Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:
“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.
Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.
Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.
En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».
Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.
Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.
El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.
Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.
Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.
La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.
Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.
Adalberto Fonseca Esquivel Hace un año, el 25 de diciembre de 2020 falleció Mario E. Devandas Brenes, tenía 74 años: lúcido, locuaz, asertivo, estudioso y propositivo sobre la agenda de interés para el ciudadano y pueblo trabajador, era miembro en ese momento de la Junta Directiva de la CCSS, así lo topó el destino. La década del setenta del siglo pasado fue señera en su vida. Se integra al Partido Socialista Costarricense (PSC), además fundador y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP), estación estratégica para acercarse e integrar organizaciones de base de trabajadores(as) al ente federativo, como fue UNEINVU y otras más. Asesor político en la organización de trabajadores del ICE, luego denominada como ASDEICE. Presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) en los 80s. Diputado de la República (78-82) en representación de la coalición política “Pueblo Unido”. Economista de profesión, con un Doctorado en mediación pedagógica de la ULS. Docente e investigador en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en la que se jubila. La vida de Mario fue prolífica e intensa. En este escrito “in memoriam” es nuestro interés destacar y reseñar, aunque muy someramente, hechos acaecidos en el sindicalismo costarricense, en los que Mario fue protagonista como funcionario en el INVU y dirigente de la FENATRAP, junto a Luis Fernando Alfaro, secretario general de Asdeice, además de otros trabajadores del sector público, quienes fueron sometidos a un JUICIO POLITICO sin que hubiese sumatoria de pruebas. En la coyuntura, para 1974 se reciben denuncias sobre la visión gerencial del ICE, así los diputados Arnoldo Ferreto y Guillermo Villalobos Arce, presentan moción al plenario legislativo para crear una comisión legislativa que investigue las denuncias formuladas por la Asociación de empleados del ICE; en el sentido que dicha Institución está supeditada a los intereses de las agencias financieras de los Estados Unidos, afectando su carácter verdaderamente nacional.
La administración Oduber Quirós 74-78, fue radicalizada. El prejuicio político era evidente, es la gestión de gobierno en que desaparece el artículo 98 Constitucional que como se sabe, vedaba a las organizaciones políticas- sindicales clasistas participar en política, herencia remota generada luego de la guerra civil del 48. En ese contexto luego de la derogatoria del artículo constitucional surgen diversas organizaciones -partidos y grupos sociales-, que dibujaban en sus mensajes una sociedad más justa y equitativa para el pueblo costarricense. Luis Fernando denuncia la persecución sindical que se ejerce en la Institución, recibe amenazas en carta recibida de la gerencia administrativa, los trabajadores reunidos en asamblea general la consideran como “grosera e irrespetuosa” para los dirigentes y el movimiento sindical en general. Por su parte Mario, como secretario general de la FENATRAP y dirigente de la organización en el INVU, denuncia y condena públicamente la actitud represiva del ministro de Seguridad Pública -coronel Charpantier-, contra movimientos de protesta de la sociedad organizada. El 4 de febrero de 1976, Devandas fue secuestrado por elementos de seguridad pública, dos semanas después despedido del INVU. Alfaro es cesado de sus funciones en su trabajo como Ingeniero institucional.
La FEUCR, “…condena el inicio de la represión impulsada por el Gobierno y sectores más reaccionarios de nuestro país manifestado últimamente en la persecución de los compañeros Devandas y Alfaro…” En el ICE estalla la huelga general, apoyada por todo el movimiento sindical, las autoridades de la Institución rompen los contratos de trabajo e inicia “una represión brutal”. El día 11 de marzo, la Procuraduría Penal de la República presentó una demanda penal contra 11 dirigentes sindicales, entre ellos Devandas y Alfaro, el juez a cargo define una fianza de 50 mil colones, el procurador Steiner presiona al Juez y pide que se eleva a medio millón de colones. Se les mantiene en prisión sin habérseles comprobado los cargos que les hacia la Procuraduría. Un caso de represión política abierta contra dirigentes y trabajadores que estuvieron purgando sanción por dos meses en diferentes cárceles del país. Aparte, el proceso había sido cubierto con gran despliegue propagandístico que los ubicaba con la imagen de “…extremistas peligrosos…” La Procuraduría solo ha presentado el testimonio de once detectives y del ministro Charpantier, que dicen “…haber oído a Devandas proferir insultos contra el presidente…” Un JUICIO POLITICO descarnado, que puso en vilo a la sociedad costarricense, del que nunca los acusadores demostraran cargos contra los dirigentes incautados. Hace un año Mario E. Devandas Brenes trascendió…este nuestro recordatorio…. En palabras de Bertolt Brecht: “… el regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida…” Mario, fue de los imprescindibles.
GINEBRA (17 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, expresó hoy su preocupación por los más de 40 años de incumplimiento por parte del Estado de Costa Rica de la Ley Indígena, que establece la obligación del Estado de devolver las tierras indígenas pertenecientes a los ocho pueblos indígenas en todo el país.
El experto de la ONU se mostró extremadamente preocupado por los continuos ataques a personas defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas indígenas en el sur del país, que sufren intimidaciones y amenazas de muerte y ataques en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En la mayoría de los casos, dijo, estos bienes están en manos de personas no indígenas.
“Es preocupante que, hasta la fecha, Costa Rica no haya contextualizado el asesinato de los dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera dentro del conflicto por la recuperación de las tierras indígenas, y la falta de avances en los procesos judiciales de estos dos casos”, dijo Calí Tzay al término de una visita de 12 días a Costa Rica. “Es urgente el establecimiento de un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, tal y como recomiendan los mecanismos de derechos humanos”.
El Relator Especial señaló la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas. También subrayó la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación, al autogobierno de cada pueblo de acuerdo con sus especificidades, a la tierra, al territorio y a los recursos.
El experto invitó al Estado a crear las condiciones para un diálogo constructivo y de buena fe con los pueblos indígenas para desarrollar una reforma legislativa integral y participativa de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Estoy muy preocupado por la información recibida sobre la presencia de racismo estructural y discriminación racial contra los pueblos indígenas, que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres indígenas, los niños y niñas, los y las adolescentes y las personas con discapacidad”, dijo Calí Tzay.
“También recibí información sobre los obstáculos a los que se enfrentan los indígenas en Costa Rica con respecto al acceso a la justicia y a los mecanismos de reparación”, dijo el experto. Calí Tzay alentó a continuar con el proceso de elaboración de una política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares internacionales.
“Por último, quiero destacar el papel fundamental y el extraordinario liderazgo de las mujeres indígenas”, añadió Cali Tzay. “Después de reunirme con varias líderesas y organizaciones de mujeres indígenas, me siento esperanzado por el futuro de Costa Rica dada la claridad de las propuestas aportadas que ayudarían a construir un verdadero estado pluricultural”. El Relator Especial concluyó su visita pidiendo al Estado costarricense que priorice la agenda de las mujeres, atendiendo sus necesidades y favoreciendo su participación política.
Cali Tzay se congratuló del compromiso expresado por el Gobierno de iniciar en los próximos meses el proceso de compensación por el saneamiento de las tierras y territorios indígenas.
Durante su visita, el experto de la ONU se reunió con unos 400 indígenas en San José y en los territorios indígenas, con 70 representantes de organizaciones indígenas y con organizaciones de la sociedad civil. También se reunió con más de 20 autoridades institucionales del Estado, incluyendo representantes de alto nivel de la Presidencia de la República y varios ministerios, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial, incluyendo una reunión bilateral con el Fiscal General en funciones y su equipo.
El informe final de la visita a Costa Rica se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.
Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.
Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.
Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.
Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.
Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.
Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.
Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.
GUATEMALA ES RESPONSABLE POR VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS CULTURALES DE CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS OPERADORES DE RADIOS COMUNITARIAS
San José, Costa Rica, 17 de diciembre de 2021
En la sentencia notificada en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Tales violaciones ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, particularmente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias.
El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.
Al menos el 43,6% de la población de Guatemala es indígena y aproximadamente 80% de la población indígena es considerada pobre.
En Guatemala, se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento, como las emisoras operadas por los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán.
Las Radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo, operadas por los pueblos Kaqchikel de Sumpango y Achí de San Miguel Chicaj, fueron allanadas por autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales. Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente. La Radio Ixchel suspendió su transmisión por siete meses y los miembros de la comunidad tuvieron que recolectar fondos para comprar nuevo equipo y poder transmitir de nuevo. La Radio Uqul Tinamit, a su vez, dejó de transmitir tras sufrir un segundo allanamiento.
En la Sentencia, la Corte recordó que la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación en el marco del ejercicio del referido derecho. La Corte indicó que los Estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas áreas comunicacionales, tales como, la radio. Asimismo, señaló que los pueblos indígenas tienen un derecho de verse representados en los distintos medios de comunicación, especialmente en virtud de sus particulares modos de vida, de sus relaciones comunitarias y la importancia que los medios de comunicación, especialmente la radio, tiene para ellos. En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación.
La Corte reconoció que las radios comunitarias, más allá de posibilitar a los pueblos indígenas participar más plenamente en lo público, son una herramienta esencial para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuo de sus culturas y lenguas. El acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de expresión de los pueblos indígenas, son un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. Por ello, los Estados están obligados a adoptar medidas necesarias que permitan a las comunidades indígenas el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias.
En razón de la discriminación estructural e histórica que han sufrido los pueblos indígenas, el Tribunal señaló que Guatemala debía tomar todas las medidas necesarias para revertir los varios factores de desventaja de los mismos y asegurarles el acceso a frecuencias radioeléctricas, con el propósito de garantizar la igualdad material de dichos pueblos frente a otros segmentos sociales que tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de frecuencias radioeléctricas, cuyo único criterio es el de mayor precio.
La Corte determinó que, la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y a su vez, les impide ejercer su derecho de participar en la vida cultural. Así, la Corte encontró que Guatemala violó los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.
Por otra parte, el Tribunal consideró que los allanamientos y decomisos de equipos de las radios Ixchel y “La Voz del Pueblo” configuraron acciones ilegítimas y restricciones al derecho a libertad de expresión contrarias a la Convención, por lo que la Corte concluyó que Guatemala es responsable por la violación de dicho derecho, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras: 1) adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas identificadas como víctimas de ese caso puedan operar libremente sus radios comunitarias; 2) adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; 3) reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias; 4) reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico; 5) abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas, allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión, y 6) eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por uso del espectro radioeléctrico.
El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.
Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:
Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:
A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.
Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:
“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”
Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:
Carlos Gutiérrez Vargas, profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva.
La evolución de los derechos de las personas con discapacidad
El autor es el primer estudiante sordo usuario de la Lesco en graduarse del Bachillerato en Derecho de la UCR
Dentro del marco jurídico general, la referencia, directa e indirecta, que alude a las personas con discapacidad dentro de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), en el capítulo sobre los derechos y garantías sociales, es el artículo 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”
El significado de la expresión “enfermo desvalido” ha sido señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como referente a las personas con discapacidad en la sentencia 3820/94. Comprendiendo el momento coyuntural de la creación de la Constitución en 1949, se usaba este término que, sin duda se trata de un precepto que está concebido en su redacción con el uso de un lenguaje arcaico, derivado de la visión de los parámetros del modelo médico o rehabilitador de la discapacidad.
De esta visión provienen la utilización de términos para aludir a las personas con discapacidad como: “discapacitado”, “deficiente”, “enfermo”, “inválido”, “impedido”, “sordomudo” y “mudito”, entre otros. El uso del lenguaje correcto es importante, nos indica la manera en que comprendemos la realidad de la sociedad y la construcción de las relaciones sociales, dando un valor significativo a la diversidad humana, por lo tanto, la utilización del lenguaje alusivo a las personas en condición de discapacidad implica la eliminación de términos discriminatorios y debe promover el respeto de la dignidad humana.
Es fundamental abordar la comprensión de los modelos de enfoque de la población en esta condición antes de analizar la relación de las normas referentes con los derechos fundamentales.
Mediante la evolución histórica de los modelos que brindan un enfoque de la discapacidad por la sociedad y el Derecho, se inicia por el primer y más antiguo modelo de prescindencia que se contextualiza en la antigüedad clásica, conceptualizando los orígenes del concepto desde la perspectiva religiosa, de forma que la excluye de la sociedad por políticas marginadoras y segregantes. En ese momento, se partía de la idea de que las personas con discapacidad no tenían nada indispensable que aportar a la sociedad y no merecían vivir, por lo que se prescinde de ellas mediante su eliminación física o la reclusión a un espacio de exclusión1.
Posteriormente, surge el modelo rehabilitador que concibe a la persona con discapacidad como enferma, objeto de asistencia y de esfuerzos públicos destinados a su curación y rehabilitación. La incorporación a la sociedad como un miembro que puede dar aportes útiles se logra previamente que se haya cumplido en ella el propósito rehabilitador. Por lo tanto, al no cumplir esta exigencia, la persona quedaba excluida de la vida social, al no ser “curada”.
Por último, el modelo social de la discapacidad implica un gran cambio de perspectiva, enfoca la dignidad por igual para todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades, busca que se dé la inclusión y participación de todas las personas en la sociedad, incluyendo a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. En este sentido, las actuaciones públicas y los poderes del Estado se dirigen a corregir, remover las barreras y obstáculos del entorno social para la promoción de la participación plena dentro de la vida comunitaria.
Bajo este modelo se ha modificado el artículo constitucional número 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” De esta manera, reformado por el artículo único de la ley N° 9697 del 16 de julio de 2019, denominada «Reforma artículo 51 de la Constitución Política para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad»2.
Cabe destacar que, entre otros preceptos tratados de forma indirecta como el artículo 33 de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), referente al tema de la discapacidad, se establece lo siguiente: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad, ya que es opuesta a la dignidad y por el principio de igualdad. Las personas con discapacidad son sujetos que llevan la titularidad de todos los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, además de los Derechos Humanos que están incluidos en instrumentos jurídicos internacionales.
La jurisprudencia amplia y desarrollada por la Sala Constitucional de Costa Rica en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, aborda distintos ámbitos como la mediación, el acceso a la información, el espacio físico, el trabajo, la comunicación y otros. La sentencia 1999-02288, interpreta los alcances del artículo 51, refleja la posición de la Sala al enfatizar sobre la protección especial que da el ordenamiento jurídico a las personas con discapacidad para que se desenvuelvan sin barreras dentro de la sociedad. No es un trato especial, como ha enfatizado dicho órgano supremo, que busca atender a las condiciones particulares de la comunidad de personas con discapacidad, sino que son en esencia su derecho y la obligación que tiene el resto de las personas sobre el respeto de estos y cumplir estas obligaciones derivadas. La Sala plantea que sus decisiones y la jurisprudencia tienen efectos erga omnes, siendo parte del bloque de constitucionalidad que el estado costarricense y la sociedad deben acatar en la aplicación de medidas para garantizar dicho fin. Erga Omnes es una expresión latina que significa contra todos o referente a todos. En el ámbito jurídico se refiere a aquellos derechos cuya eficacia y reconocimiento se producen a favor de todas las personas versus a los derechos cuya eficacia solo afecta a una persona o personas determinadas.
En lo que se refiere a la ratificación de instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, Costa Rica ha sido signatario de muchas normas internacionales, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido aprobada mediante la ley N° 8661, del 29 de setiembre de 2008 (Asamblea Legislativa, 2008).
