 30 de setiembre de 2025. El Gobierno de Costa Rica reitera su apoyo a todos los esfuerzos multilaterales y diplomáticos que contribuyan a la resolución pacífica del conflicto en Gaza y Medio Oriente, respetando los derechos humanos y el derecho internacional.
El Plan de Paz de 20 puntos presentado por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza y Medio Oriente representa un paso importante hacia la paz, con un enfoque en el alto al fuego, la liberación de rehenes, desmilitarización, reconstrucción y la creación de un gobierno de transición supervisado internacionalmente, que excluye la violencia y busca un futuro de seguridad, justicia, convivencia pacífica y prosperidad.
Costa Rica expresa su apoyo al Plan de Paz de 20 puntos y reafirma su compromiso con la paz en Medio Oriente, objetivo compartido por la comunidad internacional.
Comunicación Institucional 329-2025 CR paz Gaza y Medio Oriente Martes 30 de setiembre de 2025»
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica inaudible, apuntes sobre el reciente veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad«, 18 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 11 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Es de notar que Brasil presentó el pasado 19 de septiembre una solicitud de intervención a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza: véase comunicado de prensa de la CIJ y texto de la solicitud de intervención de 33 páginas, cuya lectura detallada es muy recomendada. La solicitud de Brasil es la cuarta registrada en lo que va del 2025, precedida por una solicitud similar presentada formalmente por Belice (31 de enero), Cuba (10 de enero), e Irlanda (5 de enero). Anterior a ello se registraron solicitudes de intervención presentadas en el año 2024 por parte de Bolivia (8 de octubre), Maldivas(1ero de octubre), Chile (12 de septiembre), Turquía (7 de agosto), España (28 de junio), Palestina (3 de junio), México (24 de mayo), Libia (10 de mayo), Colombia (5 de abril), y Nicaragua (8 de febrero del 2024). Como se puede notar, son un total de 7 Estados de América Latina, 8 con Belice, los que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a Sudáfrica en su demanda contra Israel.
Nota 5: Para quienes descubran este término hebreo, la palabra Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel Sobre la Hasbara, véase este artículo de prensa publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte mucho más académico, remitimos a este muy detallado, que fue editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num. 1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí. De manera realmente muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit« (75 páginas, editada en el Reino Unido) descargable en la red, detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: un especialista en derecho internacional reconocerá inmediatamente el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas, por ejemplo en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58).
Nota 6: El contenido de cada uno de los cuatro acuerdos suscritos por Israel de manera bilateral con estos cuatro Estados en septiembre del 2020, está disponible al final de este enlace del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Recibo una llamada de la compañera Narcissa Carrera, quien me invita a ir a la Embajada de Colombia, a un acto de solidaridad con Palestina, junto con Marta Eugenia Mora Corrales, ambas amigas y mujeres luchadoras por la justicia, la solidaridad y el Buen Vivir de su cantón Desamparados, la Patria Grande y la Humanidad.
Fuimos recibidos por el señor Embajador, hubo presentación de todas las personas presentes y se leyeron mensajes de varias organizaciones dirigidos al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, en apoyo por su discurso y acción en la ONU y en las calles de Nueva York.
Comunicado de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo
Queremos informarles que acaba de aprobarse en el Plenario la moción de posposición que asigna 1 hora y 30 minutos efectivos de discusión al proyecto de ley FONARROZ.
Esto es un avance muy importante, ya que hasta hoy el proyecto no contaba con tiempo formal de debate en el orden del día.
Este logro es fruto del diálogo nacional: del trabajo de negociación que sostuvieron diputadas y diputados de oposición, de la articulación de los sectores sociales y productivos, y de la capacidad de visibilizar que el arroz y la producción nacional forman parte de la agenda de la democracia en nuestro país.
Ahora debemos seguir luchando:
1. Mantener la presencia en la Asamblea Legislativa para apoyar al sector arrocero. La votación sobre el proyecto se dará en cualquier momento.
2. Continuar articulando y uniendo a los sectores sociales y productivos.
3. Generar nuevos espacios de negociación y diálogo.
El paso siguiente será lograr que, tras la discusión ya garantizada, se cuente con los votos de mayoría necesarios para que este proyecto se apruebe y se convierta en una verdadera victoria para el país.
