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Supervisión de Circuito 11 suspende asamblea general ordinaria programada por el CLEI de Rey Curré

Uriel Rojas

De acuerdo con un comunicado oficial emitido el pasado 09 de febrero de 2022 por la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba, Supervisión Circuito 11, la Asamblea General programada por el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré para este viernes 11 de febrero queda SUSPENDIDA de manera INDEFINIDA.

Esta Supervisión argumenta, “que, dadas las condiciones actuales de la pandemia en nuestro país, así como las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y avaladas por el Ministerio de Educación Pública, propiamente en el punto que indica que para este tipo de actividades se permite un aforo del 20% en la locación donde se lleve a cabo este tipo de eventos (reuniones presenciales).” (Considerando 2).

Dado a lo anterior, el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré, hace del conocimiento público dicha notificación y de paso agradece a la comunidad los años de apoyo e interacción que tuvieron.

La vigencia del CLEI de Rey Curré caducó desde el pasado 31 de enero de 2022 y está a la espera de elegir una nueva Junta Directiva.

10 de febrero: Día Mundial de las Legumbres

En cada semilla de frijol o de otra leguminosa, hay un tesoro de nutrición y salud, compuesto por proteínas, minerales, vitaminas, fibra, prebióticos y cantidad de antioxidantes, constituyéndose así en un alimento fundamental para toda la población.

Además de favorecer la nutrición y la salud humana, los frijoles son importantes en la economía de miles de familias agricultoras de nuestro país, mejoran los suelos y la nutrición de éstos, cumplen un papel fundamental para combatir el cambio climático y son base de nuestra cultura alimentaria.

Créditos: Marcela Dumani Echandi-Docente Escuela de Nutrición UCR.

UCR: El Trabajo Comunal Universitario fortalece la salud mediante la educación no formal

El TCU Procesos de educación no formal en poblaciones con vulnerabilidad con énfasis en la epidemiología de las parasitosis emergentes y reemergentes (TC-719) de la Escuela de Medicina trabaja en la elaboración de modelos gigantes de algunos parásitos como parte del proceso de educación no formal con distintas comunidades vulnerables. La foto corresponde a un modelo de sarcoptes scabiei (el arador de la sarna) con sus respectivos huevos. Foto cortesía de Jorge Vargas.

271 proyectos de Acción Social se vinculan con el fortalecimiento educativo con las comunidades

La Universidad de Costa Rica (UCR) “es una institución de educación superior y cultural”, así la define el artículo 1 de su Estatuto Orgánico. Sin embargo, esta labor educativa traspasa su accionar llegando a todo el territorio nacional gracias a la labor que realizan 271 proyectos de Acción Social distribuidos entre 42 de Cultura y Patrimonio, 170 de Educación Permanente y Servicios y 59 de Trabajo Comunal Universitario (TCU), que se vinculan con las comunidades más vulnerables de Costa Rica en pro de su fortalecimiento educativo.

Estudiantes, docentes, personas administrativas y líderes de la sociedad unen sus saberes para lograr objetivos que concuerdan con los establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación.

Uno de estos proyectos es el TCU “Procesos de educación no formal en poblaciones con vulnerabilidad con énfasis en la epidemiología de las parasitosis emergentes y reemergentes” (TC-719) de la Escuela de Medicina.

Este TCU inició en marzo del 2018 con el objetivo de apropiar a la población del conocimiento básico de la epidemiología ambiental de su entorno, mediante un proceso de educación no formal, para prevenir el aumento de enfermedades ocasionadas por parásitos. “Eso lo hacemos mediante el trabajo colaborativo de diversos profesores de la Escuela de Medicina, y estudiantes que pueden ser primordialmente de Medicina, pero también hemos tenido estudiantes de Diplomado en Laboratorio, de Microbiología, Farmacia” según puntualizó el coordinador de este proyecto, el Dr. Jorge Vargas.

Durante estos cuatro años han compartido experiencias educativas con comunidades de territorios indígenas ngöbe en Coto Brus, Puriscal, Santo Domingo de Heredia, Upala, territorio entre la frontera de Costa Rica y Panamá, Parrita, Quepos, entre otras.

Los materiales didácticos que confeccionan y comparten con las comunidades contienen frases como:

“Hoy te contamos todo lo que debés saber sobre la Enterobiosis.”