En este ensayo, para referir a los principios fundadores del concepto de derechos humanos, se sintetiza un panorama general acerca de su evolución y su enlace con los derechos de las personas con discapacidad.
Los hechos históricos de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y la revolución industrial, como la evolución de la propagación de ideas de intelectuales como Locke, Rousseau, Montesquieu, Hobbes y entre otros, han dado construcción a las bases del estado moderno del derecho al caracterizar algunos aspectos como: la división de poderes, la observancia del ordenamiento jurídico reconociendo su legalidad (imperio de ley), derechos y libertades fundamentales , legalidad de actuaciones del estado y el control judicial de las mismas3. Todo viene de un movimiento que critica las monarquías absolutistas que constituían los estados existentes en los siglos XVII y XVIII.
Ciertos documentos han aportado cronológicamente a la evolución filosófica de los derechos humanos: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la cual establece la igualdad para todos los seres humanos que son dotados de los derechos inalienables (vida, libertad y felicidad) por el Creador, dentro de la concepción del estado, con respecto a la garantía de estos derechos que son instruidos por el gobierno cuyo poder legítimo es derivado del consentimiento de los gobernados. No obstante, en esos momentos hubo situaciones en las que se les negaron los derechos ciudadanos por igual a todos los habitantes como el caso de la esclavitud, la discriminación racial, la persecución de los indígenas estadounidenses, la discriminación por género (las mujeres) y el no reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad4. En esta declaración podemos ver cómo se ha reflejado la perspectiva filosófica de la ley natural, además de las ideas de Locke y otros intelectuales.
Posteriormente se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual cita la inherencia de los derechos a la naturaleza del ser humano y que precisamente no son derechos que fueron creados en determinada coyuntura, sino que son derechos constatados. En esta declaración se mencionan los derechos con carácter natural e imprescriptible del ser humano, los cuales han existido con anterioridad al poder establecido, además de ser aplicables en cualquier momento y espacio, estos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La importancia que encierra esta declaración es por la definición de los derechos personales y colectivos visto como universales, al comprender que los derechos son válidos en todo momento, por ser una pieza indispensable en el engranaje de la naturaleza humana. A pesar de eso, aun en esta coyuntura, la universalidad e igualdad tenía un sentido rígido y limitado, debido a que en esta época tampoco se les conceden derechos a las personas con discapacidad.
Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), surgida en el contexto de los conflictos bélicos internacionales, deja una gran huella en el derecho internacional de los derechos humanos, declarando como innatos los derechos por ser pertenecientes a nuestra condición de ser humanos, además los conceptos modernos de derechos humanos son irrevocables, inalienables, inherentes, intransmisibles para todas las personas sin distinción de raza, clase social y condición. Se configura así el concepto de dignidad humana, donde se aborda el valor intrínseco del ser humano al respetar su capacidad racional y en la construcción de su esencia como la base de los demás derechos. Por ser un principio esencial de un ordenamiento social – jurídico el respeto inherente al ser humano que sea independientemente de sus condiciones propias, tiene la obligación de ejercer el respeto y la protección de los bienes que forman parte de la esfera personal del ser humano.
La propuesta más actualizada es el paradigma de derechos humanos en discapacidad, que tiene un nexo con el modelo social de la discapacidad en función de su compatibilidad, por la exigencia de la justicia fundamentada en la dignidad del ser humano y que considera que todos son sujetos de los mismos derechos. Busca, luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, con la existencia de las condiciones materiales para que la población disfrute de una mejor calidad de vida al ejercer sus derechos, mediante la visualización de las diferencias, el cuestionamiento del entorno, por cuanto la sociedad es la que crea obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad. Los derechos humanos, por lo tanto, se basan en la dignidad del ser humano, sin distinción de credo, edad, clase social, género, discapacidad; al gozar de ellos lo que les permite vivir en libertad e igualdad.
La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su protocolo aprobado el 19 de septiembre de 2008 mediante la ley 8661 (Asamblea Legislativa, 2008) constituye un instrumento jurídico cuya dimensión establece un desarrollo social en el que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La paulatina evolución histórica de las normas de derechos humanos de las personas con discapacidad ha formado parte de las maniobras jurídicas que busca involucrar al Estado en el compromiso por el cambio social, al buscar que se cumplan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Federación Iberoamericana de Ombudsman. (2010). VII Informe sobre Derechos Humanos, Personas con Discapacidad. Trama Editorial. 1-712. Recuperado de http://hdl.handle.net/10017/9082
Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
3 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
4 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
Carlos Gutiérrez Vargas Profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica
Estado y avance del proceso prospectivo estratégico UNA 2040
El día 8 de noviembre del 2021 se realizó la presentación del Estado y Avance del Proceso Prospectivo Estratégico UNA 2040 para autoridades del Consejo de Rectoría de la Universidad Nacional.
En este evento realizado de manera presencial (Complejo El Higuerón) participaron el Med. Francisco González Alvarado, Rector; la Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta; la Dra. Phd. Álvaro Martin Parada Gómez, Vicerrector de Extensión, funcionarios del Área de Planificación Institucional-APEUNA, Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA.
