Hoy es día del agricultor en este país que oficialmente los ningunea y destierra de su política oficial. A los agricultores ni siquiera los nombra en campaña y hoy día del agricultor, no hay celebración alguna. Aún así en la tierra siempre los agricultores y agricultoras trabajando, sudando, luchando.
Solo visite una feria, llena de productos: es el esfuerzo y sudor familiar convertido en cosechas hermosas, sanas, alimenticias y lastimosamente siempre baratas.
Aunque ahora el saco de abono tiene precios exorbitantes, aunque ahora los insumos y semillas cada vez cuestan más.
Triste realidad de las familias hijas de la tierra; sin representación oficial, sin organizaciones de defensa, sin acciones de apoyo.
Con mucha alegría celebran su primer año de Biotecario con una nueva edición de su catálogo, haciéndolo más afín a su visión de sostenibilidad, y dando más lugar a su creatividad.
En esta edición, le ofrecen un menú elaborado con mucho cariño y creatividad para sus reuniones o eventos: merienda, desayuno, almuerzo y cena, sobre todo vegano y vegetariano, con algunas opciones omnívoras. Ajustan los platos según sus restricciones alimentarias, y pueden elaborar una oferta según su presupuesto.
Si no cuenta con un lugar para su actividad, ofrecen el amplio Salón de Eventos Los Proteros o los espacios verdes de la Finca Solar en San Isidro de Heredia.
En el mes de abril de este presente 2022, hemos sido testigos como Escuela Comunitaria del Sur, acerca del constante hostigamiento, de las amenazas y de ataques graves en contra de personas indígenas integrantes de los procesos de recuperación territorial en el territorio indígena de China Kichá, a saberse estas agresiones provienen de integrantes de la Familia Rivera, quienes además han emprendido recientemente con ataques en contra de jóvenes indígenas recuperadores.
Así, ayer 30 de abril, Leandro Rivera, integrante de esta familia, arremetió en contra del joven indígena Darío Ríos, a quien provocó una herida con arma blanca y según testigos presentes en el momento, la intención del victimario fue agredir de muerte a Darío Ríos, quien logró esquivar el ataque y huir de la escena.
El 9 y 10 de abril Harold y Leandro Rivera amedrentaron al compañero Greivin Fernández y a su familia, a quien posteriormente amenazaron de muerte con arma blanca en la finca recuperada de Kono Ju, además, mujeres de la Familia Rivera amenazaron, ofendieron y cometieron daños en contra de Marcela y Jason en la Finca recuperada Kelpegö.
El 13 de abril quien sufrió de una agresión por parte de Leandro Rivera, fue el joven indígena Alonso Fernández de 18 años, quién además fue amenazado de muerte con arma blanca. Al siguiente día 14 de abril, Nelson Morales vinculado a la Familia Rivera, realizó amenazas, afirmaba andar armado y con la intención de asesinar a cualquier persona recuperadora. Como si no bastara, el domingo 24 de abril Katherine y Jonathan Ríos sufrieron de insultos y amenazas de muerte por parte de integrantes de la Familia Rivera, amenazando incluso a Katherine de cortarle la cabeza mientras blandían armas blancas.
Todos estos actos conforman una seguida de actos de agresión y violencia en contra de las familias indígenas recuperadoras por parte de la familia Rivera. Desde los incendios provocados durante los meses de enero a marzo, como otros ataques graves acontecidos en lo que llevamos del 2022, tal como el intento de homicidio en contra del compañero Greivin Fernández en el mes de febrero y de los ataques recibidos por la compañera Katherine en el mes de marzo.
Como cierre de esta escalada de agresiones ayer 30 de abril, posterior al ataque de Leandro Rivera, la Fuerza Pública intervino a su favor ante la demanda y presión por parte de los compañeros y compañeras recuperadores, quienes se mantenían a la espera de la detención y traslado de Leandro Rivera a la delegación para los respectivos procesos judiciales, por el contrario, arremetieron en contra de las personas recuperadoras con un ataque de gases lacrimógenos, de forma indiscriminada. No es la primera ocasión que la Fuerza Pública actúa de estas formas según informan las personas recuperadoras, la indignación y la frustración ante la inoperancia e ineficiencia del ejercicio policial, del resguardo de seguridad y el cumplimiento de las leyes, han conllevado a un malestar generalizado en la población indígena.