“Te contamos las generalidades más importantes sobre la Leptospirosis, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria.“

“En esta ocasión te contamos sobre la Trichuriosis: ¿Qué es? ¿Cómo se transmite?”

Todas estas expresiones y preguntas traen consigo respuestas explicativas con un lenguaje sencillo y adaptado a la comunidad. Además, las y los estudiantes edifican modelos en 3D de la imagen de los parásitos y en un documento informan el proceso de construcción, los elementos que se usaron, los colores y moldes para que el público en general repliquen sus propios muñecos. Por ejemplo, tienen el Anopheles vector de la malaria, el Aedes aegypti que ocasiona el dengue y muchos más.

“Nos permite abrir una puerta para que diversas poblaciones tengan accesibilidad a información fidedigna revisada por profesionales en el contagio y la prevención de parasitosis emergentes y reemergentes, las cuales son importantes especialmente en nuestro país, donde por sus condiciones tropicales tenemos una alta prevalencia”, indicó Helena Wigoda Elizondo, estudiante que confeccionó el modelo 3D del mosquito que transmite la malaria.

Antes de la pandemia por COVID-19, los y las estudiantes jugaban con las personas de las comunidades mientras fortalecían el proceso educativo, o bien visitaban a las familias casa por casa en las comunidades de territorios indígenas. Esta labor la realizaban con otras instituciones públicas como la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Educación, dependiendo de la zona geográfica. También, vinculaban otras disciplinas académicas y TCUs de la universidad misma para lograr objetivos más integrales.

Diana Vargas Arce, estudiante del TCU resalta la labor de los trabajos comunales de medicina: “Considero que el aporte a la comunidad que es brindado por toda la acción social de medicina como tal es muy importante, ya que con todo el trabajo realizado el año pasado se logró, así sea de manera virtual, llegar a una gran cantidad de personas de todo el país, llevando información importante, relacionada a todo tipo de enfermedades, su prevención y de otros temas”.

Por su parte, la lideresa indígena ngöbe de Coto Brus, Zelmira Pérez Hernández, valora que: “el proyecto del Dr. Jorge Vargas ha sido de mucha importancia, ya que con él hemos trabajado muchísimos años de forma muy clara (…) Se le brinda a la comunidad la información tanto en lengua materna como en español, siempre tratando la prevención de la salud.”

Debido a la pandemia, todo el proceso lo tuvieron que adaptar a la virtualidad produciendo videos, pódcast e infografías. Todos estos productos están colocados en las páginas del Facebook, Instagram y Youtube del proyecto y están en proceso de iniciar un nuevo pódcast.

La visión de este TCU es llegar a más comunidades y para eso es necesario volver responsablemente a la presencialidad. Así lo concluyó el Dr. Vargas: “Este TCU fue uno de los primeros en la Universidad que en la Vicerrectoría de Acción Social tuvo permiso para salir, porque nosotros necesitábamos ir a comunidad indígena. Una de las cosas más importantes sobre todo en las comunidades indígenas es el cara a cara, si usted no habla con ellos de frente no hay una formalidad, necesitamos esa formalidad”.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN NO FORMAL?

Según Manuel Enrique Luján Ferrer, docente de la Escuela de Administración Educativa de la UCR “es una disciplina aplicada al campo de los procesos socioeducativos; su ámbito de acción implica diseñar, organizar, ejecutar y evaluar actividades educativas con el propósito de mejorar las condiciones de vida de diversos grupos humanos, mediante procedimientos participativos promotores de transformaciones individuales y colectivas”.

Por su parte, el asesor de TCU Edgar Chacón agrega que: “es uno de los medios por los cuales la acción social de la Universidad de Costa Rica construye conocimientos con las poblaciones que no tienen acceso a títulos y grados universitarios. Es una forma de construir conocimientos en cuanto a salud, agricultura por ejemplo, capacidades, en fin, habilidades para que las personas con las que se participan en estos puedan tener acceso a mejores condiciones de vida, su calidad de vida”.

Información de la UCR.

El centro de vacunación en la UCR aplica terceras dosis a mayores de 18 años

Plan de contingencia

Actualización: el plan de la CCSS también aplica este miércoles 2 de febrero

Actualización: miércoles 2 de febrero del 2022

El miércoles 2 de febrero, el centro de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la UCR estará colocando la tercera dosis. Ahora, el grupo se amplía para todas las personas mayores de 18 años que se colocaron la segunda dosis hace cinco meses. Esta acción es parte del plan de contingencia de la CCSS.

Viernes 28 de febrero

Como plan de contingencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente el viernes 28 de enero el centro de vacunación de la CCSS en la Universidad de Costa Rica (UCR) estará colocando terceras dosis a personas mayores de 18 años.

Los requisitos son que la persona interesada tenga cumplidos los seis meses de la aplicación de la segunda dosis y no haberse colocado alguna otra vacuna en los últimos 14 días. Además, deberá traer su cédula de identidad y el carnet de vacunas.

“La aplicación de las terceras dosis será hasta agotar existencias. Solo por este día tenemos más de 100 dosis disponibles para aplicar a mayores de 18 años que tengan seis meses o más de aplicada la segunda dosis”, informó el Área de Salud del Carmen Montes de Oca.

La vacunación será en el comedor estudiantil de la UCR, en la sede Rodrigo Facio, hasta las 2:00 p. m. o hasta agotar existencias.

Las vacunas que se estarán aplicando son Pfizer y AstraZéneca. El personal de salud decide cuál le aplica al paciente, según criterios establecidos por la Caja.

Asimismo, se estará recibiendo a personas de cualquier parte del país, siempre que estén registrados en las bases de datos de la Caja.

En cuanto a la inmunización de niños y niñas, esta se hace de martes a viernes cada semana. Las personas interesadas deben acercarse al centro y anotar a su hijo o hija en la lista de espera.

Para consultas o dudas puede enviar un correo a as_catedral@ccss.sa.cr o bien llamar al 2256 0907.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Recurso de Amparo logra avance en lucha contra contaminación de agua con arsénico en Guanacaste

Gracias a una acción interpuesta por Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca, en la resolución de la Sala Constitucional se lee: “… los accionados deberán adoptar todas las medidas necesarias para que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente así como con la calidad requerida; asimismo, como mínimo cada tres meses deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectados. Una vez determinada la causa de la presencia de Arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema”.

SURCOS comparte la resolución:

EXPEDIENTE N° 13-004193-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RECURRENTE: ALEJANDRO BRICEÑO LÓPEZ

RECURRIDO: ALCALDE DE BAGACES


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las seis horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós.

Visto el escrito presentado por el recurrente GAD AMIT KAERFMAN, cédula de residencia 137600015818, que consta en el expediente electrónico número 13-004193-0007-CO, en el que se acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia n.° 2013-007598 de las 14:30 horas del 5 de junio de 2013, toda vez que en esa resolución se dispuso lo siguiente: «Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Daisy María Corrales Díaz y Javier Vargas Tencio, por su orden Ministra de Salud y Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato emitan las instrucciones requeridas y coordinen lo necesario para que en el plazo de seis meses, se determine científicamente la causa de la contaminación del agua para consumo humano con Arsénico en Guanacaste y la zona norte de Alajuela, para cuyo efecto deberán coordinar con el SENARA y las municipalidades afectadas, sin demérito de que participen otras entidades, como institutos universitarios de investigación. En el ínterin, los accionados deberán adoptar todas las medidas necesarias para que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente así como con la calidad requerida; asimismo, como mínimo cada tres meses deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectados. Una vez determinada la causa de la presencia de Arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema. En cuanto a los demás accionados se declara sin lugar el recurso. Se apercibe a los recurridos que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Daisy María Corrales Díaz y Javier Vargas Tencio, por su orden Ministra de Salud y Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Comuníquese”; se confiere audiencia por TRES DÍAS contados a partir de la notificación de esta providencia al ministro de Salud y al gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.
LO ANTERIOR, BAJO LA ADVERTENCIA QUE, DE ACREDITARSE LA DESOBEDIENCIA, SE PODRÁ ORDENAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA EL FUNCIONARIO REMISO A CUMPLIR CON LO RESUELTO POR ESTA SALA Y, ADEMÁS, QUE SE ORDENE TESTIMONIAR PIEZAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR LA EVENTUAL COMISIÓN DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA (ARTÍCULOS 53 Y 71 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL).

Notifíquese.