Este proyecto denominado: “Planificación Prospectiva Estratégica UNA 2040”, se ha venido ejecutando gracias a la organización llevada a cabo por la Comisión Institucional de Planificación Prospectiva UNA 2040 liderada por el Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director de la Maestría en Planificación de EPPS-UNA.
Se consideró importante compartir los avances de este proceso académico después de siete meses de trabajo, aún y cuando no han terminado los Talleres Prospectivos, dado que los resultados se constituyen en elementos importantes, para poder llevar a cabo el proceso de planificación de la universidad que entra a regir para el 2023-2027, mismo, que debe de estar aprobado por la Asamblea de Representantes a mayo del 2022.
Cabe recalcar que el proceso de construcción de este estudio prospectivo se ha caracterizado por contar la participación de varios grupos pertenecientes a la UNA, que han trabajado intensamente para la creación de escenarios y el análisis de los mismos. De esta manera, desde abril del 2021, se busca visibilizar cuál es la UNA de las próximas dos décadas considerando la situación actual y venidera, tanto mundial como de la institución, así como los elementos estratégicos para potenciar esa UNA necesaria y vanguardista que se desea ser para Costa Rica. Para ello se han empleado diversos talleres y actividades con representantes académicos, administrativos y estudiantiles de las diferentes instancias de toda la universidad.
La presentación del avance estuvo a cargo del Dr. Juan Carlos Mora Montero, Coordinador del Proyecto Prospectiva Estratégica UNA 2040, quien expuso las diferentes fases por las que se ha transitado en este proceso académico.
Para iniciar Mora presentó el estado de avance del proyecto en términos macro o generales (Figura 1). Se hizo referencia al trabajo realizado en los webinario del 29 y 30 de abril de 2021, donde expertos propectivistas latinoamericanos presentaron diferentes elementos teóricos de las tendencias futuras de diferentes áreas académicas como las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, entre otras. Asimismo, se indicó que estos Webinar fueron espacios donde las autoridades de las facultades, centros y sedes universitarias expusieron sobre la visión a futuro de las personas que forman parte de las respectivas instancias (Figura 2). Ambos elementos permitieron construir el Estado del Arte (un análisis del entorno de la Universidad) y la vigilancia tecnológica y estratégica (tendencias y megatendencias para el futuro).
Figura 1. Proceso global del proyecto “Planificación Prospectiva Estratégica UNA 2040”.
Figura 2. Fase uno: exploración inicial mediante webinario con prospectivistas latinoamericanos y taller prospectivos dentro de las instancias académicas de la UNA.
Se señaló que en esta fase 1 exploratoria-inicial de prospectiva, se lograron crear en total 125 escenarios, de los cuales 7 se expondrán como resultado de esta fase. Además, para la creación del Estado del Arte, se contó con el apoyo de documentos como el realizado por la UNED-Costa Rica sobre tendencias de la educación superior, el trabajo realizado por la UNESCO en materia de tendencias de la educación superior y el Estado de la Educación.
Figura 3. Fase dos: Factores de cambio
En la fase 2 se identificaron 113 factores de cambio alrededor de la visión de la UNA al 2040. Las cuales pasaron por un profundo análisis para lograr identificar las variables claves que definieron el modelo de la construcción de escenarios que permitan establecer las características que predominarían en las posibles realidades.
Figura 4. Fase tres: Variables de estudio del proyecto.
Se indicó sobre el abordaje del trabajo para la construcción de los factores de cambio, es decir, elementos que pueden propiciar transformaciones sociales, políticos, culturales, económicos u otros; en este caso, aquellos que influyen en la UNA y Costa Rica en el futuro. Para ello, se hizo referencia al taller realizado con personas académicas, administrativas y estudiantes de diversas instancias de la institución, donde se consolidaron 34 factores de cambio (Figura 3); a partir de estas surgieron las variables de estudio (Figura 4) donde las variables autónomas (amarillas) poseen poco incidencia y poca variabilidad, son las variables en las que sí hay una posibilidad de ejercer acciones sobre ellas, como la regla fiscal y el financiamiento público de la educación superior , sin embargo, se debe tener en cuenta que el involucramiento que se tenga con respecto a ellas será indirecto. Las independientes (verdes) que representan las tendencias y son para monitorearse, son aquellas que marcan significativamente el futuro, haciendo referencia a los escenarios que no podemos evitar, pero si se puede crear medidas para que las consecuencias no sean negativas. Las dependientes (azules) -que se ven influenciadas por la variable ambigua (roja)- y son aquellas con más flexibilidad metodológica y estratégica, ya que son las que no se puede realizar ninguna incidencia para evitarlas, por lo que el análisis de estos escenarios permite generar capacidades de anticipación para afrontar estas situaciones como el cambio climático y la Revolución 4.0. Entre estas variables se encuentran las variables de enganche, como lo es la tecnología, las cuales tienen la característica de que se puede actuar en ellas de una manera más directa, permitiendo entrar en el escenario del futuro.
De todas las variables anteriores, se trabajó con las dependientes para la continuación del proceso, de estas se añadió la de transformación tecnológica por su importancia en el futuro y se excluyó la de normativa institucional ya que corresponde a elementos meramente metodológicos (Figura 5), además, para cada una, se analizaron los diferentes actores sociales que pueden influir, tanto internos como externos. A partir de lo anterior se generaron tres hipótesis de futuros para cada variable problema, donde una será conservadora, otra moderada y otra ambiciosa; estos surgen de una línea base, es decir, un parámetro que facilita dar seguimiento a la velocidad del avance y generar una predictibilidad de este (Figura 6).
