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Defensoría pide a Corte de Justicia garantizar acceso a justicia para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

En una nota enviada por la Defensora Catalina Crespo Sancho al presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro, se solicita atender las denuncias formuladas por procedimientos y actitudes discriminatorias contra personas de los pueblos indígenas. El escrito de la Defensoría indica que “la tramitación de este asunto está a cargo de la Master Marjorie Herrera Castro.

El documento que llegó a SURCOS señala:

“Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La Defensoría de los Habitantes de la República mantiene en monitoreo la implementación por parte del Estado costarricense de la Medida Cautelar N° 321-12 emitida por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Térraba y Salitre, así como la ejecución del Plan RTI (Recuperación de Tierras Indígenas), que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural.

En este marco, de manera consistente desde el año 2015, se ha mantenido comunicación con organizaciones y personas indígenas de los territorios beneficiarios de la Medida, así como de los territorios de Cabagra y China Kichá, en los cuales se han venido realizando, recientemente, procesos de recuperación de tierras indígenas.

Durante estos años, también se ha tenido conocimiento del creciente número de asuntos relacionados con estos procesos reivindicativos de derechos que se han judicializado con la esperanza de encontrar en el sistema, justicia pronta y cumplida. No obstante, por el contrario, cada vez y con más frecuencia, se recibe información de los pueblos indígenas sobre las barreras e incluso la discriminación que enfrentan para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.

En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes estima necesario remitir para su conocimiento y consideración la siguiente información, que resume las principales situaciones expuestas ante esta institución por personas y organizaciones indígenas:

1- En una reunión realizada en Buenos Aires de Puntarenas, el 24 de agosto del 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández, recibió un sinnúmero de denuncias contra diferentes instancias judiciales por discriminación contra personas indígenas en el trato, atención y trámite de múltiples causas. Según informó posteriormente la Sra. Escoto, todas las denuncias fueron remitidas al Tribunal de la Inspección Judicial; sin embargo, tiempo después, informalmente se indicó que habían sido archivadas y tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, que habían sido desarchivadas. Con el propósito de dar seguimiento a la atención de dichos asuntos, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial información sobre el estado de dichas investigaciones pero la información no fue proporcionada.

2- Mediante oficio N° FGR 298-2018, la Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, en relación con los cuestionamientos que se le han realizado al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, indicó que se estaban realizando investigaciones a nivel penal y administrativo, por lo que se trasladaban a la Inspección Judicial las irregularidades señaladas; sin embargo, sobre las investigaciones internas, la Inspección remitió a la Defensoría de los Habitantes un archivo en Excel denominado “Causas Disciplinarias de Pueblos Indígenas”, en el que se incluyen 6 denuncias (una del año 2016, una del 2018 y cuatro del 2019) todas desestimadas y archivadas.

Pese a los reiterados cuestionamientos de los pueblos indígenas por las actuaciones en su contra, y a los vínculos del Sr. Céspedes con personas no-indígenas que ocupan propiedades dentro de los Territorios Indígenas, se ha alegado que por el principio de independencia de los jueces, no puede ser removido o trasladado, ni impedírsele que conozca y resuelva causas indígenas.

Una situación similar ha sido denunciada recientemente en China Kicha, contra la actuación de una jueza, quien –según los comunicados recibidos- acogió un interdicto de posesión dentro de un territorio indígena para pretender desalojar a los indígenas recuperadores de una finca. Con indignación, los habitantes indígenas reclaman el por qué todas las causas agrarias que se mantienen pendientes de resolución no son tramitadas con esa misma diligencia que sí se utiliza en su contra.

3- En varias ocasiones la Defensoría de los Habitantes ha tenido que coordinar con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para que se atienda a habitantes indígenas, como si se tratara de solicitar un favor, porque se han presentado a diferentes despachos judiciales en Buenos Aires y se les ha negado la atención, o los envían de un despacho a otro, sin que exista en la región una instancia judicial imparcial y efectiva donde puedan denunciar estos abusos discriminatorios.

4- Se acusa impunidad judicial, ya que en decenas de denuncias presentadas por agresiones y amenazas contra la integridad y la vida de líderes y lideresas indígenas, no se han realizado detenciones ni se han emitido sanciones contra los autores y partícipes.

