La gestión integral del recurso hídrico se encuentra en la palestra de los foros internacionales y la discusión de las políticas públicas en un contexto de cambio climático y extractivismo. Existe un debate sobre el tema de agua potable para las comunidades y la conservación de cuencas versus la creciente influencia de grandes corporaciones y agencias de cooperación, en el manejo del agua en favor de actividades extensivas o de gran impacto.
En este sentido el Movimiento Ríos Vivos hace un llamado vehemente al diálogo y reflexión mediante una misiva sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) relacionado a la gran cuenca del río Grande de Térraba, una de las más extensas y conflictivas del país. Por cuatro décadas en esta región han dominado familias dedicadas a la ganadería extensiva, la compañía Fresh Del Monte (exportadores de piña), y la cooperativa CoopeAgri (exportadores de azúcar de caña).
Por ende, es necesario colocar ese tema local con una perspectiva global de la GIRH, permeado por la influencia de sectores privados y en detrimento de las comunidades en víspera de los próximos foros regionales y nacional de gobernanza del agua. Tal y como lo señala la siguiente misiva.
Para Juan Carlos Durán de SIFUPCR, ahora no se trata de escoger entre dos malos y dos buenos, sino de escoger entre dos que se cree que son bastante peores. Más allá de la simpleza cosmética de los memes populares, considera que la discusión no se puede reducir a si se quiere que se toque la billetera o “la parte trasera”, sino que lo que se debe hacer es inclinarse a proteger la democracia y la institucionalidad costarricense para que no se siga dinamitando.
Por otro lado, se critica la adhesión de las candidaturas como la de Natalia Díaz, deberían estar inclinadas a proteger al Dios pueblo y no al Dios mercado, pues, según afirma Juan Carlos Duran, hacer el contrario sería darle la espalda a la gran mayoría de pobres, desempleados y jóvenes hombres y mujeres sin trabajo en este país.
En el video que compartimos a continuación, Juan Carlos Durán señaló que muchos de los votos que tuvo el PAC anteriormente, migraron hoy hacia el partido de Rodrigo Chaves, el partido de Eli Feinzaig y otros tantos al Frente Amplio, así como el partido de Fabricio Alvarado. Afirma que “por sus frutos los conoceréis y ahora será importante ver qué sucede con esta Asamblea Legislativa que quedó muy repartida entre varios partidos que normalmente le han dado la espalda a los trabajadores de la Caja”.
Confirma que hubo un aumento del abstencionismo, pero que esto no es nuevo, pues según las encuesta del CIEP de hacía dos años, decían que no se sentían representados por ningún partido y que además un 40% afirmaba que no le gustaban los candidatos. Advierte que se debe tener cuidado como ciudadanía sobre aquellas personas que proponen legislar por referéndum, y que se espera que las fracciones legislativas alcen la voz y le digan a Rodrigo Chaves, quien tiene la tesis de gobernar con referéndum, que se confronte esto, pues es riesgosa la propuesta y la forma en que se está presentando.
En el video que adjuntamos, Juan Carlos Durán manifiesta que el tico está “ahuevado” debido a que tiene que escoger entre un camino o el otro, haciendo referencia a la segunda vuelta entre José María Figueres y Rodrigo Chaves; que habrá que escoger entre dos males, el mal menor. Sostiene que no hay un mal mejor que el otro, sino que hay uno que es peor que el otro. La disyuntiva del país está entre estos dos candidatos que tienen su curriculum y que están ahora en una carrera hasta el 03 de abril.
Para el dirigente del SIFUPCR, es importante dar atención a lo que no se muestra, no solamente de parte de los candidatos, sino también por parte de Repretel y Canal 7, que buscan darle atención a ciertos temas y ciertos candidatos. Afirma que hay una crisis del sistema político y una pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos y que la cantidad de candidatos y partidos políticos no termina en ser sinónimo de que la democracia está mejor que antes.
Los candidatos presidenciales que llegaron a la segunda ronda de elecciones presidenciales 2022 traen en sus planes de gobierno diferentes propuestas sobre los temas que más le preocupan a la ciudadanía según el corte de noviembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
De cara a la segunda ronda electoral
Las propuestas de Figueres y Chaves
Previo a las elecciones nacionales 2022 que se llevaron a cabo este 6 de febrero, la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en su corte de noviembre consultó a su población entrevistada sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía que deberían ser abordados por la persona que llegue a la Presidencia de la República.