Figura 6. Matriz morfológica con las variables dependientes y las hipótesis de cada una.
En la tercera fase, se expone 7 escenarios de los 125 inicialmente generados. La construcción de estos escenarios permitió determinar el escenario apuesta mediante la formulación y análisis de hipótesis.
Para la determinación de estos escenarios se utilizó un software como metodología que genera la probabilidad de que algo suceda o no, tomando en cuenta las diferentes hipótesis de crecimiento y de mejora hacia el futuro. En dicho software se debe asignar individualmente las probabilidades sobre la hipótesis de sí misma, en donde 1 es muy poco probable y 5 es muy probable. En el caso de las hipótesis que salgan con una probabilidad más baja, determina que en estos casos, se requiere de más esfuerzos para lograr llevarlas a cabo en el futuro.
Seguidamente, se presenta los escenarios generados a partir de la interrelación de estas hipótesis de las variables (Figura 7) y se muestra una pequeña narrativa descriptiva de cada uno de estos escenarios (Figuras 9-15).
Figura 7. Fase cuatro: Posibles escenarios futuros para UNA 2040.
Figura 8 Modelo de trabajo
Para determinar los escenarios se tomó en cuenta el siguiente modelo de trabajo (Figura 8), en donde para la UNA, del futuro se analiza su papel con respecto a la vinculación con el sector social, productivo y artístico, la presencia territorial, la internalización de la oferta universitaria, la transformación tecnológica y la generación de recursos propios, tomando en cuenta variables dependientes e independientes como la demografía y migraciones, avances científicos y tecnológicos, la globalización, el nuevo entorno nacional y mundial, el compromiso internacional, el cambio climático y las revoluciones 4.0 y 5.0.
En este taller informativo de avance del proceso prospectivo iniciado por la UNA, se compartieron los “relatos” de los siete escenarios, definidos por los participantes en los talleres realizados durante estos 7 meses de trabajo. (Figuras 9-15).
El Escenario 1, que se puede interpretar como el ESCENARIO APUESTA PARA EL 2040, corresponde a: “UNA necesaria y floreciente”. De esta manera, en términos generales, la universidad necesaria, floreciente y productiva está alcanzando y cumpliendo con su misión. Es un escenario en donde se cuenta con la generación de ingresos propios debido a la simplificación y flexibilización de las estrategias de visualización de la oferta de servicios, se promueve la vinculación social ya que desde una política institucional se establece el trabajo en conjunto con la población para responder a las demandas y necesidades del país. Con respecto al nivel tecnológico se logra el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunidades para optimizar procesos y recursos de gestión, educación y acción sustantiva, además se crean políticas para potenciar la internalización de la oferta académica y flexibilización curricular. Por supuesto se considera que, con respecto a la territorialidad, en este escenario la universidad cuenta con alianzas estratégicas con instituciones para fortalecer los procesos de gestión local en las distintas regiones del país.
Figura 9. Escenario 1 o escenario tendencial: UNA necesario y floreciente.
Figura 10. Escenario 2 o escenario tendencial: Apague y vámonos.
Figura 11. Escenario 3: UNA corporativa.
Figura 12. Escenario 4: Atados de manos.
Figura 13. Escenario 5: Pérdida de la universidad necesaria.
Figura 14. Escenario 6: UNA fuerte solo para Costa Rica.
Figura 15. Escenario 7: Mancha de grasa.
El Master Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional, comentó que es muy gratificante ver el resultado de casi un año de trabajo de un amplio grupo de personas de la comunidad universitaria, liderado por la EPPS-UNA,APEUNA, donde se ha logrado dar pasos significativos en la ruptura de una forma tradicional de como venía operando la planificación en la UNA, para plantearse nuevos retos de cara a construir una visión de la Universidad en el largo plazo: “ Hoy hemos podido constatar, que hay una metodología clara, segura, firme, que ha sido participativa, muy reflexiva y propositiva sobre los escenarios de la universidad hacia el futuro y lo que nos falta es afinar detalles de la planificación táctica y operativa donde también tenemos clara la ruta y muy entusiasmado para seguir adelante”.
El Rector agregó que el gran reto es tomar conciencia de que el mundo se ha transformado, que asistimos a un nuevo contexto de mediación de la docencia, a un nuevo contexto de la gestión universitaria y fundamente a un nuevo contexto en la generación, producción, difusión del conocimiento: “toca entonces, reflexionar como insertarnos en ese nuevo contexto y realizar las acciones propositivas que corresponde”, expresó González.
El Dr. Ángel Ortega Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, comentó que estudiar el futuro no es algo fácil, porque la costumbre es estudiar el pasado y definir qué hacer en el presente, por lo que reconoce que ante todos los imprevistos que se han generado se ha logrado continuar con el objetivo: “ El esfuerzo ha sido importante y se incluyeron las personas necesarias, aunque se pudieron haber incluido más personas, las involucradas jugaron el papel esperado. Por lo que el proceso contó con una representación importante para el proceso. Esta etapa que se ha realizado en el 2021, es el punto de partida para seguir visualizando las estrategias, acciones para que la Universidad Nacional se constituye al 2040 en la “UNA necesaria y floreciente”.
