Ir al contenido principal

UCR: Dos científicas lideran el único estudio del país que cuantifica el SARS-COV-2 en aguas residuales

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El estudio en aguas residuales podría indicar sitios de circulación activa del virus aún en zonas sin casos reportados

Dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica (Inisa-UCR) encabezan un estudio único en el país que permitirá cuantificar, en las aguas residuales de todo el territorio nacional, la carga viral del SARS-COV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).

Se tratan de la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes. Ellas, en conjunto Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR, y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) investigarán la cantidad de virus que está circulando en un ambiente determinado.

El trabajo de las científicas brindará un aporte trascendental en beneficio de la salud pública nacional. Si las investigadoras encuentran una elevada carga viral en las aguas residuales, el resultado podría asociarse a un mayor número de personas contagiadas que las reportadas.

Si ese hallazgo se da, el país tendrá datos científicos robustos para identificar sitios de circulación activa del virus y así poder realizar intervenciones localizadas.

“En algunos países, como Australia, han logrado correlacionar el número de casos de una población determinada con la carga viral en aguas residuales. En otros países, como Holanda, se ha podido encontrar el virus aún cuando no se ha observado un brote importante del mismo. Por esta razón, la vigilancia de la carga viral en las aguas residuales podría ser una herramienta muy apropiada para el manejo de la emergencia”, afirmó la Dra. Chacón.

Una vez localizado un foco de infección, y tomadas las medidas pertinentes, la disminución en la carga viral evidenciaría que las acciones tomadas han sido apropiadas. Por el contrario, si la carga viral se mantiene o aumenta, esto indicaría que las medidas han sido insuficientes para contener el virus.

El proyecto refleja una inversión en investigación de hace más de 10 años que le ha permitido al Inisa-UCR ser una institución pionera en el diagnóstico viral de las aguas residuales. Es el fruto de un trabajo colaborativo de casi dos décadas entre dos instituciones cuyo fin es mejorar la calidad de vida del país.

Un microorganismo ágil

Sin embargo, hay una pregunta clave en todo este proceso. ¿Realmente es posible que el SARS-COV-2 sobreviva en las aguas residuales que, además de otros desechos, contienen residuos de sustancias de limpieza como el jabón o el cloro que se supone destruyen al microorganismo? La respuesta es sí.

Ese dato incluso fue confirmado en la conferencia de prensa del 13 de mayo del 2020. En esa ocasión, el Ministerio de Salud, el AyA y la Caja Costarricense de Seguro Social confirmaron la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC).

Pero, ¿por qué el SARS-COV-2 puede ser tan resistente en las aguas residuales?

“Para que el jabón u otros desinfectantes actúen es necesario aplicarlos directamente y en cantidades adecuadas. Además, el cloro es un elemento muy reactivo que fácilmente se puede evaporar (es un gas) o combinar con la materia orgánica (lo cual lo inactiva). En aguas residuales las concentraciones de estas sustancias son mucho más bajas que las recomendadas para la desinfección, por lo que es posible que no se eliminen los virus que podrían estar en ellas”, explicó la Dra. Chacón.

Hasta el momento, las investigadoras suponen que el virus, al estar en un ambiente tan adverso, podría perder su capacidad de infectar. Pero es tan solo una hipótesis que requiere comprobarse.

Pero no solo eso. El SARS-CoV-2, al ser capaz de atacar las células intestinales, puede llegar a producir cuadros de diarrea. Esta característica hace que el virus sea fácilmente trazable en aguas residuales y obtener información certera.

Lo que aún no se sabe es la cantidad del virus en esas aguas y si el SARS-COV-2 presente tiene la capacidad de infectar a las personas. Precisamente, esos son los aspectos que están siendo investigados por la UCR.

“El trabajo de la UCR es diferente al del AyA. En los últimos días, el AyA se ha enfocado en realizar un monitoreo reactivo en las zonas con brote por COVID-19 ya identificadas. También, trabajan por detectar la presencia o ausencia del virus de forma cualitativa, pero no cuánto de ese virus hay. El Inisa-UCR aportará en esta materia”, recalcó la Dra. Chacón.

Riesgo latente

Los resultados que se logren no solo ayudarán a determinar la carga viral, sino también a analizar el riesgo que las descargas de aguas residuales puedan generar para la salud pública.

Por ejemplo, alguna vez se ha preguntado: ¿qué pasa con las aguas residuales que son tratadas? La respuesta es simple: mucha de esa agua termina en los ríos, cuyo líquido posteriormente se utiliza para otros fines. Por ejemplo, para la recreación o regar los cultivos.

Entonces, ¿qué pasaría si sobrevive una cantidad importante del SARS-COV-2 en las aguas residuales del país? La respuesta vuelve a ser sencilla: un claro peligro para la salud pública.

