El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.
La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.
“La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.
La Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el Foro de Mujeres en Política, rindió homenaje a la Dra. Elizabeth Odio Benito, destacada jurista internacional, académica y defensora de los derechos humanos.
Durante la actividad, se reconoció su extensa trayectoria en la vida nacional e internacional, donde ha ocupado cargos como académica de la Universidad de Costa Rica, ministra de Estado, vicepresidenta de la República, jueza en tribunales internacionales y presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El acto resaltó el papel de la Dra. Odio Benito como promotora de la igualdad de género y su influencia para inspirar a nuevas generaciones de mujeres a levantar su voz y asumir espacios de liderazgo en la sociedad, la academia y la política.
Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.
En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.
Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.
En ese marco, expresan:
“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”
Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, envió el 5 de setiembre una carta al ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, en la que aclara aspectos sobre la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y señala la responsabilidad estatal de garantizar la inversión en educación pública.
El documento subraya que la distribución del FEES es una competencia exclusiva de las rectorías de las universidades públicas, reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), conforme lo establece el artículo 84 de la Constitución Política.
La carta detalla que, desde 2004, la UCR ha aportado más de 123 mil millones de colones a los mecanismos de redistribución entre universidades públicas, y que solo en 2026 dejará de percibir cerca de 15.400 millones de colones por este concepto. Añade que, aunque le correspondía un incremento mayor para ese año, la institución aceptó una reducción en aras de la solidaridad interuniversitaria.
El rector también rechaza la idea de dirigir los recursos únicamente a universidades con programas vinculados directamente al mercado laboral, recordando que la UCR es una universidad completa, que forma profesionales en todas las áreas del conocimiento, incluidas las de mayor costo operativo como salud.
Respecto a las becas, la UCR informó que el 54% de su estudiantado cuenta con apoyo socioeconómico, porcentaje que llega al 92% en la Sede del Sur, 85% en la Sede del Caribe y 80% en la Sede del Atlántico. Solo en 2024, la institución otorgó 2.706 títulos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Finalmente, el rector advierte que, mientras se intenta reducir los recursos universitarios, el gobierno ha provocado la mayor caída en la inversión educativa de los últimos 40 años, en contravención del artículo 78 de la Constitución que exige destinar al menos un 8% del PIB a educación. Recordó que la UCR ha ofrecido al MEP sus capacidades para colaborar en áreas críticas como inglés, matemáticas y lectoescritura.
La Universidad de Costa Rica comunicó que, en el marco del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se alcanzó un acuerdo para la distribución del incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FES) correspondiente al año 2026 entre las universidades públicas del país.
El rector agradeció al Consejo Universitario por asumir con valentía y compromiso la defensa de la institución, al movimiento estudiantil por su lucha decidida en favor de una visión humanista del desarrollo nacional, y al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica por su constancia en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.
En su mensaje, señaló que el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria refleja la fuerza y el valor de una institución que sigue siendo pilar de excelencia académica, investigación y aporte a la sociedad costarricense. A su vez, reconoció la apertura al diálogo y al consenso por parte del CONARE.
El rector subrayó que, en tiempos de polarización, este acuerdo demuestra que la colaboración es posible y que fortalece la educación superior pública. Enfatizó que la Universidad de Costa Rica no es solamente una institución académica, sino también el hogar del pensamiento crítico, el refugio de la esperanza y un faro para el porvenir de la nación.
Finalmente, reiteró que defender a la Universidad de Costa Rica es, en lo más profundo, defender el futuro del país.
La Fundación Caminantes de Costa Rica invita a participar en una caminata histórico-urbana que recorrerá 5,7 km entre los cantones de San Pablo y San Isidro de Heredia, en un trayecto pintoresco por estas comunidades.
La actividad se realizará el sábado 6 de septiembre de 2025, con salida desde la Iglesia de San Pablo de Heredia a las 8:45 a.m.. La inversión es de ₡3.000 e incluye guía acreditado y un refrigerio o merienda.
La inscripción está abierta mediante SINPE móvil al 6226-2080. Para más información, puede comunicarse al 7189-4252.
Las comunidades de Orocú y Santa Juana de Chomes llevan 13 días sin agua potable y señalan a los quebradores como principales responsables de la reducción significativa del caudal de los ríos que abastecen a las comunidades de la zona.
Roxana Flores, vecina de Orocú y lideresa comunitaria, comenta “vivo en las cercanías del río Lagartos, donde todos los años se ve afectado por la extracción masiva de materiales, en este momento en nuestra comunidad debido a la deforestación que realizan las empresas extractivas y la misma minería, el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”.
Una sociedad democrática requiere de un sistema de protección y seguridad social sobre una base universal, equitativa y solidaria. Entre otros ámbitos, en el centro de esa aspiración se encuentra la salud y, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución cuyo fortalecimiento demanda reflexión crítica y acciones efectivas que aseguren su sostenibilidad.
El seguro de salud de origen contributivo evolucionó hacia la universalidad con la ampliación progresiva de asegurados cubiertos por este régimen, y con el incremento también gradual de prestaciones en los diferentes niveles de atención. Además, se creó un régimen subsidiado de carácter no contributivo, con prestaciones similares a las del régimen contributivo, pero financiado enteramente por el Estado con recursos fiscales.
No obstante, se ha dado un reiterado incumplimiento del financiamiento a la CCSS por parte del Estado a lo largo del tiempo, lo cual ha generado una importante deuda acumulada. Ello compromete seriamente la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y amenaza el acceso equitativo a la salud.