PAUL RUEDA LEAL – MAGISTRADO/A

Confraternidad Guanacasteca: Sala Constitucional reabre expediente sobre arsénico votado con lugar en 2013

Comunicado:

La Sala Constitucional ha notificado al MINISTRO DE SALUD, al PRESIDENTE EJECUTIVO DE AyA, al GERENTE GENERAL  de AyA  y al PRESIDENTE de LA REPÚBLICA, sobre el adecuado cumplimiento de las sentencias que ordenaban atender la EMERGENCIA NACIONAL  generada por la contaminación de aguas con arsénico en 35 comunidades del país desde 2013.

La resolución firmada por el Magistrado Paul Rueda, le otorga 3 días para que se refieran al asunto. Y el documento finaliza diciendo ´´para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. LO ANTERIOR, BAJO LA ADVERTENCIA QUE, DE ACREDITARSE LA DESOBEDIENCIA, SE PODRÁ ORDENAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA EL FUNCIONARIO REMISO A CUMPLIR CON LO RESUELTO POR ESTA SALA Y, ADEMAS, QUE SE ORDENE TESTIMONIAR PIEZAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR LA EVENTUAL COMISIÓN DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA (ARTÍCULOS 53 Y 71 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL).´´

La Sala Constitucional en 2013, condenó al Estado y le ordenó solucionar el problema al Ministro de Salud y a los jerarcas del AyA.

Hoy en 2022 aún hay comunidades como BAGACES y otras que no tienen agua potable en sus casas.

También se reportan cientos de personas afectadas en su salud, sin que se hayan hecho los estudios y exámenes que prueben que los daños no sean causados por la ingesta durante 10 años de agua con arsénico.

Las consultas que se hicieron  al Daniel Salas ministro de salud, no han recibido respuesta apropiada y por eso fue condenado recientemente por los magistrados de SALA IV a dar respuesta y tiene plazo hasta el 2 de febrero.

Plásticos se acumulan en playas, también sus sustancias químicas tóxicas

Estudio a escala mundial que incluye a Costa Rica, determina que los desechos plásticos que llegan a las costas contienen algunas sustancias químicas tóxicas que podrían causar daños a los ecosistemas marinos y la salud humana.

Las botellas, envases y contenedores de plástico, viajan y se acumulan en las costas a nivel mundial, y con ellos, algunas sustancias químicas que pueden provocar daños tanto al ambiente como a la salud humana.

Durante el 2020 y el 2021, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN, por sus siglas en inglés), de la cual el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) forma parte, realizó una investigación sobre las sustancias químicas tóxicas adheridas e impregnadas en los plásticos y los efectos que tienen durante su producción, uso, reciclado y eliminación.

El estudio se realizó en 22 localidades a nivel mundial, incluyendo sitios en África, Norte y Sudamérica, Asia, Australia, el Caribe y Europa, donde participaron 23 Organizaciones no Gubernamentales. Para Costa Rica se muestreó playa Mantas en el Pacífico Central.

De acuerdo con Fernando Ramírez del Iret-UNA, los aditivos químicos tóxicos analizados fueron estabilizadores ultravioleta y bifenilos policlorados. “A los plásticos se les agregan intencionalmente sustancias estabilizadoras de radiación o luz ultravioleta denominados benzotriazoles (BUV por sus siglas en inglés) para evitar su degradación por la luz solar. En Estados Unidos se han regulado varios BUVs y se promueve que uno de ellos, el UV-128, usado en productos de consumo humano como cosméticos, revestimientos y embalajes de alimentos, se incluya en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) por su toxicidad”, explicó Ramírez.

Por su parte, los bifenilos policlorados (PCB) se prohibieron bajo el Convenio de Estocolmo desde el 2001 por su alta toxicidad, persistencia en el medio, capacidad de transportarse a largas distancias y propensión a producir cáncer en los humanos; ya Japón y Estados Unidos los habían dejado de producir en 1972 y 1977, respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con el investigador, debido al uso generalizado que tuvieron en años anteriores, todavía se encuentran en el ambiente.

Además, en la producción de materiales plásticos, según explica Ramírez, frecuentemente se utilizan sustancias químicas tóxicas, como retardantes de llama que contienen compuestos bromados,  BUVs y bisfenoles. En anteriores estudios, el IPEN  demostró que muchas de estas sustancias químicas pueden perturbar el sistema endocrino y resultar dañinas para la salud humana y ambiental.