Asimismo, pese al tiempo transcurrido, se acusa ausencia de información -incluso a los familiares más cercanos- sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de los líderes indígenas Sr. Sergio Rojas y Sr. Jerhy Rivera, alegando siempre la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones.

5- Algunas instancias judiciales carecen de procedimientos que reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y brinden abordajes interculturales; ejemplo de ello ha sido la protección ofrecida a líderes indígenas amenazados de muerte, a quienes les indican que para protegerlos tiene que abandonar su territorio. Pese a que se han señalado estas deficiencias, no se han tomado medidas para rectificarlas.

6- De manera particular, la Organización Ditsö ha remitido reiteradas gestiones vía correo electrónico a la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas, pero únicamente ha recibido su comunicación de que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, no habiendo ninguna respuesta de fondo, ni seguimiento a la gestión.

Téngase como ejemplo los correos de fechas 24 de marzo y 16 de abril del 2020, mediante los cuales se informa sobre las denuncias por amenazas de muerte contra cuatro líderes de pueblos originarios y se solicita la atención prioritaria a éstas, sin que se conozcan las gestiones judiciales de atención a los hechos denunciados.

Asimismo, la Licda. Vanessa Jiménez, abogada representante de las personas peticionarias ante la CIDH, ha remitido varias gestiones al Poder Judicial y ha señalado que más allá de la intervención de la Magistrada Damaris Vargas remitiendo la información a las instancias respectivas, hay pocas respuestas de fondo. Por ejemplo, en un correo de fecha 19 de febrero del 2020, solicita que se informe ¿cómo los 20 ejes aprobados por el Consejo Superior han impactado positivamente en la protección a la vida e integridad física de los bribri y brörán?

7- Pese a la gran cantidad de disposiciones y circulares tendientes a que se les garantice el acceso a la justicia, las personas y organizaciones indígenas denuncian insistentemente los incumplimientos a dichas medidas, sin que se conozcan esfuerzos del Poder Judicial tendientes a verificar y evaluar su cumplimiento y eficacia.

En esa misma línea, el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta subcomisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.

Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.

En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.

Voz experta UCR: Devenir de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Por María Eugenia Bozzoli Vargas, antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica

Una reflexión en torno al contexto histórico que impulsó la consolidación de esta área del conocimiento en la Institución

Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas. Foto: Anel Kenjekeeva.

El proceso de institucionalización de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica ha variado según su desarrollo amplio y constante. En los primeros dos años, de 1941 a 1942, la UCR contaba con tres escuelas de lo social: Derecho, Pedagogía, y Letras. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), se instaló en mayo de 1943 y Servicio Social en 1944 como Escuela Anexa en la FCES. Ambas respondieron a una petición externa: Ciencias Económicas a la del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales; Servicio Social, años más tarde denominada Trabajo Social, a la del Ministerio de Salubridad, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia. Se colige que estas primeras escuelas y sus asignaturas estaban muy ligadas a urgencias de la sociedad nacional en derecho, en lo educativo, en salud, en lo socioeconómico. Más adelante los saberes acerca de la sociedad humana y sus individuos podrán obedecer a urgencias internas de la propia institución universitaria para proveer conocimiento a la sociedad. La orientación era principalmente docente pero a la investigación en estos primeros años se le daba algún apoyo, por ejemplo en publicaciones.

En los años de 1950, se explicita, conjuntamente con la construcción de la ciudad universitaria, la Reforma modificadora de los planes de estudio, al introducirse los Estudios Generales en 1957; a partir de ese año todos los planes de estudio incluirían, según la carrera, Fundamentos de Sociología (en el Departamento de Estudios Generales), o Principios de Sociología (en Historia y Geografía).

Hacia 1955 se discutía el concepto de departamentalización como implícito a la Reforma que establecería Ciencias y Letras como Facultad Central de la Universidad.

En los años de 1960 se agregan a la Facultad de Ciencias y Letras, la Antropología, la Sociología y la Psicología como carreras, resultado de un proceso que estableció primero la Comisión de Ciencias del Hombre, con profesores de las Facultades de Ciencias Económicas, Educación, Ciencias y Letras y la Escuela de Trabajo Social. La Comisión recomendó la creación de la Sección de Ciencias del Hombre. Se autorizó a esta Sección para ofrecer el grado de Bachillerato, para proporcionar a los estudiantes una base sólida de conocimientos que les permitiera realizar posteriormente estudios para especializarse y profesionalizarse, con una licenciatura, como era el sistema de la UCR, o con maestrías y doctorados fuera de las fronteras nacionales. La Sección pasó a ser el Departamento de Ciencias del Hombre en 1968. En ese mismo año empezó la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Periodismo, anexas a la Facultad de Derecho

El Tercer Congreso Universitario es un hito sobresaliente del devenir institucional de las Ciencias Sociales en la UCR. De sus resultados, se crea la nueva Facultad de Ciencias Sociales a partir de 1974, con las Escuelas: Ciencias del Hombre –esta se divide posteriormente, 1977, en Antropología y Sociología por una parte, Psicología por la otra; Antropología será nueva Escuela en 2006-; Ciencias de la Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Escuela de Escuela de Historia y Geografía –en 1997 Geografía se separa en nueva Escuela; Escuela de Trabajo Social. Se oficializa el Área de Ciencias Sociales para efectos de la representación en el Consejo Universitario; las vicerrectorías incidirán en adelante en el aumento de facilidades para la investigación y de acción social. El Sistema de Estudios de Posgrado, creado en 1975, ha permitido la ampliación del quehacer académico de todas las escuelas de Ciencias Sociales

En el siglo veintiuno es notable el crecimiento arquitectónico y espacial de la UCR, en sus sedes central y regionales, reflejo de la expansión de las actividades docentes, de investigación y acción social, abarcando en ello a las Ciencias Sociales, por lo que crece su complejidad administrativa a lo interno y en sus alcances en lo nacional e internacional.

 

María Eugenia Bozzoli Vargas
Antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica

Agua es Vida y Yiski se pronuncian ante proyecto de ley de agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!

  1. Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
  2. Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
  3. Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
  4. Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
  5. Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
  6. Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
  7. Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
  8. Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
  9. Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
  10. Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
  11. Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
  12. Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
  13. Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
  14. Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
  15. Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».

Colectivo AGUA ES VIDA NO MERCANCIA/ Yiski

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

DEI inicia el Taller Socio-Teológico en modalidad virtual con 50 participantes de 17 países

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • El webinario consta de seis sesiones entre este 5 de agosto y el 16 de septiembre

Este 5 de agosto iniciamos con el Taller Socio-Teológico «Crisis sistémica y rearticulación de las resistencias en un mundo post-pandémico». Esta vez en modo webinario, durante seis sesiones, del 5 de agosto al 16 de septiembre.

A pesar de las distancias y las condiciones de esta pandemia, nos vamos a reunir -en línea- 50 personas participantes de este taller. Nos ha sorprendido gratamente el gran interés y la cantidad de solicitudes de participación que hemos recibido por parte de tantas personas de tantos puntos del continente.

Nos motiva saber que, aún en este contexto de distancia física, logremos coincidir en intenciones y aprendizajes con personas de 17 países de Abya Yala/Latinoamérica.

¡Así que seguimos acompañándonos, repensando estrategias para atravesar como grupo estos tiempos!

El taller estará integrado por personas de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua; Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico; República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador; Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil.

Sin reemplazar la riqueza del aprendizaje presencial, este webinario saca provecho de las herramientas digitales para propiciar un espacio de diálogo crítico y reflexión colaborativa sobre la coyuntura que atravesamos. Tenemos como intención reconocer, inspirarnos e imaginar en colectivo, desde la experiencia de cada país y cada persona, cómo rearticular las resistencias ante el actual escenario.

El taller busca integrar la experiencia de quienes participan, junto con la investigación crítica, el diálogo de saberes y la búsqueda común propuestas y prácticas liberadoras para nuestros pueblos.

Vamos a transmitir algunas sesiones para quien quiera acompañarnos en Facebook Live, así que les recomendamos estar pendientes. Avisaremos con tiempo.

Atención del COVID-19 SÍ, desaparición del Hospital Nacional Psiquiátrico NO

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El día martes 4 de agosto, se hizo presente al HNP, la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio.

