La Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria ha puesto a disposición de todas las mujeres de la región de Latinoamérica un Trayecto de Capacitación y Formación con un temario amplio y variado que incluye temas de gobernanza y gestión de las organizaciones mutuales y cooperativas.
La Escuela de Sociología, SO, y el Programa de Economía Social Solidaria, PROESS, de la UCR realizarán un conversatorio sobre el tema «Experiencias de políticas para la Economía Social Solidaria desde gobiernos locales«.
Fecha: Martes 27 de julio
Hora: 4:00 p.m.
Se contará con la participación de:
María de los Ángeles Acosta Gómez – Vicealcaldesa, Municipalidad de Nicoya
José Rafael Quesada Jiménez – Vicealcalde, Municipalidad de Montes de Oca
José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y profesor catedrático UCR
Cada proceso de nombramientos en la Asamblea Legislativa, pone al desnudo un sistema colmado de vicios y falencias. Al país le urge un rediseño integral que asegure un mínimo de objetividad y credibilidad en la escogencia de magistraturas y otras jerarquías, competencia del parlamento. Hay que emitir un reglamento único y estable que fije con alguna seguridad las reglas del juego; encontrar un mecanismo de pre-selección para que la Asamblea tenga por obligación que escoger entre los mejores aspirantes, calificados con estricto criterio técnico por parte de expertos en la materia; hay que hacer públicos los procesos para saber con toda transparencia las razones por las cuales se escoge a una persona y no a otra; exigir la fundamentación de las decisiones; potenciar los criterios objetivos y reducir a su mínima expresión, ojalá eliminar por completo, las variables arbitrarias. Los diputados (as) no tienen, en la mayoría de los casos, la formación especializada para saber quién puede ser un buen juez. Es imprescindible erradicar la “información informal” –por no llamarla incultura del chisme- acerca de las eventuales ventajas o desventajas de un candidato o candidata. No podemos seguir sometiendo a las personas a procesos complejísimos plagados de requisitos, para al final nombrar al último de la nómina o sacarse un conejo del sombrero que ni siquiera ha participado en el certamen. Tampoco es admisible la burla de reservarse un alto porcentaje para una entrevista, con calificación totalmente subjetiva, que sólo ha servido para promover a los mediocres y castigar a los mejores que, sin embargo, no gozan de la “confianza” o el “ambiente” políticos.
El último capítulo de este desdichado tema ha sido la confesión del diputado Fonseca del PLN afirmando que no nombran en la magistratura a la Dra. Patricia Vargas González porque es conocida o tiene cercanía con el autor de estas líneas. El daño que se le hace a la persona mejor calificada, y con ello al sistema de nombramientos, al Poder Judicial y al país, es de tales dimensiones, que no puedo menos que intentar analizar esta injusticia apartando, en lo posible, todo ingrediente personal.
La candidata Vargas González no sólo ha obtenido un 96 en la calificación general del concurso. Es también una mujer sobresaliente por su inteligencia, preparación académica –con doctorado en España y con el sacrificio que eso significa, en esta sociedad, para una mujer con familia- y exhibe, además, un desempeño profesional excepcional. Como si todo eso no fuera suficiente, Patricia es una persona de gran calidad humana. Puede que todas esas virtudes les resulten a algunos, imposibles de soportar. De manera que atar su carrera a la relación laboral que tuviera conmigo cuando me correspondió ser magistrado integrante y Presidente de la Sala Tercera es no sólo una repugnante injusticia sino un acto de machismo incalificable. Resulta también inaudito que la trayectoria impecable, los atestados, méritos y logros de una profesional, se tiren al caño frente a un hecho más bien anecdótico y circunstancial, como la cercanía con otra persona.
Por lo demás, en lo que a mí respecta, – y si ese es otro pretexto implícito en este despropósito-, decidí integrar el Grupo de Garantes de la gestión del Presidente Alvarado, –ad honorem y sin ningún interés personal-, después de analizar, como ciudadano fuera ya de la función pública, el riesgo inminente que existió en el 2018, de que figuras autoritarias o fanáticas religiosas, llegaran a conducir los destinos de esta maltrecha democracia. Esta decisión personalísima no tiene tampoco por qué alcanzar a personas que trabajaron conmigo.
Por eso creo que la (sin) razón que están alegando la mayoría de parlamentarios es un mero pretexto. A lo que le tienen fobia es a la excelencia y a la independencia de criterio. Peor si se trata de la excelencia y autonomía de una mujer.