Bien sabemos que, en cada territorio indígena, las personas y familias recuperadoras experimentan formas diferentes de agresiones y de violencia, en común subyacen, como formas de violencia estructural y del autoritarismo del Estado, que operan de forma omisa, negligente y racista, fomentado un estado de impunidad e impotencia y facultando las condiciones de cultivo para la persistencia del conflicto de violencia contra los pueblos indígenas.
Ante esto, como Escuela Comunitaria hacemos un llamado a las comunidades, organizaciones y personas activistas aliadas, a sumarse en un tejido de solidaridad en apoyo a las familias recuperadoras del territorio de China Kichá por la defensa de sus derechos territoriales, culturales y humanos.
A la institucionalidad del Estado y las entidades del Gobierno de Costa Rica, asuman el deber constitucional y hagan valer el cumplimiento de la legislación nacional y de los dictámenes internacionales sobre el ejercicio del derecho indígena, asimismo al Ministerio de Seguridad, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y demás entidades competentes, recae en su responsabilidad el velar por la seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento de las leyes y el respeto a la institucionalidad democrática, la promoción de culturas de paz sustentadas en el respeto a una vida digna y a la propia cosmovisión del pueblo indígena así como del derecho a una justicia pronta y cumplida, contra toda impunidad, discriminación e injusticia, y por el ejercicio en pleno de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de la Gran Región Brunca.
Compartido con Surcos Digital por Red Organizativa de la Escuela Comunitaria del Sur.
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Por: Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco, investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas
El proyecto de ley número 21407 busca reformar la Constitución Política en artículos varios para eliminar la segunda vicepresidencia en Costa Rica. Sostiene que la doble vicepresidencia es inefectiva (“tener dos Vicepresidencias no contribuye a mejorar la eficiencia en la conducción del gobierno”), que los puestos son poco conocidos, que muchas veces caen en “la invisibilidad y olvido” de una administración y que podrían ahorrarse recursos financieros condensando la vicepresidencia en una única persona. El presente criterio aborda consideraciones de fondo para consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados integrantes de la Comisión Especial que analiza la reforma constitucional propuesta.
El origen de la figura vicepresidencial
La vicepresidencia nació en Estados Unidos como un puesto para sustituir a la presidencia y para desempatar votos en el Senado. Aunque en un inicio la selección de vicepresidentes se basaba principalmente en criterios electorales, con el tiempo la vicepresidencia adquirió una renovada relevancia cuando los presidentes empezaron a escoger compañeros de fórmula con capacidad de contribuir sustantivamente en la administración y de proveer consejo y apoyo al presidente. La vicepresidencia de Walter Mondale durante la presencia de Jimmy Carter (1977-1981) marcó un precedente en este sentido (Goldstein, 2016). Desde entonces, los vicepresidentes y la vicepresidenta no solo han asumido tareas sustantivas en cada administración sino que se han convertido en consejeros relevantes. La mayoría de los países en América Latina replicaron la institución vicepresidencial de Estados Unidos en sus constituciones y actualmente solo México y Chile no cuentan con vicepresidentes (aunque, para el segundo, esto podría cambiar con la nueva constitución).
En Costa Rica, la Constitución de 1949 estableció la doble vicepresidencia, elegida en una fórmula de manera simultánea con el presidente (artículo 138), con los mismos requisitos para los tres cargos (artículos 131 y 132). La doble vicepresidencia no es la configuración más común en el mundo, pero tampoco es única de Costa Rica. Panamá (antes de 2004) y Perú son otros ejemplos cercanos. En El Salvador existen tres vicepresidentes (llamados designados presidenciales). En países parlamentarios también han existido múltiples vicepresidencias que acompañan al primer ministro (por ejemplo, el actual gobierno español cuenta con tres).
En el texto constitucional costarricense, las únicas funciones consignadas son la sustitución de absoluta o temporal de la persona que ocupe la presidencia (artículo 135). Además, se faculta la posibilidad de que las personas vicepresidentas se desempeñen como ministras o ministros (artículo 143). Pero la ausencia de funciones específicas, más allá de la sustitución, no ha impedido que las vicepresidencias en Costa Rica asuman roles y tareas, de manera formal (por decretos) o informal, en las distintas administraciones. Esto surge de un dilema muy simple al que se enfrentan las personas presidentas de la República: ¿qué hacer con las personas que las acompañaron en la papeleta? Los candidatos y las candidatas presidenciales tienen incentivos para seleccionar compañeras y compañeros calificados, para hacer atractiva su fórmula al electorado. Es decir, si escogen personas con capacidad y conocimiento para obtener votos, pueden también recurrir a ellas en el ejercicio del gobierno. Los datos muestran que ha sido así.