“Las aguas residuales tratadas por lo general caen en los ríos y se usan para regar vegetales. Entonces, es muy importante garantizar que las aguas que salen de esa planta de tratamiento realmente tengan cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y que no afecten a las personas. Si están saliendo muchos virus después del tratamiento, se puede poner en riesgo a las personas”, afirmó la Dra. Chacón.

Para estimar el riesgo, Eric Morales Morales, especialista en salud ambiental de la UCR, será el encargado de efectuar un análisis cuantitativo de riesgo microbiológico.

“Estimar el riesgo es un proceso largo, pues es una cadena de análisis en la que primero hay que determinar la concentración ambiental, luego la dosis que potencialmente podría recibir una persona y, posteriormente, la dosis probable para que la persona desarrolle la enfermedad. Con base en esa información, se calcula el riesgo de una zona específica según las actividades de la zona: recreación, contacto directo con esa agua o que se utilice para riego”, indicó Morales.

La sinergia entre ambas instituciones (AyA y UCR) es un espacio propicio para aportar al manejo del COVID-19, así como de otros patógenos virales y protozoarios que por muchos años han sido obviados.

Numerosos aportes

Una de las cualidades más fuertes del estudio es que no solo cuantificará el SARS-COV-2, sino también evaluará otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y parásitos como Cryptosporidium spp. y Giardia sp en aguas residuales.

Por el momento, ya se han recolectado muestras del Gran Área Metropolitana y de Puntarenas. La selección inicial de esos lugares de muestreo se dio, principalmente, porque son plantas de tratamiento que reciben el agua residual de gran parte de la población.

Con el reciente financiamiento de los fondos del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), dentro de los próximos meses la UCR incluirá plantas residuales a lo largo de todo el territorio nacional.

“En esa primera etapa. Para seleccionar las plantas de aguas residuales se tomaron en cuenta varios factores. El más importante es garantizar que las aguas vengan de la población general, y no de una población particular, para evitar tener resultados alterados por las particularidades de la planta. Al tener resultados de población general, logramos una mejor idea del comportamiento general del virus”, dijo la Dra. Chacón.

Para efectuar los análisis, las investigadoras realizarán una concentración viral, seguida de extracción de ARN, síntesis de ADN y una posterior PCR cuantitativa en tiempo real que detectará la presencia del virus.

La técnica PCR tiene amplias ventajas, como la de obtener resultados en un tiempo corto. Otra es que no se requieren de pasos adicionales y posee la cualidad de detectar cantidades bajas de virus.

“Si bien ya iniciamos la toma de muestras, aún está pendiente que lleguen al país varios insumos para realizar la determinación de carga viral, razón por la cual desconocemos cuando tendremos los primeros resultados”, especificó la especialista.

La fase de muestreo se proyecta que durará un año en diferentes sitios. La idea es realizar un análisis mensual.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.

Por un mundo armonioso, solidario y ecológico

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Salud.

La situación de la pandemia ha creado condiciones que favorecen la búsqueda de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, y además, con el fomento de una estructura de mercado solidario, es decir, que promueve la unidad entre empresas productoras para la comercialización, y además, en colaboración con las personas consumidoras. Un ejemplo de ello lo compartimos aquí:

Puede buscar detalles en Facebook como Mercadito Azul.

El 65% de los alimentos frescos consumidos en Costa Rica contiene residuos de agroquímicos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Salud.

  • Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
  • Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.

(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.

Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).

En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.

Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).

Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.

Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.

Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.

Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.

Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.

Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.

Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)

Llamado a respetar derechos de población migrante en situación irregular

Escrito en . Publicado en Derechos.

09 de junio de 2020
San José, Costa Rica

Llamado a las autoridades y población a respetar los derechos de la población migrante en situación irregular al implementar medidas extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha requerido de un esfuerzo conjunto y significativo por parte de las autoridades costarricenses, con el fin de mitigar sus consecuencias de manera efectiva. Dentro de los esfuerzos más significativos, destacamos la decisión de brindar atención médica costeada por el Estado a todas aquellas personas habitantes en el país que, aún sin seguro social y sin capacidad de pago, presenten síntomas asociados al COVID-19.1

La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la UCR; REDNAM y las organizaciones y proyectos de acción social de la UCR suscritos reconocemos el buen trabajo realizado por las autoridades costarricenses en la atención de la emergencia. En línea con lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para que, en atención a la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos; se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular de la población migrante en situación irregular que reside en nuestro país con anterioridad a la crisis actual.

Las personas indocumentadas habitantes de Costa Rica se encuentran sujetas a la jurisdicción nacional, y como tales están protegidas por el ordenamiento jurídico costarricense y el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, recordamos:

  1. Que todas las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria deben ser temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos, basadas en criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido, de conformidad con la declaración 1/20 de la Corte IDH y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.2
  2. Que las circunstancias personales pueden agravar en mayor o menor medida el impacto negativo de las medidas extraordinarias que se adopten para atender a la población. En decir, antes de tomar una medida concreta, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y trazar un plan de mitigación de los efectos negativos.3

En este sentido, es un hecho público y notorio que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de las cuales ya se han integrado a las comunidades e incluso tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación. Situación que se presenta particularmente en las zonas fronterizas de nuestro país.

Al tomarse medidas como el fortalecimiento de los controles migratorios, el Estado Costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. De igual manera, se debe considerar que, actualmente las autoridades migratorias no están recibiendo nuevas solicitudes de regularización migratoria, por lo que debe existir un marco de tolerancia para quienes no han podido realizar dichos trámites.

Recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. En este sentido, nos parece consecuente la decisión de las autoridades costarricenses de no obligar a los concesionarios de transporte público a solicitar cédulas o documentos migratorios para abordar autobuses en la Zona Fronteriza Norte. Sin duda alguna, esta medida -además de ser ilegal por delegar una potestad de imperio en particulares no preparados ni formados para tal efecto, en virtud de una instrucción administrativa- pudo tener un efecto sumamente negativo, injustificado y desproporcionado en el acceso al trabajo, alimentación y salud de la población migrante en situación irregular que reside en dicha zona.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública y/o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud; para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Esto en contravención al Código de Niñez y Adolescencia, la Ley general de Salud, la Directriz 10- MP-MIDEPLAN-MTSS-MSP-MGP-MRREE y la Dirección ACE-157-08-2018 de la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS, entre otras.

Es importante mencionar que, dado el contexto socioeconómico de la Frontera Norte, esta medida tendrá un efecto contraproducente, ya que la población migrante evitará presentarse a los centros de salud por temor a ser deportada. Provocando así que, en casos de contagio de COVID-19 o emergencias, la población no cuente con la atención y cuidados necesarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Por otra parte, recalcamos que el condicionar la atención de un asunto de salud en razón de la situación migratoria de una persona va en detrimento del derecho a la vida, bien jurídico por excelencia y ampliamente tutelado por el Estado costarricense.

  1. El compromiso internacional de respetar el principio de no devolución consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, instamos a las autoridades costarricenses a realizar un examen pormenorizado de las personas que son identificadas y/o aprehendidas por ingreso y/o permanencia irregular en el país, con el fin de determinar si están o no en necesidad de protección internacional; y tomar las medidas correspondientes en cada caso.
  2. Instamos a las autoridades a prestar atención y accionar según corresponda ante las violaciones a derechos laborales, DDHH y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país; las cuales afectan particularmente a población migrante en situación irregular como principal fuerza trabajadora.
  3. El núcleo duro de derechos humanos de los habitantes del país y los compromisos adquiridos en el plano internacional por Costa Rica deben ser respetados aún en tiempos de emergencia sanitaria.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación. Se debe recordar que Costa Rica no solo ha sido tradicionalmente receptora de población migrante, sino que existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación.

Suscriben,

Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional.
C.D.L Centro de Derechos Laborales sin Frontera de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.
CIDEHUM Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Asociación ENLACES nicaragüenses.
ACCEDER
Ni una MENOS Costa Rica.
Akelarre Impro.
Colectiva Caminando.
Chancha Negra.
Volcánicas.
Ditsö Costa Rica.
VOCES FIERAS.
GuanaRED.

Proyectos de Acción Social de la UCR

TC-738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica.
TC-723 Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada más allá de las fronteras.
ED-3461 Migraciones y Derechos Humanos, construcciones conjuntas.
TC-652 Migrantes como sujetos políticos: Nuevas vías de expresión.
TC-480 Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable.
EC-526-Desarrollo de capacidades comunicativas en las comunidades del Pacífico Central.
EC-527- Aportes comunitarios para la construcción de la democracia participativa.
1 CCSS, Oficio GG-0733-2020, 20 de marzo de 2020.
2 DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.htrn1
3 130. La Corte ha sostenido que «en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación cie la situación y un plan de acción previo a su intervención» Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, para. 130.

 

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Repudiamos y condenamos el asesinato del abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones y personas firmantes de este pronunciamiento, nos sentimos consternados e indignados ante el asesinato del sabio abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che. El hecho de quemar vivo a una persona es una expresión de saña, crueldad, maldad y falta de los mínimos principios de respeto a la vida del ser humano. Se sabe que desde meses atrás, se murmuraba en el ambiente de la comunidad el señalamiento de brujo al Tat Domingo. Este es el argumento o la causa aducida por la turba asesina. Ya no es extraño que gente de la misma comunidad, que por paradigmas de pensamiento judeo cristianas, cultura bíblica monoteísta, que llevada al fanatismo religioso lleguen a cometer estos actos delictivos.

Tat Domingo Choc Che era un padre de familia, un comunitario, trabajador, experto en el conocimiento de hierbas – plantas medicinales en su uso ancestral, su especialidad en la ciencia maya era Aj Ilonel. Pertenecía al Concejo de Guías Espirituales Mayas Releb’aal Saq’e’ y formaba parte de un equipo de científicos guatemaltecos y europeos, quienes trabajan en proyectos de investigación con la Universidad de Zurich, Suiza, el University College London, en Inglaterra, y la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, él era una persona de reconocida trayectoria en su comunidad, en su región y a nivel internacional.

La cultura maya es holista, en ese marco los conocimientos de plantas y de ceremonias curativas son expresiones conjuntas, por eso el abuelo Domingo era Aj-ilonel y Ajq’ij a la vez, porque para trabajar con las plantas debe estar en comunicación con el aire, agua, fuego y tierra, así como con los antepasados. Seguramente más de alguna vez, sus asesinos o sus hijos fueron atendidos por el Tat Domingo.

Sin embargo, el sábado 06 de junio, Junlajuj K’at, en la comunidad Chimay, del municipio de San Luis Petén, bajo la acusación de ser “brujo” el Tat Mingo fue quemado vivo. El corrió como una antorcha humana, sus agresores le siguieron y le impedían refugiarse, hasta que cayó y murió calcinado. La existencia de videos y su viralización son pruebas de los hechos que ponen en evidencia a los responsables materiales de este abominable crimen. Para sus hechores murió el brujo, pero para nosotros, Tat Domingo se transformó en una nueva estrella de luz, de vida, de verdad y justicia. El estará en nuestras invocaciones y en nuestras ceremonias. Nadie va a poder impedirlo.

La persecución y criminalización de los especialistas de los conocimientos de la cultura maya, no ha cesado. Se inició desde la colonia. Invasores y doctrineros, en nombre de dios, de la iglesia y del rey de España apresaban, lapidaban y asesinaban a las abuelas y los abuelos Ajkun, Iyom, Ajq’ij y otros. Además, quemaron los libros, papiros y pinturas, obras maestras de nuestras abuelas y abuelos. Durante el conflicto armado interno, en los años de 1980, el alto mando del ejército, en su estrategia contrainsurgente, vinculó brujería con apoyo a la guerrilla, de esta manera justificó la criminalización, persecución, tortura y asesinato de grandes abuelas y abuelos, sabios de la cultura maya. Esto ha quedado en el imaginario social y no se erradica cuando las instituciones estatales centralizadas, autónomas o semiautónomas y la sociedad civil relacionadas a la educación no adoptan en sus políticas la enseñanza y el respeto de las características de las ciencias de los pueblos indígenas que no desligan espiritualidad de los conocimientos, porque se trata de la vida misma.

El asesinato de Tat Domingo Choc Che, es una muestra más que la discriminación, el racismo y xenofobia están presentes en los distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca, las cuales, no son erradicadas sino siguen siendo una deuda histórica del trabajo institucional del sistema educativo, los medios de comunicación social, iglesias, sectas, sistema político, sistema de justicia, entre otros.

El reconocimiento del valor científico de los conocimientos mayas y de los demás pueblos indígenas están plasmados como compromisos del gobierno en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asi mismo en este Acuerdo de Paz, el Estado de Guatemala, reconoce la existencia y la práctica de la discriminación y el racismo, acepta que en tanto no se erradique el mismo, jamás este país podrá progresar. El progreso de los mayas es progreso del país.

En la cultura Maya, ser Ajq’ij o Aj Ilonel implica una misión de vida para los cuales se desarrollan cualidades extraordinarias para preservar y transmitir los conocimientos ancestrales maya en distintos campos de la vida a las nuevas generaciones. La persona Ajq’ij va canalizando los conocimientos de acuerdo a las necesidades de las personas o de las comunidades, por ello, la o el Ajq’ij es considerado protector y maestro de la comunidad. Rol que le es disputado por el catequista, el pastor, distintos líderes sociales, maestros, entre otros.

La matanza de guías espirituales mayas, ha representado una catástrofe en la vida del Pueblo Maya, porque se aniquilan a los referentes históricos de los conocimientos y las prácticas propias. Esta pérdida ha dejado un vacío en los principios, valores y normas de vida maya. Vacío que ha sido ocupado por sectas fundamentalistas de las religiones católica y evangélica, las cuales han proliferado en las comunidades. En la actualidad hay católicos y evangélicos que critican a los que practican la espiritualidad maya, cuando miran velas rojas o negras, las califican como los colores del diablo. Una concepción contraria en la filosofía y cosmovisión maya, pues estos colores corresponden a una visión y ubicación en el cosmos, pero la ignorancia y el fanatismo religioso los ha llevado a descalificar y justificar sus actos represivos, vandálicos y asesinos, como sucedió en contra de Tat Domingo Choc Che, que para los mayas es el sabio abuelo.

En Guatemala, la religión constituye un aspecto fundamental en la vida de la mayoría de los guatemaltecos, y aunque las tendencias religiosas han cambiado a través del tiempo, en la actualidad la iglesia católica y la evangélica son quienes cuentan con el mayor número de seguidores, en consecuencia, su gran responsabilidad en la transformación del fanatismo religioso en nuestra sociedad, para que las creencias contribuyan al bien común y no al sectarismo.

ANTE ESTE ASESINATO, DEMANDAMOS:

A las organizaciones de la sociedad civil, indígenas y no indígenas para que se pronuncien sobre este hecho deleznable, que atenta contra la dignidad humana y cualquier principio básico de Derechos Humanos. Que unamos nuestras voces para exigir justicia pronta y cumplida; en conjunto erradiquemos la discriminación, el racismo y la xenofobia en contra de los pueblos indígenas.

A los medios de comunicación social para que informen la verdad y contribuyan a detener una escalada de persecución en contra de los Aj Ilonel, Aj Iyom, Aj Q’ijab’ y demás abuelas y abuelos conocedores y especialistas en los distintos campos de la ciencia desde su cosmovisión maya. A las universidades, centros de investigación y otros, que concreten en sus programas de enseñanza los conocimientos indígenas como ciencia, con la participación de los sabios mayas, no más extractivismo de los conocimientos ancestrales mayas. A las universidades con quienes trabajaba el Tat Domingo Choc Che que apoyen a la familia mediante asesoría legal y otros mecanismos que estén a sus alcances, para resguardar la integridad física y espiritual de los miembros de la familia Choc Che.

EXIGIMOS

Al Gobierno del Dr. Giammattei definir con la participación de organizaciones de Ajq’ijab’ algunas políticas de seguridad para el ejercicio de la espiritualidad maya en cualquier centro ceremonial, ya sea en espacios privados o en espacios públicos.

Al sistema de justicia – MP, PNC y OJ – para que en forma inmediata realice las investigaciones in situ para recoger las evidencias, aprehender a los responsables y ligarlos a proceso penal para que respondan por el asesinato del Tata Domingo Choc Che. Exigimos justicia al Sistema de Justicia Estatal de Guatemala para que la herencia colonial no siga haciéndole daño a nuestra gran civilización maya.

A la Conferencia Episcopal de Guatemala, a la Alianza Evangélica y otras instancias de autoridad de las distintas denominaciones religiosas cristianas para que en conferencia de prensa u otros espacios públicos orienten a sus feligreses en los distintos territorios para que respeten a los guías espirituales mayas y la realización de sus ceremonias. No más atentados contra la vida de Ajq’ijab’ causado por el fanatismo religioso.

A la PNC, que con urgencia ingrese a la comunidad y brinde protección a los miembros de la familia de Tat Domingo, porque los responsables del vil asesinato están y son de la misma comunidad y buscarán asediar y amenazar a los miembros de la familia, para que eviten realizar las denuncias pertinentes de caso.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de oficio sea querellante adhesivo en el caso, para garantizar la imparcialidad y objetividad de la aplicación de justicia, de esta manera evitar que se engavete y que quede en la impunidad.

¡ ILONEL DOMINGO CHOC CHE ¡ ¡ VIVE ¡

WA’ MINGO, WANKAT SA’ QACH’OOL, JUNELIK.

Iximulew, Jun Kej

Guatemala, 09 06 2020

Personalidades firmantes:

Otilia Lux de Cotí, Excomisionada de la CEH. Juan León Alvarado, Exembajador de Guatemala. Dr. Abadio Green Stocel, Sabedor del Pueblo Gunadule y reconocido sabio por la UNESCO, Profesor Universitario, Expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Angel Canil Grave, Representante Legal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Marta Juana López Batzín, Exviceministra Técnica de Educación y Docente, Escuela de Historia, USAC. Jorge Raymundo Velásquez, Exviceministro de Educación y Educador. Pablo Ceto de Universidad Ixil. Ajq’ij Edgar Choguaj. Inés Pérez, Maya Kiche’. Ajq’ij Pedro Us. Francisco López Choguaj, Trabajador Social. Angel Bunch, Antropóloga, Defensora en Derechos Humanos. Ajq’ij Marcos Ajpacaja. Claudia María Quintanilla, Arqueóloga. Ajq’ij Vilma Beatriz Morales Hernández. Esmeralda Cajas Cuestas, Abogada y Notaria, activista socio-política. Ajq’ij Adalberto Hernández López, San Antonio Aguas Calientes. María de los Angeles Veliz, estudiante de USAC. Ajq’ij José Yac Noj. Josefa Barreno Morales y Ronaldo Gabriel Pedro Pedro, Santa Eulalia, Huehuetenango. Lorenzo Saban, Alcaldía Indígena de Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez. Carmelita Ixcol Mus, Psicóloga Social. Hermelinda Magtzul y Lilian Juárez de Kaqla. Pedro Martínez, Magdalena Milpas Altas. María Cruz de energía Vital. Jorge David Julajuj Chamalé, estudiante de la Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en la Cultura Maya. Sandra Colaj, estudiante de la licenciatura en Antropología y maestra de educación básica. Fernando Boc, egresado Usac. Gladys Bala, Docente, Escuela de Trabajo Social, Usac. Sandra Yoc, egresada de Escuela de Trabajo Social, USAC. Delfina Solloy del Concejo de Guías Espirituales Wajxaqi’ B’atz’, Sumpango. Verónica Ixen, Patzún, Chimaltenango. Ajq’ij Juana Vásquez Arcón y Ajq’ij Juan Zapil de Komon Ajq’ijab’. Ajq’ij. Mario Marroquín de Chilam B’alam de los K’iche’s. Ajq’ij Rodrígo Chub Ical, Alta Verapaz. Domingo Barreno Morales, Catarina Barreno Morales y Petronila Barreno Morales, Chupol, Chichicastenango. Autoridades Ancestrales Chajoma’ de Chuarrancho, Guatemala. Vicenta Reynoso Tzoc, Ajq’ij Maya K’iche’. Santos Gómez, Ajq’ij Maya k’iche’. José María Tol Chan, Ajq’ij Maya k’iche’. Lidia Elizabeth Florián, docente-investigadora, USAC. Alicia Catalina Herrera Larios, K’amalb’e. Licda. Myriam Bojorques, Docente, Trabajo Social, USAC. Licda. Giglia Canessa, Universidad del Valle de Guatemala. Byron S. Morales Dardón, politólogo. Ajq’ij E. Alberto Ramos Lz de IMAGUAC. Ramiro Batzín, Sotz’il. Juan Diego González. Dr. Roberto Cabrera, activista socio político, Director Adjunto de IEPADES. Dionicio Canahui, maya Achi’. Dr. Vitalino Similox y Nora Coloma, Maya’ kaqchikel Nimatijob’al. Secil Oswaldo de León, Profesor Universitario. Chnab’jul K’amalb’e Sikya Tz’unun. Carlos Chex. Obispo Rosales, Director de PLFM. Medarda Castro, maya Tz’utujil. Héctor Tuy. Ixkot, Armonía y Conocimiento.

Organizaciones firmantes:

 

Enviado a SURCOS por Casilda Sancho.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Serie de podcast: «Pelota al Piso»

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Departamento Ecuménico de Investigaciones

Esta es una serie de podcast de producción chilena sobre masculinidades y sociedad. Hemos escuchado cada capítulo gracias al envío de Francisco Farías, tallerista del 2009 y de Klaudio Duarte, educador popular chileno y tallerista del DEI en los ochenta y docente en talleres de la institución en años recientes, ambos del Kolectivo «Pelota al Piso».

Dejamos para ustedes los cinco capítulos de la serie para que los disfruten y compartan.

Capítulo 1: ¿Cómo vivimos el encierro los varones?

Pelota al piso es un podcast de cuatro amigos en el que buscamos reflexionar sobre masculinidades y sociedad. En este capítulo nos interrogamos en torno a ¿Cómo vivimos el encierro los varones?

Capítulo 2: Fútbol, género y sociedad

En este capítulo conversamos sobre feminismos y masculinidades con Francia Jamett, historiadora, feminista y educadora popular, quien nos invita a reflexionar sobre los aportes de los movimientos de mujeres y feministas en nuestra sociedad. Además, nos preguntamos ¿pueden los varones sumarse a esta transformación?

Capítulo 3: ¿Mujeres en el fútbol?

En este capítulo entrevistamos a Vanessa Vargas (Feminista, futbolera y periodista) con quien conversamos sobre cómo el fútbol ha excluido a las mujeres y las estrategias que utilizan las compañeras para cuestionar y resistir a las lógicas patriarcales en este deporte.

Capítulo 4: Masculinidades y feminismos

En este capítulo conversamos sobre feminismos y masculinidades con Francia Jamett, historiadora, feminista y educadora popular, quien nos invita a reflexionar sobre los aportes de los movimientos de mujeres y feministas en nuestra sociedad. Además, nos preguntamos ¿pueden los varones sumarse a esta transformación?