La comunidad nacional tiene que saber que estos “inexplicables” asuntos son réplicas de la crisis que sufrió la Corte a mediados de 2017, cuando tráficos indebidos entre diputados y magistrados nos estallaron en la cara. Quienes tuvieron que salir por la puerta trasera con sanciones disciplinarias, o se quedaron con obstinación digna de mejor causa, siguen manejando los hilos del destino de este Poder Judicial. Dejaron colocados en las listas de elegibles a actuales propietarios y suplentes, y siguen manejando por debajo, entre González Lahman y Cuesta de Moras, quién si y quién no accede a las magistraturas.
Todo este turbio fenómeno no es nada nuevo. Ya van generaciones enteras de juristas destacados a los que se les cierra la puerta con todo tipo de artimañas y con justa razón renuncian a someterse a estos procedimientos espurios. Una democracia no puede soportar por mucho tiempo esta sangría de talento, sólo porque no existe una clase política que sepa valorar responsablemente el poder que se le ha concedido.
En medio de tantísima ignorancia, los políticos en ejercicio creen asegurarse eventuales tropiezos en sus intereses y trayectorias poniendo a jueces de su confianza y coincidencia ideológica. Se equivocan estrepitosamente. Primero, porque los siervos de hoy pueden convertirse, con facilidad, en los verdugos de mañana, cuando las mayorías partidarias cambien; y segundo, porque la mediocridad y la falta de preparación resultan una amenaza y un peligro para todos los habitantes de la República, incluidos los políticos, cuando tengan que buscar el amparo del debido proceso, la tutela de las garantías y derechos fundamentales y la sabiduría profunda de jueces y juezas que además, no le deban el puesto a nadie.
En el mes de noviembre del año 2019, el movimiento estudiantil de las universidades públicas, personas de distintos movimientos y organizaciones sociales se movilizaron en contra de la aplicación de diversas políticas, entre ellas los recortes económicos al Fondo Económico de la Educación Superior. También denunciaban temas de violación a la legislación ambiental, de género, conflictos agrarios que perjudican al sector campesino, apoyo a la lucha por la justicia territorial llevada a cabo por comunidades indígenas y los homicidios políticos, aún impunes, ejecutados contra Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera, entre otros conflictos que continúan agravándose, perjudicando en mayor medida a los sectores empobrecidos históricamente. El día 21 de noviembre de ese año, siete personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Natalia Tapia Álvarez, Sileny Vásquez Orozco, Ixmucane Hernández, Javier Carvajal Monterrey, Andrés Solís Aponte, Abraham Cisneros Quesada y Antonio Mora Castro, fueron detenidas de manera violenta en las afueras de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios. Las personas detenidas son procesadas en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N° 19-003444-0175-PE, por los supuestos de incendio o explosión y obstrucción de la vía pública. Estas personas ya fueron condenadas bajo el veredicto de “culpables” por la dictadura mediática dominada por los grandes medios de comunicación, sin siquiera haber existido un juicio en el que ejerzan su derecho de defensa. Estas acciones de persecución mediática, política y judicial en contra de personas que ejercen su legítimo derecho al disenso y a la manifestación es una práctica que viene en ascenso en Costa Rica y busca cercenar el derecho a la protesta social a través de la criminalización del libre ejercicio de este derecho. La protesta social es un derecho en el cual confluyen otros, como la libertad de pensamiento, de reunión y de expresión, por mencionar algunos, todos ellos consagrados en instrumentos internacionales de derecho y en la Constitución Política. Algunos artículos constitucionales que se violentan con este proceso son: el 1) 25 derecho de asociación, 2) 26 derecho de reunión y manifestación, 3) 27 derecho de petición, 4) 28 derecho a la libertad de pensamiento y 5) 29 derecho a la libre expresión y Convenios Internacionales que tutelan la libertad de expresión y manifestación como la Convención Americana de DDHH y el Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. La protesta social se ha considerado como derecho fundamental y un derecho humano por la importancia que tiene como herramienta de los pueblos y movimientos sociales para denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos que son lesionados por el aparato estatal. En Costa Rica la criminalización de la protesta social es un peligro latente que pone en riesgo la libertad de expresión, en la última década se han visto varios casos de persecución política en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos que se judicializan con el objetivo de aleccionar y atemorizar a los sectores populares que se manifiestan, tal es el caso de las personas estudiantes que mencionamos. Ante este panorama es que exigimos a la Fiscalía General de la República, solicite el sobreseimiento definitivo sobre las personas imputadas, lo anterior con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Procesal Penal que señala que el sobreseimiento procede cuando: «El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado». Los delitos que se les acusa a las personas imputadas son a todas luces una envestida contra el derecho a la protesta social, ninguna de las personas acusadas participó en la comisión de delito alguno, por lo cual la Fiscalía está en el deber no solamente ético, sino en el deber legal de solicitar el sobreseimiento definitivo por no contar con los medios probatorios necesarios y que no alcanzan un mínimo de certeza que logre vincular las personas encartadas con los supuestos hechos cometidos. Este proceso ha tenido y tendrá un elevado costo para el erario público, ha nacido muerto y ha sido impulsado fervientemente de esto modo con la clara intención de criminalizar estudiantes que ejercían sus derechos constitucionales. Por estas razones, suficientes, es que solicitamos se dicte de manera inmediata el sobreseimiento definitivo a todas las personas procesadas y no se eleve este caso a juicio.
Mediante la comunicación social y la producción audiovisual social, un grupo de mujeres toman la escena en sus manos
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
Si las semillas tuvieran rostro, sería de mujer: de lideresas, de gestoras comunitarias, de políticas y luchadoras por sus territorios. Y aunque la cultura sexista ha reducido el rol de las mujeres a la procreación humana, la realidad es que esa es apenas una de las muchas actividades que cada día ellas emprenden.
Sus voces y sentires son tan diversos como mujeres existen en las costas, las zonas urbanas o rurales, etnias o nacionalidades. Y parte de ellas fueron recopilados en la Memoria del Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios (EC-519), una sistematización de experiencias del proyecto homónimo, e iniciativa del Programa Kioscos Socioambientales, inscrita en la Facultad de Ciencias Sociales.
El EC-519 surgió en el año 2019 “como un espacio de encuentro para mujeres que provienen de distintos territorios. Se realizó desde tres campamentos, en los cuales participaron 24 mujeres de 14 comunidades y 13 organizaciones de Costa Rica. Nos movimos por el país para reunirnos: en Punta Morales, como territorio costero; en Longo Mai, como territorio campesino; y en Sabanilla y La Carpio, como territorios urbanos”, explicaron las facilitadoras Zuiri Méndez Benavides y Catalina Tenorio Vargas, responsables de la sistematización y compiladoras de los textos incluidos en el documento.
De acuerdo a las compiladoras, estos campamentos fueron un espacio de encuentro de mujeres que provenían de “diferentes coordenadas y no habían tenido la oportunidad de conocerse, pudieron reunirse y escuchar, en la narración de sus compañeras, historias que desconocían, generando espejos, preguntas sobre sus propias historias, intercambios de estrategias como mujeres ante las opresiones, y un entramado de complicidad, afinidades y afectos. En la historia de una, nos fuimos encontrando todas”.
Para la ejecución del proyecto, explicó Méndez, dadas las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, las mujeres participantes fueron las productoras de los materiales audiovisuales, para lo cual recibieron capacitaciones en lenguaje audiovisual, movimientos de cámaras, iluminación y sonido. Además, se diseñó un manual para el uso del equipo que constaba de un celular, un estabilizador, micrófonos, lámpara y equipo de limpieza y tarjetas prepagos entregadas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Esto permitió mantener un contacto permanente con todas las participantes, quienes fueron las líderes de todo este proceso, que aún continúa cosechando.
Otro de los productos logrados por este campamento fue la sistematización de la cartografía social participativa de lucha de mujeres en los territorios. Estos dieron origen a un mapa del cuerpo, ilustrado por Elizabeth Argüello, y organizado el material por Catalina Tenorio, de los campamentos realizados en el 2019. Con estos insumos se diseñaron 24 retratos tipo collage de las participantes con el apoyo de la diseñadora Paula Peña de las cuales surgió otra publicación disponible en este enlace.
Uno de los retos del proyecto fue precisamente los obstáculos que impuso la pandemia sanitaria para hacer más actividades presenciales. Esto obligó a reformular las actividades, y según Méndez, implicó a reformularse como un segundo proyecto, inventado nuevas formas de trabajo. Al final, se avanzó en todo lo propuesto y se concluyó exitosamente, enfatizó.
El proyecto “Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios» (EC-519) ha contado con el apoyo de Fondos Concursables 2019- 2020 de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS). Surgió gracias a las ideas y el trabajo de otros proyectos, como el de Comunicación y Memoria: Prácticas Narrativas y Audiovisuales con las comunidades de Puntarenas (TC-702), Comunicación Comunitaria para el Cambio Social (TC-127), Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio-ambientales específicos (TC-590), y al Programa de Economía Social Solidaria (PROESS), de la Escuela de Sociología.
Este proyecto fue la contraparte de otro que produjo una serie de seis capítulos, realizados por La Feria Producciones, productora audiovisual independiente que ganó el financiamiento del fondo El Fauno, otorgado por el Centro de Cine del Ministerio de Cultura.
Entre otros productos logrados por las mujeres participantes del proyecto EC-519 están la publicación de artículos colectivos, participación en programas radiofónicos y producción de videos sobre las luchas de las indígenas en la recuperación de sus territorios ancestrales, la pesca ilegal, los desafíos de las mujeres en el campo y ellas atravesando la pandemia. Así como la participación en un taller virtual sobre observaciones comunitarias al Acuerdo de Escazú, organizado con el Observatorio de Bienes Comunes.
Shirley Barrantes Ilama, una de las participantes de los campamentos organizados por el proyecto EC-519, dijo que se siente “sumamente orgullosa del trabajo que representa la memoria publicada porque transmite al 100% todo lo que sentimos las mujeres que participamos. Me parece que es un trabajo enriquecedor, y es demasiado lindo. No tengo palabras para agradecer”.
Unos de los aspectos que destacó Barrantes durante la presentación virtual de la memoria, es que cuando llegan a “estos espacios y escuchamos a otras mujeres e intercambiamos nuestras experiencias, nos fortalece y empodera”.
Barrantes es líder comunitaria, habitante de la comunidad de La Carpio e integrante de la Cooperativa de Vivienda, Construcción, Fuerza, Unión, Destreza y Ayuda Mutua R.L. (Coovifudam R.L.). En su caso, comentó, “no me había dado cuenta del empoderamiento como mujer y el crecimiento personal y profesional que adquirimos y por medio de estos campamentos hemos logrado identificar todas estas acciones que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta”.
Por su parte, Marcela Esquivel Jiménez, productora de La Feria Producciones, gracias a estos campamentos “hemos aprendido a pensar, sentir y construir otros cines. El cine es una herramienta para contar historias. Y en este proyecto estamos quebrando ese privilegio que la industria capitalista y patriarcal le ha asignado a algo tan maravilloso como el arte de narrar desde una cámara con imagen y sonido. Como participantes logramos conocer los territorios de otras mujeres de este país a los que no hubiéramos accedido fuera de este encuentro. Eso fue gracias al recurso oral y visual que pusimos en práctica al compartir nuestras realidades, luchas e incluso heridas personales”.
Finalmente, Zuiri Méndez concluyó que en su caso los campamentos se constituyeron en “un espacio potente en tanto se conforma con la presencia y la voluntad del hacer común de mujeres que resisten todos los días desde sus acciones cotidianas, con la defensa y el cuido de sus territorios, de la vida y de la alegría ¡Que importante y poderoso es defender la alegría! Hacer memoria nos permite resguardar los procesos ante el olvido y la invisibilidad, sobre todo cuando se trata de proyectos hechos por y para mujeres”.
A finales del año 2019, estudiantes de universidades públicas se movilizaron en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales.
Las protestas fueron reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas y procesadas en vía judicial.
SURCOS recibió la noticia de que el grupo de estudiantes recibieron el sobreseimiento.
El POR TANTO dice:
“De conformidad con lo expuesto y artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal, se ordena el sobreseimiento definitivo de NATALIA TAPIA ALVAREZ, MARIA SILENY VÁSQUEZ OROZCO, ABRAHAM CISNEROS QUESADA, ANTONIO MORA CASTRO, JAVIER CARVAJAL MONTERREY, IXMUCANE HERNÁNDEZ MORALES y ANDRÉS SOLÍS APONTE, por INCENDIO Y OTRO, en perjuicio de LA SEGURIDAD COMÚN Y OTRO. Se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que se le hubiere impuesto a los imputados, a las sociedades o sus bienes materiales, de existir alguna y si otra causa no lo impide. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena al Ministerio Público disponer de la evidencia secuestrada, de haberla. En caso de que deba ser destruida y/o devuelta, se le previene a la Fiscalía proceder con su ejecución e informar a este despacho una vez hecho lo que corresponda legalmente con ella. NOTIFÍQUESE.- José Pablo León. Juez Penal”
Las universidades públicas si financian con el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que se negocia cada año. Estos recursos en los últimos años han representado cerca del 1,3% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Las partes acercaron posiciones en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad
Este martes 20 de julio se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace, integrada por autoridades del Gobierno, la academia y el representante estudiantil; espacio de diálogo y negociación en especial sobe el Fondo Especial para la Educación Superior Pública 2022, las cuales continúan avanzando, con voluntad y claridad con el fin de construir un acuerdo del financiamiento de la educación universitaria pública.
En esta reunión se acercaron las posiciones de ambas partes en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad que le afectan. De igual forma, se continuaron las negociaciones respecto a los montos postergados de los años 2020 y 2021.
El Consejo Nacional de Rectores comprometido con las generaciones actuales y venideras de estudiantes de las universidades públicas, con el acceso a la educación universitaria estatal de calidad, con la sostenibilidad del quehacer integral de las universidades reafirmamos nuestra posición de que se establezca el financiamiento de la Educación Superior que garantice una mejor inversión en becas, salud mental, infraestructura y equipo para sedes y recintos regionales, metas definidas en el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025 para el avance del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal en los próximos cinco años.
Negociación anual del FEES
La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se une a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.
Según datos del INEC, al 30 de junio de 2020, en Costa Rica existe una población de cercana a más de 100,000 personas que se han identificado como Indígenas según la Ditsö. Esto significa que más del 2% de la población en Costa Rica es Indígena.
La ley 6172, Ley Indígena, hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.
Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.
Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.
El pasado 18 de julio, se realizó la presentación de la primera marcha latinoamericana por la no violencia, esta es una marcha multiétnica y pluricultural, la cual tiene como propósito hacer conocer sus objetivos, promover la difusión y la adhesión a la misma; Dara comienzo el 15 de septiembre y finalizará en Costa Rica el 02 de octubre.
Dentro de los objetivos de esta marcha se destaca:
Denuncia Social: Denunciar y transformar todo tipo de violencia existente en nuestras sociedades: física, de género, verbal, psicológica, económica, racial y religiosa.
No Discriminación: propiciar la No discriminación y la igualdad de oportunidades y la eliminación de visas entre países de la región.
Pueblos Originarios: Reivindicar a los Pueblos Originarios en toda Latinoamérica, reconociendo sus derechos y su aporte ancestral.
Concientizar: Concientizar sobre la crisis ecológica defendiendo los recursos naturales. No a la megaminería y no más agrotóxico en los cultivos. Acceso irrestricto del agua a todo ser humano.
Renuncia a la guerra: Que los estados renuncien constitucionalmente a utilizar la guerra como forma de resolver conflictos. Reducción progresiva y proporcional del armamento convencional.
No a las Bases militares: Decir No a la instalación de bases militares extranjeras y exigir el retiro de las ya existentes.
Promover firma TPAN: Promover la firma y ratificación del Tratado de prohibición de armas nucleares (TPAN) en toda la región.
Visibilizar la No violencia: Visibilizar acciones no violentas a favor de la vida.
Concientizar sobre la crisis ecológica: Concientizar sobre el riego que genera la minería a cielo abierto, la deforestación y el uso de agrotóxicos en los cultivos
Acceso irrestricto al agua: Acceso al agua como underecho humano irrenunciable
Por una América latina libre: Impulsar la descolonización cultural política y económica de todos los países de América latina
Lograr el libre transito de personas: Eliminación de visas entre países de la región, y la creación de un pasaporte de países latinoamericanos
Se invita a las personas a sumarse a los recorridos por la marcha de la no violencia. En costa rica se espera una gran marcha física presencial, recorriendo desde guanacaste y San José, confluyendo en la san ramón; Se invita a las personas, de los diferentes países a realizar recorridos, y registrarlos en el formulario que se encuentran la página web.
Se han realizado caminatas y subidas a cumbres de montaña por la paz y no violencia, el próximo 31 de julio se plantea una camina hacia el cerro de la Trinidad en San Marcos de Tarrazú
Se invita al Encuentro Internacional de Expertos y Autoridades Educativas del 2 al 7 de agosto, que junto a organizaciones civiles voluntarias analizarán, discutirán y promoverán la Educación para la Ciudadanía Global como eje fundamental para el desarrollo de competencias esenciales para un mundo más conectado, sustentable y respetuoso de las diferencias interculturales. En 2021 se rendirá un especial homenaje al educador brasileño Paulo Freire en sus 100 años de vida, con invitados especiales y reflexiones sobre sus enseñanzas en las aulas de clase de hoy.
Se contará con la participación de los siguientes panelistas:
Andreas Schleicher, Director de Educación y Competencias de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Lucía Verdugo Urréjola, Oficial Nacional de Educación de la UNESCO en Guatemala
Carlos Brenes Castillo, Sociólogo especialista en desarrollo rural, adaptación al cambio climático y manejo de recursos naturales
Luiza Erundina, Diputada federal y ex-acaldesa de São Paulo
Teresa Leitão, Diputada estadual y profesora
Adjunto se encuentra un documento en donde se podrá informar más respecto al evento.