La evidencia en Costa Rica
Desde 1970 hasta 2018 (periodo para el cual se obtuvo información), solamente dos de los 26 vicepresidentes y vicepresidentas en los trece gobiernos no han tenido un cargo formal (o al menos identificable con la información recolectada). Las otras 24 personas han, desde la vicepresidencia, liderado ministerios[1] (Ambiente, Cultura, Economía, Hacienda, Industria y Comercio, Justicia, Planificación, Presidencia, Relaciones Exteriores), coordinado consejos presidenciales (Social, Económico, de Competitividad, de Economía Social Solidaria, de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales y de Sostenibilidad Ambiental), presidido la Comisión Nacional de Emergencias y dirigido el Consejo de Seguridad Nacional[2].
Adicionalmente a los roles formalmente asignados, las personas vicepresidentas han liderado tareas de alto relieve nacional, por ejemplo, en la atención de la emergencia por el Huracán Juana (Jorge Manuel Dengo Obregón), en el impulso de legislación sobre la igualdad de la mujer (Victoria Garrón Orozco) y el matrimonio igualitario (Ana Helena Chacón), en la negociación política-partidaria (Rodrigo Oreamuno Blanco), en la creación e implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (Rebeca Grynspan Mayufis), en la coordinación del Triángulo de Solidaridad (Astrid Fischel Volio), en el equipo de evaluación de la mina de Crucitas (Alfio Piva Mesén), en la coordinación del Plan Franja de Desarrollo de la Zona Norte (Epsy Campbell Barr) y de la Mesa Caribe para el diálogo, el desarrollo económico y la inclusión social en la región Huetar Caribe (Marvin Rodríguez Cordero), entre otras.
Por lo tanto, aunque algunas puedan ser personas poco conocidas para la opinión pública (como lo son muchas otras personas funcionarias públicas, incluyendo diputadas, diputados, ministras y ministros), la evidencia indica que las vicepresidencias en Costa Rica han aportado en la gestión gubernamental. Este rol es variable, pues existen casos extremos de baja o nula participación y de conflictos con la presidencia (lo que también ha sucedido en otras democracias).[1] Sin embargo, los roles y tareas de las personas vicepresidentas son prerrogativas presidenciales. Las personas vicepresidentas pueden convertirse en un recurso en las tareas de gobierno, si quien ocupa la presidencia considera que esto contribuye a su gestión. Teniendo presente el concepto de centro presidencial, es decir, “los núcleos que apoyan directamente la labor de los jefes de gobierno y buscan reforzar su autoridad y su liderazgo […] mediante funciones de asistencia y asesoramiento, de coordinación, control político y planeamiento estratégico” (Lanzaro, 2018, p 13), entonces disminuir la vicepresidencia a la mitad (eliminando la segunda de ellas) implica una reducción en el margen de acción de la persona que ocupa la presidencia en particular y del centro presidencial en general.
Esta reducción de número no sería meramente formal. Las diversas labores de las personas elegidas para la vicepresidencia son un reflejo de que las candidaturas vicepresidenciales presentan altos niveles de experiencia política y conocimiento técnico-político (policy expertise). Pignataro y Taylor-Robinson (2021) muestran que más de la mitad de las personas candidatas en la vicepresidencia en los principales partidos (1974-2018) tienen experiencia política previa (media o alta), conocimientos técnico-políticos y un posgrado universitario. Es decir, no son mero “relleno” en la fórmula sino que son personas que pueden aportar con conocimiento y capacidad en el gobierno.
Vicepresidencias y representación democrática
Asimismo, la vicepresidencia es un espacio de representación ampliada (Pignataro y Taylor-Robinson, 2021) para grupos que no siempre tienen presencia en otros puestos, particularmente en la presidencia.
Mientras que el número de mujeres candidatas presidenciales en partidos grandes (con altas posibilidades de ganar) es reducido, muchas más mujeres han competido por la vicepresidencia y han ejercido este cargo. Desde 1990 hasta 2022, en todas las elecciones más de 40% de las candidaturas vicepresidenciales han sido mujeres (exceptuando 2010, cuyo porcentaje es de 38.9%, cuando fue electa la primera y única mujer presidenta). En la historia democrática de Costa Rica, mientras ocho mujeres han ejercido el cargo de vicepresidenta, tan solo una ha logrado llegar al puesto presidencial. Asimismo, en las candidaturas vicepresidenciales se cuentan personas afrodescendientes y personas del movimiento LGTBI. Reducir el número de vicepresidencias a uno implica una disminución de este espacio ampliado de representación.
Las candidaturas vicepresidenciales también permiten la representación multipartidaria en la misma papeleta. En otros países de América Latina es común que existan vicepresidentes de otros partidos (Marsteintredet y Uggla, 2019), por lo que la fórmula permite consolidar coaliciones partidarias. Incluso en sistemas parlamentarios se han utilizado las vicepresidencias para este tipo de equilibrios en gobiernos de coalición, como en el gobierno de Pedro Sánchez (España) y en el primer gabinete de Giuseppe Conte (Italia). Esta es una opción que en Costa Rica no se ha materializado en sentido estricto, pues ha habido vicepresidentes que en el pasado militaban en distintos partidos, pero no continúan al momento de formar parte de la papeleta (Ana Helena Chacón Echeverría es un ejemplo). Pero algunos partidos sí han utilizado los puestos de vicepresidentes para la representación intrapartidaria, cuando distintas facciones de un mismo partido se encuentran representadas por medio de las candidaturas vicepresidenciales para apostar a la cohesión partidaria. El Partido Unidad Social Cristiana solía utilizar esta estrategia en sus candidaturas de los años ochenta y noventa,
Fuente: Elaboración propia con las papeletas del Tribunal Supremo de Elecciones.
Actualmente, a la luz de escenarios legislativos con mayor número de partidos políticos y más tendientes al transfuguismo político (los llamados diputados y diputadas “independientes”), si se considera la figura de la vicepresidencia según el orden de sustitución presidencial, es posible imaginar que, en escenarios hipotéticos con una vicepresidencia menos y ante la eventual ausencia de la presidencia y la vicepresidencia, asumiría el cargo una diputación de oposición como resultado de un directorio legislativo multipartidista o estrictamente de oposición al partido de gobierno. Ello sería problemático para dar continuidad a la línea programática del partido que democráticamente obtuvo la presidencia en una elección popular. La segunda vicepresidencia garantiza que, en caso de ausencia de las personas en la presidencia y en la primera vicepresidencia, el Ejecutivo se conserve en el partido ganador de la elección presidencial.
Por último, la eliminación de una de las figuras vicepresidenciales también puede tener repercusiones en el desarrollo de carreras políticas. De los 26 vicepresidentes y vicepresidentas de Costa Rica en el periodo 1970-2018, cinco han optado por presentarse como candidatos y candidatas presidenciales luego de ejercer como vicepresidentes (de forma consecutiva o no). El caso en que se concretó la aspiración presidencial lo representa Laura Chinchilla Miranda, quien fungió como vicepresidenta entre 2006 y 2010 antes de buscar la presidencia en el siguiente periodo. Más recientemente la exvicepresidenta Lineth Saborío Chaverri (2002-2006) buscó el alto cargo de forma no consecutiva.
Conclusión
La doble vicepresidencia en Costa Rica amplía la representación política y partidaria, así como la capacidad de gestión política del centro presidencial. El ahorro presupuestario por eliminar la segunda vicepresidencia es ínfimo como porcentaje del presupuesto.[1] Aunque la constitución es minimalista respecto a las funciones de las vicepresidencias, la tendencia histórica de las últimas presidencias ha sido aprovechar las capacidades y conocimientos de estas personas elegidas en las tareas del gobierno, de una forma variada y flexible. Reducir el número de vicepresidentes limitaría esta posibilidad a la presidencia y su capacidad para ejecutar un programa.
[1] También en otros países latinoamericanos se encuentran casos de vicepresidentes en ministerios: Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo en Relaciones Exteriores (Panamá), Salvador Sánchez Cerén en Educación (El Salvador), Martín Vizcarra en Transportes y Comunicaciones (Perú), por citar algunos ejemplos.
[2] El Consejo de Seguridad Nacional fue una instancia informal creada en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez para coordinar acciones internas y externas relacionadas con Nicaragua (Sojo, 1999, p. 84).
[3] El caso más emblemático de conflicto entre presidencia y una vicepresidencia Costa Rica aconteció entre Abel Pacheco de la Espriella y Luis Fishman Zonzinski. El primero no asignó funciones al segundo, quien renunció tres años después sin haber ejercido la vicepresidencia de manera efectiva. Esto contrasta con la proactiva vicepresidencia de Lineth Saborío de la misma administración, mostrando que el conflicto derivó por razones personales y políticas, no por la vicepresidencia como institución.
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2019). Proyecto de Ley: Reforma de los Artículos 133, 135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política (Eliminación de la Segunda Vicepresidencia de la República). Expediente No. 21.407.
Goldstein, Joel K. (2016). The White House Vice Presidency. The Path to Significance, from Mondale to Biden. University Press of Kansas.
Lanzaro, Jorge (coordinador) (2018). Centro presidencial. Presidencias y centro de gobierno en América Latina, Estados Unidos y Europa. Madrid: Tecnos.
Marsteintredet, Leiv y Fredrik Uggla (2019). Allies and Traitors: Vice-Presidents in Latin America. Journal of Latin American Studies, 51(3), 665-688.
Pignataro, Adrián y Michelle M. Taylor-Robinson (2021). Party competition, gender quotas, and enhanced inclusiveness in the selection of vice-presidential candidates. Politics, Groups, and Identities, 9(4), 721-738.
Sojo, Carlos (1991). Costa Rica: política exterior y sandinismo. San José: FLACSO.
Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco Investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR
Albán Camacho Lobo, Sociólogo y activista cultural
El pasado lunes 9 de mayo 2022 me presenté a interponer un Recurso de Amparo contra el presidente entrante R. Chaves por aparente falta del 192 de la Constitución Política, el cual resguarda el derecho ciudadano a contar con servidoras y servidores públicos con “idoneidad demostrada”, en este caso se impugna el nombramiento de la Sra. Y. Guadamuz como ministra de Cultura y Juventud.
El Recurso de Amparo por un lado busca la salvaguarda del derecho constitucional, por lo que se acude al ente superior para obtener su pronunciamiento al respecto. Si no, a la vez, es un llamado de atención a las autoridades del Gobierno entrante, sobre la condición de Emergencia que vive el sector, el cual incluso debió darse a la tarea de diseñar, presentar, cabildear y reglamentar una ley especial, ya aprobada, la Ley 10041.
Por ende, el recurso de amparo, el primero presentado contra el presidente Chaves, en su primer día de gestión, es un llamado al respeto integral hacia las y los actores en el campo de la cultura.
El pasado 11 de mayo el programa Voces y Política trató el tema: “Acosos contra abogados/as defensores/as de derechos humanos en Colombia: inteligencia ofensiva y sus impactos en la democracia.”
Se contó con la participación de Diana Murcia, abogada defensora de Derechos Humanos de la región Andina y docente universitaria.
El movimiento sindical, gremial y pedagógico, docente, estudiantil y de funcionarios de la educación universitaria, académicos(as), investigadores(as) e intelectuales expresamos nuestra preocupación por la agenda, contenido, proceso y ruta de la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) a realizarse del 18 al 20 de mayo de 2002 en Barcelona, España. Nuestra posición se fundamenta en las siguientes razones:
La UNESCO conformó un comité organizador de la III CMES que excluyó a las organizaciones naturales del mundo académico, gremial y sindical de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios(as), a la par que hacía alianzas con sectores empresariales, corporaciones, capital trasnacional educativo, bancas de desarrollo y filantropía vinculada al gran capital;
La agenda fue elaborada sin un proceso de consulta amplio y participativo. Se excluyeron temas de especial importancia como el mundo del trabajo docente en el siglo XXI, así como los procesos de privatización, mercantilización y desterritorialización que asedian a las universidades en la pandemia del COVID-19. Los 10 puntos de la agenda de la III CMES abren peligrosamente las puertas a la lógica del mercado en la educación superior.
Una agenda para la III CMES construida desde la externalidad universitaria es una amenaza contra el pensamiento crítico y la autonomía universitaria a escala planetaria.
Se anuncia que la III CMES no tendrá una declaración final, por lo que su realización puede servir para legitimar políticas neoliberales a profundizar en la próxima década.