Capítulo 5: Masculinidades y Territorio (Chiloé)

En el quinto capítulo conversamos sobre masculinidades y territorio con Claudio Vásquez, periodista residente en Castro, Chiloé. Nuestro amigo nos invita a reflexionar sobre cómo el desarrollo impuesto por el Estado de Chile, empobreció y modificó las lógicas de convivencia social del territorio, lo que ha tenido impactos y resistencias en la construcción de masculinidades.

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

10 de junio del 2020. El Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas después de conocer y analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), manifestamos:

1) Universidades públicas y su contribución al país

Las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional. Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica. Esto lo han hecho por medio de la generación del valor público producido por el sistema universitario estatal para el país, aportando profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica, proyectos de extensión y acción social en diferentes comunidades, reforzando un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.

Para ello, ha sido y es indispensable garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política.

La universidad pública forma profesionales en diferentes áreas de conocimiento: las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías, importantes para fortalecer el acervo cultural, artístico, intelectual, científico de nuestro país, sin menoscabo de ninguna disciplina del conocimiento, propiciando así una formación integral y humanística de nuestros profesionales.

El dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos.

Estamos convencidos de que las universidades estatales seguirán siendo fundamentales y necesarias para el futuro de Costa Rica. Cada una de las universidades estatales que conforman el sólido y consolidado sistema universitario público, seguirá cumpliendo su misión con la sociedad costarricense y continuarán trabajando en procura del desarrollo nacional.

2) Composición de CONARE

El CONARE fue creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, como un ente de coordinación del sistema universitario público.

Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía. CONARE es el órgano responsable de la coordinación y la articulación de la gestión del sistema universitario estatal, en respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.

3) La Comisión de Enlace articula la gestión universitaria con las políticas públicas

En el Convenio de Coordinación y en la Ley Nº6162 de 1974 se considera la existencia de la Comisión de Enlace, conformada actualmente por los cinco Rectores, un representante estudiantil y cinco Ministros de Estado (Educación, Presidencia, Hacienda, Planificación y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones). Corresponde a esta Comisión de Enlace discutir y comunicar las iniciativas pertinentes para la formulación del PLANES, considerando políticas públicas de desarrollo, definidas por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. Le corresponde también negociar y definir el monto del FEES y una Agenda de Cooperación Gobierno – Universidades Públicas, que procura desarrollar proyectos conjuntos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

La última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República.

4) Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)

El quehacer de las Universidades Públicas se encuentra estrechamente articulado con el desarrollo nacional. CONARE analiza, considera e incorpora los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la formulación del PLANES, tal y como se establece en el artículo 85 de la Constitución Política.

Esto fue confirmado por la jerarca de Planificación en audiencia ante esta comisión especial legislativa para estudiar el FEES, donde explicó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales

En el marco de un proceso permanente de mejoramiento continuo, las universidades y el CONARE han incorporado un mayor número de indicadores estratégicos al PLANES, actualmente suman 114 indicadores con su respectiva ficha técnica, línea base y metas quinquenales anualizadas, Entre los que destacan: matrícula, graduación, becas, carreras acreditadas y regionalización.

5) FEES

La asignación del 8% del PIB para la educación, consignada en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual la Sala Constitucional en diferentes años y sentencias (2010- la No. 11043, 2011-la No.15968, 2012-la No.06416, 2016-la No. 12803, 2019-la No.09724) ha ordenado cumplir a los poderes, Ejecutivo y Legislativo.

De este presupuesto total de educación las universidades estatales reciben menos de la quinta parte.

Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales.

La actual situación pandémica ha demostrado que los países que han invertido en educación y salud pública son los que mejor han enfrentado esta crisis y logran apuntalar el desarrollo económico con mayor equidad.

6) Calidad y excelencia académica

Previo análisis en el seno de la Comisión de Enlace en 1993, el CONARE creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual evalúa y acredita, mediante estándares internacionales, la calidad y la excelencia académica de las carreras y programas impartidos por las universidades tanto públicas como privadas. La objetividad e independencia del SINAES fue garantizada mediante la ley N°8256, promovida por el propio CONARE.

Las casas de educación superior pública cuentan con 144 carreras acreditadas, tanto por el Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES) como otros órganos internacionales de acreditación, tal es el caso de las carreras de ingeniería de la UCR y el TEC que fueron acreditadas internacionalmente por la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB). Además, la Agencia Francesa de Acreditación otorgó la acreditación institucional al Instituto Tecnológico de Costa Rica y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han iniciado este proceso institucional.

Como parte de la gestión permanente de la calidad, las universidades estatales están comprometidas con la revisión, actualización y modernización permanente de la oferta académica, tanto de las denominadas STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) como también las denominadas SSH por sus siglas en inglés, que comprenden las humanidades, las ciencias sociales, la educación, la cultura, las ciencias económicas, el arte, el ambiente, los idiomas y el deporte.

7) Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635. Desde la formulación inicial de los presupuestos 2020, entregada a la Contraloría General de la República en setiembre del 2019, las universidades estatales y CONARE estructuraron sus presupuestos conforme con la regla fiscal.

En ejercicio de su potestad de autogobierno, en el año 2015 las universidades públicas realizaron un estudio actuarial a fin de determinar su sostenibilidad financiera. De este estudio han derivado estrictas medidas de contención del gasto y las denuncias planteadas por los Rectores ante el Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas existentes, con el objetivo de una renegociación de las mismas.

8) Regionalización

Por medio del PLANES, el CONARE promueve el desarrollo y el aumento de las inversiones destinadas a las regiones del país, así como acciones sistémicas de apoyo a las políticas institucionales de regionalización, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para responder a las necesidades territoriales.

Como parte de la estrategia del fortalecimiento de la regionalización, las universidades estatales han realizado inversiones importantes, especialmente con la reciente ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Pública, financiado por el Banco Mundial, el cual ha reconocido públicamente en sus evaluaciones hechas al citado proyecto la eficiencia, la eficacia en la ejecución del mismo y el logro de los objetivos de este proyecto.

Como consolidación de este fortalecimiento, en el 2019 el CONARE creó los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) en las cinco regiones del país. Permitiendo mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario estatal en sus propias regiones, fortaleciendo las capacidades regionales en docencia, investigación, innovación, emprendimiento, extensión, acción social y vida estudiantil, así como el desarrollo local desde las comunidades, en coordinación con las instituciones del gobierno y del sector privado.

Para CONARE el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones.

9) El informe de mayoría emitido por la Comisión que estudió el FEES es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales y al CONARE, se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública.

Por tal motivo, las universidades públicas y CONARE trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada.

CONARE y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica.

Enviado por UNA Comunicación.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

La UCR se mantiene entre las 20 mejores universidades de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El último ranking global QS así lo certifica

La Universidad de Costa Rica aparece en este ránking desde el 2014.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se coloca en el ranking global de universidades QS para el 2021 en el rango de 571- 580, y se mantiene en el puesto 19 entre todas las universidades de América Latina y la primera en el istmo.

Para este periodo la UCR bajó de lugar en el ranking general a nivel global, pues en la medición anterior se ubicó en el rango 511-520, un comportamiento que será estudiado pues se puede deber a múltiples factores metodológicos.

La medición se realiza a nivel mundial a un total de 5 500 instituciones públicas y privadas de todo el mundo y se publican los resultados de las mejores 1000 evaluadas.

El Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR resaltó que «seguir siendo catalogados como la mejor universidad de Centroamérica y el Caribe, evidentemente nos llena de orgullo y satisfacción. Los resultados son el reflejo del trabajo de muchas personas a lo largo de la historia institucional, una historia en que la excelencia ha sido siempre el norte, esto ha permitido a la UCR generar un valor público trascendental para nuestro país, y ser una institución de alto prestigio a nivel nacional e internacional.

Araya agregó que estar entre las mejores 20 universidades de América Latina, es decir bastante para un país que afortunadamente tomó la decisión de invertir en educación y en salud pública y que hoy cuando se enfrenta una emergencia sanitaria de la magnitud actual, cobra mucho valor esa visión que tuvieron nuestros antepasados.

Aunque en el índice general la UCR ha bajado, se mantiene entre las 20 mejores universidades de Latinoamérica.

El desempeño de la Universidad de Costa Rica en este estudio de QS World University Ranking desde el 2014 ha fluctuado, siendo el punto más alto el 2018 cuando se ubicó en el rango de 411-420.

Por su parte, la Dra. Susan Francis, vicerrectora de Docencia, comentó que “para la Universidad de Costa Rica es una alegría muy importante permanecer dentro de las mejores universidades de América Latina. Si bien los múltiples ránkings que dominan la web identifican también múltiples criterios y áreas de mejora, no podemos dejar de sentirnos complacidos de que la UCR goce de un reconocimiento nacional e internacional tan importante. De alguna manera, nos certifica que estamos procurando un trabajo serio, integral y con vista a la excelencia académica y a la inclusión, para beneficio de nuestra comunidad, pero aún más importante, para beneficio del país.»

Los primeros lugares en la región latinoamericana los ocupan la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidade de São Paulo.

En la medición global, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica aparecen en el rango de 801-1000.

Esta clasificación toma en cuenta seis parámetros para evaluar a las universidades:la reputación académica; la reputación de empleadores; la proporción entre profesorado y estudiantes; las citas académicas; la proporción de internacionalización del profesorado y la proporción de internacionalización de los estudiantes.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/