La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020
Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.
Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.
Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.
La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.
Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.
Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.
Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.
Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.
Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.
Foto: UCR