A horas de la realización de la III CMES no se han dado a conocer los documentos que respaldan cada uno de los puntos de la agenda, soslayando el necesario debate de ideas previo a la cita de Barcelona. Nos preguntamos ¿Cuál es el motivo de tanto secretismo? ¿Conferencia Mundial sin documentos de trabajo?
De hecho, la III CMES tiene una orientación de educación para satisfacer las demandas del mercado, por lo consideramos que su realización no es un punto de llegada sino de partida para la construcción de resistencias educativas solidarias, emancipadoras y de defensa de la universidad pública
¡¡¡ Si la UNESCO se entrega a los brazos del capital educativo trasnacional les universitarios juntaremos nuestras conciencias para defender el futuro de la educación pública universitaria!!!
La obra de teatro “La huida» se presentará en el Teatro de la Aduana del 12 al 22 de mayo, a las 7 p.m. (domingo a las 5 p.m.).
El Colectivo Talium Escénico nace en marzo de 2018, por la iniciativa de 5 colegas de Teatro que, motivados por la división social que había causado el tema del matrimonio igualitario en Costa Rica, deciden unirse para crear desde la escena, compartiendo una visión: nuestra humanidad en la diversidad.
En la obra “La huida” se recuperan historias reales, cuya representación artística busca transmitir el dolor y el trauma, asociado a experiencias de migración, violencia y discriminación que experimentan personas LGBTIQ en Centroamérica.
Henry Picado Cerdas Red de Coordinación en Biodiversidad
En 1999 por primera vez en Costa Rica se solicitó la aprobación del convenio internacional conocido como la Unión de Protección para las Obtenciones Vegetales (UPOV91). Un tratado que otorga propiedad intelectual sobre plantas y semillas, una forma de privatización y de restricción del derecho de los pueblos a poseer sus semillas. Para 2005, los y las legisladoras rechazaron y archivaron su expediente gracias a que diversas organizaciones ecologistas, campesina, indígenas y de la academia nos posicionamos en contra de ese convenio internacional nocivo.
Pero en 2006, con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se volvió a poner sobre la mesa de discusión. Ahora como parte de su agenda complementaria. El equipo de negociadores por parte de Costa Rica rompieron su promesa de no aceptar UPOV y así dejar comprometido al país a adherirse a este convenio, que ya se había rechazado y que además contradice nuestra Ley de Biodiversidad (N°7788), mundialmente premiada por estar a la vanguardia para la época. Es importante decir que de esta ley en el artículo 78, en su inciso 6, exceptuar de cualquier tipo de propiedad intelectual a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público”. Prácticas entre las que se encuentran el cuido, resguardo y multiplicación de semillas criollas.
Pero los negociadores de Estados Unidos fueron categóricos en señalar que: “era absolutamente indispensable” la eliminación de esa parte de la ley 7788, por oponerse a los lineamientos UPOV. Además amenazaron a sus promotores nacionales que sin la modificación de nuestra legislación en este tema no habría TLC. De esta manera el entonces presidente Oscar Arias Sánchez rápidamente emitió un mandato que permitía la aplicación de propiedad intelectual sobre formas de conocimiento tradicional, el decreto ejecutivo 3459-Minaet-COMEX y así acatar las exigencias de Estados Unidos para cumplir con las disposiciones de UPOV.
El compañero Sergio Rojas Ortíz, en su calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre y en alianza con la Red de Coordinación en Biodiversidad, presentó en 2009 una acción de in-constitucionalidad en defensa del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, contra este decreto ejecutivo de la administración Arias. La Sala Constitucional le dio la razón mediante la resolución Nº 2012-018147, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad y así obligando al aparato estatal a respetar lo dispuesto en materia de protección de los conocimientos tradicionales. De esta manera Sergio derrotó al TLC y resguardó el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a sembrar y compartir las semillas.
El líder indígena asesinado el 18 de marzo de 2019 por defender las tierras indígenas, también luchó por las semillas criollas y nativas. Traer esto a la memoria nos compromete a continuar su legado y luchar de igual manera en defensa de las semillas y en contra del proyecto de ley 21.087 en trámite en la asamblea legislativa que busca, nuevamente, privatizar las semillas y arrebatárselas a los pueblos para dárselas a las transnacionales. ¡Sergio Rojas vive!
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