En este orden de la mayor a la menor prioridad, los temas que más preocuparon en ese corte fueron la corrupción, el desempleo, el costo de la vida y la situación socioeconómica, la mala gestión del gobierno, la pobreza, el COVID-19, la inseguridad y la delincuencia, la situación fiscal del país, y la educación.
En total 25 partidos políticos participaron en el primer balotaje, pero solo dos avanzaron a la segunda y definitiva ronda: Liberación Nacional y Progreso Social Democrático, cuyos aspirantes a la Presidencia son José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles, respectivamente. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en esas materias de interés que lo decidirán todo en abril?
Corrupción
En materia de lucha anticorrupción, si bien es cierto no tiene una temática específica en relación con este tema, el plan de gobierno del partido verdiblanco propone un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil organizada. Este acuerdo incluye un fuero especial para policías una vez empiecen a ejercer previa capacitación en la Escuela Nacional de Policía, pero a su vez las obligaciones de que se sometan a pruebas regulares a cargo de la Dirección General de Inspección Policial en el Ministerio de Seguridad Pública y que rindan cuentas de manera constante a la ciudadanía sobre sus actuaciones.
También se proponen la revocatoria de mandato contra ministros, presidencias ejecutivas y diputaciones, y el imponer el «silencio positivo» en los procedimientos administrativos, de modo que, si al término de los plazos establecidos no hay respuesta a las gestiones, se puedan dar como aprobados de manera automática.
Mientras que en el Partido Progreso Social Democrático se habla de establecer mecanismos jurídicos donde se incentive la denuncia de cualquier acto de corrupción, y más bien se castigue el no hacerlo apenas se tiene conocimiento de eso o siendo la autoridad correspondiente, no se tomen las medidas disciplinarias contra este delito (complicidad por omisión); así como de establecer sanciones severas contra quienes corrompen y quienes aceptan las dádivas; prohibir renegociar las licitaciones ya adjudicadas; crear una ley de protección al denunciante; un gobierno abierto a la prensa, las universidades y la ciudadanía, una publicación diaria de las agendas de todas las jerarquías públicas, obligatoriedad de comprar exclusivamente mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del Ministerio de Hacienda, crear el Sistema de Transacciones Comerciales y Financieras para facilitar la trazabilidad de los ingresos de cualquier persona y un control de transacciones, facturas, tributación y aduanas; obligatoriedad de que las auditorías internas se confirmen en la Contraloría General de la República, y publicidad de las sesiones de Consejo de Gobierno, concejos municipales y juntas directivas de entidades estatales o autónomas.
Desempleo
En lo referente al desempleo, el plan de gobierno de Figueres Olsen propone bajar dicho porcentaje a menos de 7 puntos porcentuales para 2030 (hoy es de 18 % según sus propios números, y afecta más a mujeres que a hombres).
También busca hacer que el Ministerio de Trabajo garantice medidas como el pago equitativo entre hombres y mujeres al desempeñar la misma labor en igualdad de condiciones, que se cumplan las leyes laborales, que exista salario mínimo, reducir y simplificar los trámites, y poner un régimen contributivo con condiciones más favorables para las mujeres emprendedoras.
Otra propuesta gira en torno a adaptar la legislación y las prácticas laborales al teletrabajo de manera permanente.
Además, para las empresas en sectores dinámicos busca un programa masivo y focalizado de entrenamiento en colaboración con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Comercio Exterior, y otras instituciones de orden laboral y académico, mientras que para los sectores no dinámicos propone su reactivación. Por último, propone abrir un programa de inserción laboral para indígenas, e impulso a todo emprendimiento, con énfasis en microempresas y microemprendimientos de las mujeres indígenas.
Mientras que las propuestas del plan de gobierno Chaves Robles sobre este tema incluyen los permisos de trabajo en caso de silencio positivo; la prohibición de solicitar patentes, permisos, copias de cédula o de personería jurídica a las personas, y ligado con este punto, promover una interconexión entre las bases de datos del Estado. También se propone el trabajo por objetivos de política pública en alianza entre los sectores público y privado; mayores facilidades de acceso a sistemas financieros, red de cuido y otras herramientas para incentivar una mayor participación femenina en la fuerza laboral; un aumento en las graduaciones en las 10 áreas de más demanda laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) de las universidades; menor porcentaje de cargas sociales a los salarios más bajos, bilingüismo universal en la educación primaria y secundaria, atracción de empresas internacionales novedosas y supresión de cobros mínimos de seguridad social.
Pobreza
Al evaluar las propuestas en materia socioeconómica y la pobreza, los mayores nortes de las propuestas figueristas son crear un Piso Económico o renta mínima Familiar para familias con bajos recursos económicos, un bono verde comunal, una reforma fiscal complementaria a la ya aprobada desde 2018 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Plan Fiscal o Ley 9635), mejorar la estructura del presupuesto, digitalizar los procesos de gasto en compra pública y gasto social, implementación de la Ley Marco de Empleo Público y una serie de mejoras en los sistemas fiscales, de modo que se eliminen algunos tributos, se reduzcan las cargas, y se dejen aquellos tributos progresivos, evaluaciones en los procesos de ingreso y al funcionariado de Tributación y Aduanas.
Mientras tanto, el chavismo propone aplicar la reforma fiscal para todas las personas, quitar las exenciones fiscales, tener una sola escala salarial con incentivos contra excelente desempeño, un solo sistema de pensiones, reducir los intereses de deuda pública y el pago de alquileres, focalizar el gasto social, reducir las contribuciones de la seguridad social al aumentar la base contributiva, financiar a las instituciones educativas para que impartan carreras de alta demanda laboral e impulsar los créditos contra viabilidad de los proyectos y experiencia de quien quiere emprender.
Con respecto a la salud, las propuestas abundan. Algunas de las principales del candidato Figueres Olsen incluyen sistema nacional de salud integrado que involucre a varias instituciones relacionadas tanto con este rubro como con la educación, la actividad física y deporte, las municipalidades, los seguros y el agua; crear áreas de salud indígenas en Turrialba, Limón y Talamanca según sus propias cosmovisiones, otras dos regulares en Cartago y Pérez Zeledón y una fábrica de vacunas en el país que cree inmunizaciones contra el COVID-19, influenza y siguientes enfermedades. Todo bajo la rectoría del Ministerio de Salud.
Por otro lado, Chaves Robles propone integrar los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros; reducir la tramitología en el Ministerio, incluir el Expediente Digital Único de Salud (EDUS) en la medicina privada, eliminar las labores administrativas de las personas médicas y ampliarles los horarios y turnos con el fin de acortar las listas de espera médicas.
Seguridad
En materia de seguridad, el expresidente de la República busca una reforma a la Ley General de Policía y convertirla en Sistema de Seguridad Ciudadana; elaborar un Sistema de Seguridad Nacional interinstitucional que incluya a diferentes instituciones, los Supremos Poderes, la ciudadanía organizada o no, las comunidades, y los Ministerios de Gobernación, Policía y Seguridad Pública; convertir la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), establecer alianzas, convenios y tratados con otros países, una Ley de Extinción de Dominio que castigue el narcotráfico nacional e internacional, mejores condiciones laborales para los cuerpos policiales, respetar el derecho a la legítima defensa facilitando el registro de armas para portación y atacando la posesión de armamento ilegal por bandas criminales y delincuentes; y una política migratoria que agilice los trámites y simplifique el ingreso de personas inmigrantes y regularizarles para proteger sus derechos laborales y de salud y que, al integrarse a la sociedad costarricense puedan contribuir con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Por otro lado, el exministro de Hacienda y antiguo funcionario del Banco Mundial propone regular aquellos negocios que venden productos de segunda mano cuyo origen no es claro, y sacar de circulación a aquellos que comercian con artículos robados. Asimismo, otras propuestas van en torno a brindar asesoría legal a los policías acusados civil y penalmente, crear programas de acompañamiento para capacitarse y mantenerse económicamente activos a aquellos efectivos que por edad se retiran, proporcionarles equipo tecnológico de avanzada, y crear empresas sociales entre el sector privado y las personas privadas de la libertad de tránsito, con el fin de que estas puedan ejercer su derecho al trabajo.
Educación
Por último, en materia de educación, algunas de las propuestas liberacionistas consisten en quitarle el recargo administrativo a quienes se desempeñan en la docencia, dirigen los centros educativos o supervisan las regiones educativas con el fin de que se circunscriban únicamente a lo educativo; capacitar a cada docente en alfabetización digital y educación bimodal, desarrollo de habilidades matemáticas y científicas, así como de lectura y comprensión; mayor atención por las Direcciones Regionales de las zonas y poblaciones más rezagadas en lectoescritura, su comprensión, su expresión, las habilidades matemáticas, de comunicación en inglés, perfil de conocimientos y competencias esenciales en otras materias, pruebas diagnósticas nacionales, mayor y mejor conectividad en escuelas y colegios y dotación de equipos a estudiantado y cuerpo docente, mayor oferta educativa, intervenir de emergencia aquellos centros declarados por el Ministerio de Salud como inhabitables; garantizar presupuesto para becas, transporte y alimentación estudiantil; y hacer una reforma educativa integral de modo que se enseñen contenidos útiles para la vida y el futuro.
Además, se busca mejorar las condiciones de salud y de trabajo de estudiantes y docentes, darle plaza en propiedad a cada docente con evaluaciones óptimas y al menos tres años consecutivos de interinazgo, y ubicarles en los centros educativos más cercanos a sus residencias.
Igualmente, busca alianzas con universidades públicas y privadas para adaptar la formación inicial docente a los nuevos tiempos y las competencias requeridas a lo largo de este siglo XXI; pero no de forma total, sino regional, y de acuerdo con lo que cada una de ellas requiere; así como con entidades público privadas para implementar la Alianza por el Bilingüismo (Abi), algo a lo que Figueres Olsen aspira en su objetivo de incluir al inglés en la lista de lenguajes oficiales para 2040.
Otras de sus propuestas radican en una serie de programas cuyos objetivos van orientados a mejorar los procesos de aprendizaje, elevar los resultados evaluatorios, que haya un perfil de aprendizajes deseados, lograr un interés y compromiso estudiantil con sus labores educativas al identificar y potenciar sus modos de aprendizaje y capacidades, así como comprometer a padres y madres de familia con la educación de sus descendientes.
Mientras tanto, las propuestas de Chaves Robles en esta materia se orientan a la actualización profesional del cuerpo docente, educación en carreras STEM, habilidades blandas y educación financiera, educación técnica y dual, establecer alianzas con organizaciones multinacionales, evaluar con exámenes digitales la calidad de aprendizaje y de enseñanza cada tres niveles, y hacer obligatorio el bilingüismo.
Juan Pablo Rodríguez Campos, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Este miércoles 16 de febrero, se tendrá la segunda parte de: “Las elecciones desde los territorios y movimientos sociales”, mediante sus lecturas y testimonios, con la participación de Álvaro Ballestero, microempresario turístico de Siquirres y relatos de milla Fronteriza, Sixaola, territorios indígenas y Guatuso.
Se espera su participación en las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 16 de febrero a las 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos! #UCRElectoral #EleccionesCostaRica2022
Pueblos Bribri y Cabécar, además de organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desconocemos que Sonia Rojas sea parte de los Pueblos Originarios
Viernes 11 de febrero del 2022. Recordamos a la opinión pública de Costa Rica, una vez más, la conformación de los Pueblos Bribri y Cabécar; conformación que se debe a nuestra cosmogonía, cosmovisión y a nuestras tradiciones milenarias. Los Pueblos Bribri y Cabécar fueron creados por Sibö a través de los Ditsö que son las semillas que dieron origen a nuestros clanes, a nuestros Pueblos. Así, cada persona que pertenezca al Pueblo Bribri o Cabécar debe contar con un clan, el cual únicamente puede ser trasladado por las madres indígenas. Nuestros Pueblos son matrilineales, por lo tanto, toda persona Bribri o Cabécar cuenta con un clan que fue heredado por su madre indígena.
Este nuevo recordatorio resulta necesario ante las recientes declaraciones publicadas el día de hoy en una nota del Semanario Universidad, en que la diputada electa del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de Puntarenas, Sonia Rojas, dice ser parte de los Pueblos Bribri y Cabécar; y con ello dice ser la voz y la representante de nosotros, los Pueblos.
Como Pueblos Bribri, Cabécar y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desmentimos sus palabras. Sonia Rojas no pertenece a ninguno de los Pueblos pues su madre no pertenece a ninguno de estos Pueblos. Así, de acuerdo al linaje matrilineal y la conformación clánica de nuestros Pueblos, Sonia Rojas no es una mujer indígena.
La señora, Sonia Rojas con sus declaraciones irrespeta profundamente nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. Atenta directamente contra una de nuestras creencias más claras e importantes sobre nuestros Pueblos y con ello pretende desinformar y hacer creer a los Pueblos Originarios que tienen una representación en una Asamblea Legislativa que estará volcada al neoliberalismo y a la negación de nuestros derechos sobre la tierra-territorio, nuestra cultura, tradiciones y a las posibilidades de multiplicarla.
Así, rechazamos las palabras de Sonia Rojas y la desmentimos, también recordamos que el legado del Partido Liberación Nacional (PLN) en nuestros Pueblos ha sido una política clientelar, que niega nuestros derechos y que atenta contra nuestros Territorios. Fue Oscar Arias Sánchez quién en 2008 declaró de interés nacional el Proyecto Hidroeléctrico del Diquís que atentaba contra los Pueblos y Territorios: Brörán de Térraba, Bribri de Yâbamï Dí (conocido como Cabagra), Bribri de Salitre y Cabécar de China Kichá. También fue el PLN uno de los Partidos que se negó a discutir y aprobar el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, fue durante un mandato del PLN cuando fuimos expulsados de la Asamblea Legislativa y un largo etcétera de acciones racistas por parte del PLN.
Ni Sonia Rojas, ni el PLN podrán nunca representar y ser nuestra voz como Pueblos Originarios. Frente al nuevo (des) Gobierno, como Pueblos Organizados prometemos resistencia, lucha y organización para la recuperación de nuestras tierras-territorios y el fortalecimiento de nuestros Pueblos.
El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas de la Universidad de Costa Rica (OCAC) ha publicado su más reciente informe correspondiente al año 2021. Entre las principales acciones colectivas registradas por el equipo de investigación, destaca la presencia de actores demandantes como los pueblos indígenas, seguidos de comunidades vecinas y en tercer lugar los sectores ambientalistas.
El informe señala que la mayoría de las demandas y acciones presentadas se enfocan contra instituciones gubernamentales y en menor medida contra la población en general, con el objetivo no solo de velar por la defensa de los derechos, sino para posicionar las problemáticas y conflictos en la discusión pública. En este sentido, a lo largo del 2021 se documentó por parte del equipo de investigación 147 acciones vinculadas a la defensa del ambiente y 143 acciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas indígenas y diferentes denuncias provenientes de estos grupos.
Sobre la temática indígena, el informe señala que las acciones “se ubican principalmente en la zona sur del país en las comunidades Bribri de Salitre, “Bribri Iríria Sá Ká, (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré)” (Chaves, 2021, p.4). Es vital señalar que las denuncias de amenazas y agresiones contra las personas indígenas se han desarrollado constantemente, presentando un total de 49 denuncias por esta razón en este año. En estas se señalan agresiones directas, amenazas de muerte, incendios, entre otras”.
Algunas de estas acciones colectivas indígenas tienen como común denominador un reclamo ante la pasividad de instituciones gubernamentales ante las acciones de grupos no indígenas que contaminan, violentan los territorios y los bienes que los indígenas consideran comunes y propios según la ley.
Que es el ¿OCAC?
Surge en el año 2019 como un complemento a la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su página oficial señala que el Observatorio se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.
Ante las presiones por la eliminación de regulaciones ambientales y el menosprecio por la participación ambiental, queremos invitarles a reflexionar sobre la justicia ecológica y las implicaciones para nuestros territorios. Compartimos una infografía sobre el tema elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes.
Constantemente, escuchamos por parte de sectores políticos y económicos lo difícil que es hacer negocios en nuestro país, y dentro de los criterios que muestran como «impedimentos» siempre surge la dimensión ambiental, que son muchos permisos, que cualquier persona puede bloquear el proyecto, entre otras quejas.
Muchas de estas regulaciones son mínimas ante los posibles efectos negativos que puede tener la actividad u obra de construcción, además en la mayoría de las ocasiones las comunidades afectadas no son consultadas por el tipo de desarrollo que consideran necesario, y más bien tienen poca participación en la promoción y diseño de estos proyectos de «desarrollo».
Sin embargo, estos sectores económicos dominantes tienen posibilidad de incidir en actores políticos, por esta razón asistimos a una constante presión para lograr una mayor flexibilización de las regulaciones ambientales y el menosprecio explícito por las formas de participación ambiental vinculante.
Por esta razón les compartimos esta infografía que nos invita a retomar una dimensión importante; la Justicia Ecológica, que nos ayuda a problematizar las relaciones que están presentes en los procesos de toma de decisiones en nuestras sociedades y evidencia quienes se benefician de estas acciones, así como quienes deben asumir las consecuencias de las mismas.
Por esta razón nos parece importante cuestionarnos en este contexto de presiones ¿Qué dimensiones están siendo olvidadas?
La Sala Constitucional ha aceptado a trámite una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesta por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA contra el ínfimo costo de agua que pagan los grandes monocultivos agrícolas de arroz, caña de azúcar, palma aceitera, café.
Los datos hablan por sí mismos. Mientras los privilegiados dueños de enormes monocultivos pagan 18 centavos de colón por cada metro cúbico- 1.000 litros- de agua que usan, los demás agricultores, incluyendo a los más pequeños, pagan 10 veces más. Para uso doméstico, usted paga al menos 400 colones por metro cúbico. O sea: unas 2.000 veces más.
Nuestra acción de inconstitucionalidad pretende ordenar y traer justicia al manejo del agua. También pretende su sostenibilidad para las futuras generaciones. Eliminar los privilegios de unos pocos impulsará la modernización de sistemas de riego y un gran ahorro de agua.
No estamos en contra de los grandes productores, pero la experiencia indica que solo un precio más justo por el agua los hará modernizar sus sistemas de riego, lo cual produciría un enorme ahorro en su consumo. Con este ahorro, se podría dar riego a miles de pequeños agricultores, impulsando así la reactivación económica, la generación de trabajo en las zonas rurales y una baja en el precio de productos de consumo masivo y canasta básica. Incluso podría acabar ahorrando al país los 1,000 millones de dólares del costo estimado del proyecto PAACUME – embalse río Piedras, un proyecto diseñado para seguir garantizando agua casi gratuita a los grandes monocultivos.
Los ingresos adicionales obtenidos por un precio más justo del agua permitirían, además, tener más recursos para la protección de bosques, reforestación, parques nacionales y zonas de recarga de acuíferos.
Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, y tiene el apoyo de grupos de agricultores, universitarios y de defensa del ambiente.
Hemos obtenido el criterio de instituciones técnicas y académicas. Deseamos oír la opinión de los candidatos a la presidencia, y esperamos que debatan sobre los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el país.
Costa Rica es rica en agua, pero no se la maneja bien. Siendo indispensable para la vida, escasea y se raciona en muchas partes. Su consumo está declarado un derecho humano, pero muchas familias e incluso comunidades enteras carecen de agua potable.
Al mismo tiempo, gran parte del agua se entrega, a bajísimo precio, a pocas, poderosas y privilegiadas manos. Según datos de MINAE, de toda el agua del país el 76% se usa en riego y solo el 10,7% en consumo humano. Es necesario poner orden en AyA, pero es aún más importante y urgente ordenar el riego.
Al aceptar para trámite nuestra acción, la Sala IV dio un importante paso hacia un uso más justo y racional del agua . Esperamos que, a pesar de los enormes intereses en juego, esta se resuelva favorablemente, para ello solicitamos su amplia discusión, así como el apoyo de la ciudadanía.