La actual administración, además, ha debilitado los principios de solidaridad y universalidad al promover la provisión de servicios en el mercado privado, pero sin regulación de precios por parte de la CCSS e ignorandoregulaciones existentes, con el riesgo de generar exclusión. También se ha debilitado la gobernabilidad de la institución, y se suspendieron temporalmente inversiones estratégicas.
Si bien se han acumulado reservas financieras del seguro de salud, e impulsado importantes inversiones en infraestructura y personal, persiste la necesidad urgente de fortalecer políticas de prevención, así como mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones.Es necesario lograr un acuerdo nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Estado que coadyuve a la viabilidad global del seguro de salud, así como analizar estratégicamente el modelo financiero de la CCSS para asegurar su sostenibilidad. Paralelamente, es fundamental garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución.
Está en curso un envejecimiento en el país, en el cual los grupos en edad laboral van a disminuir, en tanto que el grupo de personas mayores de 65 años va a aumentar. Este patrón demográfico contribuirá a causar un desbalance estructural entre ingresos y gastos en la CCSS. Se requiere un debate plural y técnicamente riguroso sobre opciones que permitan enfrentar este problema, tales como el pago de la deuda estatal, una política tributaria progresiva, impuestos a productos nocivos para la salud, reducción de la informalidad, promoción de mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral de la mano de políticas de cuido y aumento de la edad de retiro, entre otras alternativas.
La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles impone nuevas exigencias al sistema de salud, que hacen necesario fortalecer el primer nivel de atención, reducir inequidades territoriales y mejorar el acceso para poblaciones vulnerables. La investigación científica y tecnológica debe jugar un rol central para comprender y atender estos desafíos, mediante alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales.
La gestión en la CCSS enfrenta serios problemas, tales como crisis de liderazgo, ruptura de la gobernanza institucional en cuanto a su autonomía conforme a la ley y turbulencias en la composición de la junta directiva de la institución, lo cual complica la toma de decisiones, nombramientos inestables de la máxima autoridad de la institución y de las gerencias, politización, debilitamiento de la rendición de cuentas y desmotivación del personal. Mejorar la gestión es una condición necesaria para que cualquier reforma tenga éxito. De lo contrario, la CCSS no podrá hacer frente a los enormes retos que tiene por delante.
El déficit de especialistas, agravado por la fuga de talentos y la sobrecarga laboral, exige nuevas estrategias de formación, incentivos adecuados y el uso de tecnologías como la telemedicina y la inteligencia artificial. Por otra parte, la crisis de las listas de espera, que refleja deficiencias en la planificación, podría reducirse significativamente con una mejor gestión. Es crucial reformar el sistema de contratación extraordinaria para enfocarlo en la eficiencia y así evitar incentivos distorsionados.
Costa Rica debe avanzar hacia un modelo que supere el enfoque reactivo que prioriza la atención de las enfermedades y evolucionar hacia un modelo centrado en la producción social de la salud y la promoción de la salud. En última instancia la salud es un producto social y la consolidación de nuestra seguridad social debe fortalecerse con una amplia participación ciudadana e institucional.
Nuestro país debe renovar los pactos sociales que permitan consolidar la seguridad social en salud y en otros ámbitos de la vida nacional. Es esencial fortalecer los valores de universalidad, equidad y solidaridad que han sido el fundamento de nuestra salud pública.
*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, Edgardo Moreno Robles, Henriette Raventós Vorst y Catharina Wesseling, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, celebrado el 19 de junio del 2025 con la participación como panelistas de María Luisa Ávila Agüero, Luis Rosero Bixby, Ana Sojo Martínez y Carlos Zamora Zamora.
El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
Un grupo de ciudadanos costarricenses anunció la organización de una marcha para expresar su compromiso con la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho y el bienestar nacional.
La actividad se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., como un espacio para visibilizar el interés de la población en fortalecer los valores democráticos que han caracterizado históricamente a Costa Rica.
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió en primera ronda de objeciones ocho recursos presentados en contra del pliego de condiciones de la licitación pública No. 2025XE-000492-0000400001, para la adquisición de bienes y servicios para la implementación de redes móviles de última generación promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
De los ocho recursos recibidos, cuatro fueron rechazados de plano (Ericsson Costa Rica S.A., Samsung Electronics México S.A. de C.V., Datasys Group S.A. y One Way Technologies S.A.), mientras que los otros cuatro se declararon parcialmente con lugar (GBM de Costa Rica S.A., Huawei Technologies Costa Rica S.A., Samer Equipos R.S.C. S.A. y AFN Global S.R.L).
Principales cuestionamientos
Las recurrentes plantearon observaciones relacionadas con el reordenamiento de partidas y forma de cotización, justificación del procedimiento, arquitectura de redes móviles (D-RAN y OPEN RAN), requisitos de ciberseguridad, licenciamiento, entre otros aspectos técnicos y administrativos.
Lo que sigue
La resolución ya fue notificada al ICE, que deberá ajustar el pliego de condiciones conforme lo dispuesto por la CGR y establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas. La Contraloría no participa en etapas posteriores del procedimiento.
Le invitamos a consultar la resolución completa en el siguiente enlace: R-DCP-SICOP-01621-2025 Video de Roberto Rodríguez Araica, Gerente de la División de Contratación Pública de la CGR:
