El Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del IDESPO, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) del Departamento de Física de la Universidad Nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Editorial Letra MAYA realizaron el día de hoy lapresentación virtual del: Manual de formación en gestióncomunitaria del riesgo por tsunami.
Participantes:
Silvia Rojas, coordinadora del PIC-IDESPO
Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT
Isis Orozco, coordinadora Nacional en Costa Rica del Programa Regional sobre Migración: Mesoamérica-Caribe
Nelly López, directora del IDESPO
Comentarista: Christa von Hillebrandt-Andrade, directora Programa de Tsunamis del Caribe (CTWP) de la NOAA, Puerto Rico
Moderadora: Lindsay Ryan Valerio.
El Manual de formación en gestión comunitaria del riesgo por tsunami es una guía para que las personas en las comunidades costeras puedan impulsar acciones colectivas que contribuyan a disminuir el grado de afectación al que se pueden ver expuestas frente a una amenaza natural de esta índole.
Es un instrumento pedagógico para transmitir información científica relacionada con este tipo de fenómenos naturales, que contiene módulos de capacitación acerca de aspectos relativos a la prevención, respuesta y atención de efectos integrales frente a un tsunami.
La presentación de este manual forma parte del compromiso de las instituciones participantes con las comunidades costeras ante cualquier amenaza por tsunami.
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:
Sobre el contexto político de Honduras
El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.
Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.
Violación sistemática de Derechos Humanos
Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.
Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.
A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.
También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.
Sobre Julieta Castellanos Ruíz
La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.
Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH
La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.
Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.
En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.
POR TANTO
Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.
¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA! A de Libertad * Acción Animal Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS) Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP) Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT) Frente Ecologista Universitario (FECOU) Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR. Juventud Vanguardista Costarricense (JVC) Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH) Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica Sembrando Libertad * Semilla Ramonense Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE) “Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”
Responsables: Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
En modalidad virtual como parte de la quinta sesión del Taller Socio-Teológico integrado por 50 personas de 17 países de Latinoamérica/Abya Yala
Este miércoles 09 de septiembre se transmitió en vivo por Facebook Live el diálogo «Esperanza y resistencias comunitarias» con Sofía Chipana Quispe, teóloga aymara.
Esta fue la quinta de seis sesiones que componen el Taller Socio-Teológico «Crisis sistémica y rearticulación de las resistencias en un mundo post-pandémico».
Siguiendo el trabajo realizado en las Sede Pacífico de la UCR y Liberia de regionalización, el Programa Interinstitucional Violencia y Sociedad (PIIVS) estará trabajando en esta ocasión, en la SEDE SUR, Golfito, las violencias contra las mujeres, femicidios y las diversas manifestaciones que toma la segregación con el conversatorio: “Cartografías de las violencias: voces, cuerpos, relieves. Región Brunca en tiempos de COVID 19”.
Serán dos encuentros bajo la modalidad virtual, que pretenden potenciar la reflexión, voces, resistencias, posicionamientos y denuncias ante las situaciones de violencia que afectan el tejido social.
Participarán académicas/os, investigadoras/es, líderes y lideresas, encargados de proyectos comunitarios de la Región Brunca.
Compartimos la solicitud ciudadana al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don Fernando Cruz, para que se postule a la reelección en el cargo de magistrado.
CARTA ABIERTA A DON FERNANDO CRUZ CASTRO MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Nuestro país y nuestra institución atraviesan un período de crisis profunda, sobre la que usted ha tenido el coraje de afrontar y ha sabido dirigir, pese a las dificultades, el proceso de cambio y reforma institucional, acometido para rescatar al Poder Judicial de la profunda crisis que tuvo su punto de inflexión a finales del 2017 y parte del 2018.
Usted como juez de amplísima trayectoria, integridad demostrada en cada resolución y acto por casi cuarenta años, hoy goza de la credibilidad y confianza de la ciudadanía para seguir al frente de la institución y continuar impulsando el proceso de reforma del Poder Judicial, bajo su liderazgo, proceso que aún no culmina.
La defensa de la institucionalidad de nuestro país y la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, pasa por mantener y fortalecer al Poder Judicial, labor que usted ha sabido realizar con el talante que desde la presidencia de la Corte ha sabido irradiar a todos los estamentos de la institución y que le legitima para seguir siendo el Presidente del Poder Judicial.
En estos tiempos el coraje de defender valores fundamentales como la Independencia Judicial, en su verdadero sentido, sea el brindarle a todas las personas la posibilidad de que sus conflictos serán resueltos conforme a la Constitución, la ley y libres de toda intromisión o presión de poderes formales o fácticos, tal cual usted lo ha hecho toda la vida, es garantía de que la Administración de Justicia costarricense seguirá por la senda correcta.
Sabemos que usted en próximas fechas cumplirá su período constitucional como magistrado de la Sala Constitucional, no obstante, estimamos necesario, que proponga su nombre para la reelección en el cargo, que con tanta dignidad y rectitud ha ejercido. Ya que de esta manera podrá dársele continuidad y seguimiento al proceso de reforma institucional y podremos seguir construyendo como colectivo judicial una mejor y más transparente institución para el servicio de nuestro país.
En momentos de crisis es cuando más debe fortalecerse el Poder Judicial, pues es el sostén de la democracia que impide que la salida de toda crisis se haga pisoteando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el año 2012 se marchó para exigir la restitución de su magistratura ante un intento politiquero de subordinar nuestra institución a la influencia del poder político-económico, hoy día las amenaza persisten y la continuidad de su presidencia es indispensable para seguir manteniendo el proceso de reforma y profundizar la solidez institucional que nuestra democracia deposita en el Poder Judicial.
Con el respeto y aprecio de siempre, le pedimos Don Fernando que se postule nuevamente para seguir ejerciendo el cargo de magistrado constitucional y con ello continuar su presidencia y consolidando la reforma institucional.
Denuncian concesión para extracción mecanizada de gran magnitud
Geología y Minas no les renovaría sus concesiones
FECON. La Asociación de Areneros Artesanales del Valle del Tempisque ha denunciado el martes el otorgamiento de una concesión a la empresa Agregados de Filadelfia S.A. El sitio de extracción se accede por la calle que comunica a Filadelfia con el Ingenio del Viejo.
Dunia López, presidenta de Areneros, expresa que la Dirección de Geología y Minas, representada por Junior Ramos en su condición de geólogo coordinador de la Regional Chorotega, les quiere aniquilar dando esta concesión de gran magnitud en río Tempisque, que ya ha estado ambientalmente en cuidados intensivos.
López cuenta que la organización empezó cuando la arena no tenía el valor que le dan hoy las mega construcciones, que estarían detrás del boom extractivo mecanizado. Fue resultado de formalizar una actividad que tiene 100 años de existir, desde nuestros abuelos, areneros del Tempisque.
Sin embargo, cada vez se han venido desplazando, dándose concesiones a personas físicas y jurídicas, con especial acento en la concesión aprobada en mayo a la empresa de Filadelfia, justo en medio de donde la Asociación de Areneros Artesanales tiene sus dos tramos con derecho de extracción desde el año 2001.
Vale señalar que, para la actividad artesanal, constan dos concesiones, Una con derecho para extraer 10 metros cúbicos (m3) diarios de arena (equivalen a 300 mensuales) y otra para 2000 m3 anuales (equivalen a 5.5 diarios). Mientras que la concesión mecanizada de Agregados de Filadelfia S.A. está recibiendo más de 10 mil m3 mensuales (130 mil anuales).
En resumen, a la Sociedad Anónima con sus pocos beneficiarios se le está permitiendo extraer 30 veces más arena que a la Asociación, de la que dependen más de 100 familias, según indicó su presidenta Dunia López. Esto se agrava aún más al conocerse extraoficialmente que podrían no renovarse las concesiones a los artesanales, desconociendo y menospreciando su fuente de trabajo histórica.
Con esta situación, se expone una vez más la visión preferencial de la Dirección de Geología y Minas hacia la gran empresa por sobre el trabajo organizado de las comunidades locales, y el favorecimiento al extractivismo a gran escala por sobre prácticas que pueden convivir con el ambiente y distribuir beneficios, contrario al acaparamiento que practican las personas físicas y jurídicas con gran capital.
La Federación Ecologista (FECON) rechaza la complicidad de las instituciones como Geología y Minas con el crecimiento de las desigualdades socioeconómicas que sufre el país. Denunciamos el menosprecio ambiental hacia el río Tempisque por parte de las instituciones ambientales del Estado en general, y hacemos un llamado a apoyar a las personas que denuncian esta nueva injusticia ambiental.
El día martes 8 de setiembre transmitió por medio de Facebook Live su experiencia en su nuevo viaje como escritora de: “Mi mundo en una teta y otras barbaridades”.
La transmisión se realizó por medio del Facebook @cluddelibroscr
Ante la covid-19 se realizaron cambios en el formato, pero se mantiene la esencia de analizar, desde un enfoque UNA, los principales problemas y retos que enfrenta el país.