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Adminsitrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

 

Tomado de la página de Facebook de Undeca Ccss
Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.

Danza Universitaria presenta «Extravagancias cotidianas»

Escrito en . Publicado en Derechos.

Esta agrupación se unió a un proyecto de percusionistas de la UCR, de la UNED y de la Universidad de Minnesota

Danza Universitaria se unió al proyecto musical realizado por percusionistas de la UCR, de la UNED y de la Universidad de Minnesota. Con una interpretación propia, a la que llamaron «Extravagancias cotidianas», este grupo de la UCR le puso movimiento a la obra «Cherry Limeade», compuesta por la estudiante estadounidense Mackenna Tolfa.

El pasado mes de abril, estudiantes y profesores de la Cátedra de Percusión de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Minnesota, junto con el Ensamble de Percusión Costa Rica de la UNED, se unieron en el proyecto Virtual Percussion Extravaganza, que tuvo como resultado un video en el que interpretan la pieza de Tolfa, mezclando el uso de instrumentos de percusión con implementos de uso cotidiano.

A partir de esta experiencia, Ricardo Alvarado, profesor de la Escuela de Artes Musicales, contactó a Verónica Monestel, bailarina de Danza Universitaria, para proponerle que se involucraran en el proyecto, y así inició la colaboración.

Según explicó Hazel González, directora de Danza U, el resultado final fue pensado para que hubiera un equilibrio y un diálogo entre la danza y la música.

“Todo fue muy espontáneo, había una necesidad creativa y, a través de lo cotidiano, se pudo dar esa fusión de dos artes en un trabajo colectivo”, comentó González.

Al principio, la idea fue montarse sobre el trabajo que ya habían realizado los músicos, sin embargo, ese primer intento no logró el objetivo que se quería. Por eso, se realizó una nueva versión en la cual se utilizó el material en bruto que se había grabado con anterioridad y se desarrolló un nuevo producto audiovisual.

Las bailarinas y los bailarines de Danza Universitaria, cada quien desde sus casas, a partir de la inspiración y de la experimentación, grabaron sus intervenciones, siguiendo una serie de pautas técnicas como la iluminación, las locaciones y los planos.

En este sentido, Verónica Monestel señaló que todo el proceso fue muy enriquecedor y significó un gran reto, porque la experiencia se convirtió en un laboratorio experimental de creación de movimiento tanto para el video como para la interpretación de una música concreta. Esto provocó que las y los bailarines tuvieran que estar pendientes de muchos aspectos al mismo tiempo para que el material fuera óptimo.

La edición estuvo a cargo de Esteban Richmond, quien utilizó la base rítmica de la obra, para calzar los movimientos de los bailarines y la música, y así ir construyendo el hilo conductor de la coreografía.

Tanto Ricardo Alvarado como Fernando Meza, director del área de percusión de la Universidad de Minnesota, manifestaron su satisfacción por haber logrado que el proyecto inicial se hiciera todavía más grande y por continuar estrechando lazos entre ambas instituciones con el propósito de seguir realizando trabajos conjuntos.

“Desde hace tiempo se había hablado de poder hacer alguna colaboración entre percusión y danza, pero se había quedado solo en la propuesta. Ahora, pudimos lograrlo de esta manera”, recordó Alvarado.

A raíz de esta colaboración, ya la Cátedra de Percusión de la UCR y Danza Universitaria están pensando en trabajar juntas en un par de proyectos que se concretarían para el 2021.

El video se puede ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/UniversidadCostaRica/videos/1649477495201959/.

 

*Foto: Danza Universitaria presentó el proyecto «Extravagancias cotidianas».

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Sindicato de Hacienda consulta a ministro si se indagó denuncia sobre deudas con la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SITRAHSAN envió la siguiente nota al ministro de Hacienda:

Señor Ministro de Hacienda

La publicación siguiente, hace referencia a deuda de personas, en apariencia vinculadas a UCCAEP. Y la Ley de Contratación Administrativa, como la Ley Constitutiva de la CCSS, establecen estar al día en las obligaciones tributarias, tasas y contribuciones.

Le consultamos públicamente:

¿Qué ha hecho la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, a su cargo como jerarca, para investigar la veracidad de estos datos?

*Directivos de UCCAEP adeudan ₡284,4 millones a la CCSS y aun así quieren dictar directrices al Gobierno. *

Así lo denuncia Roberto Mora Salazar, conocido como el Cobrador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mora dirigió una carta pública al mandatario costarricense este domingo 2 de agosto.

«Estimado señor presidente, Carlos Alvarado Quesada.

Por este medio, reciba un cordial saludo.

El 31 de julio recién pasado, escuché su intervención en la televisión y, me llamó la atención lo siguiente:

“Presidente Alvarado a Uccaep:

Asustando a la población no van a conseguir nada”

Ello me llevó a reflexionar; ¡para que el presidente de la República lleve a cabo este comentario sobre la Uccaep, debe de haber algo por debajo de parte de este gremio!

Nos guste o no, el presidente de la República de Costa Rica es Carlos Alvarado Quesada y, por consiguiente, las órdenes son emanadas por la Casa Presidencial “y punto”.

El hecho que grupos de empresarios se crean los dueños de Costa Rica y, que son los llamados a dictar directrices, ya porque lo hicieron en anteriores administraciones, me parece muy acertada su intervención de “estate quieto” como dice nuestra población.

Con qué autoridad moral de parte de este grupo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se presentan ante Usted para dar lineamientos de cualquier tipo, si importantes personajes de su junta directiva se encuentran atrasados con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de ₡284,449,075.00 por concepto de cuotas obrero patronales. Ello demuestra su gran interés por nuestra Seguridad Social de parte de sus asociados, ya que, para elegir a sus miembros de Junta Directiva, deberían de hacer una minuciosa investigación para ver si cumplen a cabalidad con su honorabilidad, moralidad y honestidad, como sí lo son algunos de ellos.

A la fecha, estos altos miembros de la Uccaep adeudan a la CCSS.

OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD
1-0643-0114
TESORERO UCCAEP
3-101-081460 BANANERA CHANGUINA, S.A. 210,297,068.00 APODERADO
3-101-029979 COMPAÑÍA RIO MINERALES, S.A. 3,107,057.00 PRESIDENTE

GONZALO FRANCISCO DELGADO RAMIREZ
1-0644-0138
EX PRESIDENTE UCCAEP
3-101-119969 FIBROTICO, S.A. 62,246,032.00 TESORERO

MARITZA EMILIA HERNANDEZ CASTAÑEDA
5-0195-0073
I VICE-PRESIDENTA UCCAEP
3-101-271205 PROYECTOS E INVERSIONES BOSI Y ASOC, S.A. 6,975,184.00 PRESIDENTA

MUNI FIGUERES FACIO
1-0678-0003
SECRETARIA UCCAEP
3-101-018287 RESTAURANTES ORFI, S.A. 1,682,032.00 VICE PRESID

MIGUEL EFRAIN SCHYFTER LEPAR
1-0399-1427
FISCAL UCCAEP
3-002-195650 ASOCIACION PROGRAMA CENTROAMERICANO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEMOGRATICA 97,017.00 PRESIDENTE

ROBERTO FIATT SERAVALLI
1-0546-0782
SUB TESORERO
3-101-718475 PLAZA PARAISO, S.A. 44,685.00 TESORERO

TOTALES ₡284,449,075.00

Señor presidente, como costarricense le aconsejo, tener más cuidado con las personas que entran a Casa Presidencial a dar órdenes, cuando en realidad son lobos disfrazados de ovejas.

Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-0396-0099

Información enviada a SURCOS por

FRENASS promueve participación amplia en tema IVM y recursos para la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS recibió del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) un comunicado mediante el cual invita a enviar solicitudes para una «convocatoria amplia y participativa para abordar el tema del IVM y de la problemática de recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social».

FRENASS solicita el envío de la solicitud con el modelo de carta que encontrará para descargar.

Las cartas deben ser enviadas a:
• Román Macaya Hayes
Presidente de la Junta Directiva
Correo electrónico: rmacaya@ccss.sa.cr, roman_macaya@yahoo.com
• María de los Ángeles Solís Umaña
Representante del Poder Ejecutivo
Correo electrónico: masolisu@ccss.sa.cr, msoliscr@yahoo.com
• Fabiola Abarca Jiménez
Representante del Poder Ejecutivo
Correo electrónico: fabarcajimenez@gmail.com
• Marielos Alfaro Murillo
Representante de los Patronos
Correo electrónico: maalfarom@ccss.sa.cr, marielos.alfaro@gmail.com
• Christian Steinvorth Steffen
Representante de los Patronos
Correo electrónico: csteinvo@ccss.sa.cr, steinlooholsteins@gmail.com
• Bernal Aragón Barquero
Representante de los Patronos
Correo electrónico: baragon@clinicabiblica.com
• Maritza Jiménez Aguilar
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: majimeneza@ccss.sa.cr, mjajob@gmail.com
• Mario Devandas Brenes
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: medevand@ccss.sa.cr, madebre01@gmail.com
• José Luis Loría Chaves
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: jlloria@ccss.sa.cr, loria.jose@gmail.com
Si tiene firma electrónica envié su carta a: coinccss@ccss.sa.cr
Con copia a:
• Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la República.
Correo electrónico: despachopresidente@presidencia.go.cr
Fax: 2253-9078.
• PhD. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes.
Correo electrónico: defensoria@dhr.go.cr, correspondencia@dhr.go.cr
Fax: 4000-8700.
Por favor copiar sus cartas a frenass14@gmail.com para dar seguimiento de las solicitudes a la Junta Directiva de la CCSS.

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Mundo sin Guerras y sin Violencia – Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 75 años del inaceptable ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaky el Mundo necesita y merece, ahora y de una vez por todas, vivir sin el temor y la amenaza de que sea posible el lanzamiento de una bomba atómica.

Para ser parte de esta campaña mundial, puede enviar su foto con un cartel que diga; «No+Armas Nucleares», indicando la ciudad y el país donde fue tomada; haremos un gran mural virtual con todas las fotos, el cual servirá para dar nuestra voz a los gobiernos que no han adherido al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Para más información visite la página de Facebook Mundo sin Guerras y sin Violencia – Costa Rica.

 

Fuente:
https://www.facebook.com/1577436025690457/posts/2769986073102107/?sfnsn=mo

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Voz experta UCR: Más allá de las cuarterías, una San José exclusiva y excluyente

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Por Andrés Jiménez Corrales, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), docente de la Escuela de Geografía y del Departamento de Salud Ambiental

Una reflexión sobre las condiciones de regeneración y repoblamiento de la capital costarricense

Lic. Andrés Jiménez Corrales. Foto: Claudia Rojas Bravo.

La pandemia que vamos descubriendo día con día, ha resultado ser un “terremoto” que derribó algunas de las fachadas que cubrían las violencias contemporáneas, permitiendo la exposición de un paisaje de contradicciones, exclusiones y desigualdades que agrietan el mundo en mil pedazos. En la ciudad de San José, durante el mes de julio, emergió una realidad oculta ante los ojos de quienes no vivimos esta situación: las cuarterías en la ciudad. Las condiciones de habitabilidad en las que viven cientos de personas han sido expuestas, reflejando la imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Las cuarterías son sinónimo de situaciones de pobreza y de violencia que se encuentran en las raíces mismas del sistema.

Las condiciones que viven las personas que habitan las cuarterías están lejos de tener una solución clara que no sea su desplazamiento, por parte de las políticas dirigidas por el gobierno local para la ciudad de San José. Contrariamente, las iniciativas implementadas tienden a profundizar las grietas de la desigualdad y a crear nuevas formas de segregación socio-espacial en la ciudad. Con esto nos referimos al Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José: una iniciativa para crear una ciudad exclusiva y excluyente.

Un repoblamiento selectivo

Luego de la década de 1980, el interés de inversionistas y de la clase media y alta por asentarse en la capital se diseminó. Es a partir de la década de los años 2000, cuando se despliegan acciones para concretar una revalorización de la ciudad utilizando la narrativa de la regeneración y el repoblamiento. Así se funda el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, diseñado y promovido por el Estado y la empresa privada. Cabe aclarar que en esta reflexión, cuando hacemos referencia a San José, nos enfocamos en los cuatro distritos centrales del cantón homónimo, a saber: Catedral, Carmen, Hospital y Merced.

La formulación de este Programa está sustentada en los supuestos de un deterioro físico-urbanístico y un despoblamiento de San José, que, si bien tienen algo de realidad, son ideas que se utilizan como justificante para desplegar un proyecto de ciudad que podemos interpretar, en palabras del geógrafo Neil Smith (2005), como revanchista. De esta forma se ha erigido un imaginario de una ciudad sumida en el caos y la desolación, “raptada” por aquellas personas que no son el objetivo del proyecto de ciudad formulado: personas vendedoras ambulantes, en situación de calle, trabajadoras sexuales, migrantes, pobres (…). Para contrarrestar esto, se ha desplegado una campaña para la recuperación de la ciudad, buscando desplazar personas, cuerpos, infraestructuras y dinámicas que no se encuentren acorde a sus planeamientos ¿Para quiénes se quiere recuperar la ciudad? ¿A quiénes se quiere atraer a la ciudad?

El paisaje de la ciudad se ha modificado a partir de los años 2000. Con el tiempo han ido emergiendo torres residenciales en altura que forman parte de este proyecto de ciudad. Detrás de estas infraestructuras se está produciendo espacio, el cual va más allá que un paisaje, incluyendo actividades y relacionamientos sociales, dinámicas territoriales, usos y modos de ocupación, entre otros elementos.

Las nuevas opciones de vivienda, apoyadas por el gobierno local, están dirigidas a una clase social media y alta. Un apartamento en estos edificios supera los USD$80.000, con dimensiones menores a los 100 m2. De acuerdo a los intereses y demandas de estos “nuevos” consumidores, se intenta moldear la ciudad. A esto se complementa una agenda de recuperación de lo histórico, la creación de marketing urbano, la promoción de turismo, la competencia entre ciudades por la atracción de inversión (por ejemplo, empresas de tecnología) o nuevas estrategias de securitización.

Estos procesos van conformando, en palabras de Delgadillo (2016), un “paisaje urbano, caro, exclusivo y excluyente para la mayoría de la población” (Delgadillo, 2016: 103). De forma distinta, desde los ojos municipales, los resultados alcanzados hasta hoy son celebrados, enunciando el éxito progresivo que ha tenido estas acciones en el cambio de la imagen de la ciudad. Pero, este es un éxito que ha beneficiado ¿A quiénes?

Para construir otros futuros

En este contexto histórico, bajo matices de pandemia, se plantea al mercado como la única vía para lograr soluciones. Por tanto, es importante colocar en debate otras formas de construir futuro, opciones más cercanas a valores cooperativos y solidarios. Por tanto, enunciamos ciertas ideas generales para ser debatidas y alimentadas en debate público:

Es necesario incluir en la creación de políticas de regeneración y repoblamiento de la ciudad, a través de una participación verdadera y no solo consultiva, a las personas que habitan hoy la ciudad.

Es necesario modificar la política pública marco de regeneración y repoblamiento para garantizar un acceso más democrático a la vivienda.

Es necesario garantizar un acceso a la vivienda en las áreas centrales sin distinción de clase, género, nacionalidad o condición migratoria.

Es necesario promover otros modos de gestión para la construcción o rehabilitación de edificios de vivienda, a través de cooperativas u otras formas de asociación, basadas en criterios de solidaridad y apoyo mutuo.

La vivienda, en el sistema en el que vivimos, representa un objeto de consumo más. Su acceso en San José termina representando un producto exclusivo (para unas cuantas personas) y excluyente (muchas personas no tienen acceso). El contexto de pandemia que experimentamos como sociedad, nos lleva a pensar en la ciudad como un ambiente que merece ser disfrutado, habitado y vivido por todas las personas sin distinción de clase, género, etnia, nacionalidad o rango etario.

Referencias bibliográficas

Delgadillo, Victor. 2016. Ciudad de México, quince años de desarrollo urbano intensivo: la gentrificación percibida. Rev. INVI. Vol. 31. N. 88.

Smith, Neil. 2005. El redimensionamiento de las ciudades: la globalización y el urbanismo neoliberal. En: Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura (Coord.). David Harvey y Neil Smith. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.