Para el Master Juan Miguel Herrera Delgado, Director de APEUNA, desde el principio se tenía muy claro el horizonte, todos los ejercicios metodológicos que se llevaron a cabo desde APEUNA, se hicieron tomando en cuenta el referente de que para octubre de este año se tendrían los resultados de la investigación prospectiva: “El proceso metodológico tenía como inicio el escenario a largo plazo y la estrategia a futuro, sin embargo, en el último taller de prospectiva que se realizó ( 19 10 2021) se tomó la decisión de acortarlo por asuntos externos, por lo que la preocupación actual es que a la fecha no se tiene la estrategia ni el escenario a futuro”, dijo Herrera.
El Director de APEUNA, plantea su preocupación de que por asuntos involuntarios y que se fueron presentando a lo largo de los talleres, se ha retrasado la definición del proceso táctico en que APEUNA debe asumir con las diversas instancias universitarias, para tenerlo concluido en marzo de 2022 y proceder a su formulación tomando en consideración los resultados de este proceso prospectivo institucional.
En este sentido, el Master Francisco Gonzàlez, Rector de la UNA indicó que lo expuesto en este espacio, lo infiere como un movimiento fuerte, ordenado con mucho valor, participación, una postura institucional que encuentra y ve muchas posibilidades de insertarlo en ese proceso de acción que busca el desarrollo institucional: “Por lo que la siguiente responsabilidad es hacer el ajuste necesario, para que esta propuesta permite dar el paso a la línea que deseamos enfrentar, tomando en cuenta que se deben hacer ajustes durante el proceso y poder compartirla con la comunidad universitaria, para ir llevando a la práctica las propuestas de innovación y mejora de la UNA.
El Rector señaló que para la planificación para el 2023, no se puede pretender conocer exactamente lo que se espera aspirar para ese futuro, por lo que plantea, que, para el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del 2023, se puede incluir un avance desde el punto prospectivo, de esta forma de manera progresiva se pueden ir realizando cambios para adaptar la planificación en el tiempo y lograr el escenario apuesta: “… porque, el camino está, pero toca seguir empujando entre todas y todos”, concluyó el Rector.
Al respecto el Dr. Martin Parada Gómez, Vicerrector de Extensión, dijo que, para la creación de esta estrategia, se puede convocar un grupo de personas que planteen una estrategia corta, en donde se abarque lo necesario de la estructura analítica que planteó del expositor Dr. Juan Carlos Mora, con el fin de ser más eficiente y llevarlo a cabo en poco tiempo. Lo anterior ligado a una sesión plenaria, donde se exponga ampliamente a los grupos participantes los resultados del proceso de prospectivo, el escenario apuesta y la estrategia a seguir, de tal manera, generar un análisis de dicha estrategia.
Como parte de lo que prevé la metodología de la Prospectiva Estratégica en la cuarta fase, (siguiente) se debe dar la construcción la estrategia, la cual debe tomar en cuenta la misión, visión y valores de la UNA, las variables de enganche como lo es la tecnología, las hipótesis los objetivos estratégicos, y por último el sistema de indicadores.
Por lo que en base a lo anterior se determinó que es escenario apuesta responde a: “UNA necesaria y floreciente”, la cual responde a los valores de: compromiso social, excelencia, equidad, participación democrática y respeto. Además, su incidencia permite el cumplimiento de la misión debido a que: “La Universidad Nacional genera, comparte y comunica conocimientos, y formas profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyen con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad hacia planos superiores de bienestar. Con la acción sustantiva la UNA contribuye a la sustentabilidad eco social y a una convivencia pacífica, mediante acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión”.
Cabe destacar que el escenario apuesta se ve reflejado en la visión institucional que los participantes debatieron, debido a que: “La Universidad Nacional será referente por su excelencia académica, por el ejercicio de su autonomía, innovación y compromiso social en los ámbitos regional y nacional, con reconocimiento y proyección internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe. Su acción sustantiva propiciará un desarrollo humano sustentable, integral e incluyente que se fundamenta en el ejercicio y la promoción del respeto de los derechos humanos, el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad y un pensamiento crítico. Su gestión institucional se caracterizará por ser ágil, flexible, desconcentrada, con participación democrática, transparente, equitativa e inclusiva, que promociona estilos de vida saludable».
De lo expuesto en esta presentación del avance del proceso prospectivo, se indicó que para impulsar el escenario apuesta (“UNA necesario y floreciente”) y poder pasar a la fase de planificación táctica y operativa de la universidad, se requiere una modificación de la normativa institucional. Revisar cuáles normas se necesitan reformular para que fluyan los procesos de planificación necesarios. También se debe dejar de lado el pensamiento de que este tipo de planificación es complicada de formular y ejecutar, ya que esto genera la tendencia de buscar una planificación más simple por lo que se retrasaría el avance.
El expositor y coordinador de la Comisión del Proyecto de Planificación Prospectiva Estratégica, manifestó que actualmente en el proyecto se encuentran en la construcción de los arquetipos, es decir, al patrón ejemplo del cual se podría derivar otros objetos (Figura 16) y se espera que más adelante se pueda continuar con la fase cinco donde se realizará el diseño de la estrategia apuntando al escenario apuesta y de este generar un plan a gran escala (Figura 17).
Finalmente, se espera generar una articulación de los planes tácticos y operativos para la institucionalización de este proyecto al revisar la misión, visión y valores de la UNA (fase seis).
Figura 16. Arquetipos posibles para UNA 2040 donde se puede organizar los escenarios posibles.
Figura 17. Fase cinco: plan estratégico del escenario apuesta.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche empezábamos una amena conversación con el poeta y diseñador visual Julio Cúmez, originario de San Juan Comalapa, una comunidad de artistas y artesanos de la palabra, ubicada en las cercanías a Quetzaltenango.
Una de las personas de la audiencia a nuestro programa informaba sobre lo ocurrido recién: un accidente en el sur de México, en el que habían fallecido varías personas migrantes, muchas de ellas, la mayoría, provenientes de Guatemala.
La noche del 9 de diciembre, mientras nos aprestábamos a conversar de arte y vida con Julio en nuestro espacio dedicado a esos temas, supimos que una herida más se le había abierto a la región centroamericana.
En un año que cierra con la imposición de Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios y activar el programa “Quédate en México” como política migratoria disuasiva, los hechos recientes colocan de nuevo el pesado lastre de la acción securitaria e institucional sobre los cuerpos de las personas en contextos de movilidad.
Hacinados casi hasta la asfixia, cerca de 250 personas migrantes habían pagado entre 2.500 y 3.000 dólares para ser transportados en un camión cuyo contenedor les ofrecía una distribución inhumana, por decir lo menos.
De hecho, las hasta ahora contabilizadas 55 personas fallecidas, estaban colocadas en la pared que volcó haciendo contacto con un puente peatonal de hierro. Quienes salvaron su vida se apretujaban casi sin aliento, en el centro del contenedor.
Dimensionar la magnitud de una tragedia como ésta en un año en que la cifra de personas fallecidas en contextos de movilidad en tránsito ya alcanza más del millar, según cifras aportadas por OIM, implica necesariamente tener claras las dimensiones antihumanitarias de una política migratoria que un día sí y otro también se ensañan contra las personas migrantes.
En el sur de la región centroamericana quizá la narrativa no alcanza a avisorar lo que ocurre desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde los efectos de la imposición de una política migratoria dura se dejan sentir con toda su furia sobre las personas migrantes. Por eso lo verbalizamos e insistimos.
Quienes sobrevivieron al accidente del 9N en Chiapas refieren escenas de terror al observar la muerte desperdigada por entre las latas retorcidas del camión volcado y en la propia calle. Algunos de ellos serán repatriados a sus países de origen quizá con alguna fractura producto del percance. Muchos, pese al evento, lo intentarán de nuevo.
Y entonces volverán a engrosar las estadísticas del riesgo y el horror en un ciclo que no se detendrá hasta que la inclusión, el cese de la violencia y la igualdad vuelvan a existir en todos los países desde donde se origina la migración.
Al tiempo que terminamos de escribir estas notas se conoce de acciones de violencia contra grupos de migrantes que llegaron al centro de México en medio de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Muchos de ellos han sido llevados a la propia basílica: mujeres con sus niños pequeños que funcionaron como primer escudo ante las arremetidas de la seguridad mexicana, personas jóvenes, personas con alguna discapacidad.
Esto seguirá repitiéndose indefinidamente hasta que el modelo no cambie y la industria migratoria deje de lucrar con el dolor y la necesidad de la gente.
En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche Julio y yo hablamos de poesía, de arte. También encendimos nuestra luz interior para acompañar en su viaje definitivo a quienes lo emprendieron por última vez. Luz para ellos y ellas.
Imagen de cabecera: https://www.latimes.com (Lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes en Chiapas.)
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
Más de 30 organizaciones a nivel global se unen para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
El protocolo es respaldado por diversas expertas y expertos de la ONU y ex relatores y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa es liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.
Washington DC, diciembre 16 de 2021. – Este jueves 16 de diciembre, más de 30 organizaciones en todo el mundo y expertas y expertos de derecho internacional, incluidos relatores y relatoras de la ONU, presentaron el Protocolo de la Esperanza. La primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85%* afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.
Durante más de cinco años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras trabajaron en esta herramienta que concientiza sobre el alto coste que representan las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes. El Protocolo de la Esperanza proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices a los Estados para una diligente investigación penal.
Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor. De hecho, 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.
Las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.
Por otro lado, las amenazas en contra de las personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa. El Protocolo de la Esperanza responde a esta necesidad como herramienta para responder de manera efectiva a esta problemática.
El Protocolo tiene su nombre por dos razones, la primera relacionada a su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras. Y, la segunda, en honor al pueblo del oeste de Honduras: La Esperanza, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechos puede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones que apoyan:
African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Artículo 19
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL)
Child Rights Connect.
Colectivo Jose Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC)
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
International service for Human Rights (ISHR)
No es Hora de Callar
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
Oxfam
Peace Brigades International (PBI)
Protection International
REDRESS
RFK Human Rights
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
