Raúl Ortega Moreno / Psicólogo y académico UNA
En Costa Rica, las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres, según estudio sobre salud mental realizado por las universidades públicas durante la pandemia.
El pasado viernes 17 de junio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el «Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos», primer informe sobre salud mental que publica la OMS en 20 años, el cual presenta una visión actual y normalizada de las afectaciones en la salud mental como un fenómeno existente en la vida cotidiana de personas y comunidades, y como uno de los efectos más significativos de la pandemia que, a día de hoy, todavía sigue presente. La salud mental es, como plantea el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, “una parte intrínseca de nuestra salud y bienestar individuales y colectivos” (OMS, 2022).
Entre los datos más significativos que publica el informe, se encuentran la prevalencia de sintomatología asociada a depresión y ansiedad en nuestras sociedades y su aumento de aproximadamente un 25% durante la pandemia; así mismo, la prevalencia de distintos trastornos mentales, para un aproximado de una de cada ocho personas del mundo, como, por ejemplo, la esquizofrenia, presente en una de cada 200 personas adultas en el mundo; y la realidad del suicidio como una situación que afecta a personas, familias y comunidades, llegando a representar uno de cada 100 fallecimientos en todo el mundo, situándose como “una de las principales causas de muerte” entre las personas jóvenes.
El informe señala la situación de desatención y falta de financiación y recursos que los servicios de salud mental tienen en todos los países, así como la falta de gobernanza, investigación o recursos, la priorización de la salud física, bajo un enfoque biologicista, y la carencia sistemática de fondos para la salud mental comunitaria, hasta llegar a menos de un 2% del total de presupuestos de atención de la salud dirigidos específicamente para salud mental, y, de este presupuesto, una gran parte destinada a psiquiatría y hospitales psiquiátricos.
Esta situación es uno de los fundamentos que conllevan que las personas no prioricen el cuido de la salud mental, junto con la falta de conocimiento, la estigmatización, la discriminación, la falta de acceso a servicios en el ámbito público o el costo en el ámbito privado.
Salud mental en Costa Rica
En Costa Rica, las universidades públicas (UNA, UCR, UNED) nos unimos durante la pandemia con las instituciones públicas de salud (Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social) para generar información y evidencia sobre el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en la población de Costa Rica. Los datos encontrados se alinean con los presentados en el informe, mostrando el aumento durante la pandemia en sintomatología asociada a depresión grave y ansiedad generalizada, estrés o burnout (este último, principalmente en población trabajadora). Las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres.
El informe mundial falla en profundizar en los antecedentes relacionados con la situación de salud mental, mencionando solo de pasada la desigualdad social y económica, situada al mismo nivel y no como causa también de otros factores indicados como conflictos armados, violencia, o el desplazamiento y las migraciones vinculadas con estos conflictos y por la emergencia climática. Los datos de Costa Rica ponen en el centro de la discusión también la necesidad de priorizar la defensa de los derechos humanos, y atender la desigualdad socioeconómica y su impacto en el bienestar de su población.
Recomendaciones para atender la situación
La OMS señala como recomendaciones para la mejora en la atención de la salud mental la revisión y actualización de leyes, planes y políticas, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, el aumento de la inversión, la coordinación y articulación efectiva entre actores institucionales y sociales, el fortalecimiento de la investigación y el acceso a información, la acción de base comunitaria, el refuerzo de las capacidades y el conocimiento del personal de salud pública, la promoción de la inclusión social de personas con trastornos mentales y el acceso a servicios bajo un enfoque de derechos humanos y biopsicosocial basado en la evidencia.
Desde el Ministerio de Salud, la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, instancia que ha atendido esta temática de forma integrada y articulada con instituciones y organizaciones durante la pandemia, se presentó el pasado mes de marzo una propuesta para orientar la Recuperación Psicosocial de personas, comunidades y organizaciones durante el fin y posterior al fin de la emergencia sanitaria, señalando alguno de estos aspectos, e incluyendo la atención a la recuperación socioeconómica de la población.
La atención de la salud mental es un compromiso que debemos asumir todas las personas. El cuidado propio y el cuidado colectivo, con apoyo en las estrategias, iniciativas y acciones que instituciones públicas del país, organizaciones comunitarias y otras proponen, precisa ser una prioridad para todas y todos. Porque el bienestar y la dignidad de las personas no se negocia, y no podemos dejar a nadie atrás.