El programa televisivo de opinión UNA Mirada de la Universidad Nacional (UNA), es un espacio televisivo de opinión que toca semanalmente los más importantes y actuales temas de la realidad costarricense mediante una discusión entre especialistas. Ante la pandemia que enfrenta el país, y debido a que las grabaciones del programa se realizaban en las instalaciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART), Canal 13, se suspendieron las transmisiones de programas nuevos desde marzo del presente año.
La actual coyuntura obligó a tomar una serie de medidas remediales para poder iniciar la temporada 2020 en las instalaciones de la UNA, pues por razones de seguridad, regresar a canal 13 no era viable. Es por esta razón que se trasladó el set principal del programa a las instalaciones del auditorio del Complejo San Pablo, y se iniciaron las grabaciones a finales del mes de agosto.
Con el objetivo de proteger a los panelistas invitados, se realizaron cambios en el formato, pero se mantiene la esencia de analizar, desde un enfoque UNA, los principales problemas y retos que enfrenta el país. En esta temporada UNA Mirada consta de dos bloques de 25 minutos aproximadamente. En cada bloque, un especialista de la UNA abordará el tema en cuestión a profundidad, y se complementará su opinión con una entrevista pregrabada de forma virtual a un especialista externo.
La nueva temporada dará inicio el próximo miércoles 16 de setiembre, a las 10 de la noche por Canal 13- Costa Rica Televisión. El primer programa estará dedicado al balance de los primeros 6 meses de pandemia en Costa Rica y participarán los académicos Juan José Romero, epidemiólogo de la Escuela de Medicina Veterinaria, y Carlos Arguedas de la Escuela de Economía.
Más información al 8832-2614 de la Oficina de Comunicación de la UNA.
La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.
Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.
Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.
Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.
El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.
Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.
La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.
La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.
La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.
Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.
Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.
Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.
El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.
Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.
La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.
La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.
Su difusión está pensada para redes sociales como Facebook e Instagram
Todos los diseños tienen como objetivo no revictimizar a las personas que han pasado por alguna situación de acoso.
El Consejo Asesor de la Facultad de Artes, con el apoyo especial de la Escuela de Artes Plásticas presentó una campaña gráfica con el objetivo de promover el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para la elaboración de todos los materiales gráficos se designó a la profesora Eugenia Picado MayKall y al curso de “taller gráfico III” compuesto por los y las estudiantes: Yulieth Ávila Salazar, Maricruz Solano Benavides, Irene Machado Bravo, Milena Somogyi Coto, Hawi Castañeda Willca y Juan Diego Sánchez Montealegre.
“La decana me propuso directamente que si yo podría con los estudiantes desarrollar una campaña en alguno de los cursos para promover el reglamento”, comentó la profesora.
El proceso de varias etapas
El proceso de construcción de la campaña inició con un análisis de otros productos similares. Esto ayudó al grupo a definir bien lo que querían hacer y también les hizo llegar a la conclusión de que no querían revictimizar a las personas que han pasado por alguna situación de acoso.
El grupo también recibió algunas ideas por parte del Consejo Asesor de la Facultad de Artes sobre los aspectos importantes a destacar del reglamento, posteriormente se reunieron con representantes del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la UCR. Todo esto para definir lo que realmente querían enfatizar en el proceso creativo para elaborar el material gráfico.
“Para dar unificación a la campaña queríamos tener una estrecha relación con la identidad visual de la UCR. Para ello utilizamos dos colores institucionales, el cian y el amarillo. Además utilizamos el morado que dentro de la investigación previa de otras campañas y movimientos contra el hostigamiento sexual es un color muy representativo”, comenta la estudiante Yulieth Ávila Salazar.
La campaña también utiliza otros elementos representativos, como por ejemplo una mano en señal de “alto ya al hostigamiento sexual”.
“El proceso es importante porque ellas y ellos se involucran para diseñar su propia campaña de par a par, de estudiante a estudiante”, agrega Picado.
Por su parte María Clara Vargas Cullell, decana de la Facultad de Artes, comenta que la idea de hacer esta campaña viene de un comunicado de Rectoría que instaba a las unidades académicas a darle divulgación a la normativa institucional relacionada con el hostigamiento.
“Yo creo que es muy importante hacer todo este tipo de campaña para la divulgación del reglamento porque muchas veces, las personas no conocen o no entienden bien cuáles son la posibilidades que tenemos para denunciar este tipo de situaciones”, concluyó la decana.
Actualmente en la página de Facebook y de Instagram de la Facultad de Artes se está publicando la campaña. La totalidad de productos gráficos que la conforman están disponibles aquí.
David Esteban Chacón León Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