“Se sabe que los pellets de plástico, es decir, los materiales resinosos que se utilizan para producir elementos plásticos, se pierden o derraman durante la producción y el transporte, y se llegan a encontrar en las playas de todo el mundo. Las mediciones más recientes realizadas por IPEN a nivel global, revelan que estos pellets contienen PCB, es decir, contaminantes orgánicos persistentes que ya han sido prohibidos, así como BUVs, es decir, aditivos plásticos tóxicos”, detalló Ramírez.

El investigador también indica que, si bien el reciclado disminuye la contaminación por plásticos, el IPEN ya había mostrado que los aditivos tóxicos en los plásticos se mantienen en los nuevos productos.  

Estudio en playas

Los pellets plásticos, de resinas vírgenes o reciclados, son piezas pequeñas en forma de lenteja, que durante su almacenamiento, transporte o producción,  sufren pérdidas  por derrames, que inevitablemente llegan a los mares, lo que explica que se encuentren en todo el planeta.

Se escogieron pellets de color amarillento para su análisis; se tomaron 5 submuestras con 5 pellets cada una. Se prepararon los extractos y se midieron por medio de cromatografía de gases/ espectrometría de masas (GC-MS). Las muestras se analizaron en la Universidad de Química y Tecnología de Praga, en la República Checa.

Los investigadores hallaron que todas las muestras de todas las localidades contenían los diez BUV y los trece PCB incluidos en el estudio. La mitad de las localidades tenían muestras con niveles de PCB altos o extremadamente contaminados.

Asimismo, todas las muestras contenían, por lo menos, un tipo de aditivo químico tóxico y 21 muestras contenían aditivos de cada uno de los tres grupos sometidos a prueba. Solamente una muestra, proveniente de Vietnam, contenía un solo tipo de contaminante. Más de la mitad de las muestras contenían once o más de los 18 aditivos químicos tóxicos analizados.

En playa Mantas en Costa Rica, se encontraron concentraciones de PCBs entre 3,2 y 45,1 ng/g, que coloca a esos pellets plásticos en la categoría entre no contaminados y ligeramente contaminados, “si bien estas concentraciones no son altas, sí son resultados que indican que los residuos plásticos pueden estar trasladando y concentrando contaminación física y química en las playas”.

Los pellets encontrados en el país contenían todos los 10 BUVs analizados, con concentraciones de rango medio (entre 179 y 906 ng/g), comparadas con las de otros países.Esto confirma la contaminación y la toxicidad crónica a que pueden estar sujetos los organismos marinos por sustancias adsorbidas o añadidas a los plásticos.

Ante estos resultados, algunas de las recomendaciones de IPEN se enfocan en asegurar que las industrias establezcan procedimientos que eviten los derrames de pellets plásticos, así como el dejar de añadir sustancias químicas tóxicas a sus productos, incluir los ingredientes de los plásticos, junto con los aditivos, en las etiquetas para poder rastrear los contenidos químicos a lo largo de su vida útil y de las diferentes etapas de los desechos de plástico.

“La conclusión más importante de este estudio es que los gobiernos deben trabajar para reducir la producción de plásticos no esenciales a nivel mundial, pues se encontraron concentraciones de sustancias químicas especialmente altas en países africanos, aún sabiendo que no son los mayores productores de plásticos o químicos. Los acuerdos globales deberán evitar la liberación de plásticos al ambiente y prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en la elaboración de productos plásticos, tanto nuevos como reciclados”, concluyó Ramírez.

UCR: Apoyo al proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

  • Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos

Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos.
Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables.
La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %.
Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %.
“La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR.
“En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional.  A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado.
De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros).
Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables.
En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional.
Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan.
“Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia.
Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes.
“Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.

Lea la postura completa en
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2022/comunicado-proyecto-de-ley-etiquetado-frontal-1.pdf 

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista de la Oficina de Divulgación e Información, UCR

PIAM-UCR RENUEVA OFERTA PARA EL 2022

En el año 2022 el PIAM continuará ofreciendo cursos y opciones recreativas que mezclaran la presencialidad, la virtualidad y en otros casos la bimodalidad. Foto de archivo

Pese a la COVID-19, la UCR sigue llegando a las poblaciones adulta y adulta mayor de Costa Rica

Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

El 2021 fue un año de celebración para el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), ya que llegó a los 35 años de labores, ofreciendo oportunidades académicas y recreativas en aras de la inclusión y participación de uno de los sectores poblaciones con menos oportunidades de aprendizaje y esparcimiento en el país.

Sin embargo, la conmemoración estuvo marcada por los grandes retos que implicó la pandemia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; entre ellos, la adecuación de los cursos a la virtualidad, la escasa preparación de las personas participantes a las tecnologías y la brecha digital que evidenció la pandemia.

Previo a la nueva realidad que vive el mundo, el PIAM tenía una matrícula que rondaba las 5000 personas por ciclo, pero la COVID-19 incidió en una rebaja importante de la población estudiantil del año 2021. Anteriormente, la población estudiantil del PIAM representaba el 8% de la matrícula total de la UCR.

Pese a los desafíos, este programa institucional los asumió pensando en que los derechos a la integración, la inclusión en las oportunidades educativas y la autorrealización de las personas adultas y adultas mayores, son prioridades sociales.

La COVID-19 “no significó un cese, ya que el aprendizaje no cesa, al contrario, significó un replanteamiento de cómo continuar aprendiendo en circunstancias diferentes. Por lo tanto, la respuesta fue trasladar la oferta educativa a la virtualidad. Fue un reto para la comunidad estudiantil, personas facilitadoras, equipo de voluntariado y personal administrativo, ya que fue necesario aprender sobre procesos educativos virtuales y, sobre todo, una reflexión de cómo estos procesos se podían aplicar en la gerontología, es decir, en la educación dirigida a mayores”, comentó la magister Sofía Segura Cano, coordinadora general del PIAM.

LOGROS DEL 2021

“El trabajo del PIAM representa décadas de arduo trabajo en el desarrollo de diversos proyectos relacionados con el derecho de las personas mayores a la educación a lo largo de la vida. El proyecto más conocido y sobresaliente es el que ofrece cursos específicos y regulares cada ciclo lectivo”, agregó la magister Karen Masís Fernández, asesora de investigación y divulgación del programa.

Masís indicó que durante el primer ciclo 2021 la matrícula sumó 1.050 personas, en 95 grupos específicos para mayores de 50 años de edad y 34 grupos regulares. En el segundo periodo lectivo se registraron 965 estudiantes en 89 grupos específicos y 46 grupos regulares.

Esta oferta educativa se brindó en modalidad virtual, con el apoyo de casi 100 personas facilitadoras, y 39 asistentes voluntarios, que facilitaron opciones formativas con participantes de todo el país, incluso algunas que habitan en Estados Unidos y Canadá.

“Queremos reconocer la constancia, la dedicación y el esfuerzo de todas esas personas, estudiantes, facilitadoras y asistentes, porque gracias a ellas tenemos una comunidad PIAM consolidada y aportamos un granito de arena a la construcción de una sociedad con más oportunidades educativas y de participación para esta población”, prosiguió Masís.

LO QUE VIENE PARA EL 2022

El año 2022 será otro donde el programa experimentará cambios, ya que se mantendrán algunos procesos y cursos virtuales.

“En enero se publicarán las fechas del proceso de matrícula y en febrero la Guía de cursos y horarios con el detalle de los que serán presenciales, virtuales y bimodales. Sabemos que será un gran reto, pero confiamos en la madurez del programa y que la institución que nos respalda para seguir adelante, por muchos años más”, dijo Masís. Las fechas establecidas para el año 2022 se mantienen, con cursos que se extenderán desde el 28 de marzo al 27 de julio.

Aunque aún no existe certeza del comportamiento de la pandemia sanitaria y cómo incidirá en las directrices gubernamentales y universitarias, de momento se trabaja con las establecidas este año de reducir al mínimo la presencialidad; pero “lo que sí podríamos decir es que mantendremos la oferta de diversos cursos en los módulos de arte y cultura, idiomas, conocimientos generales, movimiento humano, estilos de vida saludables, tecnologías de la información, manualidades, y grupos culturales”, dijo la funcionaria.

Por su parte, la coordinadora general del PIAM afirmó que “la continuidad de este programa significa reflexión, compromiso y trabajo, pero también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, este año que celebramos con júbilo el 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso”, concluyó Segura.

El PIAM es un programa fundado en 1986 y adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las personas interesadas en conocer las opciones formativas y recreativas del PIAM pueden visitar el sitio web del programa y ahondar sobre cómo vincularse a alguna de ellas en el año 2022.

Los supuestos beneficios del llamado “acuerdo” del gobierno PRD con Minera Panamá

La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

 

Imagen ilustrativa.